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SCP 0336/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48536-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela, por medio de sus representantes sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria y a la defensa, vinculado a los principios de razonabilidad, legalidad, imparcialidad e igualdad de partes; así como, su derecho a la libertad; debido a que, el Vocal demandado: i) Desestimó arbitrariamente su argumento de que la enfermera ofrecida como testigo ya dio su declaración; por lo que, no persistía el riesgo de obstaculización; y, ii) Valoró incorrectamente la prueba aportada para acreditar su actividad laboral; así como, su facilidad para abandonar el país o permanecer oculta. En consecuencia, corresponde analizar, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/22 de 13 de abril de 2022, cursante de fs. 84 vta. a 87 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones de medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. De la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. Sobre el alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y los límites de los tribunales de apelación de circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0336/2023-S4 Sucre, 22 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 48536-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/22 de 13 de abril de 2022, cursante de fs. 84 vta. a 87 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romel Leonardo Ipamo Saravia, Julio Felipe Ríos Vásquez, Dagner Herbert Guzmán y Dennis Fernández, en representación sin mandato de Ana Isabel Mérida Argote contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de abril de 2022, cursante de fs. 2 a 6, la accionante, por medio de sus representantes sin mandato; manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de personas y sustracción de menores, el 18 de marzo de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, llevó a cabo la audiencia de consideración a la cesación de su detención preventiva; donde bajo una incorrecta valoración probatoria, se dispuso que se mantenían latentes los riesgos procesales insertos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 todos del Código de Procedimiento Penal (CPP); motivo por el que, interpuso recurso de apelación contra tal decisión, que fue resuelto mediante Auto de Vista 110 de 11 de abril de 2022, dictado por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandado–; quien con relación a su agravio referido a lo previsto por el art. 234.1 del adjetivo penal, observó el certificado de trabajo que presentó a objeto de que se valore y reconozca su función de labores de casa; lo cual, también desvirtuaría el peligro establecido por el art. 234.2 del citado cuerpo legal; bajo el fundamento de que, el mismo estaba a colores y que se precisaba la presencia del empleador más Número de Identificación Tributaria (NIT) original; cuando, el Ministerio Público no objeto dicha prueba; es decir, auto motivándose; tampoco, valoró el flujo migratorio aéreo que presentó, determinando de manera arbitraria que su trabajo de labores de casa no bastaba porque no mostró recibos (sin especificar cuáles), ni existía contrato laboral. Agregó que; el Vocal demandado, en cuanto al riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, refirió que su defensa no identificó a los testigos que podría “obstaculizar”, cuando claramente se señaló el nombre de la enfermera, quien ya brindó su declaración testifical.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela, por medio de sus representantes sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria y a la defensa, vinculado a los principios de razonabilidad, legalidad, imparcialidad e igualdad de partes; así como, su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 115, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, en la modalidad reparadora; y en consecuencia, se revoque el Auto de Vista 110, a efecto de que se lleve a cabo una nueva audiencia de apelación, ordenando al Vocal demandado a que valore correctamente la prueba sin automotivaciones arbitrarias.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 13 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 80 a 84 vta., presente el representante sin mandato de la solicitante de tutela; y ausente el Vocal demandado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, por medio de su abogado, se ratificó in extenso en los argumentos vertidos en su demanda de acción de libertad; y, ampliándolos, señaló que, tiene dos niñas y su esposo trabaja de guardia de seguridad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito de 13 de abril de 2022, cursante de fs. 61 a 62; manifestó que: a) Resolvió la apelación referida, en el marco de lo previsto por el art. 398 del CPP; estableciendo, con relación al elemento trabajo, que el Tribunal de instancia ha fundamentado su rechazo en que al tener la acusada a su cargo a dos menores de edad y que por ello no podría realizar alguna actividad fuera de su domicilio, tendría que acreditar el origen de los recursos para la manutención de los mismos; razón por la cual, adjuntó en audiencia, fotocopia simple del certificado de trabajo de su concubino, documentación que fue observada por dicho Tribunal; en ese contexto, la defensa técnica en audiencia de apelación aceptando las observaciones del a quo, presentó certificado de trabajo original de Elvis Willam Escobar y una fotocopia a colores de NIT; empero, del análisis de estos se evidenció que el certificado de trabajo no contaba con fecha de expedición y mínimamente debió constituirse la empleadora a efectos de dar fe que el concubino de la acusada trabajaba bajo su dependencia como guardia de seguridad; por tanto, al no haberse desvirtuado en su totalidad este riesgo procesal se mantuvo también el previsto por el art. 234.2 del adjetivo penal; b) En cuanto, a lo estipulado por el art. 235.2 del CPP, se consideró que en audiencia de medidas cautelares se vinculó a la enfermera que tenía que declarar en su momento como testigo; misma que, fue propuesta como testigo en la acusación presentada por el Ministerio Público, alegando al respecto la defensa que ésta ya brindo su declaración, sin aportar mayores elementos a fin de desvirtuar dicho riesgo procesal; por lo que, conforme lo establece la SCP 0633/2018-S2 de 8 de octubre, se realizó un estudio integral sobre el riesgo de fuga y obstaculización; y, c) Se otorgó el valor correspondiente a las pruebas presentadas, además se consideró la naturaleza del delito acusado que es trata y tráfico de una persona con discapacidad; es decir, que la víctima pertenece a un sector vulnerable de la sociedad; además que, por su condición de menor de edad merece la protección reforzada por los administradores de justicia según ordena el art. 60 de la CPE.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 04/22 de 13 de abril de 2022, cursante de fs. 84 vta. a 87 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: 1) En el Auto de Vista 110, el Vocal demandado, le da un valor a los documentos presentados, con relación a los riesgos de obstaculización y fuga, que fueron establecidos en la audiencia de medida cautelar; en virtud de lo cual, la valoración hoy cuestionada está debidamente fundamentada detallando las observaciones a la documentación presentada como ser el NIT que fue presentado en fotocopia; por lo que, no se le dio un valor positivo al no ser el original; así también, se observó el certificado de trabajo y se orienta al Tribunal a quo a cumplir las formalidades establecidas por el art. 173 del adjetivo penal, dejando por ello latente el peligro inserto en el art. 234.2 del CPP, por no haber acreditado el elemento trabajo; y, 2) Conforme a lo previsto por el art. 239.1 del citado Código, correspondía a la acusada la carga de la prueba para la consideración de cesación de su detención preventiva; por lo que, se advierte que la autoridad demandada valoró adecuadamente los elementos de prueba que fueron presentados para tal fin.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia pública de apelación de medida cautelar de 11 de abril de 2022, celebrada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ana Isabel Mérida Argote –hoy accionante–, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de personas y sustracción de menores; verificativo en el que Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandado–, emitió el Auto de Vista 110 de la misma fecha; por medio del cual, se determinó declarar admisible e improcedente el recurso de apelación formulado por la acusada, confirmando en consecuencia, el Auto Interlocutorio de 18 de marzo de 2022, apelado (fs. 63 a 66; y, 66 a 69).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela, por medio de sus representantes sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria y a la defensa, vinculado a los principios de razonabilidad, legalidad, imparcialidad e igualdad de partes; así como, su derecho a la libertad; debido a que, el Vocal demandado: i) Desestimó arbitrariamente su argumento de que la enfermera ofrecida como testigo ya dio su declaración; por lo que, no persistía el riesgo de obstaculización; y, ii) Valoró incorrectamente la prueba aportada para acreditar su actividad laboral; así como, su facilidad para abandonar el país o permanecer oculta. En consecuencia, corresponde analizar, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones de medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando a la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio; estableció que: “‘Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar.

Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: «…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’ (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», (SC 1365/2005-R de 31 de octubre). Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso’” (las negrillas son nuestras).

III.2. De la valoración de la prueba en sede constitucional

Sobre el particular, la precitada SCP 0621/2020-S4, reiterando la línea jurisprudencial emanada al respecto; sostuvo que: “‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’”(las negrillas y subrayado fueron añadidos).

III.3. Sobre el alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y los límites de los tribunales de apelación de circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados

Con relación a la temática de exordio, la SCP 0738/2020-S4 de 12 de noviembre; afirmó que: “En cuanto a los términos que deben observar los Tribunales ad quem, a momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, el art. 398 de la ley adjetiva penal, establece lo siguiente: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’.

Al efecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril expresó lo siguiente: ‘…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.

(…)

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva (…).

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP’” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ana Isabel Mérida Argote –hoy solicitante de tutela–, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de personas y sustracción de menores, el 11 de abril de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública de apelación de medida cautelar; verificativo en el que, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandado–, emitió el Auto de Vista 110 de la misma fecha; por medio del cual, determinó declarar admisible e improcedente el recurso de apelación formulado por la acusada, confirmando en consecuencia, el Auto Interlocutorio de 18 de marzo de 2022 (Conclusión II.1).

En tales antecedentes, la accionante denuncia que el precitado fallo de alzada, lesionó el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria y a la defensa, vinculado a los principios de razonabilidad, legalidad, imparcialidad e igualdad de partes; así como, su derecho a la libertad; debido a que, el Vocal demandado: a) Desestimó arbitrariamente su argumento de que la enfermera ofrecida como testigo ya dio su declaración; por lo que, no persistía el riesgo de obstaculización; y, b) Valoró incorrectamente la prueba aportada para acreditar su actividad laboral; así como, su facilidad para abandonar el país o permanecer oculta.

Así, para un adecuado estudio de la problemática planteada, corresponde analizar por separado cada uno de los puntos establecidos en la misma; en cuyo entendido, con relación al primero; se tiene que, tratándose el Auto de Vista hoy cuestionado, de un fallo emitido en alzada, debe precisarse inicialmente que el ad quem debe circunscribirse al alcance de lo estipulado por el art. 398 del CPP, es decir, resolviendo y pronunciándose sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte recurrente no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, lo que no implica que se encuentre eximido de la obligación de motivar y fundamentar su determinación (Fundamento Jurídico III.3); en cuyo marco, a efecto del estudio que nos atañe, corresponde inicialmente desglosar tales agravios, plasmados en el acta de audiencia de 11 de abril de 2022 (Conclusión II.1), respecto al peligro de obstaculización reclamado en este punto de la problemática planteada; observándose lo siguiente, la entonces recurrente señaló que en cuanto a la supuesta obstaculización, de la revisión integral de todo el cuaderno procesal, se establecía que la testigo por la cual se dejó latente dicho riesgo procesal, ya declaró; por lo que, no hay razón para que persista el mismo, cuando el acto investigativo pendiente del Ministerio Público era que declare la referida enfermera, siendo una “automotivación arbitraria” que persista este, llegando más allá de lo estipulado por el art. 235 ter de la “Ley 1173”; al respecto, el Auto de Vista 110 (Conclusión II.1), ahora cuestionado; determinó que, el Tribunal de primera instancia, estableció que se encuentra latente este riesgo procesal; debido a que, la acusada no presentó ninguna documentación a objeto de enervar el mismo; razonamiento que es totalmente correcto; ya que, en la audiencia de cesación a la detención preventiva la carga de la prueba le corresponde a la acusada; es decir, es quien debe acreditar que ya no concurren los motivos por los cuales se determinó la vigencia de los riesgos procesales; en virtud de lo cual, el a quo de forma clara estableció que no se presentó ninguna documentación para que sea valorada; por otro lado, en la audiencia de alzada la defensa de la acusada indicó que la testigo por la cual se hubiese dejado vigente este riesgo procesal ya hubiese prestado su declaración; empero, no identifica adecuadamente a cuál testigo se refiere, a efecto de poder observar ese aspecto, menos señala a que fojas se encuentra o mediante qué documentación va a acreditar esa situación. En ese contexto, del contraste de lo denunciado por la impetrante de tutela y los fundamentos contenidos en el fallo de alzada, ambos desglosados previamente, en cuanto al primer punto de la problemática planteada; se advierte que, el Vocal demandado, en el Auto de Vista cuestionado, sobre el agravio aludido, de manera correcta, señaló que sobre el peligro de obstaculización la parte recurrente no presentó la carga probatoria necesaria al respecto ni identificó adecuadamente a la testigo referida; conclusión, acorde a lo evidenciado del contraste indicado; puesto que, la defensa técnica de la hoy solicitante de tutela, se limitó a remitirse a todo el cuaderno de control jurisdiccional, señalando “que la enfermera” testigo, ya brindó su declaración testifical, alusiones totalmente insuficientes; puesto que, bajo tales vaguedades no se podía pretender que las autoridad de alzada, verifique todo el cuaderno procesal o que sea suficiente remitirse a la profesión de la testigo aludida para identificarla; máxime, cuando de acuerdo a lo estipulado por el art. 239.1 del CPP, la carga probatoria es fundamental para desvirtuar los riesgos procesales que dieron lugar a la detención preventiva; aspecto que, le atañe a la parte solicitante de cesación de la medida cautelar mencionada. De este modo; se evidencia que, el Auto de Vista cuestionado, sobre el primer punto de la problemática planteada, contiene una estructura de forma y fondo, que expresó las convicciones determinativas que justifican razonablemente su decisión, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; por lo que, al respecto las normas del debido proceso se tienen por fielmente cumplidas; por consiguiente, corresponde en este punto denegar la tutela impetrada. Por otro lado, sobre el segundo punto de la problemática planteada; relativa a que, el Vocal demandado hubiese valorado incorrectamente la prueba aportada, para acreditar su actividad laboral; así como, su facilidad para abandonar el país o permanecer oculta, del contenido del Auto de Vista cuestionado, y de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia desglosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; se advierte que, la autoridad demandada: 1) No se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad; puesto que, la vinculación como labores de casa para acreditar su elemento trabajo respecto al sustento económico de la acusada y su núcleo familiar (hijos y cónyuge), fue establecido previamente bajo el argumento expresado por su propia defensa técnica de que sería su cónyuge quien proporcionaría los recursos económicos para dicho sustento; a partir de lo cual, la autoridad demandada observó que el Certificado de Trabajo de éste no tenía fecha de emisión ni indicaba en qué fecha hubiese sido emitido para establecer que la “Gerencia de Seguridad de Vigilancia Privada Eficaz”, hubiera proporcionado esa documentación; además que, se presentó una fotocopia simple a colores del NIT; lo que evidenciaba, que la apelante con tal documentación no subsanó las observaciones del Tribunal de origen, a efecto de desvirtuar el peligro procesal aludido; asimismo, en cuanto al flujo aéreo presentado, el Vocal demandado determinó que lo observado al respecto por el Tribunal de primera instancia resultaba exagerado en cuanto a solicitar certificaciones ajenas a la Certificación de Migración; sin embargo, al no haber acreditado que la misma tenga un arraigo natural, como el elemento trabajo establecido en el art. 234.1 del CPP; dicho riesgo procesal continuaba latente; 2) Conforme lo precisado en el punto primero, no se omitió la consideración de la documental presentada, pronunciándose sobre la misma, concluyendo que la documentación referida no eran idóneas para demostrar los merituados elementos arraigadores; y, 3) Tampoco basó su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, respaldando su decisión en elementos objetivos, conforme lo detallado supra; por lo que, este Tribunal no evidencia ninguna lesión a los derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy denunciados, con relación a la valoración probatoria, correspondiendo por ello, también denegar la tutela solicitada sobre este punto. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/22 de 13 de abril de 2022, cursante de fs. 84 vta. a 87 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0336_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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