Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1º REVOCAR la Resolución de 1 de noviembre de 2022, cursante de fs. 70 a 74, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 2º DENEGAR la tutela solicitada, quedando vigente el Auto de 24 de agosto de 2022 y las resoluciones emergentes de él, consistentes en el Auto de 14 de octubre de 2022 y el mandamiento de apremio emitido el 20 del mismo mes y año, salvo que este ya hubiera sido dejado sin efecto como emergencia de una decisión judicial que determine que se pagó lo adeudado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0337/2025-S3 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51789-2022-104-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 1 de noviembre de 2022, cursante de fs. 70 a 74, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Sarmiento Mayta representante sin mandato de Mario Zenteno Apaza contra María Elena Vega Alanes, Jueza Pública de Familia Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 31 de octubre de 2022, cursante de fs. 53 a 61, el accionante a través de su representante, expresó que:
El 24 de abril de 2013, la madre de sus hijos, Ignacia Coyo Portillo, planteó en su contra demanda de divorcio, emergente de la cual se fijó una asistencia familiar provisional de Bs1 600.- (un mil seiscientos bolivianos), que se debía computar desde la citación con la demanda, es decir, el 6 de junio de 2013. El 14 de noviembre de ese año, se solicitó la liquidación correspondiente, que arrojó una deuda de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos) y en ese orden, fue apremiado como consta en mandamiento librado, por lo que estuvo detenido desde el 26 de febrero de 2014 hasta el 6 de marzo de ese año, siendo liberado después del pago de lo adeudado. Mediante Auto Definitivo de 13 de julio de 2016, se declaró la extinción de la pretensión por inactividad procesal de la demanda de divorcio y el archivo de obrados; asimismo, se dejaron sin efecto todas las medidas colaterales provisionales asumidas. En ese marco, la vigencia de la asistencia familiar provisional fue del 16 de junio de 2013 hasta el 13 de julio de 2016, es decir, de tres años y un mes. Se recalca que dicha asistencia era provisional. El 6 de septiembre de 2019, estando ya extinguida la asistencia familiar provisional, la demandante presentó liquidación de asistencia familiar señalando un total adeudado de Bs23 600.- (veintitrés mil seiscientos bolivianos). El 17 de octubre de dicho año, a través de Auto Interlocutorio se aprobó esa liquidación; sin embargo, solo debió ser aceptada hasta el 13 de julio de 2016. Consiguientemente, el 24 de enero de 2020, la parte contraria solicitó mandamiento de apremio deferida favorablemente esa misma fecha. Ante ello, el accionante planteó incidente de nulidad de obrados el mismo 24 de enero de 2020, solicitando que se declare esa nulidad hasta el 13 de julio de 2016, porque esa fecha concluyó la vigencia de la asistencia familiar solicitada; incidente que fue resuelto por Auto de 16 de marzo de 2020, que rechazó su planteamiento y mantuvo vigente la señalada asistencia familiar provisional, pero no fue notificado. Dos años después, es decir, el 10 de septiembre de 2021, la beneficiaria volvió a solicitar una liquidación de asistencia familiar, por el pago global de Bs62 000.- (sesenta y dos mil bolivianos), que corre desde el 7 de septiembre de 2019 al 7 de septiembre de 2021. Sin embargo, el accionante cumplió con su obligación de asistencia familiar hasta el 6 de junio de 2018 y la asistencia familiar solo tuvo vigencia hasta el 13 de “JUNIO” de 2016, implica que respondió a las necesidades de sus hijos. En ese marco, el 23 de septiembre de 2021, se planteó un segundo incidente para evitar el apremio ordenado el 24 de enero de 2020; dicha petición debió haberse resuelto de forma oral. Buscando una respuesta a ese incidente, se peregrinó dos meses. Posteriormente, la Jueza a quo de oficio mediante Auto de 4 de noviembre de 2021, dispuso la nulidad de obrados, sin considerar que el accionante ya había cubierto la totalidad de la asistencia familiar provisional vigente hasta el 13 de “JUNIO” de 2016, con ello pretendió regularizar procedimiento y pidió se practique una nueva liquidación; en consecuencia, desconociendo que lo adeudado al 6 de septiembre de 2019 era de Bs23 600.- el 18 de enero de 2022, señaló que se adeudaba la suma de Bs35 200.- (treinta y cinco mil bolivianos). En ese maco, se emitió mandamiento de apremio, sin que exista deuda pendiente. La orden de que el accionante pague Bs35 200.- emerge de la inobservancia del aforismo jurídico “…a confesión de parte, relevo de prueba” (sic), y en el caso presente en la liquidación de 6 de septiembre de 2019 y en la de 7 de septiembre de 2021 se realizó la confesión espontánea señalando que al 6 de septiembre de 2019, el accionante debía Bs23 600; igualmente, en dichos memoriales se reconoció que el impetrante de tutela pagó Bs70 800.- (setenta mil ochocientos bolivianos). La autoridad demandada no ha cumplido con el principio de dirección judicial del proceso, con lo cual atentó su derecho a la libertad, pues el impetrante de tutela no debe ninguna suma de dinero por concepto de asistencia familiar provisional. El referido apremio ya fue ejecutado y emerge de acciones ilegales e indebidas; por lo que la determinación que se asumió mediante Auto de 14 de octubre de 2022 y el mandamiento de apremio de 20 de octubre de 2022 hacen a un indebido procesamiento vinculado con su libertad, pues se ordenó que se pague Bs35 200.-, cuando el impetrante de tutela superó en cancelar dicho monto de acuerdo al reconocimiento de pagos efectuado por la propia demandante, admitidos por ella.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso y de los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza, imparcialidad y congruencia, a cuyo efecto citó los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga la nulidad del Auto de 24 de agosto de 2022 y se dicte uno nuevo y se expida mandamiento de libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 69 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, se ratificó in extenso en los argumentos contenidos en su demanda tutelar y solicitó que se conceda la tutela.
María Elena Vega Alanes, Jueza Pública de Familia Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por informe escrito presentado 1 de noviembre de 2022, cursante de fs. 67 a 68 vta. solicitó que se deniegue la tutela y señaló que: a) El accionante debe Bs35 200.- por concepto de asistencia familiar por lo que se emitió el mandamiento de apremio con base en el Auto de 14 de octubre de 2022; b) Existen cuatro beneficiarios que deberían percibir asistencia familiar de parte de su progenitor, como se dispuso en Auto de 1 de noviembre de 2013, en el que se fijó como asistencia la suma de Bs1 600.- (un mil seiscientos bolivianos) a favor de sus hijos “…REYNALDO, JUAN FRANZ Y TANIA ZENTENO…” (sic); c) Mediante memorial de 18 de enero de 2022, Ignacio Coyo Portillo -madre de sus hijos-presentó memorial en el que practicó liquidación de asistencia familiar devengada, la cual se puso en conocimiento del accionante por el monto de Bs35 200.-, si bien el obligado observó esa liquidación, señalando que no adeudaba dicho monto, no acompañó prueba al respecto, tampoco existían depósitos realizados al número de cuenta bancaria que era de conocimiento del impetrante de tutela; luego se aprobó la liquidación por ese monto y se conminó al obligado a cancelarlo en el plazo de tres días bajo alternativa de expedirse mandamiento de apremio, y no se planteó ningún recurso de impugnación contra aquella ulterior determinación asumida; ante la ausencia del pago exigido, a petición de parte, por Auto de 14 de octubre de 2022 se dispuso la emisión del mandamiento de apremio contra el ahora accionante; d) Solo el incumplimiento de Bs35 200.- ha provocado que el impetrante de tutela se encuentra guardando detención; y, e) La autoridad demandada se ha enmarcado en derecho, disponiendo las citaciones y notificaciones, cuidando el normal desarrollo del proceso, además de evitar cualquier vicio de nulidad, por lo que la presente acción de libertad no se encuentra fundada en derecho y no se podría tutelar lo solicitado dejándose de lado los derechos de los beneficiarios.
La Jueza del Juzgado de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituída en Jueza de garantías, mediante Resolución de 1 de noviembre de 2022, cursante de fs. 70 a 74, concedió la tutela solicitada, anulando el Auto de 24 de agosto de 2022, así como la resoluciones emergentes del mismo, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo en el plazo de veinticuatro horas, con base en los siguientes fundamentos: 1) La fundamentación y motivación como componentes del debido proceso, deben ser cumplidas por toda resolución emanada de autoridad judicial o administrativa, exponiendo los hechos, la fundamentación legal y la cita de normas que sustenten la decisión asumida; y, 2) La autoridad demandada contradijo el principio de congruencia, pues si bien hizo una relación de los hechos que se presentaron dentro del memorial de observación, acompañando inclusive los memoriales como elementos probatorios, no respondió a los puntos solicitados, tampoco explicó ni sustento de manera clara ni puntual los motivos que lo llevaron a tomar su decisión, como el hecho de que no se reflejó en su determinación una argumentación jurídica respecto a los hechos que fueron cuestionados y demandados por le accionante; es decir, no se pronunció respecto a la valoración de los memoriales de confesión señalados y presentados por el accionante; consiguientemente, el Auto de 24 de agosto no cumple con los parámetros de fundamentación y motivación ni congruencia, por lo que se vulneraron los derechos fundamentales del impetrante de tutela, ya que se halla privado de libertad, pues se salió del marco del debido proceso previsto por el art. 115.II de la CPE la libertad del impetrante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta demanda de divorcio absoluto planteada el 24 de abril de 2013 por Ignacia Coyo de Zenteno contra Mario Zenteno Apaza, emergente de la cual por Auto Interlocutorio de 1 de noviembre de ese año, dictado por el Juzgado de Partido de Familia Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, se fijó la asistencia familiar provisional de Bs1 600 a cargo del demandado y obligado, en favor de sus hijos Reynaldo, Juan, Franz y Tania, todos de apellidos Zenteno Coyo, que se computará desde la citación con dicha demanda (fs. 2 a 4 vta. y 7 y vta.). II.2. Cursa el Auto de 13 de julio de 2016, por la cual se declaró la extinción de la pretensión por inactividad procesal de la demanda de divorcio señalada supra y se dispuso el archivo de obrados; asimismo, se dejaron sin efecto todas las medidas colaterales provisionales asumidas durante la tramitación del proceso (fs. 21). II.3. Consta liquidación de la demandante de 18 de enero de 2021, que arrojaba el monto adeudado de Bs35 200.- hasta el 13 de julio de 2016, que fue observada por el accionante mediante memorial presentado el 1 de febrero del mismo año (fs. 41 a 42 vta. y 45 a 46 vta.). II.4. Corre Auto de 24 de agosto de 2022, por el cual se rechazó la observación del hoy accionante a la liquidación de la demandante y se aprobó la liquidación presentada por esta en la suma de Bs35 200.-, conminándolo a cancelar dicho monto en el plazo de tres días, bajo alternativa de expedirse el mandamiento de apremio en su contra (fs. 47 y vta.). II.5. Consta Auto de 14 de octubre de 2022 por el cual se señaló que el ahora impetrante de tutela fue notificado con la aprobación de liquidación y que no canceló la totalidad del monto adeudado conforme el Auto de 24 de agosto de 2022, por lo que se ordenó la expedición del mandamiento de apremio en contra del obligado hasta que cancele el monto de Bs35 200.- (fs. 48). II.6. Se verifica la expedición del mandamiento de apremio contra el accionante, de 20 de octubre de 2022 (fs. 49).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza, imparcialidad y congruencia, por cuanto la autoridad demandada, mediante Auto de 14 de octubre de 2022, incurrió en indebido procesamiento al ordenar que pague Bs35 200.-, en calidad de deuda por asistencia familiar, cuando él canceló dicho monto -incluso pagó una suma superior- sin tomar en cuenta que la parte contraria confesó dichos pagos, lo que dio lugar a la emisión y expedición del mandamiento de apremio en su contra, ahora ejecutado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0797/2019-S2 de 11 de septiembre, citada por la SCP 0393/2023-S4 de 29 de mayo y SCP 0876/2024-S3 de 2 de octubre -entre otras-, señaló que: “En el diseño constitucional previsto en el art. 125 de la CPE, la acción de libertad constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz, idóneo y oportuno que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción y el derecho a la vida, para que el accionante logre la tutela a su vida cuando se encuentre en peligro; el cese de la persecución indebida, en caso de que exista persecución ilegal o indebida; el restablecimiento de las formalidades legales, cuando exista procesamiento ilegal o indebida; o la restitución de la libertad, ante la evidencia de privación de libertad indebida, destacando la jurisprudencia constitucional, su naturaleza no subsidiaria, cuyo procedimiento se encuentra caracterizado por el informalismo, la inmediatez, la sumariedad, la generalidad y la inmediación. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional expresó la imperiosa necesidad de establecer criterios de coordinación que impidan el desbordamiento, la intromisión de los límites de su competencia y la emisión de las decisiones contradictorias, entre la funciones de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, disciplinados por los principios y valores constitucionales con la finalidad de promover actuaciones jurisdiccionales en los marcos de razonabilidad y equilibrio, en ese entendido el Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco precedentemente citado, el desarrollo jurisprudencial sistematizo la subsidiariedad excepcional generando subreglas al respecto y fijando supuestos concernientes principalmente a casos derivados de procesos penales; sin embargo, en casos derivados de procesos familiares sobre peticiones de asistencia familiar, pueden alcanzar a restringir el derecho a la libertad física con la ejecución del mandamiento de apremio, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar y el cumplimiento de los requisitos de legalidad material y formal ampliamente explicitado en la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre, ejecución que puede ser realizada por funcionarios policiales o servidores públicos que la autoridad judicial comisione o encargue su ejecución. En ese contexto, las eventuales denuncias de lesión al derecho fundamental a la libertad personal en la ejecución del mandamiento de apremio por el incumplimiento del pago de asistencia familiar deben ser conocidas por el juez público de familia, quien es la autoridad competente para la consideración y resolución de las cuestiones de fondo y cuestiones incidentales como las mencionadas denuncias que deben ser resueltas en la vía incidental prevista en la normativa procesal de familia, aún en el periodo de vacación judicial colectiva, lapso de tiempo en el cual no puede suspenderse la ejecución de los mandamientos de apremio y cuya atención y control debe estar a cargo de juzgados de familia de turno, acordados y programados por los Tribunales Departamentales de Justicia, entendimiento establecido en la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre. Por los razonamientos expuestos puede concluirse en especie, el ordenamiento procesal en materia familiar establece el medio de defensa idóneo para reparar de manera urgente, pronta y eficaz, la presunta lesión del derecho a libertad ilegalmente restringido durante la ejecución del mandamiento de apremio por incumplimiento de asistencia familiar, tramitada en la vía incidental ante el juez público de familia dentro del proceso de petición de asistencia familiar; por lo que, la acción de libertad no puede activarse de manera directa e inmediata, sino, agotando el medio intraprocesal ante el juez de familia en la vía incidental” (las negrillas pertenecen al texto original).
En ese marco, el art. 366 Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- prevé: “Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de:
a)Reposición. b)Apelación. c) Casación. d)Compulsa”. El art. 368 de dicho cuerpo normativo señala: “El recurso de reposición procede contra los decretos o autos interlocutorios, para que la autoridad judicial que los haya dictado, advertida de su error, pueda modificarlos o dejarlos sin efecto. Procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”. Asimismo, el art. 371 del CFPF prevé: “La apelación es un recurso ordinario aplicable contra resoluciones de primera instancia, salvo que la Ley disponga lo contrario”. Por su parte, el art. 378 de dicho cuerpo normativo, establece: “I. La apelación tendrá efecto suspensivo sólo cuando se trate de sentencias o autos definitivos que pongan fin al proceso. En los demás casos se concederá en el efecto devolutivo, salvo lo previsto en el Parágrafo siguiente. II. La apelación tendrá efecto diferido sólo cuando se trate de autos interlocutorios y en las condiciones señaladas en el presente Código”. Finalmente, el art. 246 del CFPF establece: ”La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones:
a) Los incidentes serán resueltos en audiencia. b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación. c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato. d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite”.
El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza, imparcialidad y congruencia, por cuanto la autoridad demandada, mediante Auto de 14 de octubre de 2022, incurrió en indebido procesamiento al ordenar que pague Bs35 200.-, en calidad de deuda por asistencia familiar, cuando él canceló dicho monto – incluso pagó una suma superior- sin tomar en cuenta que la parte contraria confesó dichos pagos, lo que dio lugar a la emisión y expedición del mandamiento de apremio en su contra, ahora ejecutado.
Ahora bien, una vez descrita la problemática planteada por el accionante, de la revisión de los antecedentes del presente caso de autos, se advierte que dentro de proceso de divorcio planteado el 24 de abril de 2013, por la madre de sus hijos en su contra, ante el Juzgado de Partido de Familia Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 1 de noviembre del mismo año, se fijó asistencia familiar provisional en favor de sus cuatro hijos, por el monto de Bs1 600.- (Conclusión II.1), demanda familiar que mediante Auto de 13 de julio de 2016, fue declarada extinguida por inactividad procesal, lo que implicó el archivo de obrados y la determinación de dejarse sin efecto todas las medidas colaterales provisionales asumidas (Conclusión II.2); el 18 de enero de 2021, la demandante presentó una liquidación de asistencia familiar que arrojaba el monto adeudado de Bs35 200 hasta el 13 de julio de 2016 (Conclusión II.3), que fue aprobada por Auto de 24 de agosto de ese año (Conclusión II.4); asimismo, se emitió el Auto de 14 de octubre del mismo año por el cual -al no haber cancelado el monto adeudado- se ordenó la emisión del mandamiento de apremio contra el ahora impetrante de tutela (Conclusión II.5), expedido el 20 del mismo mes y año señalados (Conclusión II.6). Contextualizada la presente problemática, se verifica que el accionante no agotó la vía ordinaria contra el Auto de aprobación de liquidación de asistencia familiar de 24 de agosto de 2022, y tampoco cuestionó el subsecuente Auto de 14 de octubre de ese año que dispuso el mandamiento de apremio contra el impetrante de tutela, cuando este tenía a su alcance los medios de impugnación citados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional contra las resoluciones señaladas, consistentes en el recurso de reposición y de apelación, añadiendo a ello que también podía haber planteado -dado el contexto adecuado- un incidente hasta agotar la vía pertinente. Consiguientemente, la falta de agotamiento de la vía ordinaria, posibilita la aplicación al presente caso de la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, mencionada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que implica que la jurisdicción constitucional no debe ingresar a resolver un asunto que puede ser atendido en la vía ordinaria, a través de la resolución de los diferentes medios de impugnación previstos en el Código de las Familias y Proceso Familiar, es decir, que solo agotada dicha vía, se puede acudir a este medio constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
1º REVOCAR la Resolución de 1 de noviembre de 2022, cursante de fs. 70 a 74, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 2º DENEGAR la tutela solicitada, quedando vigente el Auto de 24 de agosto de 2022 y las resoluciones emergentes de él, consistentes en el Auto de 14 de octubre de 2022 y el mandamiento de apremio emitido el 20 del mismo mes y año, salvo que este ya hubiera sido dejado sin efecto como emergencia de una decisión judicial que determine que se pagó lo adeudado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Magistrado, Ángel Edson Dávalos Rojas, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0337_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): f00d15af5f67a8e0130d247d2362098cff1910e413ed42bb1a219c40298dedbc
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