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SCP 0336/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
10 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47177-2022-95-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la transgresión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de interpretación de la legalidad ordinaria, fundamentación y motivación; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; señalando que, dentro de la ejecución del proceso laboral que siguieron contra la CPS Regional Santa Cruz -entidad tercera interesada-, a través del Auto de Vista 39 de 7 de julio de 2021, los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados-, sin realizar un razonamiento pertinente, literal y sistemático de los arts. 4, 188, 190 y 191 del CPT y creando un procedimiento inexistente en la norma laboral -inherente a los peritos-, revocaron totalmente el Auto Interlocutorio 25 de 5 de febrero de dicho año; mediante el cual, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de la Capital de ese departamento, rechazó la objeción formulada por el tercero interesado al Informe Pericial presentado el 22 de octubre de 2020, por José Luis Siles Cuéllar -perito-; ordenando además un nuevo peritaje. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución S-22 de 31 de marzo de 2022, cursante de fs. 252 a 254 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 39 de 7 de julio de 2021, debiendo los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del mencionado Tribunal Departamental, dentro de cinco días de su notificación con este fallo constitucional emitir un nuevo pronunciamiento, en el marco de los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación de las resoluciones
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0336/2023-S2 Sucre, 10 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 47177-2022-95-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución S-22 de 31 de marzo de 2022, cursante de fs. 252 a 254 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gueider Salas Ferrufino; y, María Cristina Morales Justiniano y María Iveth Ávila Nietto, en representación del Sindicato Médico y Ramas Afines (SIMRA) de la Caja Petrolera de Salud (CPS); y, del Sindicato de Trabajadores Administrativos Paramédicos y de Servicio de la CPS “PETROLCAJA” respectivamente, contra Edil Robles Lijerón y Sandra Aguada Romero, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 6 de enero y 16 de febrero de 2022, cursantes de fs. 154 a 166 y 173 a 175, la parte accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso por cobro de derechos sociales -para el pago del Bono por atención a pacientes particulares- que siguieron en representación del SIMRA de la CPS; y, del Sindicato de Trabajadores Administrativos Paramédicos y de Servicio de la CPS “PETROLCAJA” contra la CPS Regional Santa Cruz -entidad tercera interesada-, por Sentencia de 23 de mayo de 1997, el entonces Juez de Trabajo y Seguridad Social Primero del referido departamento, declaró probada la demanda y dispuso su cancelación con los ingresos propios por la venta de dicho servicio en un setenta por ciento (70 %) para la distribución equitativa entre los trabajadores y el treinta por ciento (30 %) restante para el nosocomio; empero, por Resolución de Directorio 04/07 de 14 de mayo de 2007, el citado Centro de Salud determinó no dar continuidad a ese pago. En ejecución de la referida Sentencia, por memoriales presentados el 8 de agosto y 2 de septiembre de 2008, denunciaron la interrupción generada a raíz de la supra citada Resolución de Directorio; en sustanciación y resolución, el nombrado Juez, por Auto 573 de 17 de octubre de 2011, determinó no ha lugar a lo impetrado “…en tanto no se quede nula o sin efecto la Resolución de Directorio de la C.P.S. N° 04/07…” (sic), decisión que en etapa de apelación fue ratificada por Auto de Vista 85 de 7 de julio de 2013 y Auto Complementario -no señaló fecha-; empero, mediante una anterior acción de amparo constitucional, lograron que dicho fallo sea anulado por la SCP 0279/2015-S1 de 26 de febrero. En cumplimiento de la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez de la causa, por Auto 68 de 23 de abril de 2018, dispuso el pago del indicado bono con carácter retroactivo desde su suspensión; ante ello, el 19 de junio de ese año, la entidad tercera interesada apeló tal decisión, pero fue rechazada a través del Auto 170 de 30 de julio de igual año por su presentación extemporánea; por lo que, el 18 de septiembre de dicho año, interpuso recurso de compulsa, que mereció el Auto de Vista 4 de 18 de octubre del referido año, mediante el cual, la Sala Primera de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento la declaró ilegal; asimismo, por Auto de Vista 20 de 29 de octubre del aludido año, determinó no ha lugar la solicitud de aclaración, complementación y enmienda formulada por el mismo Nosocomio -entidad que incluso intentó una acción de amparo constitucional que fue denegada por la SCP 0800/2019-S2 de 11 de septiembre-. La Jueza de la causa, por Auto de 14 de noviembre de 2018, conminó a la entidad tercera interesada, que dentro del tercer día de su notificación presente las planillas de cálculo del bono demandado con carácter retroactivo al 14 de mayo de 2007 y efectúe el pago mediante depósito judicial; pero, al no haber dado dicha institución cumplimiento a su disposición, por decreto de 13 de marzo de 2019 designó un perito y mediante Auto 281 de 7 de agosto del mismo año fijó los puntos para tal labor; el 22 de octubre de 2020 el informe fue remitido a la nombrada autoridad judicial; habiendo sido objetado el 7 de diciembre de igual año, por el nombrado Nosocomio y con la contestación que formularon sus personas, la aludida Jueza por Auto Interlocutorio 25 de 5 de febrero de 2021, aprobó el peritaje; empero, apelado como fue el 9 de marzo de igual año, por Auto de Vista 39 de 7 de julio de 2021, los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados-, revocaron esa decisión y dispusieron que la indicada autoridad judicial, ordene un nuevo peritaje.

Dicha determinación, incurrió en una irracional, ilegal, arbitraria y errónea interpretación de la legalidad ordinaria, omitiendo realizar los Vocales demandados un razonamiento pertinente, literal y sistemático de los arts. 4, 188, 190 y 191 del Código Procesal del Trabajo (CPT), creando un procedimiento que no existe en la norma laboral; pues, la Jueza a quo precisamente en aplicación del art. 4 del citado Código, referido al principio inquisidor y dirección procesal, ordenó el peritaje científico-contable de oficio, para determinar el monto de la obligación del pago que les corresponde; por otra parte, el art. 190 de la referida norma, establece el plazo de cinco días para que el especialista presente informe; sin embargo, tal aspecto no fue contemplado como agravio por la entidad tercera interesada; por lo que, su alusión en el fallo resultó impertinente; con relación al art. 191 del señalado texto legal, siendo que este prevé la designación de un perito dirimidor, tampoco corresponde su aplicación, al no haberse producido peritajes de parte; ya que, el especialista fue elegido de oficio de una terna de profesionales cuyos nombres fueron proporcionados por el Colegio Departamental de Auditores de Santa Cruz; y, con base en el art. 188 del mismo texto legal, las autoridades demandadas dedujeron arbitrariamente que la Jueza a quo debía disponer la realización de hasta tres pericias, cuando tal atribución resulta potestativa, pudiendo la misma requerir el auxilio de peritos para tres áreas; vale decir, artísticos, científicos y en saberes prácticos, como en efecto lo hizo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la transgresión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de interpretación de la legalidad ordinaria, fundamentación y motivación; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 178.I, 180.I y 306.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela, y en consecuencia, se declare la nulidad del Auto de Vista 39 y de “…todos los actos que se hubiesen producido en ejecución de éste…” (sic); y, que los Vocales demandados emitan un nuevo fallo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 249 a 251 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela por intermedio de su abogada, ratificó todos los términos de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolos señaló que: a) Objetó la inclusión de la Procuraduría General del Estado; dado que, este mecanismo constitucional devino de un proceso laboral que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia; y, b) Persigue justicia para que finalmente se logre el pago del bono por atención a pacientes particulares.

I.2.2. Informe de los demandados

Sandra Aguada Romero, Vocal de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 24 de febrero de 2022, cursante de fs. 182 a 183 vta., indicó que: 1) Un perito es una persona con formación, capacitación, conocimientos y experiencia en un ámbito técnico, cuyo testimonio puede ayudar en la solución de conflictos en la vía judicial, a partir de la aplicación sistemática de la normativa laboral y adjetiva civil respecto a la prueba pericial; 2) El juzgador al dar solución a una problemática no solo debe efectuar una interpretación gramatical de la norma, sino, su análisis debe ser metódico; 3) En aplicación de los arts. 4 y 188 del CPT, la Jueza de la causa designó de oficio un perito; empero, “…las partes no estuvieron de acuerdo con el informe del perito nombrado por la juez, ya que hicieron su apelación y ante la negativa (…) lo hicieron conforme el 201 núm. 2 del CPC” (sic); 4) En ningún momento violentó el debido proceso; toda vez que, la parte peticionante de tutela participó en todas las instancias del proceso y contestó la apelación; 5) En el Auto de Vista 39, se aplicó los principios de legalidad y de igualdad de las partes, encontrándose el mismo debidamente fundamentado y motivado; y, 6) El hecho de que la autoridad judicial a quo hubiera designado de oficio al perito, no impediría que alguna de las partes impugne el dictamen emitido. Edil Robles Lijerón, Vocal de la nombrada Sala, no se conectó a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno, pese a su notificación, cursante a fs. 180.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Mauricio Ferrufino Sosa, Administrador Departamental de la CPS Regional Santa Cruz, por escrito presentado el 4 de marzo de 2022, cursante de fs. 212 a 213 vta., y en audiencia de garantías a través de su abogado señaló que: i) El Directorio del citado Nosocomio, habiendo advertido el colapso en la atención generada por el incremento del universo de trabajadores asegurados, emitió la Resolución 04/07; a través de la cual, dejó sin efecto la Resolución de Directorio 012/95 de 21 de marzo de 1995, “Reglamento de Atención de Pacientes Particulares”, prohibiendo la atención a pacientes no afiliados; en consecuencia, la suspensión del pago del respectivo bono, extremo aceptado de forma tácita por el SIMRA de la CPS y “PETROLCAJA”; ii) La precitada Resolución era una norma inaplicable e inconstitucional, por haber perdido vigencia y no tener efecto ni respaldo legal; además, contraviene las Normas Básicas del Sistema de Tesorería y el ordenamiento jurídico administrativo; por lo que, la Resolución de Directorio 04/07, no interfería en la Sentencia de 23 de mayo de 1997, solo prohibía la venta de servicios a pacientes particulares no afiliados, desapareciendo la generación de recursos y en consecuencia su distribución; más aún, si se encontraban en la necesidad de comprar servicios; iii) En observancia de los arts. 37 y 45.I, II y III de la CPE y de sus normas internas, el indicado Nosocomio cumplió con todos los derechos sociales y laborales de sus trabajadores, teniendo como objetivo principal, otorgar las prestaciones en prevención y atención o régimen de corto plazo de la seguridad social; ya que, la exigencia de privilegios sobrepasando la norma, como pretendió la parte solicitante de tutela, desnaturalizó el Código y Reglamento de la Seguridad Social, atentando contra el derecho de los trabajadores jubilados, beneficiarios y los recursos de las empresas aportantes que se encontraban bajo la supervisión y fiscalización del Estado; iv) Durante la sustanciación del proceso laboral, la Jueza de la causa actuó de forma mecánica y aplicó la ley de manera arbitraria y discrecional “…bajo influencia y contubernio del poder sindical en desmedro y desmantelamiento de los recursos de la institución, al haber aprobado un peritaje que fue apelado por haber incluido recursos que son generados por exámenes pre y post ocupacionales, que no son pacientes, son trabajadores, que el Reglamento de Seguridad Social en su Art. 117 y 124 obligan a todos los entes gestores a realizar la evaluación a los trabajadores al momento de ingreso a su fuente laboral” (sic); v) Los Vocales demandados en el Auto de Vista 39, consideraron los argumentos que no fueron tomados en cuenta por la Jueza a quo; en dicho orden, no restringieron ni suprimieron derechos de la parte accionante; y, vi) La nombrada no observó el principio de subsidiariedad para formular este mecanismo constitucional ni aportó la prueba suficiente que acredite la existencia de la lesión que denunció; por lo que, pidió que la tutela sea denegada.

I.2.4. Participación de la Procuraduría General del Estado

Margarita Beatriz Martínez, en representación de la Procuraduría General del Estado, en audiencia de garantías sostuvo que: a) Por previsión del art. 229 y ss. de la CPE, la promoción y defensa de los intereses del Estado está a cargo de la entidad que representa, estas se materializan a través de la defensa judicial y extrajudicial; por lo que, siendo que el presente caso involucra dichos intereses, corresponde su intervención, así como lo hace en el proceso laboral; y, b) En la citada causa, se ordenó pagar a la parte impetrante de tutela montos que no solamente provienen de los recursos de los pacientes asegurados, sino, se englobó los exámenes de ingreso y egreso pre y post ocupacionales, los que debieron ser excluidos de tal cancelación; en consecuencia, pidió que la tutela sea denegada.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución S-22 de 31 de marzo de 2022, cursante de fs. 252 a 254 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos:

1) Siendo que el Auto de Vista 39, no admite recurso ulterior, se tiene por superado el principio de subsidiariedad; 2) Al no concurrir ninguna causal de abstracción que impida analizar el cumplimiento de los “…presupuestos del principio de autorrestricciones de la jurisdicción constitucional…” (sic); en cuanto a “…identificar por qué la interpretación resulta absurda e ilógica o con error evidente identificando en su caso las reglas de interpretación que fueron omitidas por el intérprete con aquella interpretación…” (sic), la parte peticionante de tutela, si bien precisó los artículos que considera erróneamente interpretados e identificó los derechos transgredidos; sin embargo, no indicó cuáles fueron las reglas de interpretación que cree lesionadas; y, cuál es la correcta interpretación a la luz de los cánones constitucionales; por lo cual, no es posible ingresar a verificar la interpretación de la legalidad ordinaria; y, 3) En relación a la carencia de fundamentación y motivación del citado Auto de Vista, “…se ha limitado a la literalidad de fundar el agravio, el derecho a título de agravio (…) no esgrime las razones por las cuales lo considera arbitrario…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro de la ejecución del proceso laboral seguido por el SIMRA de la CPS; y, los Trabajadores Administrativos Paramédicos y de Servicio de la CPS “PETROLCAJA” -parte accionante- contra la CPS Regional Santa Cruz -entidad tercera interesada-; por memorial presentado el 22 de octubre de 2020, ante la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primera de la Capital del señalado departamento, José Luis Siles Cuéllar, en calidad de Perito designado, presentó informe pericial inherente a la cuantificación del “…BONO DE ATENCIÓN A PACIENTES PARTICULARES DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD…” (sic) para su consideración respectiva; el que por escrito presentado el 7 de diciembre del referido año fue impugnado por Martha Eid Lit, entonces Administradora Departamental del citado Nosocomio; y, contestada tal impugnación el 8 de enero de 2021, por la parte impetrante de tutela; a lo que, la nombrada Jueza mediante Auto Interlocutorio 25 de 5 de febrero de dicho año, rechazó esa objeción y aprobó el peritaje elaborado (fs. 119 a 129 vta.). II.2. A través de memorial presentado el 9 de marzo de 2021, Carlos Eduardo Aliaga Valenzuela, en ese momento Administrador Departamental de la aludida Caja, interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 25; y, una vez respondido por la parte peticionante de tutela; en sustanciación y resolución, a través del Auto de Vista 39 de 7 de julio de 2021, Edil Robles Lijerón y Sandra Aguada Romero, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados-, revocaron totalmente esa decisión y dispusieron que la indicada autoridad judicial ordene un nuevo peritaje, fallo notificado a la parte solicitante de tutela el 8 de julio de ese año (fs. 130 a 140).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la transgresión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de interpretación de la legalidad ordinaria, fundamentación y motivación; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; señalando que, dentro de la ejecución del proceso laboral que siguieron contra la CPS Regional Santa Cruz -entidad tercera interesada-, a través del Auto de Vista 39 de 7 de julio de 2021, los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados-, sin realizar un razonamiento pertinente, literal y sistemático de los arts. 4, 188, 190 y 191 del CPT y creando un procedimiento inexistente en la norma laboral -inherente a los peritos-, revocaron totalmente el Auto Interlocutorio 25 de 5 de febrero de dicho año; mediante el cual, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de la Capital de ese departamento, rechazó la objeción formulada por el tercero interesado al Informe Pericial presentado el 22 de octubre de 2020, por José Luis Siles Cuéllar -perito-; ordenando además un nuevo peritaje. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación de las resoluciones

Al respecto, la SCP 0071/2016-S3 de 8 de enero, concluyó que: “En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al momento de dictaminar sus resoluciones. En este sentido el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como de este Tribunal, señaló que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…). Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…’” (énfasis añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes remitidos a este Tribunal y conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional; se tiene que, dentro de la ejecución del proceso laboral seguido por la parte accionante contra la entidad tercera interesada, por memorial presentado el 22 de octubre de 2020, ante la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, José Luis Siles Cuéllar, en calidad de Perito designado, presentó informe pericial inherente a la cuantificación del “…BONO DE ATENCIÓN A PACIENTES PARTICULARES DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD…” (sic), para su consideración respectiva; el que por escrito formulado el 7 de diciembre del referido año, fue impugnado por Martha Eid Lit, entonces Administradora Departamental del citado Nosocomio; y, contestada tal impugnación el 8 de enero de 2021, por la parte impetrante de tutela, mediante Auto Interlocutorio 25 de 5 de febrero de ese año, la nombrada Jueza rechazó dicha objeción y aprobó el peritaje elaborado (Conclusión II.1); y, a través de memorial presentado el 9 de marzo del señalado año, Carlos Eduardo Aliaga Valenzuela, en ese momento Administrador Departamental de la aludida Caja, interpuso recurso de apelación contra el citado Auto; y, una vez respondido por la parte peticionante de tutela; en sustanciación y resolución, a través del Auto de Vista 39 de 7 de julio de 2021, los Vocales demandados revocaron totalmente esa decisión y dispusieron que la indicada autoridad judicial ordene un nuevo peritaje; fallo notificado a la parte nombrada el 8 de julio de ese año (Conclusión II.2). Ahora bien, la parte peticionante de tutela, denuncia la transgresión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de interpretación de la legalidad ordinaria, fundamentación y motivación; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; señalando que, en el Auto de Vista 39, los Vocales demandados sin realizar un razonamiento pertinente, literal y sistemático de los arts. 4, 188, 190 y 191 del CPT y creando un procedimiento inexistente en la norma laboral -inherente a los peritos-, revocaron totalmente el Auto Interlocutorio 25; ordenando además, un nuevo peritaje. Bajo ese contexto fáctico, concierne verificar si las autoridades demandadas al emitir el fallo cuestionado, incurrieron en las infracciones denunciadas en el presente mecanismo de defensa. En ese orden, por Auto de Vista 39, los aludidos revocaron totalmente el Auto Interlocutorio 25 y dispusieron que la Jueza de la causa ordene un nuevo peritaje, al efecto señalaron que: i) La nombrada autoridad judicial incumplió con la función activa de acuerdo con el principio inquisitivo y de dirección procesal, para que de oficio pueda analizar su propia competencia, la capacidad de las partes, provocar peritajes si estos no concuerdan para un mejor proveer conforme dispone el art. 4 del CPT; y, ii) El trabajo pericial de “…‘Cálculo de Bono de Atención a Pacientes Particulares de la Caja Petrolera de Salud’…” (sic), fue notificado a la entidad tercera interesada, quien dentro del término legal lo impugnó a través de ocho puntos que fueron rechazados por la aludida Jueza, “…en ese sentido y al existir observaciones fundamentales y que no concuerdan en aplicación a lo establecido en los arts. 190 y 191 del Código Procesal del Trabajo la juez debió ordenar un segundo peritaje, por un nuevo perito, [e] inclusive hasta un tercer peritaje en caso de ser necesario, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 188 del Código Procesal del Trabajo 'el Tribunal podrá recurrir a peritos', no dice perito, es decir que puede nombrar a más de uno, y en el presente caso se evidencia un solo perito cuyo informe a ha tenido 8 puntos objetados, lo que causa la presente controversia” (sic). Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en observancia del derecho al debido proceso, toda autoridad sea esta jurisdiccional o administrativa, al resolver un caso puesto a su conocimiento, debe reflejar una exposición de los hechos, efectuar una fundamentación legal y cita de normas en las que respalda su decisión; de manera que, cuando se conozca el fallo, las partes lo comprendan y queden convencidos que el juzgador actuó no solo conforme a las normas sustantivas y procesales del caso; sino que, también se rigió por los valores y principios supremos, obviando cualquier interés y parcialidad. Ahora bien, del análisis del Auto de Vista 39, es posible advertir que los Vocales demandados al indicar que la Jueza de la causa inobservó la previsión contenida en art. 4 del CPT; porque, incumplió su función activa relacionada al principio inquisitivo y de dirección procesal para que de oficio pueda analizar su propia competencia, la capacidad de las partes, provocar peritajes -si estos no concuerdan para un mejor proveer-, solamente efectuaron una transcripción literal del citado artículo, sin explicar a través de qué actos esa autoridad denotó una función pasiva; o, porqué resultaba necesario que analice su competencia o la capacidad de las partes cuando dichos aspectos no fueron cuestionados en la expresión de agravios y el perito fue nombrado de una terna elevada por el Colegio Departamental de Auditores de Santa Cruz a pedido de la parte accionante. Por otra parte, los nombrados Vocales refirieron que existían “observaciones fundamentales”, que no concordaban con lo establecido en los arts. 188, 190 y 191 del citado Código; empero, a más de enunciar dichos artículos, no desglosaron mayor carga argumentativa al respecto; pues, no identificaron cuáles eran las aludidas observaciones y su relación con esos preceptos legales; que a decir de estos, el primero faculta al juzgador recurrir a peritos aunque no lo pidan las partes; no obstante que en el caso, la parte impetrante de tutela lo solicitó; el segundo estipula el plazo en el que deben presentarse los informes periciales, aspecto que no fue cuestionado en la apelación ni la respuesta otorgada; y, el último establece que en caso de inconcordancia en informes periciales, la autoridad judicial tiene la facultad de nombrar un dirimidor, hecho que tampoco aconteció ni resulta inherente a la etapa recursiva; en consecuencia, el fallo emitido denota que en efecto no se aplicó de manera correcta los preceptos enunciados, careciendo de fundamentación y motivación; lesionando asimismo, los principios de legalidad y seguridad jurídica. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución S-22 de 31 de marzo de 2022, cursante de fs. 252 a 254 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 39 de 7 de julio de 2021, debiendo los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del mencionado Tribunal Departamental, dentro de cinco días de su notificación con este fallo constitucional emitir un nuevo pronunciamiento, en el marco de los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0336_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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