Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato denunció como lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad; toda vez que, el Vocal demandado, con una fundamentación y motivación arbitraría, incongruencia omisiva y aditiva y no efectuando una valoración correcta de la prueba, en cuanto a los razonamientos del art. 235 numerales 1 y 2 del CPP, mediante Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, confirmó la Resolución que determinó su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 002/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 146 a 158, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Cochabamba; en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, y ordenando a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba a través del Vocal que corresponda, emita una nueva resolución, dando respuesta únicamente al primer agravio citado en el inciso a) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando la situación jurídica de Omar Humberto Terrazas Morales no hubiese cambiado concordante con el carácter provisional de las medidas cautelares; y,
2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al segundo y tercer agravio –incisos b y c)–, y no valoración razonable de la prueba, esto conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0336/2025-S4 Sucre, 17 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51725-2022-104-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 002/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 146 a 158, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortíz y Luz Daniela Delgadillo Panozo en representación sin mandato de Omar Humberto Terrazas Morales contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 53 a 59; el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que le sique el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa agravada; en la audiencia de medidas cautelares de 12 de octubre de 2022, y mediante Auto Interlocutorio de la citada fecha, se dispuso su detención preventiva, dejando “latente los art. 235.1.2 del adjetivo penal” (sic); por lo que interpuso recurso de apelación contra la referida Resolución; empero, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandado–, por Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, ratificó el mencionado Auto Interlocutorio, lesionando el debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración razonable de la prueba. Es decir: a) La merituada autoridad, refirió que no habría fundamentado de forma correcta la identificación del agravio y menos presentado algún argumento para destruir lo generado por la fuerza en primera instancia, cuando la observación que realizó a través de su defensa técnica en la audiencia de apelación está vinculada con la obligación de identificar de forma individualizada los documentos sobre los cuales se va a construir el art. 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez que, el razonamiento de la autoridad de instrucción sería arbitrario, por que nace de una valoración defectuosa de la prueba, al utilizar una audiencia de conciliación para indicar de que hubiera identificado diferentes documentos que no habría entregado todavía a la parte denunciante, cuando no existe un acta de dicha audiencia que pueda aseverar ese extremos, máxime cuando el agravio se vincula directamente con la falta de identificación de esos documentos, y conforme al art. 231bis V del citado Código, tendría la parte acusadora la obligación de la carga de la prueba; b) Asimismo, el Vocal demandado manifiesta que no se puede justificar la negación con la negación, generando una verbigracia que es un tipo de motivación arbitraria al entender de que sería su obligación de identificar qué documentos supuestamente tendría que restituir a las víctimas, cuando en la utilizada audiencia de conciliación no se tiene un acta en la cual se pueda verificar específicamente que haya introducido la existencia de algún otro documento; por lo que, la citada autoridad al solicitarle en la audiencia de apelación que sea quien genere la carga de la prueba, no construye el art. 235.1 del CPP; y, también se constituye en una motivación completamente arbitraría y genera asimismo una incongruencia omisiva externa; toda vez que, no estaría pronunciando sobre el agravio específico en cuanto a la falta de fundamentación que realizó la Jueza de instrucción con respecto a la identificación de dichos elementos; c) De igual manera, la autoridad demandada, con una motivación arbitraría, señaló que en la audiencia de apelación no escuchó algún argumento que destruya la construcción del art. 235.1 del CPP de la Jueza de instrucción; empero, en dicho verificativo, no tendría que enervar ni destruir un peligro, porque estaría consintiendo la mala fundamentación y motivación de la Jueza inferior; d) Del mismo modo, con respecto al art. 235.2 del CPP, el Vocal demandado refirió que en el audiencia de apelación su defensa técnica no hubiera argumentando específicamente como podría influenciar sobre las personas; sin embargo, esta argumentación es una incongruencia aditiva externa, porque en ningún momento la fundamentación de su defensa fue en virtud a la supuesta no influencia de las partes, sino indicó claramente de que no se habría identificado sobre quienes se podría influir, y que ese error de la Jueza de instrucción se debía de corregir; e) Además, de forma retórica señaló que serían estos los motivos por los cuales está materializando la construcción del art. 235 numeral 2 del CPP para llegar a la verdad histórica de los hechos, resistiéndose a pronunciarse sobre el fondo de que no se había identificado sobre que personas supuestamente iba a influenciar, y cuando era obligación del Ministerio Público y de la parte acusadora señalar el mismo; y, f) Por último no hubiera una valoración razonable de la prueba; siendo que, habiendo expuesto y acreditado en la audiencia de medidas cautelares que se encontraba a cargo de dos menores de edad, y por protección del interés superior del menor, debía considerarse un arraigo natural y social a su favor; empero, además que dicho argumento no fue tomado en cuenta por la autoridad inferior, el Vocal demandado en apelación indicó que el referido extremo no se encontraba en la resolución; empero, si bien no se estaba en la resolución apelada, y este sería el motivo del reclamo en apelación, el mismo se encontraba en las grabaciones de la “audiencia primigenia”; por lo que, se evidenciaría que no se realizó una valoración integral de los antecedentes del proceso, y una incongruencia omisiva externa.
El accionante a través de sus representantes sin mandato denunció lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, o se reinstale el acto procesal, debiendo valorar correctamente el razonamiento del art. 235 numerales 1 y 2 del CPP, y la necesidad con base en la improcedencia de la detención preventiva fundamentada conforme a las denuncias realizadas.
Celebrada la audiencia pública el 11 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 145 y vta., presente el solicitante de tutela, y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de sus abogados, en audiencia, ratificó íntegramente los términos expuestos en su demanda de acción de defensa.
Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 11 de noviembre de 2022, cursante de fs. 113 a 118, manifestó que: 1) El accionante en su demanda de acción tutelar, simplemente se limitó a realizar una descripción de los antecedentes procesales del hecho investigado, con una superabundante enunciación de sentencias constitucionales transcritas de manera textual en la mayor parte de su escrito, y con argumentos totalmente de orden subjetivos que no reflejaron de ninguna manera los verdaderos fundamentos expuestos en el Auto de Vista de 24 de octubre de 2022; cuando resolvió la apelación formulada, bajo una correcta valoración de los antecedentes remitidos en grado de apelación, con fundamentos claros, precisos, suficientemente motivado, y de acuerdo a la exigencia prevista en el art. 124 del CPP; 2) El Auto de Vista cuestionado, no contiene una motivación arbitraría y menos retórica ni tampoco vulnera el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; por lo que, mal podría denunciar el impetrante de tutela lesión de dichos derechos, ya que emitió una resolución totalmente claro y congruente a los datos del proceso; 3) Al cuestionarse en apelación la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los numerales 1 y 2 del art. 235 del CPP, no se pudo apreciar de manera clara y contundente las vulneraciones alegadas, teniendo en cuenta que cuando se presenta una apelación, esta debe exponerse de forma muy concreta en que consiste cada una de las lesiones y no de manera genérica; y, 4) El Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, no vulneró el debido proceso en cuanto a la motivación, fundamentación, congruencia y valoración razonable de la prueba; puesto que, se aplicó la normal legal inherente a la materia, a partir de la interpretación objetiva de la misma, y enmarcadas en los principios de legalidad, proporcionalidad y jerarquía normativa; además, se dotó de esencia material a la seguridad jurídica mediante un pronunciamiento, y se dio una respuesta idónea, eficaz, oportuna y pronta a las pretensiones de quienes activaron el recurso de apelación como ser la víctima y el imputado; toda vez que, los elementos probatorios cursantes en el cuadernillo de apelación, merecieron un análisis suficiente y razonado que permitieron la emisión de la Resolución del Recurso de apelación, observando el fallo impugnado, y con base en una apreciación objetiva se otorgó al acervo probatorio una calificación razonable que no causa agravio a ninguna de las partes; por lo que, conforme a todo lo expuesto solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 002/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 146 a 158, concedió la tutela solicitada, disponiendo la “anulación” del Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, y debiendo la autoridad demandada, dentro de las veinticuatro horas de notificación con la presente, dictar una nueva resolución debidamente fundamentada, y conforme a las exigencias previstas en los arts. 124 y 173 del CPP; ello con base a los siguientes fundamentos: i) Según la revisión de los agravios expuestos en el acta de audiencia y resolución de apelación, puede advertirse la vulneración al debido proceso; puesto que, en el Auto Interlocutorio apelado, la Jueza a quo razonó erróneamente al concluir que concurriría el peligro de fuga previsto en el art. 235 numerales 1 y 2 del CPP, y al contravenir el mandato de la Ley y la jurisprudencia, y porque dicho agravio no ha sido corregido por el Tribunal de alzada; así también, se omitió en pronunciarse sobre el hecho de que el accionante se encontraría a cargo de sus hijos menores de edad; ii) Realizada la contrastación de los argumentos de la Resolución cuestionada, con respecto a las disquisiciones expuestas por el impetrante de tutela, se concluye que la autoridad demandada no dio cumplimiento en su deber de motivar su resolución como elemento del debido proceso, debido a que conforme a lo desarrollado de la “SC 221/2012”, la motivación expuesta resultaría arbitraria e insuficiente, ya que era deber de la Jueza a quo identificar de forma individualizada, cuáles serían los documentos que considera podría el imputado destruir, modificar, ocultar, etc., a fin de construir el peligro de fuga previsto en el art. 235 numeral 1 del CPP, y si estuviera cimentado sobre hechos objetivos y no presunciones negativas de carácter especulativo, fundadas en una valoración defectuosa de la prueba; por lo que, sería coherente la observación efectuada por el solicitante de tutela, en cuanto a que no basta que exista la referencia de una audiencia de conciliación; puesto que, este hecho en concreto deber ser acreditado como prueba idónea si hubiera ocurrido, y de ahí determinarse como incidir en el riesgo aludido; iii) De igual manera ocurriría respecto a la construcción del peligro de obstaculización, previsto en el en el art. 235 numeral 2 del aludido Código; toda vez que, no se advierte que la autoridad inferior ni el Vocal demandado, hubieran identificado de manera clara, sobre que personas supuestamente el imputado podría desplegar acciones a fin de influir negativamente con el afán de perjudicar la investigación, al limitarse en líneas generales la autoridad demandada en reiterar los argumentos de la Jueza a quo; y, iv) Referente a la falta de valoración razonable de la prueba, dicho argumento sería válido, en razón que conforme a las actas de las audiencias de aplicación de medidas cautelares y la resolución de apelación, se advierte que el accionante puso en conocimiento tanto a la Jueza a quo y Vocal demandado, que se encontraba a cargo de dos menores de edad, presentando la documentación para tal efecto, y solicitando que sea considerado dicho aspecto; empero, se denota que en apelación no se corrigió tal omisión, ya que carece de sentido que se alegue que: “…aquel extremo no se encontró en la resolución apelada, como se estableció en el Auto de Vista y no podía en esta instancia pretender se haga un análisis pormenorizado de un supuesto que no estaba consignado en la resolución sujeto a revisión…” (sic); por lo que, conforme a todo lo precitado, se evidencia que la autoridad demandada confirmó la resolución impugnada con base en una motivación arbitraría e insuficiente, y que tiene origen en una valoración irrazonable de la prueba.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 12 de octubre de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva de Omar Humberto Terrazas Morales –ahora accionante–, en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de estafa agravada (fs. 142 a 144). II.2. Mediante Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ante el recurso de apelación planteado por impetrante de tutela contra el precitado Auto Interlocutorio; resolvió en declarar improcedente dicho recurso, manteniendo incólume la decisión del Auto Interlocutorio de 12 de igual mes y año (fs. 125 vta. a 132 vta.).
El accionante a través de sus representantes sin mandato denunció como lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad; toda vez que, el Vocal demandado, con una fundamentación y motivación arbitraría, incongruencia omisiva y aditiva y no efectuando una valoración correcta de la prueba, en cuanto a los razonamientos del art. 235 numerales 1 y 2 del CPP, mediante Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, confirmó la Resolución que determinó su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando a la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio; estableció que: “‘Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar.
Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: «…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’ (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», (SC 1365/2005-R de 31 de octubre). Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso’” (las negrillas nos pertenecen).
Al respecto la SCP 2541/2012 de 21 de diciembre, señaló que: “Este principio está referido a la concordancia existente entre el pedimento planteado por las partes y la decisión que de tal pedido desprende el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no puede modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. Es decir, debe existir una adecuación ‘entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial’
(…)
En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa (las negrillas y subrayado nos corresponde).
Sobre el particular, la precitada SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando la línea jurisprudencial emanada al respecto; sostuvo que: “‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).
El accionante a través de sus representantes sin mandato denunció como lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad; toda vez que, el Vocal demandado, con una fundamentación y motivación arbitraría, incongruencia omisiva y aditiva y no efectuando una valoración correcta de la prueba, en cuanto a los razonamientos del art. 235 numerales 1 y 2 del CPP, mediante Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, confirmó la Resolución que determinó su detención preventiva. Identificada la problemática jurídica venida en revisión, de antecedentes y Conclusiones; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en contra de Omar Humberto Terrazas Morales –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de estafa agravada; mediante Auto Interlocutorio de 12 de octubre de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva del nombrado, en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba; en virtud a ello, el impetrante de tutela interpuso Recurso de apelación contra dicha determinación; ante lo cual, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, resolvió en declarar improcedente dicho recurso, y mantuvo incólume la decisión del Auto Interlocutorio de 12 de igual mes y año (Conclusiones II.1., y II.2.).
En ese contexto, conforme a la problemática planteada, el solicitante de tutela identificó al Auto de Vista de 24 de octubre de 2022 como el actuado lesivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy reclamados vía esta acción de tutela; alegando que, el Vocal demandado, al resolver su Recurso de apelación contra el disposición de su detención preventiva, declaró improcedente su recurso con una fundamentación y motivación arbitraría, incongruencia omisiva y aditiva y no efectuando una valoración correcta de la prueba, en cuanto a los razonamientos del art. 235 numerales 1 y 2 del CPP; ello mediante el precitado Auto de Vista –hoy cuestionado–, que confirmó el Auto Interlocutorio de 24 de octubre de 2022 de la Jueza a quo; y, considerando que con dicha determinación lesionó su derecho a la libertad.
Bajo la premisa expuesta, corresponde conocer los argumentos del recurso de apelación incidental interpuesta en contra del Auto Interlocutorio de 24 de octubre de 2022, conforme al Acta de Audiencia de 24 de igual mes y año, por el cual el recurrente ahora accionante, solicitó que el Tribunal de alzada, emita una nueva resolución, y al concederle la admisibilidad de su recurso, se le otorgue la libertad; centrándose en los siguientes agravios:
a) En el apartado segundo del Auto Interlocutorio apelado, se advierte que la Jueza a quo construye el riesgo procesal de obstaculización, previsto en el art. 235 del CPP, en hechos completamente subjetivos, y que se alejan de la realidad, además incumplen e inobservan normas del citado Código; puesto que, la Jueza a quo acreditaría la concurrencia de dicho riesgo respecto al numeral 1 del art. 235 del citado Código, al establecer que podría en su caso destruir, modificar u ocultar documentos relevantes para la investigación, sin identificar qué tipo de documentos podría realizar lo señalado; además, la referida autoridad habla en futuro, cuando la norma de manera expresa establece que se hable en presente; es decir, “el imputado habría destruido modificado o sustraído algún documento propio de la investigación” (sic), estos aspectos independientemente de ser hechos o fundamentos incoherentes nada fundamentados y subjetivos, implican la inobservancia de lo establecido en la parte in fine del art. 235 y ter del CPP; ya que la Jueza a quo, debió de motivar y fundamentar con elementos objetivos, en este caso traídos a colación por parte del Ministerio Público, y/o por parte de la víctima, aspecto que no sucedió. b) Referente al numeral 2 del art. 235 de la aludida norma, se podrá advertir que la Jueza a quo fundamentó la concurrencia del peligro procesal, simplemente en que existe declaraciones que deben ser recepcionados, así también de personas que trabajan en la Notaría, Derechos Reales (DD.RR.), y otras personas que sepan del ilícito, sin haber identificado de que personas se trataría o tendría que requerirse las declaraciones; por lo que, nuevamente este aspecto y fundamentos inobservaron lo que establece la parte in fine del art. 235 y ter del CPP, respecto al control de oficio que debe tener la autoridad jurisdiccional; y, c) De la misma forma, el Auto Interlocutorio apelado incurrió en vulneraciones en su vertiente de congruencia; toda vez que, la autoridad a quo, emitió una resolución en la cual no dio respuesta a los fundamentos de la defensa en sentido de la improcedencia de la detención preventiva; es decir, respecto a que es padre de tres menores de edad, quienes gozan de su protección, y por el cual se presentó como prueba y cursa en antecedentes, certificados de nacimientos de sus tres hijos, y el menor tendría cuatro años de edad; por lo que, este aspecto no fue tomado en cuenta y paso por alto la Jueza a quo, inobservando de esa forma el “art. 3” sobre los derechos del niño y los intereses superiores del menor que debe ser considerados por las autoridades jurisdiccionales a tiempo de emitirse una resolución; asimismo, se lesionó lo establecido en los arts. 58 y 60 del CPE, respecto a los derechos de los menores, y los arts. 67 y 27 de la Ley 2026 de 27 de octubre de 1999 –Código Niño, Niña y Adolescente–, sobre los derechos de protección de los menores, aspectos que fueron puestos en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, pero fue omitido por la misma y se pasó por alto en la construcción de la resolución; por lo que, se podrá verificar de que no existe argumentos respecto a cómo sea construido el presupuesto material y procesal. En mérito a ello, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por el impetrante de tutela en su demanda de acción de libertad; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación de los puntos de agravios en el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante en contra del Auto Interlocutorio de 12 de octubre de 2022, y los fundamentos que utilizó la autoridad demandada, dentro del Auto de Vista de 24 de igual mes y año; por el cual, determinó declarar improcedente las cuestiones planteadas del recurso, y ratificar en su totalidad el fallo objetado; en ese entendido, de dicha Resolución de alzada, se tiene lo siguiente: 1) En cuanto a los dos riesgos procesales que funda la detención preventiva, establecidos en los numerales 1 y 2 del art. 235 del CPP; respecto al riesgo de obstaculización señalado en el numeral 1 del citado artículo, en el cual se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado con su comportamiento entorpezca la averiguación de la verdad, y para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba; la Jueza a quo referente a dicho presupuesto, estableció que: “hasta la fecha incluso en la audiencia de conciliación el imputado persiste indicando así lo reconoce su defensa que va a entregar las documentales de las víctimas de la defensa de la familia Sillerico situación que no se verifica que no lo ha hecho pretendiendo la defensa que se tome de argumento de qué es un tema de una relación laboral” (sic); advirtiendo la juzgadora, que: “no existe otro motivo para retener las documentales propias de quiénes son legítimos propietarios de los terrenos y dineros en todo caso si considera el ciudadano Omar Humberto Terrazas le correspondía iniciar la denuncia o demanda correspondiente por pago de honorarios si hubo una asistencia por la confianza que tenía con el padre de familia Sillerico asesorando a la familia durante más de 10 años como a referido la defensa del imputado” (sic); concluyendo que existe la concurrencia del art. 235 numeral 1 del CPP; es decir, las facilidades del imputado de modificar, y ocultar documentos relevantes para la presente investigación, tomando en cuenta que el mismo es profesional y tiene especialidad en materia civil, contratos y obligaciones, por lo que conoce la importancia legal jurídica, en este caso la idoneidad para saber a cabalidad el uso de estos documentos; sumado a ello, en la apelación respecto al indicado presupuesto, no se señaló un solo argumento para desvirtuar el mismo, “que el argumento central referido al derecho al debido proceso establecido en el Art.115, 117, 180 referidos al riesgo procesal 1) y 2) del Art.235 referido al peligro de obstaculización” (sic). La argumentación de la parte apelante, se centró en señalar que no concurren los elementos agravantes como el art. 346 bis del CPP, bajo el principio de legalidad; en consecuencia, en este punto de apelación, y de la revisión de los documentos, obviamente se infiere y se concluye que, el imputado al ser abogado de confianza durante diez años, y que no fueron negados esos aspectos, existe cantidad de documentos, que conforme se ha referido aún en la audiencia de conciliación le fue exigido al mismo; y, si la reclamación viene por el hecho de que no se identifica qué documentos, y cuales sería esos que se niega a entregar sí era el abogado de la familia Sillerico, entonces una negación de la negación no es argumento de defensa, sino más bien es un argumento dilatorio que no resulta ser coherente en el marco de la defensa de una apelación; 2) Referente al segundo presupuesto establecido en el numeral 2 del art.
235 del CPP, en cuanto a la influencia negativa, porque faltaría todavía recepcionar las declaraciones de las personas relacionadas a la suscripción de estos documentos, como los Notarios de Fe Pública, y de DD.RR.; la Jueza a quo, señaló que, no estaría vulnerando el principio de inocencia establecido en el art. 116 de la CPE, sino más bien de esas necesidades o de esa descripción del art 235 numeral 2 del CPP, es que el imputado amenace negativamente sobre participes, víctimas, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; tomando en cuenta los montos involucrados, y que no es una sola línea simple de crédito, ya que como señaló la defensa del imputado se habla de una garantía de $us2 000 000.- (dos millones de dólares estadounidenses), y en uso de su defensa material el nombrado indicó que es por sus honorarios, y durante ese tiempo estaría pendiente el trámite de urbanización, y así se puso en consideración de las víctimas; sobre ello, la Jueza a quo, señalo que debería tomarse en cuenta, de que el referido no podía seguir manejando los documentos de quienes eran sus clientes y ahora denunciantes, por sobre la voluntad de los mismos, en ese sentido se estableció la concurrencia del aludido presupuesto; respecto al mismo, en la audiencia de apelación, la parte apelante manifestó que dicha argumentación vulneró el principio de legalidad del derecho al debido proceso, defectuosa valoración de la prueba, una motivación y fundamentación defectuosa, y que existiría una incongruencia omisiva; empero, no señaló de manera clara cuál es el argumento que destruye este riesgo procesal, al no indicar como podría no influenciar, ya que no se está exigiendo una postura de cómo construir, sino que el argumento citado, dice que: “se puede influir de que el imputado influya amenace negativamente” (sic); entonces si la investigación se inició el “12 de octubre y el 14 de octubre teníamos una audiencia que fue suspendida el 24 de octubre estamos a 6 días” (sic), cuál es el elemento material probable, y verificable de esta descripción del art. 235 numeral 2 del CPP, sino el hecho de que emerge de la necesidad de materializar la investigación para establecer la verdad histórica de los hechos; en consecuencia, tomando en cuenta además que, el marco de lo que señala las medidas cautelares que son revisables, modificables, o dejadas sin efecto o revocadas conforme a la jurisprudencia constitucional; por lo que, en la presente audiencia de apelación, los riesgos procesales no fueron desvirtuados o no se han referido a como desvirtuar los mismos, verificativo que está garantizada por el art. 180 de la CPE, respecto del derecho a la impugnación; En la vía de explicación, complementación y enmienda 3) Respecto a la consideración de los hijos que tendría el imputado, y que no hubieran sido valorados en la resolución de la Jueza a quo; si la abogada del imputado, lee toda resolución apelada, no hay una mención alguna sobre este aspecto de los hijos; en ese sentido, conforme señala la jurisprudencia constitucional en relación al art. 398 del CPP, el Tribunal de alzada debe de abocarse a lo resuelto por la autoridad jurisdiccional, y entre los argumentos ni los antecedentes del Auto Interlocutorio de 12 de octubre de 2022, no existe una mención, por tanto no hay sobre qué se pueda resolver por esta instancia de alzada con relación a los hijos del imputado; y, Ahora bien, en el marco de lo expuesto, y efectuada la contrastación entre lo denunciado en esta acción de defensa, los agravios del recurso de apelación incidental y lo resuelto por el Vocal demandado; del Auto de Vista cuestionado, se advierte que dicha autoridad, incurrió en una indebida fundamentación, y motivación; toda vez que, respecto al primer agravio señalado en el inciso a), la autoridad demandada, no dio una respuesta racionalmente motivada, pues al señalar que existe cantidad de documentos que no fueron entregados se traduce en una respuesta genérica que no da certeza la concurrencia del riesgo procesal contenido en el numeral 1 del art. 235 del CPP; pues si bien al inicio de una investigación resultaba complejo identificar con precisión todos los documentos que estarían en poder del impetrante de tutela, resultaba necesario mínimamente referirse a algún documento necesario para la averiguación de la verdad y que en el transcurso de la investigación puedan ser individualizados con mayor precisión; argumento como se podrá advertir no cumple con una debida fundamentación y motivación al cual está regido un Tribunal de alzada para dar respuesta al agravio del apelante; además de ello, al establecer que en la audiencia de apelación respecto al indicado presupuesto, no se señaló un solo argumento para desvirtuar el mismo por parte del imputado, cuando el art. 231bis V del CPP, establece que, “La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad” por lo que, respecto de dicha norma procesal se advierte claramente que la carga de la prueba en una audiencia de medidas cautelares no puede ser atribuida a la parte imputada; en consecuencia, respecto a este agravio, corresponde conceder la tutela impetrada.
Referente al segundo agravio señalado en el inciso b), respecto al numeral 2 del art. 235 del CPP; se advierte que el Vocal demandado, si dio una respuesta aunque con una meridiana claridad sobre lo extrañado por el apelante; es decir, sobre la identificación de las personas de la cual se estaba tratando o tendrían que requerir sus declaraciones; describiendo la resolución de la Jueza a quo, donde se estableció que serían las personas relacionadas a la suscripción de esos documentos, como los notarios de fe pública, y de derechos reales, siendo suficiente para la autoridad demandada la descripción de los mismos en la resolución apelada; por lo que, no se evidencia una falta fundamentación, motivación, o una incongruencia omisiva en dicha respuesta; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. Ahora bien, se evidencia respecto al tercer agravio señalado en el inciso c), el Vocal demandado hubiera dado una respuesta al mismo, en la vía de explicación, complementación y enmienda del Auto de Vista cuestionado; señalando a la abogada del imputado, que si lee toda resolución apelada, no hay una mención alguna sobre este aspecto de los hijos; para establecer que, conforme señala la jurisprudencia constitucional en relación al art. 398 del CPP, el Tribunal de alzada debe de abocarse a lo resuelto por la autoridad jurisdiccional, y al no haber entre los argumentos ni los antecedentes del Auto Interlocutorio de 12 de octubre de 2022, mención de lo reclamado, no habría sobre qué se pueda resolver por esta instancia de alzada con relación a los hijos del imputado; argumento y respuesta que sería válido, ya que la autoridad demandada, realizo una revisión de todos los antecedentes del Auto Interlocutorio apelado, para señalarle al imputado que no podía resolver este agravio al no estar expuesta tal situación de los menores en la aludida resolución –aspecto verificado por esta instancia constitucional, la no existencia de tal extremo en el Auto Interlocutorio de 12 de octubre de 2022–, siendo lo correcto lo fundamentado por el Vocal demandado, conforme al art. 398 del CPP, circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución apelada; por lo que, respecto a este agravio, corresponde denegar la tutela impetrada.
Por último, respecto a una valoración razonable de la prueba; corresponde referirnos lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, mismo que señala que, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.
En ese marco, si bien la parte accionante expuso en su demanda de acción de defensa que, no hubo una valoración razonable de la prueba; toda vez que, habiendo argumentado y acreditado en la audiencia de medidas cautelares que se encontraba a cargo de dos menores de edad, y por protección del interés superior del menor, debía considerarse un arraigo natural y social a su favor; y, en la audiencia de apelación manifestó de igual manera –inciso c) de los agravios–; empero, como se estableció precedentemente que la respuesta a dicho agravio estaba bien fundamentada y motivada por parte de la autoridad demandada, corresponde denegar tutela impetrada, respecto a dicho derecho lesionado. En consecuencia, por lo expuesto, es evidente el defecto de falta de fundamentación y motivación e incongruencia omisiva en cuanto al primer y segundo agravio; en ese entendido, conforme lo analizado precedentemente del Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, al evidenciar tales extremos, y habiendo el Vocal demandado– con su conducta omisiva, desconocer las directrices que deben cumplirse para satisfacer el debido proceso, conforme previene el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuyo mérito corresponde conceder en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, disponiendo la emisión de una nueva resolución, que deberá dar respuesta fundamentada, motivada, y congruente a los precitados agravios expuestos en apelación por el hoy accionante. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 002/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 146 a 158, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Cochabamba; en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 24 de octubre de 2022, y ordenando a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba a través del Vocal que corresponda, emita una nueva resolución, dando respuesta únicamente al primer agravio citado en el inciso a) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando la situación jurídica de Omar Humberto Terrazas Morales no hubiese cambiado concordante con el carácter provisional de las medidas cautelares; y,
2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al segundo y tercer agravio –incisos b y c)–, y no valoración razonable de la prueba, esto conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0336_2025-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): a17dc1365633d8d3eda69e86507199d94025dcecdfa85641b272807a819d2953
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