B.IA.LEGAL

SCP 0336/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51578-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado con su libertad de locomoción; toda vez que, habiéndose dispuesto Resolución de Sobreseimiento en su favor, solicitó señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares personales, sin que ésta sea programada hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar; pese a haber presentado recurso de reposición inclusive, mismo que a su vez fue providenciado de forma dilatoria, condicionando que previamente el Fiscal de Materia asignado, informe sobre las notificaciones de la Resolución mencionada; por lo que solicita se conceda la tutela ordenando a la autoridad demandada, que en el plazo de cinco (5) días señale la audiencia incoada, dado que se encuentra con detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) La acción de libertad innovativa; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 3) Sobre el principio de celeridad; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 30/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 23 vta. a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada disponiendo que el Juez ahora demandado, celebre en el día de su notificación con el presente fallo constitucional la audiencia solicitada por la accionante, lo que incluye supervisar la realización de las diligencias correspondientes para tal efecto; siempre y cuando no se hubiera modificado la situación jurídica de la accionante.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad innovativa
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  3. III.3. Sobre el principio de celeridad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0336/2025-S1 Sucre, 25 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51578-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 30/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 23 vta. a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Marjorie Johana Díaz Herrera contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo distrito judicial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de octubre de 2022, cursante de fs. 10 a 13 vta., la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de otros, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, con código único de denuncia (CUD) 201102012102775-1, se encuentra cumpliendo la medida cautelar personal de detención domiciliaria; luego, la Fiscalía pronunció en su favor resolución de sobreseimiento, por lo cual, a efectos de reestablecer su derecho a la libertad de locomoción, el 21 de septiembre de 2022 solicitó la modificación de medidas cautelares; empero, este pedido no fue atendido de forma correcta por la autoridad demandada, por cuanto a través de la providencia del 22 del mismo mes y año, se indicó: “Pida de acuerdo a procedimiento” (sic). Razón por la cual, previo a interponer esta acción de defensa, el 13 de octubre de 2022 presentó recurso de reposición advirtiendo los errores de la autoridad demandada, indicando: a) La vulneración de la garantía del debido proceso relacionado al derecho a la libertad en razón de su atención pronta y oportuna, de forma eficaz y eficiente, puesto que se encuentra con medidas cautelares que pueden ser modificadas ante la existencia de una resolución de sobreseimiento en su favor, demostrando que la probable autoría ha cambiado en relación a su persona, por consecuencia, debe instalarse una audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares, por cuanto las medidas cautelares no causan estado, es decir, que pueden ser modificadas de forma positiva o negativa de acuerdo a la situación del proceso; alegando que la providencia objeto de recurso de reposición le deja en total estado de indefensión porque se convierte en “candado legal”; de modo que, la autoridad jurisdiccional al no querer revisar su pedido de modificación de medidas cautelares, sin considerar que es la única autoridad competente que puede atender su pretensión; b) El único artículo que autoriza la consideración de la modificación de medidas cautelares es el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, c) La providencia de 22 de septiembre de 2022, fractura el principio de celeridad procesal porque de forma descriptiva “se impone la fecha al día siguiente del pedido de modificación” (sic), cuando el expediente estaba en despacho desde el 21 de igual mes y año, sin respuesta hasta el 10 de octubre de ese año y, de forma maliciosa impone la fecha 22 de septiembre de 2022, cuando su pedido no fue atendido de forma oportuna. Sin embargo, pese a la interposición de dicho recurso, la autoridad demandada nuevamente quebranta su derecho a la atención pronta, oportuna, rápida y eficaz de su petición de modificación de medidas cautelares, emitiendo una providencia dilatoria condicionando que previamente el Fiscal asignado al caso, debía informar sobre las notificaciones de la resolución de sobreseimiento; respuesta y/o decreto que tiene como fecha 15 de octubre de 2022, empero esta fecha es referencial, toda vez que recién salió de despacho de la autoridad demandada el 25 de igual mes y año, acreditando que desde el 21 de septiembre de 2022 no existe señalamiento de audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La peticionante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso vinculado con su libertad de locomoción, citando el efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada que, en el plazo de cinco días, señale la audiencia de modificación de medidas cautelares.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de octubre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 22 a 23, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado se ratificó en el contenido de su demanda tutelar y añadió que: 1) El 3 de agosto de 2022, se presentó ante el Juez de control jurisdiccional la Resolución conclusiva 18/2022, acusando a tres personas; asimismo, la resolución de sobreseimiento en su favor; de modo que al existir dos resoluciones distintas, se remitió la acusación al Tribunal de Sentencia Anticorrupción -no indica cuál- para el control de las sobreseídas y otros sujetos procesales, que tiene Resolución de Rechazo de denuncia, armándose un expediente en copias legalizadas y en el sistema se aumentó el número 1 al código, es decir, ha quedado como 201102012102775-1; y, 2) Ante la interposición de su recurso de reposición el 13 de octubre de 2022, de manera desleal el Juez -ahora demandado- emitió una providencia el 15 de igual mes y año, que indicó “con carácter previo notifíquese al Fiscal de Materia a efectos de que informe sobre las notificaciones con la resolución de sobreseimiento y sea con el plazo de 48 horas”(sic); sin embargo, esa providencia, en honor a la verdad, fue emitida el 25 del indicado mes y año y no el 15; demostrando con ello, que se quebrantó el art. 402 del CPP, ya que dicho recurso debe ser respondido en el plazo de veinticuatro (24) horas; asimismo, no podía ser atendido con una providencia sino mediante una resolución debidamente fundamentada, creando así la autoridad demandada un procedimiento dilatorio que atenta contra su derecho a la libertad de locomoción; habiendo transcurrido más de un mes sin que se señale la audiencia pretendida.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo distrito judicial, presentó informe escrito con fecha 28 de octubre de 2022, cursante a fs. 17 y vta., mediante el cual indicó lo siguiente: i) La parte accionante manifiesta que habría solicitado modificación de medidas cautelares el 21 de septiembre de igual año, y que esta providencia no habría sido atendida hasta el 10 de octubre 2022; aspecto que no es evidente, porque de la revisión de obrados se advierte que dicho memorial fue atendido dentro del plazo de veinticuatro horas que la ley establece, conforme cursa el decreto de 22 de septiembre 2022, no siendo evidente lo aseverado por la accionante ya que el memorial fue atendido de forma oportuna; ii) Ocurriendo lo mismo ante la presentación de su recurso de reposición presentado el 13 de octubre de igual año, el cual en ejercicio de sus atribuciones dispuso que el Fiscal de Materia informe sobre las notificaciones de la resolución de sobreseimiento conforme ordena el art. 324 del CPP; sin embargo, esta providencia no ha sido la única disposición emitida, ya que también dentro las veinticuatro horas se pronunció en cuanto al fondo de lo pedido en el recurso de reposición, cursando el Auto Interlocutorio de 15 de octubre 2022, donde advirtió que existió un memorial confuso que sin embargo fue corregido mediante memorial de 13 de octubre de 2022, aclarando en todos sus aspectos; por lo que al amparo de lo establecido en los arts. 401 y 402 del CPP, señaló día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares para el 31 de octubre de 2022 a horas 09:50, en atención a que se encuentra en ese despacho judicial únicamente en suplencia legal y, por las recargadas labores que cursa en dicho Juzgado como también en el Juzgado del cual es titular, atendiendo ambas tablillas de audiencias, pudo acomodar la convocatoria de esta audiencia para esa fecha; y, iii) Finalmente hace notar que, por informe verbal del personal subalterno del despacho, las partes procesales incluyendo la accionante, no coadyuvan con “las formalidades que la ley establece” (sic) para el diligenciamiento a los sujetos procesales como lo ordena el art. 112 del CPP; sin embargo, el despacho judicial agota todos los mecanismos necesarios para que las partes puedan ser debidamente notificadas, estando todavía dentro del plazo, o con probabilidad ya han sido notificados los sujetos procesales con este señalamiento; por lo que corresponde denegar la tutela solicitada toda vez que la acción presentada carece de lealtad procesal en cuanto a la correcta verificación de los datos del proceso que cursan en obrados.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 30/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 23 vta. a 25 vta., denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos: a) El Ministerio Público concluyó la etapa preparatoria pronunciando Acusación Fiscal en contra de tres sindicados; asimismo, emitió la Resolución de Sobreseimiento 18/2022 a favor de la ahora accionante; por lo que, en el proceso existe acusación y sobreseimiento; es así que mediante providencia de 26 de agosto 2022 se dispuso la bifurcación del código único que registra en el sistema, adicionando un número, con el fin de remitir la Acusación Fiscal al Tribunal de Sentencia y el Sobreseimiento continúe bajo el control jurisdiccional del juzgado que controla la etapa preparatoria; b) La impetrante de tutela se encuentra con medidas cautelares personales entre ellas la detención domiciliaria, determinación que limita su derecho a la libertad de locomoción; por lo que, mediante memorial presentado el 21 de septiembre de 2022, la misma solicitó modificación de medidas cautelares; petición que fue atendida por la autoridad demandada el 22 de igual mes y año, conforme indicó el Juez demandado, quien señaló que el contenido del memorial era confuso y por ello providenció: “Pida conforme procedimiento” (sic); determinación contra la cual, el 13 de octubre de ese año, planteó recurso de reposición “porque se está solicitando señalamiento de audiencia de medidas cautelares”; con relación a este petitorio, se tiene providencia de 15 de octubre de 2022, en la que se dispuso: “Con carácter previo notifíquese al Fiscal de Materia a efectos de que informe sobre las notificaciones con la Resolución de Sobreseimiento” (sic); c) Es en ese entendido que la ahora accionante plantea la presente demanda tutelar; sin embargo, también se tiene el Auto Interlocutorio de la misma fecha, en cuyo fundamento del contenido se tiene que la autoridad demandada dispuso conceder en parte la reposición y el punto segundo señala día y hora de audiencia para el 31 de octubre 2022 a horas 9:50; por otra parte, de los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional se tiene que se realizó otros actos procesales posteriores en el proceso, existiendo providencias de 24 y 26 de octubre de ese año, respecto a memoriales presentados por otros sujetos procesales; a este efecto, si bien la accionante en su alocución indicó que no existía pronunciamiento a la reposición, empero existen otras providencias con fechas posteriores al pronunciamiento a la reposición solicitada; y, d) La pretensión de la impetrante de tutela es que la autoridad demandada señale audiencia de modificación de medidas cautelares en razón de que a su favor se emitió un sobreseimiento, y que no existiría un pronunciamiento respecto al fondo de lo pedido, vale decir, a la solicitud de modificación de medidas cautelares; sin embargo, conforme se tiene del Auto Interlocutorio de 15 de octubre 2022, se programó audiencia para el 31 del mismo mes y año; consecuentemente, la pretensión de la accionante ya fue cumplida, y si bien solicita se conceda la tutela y se disponga que la autoridad demandada señale audiencia dentro de los cinco días; empero, ya existiendo señalamiento de audiencia, dispuso recomendar a la autoridad ahora demandada y al personal de apoyo jurisdiccional, se gestione el diligenciamiento de las notificaciones con el fin de que no se suspenda dicho acto procesal, y no causar más dilación a la demandante de tutela porque está con detención domiciliaria que limita el derecho a su libre locomoción.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 21 de septiembre de 2022, por Marjorie Johana Díaz Herrera -ahora accionante-, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del departamento de La Paz, por el cual pide modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra, a dicho efecto se señale audiencia para su consideración (fs. 4 a 7); que fue providenciado el 22 de igual mes y año, por Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo distrito judicial -ahora demandado-, con el tenor siguiente: “Pida conforme a procedimiento” (sic [fs. 18 vta.]). II.2. Asimismo, por memorial presentado el 13 de octubre de 2022, la impetrante de tutela planteó Recurso de Reposición contra la providencia señalada supra, que no atendió su petición de señalamiento de audiencia, por lo que solicitó que el Juez de la causa -ahora demandado-, advertido de su error, señale audiencia de modificación de medidas cautelares de forma rápida y oportuna (fs. 8 y vta.).

II.3. Mediante proveído de 15 de octubre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal -ahora demandado-, indicó: “Con carácter previo, notifíquese al Fiscal de Materia a efectos de que informe sobre las notificaciones con la Resolución de Sobreseimiento y sea en el plazo de 48 horas a partir de su legal notificación” (sic [fs. 9]). II.4. Cursa Auto de 15 de octubre de 2022, mediante el cual, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo distrito judicial -ahora demandado-, resolvió conceder en parte el recurso de reposición planteado por la ahora accionante contra la providencia de 22 de septiembre de ese año; y en consecuencia, señaló audiencia para el 31 de octubre de 2022, a horas 09:50 am, debiendo notificarse a todos los sujetos procesales, conforme a procedimiento (fs. 21 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado con su libertad de locomoción; toda vez que, habiéndose dispuesto Resolución de Sobreseimiento en su favor, solicitó señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares personales, sin que ésta sea programada hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar; pese a haber presentado recurso de reposición inclusive, mismo que a su vez fue providenciado de forma dilatoria, condicionando que previamente el Fiscal de Materia asignado, informe sobre las notificaciones de la Resolución mencionada; por lo que solicita se conceda la tutela ordenando a la autoridad demandada, que en el plazo de cinco (5) días señale la audiencia incoada, dado que se encuentra con detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) La acción de libertad innovativa; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 3) Sobre el principio de celeridad; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento:

Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.

Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, 4El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.

Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.

En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.

Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.

Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)

El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 5El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.

dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.

Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no 6El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 7El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 8El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.

III.3. Sobre el principio de celeridad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El art. 115 de la CPE, estipula:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:

La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1, desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales. El principio de celeridad anotado, no sólo es exigible a las autoridades jurisdiccionales, sino también a otras autoridades que intervienen en el proceso penal, como las autoridades del Ministerio Público; lo que supone que deben actuar cumpliendo los plazos legales, sin dilaciones razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.

Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”. 9En FJ III.4, precisa: ”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´.

La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras”.

indebidas, debiendo cumplir con sus obligaciones desde el primer momento que se computa el plazo y no esperar a su vencimiento.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado con su libertad de locomoción; toda vez que, habiéndose dispuesto Resolución de Sobreseimiento en su favor, solicitó señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares personales, sin que ésta sea programada hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar; pese a haber presentado recurso de reposición inclusive, mismo que a su vez fue providenciado de forma dilatoria, condicionando que previamente el Fiscal de Materia asignado informe sobre las notificaciones de la Resolución mencionada; por lo que solicita se conceda la tutela ordenando a la autoridad demandada, que en el plazo de cinco (5) días señale la audiencia incoada, dado que se encuentra con detención domiciliaria. Con carácter previo al análisis de fondo de la problemática planteada es necesario precisar la finalidad perseguida por la ahora accionante a través de esta demanda tutelar, la cual consiste en que se ordene a la autoridad judicial ahora demandada, señale audiencia de modificación de medidas cautelares personales; sin embargo, conforme se desprende el Auto de 15 de octubre de 2022, pronunciado por el Juez ahora demandado, al momento de resolver el recurso de reposición, dicho acto procesal -señalamiento de audiencia- habría sido programado para el 31 de octubre de 2022, a horas 09:50 am (Conclusión II.4); en ese entendido, al haberse señalado con anterioridad a la interposición de la presente acción de libertad, el objeto de la misma se habría alcanzado; este extremo fue ratificado por el informe emitido por la autoridad judicial ahora demandada, quien manifestó que la impetrante de tutela “…aparentemente no ha dado una revisión adecuada al cuaderno de control jurisdiccional…” (sic), al no haberse percatado de la existencia del señalamiento mencionado. No obstante, en el marco de la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde a la justicia constitucional, a través de la acción de libertad innovativa, evitar que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas, que afecten el derecho a la libertad y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente; por ello, corresponde ingresar al análisis de la problemática planteada, a efectos de verificar si efectivamente fueron lesionados los derechos y garantías de la peticionante de tutela. De la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marjorie Johana Díaz Herrera -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en el cual se encuentra cumpliendo la medida cautelar personal de detención domiciliaria; y posteriormente, ante el pronunciamiento de resolución de sobreseimiento en su favor, por memorial presentado el 21 de septiembre de 2022 solicitó a la autoridad jurisdiccional la modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra, y a dicho efecto se señale audiencia para su consideración; escrito que fue providenciado el 22 de igual mes y año, por el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo distrito judicial -ahora demandado-, indicándole que: “Pida conforme a procedimiento” (sic [Conclusión II.1). Ante lo cual, por escrito presentado el 13 de octubre de 2022, la impetrante de tutela planteó Recurso de Reposición contra la providencia señalada supra, que no atendió su petición de señalamiento de audiencia, por lo que solicitó que el Juez de la causa -ahora demandado-, advertido de su error, señale audiencia de modificación de medidas cautelares de forma rápida y oportuna; que a su vez mereció el proveído de 15 de igual mes y año, por el cual, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal -ahora demandado-, indicó que: “Con carácter previo, notifíquese al Fiscal de Materia a efectos de que informe sobre las notificaciones con la Resolución de Sobreseimiento y sea en el plazo de 48 horas a partir de su legal notificación” (sic [Conclusiones II.2 y II.3]).

Por último, cursa Auto de 15 de octubre de 2022, mediante el cual, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo distrito judicial -ahora demandado-, resolvió conceder en parte el recurso de reposición planteado por la ahora accionante contra la providencia de 22 de septiembre de ese año; y en consecuencia, señaló audiencia para el 31 de octubre de 2022, a horas 09:50 am, debiendo notificarse a todos los sujetos procesales conforme corresponde a procedimiento (Conclusión II.4). En ese marco, del análisis de la demanda tutelar y de obrados, se tiene que los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, son aplicables al caso en examen, por cuanto la autoridad judicial demandada no consideró la garantía jurisdiccional consagrada por el art. 115.II de la CPE, que impone a quien administra justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, al establecer que el Estado garantiza los derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; por lo que, las peticiones deben ser atendidas y resueltas en los plazos establecidos o de forma inmediata, en caso de no existir una norma que establezca un plazo. En esa línea, de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional y del informe escrito presentado por el Juez ahora demandado, se tiene que dicha autoridad reconoce que ciertamente la ahora accionante presentó un memorial “de forma confusa” el 21 de septiembre de 2022, que fue providenciado dentro de las veinticuatro (24) horas y luego, ante la interposición del recurso de reposición el 13 de octubre de ese año, mediante providencia de 15 del citado mes y año, en ejercicio de sus atribuciones dispuso que el Fiscal informe sobre las notificaciones practicadas a las partes con la Resolución de Sobreseimiento; no siendo la única providencia dispuesta en esa fecha, sino que también pronunció el Auto de la indica fecha, por el cual señaló la audiencia de modificación de medidas cautelares impetrada por la ahora accionante, para el 31 de octubre de 2022 a horas 09:50 am (Conclusión II.4); en consecuencia, se desprende que la audiencia fue programada fuera del plazo máximo de las cuarenta y ocho (48) horas previsto por el art. 239 del CPP, incumpliendo lo establecido por la norma y lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo Constitucional. Asimismo, en cuanto a la denuncia efectuada por la ahora accionante, cuando señala que, el proveído de 15 de octubre de 2022 consigna una fecha referencial, toda vez que recién salió de despacho del Juez ahora demandado el 25 de igual mes y año; se concluye que es evidente dicha denuncia ya que el referido proveído fue pronunciado fuera del plazo previsto por el 132.1 del CPP; por cuanto el Juez ahora demandado, no adjuntó prueba alguna sobre las notificaciones a las partes con el indicado proveído y menos con el Auto de señalamiento de día y hora de audiencia (Conclusión II.4), con los cuales se demuestre la alegada falta de seguimiento al proceso por parte de la ahora accionante; vale decir, que el Juez ahora demandado no desvirtuó las acusaciones vertidas en su contra. Por todo lo desarrollado, siendo evidente la lesión de los principios de celeridad y ama quilla, que exige de las autoridades judiciales, una actitud ágil en la tramitación de los procesos a su cargo, logrando la materialización de los principios, valores, derechos y garantías consagrados en la Norma Suprema; corresponde conceder la tutela impetrada en el marco de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 30/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 23 vta. a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada disponiendo que el Juez ahora demandado, celebre en el día de su notificación con el presente fallo constitucional la audiencia solicitada por la accionante, lo que incluye supervisar la realización de las diligencias correspondientes para tal efecto; siempre y cuando no se hubiera modificado la situación jurídica de la accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 2El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0336_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): f65b5df2b1596ba42c22c8dfe1f117fb738039a53a6974c27a6948494b2cd9be

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →