Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de junio de 2024
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición, en razón a que el Director hoy accionado, no dio respuesta respecto al reclamo que presentó en segunda instancia el 11 de abril de 2022. Si bien fue convocado a una reunión de conciliación el 12 de mayo de igual año; en dicha reunión, las partes mantuvieron firmes sus argumentos, lo que no permitió llegar a ningún acuerdo; por lo que, a partir de esa fecha la ASFI, tenía quince días hábiles de plazo, para emitir el Dictamen conforme al Reglamento de Protección al Consumidor de Servicios Financieros, lo cual no fue cumplido, a pesar de que reiteró esa solicitud el 11 de julio del citado año, tampoco fue atendida; por lo que, no cuenta con una respuesta definitiva a la fecha, habiendo transcurrido dos meses, desde que la ASFI, debió pronunciarse. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art.12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 236/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 256 a 262 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0336/2024-S3 Sucre, 17 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50324-2022-101-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 236/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 256 a 262 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Silvia Ximena Yañiquez Zuñagua contra Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
La accionante por memoriales presentados el 2 y 12 de agosto de 2022, cursantes de fs. 36 a 41 y 44 a 46, manifestó lo siguiente:
Mediante la Escritura Pública 143/2022 de 15 de febrero, suscribió un contrato de préstamo de dinero (crédito para vivienda de interés social) con el Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) -hoy tercero interesado-, por un monto de Bs.357 000.- (trecientos cincuenta y siete mil bolivianos), para la compra de un departamento. En la Cláusula Séptima de ese contrato se estableció que el crédito de interés social deberá ser pagado en cualquier punto de atención financiera del referido Banco, por amortizaciones mensuales de acuerdo al Plan de Pagos emitido por dicho Banco. Asimismo, en la cláusula Decimoprimero, se estableció que podía pagar por adelantado al capital con reducción a plazo, reduciendo el plazo original sin afectar el monto de la cuota inicialmente pactada, debiendo el Banco Unión S.A. emitir nuevo Plan de Pagos. En ese marco, el 24 de marzo de 2022, efectuó el pago anticipado de capital de Bs10 489 42.- (Diez mil cuatrocientos ochenta y nueve 42/100 Bolivianos) en caja, emitiendo el citado Banco el nuevo Plan de Pagos, en el que en lugar de amortizar el pago a las cuotas que seguían en su plan de pagos se aplicó a las ultimas cuotas; es decir, que no se realizó la amortización en forma cronológica en su plan de pagos, sino a discrecionalidad y decisión unilateral del Banco Unión S.A. ahora tercero interesado, así como procedió a la reducción del monto de su cuota mensual, a pesar de que eligió la modalidad que establece, que no debe afectarse el monto de la cuota inicialmente pactada, salvo que el monto cancelado fuese menor a una cuota de capital, lo que no ocurría en su caso. Ante la irregularidad del nuevo plan de pagos, presentó su reclamo en primera instancia ante el Banco Unión S.A. ahora tercero interesado, que fue resuelto mediante Nota con Cite: CA/PRLPZ/2077/2022 de 31 de marzo, notificado a su persona el 4 de abril de 2022, comunicándole que: ‷la forma de proceder para los pagos adelantados a capital con la modalidad de reducción a plazo se las realiza a las ultimas cuotas y no así a las siguientes”ʹ (sic), aseveración que no tendría respaldo legal, mucho menos fue pactado, cuando los pagos deben ser efectuados de forma cronológica, pudiendo afectarse en caso contrario sus derechos como consumidora financiera, más aun cuando se estableció que para realizar el pago adelantado a las siguientes cuotas debe remitirse a la Cláusula Decima Segunda del Contrato; es decir, al pago adelantado a capital a las siguientes cuotas que sería una modalidad totalmente distinta al pago adelantado a capital con reducción de plazo. En vista que la respuesta emitida por el Banco Unión S.A. hoy tercero interesado, continuaba conculcando sus derechos, el 11 de abril de 2022, presentó el reclamo en segunda instancia ante la ASFI, que luego de verificarse que ese su reclamo cumplía con los requisitos exigidos por la citada Entidad fue convocado a una reunión de conciliación para el 12 de mayo de igual año. En dicha reunión, ambas partes se mantuvieron firmes en sus argumentos, lo que no permitió llegar a ningún acuerdo que satisfaga su reclamo; por lo que, a partir de esa fecha la ASFI, contaba con quince días hábiles de plazo, conforme al Reglamento de Protección al Consumidor de Servicios Financieros para emitir Dictamen, lo cual no fue cumplido, a pesar de que el 11 de julio de 2022, nuevamente solicitó pronunciamiento expreso, tampoco mereció respuesta alguna. En varias oportunidades realizó seguimiento a su reclamo, tanto por vía telefónica como de manera presencial en las oficinas de la ASFI, en la que pese al compromiso de respuesta por parte del funcionario asignado de dicha entidad, no cuenta con una respuesta definitiva a la fecha, habiendo transcurrido dos meses, desde que la ASFI, debió emitir la respuesta.
La accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición, citando al efecto los arts. 24 y 110 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada emitir una respuesta pronta, formal y definitiva a su reclamo en segunda instancia.
Celebrada la audiencia pública el 31 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 251 a 255 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, en audiencia, a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: a) Ayer -se entiende el 30 de agosto de 2022-, fue notificada por la ASFI vía Chat con la Nota ASFI/DCF/R-178492/2022 de 29 de agosto, si bien en esa Nota se respondió a una de sus peticiones; empero, no se pronunció sobre la integridad de su reclamo, en especial con relación a que el Banco Unión S.A. hubiese distribuido el pago del capital anticipado que canceló a las ultimas cuotas de su plan de pagos, lo que no correspondía; por cuanto, todo pago debe ser efectuada cronológicamente, por lo que, debió consignarse a las siguientes cuotas que correspondían a su plan de pagos, lo que no ocurrió, respecto al cual no se pronunció la ASFI en la Carta; y, b) Por consiguiente, la referida Nota no cumple con los requisitos previstos por el art. 24 de la CPE y la jurisprudencia constitucional, en sentido de que debe pronunciarse respecto a todas las pretensiones de la solicitante.
Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. de la ASFI, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 245 a 249, así como en audiencia, manifestó que: 1) El art. 53.II del Código procesal Constitucional (CPCo.), establece como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando desaparece el objeto de tutela, lo cual ocurrió en el caso, por cuanto la accionante solicitó a la ASFI, emita respuesta a su reclamo en segunda instancia, cumpliéndose mediante la Nota ASFI/DCF/R-178492 de 29 de agosto, con la constancia de recepción de 30 de igual mes y año, en la cual se dio la respuesta al reclamo de segunda instancia de 11 de abril y 11 de julio de 2022, contra el Banco Unión S.A. ahora tercero interesado; por lo que, la acción de defensa planteada recae en la teoría del hecho superado; 2) Sin perjuicio de lo anterior, el 11 de abril del citado año, la accionante presentó el reclamo en segunda instancia contra el citado Banco, manifestando que realizó el pago adelantado al capital, escogiendo la opción de reducción de plazo y manteniendo el importe de las cuotas; empero, dicho pago fue indebidamente apropiado con la reducción mensual de las cuotas; por lo que, solicitó corrección del plan de pagos; en virtud del cual la ASFI instruyó al Banco Unión S.A. ahora tercero interesado, remitir el informe documentado del reclamo mediante la Central de Información de Reclamos y Sanciones de las Entidades Financieras, lo cual fue cumplido por dicho Banco; 3) Analizado la referida documentación, resultaba crucial la aplicación del art. 6, Sección 9 del Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos de Servicios Financieros que establece: “ʽ(Pago adelantado a capital). Es el pago a capital que se efectúa de forma adelantada a los plazos establecidos en el plazo de pagos pactados, por un monto mayor a una cuota. Cuando se presente esta situación, la EIF, debe aplicar y explicar cualquiera de las siguientes alternativas, de acuerdo a la elección del prestatario: 1) Reducción de la Cuota: Pago adelantado a capital que disminuye el saldo adeudado del monto. Por efecto de esta disminución, las cuotas del crédito se reducen proporcionalmente manteniéndose el plazo de la operación. 2) Reducción de Plazo: Pago adelantado a capital que disminuye el saldo adeudado del mismo. Por efecto de esta disminución, el plazo original del crédito se reduce, sin afectar el monto de la cuota inicialmente pactada. Como resultado del pago adelantado a capital, descrito en los numerales anteriores, la EIF debe recalcular el plan de pagos en función de la alternativa elegida por el deudor, debiendo entregar un nuevo Plan de Pagos al mismo sin costo alguno, dejando evidencia del conocimiento y aceptación por parte del deudor, en la carpeta del crédito. En caso de que el monto de pago adelantado fuere menor a una cuota de capital, el mismo se aplicará al préstamo mediante la alternativa de pago adelantado a capital con reducción de cuota, con todos sus efectos. El cambio en el plazo de pagos como consecuencia del pago adelantado, no se considerará como una reprogramación”ʹ; en ese sentido, la accionante hubiese optado en caso de realizar un pago adelantado al capital, el mismo debe ser aplicado a reducir el plazo de su crédito, manteniendo el monto de la cuota; 4) En ese contexto, se advierte que el pago adelantado al capital realizado por la accionante el 24 de mayo de 2022, no fue apropiado de acuerdo a su elección; toda vez que, el importe pagado debió apropiarse a reducir el plazo del crédito manteniendo el monto de la cuota, considerando la Cláusula Décima del contrato de préstamo de 15 de febrero de 2022 que señala: “PAGO ADELANTADO A CAPITAL. En caso de pago adelantado a capital, el BANCO debe aplicar y explicar cualquiera de las siguientes alternativas de acuerdo a la elección del (de los) DEUDOR (ES): 11.1. Reducción de la Cuota: Es el pago adelantado a capital que disminuye el saldo adeudado del mismo. Por efecto de dicha disminución las cuotas del crédito se reducen proporcionalmente, manteniéndose el plazo de la operación. 11.2. Reducción del Plazo: Es el pago adelantado a capital que disminuye el saldo adeudado del mismo: por efecto de esta disminución, el plazo original del crédito reduce, sin afectar el monto de la cuota inicialmente pactada.
Como resultado del pago adelantado a capital, descrito anteriormente, el BANCO debe recalcular el Plan de Pagos al (los) mismo (s) sin costo alguno, dejando evidencia de conocimiento y aceptación por parte del (de los) DEUDORES”; 5) De lo expuesto, el Banco Unión S.A. ahora tercero interesado, incumplió presuntamente el art. 6, Sección 9 del Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos de Servicios Financieros contenida en el Capítulo IV, Titulo II, Libro 3 de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, ya que no apropió el pago adelantado a capital conforme a la elección de la accionante; por lo que, debe iniciarse el proceso sancionatorio correspondiente contra la referida Entidades de Intermediación Financieras (EIF), por incumplimiento del citado artículo; además, el Banco Unión S.A. ahora tercero interesado al aplicar la opción de reducción del plazo, redujo también la cuota mensual pactada inicialmente; y, 6) Para restaurar el derecho vulnerado de la accionante, la ASFI instruirá al Banco, reajustar la aplicación de dicho pago adelantado a capital, apropiando el importe a reducir el plazo del crédito y mantener el monto de la cuota mensual. En audiencia, agregó que: i) La accionante refirió que se realizó una audiencia de conciliación el 12 de mayo de 2022; por lo que, a partir de esa fecha la ASFI tenía el plazo de quince días para emitir el Dictamen, vencido el cual no recibió respuesta alguna; sin embargo, debe considerarse que al no existir una conciliación, se requirió al Banco Unión S.A., el informe y la documentación respectiva, la cual se recibió el 18 de igual mes y año; ii) La Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI, en la Sección 1, Capítulo Primero, Título 10, del Libro 4, en cuanto al dictamen, establece que presentado el informe documentado por la entidad financiera o concluido el proceso de la documentación, que en el caso la documentación fue remitida el 18 de mayo de igual año, desde entonces la Defensoría del Consumidor Financiero de la ASFI, tenía el plazo de quince días para emitir el dictamen motivado, claro y fundamentado sobre la base del informe técnico legal; iii) Revisada la documentación aparejada, claramente se establece que el 6 de junio de 2022, se emitió el Informe ASFI 113991/2022 de 6 de junio y en la misma fecha se emitió el Dictamen Defensorial ASFI/DCF/336/2022, lo cual evidencia que se emitieron ambos Informes el Legal y el Dictamen Defensorial dentro del plazo de quince días, conforme lo establece la Recopilación de Normas de Servicios Financieras, específicamente en el art. 10; y, iv) En cuanto al cumplimiento del dictamen, el referido artículo de la citada norma, señala que la Dirección General Ejecutiva instruirá a las entidades financieras el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Dictamen, que en ese caso se emitió la respuesta a través de la Nota ASFI/DCF/R-178492/2022 de 29 de agosto, la cual fue notificada a la accionante el 30 de agosto de 2022, respecto al cual el art. 11 de la citada disposición no establece ningún plazo, como señala la accionante.
El Banco Unión S.A., a través de su representante legal, mediante memorial presentado el 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 99 a 100; así como en audiencia, manifestó que: a) El 24 de marzo de 2022, la accionante realizó el pago extraordinario a capital de Bs10 489.- (diez mil cuatrocientos ochenta y nueve) en el marco de un contrato de préstamo que tiene con el Banco Unión S.A; empero, antes de realizarse ese pago, se le explicó a la accionante que dicho pago adelantado a capital podía derivar en una de las dos alternativas que prevé la “norma”, entre la reducción de la cuota y la reducción del plazo; b) Conforme se puede advertir de la Carta de 18 de agosto de 2022, suscrita por la accionante, la misma escogió encerrando con un círculo la opción de reducción del plazo y en su mérito su cuota pactada inicialmente no disminuye por el pago adelantado a capital, sino que disminuye el plazo pactado para el préstamo; por lo que, el plan de pagos que adjuntó, confiesa expresamente que el plazo del préstamo disminuyó; c) La accionante pretende introducir una nueva modalidad de pago adelantado a capital no reconocida por la norma jurídica, por el cual dicho pago, la libera de cancelar las siguientes cuotas del crédito; es decir, de los meses siguientes al pago adelantado realizado, la cual no está previsto en el Libro 3, Titulo II, Capitulo IV, Sección 9, Artículo 6 de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI; y, d) El Banco Unión S.A. hoy tercero interesado, actuó conforme la elección de la propia accionante y la normativa legal aplicable. En audiencia recalcó que: 1) La accionante pretende introducir una nueva modalidad de pago adelantado a capital no reconocida por la norma jurídica, por el cual el pago adelantado a capital, la libera de cancelar las siguientes cuotas del crédito; es decir, ella había cancelado hasta la cuota tercera y pretende que se aplique el pago a la cuota cuarta en adelante, extremo no previsto en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI; 2) Fue la accionante que de su puño y letra escogió al momento de realizar el pago adelantado a capital, que ese pago conlleve una reducción del plazo de su crédito, lo cual fue cumplido a cabalidad por el Banco Unión S.A., dicho formulario fue adjuntado al cuaderno procesal; y, 3) La ASFI dio respuesta a lo solicitado por la accionante mediante Nota ASFI/DCF/R-178492/2022, con la notificación de 30 de agosto de 2022; empero, la accionante pretende que la Sala Constitucional ordene a la citada entidad, complementar dicha respuesta, cuando debe adecuar su pretensión de acuerdo al procedimiento regulado en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 236/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 256 a 262 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La ASFI, efectuó la evaluación documental remitida por el Banco Unión S.A. ahora tercero interesado, advirtiendo presunto incumplimiento del art. 6, Sección 9 del Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos de Servicios Financieros, la cual fue reflejada en el Dictamen Defensorial ASFI/DCF/336/2022 de 6 de junio, declarando fundado el reclamo presentado por la accionante, disponiendo emitir la carta de respuesta y el inicio de un proceso sancionatorio contra el citado Banco; y, ii) Existe la causal de improcedencia prevista por el art. 53.2 del CPCo, ya que la accionante consintió de manera expresa al llenar el formulario y al no pedir antes de realizar el pago, ya sea verbalmente o que conste en alguna nota o carta, en la que diga que está pagando por adelantado a capital por la cuarta, quinta, sexta y séptima cuota, extremo que no aconteció en el caso.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Testimonio 143/2022 de 15 de febrero, de Escritura Pública de un Contrato de Préstamo de Dinero (crédito para vivienda de interés social) y Transferencia del bien inmueble para vivienda social por compraventa y préstamo de dinero con garantía hipotecaria, suscrito por Silvia Ximena Yañiquez Zuñagua -ahora accionante- como deudora, compradora, y garante hipotecaria, como vendedor ʽ“POK HA BEK S.R.L.”ʼ ʽ“PHB S.R.L.”ʹ, representado por Daniel Claure Veizaga y como acreedor el Banco Unión S.A. -hoy tercero interesado (fs. 2 a 14 vta.). Se arrima Plan de Pagos de 24 de marzo de 2022, con número de operación 3033698 (fs. 18 a 22). II.2. Consta Nota de 25 de marzo de 2022, con recepción de igual fecha, dirigido al Banco Unión S.A., con referencia “Presenta Queja por incorrecta emisión del Plan de Pagos”, presentado por la accionante, alegando que con respecto al pago adelantado su persona eligió la modalidad de ʽ“Pago adelantado a capital con reducción de plazo׳” (sic); empero, fue grande su sorpresa cuando se apersonó al referido Banco y vio que en el sistema se encontraba preestablecido la opción de pago adelantado a Capital con la opción de ʽ“Reducción de la cuota׳”, lo cual nunca aceptó, y cuando le dijeron que se había corregido el error, realizó el pago, no obstante, cuando se emitió el nuevo Plan de Pagos advirtió que solamente se redujo cuatro cuotas cuando debía reducirse diecisiete cuotas; además, de imputarse a las ultimas cuotas y no a las cuotas que siguen a la última pagada, siendo una decisión unilateral del Banco Unión S.A.; por lo que, solicitó la emisión del Nuevo plan de pagos con las correcciones (fs. 23 a 25). Asimismo, cursa Nota con Cite: CA/PRLPZ/2077/2022 de 31 de marzo, con referencia ʽ“Respuesta a Reclamo N° 586989׳”, dirigido a la accionate indicando que el plan de pagos fue correctamente calculado y cumple con la solicitud que realizó, que en esa modalidad se amortizan las ultimas cuotas y no así a las que siguen (fs. 26 a 27). II.3. Cursa Nota de 11 de abril de 2022, dirigido al Director hoy accionado, por la cual la accionante, con referencia “Presenta reclamo en segunda instancia”, solicitó que previa evaluación de los documentos aparejados se declare fundado el reclamo y se emita dictamen, estableciendo que el pago adelantado a Capital con reducción de plazo, efectuado por su persona debe ser aplicado a las siguientes cuotas del Plan de Pagos y no así a las últimas cuotas, ya que la modalidad de reducción de cuotas, no puede ser aplicado con respecto al pago adelantado realizado por su persona; toda vez, que el monto cancelado es mayor a una cuota de capital, recepcionada la misma en igual fecha (fs. 30 a 33). Asimismo, mediante Nota de 11 de julio del citado año, dirigido al Director hoy accionado, la accionante reiteró la solicitud de pronunciamiento al reclamo de segunda instancia, pidiendo se instruya al Banco Unión S.A., emitir un nuevo Plan de Pagos, aplicando el pago adelantado a capital, realizado el 24 de marzo de 2022, a las siguientes cuotas de su Plan de Pagos, al momento del pago realizado, así como proceda a la restitución del monto de su cuota mensual y sea en el plazo de tres días, advirtiendo de interponer la acción de amparo constitucional (fs. 34 a 35). II.4. Cursa Nota ASFI/DCF/R-178492/2022 de 29 de agosto, dirigido a la accionante, a través de la cual el Director ahora accionado, se refirió con respecto al reclamo contra el Banco Unión S.A., dio a conocer que el citado Banco presuntamente incumplió el art. 6 Sección 9 del Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos de Servicios Financieros, contendido en el Capítulo IV, Título II, Libro 3 de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI; puesto que, que no apropió el pago adelantado a capital conforme su elección, en cuyo mérito su reclamo fue declarado fundado debido a que se advirtió incumplimiento a normativa regulatoria por parte del citado Banco Unión S.A.; por lo que, conforme al art. 66.I del Reglamento de La ley 2341 de Procedimiento Administrativo aprobado mediante Decreto Supremo (DS) 27175 de 15 de septiembre de 2003, la ASFI iniciará el proceso sancionatorio administrativo contra la entidad financiera, dentro del cual según lo dispuesto en el art. 76 de la Ley de Servicios Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-, se evaluará la restitución del derecho conculcado. Con la constancia de recepción de 30 de agosto de igual año (fs. 106 a 108). II.5. Consta Informe/ASFI/DCF/R-113991/2022 de 6 de junio, dirigido a la Directora de la Defensoría del Consumidor Financiero de la ASFI, emitido por la Analista legal y la Analista Técnico ambas de Protección y Defensa del Consumidor Financiero a.i. de la ASFI con la referencia Informe Técnico Legal-Reclamo de la accionante contra el Banco Unión S.A. ahora tercero interesado (fs. 113 a 119). II.6. Mediante Dictamen Defensorial ASFI/DCF/336/2022 de 6 de junio, emitido por la Directora de la Defensoría del Consumidor Financiero de la ASFI, dictaminó: Primero, Declarar fundado el reclamo presentado por la accionante contra el Banco Unión S.A.; Segundo, emitir carta respuesta a la reclamante, haciendo conocer el resultado obtenido y Tercero, disponer el inicio del proceso sancionatorio contra el citado Banco por el presunto incumplimiento al art. 6, Sección 9 de Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos de Servicios Financieros contenido en el Capítulo IV, Título II, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI, debido a que la entidad financiera al aplicar la opción de reducción del plazo, redujo también la cuota mensual pactada inicialmente (fs. 109 a 112).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición, en razón a que el Director hoy accionado, no dio respuesta respecto al reclamo que presentó en segunda instancia el 11 de abril de 2022. Si bien fue convocado a una reunión de conciliación el 12 de mayo de igual año; en dicha reunión, las partes mantuvieron firmes sus argumentos, lo que no permitió llegar a ningún acuerdo; por lo que, a partir de esa fecha la ASFI, tenía quince días hábiles de plazo, para emitir el Dictamen conforme al Reglamento de Protección al Consumidor de Servicios Financieros, lo cual no fue cumplido, a pesar de que reiteró esa solicitud el 11 de julio del citado año, tampoco fue atendida; por lo que, no cuenta con una respuesta definitiva a la fecha, habiendo transcurrido dos meses, desde que la ASFI, debió pronunciarse. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada
La SCP 0249/2017-S3 de 27 de marzo, haciendo mención a la SCP 0416/2016-S3 de 6 de abril, señaló que: “‘Un elemento de transcendental importancia en el ámbito jurídico es sin duda el petitorio pues en el ámbito procesal delimita el accionar de las autoridades judiciales o administrativas que están obligadas a resolver los recursos o impugnaciones conforme a lo solicitado, caso contrario se produce una decisión ultra o infra petita. Sin embargo, debido a que puede confundirse con el derecho de petición pura y llana corresponde diferenciarla. En ese sentido, en toda impugnación existe una petición, que -dentro de un proceso- forma parte de la pretensión pero no toda petición involucra una impugnación. Así, en materia administrativa, el recurso de impugnación surge contra la decisión de la administración pública, en el que el administrado se sujeta a un procedimiento pre-establecido, en cambio en el derecho de petición no requiere la existencia de un proceso administrativo, debido a que tiene una autonomía propia, siendo únicamente exigible la identificación del peticionante para su procedencia, así lo determina el art. 24 de la CPE (…). Los contrastes antes referidos advierten claramente una diferenciación entre el derecho de petición y la pretensión que puede contener una demanda o un recurso de impugnación dentro un proceso administrativo; mientras la primera es un derecho autónomo que se protege de manera directa vía acción de amparo constitucional ante su vulneración, con excepción claro está, en casos en que la administración de la entidad, haya establecido procedimiento para el tratamiento del derecho de petición, en este último corresponde previamente observar la misma; en el segundo caso, es decir, cuando se trata de una pretensión dentro un proceso administrativo corresponde que tanto los plazos como la pretensión misma sea tratada de acuerdo a procedimiento, en observancia de los elementos del debido proceso; en consecuencia, no puede ser tratada con los alcances del derecho de petición, sino, corresponde que el procedimiento administrativo sea observado con todo lo que incumbe: plazos y etapas procesales establecidas en la misma, regulados bajo la garantía del debido proceso”ʹ (el resaltado nos corresponde). La SCP 0124/2018-S4 de 16 de abril, con respecto a los ámbitos procesales de aplicación del citado precedente, señaló que; la SCP 0249/2017-S3 de 27 de marzo, estableció que: “…por sus implicancias resulta plenamente aplicable en todo proceso contencioso, es decir, dentro una causa donde se constituyan partes procesales en controversia, donde una es la parte actora que tiene una pretensión y otra que se oponga a ella, debiendo las mismas ser sustanciadas en el marco de una norma adjetiva y resueltas en observancia del debido proceso, en ese entender será la norma procesal la encargada de regular los plazos, etapas e instancias procesales, al que las partes, coadyuvantes y otros sujetos procesales se encuentran sometidas, en razón a que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio; por lo que, toda pretensión activada dentro de un proceso no puede ser tratada en el marco de las implicancias del derecho de petición de manera pura y llana, sino se encuentran sometidas a la observación de un procedimiento, a términos y plazos procesales”. En conclusión, a la luz de la doctrina, entendimientos y jurisprudencia constitucional glosada, el derecho de petición no puede ser invocado dentro de un procedimiento judicial o administrativo para solicitar a una determinada autoridad la ejecución de un acto procesal que por imperio de la ley esta compelida a realizarla, debiendo en todo caso, únicamente observar las reglas del debido proceso, los plazos establecidos a tal efecto y la ʽpretensiónʼ de las partes en relación al citado acto” (las negrillas fueron agregadas).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición, en razón a que el Director hoy accionado, no dio respuesta respecto al reclamo que presentó en segunda instancia el 11 de abril de 2022. Si bien fue convocado a una reunión de conciliación el 12 de mayo de igual año; en dicha reunión, las partes mantuvieron firmes sus argumentos, lo que no permitió llegar a ningún acuerdo; por lo que, a partir de esa fecha la ASFI, tenía quince días hábiles de plazo, para emitir el Dictamen conforme al Reglamento de Protección al Consumidor de Servicios Financieros, lo cual no fue cumplido, a pesar de que reiteró esa solicitud el 11 de julio del citado año, tampoco fue atendida; por lo que, no cuenta con una respuesta definitiva a la fecha, habiendo transcurrido dos meses, desde que la ASFI, debió pronunciarse. Para resolver la problemática planteada, corresponde recapitular los antecedentes con la finalidad de identificar si lo solicitado por la accionante es una petición autónoma directamente tutelable vía acción de amparo constitucional o por el contrario constituye una pretensión invocada dentro de un procedimiento o proceso administrativo. En ese sentido, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que mediante el Testimonio 143/2022 de 15 de febrero, de Escritura Pública de un Contrato de Préstamo de Dinero por un monto de Bs357 000.- (trescientos cincuenta y siete mil bolivianos) (crédito para vivienda de interés social) y Transferencia del bien inmueble para vivienda social por compraventa y préstamo de dinero con garantía hipotecaria, suscrito por accionante como deudora, compradora, y garante hipotecaria; y, ʽ“POK HA BEK S.R.L.”ʼ ʽ“PHB S.R.L.”ʹ como vendedor, representado por Daniel Claure Veizaga y el Banco Unión S.A. hoy tercero interesado, como acreedor (fs. 2 a 14 vta.). Se arrima Plan de Pagos de 24 de marzo de 2022, con número de operación 3033698, en cuya Cláusula Decimo Primero, se acordó que podía pagar por adelantado al capital con reducción a plazo, reduciendo el plazo original sin afectar el monto de la cuota inicialmente pactada, debiendo el Banco Unión S.A. emitir nuevo Plan de Pagos (Conclusión II.1.). En ese marco, el 24 de marzo de 2022, realizó el pago anticipado de capital Bs10 489.42.-, emitiendo el Banco Unión S.A. hoy tercero interesado el nuevo Plan de Pagos, en el cual en lugar de amortizar el pago anticipado a las cuotas que seguían en su plan de pagos se aplicó a las últimas cuotas; es decir, no se realizó la amortización en forma cronológica en su plan de pagos sino a discrecionalidad y decisión unilateral de dicho Banco, así como procedió a la reducción del monto de su cuota mensual, a pesar de que la modalidad que eligió establece que no debe afectarse el monto de la cuota inicialmente pactada, salvo que el monto cancelado fuese menor a una cuota de capital, lo que no ocurría en su caso. Ante esa irregularidad, presentó su reclamo en primera instancia ante el Banco Unión S.A. ahora tercero interesado (Conclusión II.2.), que fue respondida, indicando que la forma de proceder para los pagos adelantados a capital con la modalidad de reducción a plazo se las realiza a las últimas cuotas y no así a las siguientes y que el plan de pagos fue correctamente emitido, lo cual no tendría respaldo legal, mucho menos fue pactado. Contra esa respuesta del Banco Unión S.A. hoy tercero interesado, presentó el reclamo en segunda instancia ante la ASFI, el 11 de abril de 2022 (Conclusión II.3.), en virtud del cual fue convocado a una reunión de conciliación para el 12 de mayo de 2022, en la cual las partes no pudieron llegar a ningún acuerdo; por lo que; a partir de esa fecha la ASFI, contaba con quince días hábiles de plazo, conforme al Reglamento de Protección al Consumidor de Servicios Financieros para emitir Dictamen, lo cual no fue cumplido, a pesar de que el 11 de julio del citado año, nuevamente solicitó pronunciamiento expreso, que tampoco mereció respuesta alguna; por lo que, no cuenta con una respuesta definitiva a la fecha, habiendo transcurrido dos meses, desde que la ASFI, debió emitir el Dictamen. Sin embargo, después de planteado la acción de amparo constitucional, fue notificado el 30 de agosto de igual año, con la Nota ASFI/DCF/R-178492/2022 (Conclusión II.4.), al respecto en audiencia de consideración de la presente acciona tutelar, la accionante manifestó que la ASFI, no se pronunció sobre la integridad de su reclamo, en especial con relación a que el Banco Unión S.A. ahora tercero interesado, había distribuido el pago de capital anticipado que canceló a las últimas cuotas de su plan de pagos, lo que no correspondía; por cuanto, todo pago debe ser realizado cronológicamente, entonces debió haber consignado a las siguientes cuotas que correspondían a su plan de pagos, lo que no ocurrió; por lo que, referida la Nota no cumple con los requisitos previstos por el art. 24 de la CPE y la jurisprudencia constitucional, en sentido de que debe pronunciarse respecto a todas las pretensiones invocadas. Por su parte, el Director ahora accionado, en su informe presentado en la presente acción de defensa, señaló que emitió respuesta a su reclamo en segunda instancia, mediante la Nota ASFI/DCF/R-178492/2022, notificado el 30 de igual mes y año a la accionante, razón por la cual, la acción de defensa planteada recaería en la teoría del hecho superado; a pesar de ello, indicó que al no ser posible la conciliación, la ASFI instruyó al Banco Unión S.A. hoy tercero interesado, remitir el informe documentado del reclamo mediante la Central de Información de Reclamos y Sanciones de las Entidades Financieras, la misma que fue cumplido por el referido Banco; analizado esa documentación, advirtió que el pago adelantado a capital realizado por la accionante, no fue apropiado de acuerdo a su elección; toda vez, que el importe pagado debió apropiarse a reducir el plazo del crédito manteniendo el monto de la cuota, considerando la Cláusula Décima del contrato de préstamo; por lo que, el Banco Unión S.A. hoy tercero interesado, presuntamente incumplió el art. 6, Sección 9 del Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos de Servicios Financieros contenida en el Capítulo IV, Título II, Libro 3 de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI, debiendo iniciarse el proceso sancionatorio correspondiente contra la EIF, por incumplimiento del citado artículo; para lo cual, la ASFI instruirá al Banco Unión S.A., reajustar la aplicación de dicho pago adelantado a capital, apropiando el importe a reducir el plazo del crédito y mantener el monto de la cuota mensual. Asimismo, en audiencia de la presente acción tutear, aclaró con relación a lo afirmado por la accionante que después de efectuada la audiencia de conciliación, la ASFI tenía el plazo de quince días para emitir el Dictamen; empero, no consideró que la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI en la Sección 1, Capítulo Primero, Título 10, del Libro 4, en cuanto al dictamen establece que presentado el informe documentado por la entidad financiera o concluido el proceso de la documentación, que en el caso la documentación fue remitida el 18 de mayo de igual año, desde entonces la Defensoría del Consumidor Financiero de la ASFI, tenía el plazo de quince días para emitir el dictamen motivado, claro y fundamentado sobre la base del informe técnico legal, lo cual fue cumplido. De lo revisado los antecedentes, se puede advertir, que el reclamo presentado en segunda instancia por la accionante a la ASFI, no constituye una petición autónoma sino una pretensión vinculada a un proceso administrativo; por cuanto en su Nota de 11 de abril de 2022, solicitó que previa evaluación de los documentos aparejados se declare fundado el reclamo y se emita dictamen, estableciendo que el pago adelantado a capital con reducción de plazo, realizado por su persona debe ser aplicado a las siguientes cuotas del Plan de Pagos y no así a las ultimas cuotas, ya que la modalidad de reducción de cuotas, no puede ser aplicado con respecto al pago adelantado realizado por su persona, toda vez que el monto cancelado es mayor a una cuota de capital. Es más, en su nota de reiteración de 11 de julio de igual año, solicitó se instruya al Banco Unión S.A. ahora tercero interesado, emitir un nuevo Plan de Pagos, aplicando el pago adelantado a capital, a las siguientes cuotas de su Plan de Pagos, al momento del pago realizado, así como proceda a la restitución del monto de su cuota mensual y sea en el plazo de 3 días (Conclusión II.3.). Por consiguiente, lo solicitado en su reclamo de segunda instancia constituye una pretensión, aunque en el petitorio de esta acción de defensa genéricamente refirió que concedida la tutela, se ordene a la autoridad demandada emitir una respuesta pronta, formal y definitiva a su reclamo en segunda instancia, pretendiendo camuflar su pretensión como si fuera una petición. Al respecto, la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, estableció que existe una diferenciación entre el derecho de petición y la pretensión que puede contener una demanda, reclamo o un recurso de impugnación dentro de un proceso administrativo o judicial; mientras la petición es un derecho autónomo que se protege de manera directa vía acción de amparo constitucional ante su vulneración, con excepción claro está, en casos en que la administración de la entidad, haya establecido procedimiento para el tratamiento del derecho de petición, en este último corresponde previamente observar la misma; en el segundo caso, cuando se trata de una pretensión dentro de un proceso administrativo corresponde que tanto los plazos como la pretensión misma sea tratada de acuerdo a procedimiento, en observancia de los elementos del debido proceso; en consecuencia, no puede ser tratada con los alcances del derecho de petición, sino, corresponde que el procedimiento administrativo sea observado con todo lo que incumbe: plazos y etapas procesales establecidas en la misma, regulados bajo la garantía del debido proceso. En ese contexto, la misma accionante en su memorial de interposición de la presente acción de defensa expresamente manifestó que después de fracasado la conciliación, la ASFI tenía el plazo de quince días para emitir el Dictamen, lo cual implica que existe un procedimiento, porque si fuera una petición solamente se puede hablar de un plazo razonable y no expreso como el que invocó la impetrante de tutela. Al que la parte demandada replicó que debe considerarse lo dispuesto por la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI, en la Sección 1, Capítulo Primero, Título 10, del Libro 4, que en cuanto al dictamen establece que presentado el informe documentado por la entidad financiera o concluido el proceso de documentación, que en el caso concreto la documentación fue remitida por el Banco Unión S.A. ahora tercero interesado, el 18 de mayo de 2022, desde entonces la Defensoría del Consumidor Financiero de la ASFI, tenía el plazo de quince días para emitir el dictamen motivado, claro y fundamentado sobre la base del Informe/ASFI/DCF/R-113991/2022 de 6 de junio (Conclusión II.5.) y en la misma fecha se emitió el Dictamen Defensorial ASFI/DCF/336/2022 (Conclusión II.6.), declarando fundado el reclamo y disponiendo el inicio de un proceso sancionatorio contra el Banco Unión S.A., por el presunto incumplimiento al art. 6, Sección 9 de Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos de Servicios Financieros contenido en el Capítulo IV, Título II, Libro 3 de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI.
En cuanto al cumplimiento del dictamen, el art. 10 de la Norma Procesal citada, señala que la Dirección General Ejecutiva instruirá a las entidades financieras el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Dictamen, para lo cual en respuesta se emitió Nota ASFI/DCF/R-178492/2022, respecto al cual el art. 11 de la citada disposición, no establece ningún plazo. De lo expuesto, se concluye que la solicitud formulada por la accionante no constituye una petición autónoma tutelable de manera directa por la acción de amparo constitucional, siendo más bien una pretensión vinculada a un conflicto de aplicación e interpretación de las cláusulas del contrato de préstamo bancario referido al pago adelantado a capital, que debe ser dilucidado en el marco del proceso administrativo en trámite, cuyo procedimiento se encuentra regulado en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI, en coherencia con el Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos de Servicios Financieros; ya que, la solicitud de la accionante, debe ser atendida conforme las etapas, plazos, procedimientos y medios de impugnación previstos en la normativa administrativa, por lo que, no corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art.12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 236/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 256 a 262 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0336_2024-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 04441ef1c153d6f16b538f096452de6fa31f6ea8caa2cbd21b8e62dc763c9914
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