B.IA.LEGAL

SCP 0335/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
51166-2022-103-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que, el Vocal accionado, a través del Auto de Vista 512 de 18 de agosto de 2022, modificó la fianza económica impuesta como medida cautelar de Bs10 000.- a Bs100 000.- lo que resulta de imposible cumplimiento; además, resolvió aspectos que no fueron cuestionados por su persona y no tomó en cuenta que la imputación formal presentada por el Ministerio Público no cumplió con lo establecido por el art. 233.1 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, al ser imputado por la supuesta e inexistente comisión del delito de estafa, con relación al contrato de 12 de marzo de 2019, en el cual no figura como representante legal ni como firmante; por lo que, no cometió ese delito porque no realizó ningún desplazamiento económico en perjuicio de la parte denunciante, ni tampoco le hizo incurrir en error, incumpliendo con lo previsto por los arts. 124 y 398 de dicho Código. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a tal efecto se desarrollarán los siguientes puntos: i) La Fundamentación motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11 de 29 de agosto de 2022, cursante de fs. 15 a 18, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, en los mismos términos dispuestos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La Fundamentación motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0335/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 51166-2022-103-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11 de 29 de agosto de 2022, cursante de fs. 15 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Leonel Ruiz Gutiérrez contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 29 de agosto de 2022, cursante de fs. 4 a 6 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia de Raquel Rebeca Villegas Carvajal contra su persona, por la presunta comisión del delito de estafa previsto y sancionado por el art 335 del Código Penal (CP), se presentó una imputación formal, motivo por el cual, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 650/2022 de 26 de abril, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, aplicando entre ellas, una fianza económica de Bs10 000.- (diez mil bolivianos). Apelada incidentalmente esa determinación por su persona, así como el Ministerio Público y la parte civil, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 512 de 18 de agosto de 2022, declaró abandonada la apelación del Ministerio Público por no haber acudido a la audiencia; además, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación planteada por su persona; y, admisible y procedente respecto a la parte civil, imponiéndole una fianza económica en la suma de Bs100 000.- (cien mil bolivianos), la cual es de imposible cumplimiento.

Al margen de lo expuesto, impugnó el Auto Interlocutorio 650/2022; debido a que, la imputación formal presentada por el Ministerio Público no cumplió con lo establecido por el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, ratificado por el art. 120 del citado Código; ya que, fue imputado por la supuesta e inexistente comisión del delito de estafa, con relación a un Contrato de 12 de marzo de 2019, en el cual no figura como representante legal ni como firmante; puesto que, la persona que firma dicho contrato como gerente y representante legal de la empresa “PROSPECCIÓN GEOLÓGICA ORIENTAL S.A.,” es “ZHENG ZHANG”; por lo que, su persona no cometió ese delito debido a que no realizó ningún desplazamiento económico en perjuicio de la parte denunciante, ni tampoco le hizo incurrir en error; situación que no fue tomada en cuenta por el Vocal hoy accionado al resolver el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, incumpliendo con lo previsto por los arts. 124 y 398 del CPP; puesto que, emitió un Auto de Vista carente de motivación y fundamentación, al no valorar de manera correcta lo descrito en el art. 233.1 del CPP con sus modificaciones; además, de resolver aspectos que su persona no cuestionó respecto a la Resolución de “24” de abril de 2022, vulnerando sus derechos al ser una víctima de una mala y errónea aplicación de la ley procesal penal.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación -añadiendo congruencia en audiencia-; y, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 23.1 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene al Vocal ahora accionado, emitir una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, y sea en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución de Sala Penal

Celebrada la audiencia pública el 29 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 15, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó el contenido de la acción tutelar, y ampliándola; manifestó que: a) El Vocal hoy accionado le impuso una fianza de Bs100 000.-, sin tomar en cuenta que es un pasante de medicina y no percibe sueldo ni una remuneración; b) El nombrado Vocal no dio cumplimiento a lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP. Respecto a este último, no se refirió a todos los aspectos que se cuestionó del Auto Interlocutorio que fue elevado en apelación, porque en “esa audiencia” se cuestionó que fue imputado por el supuesto contrato que fue firmado por Raquel Rebeca Villegas Carvajal y “Shen Shan”, sin figurar su persona en el mismo; sin embargo, el Vocal ahora accionado no emitió ninguna respuesta al respecto, simplemente ratificó y señaló que la Jueza de la causa obró bien y que si existían los suficientes indicios, sin verificar el cuaderno de investigación porque el Fiscal de Materia no asistió a la audiencia de apelación y no trajo dicho cuaderno; emitiendo en ese sentido, una resolución escueta; c) Se solicitó que se revoque el Auto Interlocutorio apelado y se le otorgue libertad irrestricta; empero, el Vocal hoy accionado no se pronunció sobre ese pedido ni sobre los aspectos cuestionados por la parte apelante; d) Toda resolución que imponga una medida personal, cautelar o disponga la detención preventiva, debe ir de la mano de la congruencia, en este caso respecto a la fianza que debe ser impuesta tomando en cuenta la posibilidad económica de las personas que están siendo juzgadas y su incidencia en el caso concreto; y, e) Tiene a su cargo a su madre de la tercera edad y que depende de él. Por lo expuesto se debe dejar sin efecto la resolución impugnada, y se ordene al Vocal ahora accionado emita una nueva que sea congruente y se base en sus posibilidades económicas.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de la presente acción de libertad ni presentó informe alguno, pese a su citación de fs. 8.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 11 de 29 de agosto de 2022, cursante de fs. 15 a 18, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Vocal hoy accionado emita una nueva resolución -Auto de Vista-, con base a los parámetros de la misma, en el plazo de veinticuatro horas luego de su notificación; decisión asumida bajo los siguientes argumentos: 1) Lamentablemente el -Vocal- ahora accionado no remitió ni el cuaderno -de investigaciones- ni su informe, tampoco el Auto de Vista impugnado, y la parte accionante manifiesta que no tiene dicho fallo; por lo que, se considera que dicho Auto de Vista incumple “estos” parámetros; por lo tanto, se pone en peligro la libertad del accionante y las garantías del debido proceso; en tal sentido, al no tener esa documentación el Tribunal de garantías ni el cuaderno de apelaciones, tiene que creer todo lo que la parte accionante está refiriendo; puesto que, ante la duda, de acuerdo a las garantías del debido proceso y el indubio pro reo, se debe dar credibilidad a la parte que interpone la acción de libertad; debido a que manifiesta que sus derechos fueron vulnerados y las actuaciones de la autoridad accionada le provocaron agravios a sus derechos denunciados como vulnerados; 2) El juzgador debe tener en cuenta el principio de verdad material al momento de emitir sus resoluciones, considerando la jurisprudencia emitida al efecto, así como la fundamentación y motivación; ya que, se debe motivar las resoluciones de medidas cautelares, para que la parte comprenda cual es el motivo; en este caso, con relación a la autoría, porque el Vocal ahora accionado cree que el accionante es autor y participe del delito de estafa, siendo que él no firma el contrato; 3) El nombrado Vocal hoy accionado debe cumplir los parámetros establecidos en el art. 124 del CPP, dando una aplicación estricta del art. 398 del mismo Código, y respondiendo al accionante por qué considera que le es aplicable el art. 233.1 del CPP, con relación al delito de estafa, considerando que él no firma el contrato; además, debe indicar porque considera que tiene la “calidad de autoría” siendo que no es parte de ese documento, y porque estima que se puede llevar a cabo una -audiencia de-apelación sin el cuaderno -de investigaciones- del Ministerio Público; puesto que, debe realizar un análisis integral y dar una respuesta precisa y clara, respetando el principio de inocencia; y, 4) Con relación a la fianza, debe ser en estricto cumplimiento a sus motivos; ya que, la fianza económica no es para garantizar el perjuicio o los daños civiles, sino para cumplir el trámite dispuesto por el art. 241 del CPP; en ese sentido, se debe cumplir con lo estipulado por los arts. 7, 121 y 122 del señalado Código. Y teniendo en cuenta la jurisprudencia, no se le puede imponer una fianza de imposible cumplimiento ya podría ser una causal para que se revoquen las medidas impuestas y ser detenido preventivamente, afectando sus derechos a la libertad y de locomoción, y a privarle de un acceso a la tutela judicial efectiva.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución de expedientes con trámites pendientes de resolución ante la Comisión de Admisión de este Tribunal, debido a la cesación de cinco Magistraturas, al concurrir la causal I.5 -relativa a la falta de consenso y, otras circunstancias que impidan la prosecución normal de la causa-, a cuya virtud, dicha instancia, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y la posterior emisión del Auto Interlocutorio 650/2022 de 26 de abril, por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, disponiendo la aplicación de medidas cautelares de carácter personal a Luis Leonel Ruiz Gutiérrez –ahora accionante-, entre ellas, una fianza económica en la suma de Bs 10.000. Contra ese Auto interlocutorio el accionante a través de su abogado, interpuso recurso de apelación incidental, al igual que el Ministerio Público y la parte denunciante (fs. 33 a 42). II.2. Consta el acta de audiencia de apelación a la aplicación de medidas cautelares y posterior emisión del Auto de Vista 512 de 18 de agosto de 2022, por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. -ahora accionado-, quien dispuso tener por desistido el recurso de apelación presentada por el Ministerio Público; declaró admisible e improcedente el recurso de apelación planteado por el accionante; y, declaró admisible y procedente la apelación interpuesta por la parte civil -denunciante-, en tal sentido, revocó el Auto Interlocutorio 650/2022, modificando la fianza económica de Bs10 000.- a Bs100 000.- medida que “EMPIEZA CORRER” desde el momento en que “VUELVE AL JUZGADO” (fs. 43 a 45).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que, el Vocal accionado, a través del Auto de Vista 512 de 18 de agosto de 2022, modificó la fianza económica impuesta como medida cautelar de Bs10 000.- a Bs100 000.- lo que resulta de imposible cumplimiento; además, resolvió aspectos que no fueron cuestionados por su persona y no tomó en cuenta que la imputación formal presentada por el Ministerio Público no cumplió con lo establecido por el art. 233.1 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, al ser imputado por la supuesta e inexistente comisión del delito de estafa, con relación al contrato de 12 de marzo de 2019, en el cual no figura como representante legal ni como firmante; por lo que, no cometió ese delito porque no realizó ningún desplazamiento económico en perjuicio de la parte denunciante, ni tampoco le hizo incurrir en error, incumpliendo con lo previsto por los arts. 124 y 398 de dicho Código. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a tal efecto se desarrollarán los siguientes puntos: i) La Fundamentación motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. La Fundamentación motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso

Al respecto, la SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, haciendo referencia a jurisprudencia anterior, señala que: “…el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”.

En coherencia con esos entendimientos jurisprudenciales, respecto a de medidas cautelares de carácter personal, se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o las mantenga; en ese sentido, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, mencionando jurisprudencia anterior, indicó que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos pertenecen). En cuanto al principio de congruencia, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, estableció que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió al principio de congruencia como el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; en razón a que, el Vocal accionado, a través del Auto de Vista 512 -hoy impugnado-, modificó la fianza económica impuesta como medida cautelar de Bs10 000.- a Bs100 000.- lo que resulta de imposible cumplimiento; además, resolvió aspectos que no fueron cuestionados por su persona y no tomó en cuenta que la imputación formal presentada por el Ministerio Público no cumplió con lo establecido por el art. 233.1 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, al ser imputado por la supuesta e inexistente comisión del delito de estafa, con relación al contrato de 12 de marzo de 2019, en el cual no figura como representante legal ni como firmante; por lo que, no cometió ese delito porque no realizó ningún desplazamiento económico en perjuicio de la parte denunciante, ni tampoco le hizo incurrir en error, incumpliendo con lo previsto por los art. 124 y 398 de dicho Código De la revisión de antecedentes, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante, a denuncia de Raquel Rebeca Villegas Carvajal, por la presunta comisión del delito de estafa, luego de la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 26 de abril de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto Interlocutorio 650/2022, disponiendo aplicar medidas cautelares de carácter personal en contra de dicho accionante, tales como la presentación una vez por semana ante el Ministerio Público para firmar el libro de asistencia; prohibición de concurrir a lugares donde funciona la empresa denunciante; prohibición de comunicarse con la parte denunciante a no ser en audiencias convocadas, la prohibición de salir del país emitiéndose al efecto mandamiento de arraigo y una fianza de carácter económica en la suma de Bs10 000.-; contra ese fallo el accionante, el Ministerio Público y la parte denunciante interpusieron recurso de apelación incidental, ordenándose la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada (Conclusión II.1.). El 18 de agosto de 2022, se llevó a cabo la audiencia de apelación a la aplicación de medidas cautelares, a cuya conclusión, el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 512, disponiendo tener por desistido el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público; declaró admisible e improcedente el recurso de apelación planteado por el ahora accionante; y, declaró admisible y procedente similar recurso interpuesto por la parte civil -denunciante-; por lo que, revocó el Auto Interlocutorio apelado, modificando la fianza económica de Bs10 000.- a Bs100 000.- (Conclusión II.2.). Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se advierte que el ahora accionante precisa como el acto vulneratorio de sus derechos, a las determinaciones asumidas por el Vocal ahora accionado en el Auto de Vista 512, denunciando que el mismo lesionó entre otros, su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación motivación y congruencia, al resolver aspectos que no fueron cuestionados por su persona y no tomar en cuenta que la imputación formal presentada por el Ministerio Público no cumplió con lo establecido por el art. 233.1 del CPP, modificado por la Ley 1173, al ser imputado por la aparente comisión del delito de estafa, respecto al Contrato de 12 de marzo de 2019, sin figurar en el mismo como representante legal ni como firmante; en ese sentido, a fin de resolver los aspectos denunciados, corresponde contrastar los argumentos expuestos por el accionante en la audiencia de apelación de aplicación de medidas cautelares y lo resuelto en el Auto de Vista, con finalidad de determinar si existe la debida fundamentación, motivación y congruencia. Así se tiene que el accionante señaló como agravios los siguientes: a) Se interpuso recurso de apelación con base a lo establecido por el art. 233.1 del CPP; debido a que, no existen indicios de que su persona sea autora o partícipe del delito de estafa, ya que en el contrato -de 12 de marzo de 2019- no figura como representante -de la empresa “PROSPECCIÓN GEOLÓGICA ORIENTAL S.A.” y no firmó dicho contrato; por lo que, no se estaría cumpliendo la norma citada, lo que implicaría que no existe elemento o indicio del delito de estafa en ese documento; b) En el Contrato de 12 de marzo de 2019, que no fue firmado por su persona, claramente se tiene que funge como representante “Chen Chang” que firma con la denunciante y sobre quien curiosamente se rechazó la denuncia presentada en su contra como representante de la empresa “PROSPECCIÓN GEOLÓGICA ORIENTAL S.A.”; en ese sentido, de conformidad a lo establecido por el art. 398 del CPP y los puntos de agravio expuestos solicita se revoque el Auto Interlocutorio apelado.

Por su parte, el Auto de Vista 512 -hoy impugnado- señaló que: 1) Con relación al art. 233.1 del CPP. Para que exista una imputación formal y una atribución del hecho, tiene que haber elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; no se está refiriendo a elementos de prueba sino a indicios; 2) En el presente caso, de acuerdo a lo sostenido por la autoridad jurisdiccional sobre la probabilidad de autoría del imputado -quien se refirió a su actual calidad de representante legal de la empresa “Prospección Geológica Oriental S.A.” cuyo poder notarial no fue revocado-, “estamos hablando” de probabilidad de autoría sobre la base del delito de estafa, el cual tiene que converger -sobre- ciertos hechos, cuyo documento debe tener la calidad de ser criminoso “y el momento de suscribirlo ya se le habría representado esa persona que no los iba a cumplir en la forma que sea habría pactado con relación al delito de estafa” (sic); 3) Para establecer si hubo ardid, queda claro que para la autoridad jurisdiccional existió un contrato de prestación de servicio que no se cumplió y que ese contrato, para dicha autoridad, en el momento que fue suscrito por el imputado que sigue ostentando hasta la fecha como representante de la empresa PROSPECCIÓN GEOLÓGICA ORIENTAL S.A., “osea se le representó de qué se le iban a hacerse un servicio porque él no iba a pagar porque ahí está el dolo” (sic);

4) A fin de determinar si existen elementos de convicción, se tiene a la imputación formal de 5 de octubre de 2021, por el Fiscal de materia, quien señaló como elemento de convicción para considerar que el imputado -accionante- es autor o partícipe del hecho punible y por ende de la probabilidad de autoría, a la fotocopia del Testimonio 190/17 de 13 de febrero de 2017, relativo a un poder general extendido en favor de la denunciante; la fotocopia del Testimonio 1067/2016 de 15 de abril de 2019, referente a un Poder General de Administración que confiere la empresa PROSPECCIÓN GEOLÓGICA ORIENTAL S.A. en favor de Luis Leonel Gutiérrez Ruiz -hoy accionante-; y, el contrato de prestación de servicio de 12 de marzo de 2019, suscrita por la empresa referida representada por “Cheng Chang” y la empresa Arrendatarios y Servicios de Alimentación Loresal Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL); y,

5) Se habla de la probabilidad de autoría “sobre la base del año 2019”

(sic), cuando el imputado -ahora accionante- tenía -extendido- en su favor un poder general de administración de la empresa PROSPECCIÓN GEOLÓGICA ORIENTAL S.A., y de otros elementos de prueba que fueron considerados por el Ministerio Público para atribuir el hecho acusado de estafa y vincularlo a dicho imputado; y por ello formuló la imputación formal; en ese sentido, considera que lo resuelto por el Auto Interlocutorio apelado se adecúa a la probabilidad de autoría, porque a partir de esa imputación se estructurará la etapa preparatoria y se acumularán elementos de prueba para que el Ministerio Público señale si se cometió el hecho ilícito o todo lo contrario; quedando vigente la probabilidad de autoría. Ahora bien, teniendo en cuenta la denuncia de falta de congruencia, corresponde señalar que el razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional señaló que ese elemento del derecho al debido proceso es entendido como la estricta correspondencia que debe existir entre los aspectos reclamados y lo resuelto por la autoridad jurisdiccional; en ese sentido, considerando los cuestionamientos expuestos por el ahora accionante en audiencia de apelación y lo resuelto por el Vocal hoy accionado en el Auto de Vista impugnado, es evidente la inobservancia de esa correspondencia; ya que, el nombrado Vocal no se manifestó puntualmente sobre el primer agravio relativo a la falta de indicios sobre su probable autoría en cuanto al delito de estafa, al no figurar en el contrato de 12 de marzo de 2019, como representante de la empresa “PROSPECCIÓN GEOLÓGICA ORIENTAL S.A.” y al no firmar o suscribir ese contrato; aspecto que fue reconocido por el Fiscal de materia en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 26 de abril de 2022, donde al describir los indicios recolectados, claramente señaló que el citado contrato referido a la prestación de servicios fue suscrito por la empresa citada representada por “Cheng Chang” y la empresa Arrendatarios y Servicio de Alimentación Loseral S.R.L. representada por la denunciante y que el Poder General de Administración Testimonio 1067/2016 conferido en favor del ahora accionante fue emitido el 15 de abril de 2019, luego de la suscripción de dicho contrato. Y si bien el Vocal hoy accionado, entre sus argumentos para declarar inadmisible e improcedente el recurso de apelación incidental presentada por el accionante hace referencia a que el Poder General de Administración Testimonio 1067/2016 de 15 de abril de 2019 que designa al accionante como representante legal, no fue revocado y que en la actualidad mantendría la calidad de representante legal de dicha empresa; así como también menciona a los elementos de convicción con base a los cuales fue imputado y considerada su probable autoría, como el mencionado poder notarial extendido en su favor después de la suscripción del contrato de prestación de servicios de 12 de marzo de ese año, no se advierte que hubiese emitido un pronunciamiento respecto al contenido del primer agravio referido a que no figura en ese contrato como representante de la empresa PROSPECCIÓN GEOLÓGICA ORIENTAL S.A. y que no firmó el mismo. Así también, sobre el segundo agravio a través del cual el accionante cuestionó que el Contrato de 12 de marzo de 2019, no fue firmado por su persona sino por la denunciante y el entonces representante de dicha empresa “Chen Chang” que funge en esa calidad y sobre quien se rechazó la denuncia presentada en su contra; tampoco existe una manifestación expresa por parte del Vocal ahora accionado, quien simplemente al enumerar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público en su imputación formal, describió el mencionado contrato identificando a los firmantes del mismo; sin embargo, no efectuó un análisis objetivo tomando en cuenta el alcance que pretendía darle el accionante para desvirtuar la sindicación de su probable autoría en el delito de estafa, y de su denuncia de incumplimiento de lo establecido por el art. 233.1 del CPP. Por lo expuesto, resulta evidente la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia por parte del Vocal hoy accionado, al no referirse puntual ni fundadamente sobre los cuestionamientos expuestos por el accionante en la audiencia de apelación a la aplicación de medidas cautelares; motivo por el que corresponde conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista hoy impugnado, debiendo el nombrado Vocal emitir uno nuevo que considere las omisiones advertidas. En cuanto a la falta de fundamentación y motivación también denunciadas, la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.1. de presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que esos elementos del derecho al debido proceso conllevan a que las resoluciones deban contener las razones que sustentan la decisión asumida; así como, el sustento jurídico, lo que no significa una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que debe ser clara y concisa, además de integrar todos los puntos demandados; por lo que, en la resolución que se pronuncie sobre la imposición, el rechazo, la sustitución o modificación y la revocación de medidas cautelares de carácter personal, el Tribunal de apelación debe exponer los argumentos y las razones que justifiquen la determinación basada en los hechos y las normas que sostienen la parte dispositiva del fallo, con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso. Bajo ese contexto jurisprudencial, de lo expuesto por el Vocal hoy accionado en el Auto de Vista impugnado, se advierte que haciendo mención a los argumentos mencionados por la Jueza de primera instancia en el Auto Interlocutorio apelado, indicó que para esa autoridad jurisdiccional existía la probabilidad de autoría del ahora accionante, porque en la actualidad tenía la calidad de representante legal de la empresa Prospección Geológica Oriental S.A.; además, señaló que para esa Jueza existió un contrato de prestación de servicio que fue suscrito por el imputado -hoy accionante- y que no fue cumplido, quien seguiría ostentando la representación de dicha empresa hasta la fecha. Sin embargo, revisados los argumentos expuestos por la Jueza de primera instancia en el Auto Interlocutorio apelado, no se evidencia que dicha autoridad judicial hubiese mencionado que el contrato de prestación de servicios de 12 de marzo de 2019, fue suscrito por el ahora accionante; al contrario, al referirse a los argumentos del Ministerio Público y de la defensa del imputado -hoy accionante-, reconoció que ese contrato estaba suscrito por “Sen Chan Zhang” o “Cheng Zhang” como representante de la empresa Prospección Geológica Oriental S.A. y por la denunciante como representante de la empresa Arrendatarios y Servicios de Alimentación Loresal S.R.L. y en el que no se consigna ni contempla el nombre del imputado -ahora accionante- Luis Leonel Ruiz Gutiérrez, quien posteriormente fue designado como representante de la primera empresa referida. En tal sentido, al exponerse una aseveración sin que la misma resulte cierta, y sustentar su decisión inventándose antecedentes y cambiando el verdadero sentido de lo manifestado por la Jueza de primera instancia, hace que la declaratoria de improcedencia del recurso de apelación incidental planteada por el ahora accionante resulte infundada y contradictoria, ya que no refleja lo realmente analizado y argumentado por dicha autoridad jurisdiccional en el Auto Interlocutorio apelado, situación que ocasiona que el Auto de Vista 512 hoy impugnado, carezca de la debida motivación y fundamentación en el marco del entendimiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Así también, el Vocal hoy accionado considera que existe la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 del CPP, porque el año 2019 el ahora accionante tenía extendido en su favor un poder general de administración de la empresa PROSPECCIÓN GEOLÓGICA ORIENTAL S.A.; sin embargo, no toma en cuenta en sus alegaciones, que la data de ese poder -15 de abril de 2019-, resulta posterior a la suscripción del contrato de prestación de servicios de 12 de marzo de 2019, en el que no figura el accionante como representante legal de esa empresa y tampoco firma ese documento; en ese sentido, al validar el argumento de la probabilidad de autoría sin considerar que la designación de representante legal fue luego de la suscripción del documento base del proceso penal, y sin exponer ni explicar cómo se vincula esa representación posterior con la aparente comisión del delito denunciado a partir de la suscripción del referido contrato, no se tiene por debidamente sustentada la concurrencia del presupuesto consignado en el art. 233.1 del citado Código, extremo que genera una incertidumbre en lo resuelto por dicho Vocal, cuyos argumentos devienen en infundados e inmotivados y vulneratorios del derecho al debido proceso del accionante.

Por todo lo expuesto, al ser evidente la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista 512 -hoy impugnado-, corresponde conceder la tutela solicitada a través de este medio de defensa constitucional de carácter tutelar, dejando sin efecto el citado fallo a fin de que se emita uno nuevo que corrija las anomalías advertidas de su análisis. Finalmente, al no haberse fundamentado adecuadamente la aparente vulneración de los derechos a la libertad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, como efecto de las determinaciones asumidas por el Vocal hoy accionado, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto, debiendo denegarse la tutela sobre los mismos. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11 de 29 de agosto de 2022, cursante de fs. 15 a 18, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, en los mismos términos dispuestos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0335_2026-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 85e9a8d25b9b383a57b693554a5927286a501f26a186adf9fa48726c8cb1ec98

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