Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de junio de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a la propiedad privada en su elemento de contar con una vivienda digna; puesto que: i) El Juez hoy coaccionado declaró improbada su tercería de dominio excluyente, bajo el errado concepto de que la oponibilidad del derecho propietario únicamente se logra con el registro en DD.RR., que le otorga publicidad, sin valorar la prueba presentada; ii) Los Vocales ahora accionados indicaron que esa tercería de dominio excluyente procede únicamente cuando se realiza la inscripción del derecho propietario en DD.RR., a los fines establecidos por el art. 1538 del CC, que le otorga oponibilidad ante terceros y publicidad, lo que su persona no acreditó, y que el documento privado de compraventa surte efectos solo entre los suscribientes, herederos y causahabientes, no siendo oponible a los ejecutantes; además, que existía cosa juzgada material y la imposibilidad de reabrir algún debate; iii) Los Vocales y el Juez hoy accionados no consideraron el tenor dispuesto por el art. 52 del CPC; ya que, según lo referido es incorrecto el razonamiento en cuanto a que el registro en la Oficina de DD.RR. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 113/2022 de 13 de septiembre, cursante de fs. 87 a 101, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 308/2022 de 25 de mayo, debiendo los Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pronunciar nuevo auto de vista conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Oruro; asimismo, con relación a los derechos al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba y a la propiedad en su elemento de contar con una vivienda digna; y, a la solicitud de imposición de costas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0337/2024-S3 Sucre, 17 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50343-2022-101-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 113/2022 de 13 de septiembre, cursante de fs. 87 a 101, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Omar Livio Canavoni Gonzales contra Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Andrés Ojeda Surco, Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del referido departamento.
El accionante, por memorial presentado el 5 de septiembre de 2022, cursante de fs. 25 a 28 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso ejecutivo seguido por Sonia Pacheco Ayma contra Edwin Vargas Quispe y Darlene Edith Maldonado Soria Galvarro, interpuso tercería de dominio excluyente, acreditando la existencia de un documento privado de compraventa del bien inmueble con reconocimiento de firmas de 12 de diciembre de 2014, y el Testimonio de Poder 1007/2014 de la indicada fecha; por el que, acredita su condición de comprador del bien inmueble objeto de embargo en dicho proceso, y en virtud a esos documentos legales consolidó su posesión de manera inmediata e ininterrumpida hasta la interposición de esta acción tutelar, realizando mejoras y ampliaciones para su habitabilidad; empero, sin realizar el registro de su derecho propietario en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), por los motivos expuestos.
Asimismo, contestada su demanda de tercería de dominio excluyente, alegando que no se cumplió con acreditar la publicidad de su derecho propietario con el registro en la Oficina de DD.RR., alegando al efecto lo establecido por el art. 1538 del Código Civil (CC); el Juez hoy coaccionado por Auto Interlocutorio 26/2022 de 8 de abril, declaró improbada la referida demanda, argumentando que la seguridad jurídica en el caso concreto emerge de la oponibilidad del derecho propietario, en su errado concepto de que únicamente se logra con el registro de ese derecho en la Oficina de DD.RR. otorgándole publicidad; sin ingresar a valorar la prueba presentada como sustento de su pretensión. Por consiguiente, contra esa determinación asumida en el Auto interlocutorio 26/2022, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que mereció el Auto de 26 de abril de “202” -siendo lo correcto 2022-; por el cual, se denegó el recurso de reposición planteado y concedió el recurso de apelación alterno; que fue resuelto por los Vocales hoy accionados a través del Auto de Vista 308/2022 de 25 de mayo, confirmando las mencionadas resoluciones de primera instancia. El sustento de esa ilegal determinación, es que la tercería de dominio excluyente procede únicamente cuando se realiza la inscripción del derecho propietario en la Oficina de DD.RR., previsto por el art. 1538 del CC, que le otorga oponibilidad ante terceros y publicidad, lo que su persona no acreditó, y que el documento privado de compraventa del bien inmueble con reconocimiento de firmas de 12 de diciembre de 2014, surte efectos solo entre los suscribientes, herederos y causahabientes, no siendo oponible a los ejecutantes; además, que existía cosa juzgada material y la imposibilidad de reabrir algún debate. Los Vocales ahora accionados, no consideraron lo establecido por el art. 52 del Código Procesal Civil (CPC), que al referirse a la tercería de dominio excluyente, señalan que: “Quien alegue un derecho positivo y de existencia cierta, en todo o en parte sobre el bien o derecho que se embargó, en un proceso pendiente, podrá intervenir formulando su pretensión contra las partes” (sic); de ese contenido normativo, se tiene que es incorrecto el razonamiento de los indicados Vocales en cuanto a que el registro del bien inmueble en la Oficina de DD.RR. es el único medio para excluir válidamente a un bien inmueble de la ejecución; puesto que, por el principio de favorabilidad se entiende idóneo para acreditar esta condición excluyente, cualquier derecho positivo y de existencia cierta, y en el caso concreto, un documento privado contiene esas características, y sobre los cuales las resoluciones judiciales cuestionadas contienen motivos y fundamentos incorrectos. No se entendió que el contrato de compraventa es de naturaleza consensual y para su validez no requiere ninguna otra formalidad, consumándose el mismo desde el momento en que concurrió la voluntad de los contratantes y a partir de la venta de 12 de diciembre de 2014, el bien inmueble dejó de pertenecer al patrimonio de Edwin Vargas Quispe y Darlene Edith Maldonado Soria Galvarro -ejecutados-, existiendo omisión de fundamentación y motivación al respecto. Tampoco se efectuó una valoración razonable de la prueba, al no considerarse la eficacia probatoria del documento privado de compraventa del citado bien inmueble con reconocimiento de firmas y rúbricas realizado esa fecha; ya que, se limitó a referirse al mismo como un contrato efectivo entre las partes suscribientes; sin embargo, no se analizó su valor probatorio que genera con relación al derecho a la posesión, a pesar de reconocerse que existe buena fe; argumentos que fueron expuestos oportunamente y que no merecieron pronunciamiento alguno por los Vocales ahora accionados, siendo excesivamente formalistas y omisivos en cuanto al grado de congruencia que debieron generar en favor de su persona. Asimismo, se omitió valorar el Testimonio de Poder 1007/2014, que al ser un documento público refuerza el contenido probatorio del contrato de compraventa del bien inmueble. Finalmente, los defectos de fondo denunciados respecto a las resoluciones judiciales emitidas por los Vocales y el Juez hoy accionados, vulneraron sus derechos al debido proceso y a la propiedad privada en su elemento de contar con una vivienda digna, que surge a través de un título idóneo y que no puede ser desconocido, buscando desposeerlo de su vivienda que se encuentra consolidada en el tiempo y acreditada por su posesión de buena fe, que no mereció atención alguna.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a la propiedad privada en su elemento de contar con una vivienda digna, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga: a) Se anulen obrados hasta el vicio más antiguo y sin reposición; es decir, hasta que el Juez ahora coaccionado emita nueva resolución judicial que resuelva la tercería de dominio excluyente, atendiendo a los razonamientos que la Sala Constitucional orientará en vía de reconducción al orden constitucional; b) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 26/2022 de 8 de abril, el Auto de 26 de abril de 2022 y el Auto de Vista 308/2022 de 25 de mayo, así como todos los actos posteriores emergentes de esas ilegales decisiones judiciales; y, c) Sea con imposición de costas por la presentación de la acción de defensa.
Celebrada la audiencia pública el 13 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 80 a 86 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que: 1) El Juez hoy coaccionado, y las partes intervinientes del proceso ejecutivo tenían conocimiento de que se encontraba en posesión del bien inmueble embargado; además, cuando se realizaron los avalúos y pericias, dicho Juez tenía la oportunidad de establecer que se hallaba ocupando de manera libre, pacífica y continua el referido bien inmueble desde el 2014 sin ser perturbado ni molestado; por lo que, debió ponerse a su conocimiento el indicado proceso; 2) No puso a su nombre dicho bien inmueble adquirido, porque no fue asesorado oportunamente o no tuvo las posibilidades económicas como se mencionó al interponer la tercería de dominio excluyente, para registrar en la Oficina de DD.RR. a su nombre; lo cual, no implica que no ejerció su derecho de posesión, aspectos que derivaron en la omisión -de valoración- de la prueba presentada; 3) En la audiencia de inspección ocular, se advirtió que tenía posesión pacífica del indicado bien inmueble, y las mejoras realizadas en el mismo; 4) El Juez hoy coaccionado dispuso -el desapoderamiento- del citado bien inmueble, afectando su derecho a la vivienda; y, 5) Se debe anular obrados hasta el vicio más antiguo, constituido en el Auto Interlocutorio 26/2022 que negó la tercería de dominio excluyente.
Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante de fs. 59 a 61, señalaron que: i) Es un hecho innegable el documento privado de compraventa de 12 de diciembre de 2014, de transferencia del bien inmueble que cuenta con reconocimiento de firmas y rúbricas; de la venta realizada mediante el Testimonio de Poder 1007/2014 que cuenta con eficacia probatoria y válida que no es desconocida; empero, esa eficacia surte efectos entre los suscribientes, sus herederos y causahabientes, conforme lo establecido por el art. 1297 del CC; ii) Se evidenció que el tercerista -accionante-, se encontraba en posesión del bien inmueble; sin embargo, el documento de transferencia no es oponible frente a terceros por falta de publicidad, conforme lo dispuesto por el art. 1538 del CC; iii) Respecto a la norma aludida y el citado documento privado de compraventa, el accionante tenía la obligación de inscribir su derecho propietario en la Oficina de DD.RR., para ser oponible frente a terceros, siendo su propia desidia que las deudas adquiridas posteriores a la venta realizada por Edwin Vargas Quispe, le estén afectando su derecho a la propiedad privada, no pudiendo ser ese descuido atribuible a las autoridades judiciales de primera y segunda instancia; más aún, cuando se encuentra analizando un proceso ejecutivo que nace de una obligación contraída por Edwin Vargas Quispe y Darlene Edith Maldonado Soria Galvarro de pagar una cantidad líquida a Sonia Pacheco Ayma; iv) De ninguna manera tienen algún interés de desposeerlo al accionante de su vivienda, que fue consolidada por el tiempo y su posesión de buena fe. Asimismo, respecto a su derecho a la posesión, tiene la vía abierta para activar el mecanismo necesario conforme lo establecido por el art. 386 del CPC; ya que, en un proceso ejecutivo no podría sustanciarse etapas de investigación; y, v) Al emitirse el Auto de Vista 308/2022, se explicó de manera clara y sustentada en derecho los motivos que lo llevaron a tomar la decisión asumida, sin ninguna errónea aplicación de la norma, mucho menos se vulneró el derecho al debido proceso, o que carezca de motivación y fundamentación; al contrario existe total correspondencia con la norma procesal señalada y los argumentos que la respaldan. Por lo expuesto, piden se deniegue la tutela solicitada. Andrés Ojeda Surco, Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante de fs. 62 a 63, indicó que: a) El Auto Interlocutorio 26/2022, que rechazó la tercería de dominio excluyente, tiene el respaldo en disposiciones legales vigentes relativas a la publicidad de las relaciones jurídicas; ya que, cuando se ingresa en un debate del mejor derecho propietario frente al embargante, como lo es una compraventa; debiendo contarse necesariamente con el registro en la Oficina de DD.RR.; b) Ante la ausencia de publicidad solamente es discutible la pretensión del accionante en un juicio ordinario; c) No comprendió que a través de una tercería no se puede pretender que se emita una resolución declarativa o constitutiva de derechos, siendo necesario acudir a la vía ordinaria donde se discute el mejor derecho propietario; d) Correspondía aplicar lo dispuesto por el art. 1538 del CC, concordante con el art. 1 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales -Ley de 15 de noviembre de 1887-; puesto que, ningún derecho real sobre bienes inmuebles surte efectos contra terceros, sino desde el momento en que se hace público en el registro de la Oficina de DD.RR., caso contrario surten sus efectos solo entre las partes contratantes, sin perjudicar a terceros interesados; e) Sonia Pacheco Ayma, -ejecutante en el proceso ejecutivo- confiando en la publicidad de DD.RR. activó la ejecución forzosa logrando el remate del bien inmueble; ya que, no advirtió que el accionante sea titular del mismo, perjudicándose a un tercero; f) El Auto de Vista 308/2022, contiene la debida fundamentación, incluso se realizó una ponderación al derecho de posesión del tercerista -accionante-, frente al derecho de acceso a la justicia, rechazando su tercería ante la ausencia de trascendencia; ya que, el accionante registró como domicilio un lugar distinto al que alegaba ser su vivienda, señalando otra dirección, con una ubicación distinta al bien inmueble rematado y que alegó tener posesión; en ese sentido no existió una trascendencia como para resguardar el derecho a la posesión alegado a través del documento de transferencia; teniendo la vía expedita sobre el derecho propietario para hacer valer el referido documento; g) No se pueden reconocer hechos y derechos controvertidos a través de esta acción tutelar, al respecto se tiene lo determinado por la SCP 0236/2018-S2 de 28 de mayo; tampoco, se consolida el derecho a la posesión a través de documentación no oponible frente a terceros en fase de ejecución de sentencia, mucho menos mediante dicha acción de defensa, entendiéndose que el accionante no cuenta con el derecho propietario consolidado, de tal manera que sea oponible ante quienes registraron en la Oficina de DD.RR.; y, h) No se vulneró los derechos denunciados en la acción tutelar, con la emisión del Auto Interlocutorio 26/2022 y el Auto de 26 de abril de 2022, que fueron confirmados mediante Auto de Vista 308/2022 emitido por los Vocales hoy accionados; en tal sentido, se debe denegar la tutela solicitada y mantener vigente lo dispuesto.
Sonia Pacheco Ayma, ejecutante en el proceso ejecutivo a través de su abogado en audiencia, manifestó que: 1) Se adhiere a los informes presentados por los Vocales y el Juez hoy accionados; 2) No se pudo poner en conocimiento el proceso ejecutivo al accionante, ya que nunca fue parte al no tener registrado su derecho propietario en la Oficina de DD.RR.; 3) El accionante debió reconocer que no tenía dinero o que fue mal asesorado; por lo cual, no registró su derecho propietario en la Oficina de DD.RR.; 4) No se presentó un informe de la Notaría de Fe Pública que indique si evidentemente cumplen -su poder-con las formalidades respectivas, y si el documento privado de compraventa del bien inmueble con reconocimiento de firmas de 12 de diciembre de 2014, fue extendido por esa instancia cumpliendo con las formalidades para su extensión; 5) Como parte ejecutante sustentó su demanda en un documento privado con reconocimiento de firmas reconocido, y registrado su gravamen como ejecutante en la Oficina de DD.RR., en el registro que correspondía a los dos actuales legítimos propietarios Darlene Edith Maldonado Soria Galvarro y Edwin Vargas Quispe; dicho documento fue suscrito de buena fe; y, 6) El accionante alega que tiene el derecho propietario sobre el bien inmueble desde la gestión 2014; empero, no canceló el impuesto a la transferencia, ni demostró el pago de ese tributo. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada. Efraín Sánchez Arias, -tercero interesado- en audiencia de manera personal señaló que: i) Cuando se realizó el remate del bien inmueble embargado, voluntariamente se presentó e hizo todo lo necesario para conseguir el monto requerido; sin saber de los problemas que surgirían, cancelando todos los costos del remate que incluso persisten; ii) Cuando efectuó la compra se adjudicó el bien inmueble; posteriormente, se presentó en la casa del accionante para verificar e incluso conversaron que no tenía casa y que vivía en la localidad de Huanuni del departamento de Oruro en la casa de sus padres; asimismo, le dijo que el nombrado era el propietario del bien inmueble; iii) El accionante refirió que realizó arreglos en el bien inmueble siendo que no tenía dinero; sin embargo, era preferible tener los papeles en orden antes de realizar esos arreglos; iv) Pagó los impuestos desde el 2014; además, del pago de recibos, minuta y cancelación a la martillera; y, v) Le manifestó al accionante que podía solucionar lo acontecido, incluso le dio su número de teléfono celular; empero, no le llamó por lo que solicitó que “se anule” la acción tutelar planteada, al verse perjudicado en cuestión de tiempo, dinero y salud. Nicky Alvin y Lizeth, ambos de apellidos Reinaga Morales, herederos de “Jhanneth” Morales Ledezma; Darlene Edith Maldonado Soria Galvarro; y, Edwin Vargas Quispe, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 38, 39, 42 y 43.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 113/2022 de 13 de septiembre, cursante de fs. 87 a 101, concedió la tutela solicitada, al advertirse que las resoluciones emitidas por los Vocales y el Juez ahora accionados son vulneratorias del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, que deviene de la vulneración al derecho a la propiedad privada, que puede derivar en el desapoderamiento del bien inmueble, que constituye actualmente la vivienda del accionante; disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 308/2022, el Auto de 26 de abril de 2022, que resuelve el recurso de reposición; y, el Auto Interlocutorio 26/2022 de 8 del citado mes, que deniega o declara improcedente la tercería de dominio excluyente planteada por el accionante; la cual, fue dejada sin efecto ésta última constituyéndose en la que dio origen a las vulneraciones de sus derechos alegados por el accionante, se dispone la notificación personal del Juez hoy coaccionado, a objeto de que en el plazo legal establecido, emita una nueva resolución que resuelva la referida tercería de dominio excluyente conforme a los razonamientos expuestos en esa acción tutelar; b) Por el principio de auto restricción, no se puede disponer la nulidad de obrados que fue solicitado; ya que, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, exhortando a las autoridades que conozcan el proceso ejecutivo y los eventuales recursos a ejercitar una adecuada dirección del referido proceso, y una revisión de oficio de los antecedentes de dicho proceso a objeto de evitar que las resoluciones se tramiten con vicios de nulidad; c) Sin costas por entender excusable la actuación de los Vocales y Juez ahora accionados; y, d) En cuanto al derecho a la vivienda, al existir riesgo evidente y posible daño irremediable, se asume la medida cautelar provisional de que entre tanto no sean resueltas en las vías e instancias correspondientes, los efectos de la tercería de dominio excluyente planteado por el accionante, queda en suspenso la ejecución de los actos de desapoderamiento que dispuso el Juez hoy coaccionado, hasta que la presente Resolución no sea absuelta en su revisión. Todo ello bajo los siguientes fundamentos: 1) No es necesario incidir mucho en el contenido de las resoluciones cuya nulidad se solicita, porque los componentes de esas decisiones fueron que no se registró en la Oficina de DD.RR. el bien inmueble para que sea oponible a terceros; incluso tiene la prohibición dispuesta por el art. 360.II del CPC; por el cual, el Juez ahora coaccionado le indicó al accionante que al no registrar ni presentar un título de propiedad registrado en la Oficina de DD.RR. no puede realizar otras oposiciones y que ellas se encuentran reservadas para “otro proceso”; 2) Analizaron el tema de la posesión del bien inmueble, verificado en la audiencia de inspección ocular que estaba ejerciendo posesión; empero, señalaron que en su cédula de identidad figura otra dirección, no existiendo relevancia -en el reclamo-; sin embargo, el domicilio está consignado donde refiere la cédula de identidad y la vivienda es donde materialmente desarrolla sus actividades familiares y sociales; siendo ese el análisis que no fue realizado por los Vocales ahora accionados; 3) Se indica que de acuerdo a lo establecido por el art. 360.II del CPC, no sería procedente la excepción, al no acreditarse la titularidad registrada en la Oficina de DD.RR.; además, en el Auto de 26 de abril de 2022, que resuelve el recurso de reposición se refieren al art. 52 del CPC, mencionando doctrina y la “S.C. 767/2010”, emitida antes de la vigencia de esa norma procesal. Así también se menciona que por Auto de 7 de marzo del indicado año, se aprobó el remate y se extendió la minuta de adjudicación en favor de Efraín Sánchez Arias -ahora tercero interesado-, y que al encontrarse ejecutoriado esa determinación se tiene cosa juzgada y no podría revisarse esa decisión; argumentos que se consideran erróneos según lo manifestado por el accionante; 4) Los vicios del procedimiento debieron ser advertidos por los Vocales ahora accionados vía revisión de oficio y a través del saneamiento procesal; sin embargo, los mismos no efectuaron de manera adecuada su labor de dirección del proceso ejecutivo, ni la revisión aludida; 5) Los Vocales hoy accionados no repararon los errores ni sanearon los defectos; y si bien razonaron conforme a lo establecido por el art. 1538 del CC; no obstante, el contenido del art. 1301 del citado Código, contradice esa norma respecto al documento privado de compraventa del bien inmueble con reconocimiento de firmas de 12 de diciembre de 2014, que presentó el accionante; por el cual, existe una declaración bilateral que también es oponible a terceros a partir de la citada fecha del reconocimiento de firmas, y ello está vinculado a la norma que establece cuales son los títulos registrables en DD.RR., siendo uno de ellos los documentos privados reconocidos; 6) En la práctica jurídica, se plantean tercerías de dominio excluyente de mala fe, con la finalidad de “sacar” un bien inmueble de una ejecución acreditando una venta con un reconocimiento de firmas posterior; lo que no ocurre en el presente caso, en el que se presentó el contrato de compraventa con su reconocimiento de firmas realizados el 12 de diciembre de 2014, oportunidad en la cual también se otorgó al accionante el Testimonio de Poder 1007/2014 que no fue revocado; documentos que no fueron analizados integralmente por los Vocales hoy accionados; 7) Teniendo en cuenta lo dispuesto por los arts. 521 y 584 del CC, para que la venta se consolide no es necesaria ninguna otra formalidad; ya que, se opera por la simple concurrencia de las partes, así no se pague el precio y si la cosa fue entregada, la venta es exigible y se consumó en todos sus efectos; 8) El art. 52 del CPC, no exige un registro previo como componente de una tercería de dominio excluyente de la presentación de un registro en la Oficina de DD.RR.; ya que, los Vocales y el Juez ahora accionados, interpretaron erróneamente limitándose a aplicar lo establecido por el art. 360 del CPC, sin analizar adecuadamente sus dimensiones; 9) Considerando esa norma procesal, ninguna tercería de dominio excluyente suspende el trámite principal; además, cuando se presenta la inscripción en el registro público, el trámite que se debe dar a toda tercería queda dispensado; es decir, no es necesario, lo que significa que presentada la tercería de dominio excluyente con un registro en la Oficina de DD.RR. no se corrió en traslado a las partes; y el juez inmediatamente emitió una resolución excluyendo el bien inmueble de la ejecución o del embargo; después de dispuesta la cancelación recién se notificó a las partes, ello procedió cuando se acreditó el registro; siendo las partes ejecutante y ejecutada quienes pueden oponerse a la exclusión manifestando error o falsedad del registro; no siendo el tercerista -accionante- parte del proceso ejecutivo, y su única vinculación a dicho proceso es para excluir el bien; 10) En ese contexto, cuando al Juez hoy coaccionado indicó que las otras oposiciones no podían hacerse valer por el accionante, resulta ser un razonamiento incorrecto; puesto que, las oposiciones, se entiende que son las que pueden presentar únicamente las partes, de cualquier otro género, que no sean la falsedad o error, no serán admitidas sin perjuicio de hacerlas valer en el proceso que corresponda. El otro proceso donde pueden hacerse valer otras causales de oposición que solamente corresponden a las partes; por lo tanto, esa limitación no le afectaba al tercerista -accionante-; no obstante, y los Vocales y el Juez hoy accionados razonaron erróneamente, manifestando que al no acreditar derecho propietario el accionante, no podía alegar otra causa de oposición, lo que resulta incorrecto; 11) Teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 52 del CPC, se acreditó un derecho positivo con una transferencia de un bien inmueble a través de documentos que cuentan con valor legal; y también se acreditó que dichos documentos tienen existencia cierta, que data del 14 de febrero de 2014, con ello se establece que las resoluciones impugnadas no valoraron de manera adecuada esos elementos, interpretando indebida y erróneamente lo establecido por el art. 360.II del CPC, y omitieron valorar sin esa restricción el art. 52 del indicado Código; desconociendo los efectos dispuestos por el art. 1301 del CC, y no tomaron en cuenta la ponderación de derechos entre el art. 1538 y 1301 del CC; con ello, desconocieron la eficacia establecida por el art. 521 del CC, que son derechos materiales y que se sobreponen a los derechos formales; en tal sentido, carecen de motivación y fundamentación, siendo arbitrarias y lesivas a los derechos denunciados como vulnerados; 12) No es evidente que exista cosa juzgada como aseveran los Vocales ahora accionados, porque aparentemente el proceso ejecutivo concluyó en todas sus instancias y existen resoluciones que así lo determinan; sin embargo, ninguna de ellas fueron notificadas a Edwin Vargas Quispe, copropietario del bien inmueble; en tal sentido, la cosa juzgada no puede favorecer a la pretensión de Sonia Pacheco Ayma, -hoy tercera interesada- al no cumplirse con los requisitos que la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional establecen para ser válida y eficaz; 13) En cuanto a la buena fe que alega, Efraín Sánchez Arias, -ahora tercero interesado-, el remate del bien inmueble nunca afectó los derechos de Darlene Edith Maldonado Soria Galvarro, -ejecutada en el proceso ejecutivo-; ya que, los avisos de remate únicamente mencionan a Edwin Vargas Quispe, ejecutado en el mismo proceso; además, la aprobación del remate que los Vocales hoy accionados indican que estaría ejecutoriada, no mencionaron a la indicada ejecutada; quien si es mencionada en la minuta de adjudicación, emitida en favor del adjudicatario Efraín Sánchez Arias -hoy tercero interesado-, lo que constituye un acto irregular, causándole perjuicios a este último porque el proceso ejecutivo puede ser susceptible de nulidad; por lo que, sería ineficaz el derecho de propiedad que alega. Asimismo, los extremos descritos, no permiten desconocer el derecho del accionante y no puede ponderarse con los derechos de la ejecutante y del adjudicatario, por la inactividad de los Vocales ahora accionados que no orientaron adecuadamente el proceso ejecutivo; 14) En el Informe pericial de avalúo técnico de inmueble de 14 de abril de 2021, se hizo conocer que el bien inmueble se encontraba ocupado por una tercera persona; por ello, antes de su aprobación, el Juez hoy coaccionado debió convocar al accionante al proceso ejecutivo para que indique los motivos por los cuales estaba en posesión del mismo; y, 15) El día de admisión de esta acción tutelar, el Juez ahora coaccionado a solicitud de Efraín Sánchez Arias hoy tercero interesado, dispuso se notifique al accionante y otros a objeto de que entreguen el bien inmueble, bajo alternativa de expedirse mandamiento de desapoderamiento, determinación en la cual no se mencionó a Edwin Vargas Quispe como copropietario; y al pretenderse ejecutar dicho mandamiento, se activó la protección provisional de su derecho a la vivienda, entretanto no se encuentre dilucidado correctamente. En vía de explicación Efraín Sánchez Arias hoy tercero interesado, en audiencia solicito a la Sala Constitucional, se aclare respecto a los argumentos expuestos en la determinación asumida; ya que, entendió que el accionante llegaría a ser el propietario del inmueble. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional, manifestó que existían documentos que debían valorarse conforme a los razonamientos expresados por el Juez ahora coaccionado; sin embargo, su condición de adjudicatario se mantenía; empero, al estar cuestionado, quedaría “congelada” hasta que la acción de defensa retorne del Tribunal Constitucional Plurinacional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 16 de marzo de 2022, ante Andrés Ojeda Surco, Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Oruro -hoy coaccionado-; por el cual, Omar Livio Canavoni Gonzales -ahora accionante- interpuso tercería de dominio excluyente, solicitando se excluya del embargo su bien inmueble y se salven sus derechos por ser propietario del referido bien inmueble (fs. 3 a 4 vta.); asimismo, por Auto Interlocutorio 26/2022 de 8 de abril, emitido por el referido Juez; fue declarada improbada dicha demanda (fs. 8 a 10 vta.) II.2. Consta memorial presentado el 14 de abril de 2022, ante el Juez ahora coaccionado; por el que, el accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio 26/2022, solicitando que se modifique la decisión asumida en ese Auto Interlocutorio y se declare probada su tercería; empero, en caso de no modificarse, se conceda el recurso de apelación -alternativamente planteado- (fs. 11 a 13). II.3. Mediante Auto de Vista 308/2022 de 25 de mayo, emitida por Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionados-, confirmaron el Auto Interlocutorio 26/2022 y el Auto de 26 de abril de 2022, pronunciados por el Juez ahora coaccionado (fs. 14 a 18).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a la propiedad privada en su elemento de contar con una vivienda digna; puesto que: i) El Juez hoy coaccionado declaró improbada su tercería de dominio excluyente, bajo el errado concepto de que la oponibilidad del derecho propietario únicamente se logra con el registro en DD.RR., que le otorga publicidad, sin valorar la prueba presentada; ii) Los Vocales ahora accionados indicaron que esa tercería de dominio excluyente procede únicamente cuando se realiza la inscripción del derecho propietario en DD.RR., a los fines establecidos por el art. 1538 del CC, que le otorga oponibilidad ante terceros y publicidad, lo que su persona no acreditó, y que el documento privado de compraventa surte efectos solo entre los suscribientes, herederos y causahabientes, no siendo oponible a los ejecutantes; además, que existía cosa juzgada material y la imposibilidad de reabrir algún debate; iii) Los Vocales y el Juez hoy accionados no consideraron el tenor dispuesto por el art. 52 del CPC; ya que, según lo referido es incorrecto el razonamiento en cuanto a que el registro en la Oficina de DD.RR. es el único medio para excluir válidamente a un bien inmueble de la ejecución; puesto que, es idóneo para acreditar esa condición excluyente, cualquier derecho positivo y de existencia cierta, siendo en el caso concreto, el documento privado de compraventa del bien inmueble con reconocimiento de firmas de 12 de diciembre de 2014; iv) No fundamentaron ni motivaron sobre la naturaleza consensual del contrato de compraventa y que para su validez no requiere ninguna otra formalidad, consumándose el mismo desde el momento en que concurre la voluntad de los contratantes y a partir de esa fecha de compraventa, el bien inmueble dejó de pertenecer al patrimonio de los ejecutados; y, v) No realizaron la valoración del Testimonio de Poder 1007/2014, ni el indicado documento privado de compraventa, tampoco se analizó su valor probatorio que genera con relación al derecho a la posesión; argumentos que no merecieron pronunciamiento alguno.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, estableció que: "'…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo’. De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho”. La SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto citando a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, indicó que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…)
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a la propiedad privada en su elemento de contar con una vivienda digna; puesto que: a) El Juez hoy coaccionado declaró improbada su tercería de dominio excluyente, bajo el errado concepto de que la oponibilidad del derecho propietario únicamente se logra con el registro en la Oficina de DD.RR., que le otorga publicidad, sin valorar la prueba presentada; b) Los Vocales ahora accionados indicaron que esa tercería de dominio excluyente procede únicamente cuando se realiza la inscripción del derecho propietario en DD.RR., a los fines establecidos por el art. 1538 del CC, que le otorga oponibilidad ante terceros y publicidad, lo que su persona no acreditó, y que el documento privado de compraventa surte efectos solo entre los suscribientes, herederos y causahabientes, no siendo oponible a los ejecutantes; además, que existía cosa juzgada material y la imposibilidad de reabrir algún debate; c) Los Vocales y el Juez hoy accionados no consideraron el tenor dispuesto por el art. 52 del CPC; ya que, según lo referido es incorrecto el razonamiento en cuanto a que el registro en DD.RR. es el único medio para excluir válidamente a un bien inmueble de la ejecución; puesto que, es idóneo para acreditar esa condición excluyente, cualquier derecho positivo y de existencia cierta, siendo en el caso concreto, el documento privado de compraventa del bien inmueble con reconocimiento de firmas de 12 de diciembre de 2014; d) No fundamentaron ni motivaron sobre la naturaleza consensual del contrato de compraventa y que para su validez no requiere ninguna otra formalidad, consumándose el mismo desde el momento en que concurre la voluntad de los contratantes y a partir de esa fecha de compraventa, el bien inmueble dejó de pertenecer al patrimonio de los ejecutados; y, e) No realizaron la valoración del Testimonio de Poder 1007/2014, ni el indicado documento privado de compraventa, tampoco se analizó su valor probatorio que genera con relación al derecho a la posesión; argumentos que no merecieron pronunciamiento alguno.
Con carácter previo a ingresar a analizar la problemática planteada, se evidencia que a través del presente medio de defensa constitucional de carácter tutelar, el accionante identifica como los actos vulneratorios de sus derechos, a las determinaciones asumidas por el Juez hoy coaccionado, en el Auto Interlocutorio 26/2022, que declaró improbada su tercería de dominio excluyente; y en el Auto de 26 de abril de 2022, que resolvió el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; asimismo, los Vocales ahora accionados, en el Auto de Vista 308/2022, que confirmó las resoluciones mencionadas; sin embargo, corresponde aclarar que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede emitir un pronunciamiento sobre las resoluciones emitidas por el Juez hoy coaccionado -debiendo denegarse la tutela solicitada en cuanto al mismo-; puesto que, no se constituye en una etapa recursiva adicional o paralela de la jurisdicción ordinaria; en tal sentido, bajo el principio de subsidiariedad, la revisión solo se realizará a partir del indicado Auto de Vista, como la última determinación emitida, el cual tuvo la posibilidad de corregir, reparar, revocar y/o anular cualquier presunto error o ilegalidad generada en la emisión de las resoluciones de primera instancia, las cuales como se tiene indicado, no ameritan ser analizadas por esta jurisdicción.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que en la etapa de ejecución de sentencia del proceso ejecutivo seguido por Sonia Pacheco Ayma contra Edwin Vargas Quispe y Darlene Edith Maldonado Soria Galvarro; el accionante, de conformidad a lo establecido por el art. 52 del CPC, interpuso tercería de dominio excluyente, adjuntando al efecto el documento privado de transferencia de bien inmueble de 12 de diciembre de 2014, debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas, y el Testimonio de Poder 1007/2014, refiriendo entre otros aspectos, no tener su derecho propietario registrado en la Oficina de DD.RR.; empero, consolidó la venta con la posesión sobre el bien inmueble rematado y adjudicado desde el momento de la transferencia realizada en su favor; motivo por el cual, solicitó se excluya del embargo su bien inmueble y se salven sus derechos por ser propietario del mismo. En ese sentido, el Juez hoy coaccionado por Auto Interlocutorio 26/2022, declaró improbada dicha tercería (Conclusión II.1.); contra esa determinación emitida, el accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación el 14 de abril de 2022, solicitando su modificación y se declare probada su tercería, caso contrario se conceda el recurso de apelación planteado de manera alternativa (Conclusión II.2.). El recurso de reposición bajo alternativa de apelación fue resuelto por Auto de 26 de abril de 2022, -se entiende, no dando curso a la reposición-, por lo que se concedió el recurso de apelación alternativamente planteado en el efecto devolutivo (fs. 14); pronunciando los Vocales ahora accionados el Auto de Vista 308/2022; por el cual, confirmaron el Auto Interlocutorio 26/2022 y el Auto de 26 de abril de 2022, pronunciados por el Juez hoy coaccionado (Conclusión II.3.). Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se advierte que el accionante identifica como el acto vulneratorio de derechos, a la determinación asumida por los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 308/2022, denunciando que el mismo vulneró, entre otros, su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; en ese sentido, con la finalidad de verificar si esa denuncia resulta evidente, corresponde contrastar los argumentos del recurso de reposición bajo alternativa de apelación planteado por el accionante y los argumentos del Auto Interlocutorio 26/2022 que fueron expuestos por el Juez ahora coaccionado. Al respecto, se tiene que en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, se señaló lo siguiente:
1) El Juez hoy coaccionado al pretender que su persona inicie una demanda contra sus vendedores, dejando que lo despojen de su vivienda, lo dejaría en la calle; y al transferirse el bien inmueble en su favor, consolidó su posesión de manera inmediata junto a su familia, realizando construcciones y refacciones para poder habitarla; ya que, “a la fecha” se encuentra habitando el bien inmueble como se evidenció en la audiencia de inspección ocular; 2) Si bien el art. 1538.I del CC refiere que: “Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código”; sin embargo, no dispone que su compra no tendría ningún efecto hasta no registrarlo, porque como señaló, por falta de recursos económicos y una mala orientación, los trámites administrativos no los terminó de realizar en su oportunidad, menos desconfió de los anteriores propietarios; puesto que, eran sus conocidos;
3) Teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 109.II de la CPE, 1297 del CC relativo a la eficacia del documento privado reconocido, y 1301.I del mismo Código, referido a la fecha del documento privado respecto a terceros; como se evidencia del documento privado de transferencia del bien inmueble suscrito el 12 de diciembre de 2014, que se encuentra reconocido ante autoridad competente -Notaría de Fe Pública 8 de la ciudad de Oruro-, así como del Testimonio de Poder 1007/2014, la venta realizada es completamente válida a pesar de no realizarse el correspondiente registro; además, debe considerarse que el bien inmueble no sufría ningún gravamen; por lo que, las deudas adquiridas posterior a la venta, por Edwin Vargas Quispe y Darlene Edith Maldonado Soria Galvarro, no tendría por qué afectarle y menos atentar contra su derecho propietario;
4) La doctrina estableció cuales son las características, naturaleza y requisitos de procedencia de la tercería de dominio excluyente en proceso de ejecución, señalando que podía ser planteada en primera o segunda instancia y aun en ejecución de sentencia, y que para ser admitida deberá ser acompañada de un documento público o privado reconocido que demuestre el dominio sobre el bien inmueble o mueble sujeto a registro, debidamente inscrito en la repartición que correspondiese con anterioridad a la inscripción de embargo del título contra el cual se opusiese;
5) Si bien como tercerista no cumpliría con el requisito de estar registrado en la Oficina de DD.RR. como propietario del bien inmueble que se pretende excluir de la ejecución, se debe analizar que conforme al marco jurídico y al encontrarse en un estado de derecho constitucional, en que los jueces no son simples aplicadores de la ley, sino que se constituyen en sus intérpretes en cada caso, atendiendo sus características y bajo el incansable deber de procurar la materialización del valor justicia, que es dar a cada uno lo que en derecho y verdad material les corresponde. Bajo esas premisas, toda resolución judicial y la labor de administrar justicia debe estar basada y fundamentada a partir de los derechos, principios y valores constitucionales, como la aplicación directa de los derechos, siendo uno de ellos el derecho a la propiedad privada, su resguardo y protección, así como materializar el valor justicia, bajo el principio de verdad material;
6) De acuerdo a los arts. 452, 519, 548, “1279” -siendo lo correcto 1297-y 1301 del CC, el contrato es eficaz a partir del acuerdo y consentimiento de las partes, siendo que la compraventa del bien inmueble se efectivizó con este acuerdo y pago del precio, teniéndose que el documento privado de compraventa -hace la misma fe- que el documento público entre las partes y a efectos de terceros, y no como el Juez hoy coaccionado expresa en el Auto Interlocutorio 26/2022, señalando que no puede perjudicar a terceros y los derechos del tercerista solo tienen efecto entre las partes contratantes, debiendo activar el mismo todas las vías idóneas contra sus vendedores; y,
7) Se debe tomar en cuenta que desde la eficacia del contrato de compraventa, y estando demostrado que su persona es quien “a la fecha” se constituye como propietario del bien inmueble que se pretende rematar para pagar la deuda de los ejecutados, debe determinarse que pese a la falta del registro en la Oficina de DD.RR. por cualquier causa, no se puede afectar su propiedad por temas formales de procedimiento; es decir, que demostrándose que su persona es el actual dueño y propietario del bien inmueble, al no tener deuda alguna con la ejecutante, no resultaría correcto, menos legal y justo, el que se someta a remate su bien inmueble que ya no es de propiedad de los ejecutados; por lo que, fue transferido a su persona mucho antes de la constitución del título ejecutivo y del embargo dispuesto en el proceso ejecutivo. Sobre esos cuestionamientos, el Auto de Vista 308/2022, consignó los siguientes argumentos: i) El recurrente -accionante- indica que el documento privado de compraventa del bien inmueble con reconocimiento de firmas de 12 de diciembre de 2014 se encuentra debidamente reconocido ante autoridad competente, así también -se refiere al- Testimonio de Poder 1007/2022, señalando que la venta realizada es válida, pese a no realizarse el correspondiente registro en la Oficina de DD.RR. y que el bien inmueble no sufría ningún gravamen; además, que las deudas adquiridas de manera posterior a la venta no tendrían por qué afectarle y menos atentar contra su derecho propietario. Al respecto, del análisis de la resolución impugnada, se tiene que el Juez hoy coaccionado sobre esta temática indicó: “…empero debemos hacer hincapié que, en audiencia de inspección al inmueble rematado, efectivamente se verificó el ejercicio de la posesión por parte del tercerista…” (sic); ii) De la lectura del “memorial de apelación”, así como de las pruebas aportadas al formular la tercería de dominio excluyente, y de lo resuelto por el Juez ahora coaccionado, se tiene que el recurrente -accionante- es poseedor del bien inmueble objeto del proceso ejecutivo desde el 12 de diciembre de 2014; verificandose su posesión; sin embargo, no realizó la inscripción en la Oficina de DD.RR., conforme lo dispuesto por el art. 1538 del CC, referido a la publicidad de los derechos reales, que dispone: “I. Ningún derecho real sobre inmuebles…” (sic);
iii) Por otro lado, se tiene que por Auto Interlocutorio de 7 de marzo de 2022, se aprobó el remate y subasta pública realizada el 24 de febrero de ese año, donde se ordenó se extienda la minuta para su protocolización ante Notaria de Fe Pública a nombre de Efrain Sánchez Arias adjudicatario, resolución que por Auto de 22 de marzo de igual año, fue expresamente ejecutoriado, limitando a los Vocales hoy accionados retrotraer etapas del proceso, cuando era responsabilidad del recurrente -accionante- proceder a la inscripción del bien inmueble en la Oficina de DD.RR. a objeto de ser oponible a terceros; más aún cuando se tiene referencias de que “en otro proceso” opuso tercería similar, resultando una negligencia reiterada del recurrente -accionante- de no realizarse la inscripción en la Oficina de DD.RR.;
iv) Cuando el adjudicatario solicitó la ejecutoria de la resolución 16/2022 de 7 de marzo, el recurrente -accionante- ya tenía conocimiento de la causa, sin realizar oposición alguna contra esa determinación que declaró la ejecutoria del Auto del indicado día y mes de 2022, convalidando actuados;
v) Con relación a los demás argumentos que más que una expresión de agravios, son criterios o apreciaciones propias del recurrente -accionante-; sin embargo, corresponde precisar que si bien el documento privado de compraventa del bien inmueble con reconocimiento de firmas de 12 de diciembre de 2014 es válido; empero, esa eficacia surte efectos entre los suscribientes, sus herederos y causahabientes, no siendo oponible a terceros en virtud a lo establecido por el art. 1538 del CC; por consiguiente, para viabilizar la procedencia de la tercería de dominio excluyente se debe cumplir con ese requisito; por lo que, dicho aspecto no tiene nada que ver con la materialización del valor justicia que se reclama, o el derecho a la propiedad privada, porque no se está invalidando dicho documento, tampoco se desconoce su eficacia, sólo que no es oponible a terceros; y, vi) En cuanto a su derecho a la posesión, el recurrente -accionante- tiene la vía abierta para reclamar sus derechos. Ahora bien, teniendo en cuenta la denuncia de falta de fundamentación, motivación y congruencia efectuado por el accionante, corresponde señalar que sobre esos elementos del derecho al debido proceso, el razonamiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, señaló que la fundamentación y motivación de las resoluciones implica que éstas deban contener las razones que sustentan la decisión asumida, la exposición de los hechos, así como el sustento jurídico, lo que no significa una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que debe ser clara y concisa; además, de integrar todos los puntos demandados, debiendo exponerse los argumentos y las razones que justifiquen la determinación basada en los hechos y las normas que sostienen la parte dispositiva de las resoluciones, con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso. Asimismo, en cuanto a la congruencia, se indicó que la misma comprende la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; así también, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios planteada por las partes e implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva de la resolución, que debe mantenerse en todo su contenido; es decir, entre los distintos considerandos y razonamientos Bajo ese contexto jurisprudencial y con relación a la congruencia, de la contrastación realizada entre los cuestionamientos expuestos en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación y lo resuelto por el Auto de Vista 308/2022 hoy impugnado, se puede evidenciar que los Vocales ahora accionados, al resolver dicho medio de impugnación no emitieron un pronunciamiento puntual sobre el fondo de todos esos cuestionamientos; es así por ejemplo que, en cuanto al argumento de la consolidación inmediata de su posesión por efecto de la transferencia del bien inmueble realizado en su favor, no existe ninguna alegación propia por parte de los Vocales hoy accionados. Así también, no se advierte una respuesta puntual sobre los justificativos expuestos por el accionante que le impidió registrar el bien inmueble adquirido y el argumento de que el contenido normativo del art. 1538.I del CC, no dispondría que la compra realizada no tendría ningún efecto hasta el momento de registrarlo. Además, si bien los Vocales ahora accionados se refirieron parcialmente sobre el reclamo relativo a la validez de la compraventa realizada en su favor, pese a no realizarse el correspondiente registro; sin embargo, no se manifestaron sobre el argumento relativo a la inexistencia de gravamen inscrito sobre el bien inmueble, y que las posteriores deudas adquiridas por sus vendedores no tendrían por qué afectarle ni atentar contra su derecho propietario. Tampoco existe un pronunciamiento sobre la eficacia del documento privado de compraventa del bien inmueble con reconocimiento de firmas de 12 de diciembre de 2014, a partir del acuerdo y consentimiento de las partes, y respecto a que la compraventa del bien inmueble se efectiviza con ese acuerdo y el pago del precio; por lo que, el citado documento privado reconocido tendría la misma eficacia que el documento público entre las partes y con relación a terceros. De lo expuesto y al evidenciar que los reclamos realizados por el accionante no merecieron una respuesta acorde con el fondo de lo específicamente cuestionado en su recurso de reposición bajo alternativa de apelación, y que también se emitió un pronunciamiento parcial sobre uno de los agravios expuestos en dicho medio de impugnación; aspectos que en el marco del razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional en su elemento de congruencia, entendido como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; motivo por el cual, corresponde conceder la tutela solicitada por el accionante a través del presente medio de defensa constitucional, con la finalidad de que los Vocales ahora accionados, emitan un pronunciamiento puntual sobre los cuestionamientos extrañados en su análisis. Además, queda corroborada la falta de congruencia advertida en el Auto de Vista 308/2022, cuando los Vocales hoy accionados se niegan a analizar todos los cuestionamientos expuestos en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación presentado el 14 de abril de 2022, bajo el argumento de que los demás reclamos de ese recurso no constituirían una expresión de agravios, sino que serían criterios o apreciaciones propias del accionante; alegación que no es compartida por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional; ya que, esos cuestionamientos forman parte del marco estructural de los agravios del medio de impugnación planteado y que bajo el razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, merecen un pronunciamiento puntual y preciso por los Vocales ahora accionados, con la debida motivación y fundamentación. En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación y motivación, al referirse sobre el documento privado de compraventa del bien inmueble con reconocimiento de firmas de 12 de diciembre de 2014 y el Testimonio de Poder 1007/2022, y las deudas adquiridas por sus vendedores de manera posterior a la venta del bien inmueble rematado; los Vocales hoy accionados con la finalidad de pretender respaldar sus aseveraciones, procedieron a transcribir in extenso los argumentos expuestos por el Juez ahora coaccionado en el Auto Interlocutorio 26/2022 que resolvió declarando improbada la tercería de dominio excluyente interpuesta por el accionante (fs. 8 a 10 vta.). De lo expuesto, se advierte que los Vocales hoy accionados no elaboraron un argumento propio respecto a los cuestionamientos realizados por el accionante, limitándose a la cómoda e irregular tarea de reproducir y transcribir las aseveraciones del Juez ahora coaccionado que fueron objeto de observaciones y reclamos, para pretender descartar los agravios expuestos en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; sin percatarse que en su condición de Tribunal de segunda instancia, tienen la obligación de brindar una respuesta puntual y concreta sobre todos los cuestionamientos que se expongan, esbozando al efecto sus propias argumentaciones y exponiendo sus criterios jurídicos sobre las problemáticas puestas en su conocimiento; además de fundamentar y motivar su determinación asumida en el Auto de Vista 308/2022, labor que en coherencia con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, conlleva la exposición de la justificación normativa de la decisión asumida; es decir, la mención de las normas del ordenamiento jurídico que sustentan la parte dispositiva de la resolución; así como la motivación respectiva de esa determinación, que conforman la estructura jurídico-legal y de razonamientos que respaldan los entendimientos asumidos por el administrador de justicia; aspectos que no se evidencian en la respuesta brindada por los Vocales hoy accionados, quienes realizaron una copia in extensa de argumentos sin exponer el correspondiente fundamento legal ni la justificación razonada para confirmar las determinaciones asumidas en el Auto Interlocutorio 26/2022 y Auto de 26 de abril de 2022. Similar situación a la expuesta, derivando en la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 308/2022, se evidencia cuando los Vocales ahora accionados intentan pronunciarse respecto a la calidad de poseedor del accionante sobre el bien inmueble objeto del proceso ejecutivo; ya que, para descartar ese argumento, proceden a transcribir el contenido normativo íntegro dispuesto por el art. 1538 del CC, sin expresar algún razonamiento que respalde esa norma sustantiva, situación que vulnera el derecho al debido proceso del accionante, y que debe ser enmendado por referidos Vocales. Asimismo, se advierte que los Vocales hoy accionados, para sustentar la determinación asumida en el Auto de Vista 308/2022 ahora impugnado, procedieron a referirse al “Auto Interlocutorio” que aprobó el remate y ordenó se extienda la minuta respectiva para su protocolización ante el Notario de Fe Pública a nombre del adjudicatario, el cual fue declarado ejecutoriado; así también, mencionaron que el accionante a pesar de tener conocimiento del proceso ejecutivo, no realizó ninguna oposición contra esa determinación que declaró ejecutoriado el Auto de 7 de marzo de 2022; sin embargo, no fundamentaron ni motivaron, y menos precisaron cómo las situaciones descritas tendrían alguna incidencia en el trámite de la tercería de dominio excluyente o en la decisión asumida en el Auto de Vista 308/2022. Además, que no tomaron en cuenta que dichas aseveraciones no guardan ningún tipo de relación con el fondo de los agravios expuestos por el accionante en su recurso de reposición bajo alternativa de apelación, y cuyo análisis, al margen de lo específicamente reclamado, denota la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 308/2022, ahora impugnado. Por todo lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada con relación del derecho al debido proceso, al ser evidente la denuncia de falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 308/2022; el cual, debe quedar sin efecto ni validez alguna por las razones manifestadas. Debido a los argumentos expuestos, no corresponde emitir pronunciamiento alguno sobre la denuncia de falta de valoración de la prueba, como elemento del derecho al debido proceso, ni sobre el derecho a la propiedad en su elemento de contar con una vivienda digna; al quedarse sin efecto el Auto de Vista 308/2022 hoy impugnado; en consecuencia, los actuados posteriores, entre ellos, la orden de notificación y entrega del bien inmueble, bajo advertencia en caso de negativa, de librarse mandamiento de desapoderamiento (fs. 79). Finalmente, en cuanto a la solicitud de imposición de costas, estas no pueden ser consideradas en razón a la tutela parcialmente concedida y a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), correspondiendo denegar la misma. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 113/2022 de 13 de septiembre, cursante de fs. 87 a 101, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 308/2022 de 25 de mayo, debiendo los Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pronunciar nuevo auto de vista conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Oruro; asimismo, con relación a los derechos al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba y a la propiedad en su elemento de contar con una vivienda digna; y, a la solicitud de imposición de costas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0337_2024-S3.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): fbc453986e2dbdfb94ccf7b09e3741741089b0d7f8301ba4fff814e54c3fb2c2
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