Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 12 de marzo de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de seguridad jurídica e igualdad; toda vez que, el Fiscal Departamental demandado revocó la Resolución de Sobreseimiento F.A.A.A. 04/2024 pronunciada a su favor, a través de la Resolución FDLP/WEAL/S- 262/2024, misma que: i) No se desvirtuó el sobreseimiento; ii) Se sostiene que el juez remitió antecedentes al Ministerio Público, lo que es falso, cuando en la audiencia de 25 de mayo de 2022 no se les hizo conocer sobre la falsedad que habrían cometido conforme establece los arts. 201 y 354 del CPP; iii) Se aparta de los agravios y se valoraron diferentes pruebas no invocadas en la impugnación dejando de valorar las que desvirtúan el delito; y, iv) Fue la otra parte la que mintió y no se valoraron en su verdadera dimensión sus declaraciones.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 315/2024 de 2 de diciembre, cursante de fs. 511 a 518 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo los efectos de la inicial concesión de tutela dispuesta por la referida Sala Constitucional, en virtud del tiempo transcurrido desde su emisión y esta Sentencia pronunciada en revisión.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0334/2026-S2 Sucre, 12 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 69453-2024-139-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 315/2024 de 2 de diciembre, cursante de fs. 511 a 518 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mercedes y Leandro Samuel, ambos Apaza Lima contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz.
Por memoriales presentados el 24 de septiembre y 3 de octubre de 2024, cursantes de fs. 269 a 294; y, 299 a 325, los accionantes manifestaron lo siguiente:
Se presentaron a la audiencia de juicio oral de 25 de mayo de 2022 para prestar su declaración testifical ante el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal que sigue su hermana Sonia Apaza Lima contra sus otros hermanos David y Genaro Apaza Lima -ahora terceros interesados- por la presunta comisión del delito de estafa. Y debido a que supuestamente en tales declaraciones hubieran ingresado en contradicciones y falsedades; meses después, en forma maliciosa, a insistencia de su hermano David Apaza Lima se remitieron antecedentes ante el Ministerio Público -para su procesamiento por el delito de falso testimonio-. El Fiscal de Materia, advertido de que, entre otros aspectos, sus declaraciones testificales no tuvieron incidencia en la emisión de la Sentencia 14/2022 de 7 de octubre, emitió la Resolución de Sobreseimiento F.A.A.A. 04/2024 de 11 de marzo a su favor, la cual, siendo impugnada por David, Genaro, Edgar Emilio y Nilsa Apaza Lima -hoy terceros interesados-, fue resuelta por William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado- a través de la Resolución FDLP/WEAL/S- 262/2024 de 28 de mayo, que revocó dicho sobreseimiento. Lamentablemente, en dicha Resolución jerárquica se realizaron afirmaciones que no corresponden a la realidad, incurriendo en las siguientes vulneraciones: a) Vulneración al principio de congruencia externa, por apartarse de los tres agravios de la impugnación de los querellantes por los cuales solicitaron la revocatoria del sobreseimiento, y de oficio subsanar su inobservancia; también por efectuar la compulsa de sólo algunos de los elementos colectados en la investigación, olvidando aquellos que enervaban su participación en la comisión del delito acusado; b) Lesión del principio de congruencia interna, pues si bien se llega a establecer en el acápite II.3 relativo al “…Análisis del Caso Concreto…” (sic) en su numeral 3, que el querellante mintió al afirmar que el crédito de $us80 000.- (ochenta mil dólares estadounidenses) no existió, se ingresa en una aberrante contradicción cuando en el numeral 4 del mismo acápite se refiere que “Mercedes Apaza Lima declaró que le dio $us80.000.- a su hermano Edgar Emilio Apaza y eso es falso porque el del Banco dijo que ese monto de dinero cobró Mercedes Apaza Lima” (sic), y en similar sentido en el acápite II.4 “Conclusiones”. Sin embargo, en estos acápites no se hace referencia a las falsedades en las que incurrieron los querellantes David y Edgar Emilio Apaza Lima, y contradictoriamente refieren que fueron sus personas quienes vertieron datos falsos en sus declaraciones; c) Sobre el contenido de sus declaraciones testificales, no fue considerado en su verdadera dimensión, pues no existe un fundamento que explique y/o haga conocer cuáles de sus declaraciones fueron falsas y con qué prueba acumulada en el cuaderno de investigaciones se demuestra dicha falsedad, no habiéndose considerado que: 1) El 6 de enero de 2016, se redactó y firmó un Acuerdo Transaccional, habiendo los querellantes recibido la suma de $us160 000.-(ciento sesenta mil dólares estadounidenses); 2) Las actas de audiencia de juicio oral de 11 de julio de 2022 “…del caso NUREJ N° 201211511…” (sic) donde David Apaza Lima declaró que él y otros recibieron el monto señalado; 3) En mérito a la entrega de la mencionada suma de dinero; David, Nilsa y Genaro Apaza Lima otorgaron poder a Sonia, Mercedes y Leandro Samuel Apaza Lima para que, entre otros aspectos, puedan tramitar la homologación del referido Acuerdo Transaccional de 6 de enero de 2016; 4) Que, de la Nota CITE: REQ/OF.NAL/LMM/38/2019 de 28 de enero, es cierto y evidente que Mercedes Apaza Lima a través de un crédito bancario del Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.), canceló a su hermano Edgar Emilio Apaza Lima la suma de $us80 000.- por la compra de sus acciones y derechos -de un inmueble-, conforme también demuestra el Testimonio 1490/2007 de Escritura Pública de Compra Venta de Bien Inmueble y otros -no cita fecha-; 5) El Documento Privado de Declaración, Aclaración y Ratificación de Venta de 23 de diciembre de 2011 suscrito por Edgar Emilio Apaza Lima y otros, con reconocimiento de firmas, mediante el cual se ratifica la referida venta; y, 6) Que, para la suscripción del Acuerdo Transaccional de 6 de enero de 2016, se suscribieron antes varios pre-acuerdos debido a la susceptibilidad que existía entre las partes, siendo uno de ellos firmado por Sonia Apaza Lima en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes del departamento de La Paz, quien por entonces se encontraba allí cumpliendo detención preventiva a raíz del malicioso proceso instaurado por David, Nilsa, Genaro y Edgar Emilio Apaza Lima en su contra, signado con el caso NUREJ 201211511; d) Falta de aplicación de los arts. 201 y 354 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en la audiencia de 25 de mayo de 2022, considerando que de haber sido ciertas las supuestas contradicciones y/o falsedades en sus declaraciones testificales, correspondía, de acuerdo a las normas citadas, que el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, les conmine a aclarar el motivo de tales contradicciones y/o falsedades, sin embargo, ello no ocurrió; e) Sobre la forzada remisión de “obrados” -se entiende, de antecedentes- ante el Ministerio Público, de ser cierto que habrían incurrido en falsedades y contradicciones en sus declaraciones testificales en audiencia de juicio oral de 25 de mayo de 2022; debió haberse suspendido el acto y disponer dicha remisión; sin embargo, la audiencia prosiguió sin ninguna observación ni advertencia de las partes a sus declaraciones, motivo por el cual jamás se les solicitó ninguna aclaración respecto de las mismas. Sin embargo, meses después, su hermano David Apaza Lima presentó memoriales para que el Juez de la causa proceda con la referida remisión, cuando ellos pudieron iniciar su denuncia y/o querella ante el Ministerio Público directamente. En cambio, fue a solicitud del Fiscal Departamental que se remitió el Acta de la referida audiencia para el inicio de esta causa; f) Sobre la Sentencia 14/2022 -emitida dentro del proceso penal donde presuntamente se cometió el delito de falso testimonio-, el Juez de la causa no tomó en cuenta la declaración de Leandro Samuel Apaza Lima, pero sí la de Mercedes Apaza Lima; y el Fiscal ahora demandado no indicó cuáles de sus afirmaciones fueron falsas y/o contradictorias ni por qué consideró que las mismas fueron de vital importancia en la emisión de la Sentencia que se basó sobre todo en las pruebas documentales introducidas en la comunidad probatoria; debiendo considerar que, en la parte pertinente de dicha Sentencia, en la “…RELACIÓN DEL HECHO ATRIBUIDO…” (sic) se evidencia que sus declaraciones no fueron fundamentales para condenar a los prenombrados, pues se hace mención a la entrega de los $us160 000.-, y no así a la entrega de los $us80 000.-g) Sobre la fundamentación de la Resolución de Sobreseimiento F.A.A.A. 04/2024, el Fiscal Departamental demandado concluyó que la misma no expone las razones por las cuales los elementos de convicción que generaron la aceptación de la probabilidad de autoría en la imputación formal ahora no generan esa misma convicción; lo que resulta falso, ya que el Fiscal de Materia sí valoró los elementos colectados en la etapa preparatoria y en forma amplia expuso las razones por las cuales los elementos de convicción que le sirvieron primigeniamente para imputar, ya no generaban dicha convicción; y, h) Sobre la fundamentación de la Resolución FDLP/WEAL/S 262/2024, no valoró en su verdadera dimensión todos los elementos de convicción de hecho y no de derecho como ser: i) Que la única declaración testifical que considera la Sentencia 14/2022 es la de Mercedes Apaza Lima; ii) Que la prenombrada adquirió el 25% de las acciones y derechos de su hermano Edgar Emilio Apaza Lima sobre el bien inmueble, haciendo el respectivo pago con un cheque del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.; iii) Que, se hizo entrega de $us160 000.- a los querellantes conforme lo prueba el memorial de 6 de enero de 2016 de desistimiento de la acción penal, el Acuerdo Transaccional de Carácter definitivo de igual fecha; los Testimonios 02/2016 y 03/2016, ambos de 7 de enero, de Poder para homologar el Acuerdo Transaccional de 6 de ese mes y año, los cuales meses después fueron maliciosamente revocados; el Auto Definitivo de Extinción de la Acción Penal por Conciliación de 20 de dicho mes y año, entre otros; y, iv) Sobre la afirmación de Mercedes Apaza Lima que en el documento transaccional de 6 de “agosto” de 2016 faltaban las firmas de Manuel Apaza Quisberth; y, Edgar Emilio y Sonia Apaza Lima; no existió controversia alguna, ya que todos declararon que evidentemente Sonia Apaza Lima no asistió a la Notaría a firmar los documentos respectivos porque estaba con detención preventiva.
Denunciaron la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de seguridad jurídica e igualdad; citando al efecto los arts. 115.II, 180, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se les conceda la tutela impetrada y se disponga dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/S- 262/2024, y se ordene la emisión de nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública el 2 de diciembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 502 a 510 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional. En respuesta a lo indagado por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dijeron que: a) Actualmente, en relación a la problemática de si hubo o no una compraventa, existen un proceso civil y otros tres en materia penal, uno por estafa, otro por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, y un tercero -el que nos ocupa- por falso testimonio, habiéndose emitido Sentencia en los dos primeros, condenatoria en el proceso de estafa donde no son parte, sino que fueron llamados como testigos; b) El centro del proceso de estafa es el desplazamiento de los $us160 000.- para conciliar todos esos procesos, donde ellos refieren que nunca recibieron ese dinero; c) El elemento fundamental donde se dilucida todo este problema es la propia declaración de David Apaza Lima en el juicio por falsedad, donde él declaró que recibió los $us160 000.-; d) El 2 de enero de 2016 se llegó a un Acuerdo Transaccional de dos bienes inmuebles, uno ubicado en la calle Tumusla 646 por $us160 000.-, y otro en la av. Buenos Aires 561 por la misma cantidad; e) Son nueve dueños por declaratoria de herederos, donde un bien inmueble se tenía que transferir a Sonia Apaza Lima, y el otro, a Mercedes y Leandro Samuel Apaza Lima; y, f) Debía pagarse $us160 000.- a cada uno -se entiende a cada heredero- pero incumplieron, porque el inmueble de la av. Buenos Aires está valuado en $us3 000 000.- (tres millones dólares estadounidenses).
Luis Carlos Torrez Alarcón, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 342 a 345 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, reiterando el contenido de la Resolución jerárquica objeto de esta acción.
David, Genaro y Nilsa, todos Apaza Lima, mediante memorial cursante de fs. 479 a 490, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando que Mercedes, Leandro Samuel y Sonia Apaza Lima prestaron declaraciones testificales afirmando falsedades que dieron lugar al tipo penal de falso testimonio, y efectuaron una relación de las declaraciones prestadas con identificación de sus aspectos presuntamente contradictorios. En audiencia, a través de su abogado se adhirieron al informe del Fiscal demandado. Sonia Apaza Lima en audiencia a través de su abogada señaló que, si bien el caso ya fue remitido ante un Juez de Sentencia Penal, todavía no existe Auto de apertura de juicio oral, y añadió refiriéndose a los agravios de la impugnación al sobreseimiento que los mismos no cumplieron con la carga argumentativa.
Edgar Emilio Apaza Lima, a través del mismo abogado patrocinante de David, Genaro y Nilsa todos Apaza Lima, en audiencia, se adhirió al informe presentado por el Fiscal demandado. Genaro Apaza Lima, indagado por la Sala Constitucional, refirió que nunca recibió los $us160 000.- de Sonia Apaza Lima, quien se encontraba en la cárcel. Sonia Apaza Lima, en respuesta a lo indagado por la Sala Constitucional, dijo que estando en la cárcel le hicieron firmar el Acuerdo Transaccional diciéndole que saldría de allí, y eso no ocurrió.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 315/2024 de 2 de diciembre, cursante de fs. 511 a 518 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/S- 262/2024, debiendo el actual Fiscal Departamental emitir una nueva resolución. Esto con base en los siguientes fundamentos: 1) La obligación de esa Sala va a ser verificar y establecer sobre lo que es el Acuerdo Transaccional que es como una sentencia que ya tiene cosa juzgada y que de ello deriven efectos es otra situación, “…esta es la base es el cimiento de todas sus relaciones y problemas que tienen hasta el presente…” (sic); 2) Solamente al verificar que el Fiscal Departamental no pudo demostrar o señalar cuál será lo absurdo, lo contradictorio de verdad, lo hace con una falta de fundamentación y motivación conforme ha indicado; y, 3) La exposición de las aclaraciones que brindaron, llevaron a establecer que existió vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia en sus acepciones interna y externa.
Mediante Auto Constitucional (AC) 198/2025-CA/S de 13 de mayo, cursante de fs. 532 a 534, ante la solicitud de adelanto de sorteo efectuada por Sonia Apaza Lima en su calidad de tercera interesada (fs. 526 a 527), en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 539 a 543); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de David Apaza Lima -hoy tercero interesado- contra Mercedes, Leandro Samuel, anmbos Apaza Lima -ahora accionantes- y Sonia Apaza Lima -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de falso testimonio; Franklin Antonio Alborta Alandia, Fiscal de Materia, presentó Resolución de Sobreseimiento F.A.A.A. 04/2024 de 11 de marzo, que dispone el sobreseimiento de los referidos procesados, dicho actuado fue presentado al día siguiente ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz (fs. 250 a 259 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 2 de abril de 2024 ante el Ministerio Público, los querellantes David, Genaro, Edgar Emilio y Nilsa Apaza Lima -terceros interesados- impugnaron ilegal e irracional valoración reflejada en la Resolución de Sobreseimiento F.F.A.A. 04/2024 (fs. 136 a 139 vta.). II.3. Cursa Resolución FDLP/WEAL/S- 262/2024 de 28 de mayo, pronunciada por William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, quien en su parte resolutiva dispuso revocar la Resolución de Sobreseimiento F.A.A.A. 04/2024 respecto a la probable comisión del delito de falso testimonio y ordenó a la dirección funcional de la investigación para que en el plazo de diez días a partir de su notificación presente requerimiento conclusivo de acusación (fs. 261 a 264 vta.).
Los accionantes denuncian la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de seguridad jurídica e igualdad; toda vez que, el Fiscal Departamental demandado revocó la Resolución de Sobreseimiento F.A.A.A. 04/2024 pronunciada a su favor, a través de la Resolución FDLP/WEAL/S- 262/2024, misma que: i) No se desvirtuó el sobreseimiento; ii) Se sostiene que el juez remitió antecedentes al Ministerio Público, lo que es falso, cuando en la audiencia de 25 de mayo de 2022 no se les hizo conocer sobre la falsedad que habrían cometido conforme establece los arts. 201 y 354 del CPP; iii) Se aparta de los agravios y se valoraron diferentes pruebas no invocadas en la impugnación dejando de valorar las que desvirtúan el delito; y, iv) Fue la otra parte la que mintió y no se valoraron en su verdadera dimensión sus declaraciones.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el alcance y efecto de una revocatoria de sobreseimiento, la SCP 0267/2015-S3 de 26 de marzo, hizo referencia a los efectos de la ratificatoria y de la revocatoria de sobreseimiento concluyendo que “…entre los efectos de una ratificatoria de sobreseimiento se encuentra el impedimento para un nuevo procesamiento penal a la persona sobreseída por el mismo hecho (art. 324 del CPP), pues lo contrario lesionaría la garantía de la persecución penal única; es decir, tiene efectos similares a una sentencia absolutoria aunque no son equivalentes; por lo que, a objeto de dar protección a los derechos de la víctima el análisis de la justicia constitucional respecto a la fundamentación debe ser intensa. Por el contrario, el efecto de la revocatoria de sobreseimiento no es en absoluto similar a una sentencia condenatoria ni contiene los mismos resultados, ya que pronunciada la misma por el Fiscal Departamental, el Fiscal de Materia deberá emitir acusación formal delimitando el objeto del proceso al identificar a los posibles autores del hecho presuntamente delictuoso y los hechos que se deben probar en juicio; por otra parte, el procesado es la contraparte y ejerce su derecho a la defensa, pudiendo demostrar ampliamente en juicio si la acusación del fiscal es errónea, siendo en ese entendido el juez un tercero imparcial, quien luego de valorar la prueba de cargo y de descargo producida en juicio, emitirá un pronunciamiento al respecto; por otro lado, la revisión sobre la fundamentación por la justicia constitucional, en este tipo de casos, solo podrá realizarse cuando las incongruencias de tal magnitud sean evidentes; empero, de ninguna manera corresponderá revisar la contundencia o no de las pruebas consideradas por un Fiscal Departamental para emitir una acusación, pues la emisión de una acusación atinge exclusivamente al Ministerio Público bajo responsabilidad (art. 166 del CP)”.
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de David Apaza Lima -tercero interesado- contra Mercedes y Leandro Samuel Apaza Lima -accionantes- y Sonia Apaza Lima -tercera interesada- por la presunta comisión del delito de falso testimonio, presuntamente cometido en el proceso penal seguido por Sonia Apaza Lima contra David y Genaro Apaza Lima -todos hermanos entre sí-; se emitió Resolución de Sobreseimiento F.A.A.A. 04/2024 de 11 de marzo a favor de los prenombrados procesados (Conclusión II.1), misma que en mérito a la impugnación de los querellantes David, Genaro, Edgar Emilio y Nilsa Apaza Lima -terceros interesados-, fue revocada por la Resolución FDLP/WEAL/S- 262/2024 de 28 de mayo (Conclusión II.2), pronunciada por el Fiscal Departamental demandado.
En lo señalado al punto i) referido a que no se desvirtuó el sobreseimiento, al respecto, la Resolución impugnada básicamente consideró que dentro del caso caratulado Sonia Apaza Lima contra Genaro y David Apaza Lima, por la presunta comisión del delito de estafa, declaró Mercedes Apaza Lima indicando que su hermana Sonia compró un terreno mediante documento, por el cual aseguró que canceló la suma de $us160 000.-, pero su hermana Sonia en ese momento estaba en la cárcel lo que se financió a través del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. y el testigo Leandro Samuel Apaza Lima que indicó que el acuerdo transaccional fue suscrito por su hermana Sonia yendo a la cárcel; sin embargo, consta informe del referido Banco que no existiría dicho crédito y del Notario de Fe Pública 33 que acreditaría que el documento no se concluyó por la falta de suscripción de Sonia Apaza Lima entre otros aspectos, hechos contrastados por la prueba invocada por la autoridad demandada; en este sentido, el cargo planteado por la parte accionante es tan general y abstracto que esta Sala no puede efectuar el análisis solicitado. Respecto al punto ii) observado por la parte accionante consistente en que el juez remitió antecedentes al Ministerio Público, lo que es falso, cuando en la audiencia de 25 de mayo de 2022 no se les hizo conocer sobre la falsedad que habrían cometido se tiene que la supuesta afirmación maliciosa de que el ‘“…Juez de Sentencia advertido de las contradicciones en juicio dispuso la remisión de obrados ante el Ministerio Público…” (sic [fs. 271]); de la misma cita glosada por la parte accionante (fs. 270 vta.), se advierte que la misma no es una afirmación propia de la autoridad jerárquica, sino una referencia a lo manifestado por los querellantes, sobre la cual dicha autoridad solo enumera a modo de resumir la impugnación presentada, donde inclusive sólo se atribuye las negrillas de la cita en cuestión. Respecto a que se inobservó los arts. 201 y 354 del CPP, se tiene que la comisión de delito puede depender de dicha observación; por lo que, siendo que las observaciones en la acción de amparo constitucional, para ser admisibles, deben tener relevancia constitucional, entendida desde la SC 1262/2004-R de 10 de agosto en sentido de que: “…esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”, se concluye que se pretende que esta Sala adelante la discusión sobre la existencia o no de un delito, cuestión propia de la jurisdicción ordinaria que decidirá a través de una sentencia, lo que no puede hacerse ni es admisible, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En lo referente al punto iii), es decir, que la autoridad demandada se apartó de los agravios, se tiene que, de una revisión del largo y confuso amparo constitucional, se denota que los cuestionamientos sobre ausencia de carga argumentativa son expuestos de manera referencial, sin la identificación clara y justificada de cuales son dichos agravios; por lo que, no puede acogerse esta observación, en la medida en que la justicia constitucional estaría supliendo a la jurisdicción ordinaria. Respecto a que se valoraron diferentes pruebas no invocadas en la impugnación, dejando de valorar las que desvirtúan el delito, a cuyo efecto enumera una lista de veintidós documentales, entre informes, declaraciones y escrituras públicas (fs. 271 vta. a 272 del memorial de demanda), cuestionando que no se hubieran compulsado aquellos elementos de convicción. Lo referido denotan un cuestionamiento en relación a la actividad de valoración probatoria efectuada por el Fiscal demandado en la Resolución FDLP/WEAL/S- 262/2024, ahora cuestionada, de omisión y defectuosa valoración probatoria atribuida a dicha autoridad, sugiriendo que ciertos elementos y/o indicios probatorios no debieron ser considerados y, a contramano, la ausencia de valoración de los elementos probatorios que respaldaban la veracidad de los extremos declarados en aquel proceso penal y que, por ende, enervan la comisión del delito investigado, conforme se refirió supra; sin embargo, no se cumplieron los requisitos recogidos en la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0033/2025-S2 de 24 de febrero, que establece como condiciones: “…1) De manera individualizada identificar qué pruebas fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, o en su caso, fueron producidas pero eran ilícitas, 2) Cómo la valoración o falta de valoración produjo lesión a derechos y garantías tutelados por la acción de amparo constitucional; y, 3) Que la prueba tiene incidencia o relevancia constitucional en la resolución final de forma que su producción o su no valoración podrían haber cambiado la forma de la decisión del caso -SC 0685/2006-R de 17 de julio-”; lo que impide a esta Sala revisar la valoración probatoria. Finalmente, en lo referido al punto iv), en sentido de que fue la otra parte la que mintió y no se valoraron en su verdadera dimensión sus declaraciones; al respecto, se observa que no se fundamenta cuáles de sus declaraciones serían y que no se demostró la falsedad, debe observarse que la calidad y mérito en la argumentación y valoración de la decisión traducida en una acusación se observa por el juez o tribunal competente que conoce la acusación; por lo que, este Tribunal no puede suplir dicho trabajo. Se reitera lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en sentido de que la revocatoria de sobreseimiento no tiene los mismos efectos que una sentencia condenatoria; por lo que en consecuencia, será a través de un juicio donde se pueda demostrar si la acusación fiscal es errónea o no, y será la autoridad judicial a cargo del proceso, como un tercero imparcial, quien luego de valorar la prueba de cargo y de descargo producida esta vez en juicio, emitirá un pronunciamiento pudiendo inclusive determinar la temeridad o falsedad de la referida acusación con las consecuencias disciplinarias y penales. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 315/2024 de 2 de diciembre, cursante de fs. 511 a 518 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo los efectos de la inicial concesión de tutela dispuesta por la referida Sala Constitucional, en virtud del tiempo transcurrido desde su emisión y esta Sentencia pronunciada en revisión. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0334_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1f425a775c63c8f9b14a01f83e69fdfda2db1a38e1e224cfff6991282620818f
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