B.IA.LEGAL

SCP 0335/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
45176-2022-91-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante considera vulnerados su derecho a la libertad física y de locomoción; ya que, al encontrarse con detención preventiva; solicitó cesación a la misma, al efecto se señaló audiencia para el día 17 de diciembre de 2021; sin embargo, esta se suspendió por la incomparecencia del mismo para el día 23 de diciembre de igual año precitado; en la indicada fecha la audiencia tampoco se llevó a cabo, debido a la baja médica por patología de COVID-19 de la Jueza de la causa; posteriormente la audiencia cautelar fue reprogramada para el 27 de diciembre de mismo año prenombrado; empero, debido a la falta de remisión de los actuados del caso, fue reprogramada nuevamente para el 3 de enero de 2022; ante estos hechos se acudió en dos oportunidades ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, para poner denuncia de las dilaciones precitadas; empero, dicha autoridad no brindó una respuesta concreta al respecto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2021, cursante de fs. 40 a 42 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; en consecuencia,

1° CONCEDER la tutela impetrada, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, respecto a la Jueza Publica Mixta Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Colomi y la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinahota, ambas del departamento de Cochabamba, disponiendo que esta última, en el plazo de veinticuatro horas, dé tramite a la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada, siempre y cuando por el transcurso del tiempo no se haya desarrollado ya este actuado procesal; y,

2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a Pablo Antezana Vargas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, conforme lo expresado en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. De la celeridad en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva
  3. III.3. Del señalamiento de la audiencia para la consideración y resolución de las solicitudes de cesación a la detención preventiva. Actos considerados dilatorios.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0335/2023-S4 Sucre, 22 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45176-2022-91-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 20/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 40 a 42 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhimmy Almanza Pardo en representación sin mandato de Franz Linyan Vargas Gonzales contra Pablo Antezana Vargas, Presidente; Erlinda Carballo Maldonado, Juez Publico Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Colomi; y, Paola Isabel Angulo Campoverde, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Shinahota; todos del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 14 a 17 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Encontrándose con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, solicitó cesación a su detención preventiva ante la Juez Publico Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Colomi del departamento precitado, en suplencia legal; una vez efectuados los trámites procesales pertinentes al efecto, la mencionada autoridad señaló audiencia de cesación a su detención preventiva para el 17 de diciembre de 2021; sin embargo, de manera ilegal e indebida –a decir de él− suspendió la misma por la incomparecencia del mismo para el 23 de diciembre del citado año, misma que tampoco se llevó a cabo, esta vez debido a la baja médica por patología de “COVID-19” de esta autoridad; ante dicho impedimento médico la audiencia tuvo que ser reprogramada por la Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Shinahota del mismo departamento referido –que también actuó en suplencia legal− para el 27 de diciembre de 2021; empero, está última autoridad, debido a la falta de remisión de los actuados del caso y además aduciendo carga procesal excesiva entre otras reprogramó nuevamente la audiencia, para el 3 de enero de 2022, sin considerar que su persona en fecha 25 de diciembre de 2021, ya hubiese cumplido con el plazo de la detención preventiva impuesta al imputado -hoy parte accionante-; ante estos hechos el mismo, acude en dos oportunidades ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, para poner en conocimiento de esta autoridad todos estos extremos que hasta ese momento consideraba que vulneraban sus derechos; sin embargo, ésta autoridad no hubiera brindado una respuesta pertinente respecto a los reclamos efectuados; al margen que tampoco efectivizó acciones concretas y de solución efectiva al respecto.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, considera vulnerados su derecho a la libertad física y de locomoción, previstos en el art. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la libertad del “accionante” –se entiende la libertad de su representado−, o en su caso se disponga que en el plazo de veinticuatro horas se convoque a audiencia de Cesación y de consideración de situación jurídica por cumplimiento o vencimiento del plazo de duración de la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de Fs. 38 a 39 vta., presente la parte impetrante de tutela asistido de su abogado; presente la Comisión de Fiscales, y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó los mismos términos expuestos en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Pablo Antezana Vargas, Presidente del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba; a través de informe escrito presentado en fecha 30 de diciembre de 2021, señala que por decisión de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se emitieron las circulares 09/2021 y 10/2021, por las cuales se dispuso vacación colectiva de veinte cinco días calendario en la gestión 2021, quedando juzgados de turno encargados de la tramitación de causas con detenidos al asiento judicial más cercano, en el caso concreto se interpone incorrectamente la presente acción en contra de su autoridad, en atención a ello cita la “SC 1651-2004-R de 11 de octubre” y la “SCP 2182/2012 de 8 de noviembre”; y a manera de conclusión señala no tener legitimación pasiva para ser sujeto de la demanda interpuesta, solicitando se deniegue la tutela solicitada. Paola Angulo Campoverde, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinahota del Tribunal departamental referido ut supra; remite informe escrito de fecha 23 de diciembre de 2021 cursante a fs. 28, señalando los siguientes aspectos: a) Se encontraba con vacación judicial, pese a ello y en cumplimiento de la circular 09/2021 de 20 de octubre, emitida por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en mérito a las bajas médicas de los jueces de Sacaba y Colomi, ejerció suplencia legal de esos juzgados; al estar trabajando “sola” (sic)., resultó imposible desarrollar todas las audiencias que ya se tenía programadas debido a la “sobre posición” de audiencias; b) Resulta evidente lo manifestado por el accionante en relación justamente a la suspensión de la audiencia programada para el 27 de diciembre (de 2021), pues se vio imposibilitada de llevar a cabo la misma, pues todos los antecedentes del proceso no fueron remitidos desde la localidad de Colomi, motivo por el cual esta suspensión –a decir de ella− no resulta atribuible a su persona; y, c) Es también cierto que reprogramó esta audiencia y otras más para el 3 de enero de 2022, pues como se señaló anteriormente los antecedentes procesales no llegaron hasta la fecha de presentación de su informe, documentación que debió ser remitida del juzgado de origen; a este respecto considera que tuvo sobrecarga de funciones y efectuó el trabajo de tres jueces y que pese a solicitar se considere ello por la Presidencia del Tribunal; se le instruyó que cumpla con el art. 68 de la Ley de Organización Judicial (LOJ)−Ley 025 de 24 de junio de 2010−, por este motivo los justificativos fueron de fuerza mayor y no son atribuibles a su persona; razón por la cual, pide se deniegue la tutela impetrada. Erlinda Carballo Maldonado, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Colomi; remitió por vía “whatsapp” a la Secretaria de la Sala Constitucional Primera del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba, únicamente fotografías de Certificados de Incapacidad Temporal emitidos por la Caja Nacional de Salud (CNS), en donde se evidencia el diagnóstico de IDX: COVID-19 Positivo, referido a su persona.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 20/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 40 a 42 vta., concedió la tutela solicitada, en su elemento innovativo, considerando el señalamiento de audiencia para el 3 de enero de 2022 y además la fecha de presentación de la acción de libertad el 29 de diciembre de 2021; motivos por los cuales −a decir de ellos− imposibilitan su aplicación en su elemento traslativo o de pronto despacho; consecuentemente, mantienen la fecha programada para el verificativo de audiencia, del mismo modo exhortan no se repita este tipo de actuación en el futuro, pues debe considerarse el cumplimiento de la normativa procesal penal y los plazos, por tratarse de detenidos preventivamente, todo ello; con los siguientes fundamentos: 1) En relación al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia –del departamento de Cochabamba- corresponde señalar que es evidente la presentación de memoriales de denuncia de dilación de audiencia e incumplimiento de plazos y además la designación de otro juez que pueda atender la causa del −hoy accionante−; respecto de ello corresponde señalar que la Ley del órgano Judicial, es clara con relación a la designación y suplencias de jueces, siendo esta tuición de Sala Plena, por ende la competencia no resulta ser de esta autoridad demandada; ya que, estas determinaciones se asumen en Sala Plena; por lo que, el mismo no resulta con legitimación pasiva, excluyéndolo de la acción de libertad; 2) En relación a la Dra. Erlinda Carballo −Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Colomi del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba en atención al decreto de 15 de diciembre de 2021 señaló audiencia para el 17 de diciembre del mismo mes y año; sin embargo, la misma tuvo que suspender la audiencia por la no concurrencia del imputado –en ese momento procesal−, a este efecto programó audiencia para el 23 de diciembre de 2021; por lo que, el señalamiento no se encuentra dentro del plazo legal, habiendo trascurrido cuatro días (desde que conoció la causa); por lo cual, corresponde conceder la tutela contra esta autoridad en la modalidad innovativa; 3) Con relación a Paola Angulo Campoverde, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinahota del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba, se advierte que el motivo; por el cual, genera la suspensión a la audiencia programada para el 27 de diciembre de 2021, se debe a que no se hubiesen remitido los antecedentes del proceso a los efectos del conocimiento de los mismos; por ello, reprograma la audiencia para el día lunes 3 de enero de 2022, a ello añade la recarga procesal excesiva que tenía; por lo precisado se advierte que trascurrieron entre cinco a siete días hábiles de dilación; por consiguiente, la suspensión no estaría señalada conforme la norma procesal que ha reglado que este actuado procesal debe llevarse a cabo en el plazo de cuarenta y ocho horas; empero, es evidente que existió dilación, motivo por el cual corresponde conceder la tutela solicitada, con relación a esta autoridad en la modalidad también innovativa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Acta de Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva (suspendida);

suscrita por Erlinda Carballo -Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Colomi del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba, dispone la suspensión de la audiencia; debido a la incomparecencia del imputado, motivo por el cual y considerando su agenda recargada, reprograma para el día 23 de diciembre de 2021. (Fs. 3) II.2. Cursa acta de suspensión de audiencia de Cesación a la Detención Preventiva, de fecha 27 de diciembre de 2021, desarrollada por Paola Angulo Campoverde, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinahota del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba en suplencia legal de la autoridad; suspendido el referido acto procesal debido a la falta de remisión de antecedentes desde la localidad de Colomi, señalando una nueva fecha de audiencia para el 3 de enero de 2022. (Fs. 4 a 5 vta.) II.3. Franz Linyan Vargas Gonzales, –hoy parte solicitante de tutela− presenta denuncia de fecha 23 de diciembre de 2021, señalando dilación e incumplimiento de plazos, ante el Presidente del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba; por el cual, pone en conocimiento lo sucedido por el juzgado de provincia de Colomi, que debió resolver su causa, del mismo modo solicita la designación de un Juez suplente o el retorno del titular de la causa de sus vacaciones; ante la emergencia de la situación jurídica que atravesaba (detenido preventivamente). (Fs. 11 a 12) II.4. El accionante presenta nota escrita señalando y reiterando su queja por retardación de justicia y dilación indebida respecto a lo ya solicitado por la hoy parte solicitante de tutela, en relación a las constantes suspensiones y reprogramaciones de audiencias en relación a la solicitud de cesación impetrada, señalando que su detención preventiva se encuentra vencida y sobrepasada, estando privado de libertad más allá de los términos señalados por ley, reiterando se propicie el retorno del Juez titular de la causa a fin de no seguir dejándolo en indefensión. (Fs. 13)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera vulnerados su derecho a la libertad física y de locomoción; ya que, al encontrarse con detención preventiva; solicitó cesación a la misma, al efecto se señaló audiencia para el día 17 de diciembre de 2021; sin embargo, esta se suspendió por la incomparecencia del mismo para el día 23 de diciembre de igual año precitado; en la indicada fecha la audiencia tampoco se llevó a cabo, debido a la baja médica por patología de COVID-19 de la Jueza de la causa; posteriormente la audiencia cautelar fue reprogramada para el 27 de diciembre de mismo año prenombrado; empero, debido a la falta de remisión de los actuados del caso, fue reprogramada nuevamente para el 3 de enero de 2022; ante estos hechos se acudió en dos oportunidades ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, para poner denuncia de las dilaciones precitadas; empero, dicha autoridad no brindó una respuesta concreta al respecto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, expresó el siguiente entendimiento: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´.

Además, enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad…’” (Las negrillas son nuestras).

III.2. De la celeridad en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva

Respecto a la celeridad que debe regir los actos procesales referidos a la cesación a la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que: “La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal.

(…)

De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud.

En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa” (las negrillas nos corresponden).

La línea jurisprudencial glosada precedentemente, fue complementada posteriormente, al haberse puesto en vigencia la Ley 586 cuyo art. 8 modifica el art. 239 del CPP, estableciendo plazos procesales a objeto de la consideración de actuaciones referidas a medidas cautelares, entre ellas la petición de cesación a la detención preventiva, precepto normativo que indica: “Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3)

días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos” (las negrillas son nuestras).

Es así que la SCP 0738/22-S4 de 12 de julio, señaló que: “Al respecto y en análisis de lo resuelto por la autoridad demandada, es necesario tomar en cuenta que, el art. 239.2 del CPP con relación al tiempo de duración de la detención preventiva se debe aplicar en concordancia con el penúltimo párrafo del art. 233 del mismo cuerpo adjetivo, de donde resulta que, el especificar un tiempo de duración de la detención preventiva, solo es exigible en etapa preparatoria; es decir, hasta tanto no exista una acusación, conforme se estableció en la SCP 0965/2021-S4 de 29 de noviembre, al sostener que, “En cuanto al art. 239.2 del CPP –modificado por la Ley 1173–, respecto al tiempo de duración de la detención preventiva, señaló que su contexto se encuentra constreñido a la etapa preparatoria, hasta tanto no exista una acusación; sin embargo, en el caso ya fue emitida acusación fiscal, razón por la que no se podría entrar al análisis de la segunda parte del art. 239 de la aludida norma, por cuanto si en su momento existió una violación normativa, dicha circunstancia no fue reclamada oportunamente a fin de que se verifique el cumplimiento de los noventa días y en caso –si correspondía– otorgar la cesación a la detención preventiva, pero ya cursando acusación la cesación solicitada debe encontrarse sujeta a la destrucción de los peligros procesales”.

III.3. Del señalamiento de la audiencia para la consideración y resolución de las solicitudes de cesación a la detención preventiva. Actos considerados dilatorios.

Con relación a los plazos en los cuales debe señalarse y llevarse a cabo la audiencia para considerar las solicitudes de cesación a la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0114/2014 de 10 de enero, partiendo del razonamiento establecido en las Sentencias Constitucionales en ella citadas, en las que se abordó el plazo en el que debe efectuarse dicho señalamiento, dejó establecido que: "… En efecto, si bien es evidente que la normativa legal vigente no prevé un plazo específico para la sustanciación de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, tratándose de una solicitud en la que se halla involucrado el derecho a la libertad de una persona '…la autoridad jurisdiccional en observancia de los valores y principios constitucionales contenidos en el referido art. 8.II de la CPE con relación al 180.I del mismo cuerpo legal y en aplicación del principio procesal de celeridad, cuando conozca una solicitud de un privado de libertad, se encuentra obligado a tramitar la misma dentro del menor tiempo posible y cumpliendo a cabalidad los plazos establecidos en la norma legal, toda vez que actuar en contrario implicaría la afectación de los derechos y garantías del imputado' (SCP 0759/2012 de 13 de agosto, entre otras). Ahora bien, a efectos de determinar cuáles deben considerarse actos dilatorios que lesionando el debido proceso inciden negativamente sobre el derecho a la libertad, la jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, los ha identificado como aquellos que se efectivizan cuando: 'a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad; c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”’. El razonamiento precedente con relación al plazo prudencial para fijar la audiencia de consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva, fue superado en observancia de las modificaciones establecidas por las Leyes 1173 y 1226, conforme al entendimiento establecido a través de la SCP 0344/2020-S4 de 29 de julio, complementando a la SCP 192/2020-S4 de 23 de julio, que dejó establecido lo siguiente: ”Al respecto, el art. 239 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 –Ley de Descongestionamiento y Efectivización–, modificado por el art. 2.III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, puesta en vigencia a partir del 4 de noviembre del referido año, establece los plazos procesales para el señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo estos los siguientes: “Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el Juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos”; de lo expuesto, se concluye que de acuerdo a lo previsto por el mencionado artículo, el Juez o Tribunal ordinario que tenga conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva, deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; un actuar contrario, supondría una dilación indebida”. Consiguientemente, conforme establece el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por las Leyes Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres −Ley 1173 de 3 de mayo de 2019− y Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, cuando se plantea una solicitud de cesación a la detención preventiva, invocando las causales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP, la autoridad jurisdiccional a cargo de la tramitación del proceso, está obligada a decretar en el día el señalamiento de audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas de presentada la petición, mientras que si la solicitud de cesación se efectuó en mérito a las causales 3 y 4 de la citada norma legal, corresponderá a la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, que dentro de veinticuatro horas siguientes, debe correr en traslado a las partes, que deberán responder en el término de cuarenta u ocho horas, a cuya finalización, el Juez o Tribunal está obligado a pronunciar resolución dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas, sin necesidad de llevar a cabo audiencia.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante, denunció como vulnerados su derecho a la libertad física y de locomoción, al considerar que se mantiene ilegalmente detenido, refiriendo que el 25 de diciembre de 2021 ya se hubiese cumplido el tiempo solicitado por el Ministerio Público para su detención preventiva; por lo que, solicitó cesación a su detención preventiva, misma que fue atendida por la Jueza Publica Mixta Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Colomi del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba señalando audiencia de cesación a su detención preventiva para el 17 de diciembre de igual año precitado; sin embargo, esta fue suspendida en mérito a la incomparecencia del imputado, señalando una nueva fecha para el 23 del mismo mes y año, pero tampoco se llevó a cabo, debido esta vez a la baja médica por patología de “COVID-19” de la referida autoridad; ante dicho impedimento se reprograma esta vez por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinahota del mismo distrito judicial, quien ejerciendo funciones en suplencia legal, la reprogramó para el 27 de diciembre de igual año prenombrado; mas sin embargo, está última autoridad, debido a la falta de remisión de los actuados procesales y además aduciendo carga procesal excesiva entre otras la reprogramó nuevamente para el 3 de enero de 2022, ante estos hechos el hoy solicitante de tutela acudió en dos oportunidades ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, para poner en conocimiento de esta autoridad todos estos extremos que hasta ese momento consideraba que vulneraban sus derechos; sin embargo, dicha autoridad no brindó una respuesta a la petición efectuada y tampoco efectivizó instrucciones precisas al respecto, señalando solamente el cumplimiento de las Circulares del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. En ese contexto, el Fundamento Jurídico III. 2 del presente fallo constitucional; estableció que, la autoridad que conozca de una solicitud de consideración de cesación a la detención preventiva, deberá tramitarla con la mayor celeridad posible, evitando incurrir en dilaciones indebidas que repercutan negativamente en el derecho a la libertad de los solicitantes, teniendo cuarenta y ocho horas para la fijación de audiencia. Bajo ese entendimiento la problemática del caso se ha centrado en la existencia de una denuncia de dilación en la tramitación de su solicitud de cesación de medidas cautelares, alegando que, dicho verificativo debió ser resuelto oportunamente por la Jueza Publica Mixta Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Colomi del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba; sin embargo, de antecedentes se tendría que, el 17 de diciembre de 2021 luego de haberse señalado audiencia para esa fecha, la misma fue reprogramada para el 23 del mismo mes y año, aduciendo la incomparecencia del imputado, pero en la referida fecha, la audiencia tampoco fue llevada a cabo, esta vez por encontrarse con baja médica por “COVID-19” la jueza antes señalada, advirtiéndose una dilación de seis días calendario en el señalamiento y resolución de la solicitud impetrada por el ahora accionante cuando el plazo previsto en el art. 239 del CPP es de cuarenta y ocho horas, correspondiendo conceder la tutela impetrada en relación a la Jueza prenombrada −hoy demandada−; toda vez que, dicha autoridad era la responsable del señalamiento y/o reprogramación oportuna de la extrañada audiencia, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Asimismo, del análisis a los actuados procesales suscitados en cuanto a la autoridad codemandada, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinahota del mismo distrito judicial antes referido, se advierte que incurre en la misma lesión; pues dispone la suspensión de la audiencia programada para el 27 de diciembre de 2021, debido a la falta de remisión de los actuados del caso y además aduciendo carga procesal excesiva entre otras, no resultando este último argumento un justificativo válido para dilatar o incumplir los plazos procesales previsto en el art. 239 del CPP, pues la carga procesal no puede ir en contra de los derechos de un privado de libertad, siendo la reprogramación dispuesta para el 3 de enero de 2022, también una incorrecta decisión, pues esta debió ser señalada con un máximo de cuarenta y ocho horas de la audiencia suspendida es decir para el 29 de diciembre del citado año, pues en el caso de esta autoridad se advierte una dilación de siete días calendario; por lo que, se hace evidente la contrariedad de su actuación con lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, de la revisión de obrados se tiene que el accionante, identifica de forma clara la dilación en que incurrieron las juezas demandadas, quienes con su actuar vulneraron ambas el art. 239 del CPP respecto al señalamiento de audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. Por otro lado, y con relación al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba a quien se le acusa propiciar la dilación por la falta de acciones oportunas al respecto; efectuada la consideración de antecedentes cursantes y la problemática planteada en esta acción de libertad, se advierte que en cumplimiento de sus funciones se emitió de las Circulares 09/2021 y 10/2021, por las cuales se estableció el mecanismo a seguir en la toma de la vacación anual de la gestión 2021 lo que se garantizaba el desarrollo de las audiencias en cumplimiento de las circulares emitidas por esta autoridad, lo que desvirtúa la falta de acciones de la autoridad demandada, pues en uso de sus atribuciones asumió las medidas pertinentes, correspondiendo denegar la tutela impetrada con relación a la citada autoridad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder parcialmente la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos legales actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2021, cursante de fs. 40 a 42 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; en consecuencia,

1° CONCEDER la tutela impetrada, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, respecto a la Jueza Publica Mixta Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Colomi y la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinahota, ambas del departamento de Cochabamba, disponiendo que esta última, en el plazo de veinticuatro horas, dé tramite a la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada, siempre y cuando por el transcurso del tiempo no se haya desarrollado ya este actuado procesal; y,

2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a Pablo Antezana Vargas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, conforme lo expresado en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0335_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 524b91d66709a9ec935dfb7f1747d366b237a6b69bf8f390a83b74ca714a70fc

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