Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, así como a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Vocal demandada dictó el Auto de Vista de 18 de abril de 2023, por el cual determinó confirmar el Auto Interlocutorio apelado que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, omitiendo valorar los elementos probatorios que aportó para desvirtuar la concurrencia del peligro de obstaculización; puesto que no realizó ninguna individualización de los testigos sobre los cuales podría influir negativamente, no existen familiares de la víctima que puedan ser influenciados y no se valoraron las certificaciones que acreditan que no cuenta con otros procesos en su contra; asimismo, basó la existencia del único peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP en la existencia de una sentencia condenatoria que se encuentra en estado de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 6/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 57 vta. a 62, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento Cochabamba; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Llamar la atención al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.3.1 del presente fallo constitucional; y, exhortarle a observar los fundamentos jurídicos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0334/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55590-2023-112-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 6/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 57 vta. a 62, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Estefanía Orosco Lazarte en representación sin mandato de Wilmar Francisco Gervacio Orosco contra Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 17 de mayo de 2023, cursante a fs. 1; y, 27 a 37, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el art. 252 Bis del Código Penal (CP), en audiencia de medidas cautelares celebrada el 29 de abril de 2019, la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, por la concurrencia de los arts. 233.1 y 2; 234.1, 2 y 10; y 235.1 y 2, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP); esta decisión fue impugnada y, desde entonces, presentó reiteradas solicitudes de cesación de su detención preventiva; sin embargo, la última fue rechazada el 15 de marzo de 2023, bajo el criterio de que aún persistían la probabilidad de autoría y el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP. Contra dicho rechazo, interpuso recurso de apelación incidental, resuelto por Auto de Vista de 18 de abril de 2023, por el cual Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandada-, confirmó el fallo impugnado, sin fundamentación ni motivación; toda vez que su pronunciamiento carece de argumentos sólidos que toda resolución judicial debe contener. Los medios probatorios presentados por el accionante no fueron valorados, sosteniéndose sus conclusiones de la autoridad demandada de manera arbitraria y sin respaldo probatorio alguno, basándose únicamente en conjeturas retóricas respecto a la posibilidad de influir sobre los testigos una vez que obtenga su libertad. Por otra parte, la autoridad demandada realizó una nueva valoración de la prueba, actuando en franca lesión al debido proceso y la libertad, omitiendo aplicar los principios de proporcionalidad, favorabilidad y pro homine, exigibles para la imposición o mantenimiento de medidas cautelares; asimismo, tampoco realizó el correspondiente test de proporcionalidad -idoneidad, necesidad y ponderación-, invocando la aplicación e interpretación más favorable al imputado cuando exista duda sobre la medida cautelar.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, así como a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 23 y 116.I de la Constitución Politica del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 18 de abril del 2023 y se emita nueva resolución restituyendo derechos fundamentales lesionados de la “victima”; y, b) Se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 57 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato y abogado, ratificó de manera íntegra los argumentos de su acción tutelar y ampliándola en audiencia indicó: 1) La autoridad accionada en su informe solo se limitó a transcribir antecedentes del proceso penal y reiterar los argumentos insuficientes del Juez de instancia; y, 2) El instituto de la cesación de la detención preventiva hace mención que las medidas cautelares son modificables y revisables, siendo que, el razonamiento utilizado por la autoridad inferior vinculado a la presunción de culpabilidad constituye una pena anticipada y resulta contradictorio con la noción que la detención preventiva tiene como una medida de excepción.
Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante de fs. 53 a 56 vta., solicitó se deniegue la tutela e informó: i) La jurisprudencia constitucional, establece que la valoración de la prueba corresponde a los órganos jurisdiccionales ordinarios y que la justicia constitucional, no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de jueces y tribunales ordinarios; ii) El Tribunal Constitucional Plurinacional en acciones tutelares determinó la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales únicamente cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad, equidad y se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación; iii) La acción de libertad es factible cuando la persona considere que su vida se encuente en peligro, esté ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal; por lo que, la parte peticionante de tutela incumple con los citados requisitos para su procedencia; iv) El mecanismo de defensa interpuesto por el impetrante de tutela, simplemente se limitó a realizar una descripción ampulosa de los antecedentes procesales del caso, asimismo, enunció sentencias constitucionales, omitiendo establecer cómo y de qué manera se lesionó el debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales; v) El recurso de apelación fue resuelto con fundamentos claros y precisos; por ello, el Auto de Vista ahora confutado contiene la debida fundamentación y motivación, así como, una valoración razonable de la prueba; vi) Los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada; y, viii) Debe considerarse que las resoluciones de medidas cautelares se encuentran bajo los principios de instrumentalidad, variabilidad y temporalidad, es decir, la modificación de la cesación de la detención preventiva, conforme el art. 239 del CPP puede ser solicitada en cualquier momento con la acreditación de nuevos elementos de convicción.
Elizabeth Betancourt Ticona, Fiscal de Materia, se adhirió al informe presentado por la Vocal accionada, señalando que la resolución impugnada contiene la debida fundamentación y motivación.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 6/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 57 vta. a 62, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 18 de abril de 2023, ordenando que, en el plazo de veinticuatro horas la Vocal accionada emita nueva resolución conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) El fallo objeto de apelación carece de justificación y argumentación respecto al riesgo procesal de obstaculización del art. 235.2 del CPP, pues no otorga respuesta a los agravios planteados en la audiencia de apelación, siendo cierto y evidente que no individualiza los testigos y la prueba aportada; por el contrario, dicha prueba fue catalogada como impertinente, sin dar ninguna justificación jurídica legal; b) El Auto de Vista impugnado, no fundamentó ni motivó su decisión respecto al punto de que el accionante podrá influenciar en los testigos o participes del hecho, siendo que tales aspectos constituyen una garantía fundamental del debido proceso que exige a las autoridades judiciales o administrativas justificar sus decisiones, exponiendo los preceptos jurídicos aplicables y argumentos de hecho y derecho que la sustentan, siendo que el Tribunal de Alzada debe pronunciarse en función a los agravios y pruebas aportadas por la parte apelante, extremo que no se advierte en el auto de vista impugnado, de ahí que la Vocal accionada no expresa convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión judicial; y, c) No se advierte justificación o razonamiento idóneo y razonable para mantener la concurrencia del art. 235.2 el CPP, pues la resolución impugnada no justifica materialmente la necesidad sobre la limitación de la libertad personal del ahora peticionante de tutela.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 69 a 71), se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. En audiencia de aplicación de medidas cautelares personales de 29 de abril de 2019, la Jueza de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, determinó la detención preventiva del ahora accionante, por la presunta comisión del delito de feminicidio (fs. 3 a 13 vta.). II.2. Cursa Acta y Resolución de audiencia pública de cesación de la detención preventiva de 15 de marzo de 2023, en la cual, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó la solicitud de cese de la medida extrema, impetrada por Wilmar Francisco Gervacio Orosco -ahora accionante-, ante la persitencia de la probabilidad de autoría -art. 233.1 del CPP-, así como el peligro de obstaculización -art. 235.2 del adjetivo penal-; por lo cual, en la misma audiencia interpuso recurso de apelación incidental de conformidad a lo establecido por el art. 251 del CPP (fs. 15 a 18 vta.). II.3. Consta Acta de audiencia pública de apelación incidental de medida cautelar y Auto de Vista de 18 de abril de 2023, emitido por Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -autoridad accionada-, mediante el cual declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela, manteniendo firme la Resolución de 15 de marzo de ese año (fs. 19 a 24).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, así como a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Vocal demandada dictó el Auto de Vista de 18 de abril de 2023, por el cual determinó confirmar el Auto Interlocutorio apelado que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, omitiendo valorar los elementos probatorios que aportó para desvirtuar la concurrencia del peligro de obstaculización; puesto que no realizó ninguna individualización de los testigos sobre los cuales podría influir negativamente, no existen familiares de la víctima que puedan ser influenciados y no se valoraron las certificaciones que acreditan que no cuenta con otros procesos en su contra; asimismo, basó la existencia del único peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP en la existencia de una sentencia condenatoria que se encuentra en estado de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Sobre esta temática, la SCP 0201/2024-S2 de 28 de mayo, citando la SCP 0158/2022-S3 de 31 de marzo, sostuvo que: «“…el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamentan sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revise una resolución que ha impuesto, revocado, modificada una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad ya la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada entre otras por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.2, señala que: …la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establece la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquel conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o participación de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o recache las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación (…) esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada… (…) Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los mismos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual decidan imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando obligado igualmentes a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o disponga la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”. Por su parte, la SCP 0648/2019-S2 de 5 de agosto, desarrolló que:
“…tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado, en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada”» (las negrillas nos pertenecen). En este mismo sentido, la SCP 0213/2019-S1 de 7 de mayo, estableció que:“…la exigencia de motivación y fundamento de las resoluciones judiciales ligada a una valoración integral de la prueba, constituye una obligación a ser cumplida por las autoridades judiciales a tiempo de emisión los fallos correspondientes, en los que deben plasmarse los motivos de hecho y de derecho, siendo el soporte de sus decisiones arribadas, el valor otorgado a los medios de prueba…” .
Delitos de violencia en razón de género Sobre el particular, la SCP 429/2020-S1 de 2 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.3, sobre la aplicación de las medidas cautelares personales como la detención preventiva en delitos establecidos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, determina el siguiente razonamiento:
«(…)
De esta manera, en delitos de violencia de género, las medidas cautelares no se constriñen únicamente a asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso, sino también la aplicación de la ley -art. 221 del CPP-, por lo que conforme a las disposiciones de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos numeral 8, la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia -art. 45-, concordante con los principios establecidos en la primera parte de esta Ley, de aplicación preferente que cualquier otra norma jurídica, que señala en el Título V, “Legislación penal”, en el Capítulo III, art. 86 de la Ley 348, que establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, (…)».
Delimitado el objeto procesal, corresponde ingresar a resolver la problemática contextualizada a partir de los antecedentes procesales que cursan en el expediente, así, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de feminicidio, por Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2023, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, manteniendo subsistente la probabilidad de autoría, así como el peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, determinación que fue recurrida en ese mismo acto procesal con base en el art. 251 del citado Código (Conclusión II.1). Interpuesto el recurso de apelación incidental, la Vocal ahora demandada, mediante Auto de Vista de 18 de abril de 2023, declaró improcedente la apelación formulada, manteniendo firme el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de ese año (Conclusión II.2). En ese contexto, en el marco de los cuestionamientos expuestos en la acción tutelar, inicialmente resulta preciso remitirse a los agravios expresados en la audiencia de apelación incidental por la defensa del ahora impetrante de tutela, así como a los motivos y fundamentos jurídicos expuestos por la Vocal demandada en el Auto de Vista de 18 de abril de 2023, a fin de establecer, mediante un contraste y análisis argumentativo, si las lesiones denunciadas resultan o no evidentes. Agravios expuestos en la apelación incidental 1) En la audiencia de aplicación de medidas cautelares personales de 29 de abril de 2019, la autoridad jurisdiccional de entonces fundamentó el riesgo procesal de obstaculización en su condición de funcionario policial activo, razón por la cual, en la audiencia de cesación de la detención preventiva de 18 de abril de 2023, se acompañó la Resolución emitida por el Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana, mediante la cual se dispuso su baja definitiva de la institución policial, aspecto que no fue mencionado, incurriéndose así en falta de motivación y fundamentación. 2) Con relación a la valoración de los elementos probatorios, específicamente respecto a los testigos, el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP fue sustentado en aspectos que ya fueron modificados considerablemente; pues se encuentra con detención preventiva desde hace tres años; a pesar de ello, de manera ilegal e injusta se argumentó que influenciaría negativamente en los testigos, omitiéndo tener presente que al primer testigo “inquilino” que ayudó a trasladar a la víctima a un hospital, no se lo identificó durante la investigación ni en la audiencia de juicio oral; y, la sobrina, Erika García Portillo, ya declaró en juicio oral; además, se adjuntó una certificación emitida por el Servicio de Registro Cívico (SERECI), que no fue considerado, que acredita la inexistencia de familiares de la víctima y de su madre sobre quienes se podría ejercer influencia.
Otro argumento para mantener vigente el riesgo procesal de obstaculización, fue que al encontrarse en libertad, influiría en Ricardo Mercado, Gloria Paco Salazar, Fabricio Rodríguez y Gaby Torríco, testigos que no estaban contemplados en la audiencia de medidas cautelares de 29 de abril de 2019, pretendiéndose “…incorporar otros testigos, en este caso peritos del Instituto de Identificación Forense (IDIF) como sujetos de posibilidad de influencia…” (sic). Respecto a las certificaciones presentadas, estas no fueron valoradas de manera favorable; por ejemplo, el certificado emitido por el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, mediante el cual se acreditó que Erika García Portillo y otras personas no ingresaron al citado recinto penitenciario a visitarlo; por ello, no existió ningún contacto físico. Otro elemento de prueba no valorado son los antecedentes del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y el Certificado de No Violencia (CENVI), bajo el criterio que ya fueron presentados sin tomar en cuenta que fueron emitidos recientemente y responden a otro momento. Respuesta del Auto de Vista impugnado i) Toda la documentación acompañada para demostrar la concurrencia del art. 239.1 del CPP, ya fue presentada en solicitudes anteriores con la finalidad de desvirtuar la vigencia del peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del adjetivo penal, correspondiendo señalar que todas las resoluciones emitidas por el Juez de Instrucción y el Tribunal de Sentencia, ratificadas por diferentes Autos de Vista, establecieron de manera coincidente que resulta pertinente la medida de extrema ratio; ii) Si bien es cierto que la configuración del númeral 2 del art. 235 del CPP, tuvo origen en la condición del accionante como funcionario policial y que actualmente se acompañó documentación relativa a una resolución de baja, dicha circunstancia no incide en la proporcionalidad del delito investigado, considerando que ya cuenta con una sentencia condenatoria de treinta años de presidio por el delito de feminicidio; iii) El Tribunal a quo ya estableció que la nueva documentación acompañada resulta impertinente para la consideración del riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP; siendo que ya no correspondería efectuar un análisis respecto de la valoración psicosocial realizada por funcionarios del Régimen Penitenciario, toda vez que se encuentra con detención preventiva desde el 29 de abril de 2019 y que el mismo no demostró una conducta que permita inferir que no obstaculizará la averiguación de la verdad, ello, conforme a lo sostenido por la abogada de la víctima, en sentido de que el núm. 1 del art. 233 del CPP se encuentra objetivamente demostrado; y, iv) Por otro lado, se identificó de manera objetiva a los testigos presenciales, como la sobrina del imputado, quien habría estado presente el día del hecho, haciéndose referencia también a personas que son testigos y familiares de la occisa, respecto de quienes podrían ser influenciados una vez que el accionante obtenga su libertad, ello, a raíz de que el prenombrado ya cuenta con sentencia condenatoria y, si bien es cierto que esta no tiene calidad de cosa juzgada, “…empero, este elemento hace entender que el elemento de probabilidad dejó de existir…” (sic), como consecuencia de la resolución pronunciada en contra del recurrente, demostrándose con ello que el nombrado habría participado en la comisión del delito acusado; asimismo, se sostuvo que la medida más idónea para garantizar la prosecución y conclusión del proceso sería la detención preventiva del imputado; ello, tomando en cuenta la revisión de los antecedentes procesales, las circunstancias inherentes al delito de feminicidio, la plena identificación de los testigos, quienes actualmente podrían ser influenciados negativamente por el imputado, así como la presentación de prueba que resulta impertinente para desvirtuar el peligro procesal previsto en el art. 235.2 del CPP.
Ahora bien, precisados los motivos de los agravios del recurso de apelación expuestos por el ahora impetrante de tutela, así como la fundamentación y motivación del Auto de Vista de 18 de abril de 2023, a partir de la configuración del acto lesivo denunciado, cabe aclarar que, si bien el demandante de tutela asimila una presunta falta de valoración de la prueba; empero, éste encuentra consonancia con una probable omisión en la aplicación normativa y en la exposición motivacional vinculada a la apreciación probatoria de la resolución de baja de la institución policial, así como de la prueba testifical y documental, lo que permite enmarcar en las vertientes de la fundamentación y motivación, interrelacionadas con la valoración de la prueba. En ese sentido, siguiendo con esta línea de análisis, corresponde ingresar a resolver según corresponda los presuntos actos lesivos denunciados, en los que se alega que la autoridad accionada hubiese incurrido, al confirmar la determinación de la subsistencia de la medida restrictiva de su libertad. El accionante alega que la Vocal demandada, omitió valorar las pruebas que aportó para desvirtuar la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, toda vez que, respecto de la prueba testifical y documental, no realizó ninguna individualización de los testigos sobre los cuales podría ejercerse una influencia negativa, ya que los mismos ya prestaron sus declaraciones; es decir, que estas ya cuentan con valor probatorio; asimismo, no existen familiares de la víctima que puedan ser influenciados, ya que, conforme a la certificación emitida por el Servicio de Registro Cívico (SERECI), la occisa ni su madre tienen descendencia; de igual manera, no se valoraron las certificaciones emitidas por el recinto penitenciario, las cuales acreditan que no cuenta con otros procesos en su contra, señalándose mediante suposiciones retóricas que podría influir en testigos una vez que obtenga su libertad, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia; mas aún cuando la autoridad jurisdiccional sustentó la concurrencia de dicho riesgo procesal en la supuesta relación de su persona con el inquilino que habría ayudado a trasladar a la víctima a un hospital y en su anterior condición de funcionario policial.
Al respecto, de la revisión del Auto de Vista de 18 de abril de 2023, ahora cuestionado, se advierte que la Vocal demandada inició su análisis haciendo referencia a la prueba documental presentada por el recurrente, señalando que se rechazó la cesación de la detención preventiva, toda vez que la documentación acompañada para demostrar la concurrencia del art. 239.1 del CPP ya había sido presentada en solicitudes anteriores con la finalidad de desvirtuar la vigencia del peligro procesal de obstaculización establecido en el art. 235.2 del adjetivo penal; haciendo referencia, además, a resoluciones emitidas por el Juez de Instrucción y el Tribunal de Sentencia, ratificadas mediante diferentes Autos de Vista, que establecieron de manera coincidente la pertinencia de la medida de extrema ratio; en consecuencia, el Tribunal de instancia estableció que la nueva documentación aparejada resulta impertinente para desvirtuar el referido riesgo procesal, así como realizar un análisis relativo a la valoración psicosocial, puesto que la probabilidad de autoría se encontraría objetivamente demostrada.
En cuanto a la prueba testifical, del análisis de los fundamentos expuestos en el Auto de Vista ahora cuestionado, se tiene que, respecto al peligro de obstaculización confutado, se identificó de manera objetiva a los testigos presenciales, como la sobrina del imputado, quien habría estado presente el día del hecho, haciéndose referencia también a personas que son testigos y familiares de la occisa, considerando que en el presente caso ya se cuenta con una sentencia condenatoria que, si bien no ostenta calidad de cosa juzgada, ello se entiende respecto a la probabilidad de autoría; es decir, que el imputado participó en la comisión del delito acusado; concluyó la autoridad demandada que, tomando en cuenta las circunstancias jurídicas inherentes al delito de feminicidio, la plena identificación de los testigos, quienes actualmente podrían ser influenciados negativamente, la prueba presentada no resulta suficiente, sino impertinente para enervar el referido riesgo procesal.
En tal sentido y bajo la necesaria precisión del contenido argumentativo que sustenta el fallo de alzada observado a través de esta acción tutelar, se puede afirmar que el mismo contiene la debida fundamentación y motivación, interrelacionadas con la valoración de la prueba presentada por el ahora impetrante de tutela, ya que explicó las razones de su decisión de mantener vigente el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, considerando que la prueba aportada por el accionante no constituye un elemento idóneo para que quede enervado; lo anterior corrobora la existencia de una fundamentación y argumentación suficientes, tal como exige el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que implica que el juzgador debe exponer de manera clara, concatenada y explícita las razones fácticas y jurídicas que sustentan su decisión, realizando una valoración integral de los elementos probatorios aportados por las partes, esta última no exige un estándar de certeza absoluta propio de la sentencia de mérito, sino un juicio de probabilidad y razonabilidad acerca de la vigencia o enervación de los riesgos procesales de fuga u obstaculización, en consecuencia, la autoridad de alzada cumplió con su obligación procesal de fundamentar y motivar su decisión, efectuando una valoración integral de los motivos que conllevaron a mantener la aplicación de la detención preventiva.
Consiguientemente, al no advertirse lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, con incidencia en la valoración de la prueba y vinculados con el derecho a la libertad del accionante, corresponde denegar la tutela solicitada en cuanto a este punto de verificación constitucional.
Ahora bien, en cuanto al otro punto expuesto, referido a que se sustentó la concurrencia de dicho riesgo procesal en la supuesta relación del imputado con el inquilino que habría ayudado a trasladar a la víctima a un hospital, así como en su anterior condición de ser funcionario policial, dicho aspecto fue suficientemente respondido por la autoridad demandada; pues debe tomarse en cuenta que el peligro de obstaculización no se reduce únicamente a la etapa preparatoria, por lo que la finalización de la etapa investigativa no constituye un argumento jurídico ni razonable que permita desvirtuar el peligro de obstaculización; toda vez que la verdad de los hechos saldrá a la luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso penal, respecto a la culpabilidad o no del procesado, adquiera calidad de cosa juzgada material.
Finalmente, respecto al agravio expuesto por el peticionante de tutela, en el que reclama que no se valoró la Resolución de la Dirección Disciplinaria Policial que demuestra su baja definitiva como funcionario policial, del examen del Auto de Vista impugnado se puede advertir que la Vocal demandada, al margen de lo analizado anteriormente, expuso que, si bien es cierto que la configuración del art. 235.2 del CPP, fue sustentada a partir de la condición del impetrante de tutela como funcionario policial, habiéndose presentado documentación relativa a una resolución de baja; empero, consideró que, en función de las características del delito de feminicidio cuya autoría se atribuye al acusado, no es posible estimar su agravio como suficiente; asimismo, resaltó que ya existe una sentencia condenatoria en primera instancia y no resulta proporcional -se entende en relación a los derechos de la víctima-, acoger lo solicitado, soporte argumentativo que se considera suficiente y razonable, tomando en cuenta que la víctima corresponde a un sector vulnerable de la sociedad; en consecuencia, también corresponde denegar la tutela sobre este asunto. Cumple añadir que, en el presente caso, el pronunciamiento de la autoridad demandada respecto al recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora impetrante de tutela, se enmarcó en lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo Constitucional, que establece que las medidas cautelares no se constriñen únicamente a asegurar la aplicación del art. 221 del CPP, sino conforme a las disposiciones de la Ley 348, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos numeral 8, la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia -art. 45-, concordante con los principios establecidos en la parte inicial de dicha Ley, de aplicación preferente frente a cualquier otra norma jurídica, aspecto que se relaciona, en el presente caso, con el tipo de delito como es el de feminicidio, que pone de manifiesto el grave problema que enfrenta la sociedad respecto a la magnitud de la violencia contra las mujeres, en ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación o modificación de medidas cautelares, deben tomar en cuenta los derechos de la víctima, agotando todos los medios necesarios para evitar la obstaculización en la averiguación de la verdad y la sanción de los responsables, así la medida que se imponga o modifique respecto al imputado, a quien se le atribuye la comisión del delito, debe velar por la protección de la víctima, de tal modo que el Auto de Vista impugnado contiene un desarrollo argumentativo autónomo, coherente, congruente y con una adecuada aplicación de la perspectiva de género, visibilizando la protección reforzada a la que está obligado el Estado en delitos que atentan contra la vida de las mujeres; en consecuencia, al no evidenciarse la conculcación de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, así como a la libertad del accionante, la tutela solicitada debe ser denegada.
Finalmente, resulta necesario señalar que el criterio expuesto por el Tribunal de garantías en la Resolución 6/2023, de 18 de mayo, mediante la cual dejó sin efecto, el Auto de Vista de 18 de abril de 2023, resulta ajeno a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a los que estaba obligado a observar; razón por la cual, tratándose de un caso que emerge de un proceso por violencia de género, su decisión resulta inaceptable debido a su manifiesto apartamiento de dichos fundamentos; motivo por el que no es posible aceptar como válidos los efectos de lo resuelto, ni aun por el transcurso del tiempo. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 6/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 57 vta. a 62, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento Cochabamba; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Llamar la atención al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.3.1 del presente fallo constitucional; y, exhortarle a observar los fundamentos jurídicos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0334_2026-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8bd6c655f637198fd8439139e2262fbd0a92e116b33813b79223d709437c68c9
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →