Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El solicitante de tutela, denuncio la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, la autoridad demandada, aprobó la liquidación de asistencia familiar, sobre el monto de Bs14 750.-; empero, no observó que uno de los hijos ya era mayor de edad y que fue notificado de forma errónea en el domicilio de su padre, pese a dicha situación determinó la emisión de mandamiento de apremio en su contra, lo que lo dejo en total estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 23 de diciembre, cursante de fs. 94 a 97 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0338/2023-S4 Sucre, 22 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45092-2022-91-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 06/2021 de 23 de diciembre, cursante de fs. 94 a 97 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Victor Nelson Veizaga López contra María Elena Vega Alanes, Jueza Pública de Familia Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
Mediante memorial presentado el 22 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 80 a 82 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro de un proceso familiar de divorcio, se dictó la Sentencia 0061 de 9 de noviembre de 2015, en el que se disolvió el vínculo conyugal entre Onoria Siñaniz Pérez y su persona, entre las medias provisionales se determinó que tenía que otorgar asistencia familiar por la suma total de Bs1 050.- (mil cincuenta bolivianos) a favor de sus tres hijos, es decir Bs350.- (trescientos cincuenta bolivianos) por hijo, la cual corrió a partir de la citación con la demanda. El 15 de marzo de 2017, a través de escrito, Onoria Siñaniz Pérez, presentó liquidación de pensiones hasta el 2 de igual mes y año, en la suma de Bs8 500.-(ocho mil quinientos bolivianos) en cuyo efecto se expidió en su contra mandamiento de Apremio que se ejecutó el 18 de octubre de 2017; motivo por el cual, fue recluido en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo de Cochabamba; posteriormente, canceló lo adeudado a través de depósito bancario el 1 de febrero de 2019; por lo que, obtuvo su libertad.
Mediante memorial de 1 de febrero de 2019, sin tener personería de su hijo mayor, Onoria Siñaniz Pérez, nuevamente presentó liquidación de pensiones, por sus tres hijos, por una suma de Bs14 750.- (catorce mil setecientos cincuenta), sin tomar en cuenta que su hijo José Fernando Veizaga Siñaniz, en dicha fecha ya contaba con diecinueve años de edad, además de que no tenía la demandante poder que le faculte a solicitar liquidación de asistencia familiar a favor de este. En ese entendido, la Jueza ahora demandada, por Decreto de 4 de febrero de 2019, puso a su conocimiento la citada liquidación; por ello, a través de su defensa técnica, por memorial de 12 de marzo de igual año, observó dicha liquidación; sin embargo, su abogada de entonces, no hizo notar sobre la personería cuestionada, pasándose por alto ese aspecto. Posteriormente, Onoria Siñaniz Pérez, dentro del proceso de asistencia familiar, por escrito de 7 de mayo de 2019, respondió a la observación de liquidación de pago devengado; en ese sentido, la Jueza demandada incurrió nuevamente en error; puesto que, no tomo en cuenta la falta de personería de la prenombrada respecto a su hijo mayor de edad, es así que la autoridad judicial, vulnerando su derecho al debido proceso, dictó Auto de 12 de mayo de 2019, rechazando la observación que realizó a la liquidación de pensiones y aprobando la misma por Bs14 750.-, conminándolo a cancelar dicho monto hasta el tercer día de notificado. Con el citado Auto fue notificado de forma maliciosa por cedula el 2 de agosto de 2019, en el domicilio de su padre donde antes habitaba; siendo que, Onoria Siñaniz Pérez, conocía que vivía en la localidad de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, fecha en la que no se encontraba nadie en la casa de su padre, pegando la comisión instruida en la “cortina”, diligencia que una vez que se marchó el funcionario judicial, fue retirada por la madre de sus hijos, situación que lo dejo en total estado de indefensión; por ello, al no tener conocimiento del mencionado Auto se lesionó su derecho a la impugnación contra las resoluciones. Luego de haber realizado la notificación Onoria Siñaniz Pérez, siguió presentando memoriales sin tener personería de su hijo mayor de edad; el 24 de septiembre de 2019, peticionó nuevamente mandamiento de apremio y la Jueza hoy demandada por Decreto de 25 de igual mes y año, ordenó expedirse el mismo, hasta que cancele el monto adeudado por asistencia familiar, vulnerándose su derecho al debido proceso al no considerar que la demandante no tenía poder alguno para actuar por su hijo mayor. El 27 de noviembre de 2019, se ejecutó en su contra dicho mandamiento, ordenándose su reclusión en el Centro Penitenciario de San Pablo de Quillacollo de Cochabamba; razón por la cual, a la fecha se encuentra recluido en el citado Centro.
La accionante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, y a la defensa, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo dentro del fenecido proceso de divorcio y posterior liquidación de asistencia familiar seguido por Onoria Siñaniz Pérez, en su contra, a fin de que el proceso se lleve a cabo sin vicios; b) Se restituya su derecho a la libertad de forma irrestricta hasta que la liquidación de asistencia familiar sea requerida por quien tenga personería, sin que se vulneren sus derechos al debido proceso y a la defensa, debiendo determinarse la nulidad del mandamiento de apremio; y, c) Se establezca costas, el pago de honorarios profesionales y la reparación de daños y perjuicios originados en su contra y de todos los afectados por la negligencia de la autoridad ahora demandada.
Celebrada la audiencia pública el 23 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 92 a 93, presentes el solicitante de tutela acompañada de su abogado y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, en audiencia, por intermedio de su abogado, ratificó los términos contenidos en su memorial de acción de libertad.
María Elena Vega Alanes, Jueza Pública de Familia Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito de 23 de diciembre de 2021, cursante de fs. 89 a 91, manifestó lo siguiente; 1) Dentro del fenecido proceso de divorcio entre Onoria Siñaniz Pérez y Victor Nelson Veizaga López –hoy accionante– , existe una asistencia familiar fijada mediante Sentencia 00161 de 9 de noviembre de 2015, cuya asistencia es de Bs1 050.- en favor de sus tres hijos; 2) El fundamento factico en la presente acción de defesa por parte solicitante de tutela es mal utilizado; puesto que, agrede psicológicamente a la madre de sus hijos al manifestar que habría actuado de forma maliciosa, al señalar que arrancó una diligencia de notificación de su domicilio real; sin embargo el ahora impetrante de tutela no presentó ninguna prueba sobre dicha aseveración; 3) El accionante consideró que, el mandamiento de apremio es erróneo, que vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa, impetrando que a través de la presente acción tutelar se anule el mandamiento de apremio expedido en su contra, el cual cumplió con todos los requisitos exigidos por Ley, siendo que dicho mandamiento nació de la irresponsabilidad del hoy solicitante de tutela; ya que, no cumplió con la obligación de cancelar la asistencia familiar fijada mediante una sentencia en favor de sus tres hijos y de acuerdo a los datos del proceso, este siempre ha esperado que la madre de sus hijos presente liquidación de asistencia familiar y sin sustento legal las observa, mas nunca observó que uno de sus hijos ya sería mayor de edad, la única finalidad fue eludir su obligación de padre, si bien es cierto que uno de los hijos en la actualidad es mayor de edad, el impetrante de tutela debió conocer el contenido del art. 239 del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar (CFPF) –Ley 603 de 19 de noviembre de 2014–, sobre la representación sin mandato y más aún cuando existe en el presente proceso una sentencia ejecutoriada, las peticiones realizadas mediante liquidaciones tienen el fin de que los padres irresponsables cumplan con el pago de asistencia familiar; 4) Ahora bien, el accionante denuncio la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; entre ellas el debido proceso y a la defensa; empero, los mismos no son aplicables cuando de por medio se encuentran los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el solicitante de tutela pretende anular obrados hasta el vicio más antiguo y dejar sin efecto el mandamiento de apremio expedido de forma legal; y, 5) El impetrante de tutela, recurrió a la acción de defensa para obtener su libertad, sin pagar lo adeudado por asistencia familiar, olvidando que los hijos se alimentan a diario y sus necesidades no esperan un solo minuto; por ello, las demandas de asistencia familiar deben de proteger el interés superior del niño; por ello, las autoridades al adoptar una decisión se guiarán en el interés superior de la niña, niño y adolescente, precautelando su derecho, con primacía, preminencia y prioridad con relación a los demás sujetos; en ese sentido, el accionante lo único que pretendió es eludir su responsabilidad al no querer pagar lo adeudado por asistencia familiar devengada; por lo que, impetró se deniegue la tutela solicitada, no sin antes llamar la atención al accionante y condenar costas y costos en favor del Estado.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución 06/2021 de 23 de diciembre, cursante de fs. 94 a 97 vta., denegó la tutela impetrada; toda vez que, la misma no cumple con la subsidiaridad, ya que la Ley 603 concede y otorga la impugnación a la aprobación de la liquidación es decir doble instancia que establece el art. 180 de la CPE; por lo cual, no existió estado absoluto de indefensión ni vinculación directa con el derecho a la libertad, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Dentro del fenecido proceso de divorcio, el ahora accionante fue citado con dicho acto procesal el 2 de septiembre de 2015, en su domicilio ubicado en el pasaje Bolivar del Barrio Bolivar 126, en Vinto del departamento de Cochabamba, en una casa de dos plantas, puerta color café “corinas” metálicas, dicho domicilio nunca fue objetado por el solicitante de tutela; ii) A través de Sentencia 00161 de 9 de noviembre de 2015, se fijó el monto por asistencia familiar en la suma de Bs1 050.- en favor de los tres hijos menores; posteriormente, el hoy impetrante de tutela concurrió al acto procesal después de la citación de la demanda de divorcio, convalidando dicho domicilio, el cual no fue objeto de alguna observación; iii) El 5 de mayo de 2017, se aprobó una liquidación por concepto de asistencia familiar devengado el cual fue notificado mediante orden instruida en el domicilio ubicado en pasaje Bolivar del Barrio Bolivar 126 (notificación por cedula), realizada el 7 de junio de igual año, durante todo el proceso judicial fue notificado en dicho domicilio el cual nunca fue objetado; iv) Dentro del proceso, se tiene un mandamiento de libertad por el pago de obligación devengada; v) Existió una nueva liquidación el 1 de febrero de 2019, por pago devengado, donde se liquidó Bs23 100.- (veintitrés mil cien bolivianos), la cual fue notificada al accionante en el mismo domicilio, quien presentó objeción a la liquidación y adjuntó depósitos a través de escrito de 12 de marzo de igual año; posteriormente, se realizó traslado de observación a la liquidación y se aprobó la asistencia familiar mediante Auto de 12 de mayo de mismo año, en la suma de Bs14 750.-; vi) El 2 de agosto de 2019, se realizó una diligencia en la zona de Vinto en el departamento de Cochabamba, entrando camino adventista frente al parque, notificación por cedula, que sería en el mismo lugar donde antes fue notificado; al respecto el solicitante de tutela, señaló que su abogada por negligencia no observó la impersonería en la obligación y que como consecuencia, se tiene que se habría vulnerado su derecho al debido proceso; por otro lado, indicó que la demandante de forma maliciosa realizó la notificación en el domicilio de su padre donde anteriormente habitó, conociendo Onoria Siñaniz Pérez, que él vivía en Sipe Sipe del citado departamento y no así en dicho domicilio, añadió que la notificación en casa de su padre se la realizo cuando no se encontraba nadie en dicho inmueble y que la citación pegada en la cortina fue de forma maliciosa retirada por la demandante dentro del proceso de asistencia familiar; motivo por el cual, se estaría frente a apreciaciones subjetivas; puesto que, esas aseveraciones no fueron documentadas objetivamente; razón por la cual, no se pudo demostrar el cambio de domicilio que alegó; ya que, no se hizo conocer a la autoridad jurisdiccional sobre que tuviera un nuevo domicilio, y así alegar alguna lesión de derechos ante una notificación realizada en otro domicilio; vii) Por lo que, no se tiene ninguna vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, más aún si durante toda la tramitación de la causa se tienen diferentes actos procesales, donde incluso se observó la liquidación de un monto inicial de Bs23 100.- la cual fue reducida a Bs14 750.- y este monto fue aprobado, en merito a lo indicado no se tiene indefensión absoluta; toda vez que, se notificó al impetrante de tutela con el Auto de 12 de mayo de 2019, de forma legal en el mismo domicilio durante todo el proceso, situación que nunca fue observada por el obligado, además de que dicho Auto era susceptible de apelación; viii) El razonamiento respecto a que se lo dejo en estado de indefensión al accionante es contradictorio; en razón de que, desde el inicio de la demanda siempre estuvo asistido de un abogado, realizo todos los actos procesales que creyó conveniente, observó la liquidación y realizo el pago de las obligaciones dentro del proceso de asistencia familiar; por ello, no hubo indefensión, tampoco vinculación directa con su derecho a la libertad; es decir que no se cumplieron los requisitos de procedencia de la acción de libertad en el presente caso; ya que, el mandamiento de apremio devino de una orden jurisdiccional, cumpliendo con esa orden procesal como establece la Ley; y, ix) Respecto a que, se hubiese lesionado su derecho al debido proceso relativo a la liquidación para el pago de una asistencia familiar a un hijo que ya era mayor de edad, el solicitante de tutela debió acudir de manera directa a la autoridad jurisdiccional planteando incidente a objeto de que la misma bajo el control de legalidad y seguridad jurídica y los principios que rige la Norma Suprema y así determinar lo que en derecho corresponde; vale decir cuando tenía a su alcance procedimientos ordinarios donde pudo acudir para reparar el daño que se le hubiese ocasionado; por ello, ingresar a analizar el fondo de la problemática se estaría desnaturalizando la esencia misma del recurso extraordinario; por lo cual, se debe denegar la tutela impetrada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de divorcio de Victor Nelson Veizaga López –ahora accionante– y Onoria Siñaniz Pérez, el Juzgado de Partido, de Familia, Niñez y Adolescencia Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dictó Sentencia 00161 de 9 de noviembre de 2015, en la que falló declarando disuelto el vínculo conyugal entre los prenombrados y entre otras medidas se concedió la guarda de los tres hijos menores de edad a la madre y con referencia a la asistencia familiar, ambas partes acordaron la suma de Bs1 050.-, es decir Bs350.- por hijo que se computó a partir de la citación con la demanda (fs. 27 a 28 vta.). II.2. Por escrito presentado el 1 de febrero de 2019, la demandante presentó liquidación a la Jueza hoy demandada, señalando que, desde el 2 de marzo de 2017 hasta el 2 de enero de 2019; habría depositado el ahora solicitante de tutela la suma de Bs8 350.- quedando un saldo de Bs14 750.-, a lo que la autoridad demandada providenció el 4 de febrero de igual año, indicando que se ponga a concomimiento de la parte adversa –hoy impetrante de tutela–; en consecuencia, el 7 de marzo de 2019, cursa dicha diligencia realizada a través de comisión instruida para la localidad de Vinto del departamento de Cochabamba (fs. 32 a 37). II.3. Se tiene memorial de 12 de marzo de 2019; dirigido a la autoridad demandada; por el que, el ahora accionante, observó liquidación previamente descrita, lo que mereció Decreto el 13 de mismo mes y año, donde se manifestó que se notifique a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a objeto de que ordene a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Quillacollo Limitada (Ltda.), remita extractos de depósito realizados por el hoy solicitante de tutela a Onoria Siñaniz Pérez, a quien se notificó con dicha observación (fs. 48 a 51). II.4. Cursa escrito presentado el 7 de mayo de 2019; por el que, la demandante de asistencia familiar, respondió a la observación de la liquidación, expresando que la liquidación fue efectuada hasta el 2 de febrero de 2019, teniendo como saldo adeudado la suma de Bs14 750.-; posteriormente, a través de Auto de 12 de mayo de 2019, la autoridad ahora demandada aprobó dicha liquidación por el monto de Bs14 750.-, notificada a la parte afectada a través de comisión instruida para la localidad de Vinto del departamento de Cochabamba (fs. 56 a 75 vta.).
II.5. Consta memorial presentado el 24 de septiembre de 2019, en el que la demandante alegó que habiendo sido notificado el demandado hoy impetrante de tutela con el Auto de 12 de mayo de 2019, que aprobó la liquidación de Bs14 750.- y no haber cancelado al tercer día de su legal notificación, peticionó a la autoridad demandada, mandamiento de apremio en contra del accionante, el 25 de septiembre de igual año, la Jueza ahora demandada emitió el Auto expresando que, no habiéndose hecho el pago total de la liquidación intimada dentro del plazo legal, ordenó se expida por Secretaría el correspondiente mandamiento de apremio contra el obligado – hoy solicitante de tutela–,debiendo notificarse mediante comisión instruida en su domicilio en la localidad de Vinto del departamento de Cochabamba, debiendo delegando su ejecución a cualquier funcionario judicial o policial no impedido por Ley, debiendo ser recluido en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del citado departamento (fs. 76 a 77). II.6. Cursa mandamiento de apremio de 27 de noviembre de 2019, emitido por la autoridad demandada contra el ahora impetrante de tutela, para que cualquier funcionario Público o policial no impedida por Ley proceda al apremio del accionante y sea conducido al Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo de Cochabamba, hasta que cancele el monto de Bs14 750.- ordenada mediante Decreto de 25 de septiembre de mismo año (fs. 78).
El solicitante de tutela, denuncio la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, la autoridad demandada, aprobó la liquidación de asistencia familiar, sobre el monto de Bs14 750.-; empero, no observó que uno de los hijos ya era mayor de edad y que fue notificado de forma errónea en el domicilio de su padre, pese a dicha situación determinó la emisión de mandamiento de apremio en su contra, lo que lo dejo en total estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0804/2022-S4 de 19 de julio, señala que la SCP 0530/2021-S3 de 18 de agosto, estableció que: “El art. 109.I del CFPF señala que la asistencia familiar es un derecho y a la vez una obligación y surge ante el ‘…el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes’.
Así, la asistencia familiar es exigible judicialmente, más aún cuando el art. 127.I del CFPF indica que: ‘Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial’. Ahora bien, siendo que en el presente caso lo denunciado por el accionante se encuentra vinculado a la ejecución de la asistencia familiar y su notificación, es imperante analizar que el art. 415.I, II, III y VII del CFPF establece: ‘I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días.
III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. (…) VII. El cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial’. Respecto a la disposición antes citada, la SCP 0794/2018-S4 de 26 de noviembre, estableció que: ‘…la determinación de plazos cortos para el cuestionamiento del obligado a la liquidación de la asistencia familiar devengada -tres días- y para que una vez aprobada la misma, aquél efectúe el pago -tres días-, lo que obedece a su naturaleza de orden público e interés social, encaminada a garantizar el sustento necesario del beneficiario -en cuanto a salud, alimentación, educación, vivienda y recreación-; el medio con el que cuenta a efectos de mostrar su disconformidad con la determinación del monto de su obligación impaga: la observación a la planilla; y el procedimiento a través del cual la autoridad judicial puede compeler a su cumplimiento: intimación de pago, emisión de mandamiento de apremio y embargo y venta de los bienes de aquél’; consecuente con dicho entendimiento, al resolver el caso concreto, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional señaló:’…el procedimiento establecido para la ejecución de asistencia familiar, fue concebido por el legislador como sumarísimo y especial (art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar), en el que únicamente se reconoce la facultad de observar la liquidación presentada por parte del o de los beneficiarios, como medio idóneo y único con el que cuenta el obligado para controvertir el monto de asistencia familiar devengado, la forma de su pago o cualquiera otro aspecto que pueda influir en su definición’.
El art. 442 del CFPF, específicamente señala que: ‘La notificación con la liquidación de pagos devengados de asistencia familiar dentro del proceso extraordinario, se practicará en domicilio procesal fuera de estrados y en caso de no haber sido fijado, se lo practicará en secretaria del juzgado’.
Respecto a los actos de comunicación el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en su art. 313, con relación al domicilio procesal, establece que:
‘I. Las partes y demás comparecientes en el proceso deberán señalar con precisión en el primer memorial, a tiempo de su comparecencia, el domicilio que constituyen para fines de la comunicación procesal en los casos expresamente señalados por este Código.
los fines de recibir notificaciones y emplazamientos, cuando se encuentre reglamentado.
De igual forma el art. 314 del CFPF, respecto a las notificaciones señala que: ‘I. Todas las notificaciones se practicarán en la secretaría del juzgado, excepto aquellas que la autoridad judicial disponga fundadamente se practiquen en domicilio procesal fuera de estrados. Se notificarán en audiencia, todas las resoluciones que la autoridad judicial pronuncie en la misma’” (las negrillas son nuestras).
La misma Sentencia Constitucional Plurinacional citada precedentemente manifestó respecto a esta temática que: “Respecto al régimen de especial protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el art. 60 de la CPE, expresa: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’.
Por su parte, el art. 64.I de la Norma Suprema, establece que los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.
En concordancia con esta disposición constitucional, el art. 6 inc. i) del CFPF establece como principio rector, el interés superior de la niña, niño y adolescente, señalando que es deber del Estado, las familias y la sociedad, garantizar la prioridad de dicho principio que: ‘…comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los servicios públicos y privados. Los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que les puede afectar’.
La asistencia familiar consiste en la obligación de los progenitores -padre y madre- de contribuir con lo indispensable para el nacimiento, sustento, habitación, vestido, educación y atención médica de las hijas y los hijos, lo que está claramente vinculado a su vida y subsistencia y al interés superior de la niña, niño y adolescente; así, lo señala la previsión contenida en el art. 109.I CFPF cuando determina que: ‘La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes’.
En coherencia con ese mandato, el Código de las Familias y del Proceso Familiar consideró el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, al disponer en sus arts. 127.I y 415.VII, que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial” (las negrillas pertenecen al texto original).
En ese contexto, de antecedentes se advierte que, dentro del proceso de divorcio de Victor Nelson Veizaga López –ahora accionante– y Onoria Siñaniz Pérez, el Juzgado de Partido, de Familia, Niñez y Adolescencia Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dictó Sentencia 00161 de 9 de noviembre de 2015, en la que falló declarando disuelto el vínculo conyugal entre los prenombrados y entre otras medidas se concedió la guarda de los tres hijos menores de edad a la madre y con referencia a la asistencia familiar, ambas partes acordaron la suma de Bs1 050.-, es decir Bs350.- por hijo que se computó a partir de la citación con la demanda; posteriormente, por escrito presentado el 1 de febrero de 2019, la demandante presentó liquidación a la Jueza hoy demandada, señalando que, desde el 2 de marzo de 2017 hasta el 2 de enero de 2019; existía un saldo de Bs14 750.-, la autoridad demandada providenció el 4 de febrero de igual año, indicando que se ponga a concomimiento de la parte adversa –ahora solicitante de tutela–, cursa dicha diligencia realizada el 7 de marzo de 2019, a través de comisión instruida para la localidad de Vinto del referido departamento; por memorial de 12 de marzo de mismo año; dirigido a la autoridad demandada, el hoy impetrante de tutela, observó liquidación previamente descrita, lo que mereció Decreto el 13 de igual mes y año, donde se manifestó que, se notifique a la ASFI a objeto de que ordene a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Quillacollo Ltda., remita extractos de depósito realizados por el ahora accionante a Onoria Siñaniz Pérez, a quien se notificó con dicha observación, quien mediante memorial de 7 de mayo de similar año; respondió a la observación de la liquidación, expresando que la misma fue efectuada hasta el 2 de febrero del citado año, teniendo como saldo adeudado la suma de Bs14 750.-; por lo que, a través de Auto de 12 de mayo de similar año, la autoridad hoy demandada aprobó dicha liquidación por el monto de Bs14 750.-, notificándose a la parte afectada a través de comisión instruida para la localidad de Vinto del departamento de Cochabamba (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4). En consecuencia, por memorial de 24 de septiembre de 2019, Onoria Siñaniz Pérez, alegó que habiendo sido notificado el demandado con el Auto de 12 de mayo de mismo año, que aprobó la liquidación de Bs14 750.- y no haber cancelado al tercer día de su legal notificación, peticionó a la autoridad demandada, mandamiento de apremio en contra del solicitante de tutela, el 25 de igual fecha la Jueza ahora demandada emitió el Auto expresando que, no habiéndose hecho el pago total de la liquidación intimada dentro del plazo legal, ordenó se expida por Secretaría el correspondiente mandamiento de apremio contra el obligado –ahora impetrante de tutela–, quien fue notificado por comisión instruida; razón por la cual, el 27 de noviembre de 2019, la autoridad demandada emitió el mandamiento de apremio contra el hoy accionante, para que cualquier funcionario Público o policial no impedido por Ley proceda al apremio del solicitante de tutela y sea conducido al Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo de Cochabamba, hasta que cancele el monto de Bs14 750.-(Conclusiones II.5 y II.6). Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la asistencia familiar, obedece a su naturaleza de orden público e interés social, encaminada a garantizar el sustento necesario del beneficiario, correspondiendo aplicar el siguiente procedimiento: “I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días; II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día y; III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad”. El procedimiento establecido para la ejecución de asistencia familiar, fue concebido por el legislador como sumarísimo y especial, en el que únicamente se reconoce la facultad de observar la liquidación presentada por parte del o de los beneficiarios, como medio idóneo y único con el que cuenta el obligado para controvertir el monto de asistencia familiar devengado, la forma de su pago o cualquiera otro aspecto que pueda influir en su definición. En el mismo Fundamento Jurídico, sobre la notificación a las partes, estableció, que las partes del proceso deberán señalar con precisión en el primer memorial, el domicilio que constituyen para fines de la comunicación procesal, las partes podrán además, comunicar a la autoridad judicial el hecho de disponer medios electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicación, como domicilio procesal, a los fines de recibir notificaciones y emplazamientos, cuando se encuentre reglamentado, si no se señaló dichos aspectos, se lo tendrá por constituido en la secretaria de juzgado para todos los efectos del proceso, de igual forma el art. 314 de la Ley 603, respecto a las notificaciones, estableció que, todas las notificaciones se practicarán en la secretaría del juzgado, excepto aquellas que la autoridad judicial disponga fundadamente se practiquen en domicilio procesal fuera de estrados. Se notificarán en audiencia, todas las resoluciones que la autoridad judicial pronuncie en la misma.
En ese entendido, se tiene que Onoria Siñaniz Pérez, presentó liquidación; el 1 de febrero de 2019, la cual fue observada por el ahora impetrante de tutela, el 12 de marzo de mismo año, manifestando que realizó depósitos a la cuenta de la demandante; posteriormente, la demandante respondió el traslado y aclaró dicha observación, señalando que, se adeudaba por asistencia familiar devengada la suma de Bs14 750.-; en ese sentido, la Jueza hoy demandada por Auto de 12 de mayo de 2019, aprobó la liquidación presentada y se ordenó que el ahora accionante cancele la suma de Bs14 750.- por concepto de asistencia familiar devengada dentro del tercer día de su legal notificación, bajo alternativa de expedirse en su contra mandamiento de apremio, habiendo sido este notificado a través de comisión instruida para la localidad de Vinto del departamento de Cochabamba, a fin de que sea notificado el solicitante de tutela con la aprobación de asistencia familiar; es decir, tuvo conocimiento de la liquidación presentada por la demandante, no se encontró en estado absoluto de indefensión.
Consiguientemente, ante el incumplimiento de pago por parte del impetrante de tutela, la demandante el 2 de agosto de 2019, peticionó a la Jueza hoy demandada, mandamiento de apremio, dicha autoridad expresó que no habiéndose efectuado el pago total de la liquidación intimada dentro del plazo legal; ordenó se expida el mandamiento de apremio contra el accionante, hasta que cancele la suma de Bs14 750.- sea mediante comisión instruida para la localidad de Vinto del departamento de Cochabamba, delegando su ejecución a cualquier funcionario judicial o policial no impedida por Ley de dicha localidad, debiendo ser recluido en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del citado departamento. Se pudo advertir, que la autoridad demandada, notificó al ahora solicitante de tutela con la liquidación de asistencia familiar por comisión instruida, la cual fue de su conocimiento; puesto que, observó la liquidación planteada por la demandante; posteriormente, la demandante ratificó la liquidación y peticionó sea aprobada; ya que, adeudaba el impetrante de tutela la suma de Bs14 750.- por asistencia familiar; es así que, al no haberse realizado dicho pago, la autoridad demandada determinó la emisión de mandamiento de apremio.
El Fundamento Jurídico III.2, del fallo constitucional, señala que la asistencia familiar consiste en la obligación de los progenitores padre y madre de contribuir con lo indispensable para el nacimiento, sustento, habitación, vestido, educación y atención médica de las hijas y los hijos, lo que está claramente vinculado a su vida y subsistencia y al interés superior de la niña, niño y adolescente. En ese contexto, el cumplimiento de las asistencias familiares como un derecho fundamental del niño, niña o adolescente; toda vez que, se debe velar por el bien superior del niño; siendo que, la asistencia familiar encuentra su sustento en la protección especial de los derechos que asistan a los beneficiados, exteriorizados en la alimentación, vivienda, educación, atención médica y otros, de carácter intransferible e irrenunciable, en ese sentido se tiene que, respecto a la denuncia de que la demandante dentro del proceso de asistencia familiar, actuó por su hijo mayor de edad sin presentar personería alguna, dicha situación no fue observada en ninguna parte del proceso por parte del hoy accionante. Conforme se desarrolló precedentemente, el procedimiento establecido para la ejecución de asistencia familiar, fue concebido por el legislador como sumarísimo y especial (art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar), en el que únicamente se reconoce la facultad de observar la liquidación presentada por parte del o de los beneficiarios, como medio idóneo y único con el que cuenta el obligado para controvertir el monto de asistencia familiar devengado, la forma de su pago o cualquiera otro aspecto que pueda influir en su definición. En ese contexto, se advierte que, el obligado conoció de la liquidación; puesto que, fue debidamente notificado quien al tener conocimiento de dicha liquidación la observó arguyendo que habría realizado algunos depósitos en diferentes fechas, en mérito de lo cual, pidió a la Jueza de la causa, actual demandada, ordene la revisión de los datos del proceso, para verificar los pagos que hubiese realizado y que deberían ser descontados a dicha liquidación, a lo que, la autoridad demandada, respondió aprobando la liquidación por la suma de Bs14 750.- y al no haber cancelado al tercer día de su legal notificación el solicitante de tutela; en consecuencia, la imposibilidad de diferir el cumplimiento de la asistencia familiar, sea por el medio o recurso que fuera procede a partir de la aprobación de la liquidación, sin desconocerse la etapa de observación prevista en la misma norma, parágrafos I y II del citado art. 415 de la Ley 603, y que, ante el incumplimiento de pago daría lugar a la emisión del mandamiento de apremio, conforme al parágrafo III de dicho artículo y art. 127.II del mismo cuerpo normativo; en ese sentido, se emitió el correspondiente mandamiento de apremio en contra del ahora impetrante de tutela, quien fue legalmente notificado; por lo que, las actuaciones de la Jueza demandada, quien notificó y libro el correspondiente mandamiento de apremio en contra del accionante, se encuentran enmarcadas dentro del mandato legal contenido en los artículos precedentemente referidos, al haber sido notificado legalmente, no se lo dejó en estado de indefensión, lo que facultan a la autoridad jurisdiccional demandada dar continuidad al trámite de liquidación de asistencia familiar devengada; una actuación contraria vulneraria el interés superior de los quienes se encuentran expresamente protegidos por la Constitución Política del Estado, generando además desconocimiento a las normas del Código de las Familias y del Proceso Familiar y a la jurisprudencia constitucional glosada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. De lo expuesto precedentemente, se evidencia que la autoridad demandada, enmarcó sus actuaciones a las normas contenidas en la Constitución Política del Estado, leyes en vigencia y jurisprudencia emitida al efecto; por lo cual, no se advierte vulneración alguna a los derechos fundamentales del solicitante de tutela; correspondiendo consiguientemente, denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 23 de diciembre, cursante de fs. 94 a 97 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0338_2023-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): ad61613a1e92f5742002a182880cfb852bf2c167fac8c7983a4c1b27a81af3b0
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