Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva; y, de los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, el Vocal demandado mediante Auto de Vista de 7 de abril de 2022, mantuvo su detención preventiva sin considerar los agravios expuestos en su recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba, y en consecuencia DENEGAR, la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0336/2025-S3 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51783-2022-103-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabricio Elioth Flores Márquez en representación sin mandato de Mario Inturias Montaño contra Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 10 a 14 vta. el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante; el 17 de marzo de 2022, -tras celebrarse la correspondiente audiencia- le impusieron detención preventiva; razón por la cual, formuló recurso de apelación incidental, que mereció el Auto de Vista de 7 de abril de 2022, pronunciado por Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandado-, fallo que considera lesivo a sus derechos. El referido recurso tenía como objetivo obtener la modificación de la medida cautelar extrema; aduciendo que respecto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), observó que el Juez a quo basó el mismo en presunciones, indicando que su persona tenía el afán de destruir, modificar u obstaculizar la investigación e incluso se hizo alusión a presuntos actos de obstaculización que su abogado hubiera estado realizando. En lo relativo al art. 235.2 del citado Código, cuestionó que la referida autoridad adujo que la víctima menor tendría que declarar en juicio oral, obviando que se encontraban en etapa preparatoria. Asimismo, no se indicó de qué forma llegaría a influirla, más aun cuando no existen antecedentes de que hubiera ejercido tal efecto con anterioridad; por otro lado, en lo concerniente a este riesgo procesal, el Ministerio Público y la parte víctima no expusieron ningún fundamento, lo que derivó en que el Vocal demandado al emitir el Auto de Vista de 7 de abril de 2022, se pronunció de forma ultra petita obviando cumplir con lo previsto en el art. 398 del CPP. La Autoridad demandada no realizó una adecuada valoración de la prueba, pues se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad, obviando cumplir lo establecido en la SCP 0238/2018-S2 de 11 de junio. Conforme el razonamiento efectuado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en diversas sentencias se tiene que el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP no puede ser sustentado en “supuestos”, asimismo al estar detenido desde el 17 de marzo de 2022, el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente para recabar elementos de prueba; por último, el Vocal demandado omitió considerar la presunción de inocencia de acuerdo a la modulación efectuada por la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva; y, de los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista de 7 de abril de 2022 y se emita un nuevo fallo.
Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de octubre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 28 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de la acción de libertad solicitando se conceda la tutela.
Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 26 a 27 vta., expresó que: a) La decisión asumida estaba sustentada en la SC 0486/2010-R de 5 de julio, asimismo en cuanto al reclamo de la compulsa de pruebas los únicos casos en los que el tribunal de alzada puede efectuar ese análisis se produce cuando el Juez a quo se hubiera apartado de las previsiones legales de razonabilidad y equidad que rigen ese acto; b) El art. 398 del CPP limita la competencia del tribunal de alzada a pronunciarse sobre los aspectos apelados salvo de advertir defectos absolutos; c) El accionante no cumplió con los presupuestos jurisprudenciales contenidos en la SCP 0230/2014-S3 de 8 de diciembre, es decir no señaló el nexo de causalidad entre el criterio de interpretación utilizado; d) El Auto de Vista de 7 de abril de 2022, no vulneró los arts. 124 y 169.3 del CPP; y, e) El impetrante de tutela, no demostró la concurrencia de alguno de los requisitos del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), es decir que su vida esté en peligro, este ilegalmente perseguido o indebidamente procesado o privado de libertad; en mérito a ello correspondía denegar la tutela sin ingresar al fondo.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 29 a 34 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista de 7 de abril de 2022, cumplía con las exigencias del art. 124 del CPP, ya que el Vocal demandado explicó de manera clara y concreta los motivos de hecho y de derecho en los que basó su decisión, efectuando la debida verificación y valoración de los medios de prueba presentados en audiencia, y resolviendo todos los fundamentos expuestos por la defensa del accionante; y, 2) La interpretación de legalidad ordinaria es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios; por ello no era posible utilizar la acción de libertad, como un medio de impugnación para tratar de anular, cambiar o modificar las resoluciones de la justicia ordinaria, más aun cuando las resoluciones de medidas cautelares no causan estado y son modificables por la cesación de la detención preventiva.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 17 de marzo de 2022, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva de Mario Inturias Montaño -accionante-, al concurrir los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1 y 2, 234.7; y, 235.1 y 2 del CPP; decisión que fue objeto de recurso de apelación incidental (fs. 3 vta. a 5). II.2. A través del Auto de Vista de 7 de abril de 2022, Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandado-; declaró procedente en parte la apelación incidental revocando en parte el citado Auto Interlocutorio respecto al art. 235.1 del CPP, manteniendo incólume el resto de esa resolución (fs. 6 vta. a 9 vta.).
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva; y, de los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, el Vocal demandado mediante Auto de Vista de 7 de abril de 2022, mantuvo su detención preventiva sin considerar los agravios expuestos en su recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0205/2014-S3 de 25 de noviembre, estableció que: “El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de motivación o fundamentación de las resoluciones, sean éstas judiciales o administrativas; y concretamente, tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, determina que: ʽLas sentencias y autos interlocutores serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes’. La norma legal transcrita guarda relación con la norma contenida en el art. 236 inc. 3) del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que debe hacerse una ‘…fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables…ʼ.
En ese orden, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, refirió que: ʽ…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradasʼ.
La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a aquellas que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: ʽEsta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permitido a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…'” (las negrillas nos corresponden).
En lo concerniente, la SCP 1094/2017-S3 de 18 de octubre, expuso que: “…delimita también las atribuciones entre jurisdicciones, respecto a la valoración de la prueba, en ese sentido, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, sostuvo que: ‘…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...’.
Así también la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, precisó que: ‘…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación’.
De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, concluyendo que: ‘…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento’.
En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, precisó que: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’” (las negrillas son añadidas).
La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, entendió que: […desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
La jurisdicción constitucional, estableció abundante jurisprudencia en cuanto al principio de congruencia; así, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, sostuvo que: «…la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes».
Por otro lado, la SC 0486/2010-R de 5 de julio de 2010, señaló que:
«…respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia ʽultra petitaʼ en la que se incurre si el Tribunal concede ʽextra petitaʼ para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; ʽcitra petitaʼ, conocido como por ʽomisiónʼ en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)»] (el resaltado nos pertenece).
De antecedentes que hacen a esta acción de defensa, se advierte que por Auto Interlocutorio de 17 de marzo de 2022, se impuso detención preventiva al accionante, al concurrir los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1 y 2, 234.7; y, 235.1 y 2 del CPP (Conclusión II.1); decisión que fue objeto de recurso de apelación incidental resuelto a través de Auto de Vista de 7 de abril del indicado año, el Vocal demandado revocó en parte el referido fallo (Conclusión II.2).
Bajo ese marco, el impetrante de tutela a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva; y, de los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica; identificando el citado Auto de Vista como el hecho generador de tal vulneración; por lo cual, concierne revisar los alcances del mismo.
Los motivos del recurso de apelación incidental planteado por el solicitante de tutela, fueron consignados bajo el punto “3.-INTERVENCION DEL ABOGADO DEL IMPUTADO…” (sic) durante el desarrollo de la audiencia virtual plasmado dentro el Auto de Vista de 7 de abril de 2022:
i) Se vulneró el debido proceso -en su vertiente legalidad y falta de fundamentación y motivación- inserto en el art. 124 del CPP por cuanto el peligro procesal de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP fue sustentado en la necesidad de efectuar la “inspección”. Sin embargo; dicha determinación de la “construcción” de ese riesgo no observaba los parámetros señalados por la SCP “0276/2018”; en el entendido, que no se identificó que elementos de convicción serían aquellos que podría ocultarse o modificarse; y, ii) En lo relativo al art. 235.2 del citado Código la autoridad de instancia afirmó que la menor víctima tendría que declarar en juicio oral; empero, aquello resultaba subjetivo, al encontrarse la causa en etapa preparatoria, además de que no se expresó de qué forma llegaría a influir a la misma, por ello no existía suficiente carga probatoria para demostrar la concurrencia de ese peligro procesal.
El Vocal demandado, resolviendo el recurso de apelación incidental, expresó su decisión conforme a los siguientes fundamentos:
a) En cuanto al art. 235.1 del CPP, el Juez a quo, realizó una errada conclusión; ya que, en la redacción del Auto Interlocutorio no se advierte cual fue la acción desplegada por el apelante que genere convencimiento respecto a la destrucción o modificación de elementos de prueba, siendo posible extraer ese riesgo procesal de la situación jurídica del prenombrado; y, b) El Juez de la causa, respecto al peligro procesal contenido en el art.
235.2 del CPP, arribo a una conclusión sesgada por cuanto no se identificó cual es la acción que refleja el entorpecimiento a la averiguación de la verdad o cual sería la influencia negativa hacia la victima; no obstante, de lo expresado por el Fiscal de Materia en la imputación formal en lo referente a ese riesgo procesal y la conducta del recurrente se tiene que “…amenazó de muerte a la víctima señalándole de que no contará a nadie lo ocurrido…” (sic); constituyéndose esa la conducta exteriorizada e identificada por el Ministerio Público; y conforme la SCP 0220/2019-S2 de 10 de mayo, debía reajustarse tal peligro procesal por cuanto resulta evidente la actitud entorpecedora que asumió el apelante, es así que en el marco de una interpretación conforme al bloque de constitucionalidad y a la luz de la Convención Belem do Para y el art. 15 de la CPE, así como los estándares del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Corte interamericana de Protección de Derechos, se desarrolló el deber de los operadores jurídicos de incluir a perspectiva de género para lograr la igualdad de hecho y derecho .
En ese contexto y conforme se tiene del marco jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que toda resolución emitida por autoridad que resuelve una situación jurídica, debe estar debidamente fundamentada y motivada, exponiendo los motivos legales que sustentan el fallo judicial, así como los hechos establecidos si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador, lea y comprenda la misma, caso contrario, se vulnera el derecho al debido proceso en dichos componentes.
En ese marco, en cuanto al primer agravio propuesto por el accionante, la autoridad demandada detectó que el riesgo procesal de obstaculización contenido en el art. 235.1 del CPP no fue constituído adecuadamente por el Juez a quo; por lo cual, debía prescindirse del mismo. Razonamiento que resulta coherente con los datos del proceso, y que incluso benefició en su momento al ahora accionante no se advierte por falta de fundamentación sobre ese punto.
Respecto al art. 235.2 del citado Código, el Vocal demandado indica que hubiese sido fundado de forma sesgada por el Juez de instancia, al señalar que aún estaba pendiente la declaración de la víctima durante la fase de juicio oral. No obstante, identificó que el Ministerio Público tuvo conocimiento de que la víctima fue amenazada de muerte por el accionante elemento que si bien fue colectado en fase preparatoria -se infiere de la declaración de la prenombrada-, y que el mismo se debatirá adecuadamente en juicio oral, dado el carácter accesorio de las medidas cautelares, si es posible esgrimirlo como sustento para la configuración de este riesgo procesal y si bien el cuestionamiento del impetrante de tutela, fue parcialmente reconocido por el Vocal demandado no puede dejarse de lado que se identificó un potencial riesgo a la víctima cuya minoridad de edad y condición de mujer fueron adecuadamente valorados por el prenombrado; por lo cual, la decisión de mantener vigente ese riesgo procesal resulta suficientemente fundamentada y motivada, en ese entendido no se advierte transgresión respecto a este agravio siendo inviable conceder la tutela al respecto.
En lo relativo al derecho a la valoración razonable de la prueba, de acuerdo a lo contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este Tribunal no puede arrogarse la atribución de revalorar los elementos probatorios pudiendo únicamente verificar si en dicha labor la jurisdicción ordinaria: “a)… se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento…” (sic [SCP 1215/2012 de 6 de septiembre]). Al respecto, el peticionante de tutela en su escrito de acción de libertad no especificó que elemento probatorio fue extrañado por la autoridad demandada al momento de realizar el análisis de su impugnación, tampoco cursa en la exposición de agravios de su recurso de apelación incidental el señalamiento o individualización de prueba que no mereció compulsa; por lo cual no se advierte transgresión al citado derecho que merezca otorgar la protección solicitada.
En lo concerniente al principio de congruencia y conforme lo glosado por el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se tiene que respecto a los agravios expuestos, la autoridad demandada absolvió ambos, llegando incluso a dar la razón al accionante respecto al art. 235.1 del CPP, y enervando el mismo, por otra parte respecto al art. 235.2 del mismo cuerpo legal el Vocal demandado dentro las atribuciones que le otorga la ley específicamente el art. 250 del CPP, en su análisis de la solicitud de detención preventiva, detectó que el Ministerio Público, formuló ese pedido por cuanto tuvo conocimiento de que la víctima menor de edad fue amenazada de muerte presuntamente por el impetrante de tutela. Elemento que se configura plenamente en los requisitos determinados por el art. 235.2 del citado Código, por lo cual consideró que el mismo era efectivo, aspecto que no se configura en incongruente ni reviste carácter de ultra petita como reclama el accionante, ya que el Vocal demandado no concedió algo distinto a lo solicitado ni omitió pronunciarse sobre alguno de los agravios. Finalmente, el impetrante de tutela también señaló la presunta transgresión del derecho a la tutela judicial efectiva; y, de los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica; no obstante, del memorial de acción de libertad se tiene una mención genérica de los mismos, que no permite advertir la forma en la que fueron lesionados; razón por la que, en el caso concreto este Tribunal se ve compelido a denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba, y en consecuencia DENEGAR, la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Magistrado, Ángel Edson Dávalos Rojas, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0336_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1d3d7f5d4faa9434b9f6c664a7d53875ffbf496b48e1d1bc26d6be2178eeff4b
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