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SCP 0338/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55469-2023-111-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de celeridad procesal y seguridad jurídica; puesto que, a pesar que -en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de “VIOLACIÓN”-, mediante Auto Interlocutorio 11/23 de 6 de enero de 2023, se ordenó medidas sustitutivas a la detención preventiva, las que fueron cumplidas en su integridad; por lo cual, la Jueza ahora accionada de manera flagrante y arbitraria incurrió en dilaciones indebidas al disponer se realice una nueva verificación de su domicilio, sin ser ordenado expresamente por el citado Auto, desconociendo que se realizó una anterior verificación de su residencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Cumplimiento de las medidas sustitutivas para efectivizar el mandamiento de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/23 de 29 de abril de 2023, cursante de fs. 22 vta. a 25, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Cumplimiento de las medidas sustitutivas para efectivizar el mandamiento de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0338/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55469-2023-111-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/23 de 29 de abril de 2023, cursante de fs. 22 vta. a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Manuel Carpio Luna contra Lilian Zabala Zambrana, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 28 de abril de 2023, cursante de fs. 15 a 16 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de “VIOLACIÓN”, donde cumplía detención preventiva desde el 9 de julio de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Decimosexta de la Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 11/23 de 6 de enero de 2023, modificó dicha medida cautelar y dispuso en su lugar las siguientes medidas sustitutivas: fianza juratoria ante Notario de Fe Pública que se someterá al proceso y no obstaculizará la averiguación de la verdad; se presente ante el Ministerio Público a firmar el libro respectivo; prohibición de salir del territorio boliviano, acercarse al lugar donde vive, trabaja y frecuenta la víctima y de consumir bebidas alcohólicas o cualquier estupefaciente; fianza personal de dos garantes y detención domiciliaria con derecho a trabajo. Habiendo cumplido las medidas sustitutivas, quedando pendientes únicamente aquellas a realizar en libertad, correspondía se ordene su liberación; sin embargo, de manera flagrante y arbitraria la Jueza hoy accionada incurrió en dilaciones indebidas, ordenando se realice la verificación de su domicilio, sin que el Auto Interlocutorio que ordenó esas medidas lo dictaminara de manera expresa; además que, dicha comprobación ya fue realizada ante Notario de Fe Pública.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de celeridad procesal y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 23.I y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene a la Jueza hoy accionada “…emita el correspondiente mandamiento de libertad de mi persona…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 29 de abril de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 22 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por medio de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: A pesar que mediante Auto Interlocutorio 11/23, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Decimosexta de la Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz, se dispuso medidas sustitutivas a su detención preventiva, que fueron cumplidas en su integridad, constando muestrario fotográfico y croquis de domicilio; además, no existe disposición expresa en el citado Auto Interlocutorio de realizar la verificación de domicilio, la Jueza hoy accionada ordenó dicha diligencia, actuación que lesiona su derecho a la libertad personal, el debido proceso y los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica, provocando dilaciones indebidas que restringen su libertad, debiendo la nombrada librar mandamiento de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Lilian Zabala Zambrana, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 28 de abril de 2023, cursante a fs. 21 y vta., manifestó que: a) El proceso penal instaurado contra el accionante por el delito de “VIOLACIÓN AGRAVADA”, data de 27 de marzo de “2023”, habiéndose dispuesto por la Jueza de Instrucción Penal Decimosexta de la Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz, la cesación de la detención preventiva, siendo radicado en su despacho para efectos del art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP), diligenciadas las medidas sustitutivas, el 26 de abril de 2023, el accionante solicitó se libre mandamiento de libertad, mereciendo decreto de esa fecha, disponiéndose que por Secretaría se proceda a la verificación del inmueble donde el accionante guardara detención domiciliaria que, coordinándose -un día anterior a la acción de libertad- la defensa técnica del nombrado con la Auxiliar de su despacho que el 2 de mayo de ese año, en horas de la mañana se constituirían al domicilio en cuestión, a los fines de cumplir con la verificación respectiva, por lo que no corresponde la interposición de la acción de libertad; puesto que, al agendar día y hora, se dio por consentida la providencia emitida que, de no estar de acuerdo, se debió formular recurso de reposición conforme prevé el art. 401 del CPP; y, b) Evidentemente el domicilio del accionante fue reconocido por la Jueza de Instrucción Penal Decimosexta de la Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz; sin embargo, tal reconocimiento fue realizado en la audiencia de cesación del 25 de agosto de 2022 -hace ocho meses-, en cuyo lapso de tiempo se pudieron efectuar modificaciones; por lo que, teniendo el deber de garantizar el desarrollo del proceso penal en observancia del art. 221 del citado Código, se dispuso dicha verificación, en razón a que el nombrado debe cumplir detención domiciliaria, sin que ello implique nueva valoración de su residencia, sino simplemente su corroboración. Por todo lo expuesto, considerando que la pretensión del accionante no se encuadra al objeto y tutela de la acción de libertad como prevé el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 12/23 de 29 de abril de 2023, cursante de fs. 22 vta., a 25, denegaron la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) De conformidad con los arts. 125 de la CPE y 46 del CPCo, la acción de libertad protege el derecho a la vida vinculada a la libertad, una persecución ilegal y estar indebidamente procesado o privado de libertad, al respecto la SC 0008/2010-R de 6 de abril, concordante con las SCP 0608/2010-R de 19 de julio, 0576/2012 de 20 de julio y 0217/2014 de 5 de febrero, que su procedencia depende del agotamiento de las medidas de defensa eficaces y oportunas, sin que en el caso se hubiese demostrado con prueba idónea los hechos suscitados, siendo que el accionante debió plantear el recurso de reposición y después ante la persistencia de la vulneración, acudir a la jurisdicción constitucional; y, 2) Existió falta de lealtad del abogado del accionante; considerando que, habiendo coordinado con la Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del referido departamento, la verificación domiciliaria para el 2 de mayo de 2023; pese a lo señalado, el nombrado formuló la acción de liberad al día siguiente de dicha coordinación.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Cesación a la Medida Cautelar de Detención Preventiva de Manuel Carpio Luna -ahora accionante- de 6 de enero de 2023, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de “VIOLACION AGRAVADA”, signado con el número de causa 701102082201266; además, se emitió el Auto Interlocutorio 11/23 de la misma fecha, por la Jueza de Instrucción Penal Decimosexta de la Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz, concediendo en su lugar las siguientes medidas: fianza juratoria ante Notario de Fe Pública que se someterá al proceso y no obstaculizará la averiguación de la verdad; presentación ante el Ministerio Público a firmar el libro correspondiente, prohibición de salir del territorio boliviano, acercarse al lugar donde vive, trabaja y frecuenta la víctima y consumir bebidas alcohólicas o cualquier estupefaciente; fianza personal de dos garantes solventes y detención domiciliaria con derecho a trabajo de 7:00 a 20:00 horas y “Una vez cumplida las medidas impuestas se podrá librar el mandamiento de libertad” (sic [fs. 3 a 7]). II.2. Mediante memorial presentado el 25 de abril de 2023, ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, el accionante solicitó se libre mandamiento de libertad al haber cumplido las medidas cautelares dispuestas en el Auto Interlocutorio 11/23; respondiendo la Jueza hoy accionada a través del Decreto de 26 de ese mes y año, el cual señala que: “…previamente por Secretaria procédase a la verificación del inmueble donde el acusado debe guardar detención domiciliaria dispuesta en el Auto Interlocutorio N° 11/23 de 06/01/2023 y sea con tomas fotográficas del lugar, ello a los efectos de garantizar el desarrollo del proceso conforme lo establece el Art. 221 del CPP…” (sic [fs. 12 a 13]). II.3. Consta fotocopia de Acta Notarial de 3 de agosto de 2022, firmada por Ruth Gabriela Monteverde Gómez, Notaria de Fe Pública 111 del departamento de Santa Cruz, sobre la verificación de domicilio del accionante, cuya titular del bien inmueble manifestó que: “…el señor Manuel Carpio Luna, Titular de la Cedula de Identidad No. 12353189 SC, HABITARÁ en el domicilio verificado junto a la señora Laura Fátima Arauz Ardaya C.I. N°. 11402395, en calidad de inquilino…” (sic [fs. 14 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de celeridad procesal y seguridad jurídica; puesto que, a pesar que -en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de “VIOLACIÓN”-, mediante Auto Interlocutorio 11/23 de 6 de enero de 2023, se ordenó medidas sustitutivas a la detención preventiva, las que fueron cumplidas en su integridad; por lo cual, la Jueza ahora accionada de manera flagrante y arbitraria incurrió en dilaciones indebidas al disponer se realice una nueva verificación de su domicilio, sin ser ordenado expresamente por el citado Auto, desconociendo que se realizó una anterior verificación de su residencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Cumplimiento de las medidas sustitutivas para efectivizar el mandamiento de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. Cumplimiento de las medidas sustitutivas para efectivizar el mandamiento de libertad

La SCP 0467/2025-S1 de 16 de mayo, que reitera a la SCP 0839/2022-S1 de 25 de agosto, señala que: “La SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, señaló que para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva, solo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren ordenado; dicho entendimiento fue reiterado en las SSCC 0550/2010-R de 12 de julio y 1468/2011-R de 10 de octubre; y, confirmado en la SCP 0388/2012 de 22 de junio, entre otras. La SCP 0745/2013 de 7 de junio fijó además que el único requisito para materializar la libertad del imputado, es el cumplimiento de las medidas impuestas, diferenciando las que deben ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, la fianza, el arraigo y garantía real o personal, con cuyo cumplimiento, ya se efectiviza la libertad del detenido; y por otro lado, están las posteriores, como las presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales; las cuales, por su naturaleza, no son un requisito previo para efectivizar la libertad.

De la jurisprudencia desarrollada, se evidencia que la efectivización de la libertad de la persona detenida preventivamente, en casos en los que se dispone la cesación de dicha medida cautelar, solo depende del cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas; por lo que, una vez que el imputado cumplió con ellas, se materializa el derecho a exigir su libertad” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de celeridad procesal y seguridad jurídica; puesto que, a pesar que -en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de “VIOLACIÓN”-, mediante Auto Interlocutorio 11/23 de 6 de enero de 2023, se ordenó medidas sustitutivas a la detención preventiva, las que fueron cumplidas en su integridad; por lo cual, la Jueza ahora accionada de manera flagrante y arbitraria incurrió en dilaciones indebidas al disponer se realice una nueva verificación de su domicilio, sin ser ordenado expresamente por el citado Auto, desconociendo que se realizó una anterior verificación de su residencia.

De la documentación remitida a consideración en la jurisdicción constitucional, se tiene antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de “VIOLACIÓN”, constando Acta de Cesación a la Medida Cautelar de Detención Preventiva, en la cual de emitió el Auto Interlocutorio 11/23, por la Jueza de Instrucción Penal Decimosexta de la Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz, disponiendo la modificación de medidas cautelares de detención preventiva por las siguientes medidas: Fianza juratoria ante Notario de Fe pública que se someterá al proceso y no obstaculizará la averiguación de la verdad; presentación ante el Ministerio Público a firmar el libro correspondiente, prohibición de salir del territorio boliviano, acercarse al lugar donde vive, trabaja y frecuenta la víctima y consumir bebidas alcohólicas o cualquier estupefaciente; fianza personal de dos garantes solventes y detención domiciliaria con derecho a trabajo de 7:00 a 20:00 horas, ordenando también que: “Una vez cumplida las medidas impuestas se podrá librar el mandamiento de libertad” (sic (Conclusión II.1.]); asimismo, se cuenta con memorial presentado el 25 de abril de 2023, ante la Jueza hoy accionada, a través del cual el accionante solicitó se libre mandamiento, constando en respuesta Decreto de 26 de ese mes y año, emitido por el nombrado; el cual, señala que: “…previamente por Secretaria procédase a la verificación del inmueble donde el acusado debe guardar detención domiciliaria…” (sic); constando finalmente, fotocopia de Acta de 3 de agosto de 2022, firmada por la Notaria de Fe Pública 111 del referido departamento, de verificación del domicilio del accionante, que señala: “…HABITARÁ en el domicilio verificado junto a la señora Laura Fátima Arauz Ardaya C.I. N°. 11402395, en calidad de inquilino…” (sic [Conclusiones II.2. y 3.]). Ahora bien, con carácter previo a ingresar al análisis del presente caso, cabe referirse a lo alegado por la Jueza ahora accionada y considerado por los miembros del Tribunal de garantías, quienes sostienen que debía activarse el recurso de reposición con antelación a interponerse la presente acción tutelar; al respecto, si bien el art. 401 del CPP delimita la procedencia de nombrado medio recursivo a las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal -advertido de su error-, las revoque o modifique; empero, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó que dicho recurso no se constituye en un medio idóneo de impugnación a efectos de determinar los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; por lo cual, no podría denegarse la tutela de esta acción de defensa por subsidiariedad excepcional, previendo como única salvedad que el accionante hubiese activado ese recurso y la vía constitucional de manera paralela, a objeto de evitar la existencia de resoluciones contradictorias sobre el mismo tema, razonado en ese sentido en la SCP 0421/2018-S2 de 14 de agosto -entre otras-. Efectuada dicha precisión, tal como se tiene de la parte conclusiva del presente fallo constitucional, fue dictaminado el Auto Interlocutorio 11/23, a través del cual se concedió al accionante la cesación de la detención preventiva, imponiéndole medidas sustitutivas a la detención preventiva, ordenando en su parte dispositiva que “Una vez cumplida las medidas impuestas se podrá librar el mandamiento de libertad” (sic), así también consta el Decreto emitido por la Jueza ahora accionada -ante el memorial del accionante de haber cumplido las medidas ordenadas-, que previamente se realice la verificación domiciliaria, cuya negativa para el nombrado supondría una detección preventiva prolongada; en efecto, si bien la detención domiciliaria se constituye en una medida de carácter personal y temporal, y a decir de la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la libertad de un detenido preventivo a quien se le hubiera concedido cesación solo estaría condicionado al cumplimiento de las medidas sustitutivas para materializarse su efectiva liberación; sin embargo, en el caso de autos, la determinación de verificación dispuesta por la Jueza hoy accionada sucede a la decisión del Auto Interlocutorio 11/23, que ordenó con carácter previo a la emisión del mandamiento de libertad, el cumplimiento de medidas sustitutivas, y tratándose de la detención domiciliaria en particular, si bien el citado Auto Interlocutorio no dispuso dicha verificación de manera expresa, la parte dispositiva así lo condiciona, a cuya disposición se avocó la Jueza hoy accionada a través del Decreto emitido en procura de identificar dónde el accionante cumpliría su detención domiciliaria.

Por otro lado, sobre la existencia de una acreditación anterior dentro de la causa penal aducida por el accionante, si bien es evidente dicha verificación, esta responde al cumplimiento de un requerimiento fiscal en la investigación, además el Acta notarial a través de la cual se efectuó nombrada verificación, data de 3 de agosto de 2022; decir, con anterioridad al Decreto que ordenó una nueva verificación -26 de abril de 2023- de más de nueve meses (Conclusión II.2.), pudiendo el accionante en ese lapso de tiempo modificarse tal dirección o cambiarse el lugar de residencia, más aun, -según el mismo documento-, si el nombrado debía habitar dicho inmueble en calidad de inquilino, aspectos que fueron considerados por la Jueza ahora accionada a tiempo de providenciar una nueva verificación domiciliaria, actuación judicial apegada a derecho y que responde al control del cumplimiento de las medidas sustitutivas, lo que no se configura en una restricción indebida al derecho a la libertad personal ni constituye una medida que prolongue la detención preventiva del accionante. Consecuentemente, si bien la acción de libertad se constituye en el mecanismo idóneo ante dilaciones en la ejecución inmediata de las decisiones judiciales que dispongan detenciones domiciliarias o mandamiento de libertad; en el caso de autos, se advirtió que -en resguardo del principio de legalidad-, los jueces tienen el deber funcional y procesal de verificar con rigor que las condiciones impuestas se hubiese cumplido cabalmente antes de emitir cualquier mandamiento de libertad o detención domiciliaria, sin que pueda validarse el uso de la jurisdicción constitucional para la liberación de un procesado que previamente no observó los requisitos previstos legal o judicialmente, lo contrario implicaría desnaturalizar el objeto de la acción de libertad y desvirtuar la función que ejerce el juez natural en la verificación del cumplimiento de las medidas cautelares personales, debiendo en efecto denegarse la tutela solicitada. Con relación al derecho al debido proceso y los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica -ampliados en audiencia de garantías-, no se advierte, ni en el memorial de acción de libertad ni en su ratificación en audiencia, de qué manera concreta fueron vulnerados; por lo que corresponde igualmente su denegatoria. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/23 de 29 de abril de 2023, cursante de fs. 22 vta. a 25, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0338_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.

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