Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de abril de 2025
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denunció como lesionado el debido proceso en su elemento a la defensa, vinculado con su derecho a la libertad, y a la dignidad; toda vez que, la Jueza demandada, sin resolver su incidente de nulidad de notificación, emitió un mandamiento de apremio en su contra por incumplimiento de asistencia familiar. En consecuencia, corresponde dilucidar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 68 a 73, pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0334/2025-S4 Sucre, 17 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51709-2022-104-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 06/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 68 a 73, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tonny Rojas Cali contra Raisa Falo Arellano Terán, Jueza Pública Civil y Comercial, y de Familia Cuarta de Riberalta del departamento de Beni.
Por memorial presentado el 19 de julio de 2022, cursante de fs. 1, y 13 y vta.; el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso familiar de homologación de acuerdo transaccional conciliatorio de guarda de menor y asistencia familiar, seguido en su contra por Yenny Oro Espejo – hoy tercera interviniente–; el 19 de enero de 2022, mediante cédula se le notificó en un domicilio citado por las partes con la Nueva Liquidación de Pensiones Devengadas de 13 de diciembre de 2021, y con la conminatoria de pago mediante el Auto Interlocutorio de 2 de febrero de 2022; por lo que, mediante memorial de 30 de enero de igual año, interpuso incidente de nulidad de notificación; empero, el mismo hasta la presente fecha no fue resuelto, más al contrario el 17 de marzo del indicado año, sin resolver su incidente, la Jueza Pública Civil y Comercial, y de Familia Cuarta de Riberalta del departamento de Beni –ahora demandada–, emitió un mandamiento de apremio en su contra, incumpliendo de esa forma su deber establecido en el art. 232 inc. c) del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar (CFPF) –Ley 603 de 19 de noviembre de 2014–.
El accionante denunció como lesionado el debido proceso en su elemento a la defensa, vinculado con su derecho a la libertad, y a la dignidad; citando al efecto los arts. 22, 23.I y II, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Mandamiento de Apremio de 17 de marzo de 2022, y se ordene a la Jueza demandada, resuelva su incidente de nulidad conforme a derecho.
Celebrada la audiencia pública el 20 de julio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 74 y vta., presentes el impetrante de tutela asistido por su abogado, la autoridad demandada y la tercera interviniente; se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su abogado defensor, en audiencia, se ratificó íntegramente en su demanda de acción tutelar.
Raisa Falo Arellano Terán, Jueza Pública Civil y Comercial y de Familia Cuarta de Riberalta del departamento de Beni, en audiencia, cursante a fs. 64 y vta., expresó que: a) No es evidente que no se haya resuelto el incidente de nulidad de notificación de 30 de enero de 2022; puesto que, el mismo fue resuelto mediante Auto de 15 de febrero de igual año, siendo rechazado conforme al art. 248 del CFPF, asimismo se notificó el 22 del mencionado mes y año, por secretaria del Juzgado según establece el art. 314 de la nombrada norma; y, contra la referida Resolución no se interpuso recurso alguno; b) El 2 de febrero de 2022, se aprobó la asistencia familiar devengada, y al no ser apelado por el accionante, fue debidamente notificado con la aprobación; por lo que, se emitió el correspondiente mandamiento de apremio de acuerdo al art. 415 del CFPF; y, c) El cumplimiento de una asistencia familiar no puede regirse por encontrarse un recurso pendiente, y así se apele la decisión de la autoridad judicial, se tiene que pagar dicha asistencia.
Yenny Oro Espejo, en audiencia, cursante a fs. 64 y vta., manifestó que, es un año que el impetrante de tutela no cumple con su obligación de pagar la asistencia familiar a favor de su hija; toda vez que, hasta la actualidad se adeuda la suma de Bs36 400.-(treinta y seis mil cuatrocientos bolivianos).
El Juez del Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Partido de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 06/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 68 a 73, denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo a la revisión de los antecedentes, no es cierto que el incidente de nulidad de notificación no fue resuelto; es decir, el solicitante de tutela interpuso en dos oportunidades el mismo incidente, mismos que debidamente fueron resueltos en su oportunidad por la Jueza demandada, y asimismo fueron rechazados y legalmente notificados conforme al Código de las Familias y del Procedimiento Familiar; 2) La acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado las vías correspondientes; empero, en el caso de autos, no se advierte que haya agotado estas vías; ya que, el accionante fue debidamente notificado el 7 de febrero de 2022 con el Auto de 2 igual mes y año, haciéndole conocer la liquidación de asistencia familiar, y otorgándole el plazo de treinta días para su cumplimiento; en el cual, si no estaba de acuerdo podía presentar los recursos establecidos en el señalado Codigo; es decir, contaba con las vías idóneas para hacer valer sus derechos haciendo uso de los recursos procedimentales; y, 3) En el presente caso, no se vulneró ningún derecho del impetrante de tutela; puesto que, conforme se tiene de obrados, cursa una notificación en primera instancia en el domicilio procesal, posteriormente mediante cédula en su domicilio real, y luego por cédula en su domicilio laboral con el Auto de 2 de febrero de 2022; vale decir, el mismo fue notificado en tres oportunidades previas a expedir el mandamiento de apremio en su contra; o sea, el solicitante de tutela siempre tuvo conocimiento de la liquidación de asistencia familiar e intimación de pago, y el mandamiento de apremio es fruto del incumplimiento de sus obligaciones como progenitor.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 4 de enero de 2022, ante la Jueza Pública Civil y Comercial y de Familia Cuarta de Riberalta del departamento de Beni – ahora demandada–; Yenny Oro Espejo –hoy tercera interviniente–, presentó nueva liquidación de pensiones devengadas, por la suma de Bs36 400.-, contra Tonny Rojas Cali –ahora accionante– (fs. 4 y vta.). II.2. Por escrito presentado el 31 de enero de 2022, ante la Jueza demandada; el impetrante de tutela, solicitó se resuelva el incidente de rebaja de asistencia familiar presentado el 15 de octubre de 2020; en respuesta, mediante decreto de 2 febrero de igual año, se señaló audiencia para el 22 de febrero del citado año, para resolver el referido incidente (fs. 7 a 8). II.3. A través de memorial presentado el 31 de enero de 2022, ante la autoridad demandada; el solicitante de tutela, interpuso incidente de nulidad de notificación con nueva liquidación de pensiones devengadas; en respuesta, mediante providencia de 2 febrero de igual año, se trasladó a la parte demandante (fs. 10 a 11). II.4. Cursa Auto Interlocutorio de 2 febrero de 2022, la Jueza demandada homologó la asistencia familiar devengada en la suma de Bs36 400.-, contra el accionante (fs. 6). II.5. Por Auto Interlocutorio de 15 de febrero de 2022, la autoridad demandada, rechazó el incidente de nulidad de notificación presentado por el impetrante de tutela (fs. 59 a 60 vta.). II.6. Mediante Auto Interlocutorio de 3 de marzo de 2022, la autoridad judicial demandada, ordenó se libre mandamiento de apremio contra el solicitante de tutela por incumplimiento de pago de asistencia familiar devengada (fs. 63). II.7. Consta Mandamiento de Apremio de 17 de marzo de 2022; por el que, la autoridad demandada ordenó el apremio del accionante, hasta que pague el monto de Bs36 400.-, por incumplimiento de asistencia familiar (fs. 12).
El impetrante de tutela denunció como lesionado el debido proceso en su elemento a la defensa, vinculado con su derecho a la libertad, y a la dignidad; toda vez que, la Jueza demandada, sin resolver su incidente de nulidad de notificación, emitió un mandamiento de apremio en su contra por incumplimiento de asistencia familiar. En consecuencia, corresponde dilucidar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0881/2022-S4 de 22 de julio, señaló que: “El art. 62 de la CPE, dispone que: ʽEl Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidadesʼ; a su vez, el art. 63 de la misma Ley Fundamental, estatuye que: “I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges; finalmente, por disposición del art. 64 de la misma Norma Suprema, se dispone que: ʽI. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad”.
Entre algunas de las obligaciones que tienen los cónyuges o convivientes, aun cuando estos ya no tengan vida en común, se encuentra la asistencia familiar a favor de los hijos menores de edad o cuando estos tengan alguna discapacidad, la cual debe ser prestada por quien corresponda, voluntaria o judicialmente determinada, de manera regular y oportuna, considerando que la misma tiene por objeto la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario (alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta), conforme establece el art. 109.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF). Al respecto la SCP 0140/2018-S3 de 20 de abril, señaló que: ʼLa obligación constitucional e internacional de cuidado y atención a los hijos menores de edad, debe ser efectivizada en igualdad de condiciones por los progenitores (madre y padre), ya que ambos tienen el mismo deber y responsabilidad de cubrir las necesidades de sus hijos, con la finalidad de otorgarles una vida digna y formación integral.
Tomando en cuenta que la asistencia familiar constituye un derecho de relevancia, corresponde en el presente superar el argumento que algunas veces demostraban los progenitores que no tienen la guarda, al señalar que al no contar con suficientes ingresos económicos no podían cubrir en igualdad de condiciones las necesidades de sus hijos, desentendiéndose así del total o parte de sus obligaciones, y afectando flagrantemente la vida misma de éstos; sin tomar en cuenta que cuando proceden de esa manera, lo único que buscan es que el otro progenitor (que tiene la guarda), se haga cargo de una gran parte o de la totalidad de los requerimientos básicos de sus descendientes, evadiendo así su responsabilidad el progenitor obligadoʼ.
A su vez, la SCP 0530/2021-S3 de 18 de agosto, refiriéndose a la asistencia familiar, señaló que: “El art. 109.I del CFPF señala que la asistencia familiar es un derecho y a la vez una obligación y surge ante el ‘…el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes’.
Así, la asistencia familiar es exigible judicialmente, más aún cuando el art. 127.I del CFPF indica que: ‘Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial’.
(…)
De lo señalado se puede concluir que, la asistencia familiar se constituye tanto en una obligación para quien debe prestarla como en un derecho para el beneficiario, la misma que debe ser cumplida de manera regular y oportuna, dado que tiene por objeto garantizar el sustento necesario del beneficiario en cuanto a salud, alimentación, educación, vivienda y recreación, cuya exigencia en tratándose de menores de edad, debe ser analizada y resuelta en el marco del principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes” (las negrillas con nuestras).
Al respecto la SCP 0793/2022-S1 17 de agosto, señaló que: “Nuestra Constitución Política del Estado, da especial énfasis a la protección del derecho a la libertad, en cuyos arts. 22 y 23, se ocupa de la libertad personal, estableciendo sus garantías y regulando el trato a los privados de libertad. Así el citado art. 23.I, señala: ʽToda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionalesʼ (las negrillas fueron agregadas). Conforme a la referida normativa constitucional, la libertad puede ser restringida; empero, en el marco de nuestro Estado Constitucional, respetuoso de los derechos fundamentales, esta limitación debe ser excepcional y no puede ser arbitraria. Por ello, la Norma Suprema establece requisitos para el efecto; en ese sentido, el art. 23.III de la CPE, señala que: ʽNadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escritoʼ (las negrillas son nuestras). Del art. 23 de la CPE, se desprenden los requisitos materiales y formales para la restricción del derecho a la libertad; pues ésta, únicamente puede ser limitada: i) En los casos previstos por ley; y, ii) Según las formas establecidas por ley; conforme lo entendió la SC 0010/2010-R de 6 de abril, que realizando una interpretación de los arts. 23.I y III de la CPE; 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sostuvo en su Fundamento Jurídico III.3, que: De las normas glosadas, se concluye que para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente válida, se deben cumplir con determinados requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por Ley, que de acuerdo a la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tratarse de una Ley formal, es decir de aquella que emana del órgano legislativo. Con relación a los requisitos formales, la restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia, de conformidad a lo establecido por el art. 23.IV de la CPE. Estas condiciones de validez, también han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así en la Sentencia de 21 de enero de 1994, caso Gangaram Panday, la Corte señaló: ʽ…Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal) [las negrillas nos corresponden]. En ese sentido, la libertad individual no está concebida como un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; sino, que el propio texto constitucional establece la posibilidad de su limitación, siempre y cuando, esté establecida por una ley, que determine los requisitos materiales y formales para la privación de libertad, que en materia familiar se encuentran establecidas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, promulgado mediante Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, que establece los casos, condiciones y formalidades, en las que es posible la limitación al derecho a la libertad del obligado, que incumple con el pago de la asistencia familiar; dado a que, este derecho concierne a la satisfacción de las necesidades más elementales, como la alimentación, vestido, vivienda, educación, etc.; en ese entendido, no solo incumbe al interés particular de las partes, sino, alcanza a un interés social, cuya materialización se encuentra garantizada por el Estado. Así, el art. 127.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), respecto al apremio corporal, dispone: «Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado». Por su parte, el art. 415 del CFPF, referido a la ejecución de la asistencia familiar, establece: I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días.
II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día. (…)Conforme se aprecia, los requisitos materiales y formales para la restricción del derecho a la libertad física, por incumplimiento al pago de asistencia familiar, se encuentran establecidos en los arts. 127.II y 415.I y II del CFPF, que autorizan el apremio corporal del obligado que incumplió con su deber de prestar la asistencia familiar, no obstante haber sido intimado judicialmente -condiciones de validez material-; y, disponen que la autoridad competente para ordenar el apremio, es el Juez Público de Familia; con la condición que se cumplan determinadas formalidades, como es la presentación de la liquidación de la obligación devengada, a cargo de la parte beneficiaria, su puesta a conocimiento al obligado para que, en su caso, éste la observe en el plazo de tres días; a cuya conclusión, el juez debe aprobar la liquidación e intimar su pago dentro de tercero día -condiciones de validez formal-. En ese sentido, el art. 415.III del CFPF, determina:
La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. (el resaltado y subrayado fuero agregados). De acuerdo a dicha normativa, la autoridad judicial debe disponer el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado, sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio; lo que significa, que ambas medidas pueden ser dispuestas de manera paralela, sin establecer ninguna prelación entre ellas, considerando que la finalidad de la asistencia familiar, es otorgar a los miembros de la familia que se encuentren en una situación de necesidad, los recursos necesarios que garanticen su alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; priorizándose el interés de niñas, niños y adolescentes. A la luz de la finalidad descrita, es evidente que el apremio corporal, junto con la adopción paralela de otras medidas, se presenta como una medida idónea o adecuada para obtener el cumplimiento de la asistencia familiar devengada, dado el carácter compulsivo que tiene para vencer la resistencia del obligado renuente, que a pesar de tener medios suficientes para cumplir con su deber, se rehúsa al cumplimiento oportuno; o para que el obligado, que carece de esos medios, extreme sus esfuerzos para conseguirlos, con el fin de cumplir con su obligación devengada. Por otra parte, el apremio corporal, como medio compulsivo resulta necesario para la satisfacción de la asistencia familiar; puesto que, si bien es cierto que es posible constreñir al cumplimiento de la obligación mediante la ejecución patrimonial de los bienes del obligado; empero, en los casos en los que ello es posible, la realización del crédito alimentario no opera con la prontitud que exige la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario, a la que está destinada la asistencia familiar; toda vez que, los trámites judiciales necesarios, que se requiere para obtener el cobro efectivo de la obligación devengada, implica el transcurso de un tiempo, que no es compatible con la urgencia de la satisfacción de las necesidades a las que está destinada; además, puede demandar de parte de los beneficiarios el gasto de recursos económicos, que son precisamente de los que carece el alimentario o su representante, y que por consiguiente, pueden dificultar el logro del objetivo oportunamente; y en los supuestos en los que el obligado carece de bienes embargables, dicha medida se presenta como la única posible para compeler al obligado a extremar sus esfuerzos, para obtener los recursos económicos que se requiere para cumplir con su obligación alimentaria. Sin embargo, es evidente que para lograr la finalidad que se busca con la asistencia familiar, que fue descrita precedentemente, la autoridad judicial competente, no debe limitarse a expedir el mandamiento de apremio por la asistencia familiar devengada, y esperar que el mismo, cumpla con su objetivo compulsivo; sino, que al tiempo de ordenar el apremio corporal debe procurar la ejecución patrimonial de los bienes del obligado en la medida de lo necesario, en los casos en los que ello sea posible, teniendo en cuenta que el objetivo esencial, es que provea oportunamente a las necesidades básicas del beneficiario. Finalmente, a la luz del principio de proporcionalidad, el legislador propició las necesidades de la o el beneficiario, en razón a que la obligación de asistencia familiar es de interés social, dado el carácter urgente que implica la satisfacción oportuna de las necesidades básicas del alimentario, como son los relativos a su propia alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; y en consideración a la prioridad del interés superior de los niños y adolescentes beneficiarios, la preeminencia y primacía de su derechos reconocidos por los arts. 60 de la CPE; y, 6 inc. i) y 220 inc. k) del CFPF; así como de la protección reforzada, de la que son objeto otros beneficiarios que forman parte de grupos vulnerables, como es el caso de personas en situación de discapacidad, adultos mayores y mujeres, que por su condición socioeconómica se encuentran en situación de desventaja; aspectos que hicieron que el legislador se decante por la protección de los derechos de los beneficiarios a la asistencia familiar, permitiendo el apremio corporal del obligado, como medio compulsivo para lograr que el mismo cumpla con su obligación devengada.
Por otra parte, y en cuanto a la duración del apremio, el art. 415.IV del CFPF, señala:
«El apremio no excederá el tiempo de seis (6) meses en su ejecución, que se ejecutará por un periodo de seis (6) meses, cumplido los cuales se podrá solicitar la libertad». Asimismo, el art. 127.III del CFPF, prevé:
«El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las partes, no pudiendo ser mayor a tres (3) meses. La o el deudor será otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo plazo». Como se advierte, el mantenimiento del apremio corporal no solo está condicionado a la persistencia del incumplimiento de la obligación devengada, sino que además, se halla sujeto a un plazo máximo de duración; pues, no puede exceder de seis meses; asimismo, dicha medida, puede ser suspendida cuando el obligado ofrece el cumplimiento de la obligación devengada en el plazo -no mayor a tres meses- convenido con el beneficiario. Consecuentemente cuando el apremio corporal excede el plazo máximo de duración o no se suspende su ejecución ante la acreditación de un convenio de pago suscrito entre el beneficiario y el obligado, la privación de libertad deviene en irrazonable. Consecuentemente, el apremio corporal del obligado por el incumplimiento de la prestación de asistencia familiar resultará constitucionalmente válido, cuando dicha medida restrictiva del derecho a la libertad personal se la adopte y mantenga con estricta sujeción a los requisitos establecidos en la ley y en el marco del plazo de su duración; contrario sensu -en contrario-, la privación de libertad del apremiado resultará indebida en los casos en los cuales se ordene o se mantenga la restricción de la libertad personal del obligado, al margen de los supuestos previstos en el Código de las Familias y del Proceso Familiar. En ese contexto, es preciso enfatizar, que el suministro oportuno de la asistencia familiar no puede rezagarse con ningún recurso o procedimiento, tomando en cuenta la finalidad de la provisión o suministro adecuado de la asistencia familiar”ʼ (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0804/2022-S4 de 19 de julio, manifestó referente a esta temática que: “Respecto al régimen de especial protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el art. 60 de la CPE, expresa: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’. Por su parte, el art. 64.I de la Norma Suprema, establece que los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. En concordancia con esta disposición constitucional, el art. 6 inc. i) del CFPF establece como principio rector, el interés superior de la niña, niño y adolescente, señalando que es deber del Estado, las familias y la sociedad, garantizar la prioridad de dicho principio que: ‘…comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los servicios públicos y privados. Los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que les puede afectar’. La asistencia familiar consiste en la obligación de los progenitores -padre y madre- de contribuir con lo indispensable para el nacimiento, sustento, habitación, vestido, educación y atención médica de las hijas y los hijos, lo que está claramente vinculado a su vida y subsistencia y al interés superior de la niña, niño y adolescente; así, lo señala la previsión contenida en el art. 109.I CFPF cuando determina que: ‘La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes’. En coherencia con ese mandato, el Código de las Familias y del Proceso Familiar consideró el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, al disponer en sus arts. 127.I y 415.VII, que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial” (las negrillas nos corresponden).
En la presente acción de libertad, el impetrante de tutela, denunció como lesionado el debido proceso en su elemento a la defensa vinculado con su derecho a la libertad, y a la dignidad; toda vez que, la Jueza demandada, sin resolver su incidente de nulidad de notificación, emitió un mandamiento de apremio en su contra por incumplimiento de asistencia familiar.
Identificada la problemática planteada y la pretensión de la parte solicitante de tutela, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar una síntesis de los antecedentes de los actos procesales de origen; en el que, se habrían suscitado las actuaciones hoy cuestionadas de lesivas de derechos vía acción de libertad; es así que, de los antecedentes, se tiene que, dentro del proceso familiar de homologación de acuerdo transaccional conciliatorio de guarda de menor y asistencia familiar; mediante memorial presentado el 4 de enero de 2022, ante la Jueza Pública Civil y Comercial, y de Familia Cuarta de Riberalta del departamento de Beni –ahora demandada–; Yenny Oro Espejo –hoy tercera interviniente–, presentó nueva liquidación de pensiones devengadas, por la suma de Bs36 400.-, contra Tonny Rojas Cali – ahora accionante–; ante lo cual, el mismo a través de memorial de 31 de enero del citado año, interpuso incidente de nulidad de notificación con la citada nueva liquidación de pensiones devengadas; en respuesta, mediante providencia de 2 febrero de igual año, se trasladó a la parte demandante (Conclusiones II.1 y II.3). En ese ínterin, la Jueza demandada mediante Auto Interlocutorio de 2 febrero de 2022, homologó la asistencia familiar devengada en la suma de Bs36 400.-, contra el accionante (Conclusión II.4). Posteriormente, por Auto Interlocutorio de 15 de febrero de 2022, la autoridad demandada, rechazó el incidente de nulidad de notificación presentado por el impetrante de tutela; y, mediante Auto Interlocutorio de 3 de marzo del año prenombrado, la aludida autoridad, al ordenar se libre mandamiento de apremio contra el solicitante de tutela por incumplimiento de pago de asistencia familiar devengada; se tiene Mandamiento de Apremio de 17 de igual mes y año, ordenando el apremio del accionante, hasta que pague el monto de Bs36 400.-, por incumplimiento de asistencia familiar (Conclusiones II.5, II.6, y II.7). Previamente corresponde señalar que la asistencia familiar se constituye tanto en una obligación para quien debe prestarla como en un derecho para el beneficiario, la misma que debe ser cumplida de manera regular y oportuna; dado que, tiene por objeto garantizar el sustento necesario del beneficiario en cuanto a salud, alimentación, educación, vivienda y recreación, cuya exigencia tratándose de menores de edad, debe ser analizada y resuelta en el marco del principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes (Fundamento Jurídico III.1). En ese marco, expuesta la problemática planteada y los antecedentes del proceso familiar; se evidencia que, el incidente de nulidad de notificación de 31 de enero de 2022, interpuesto contra la nueva liquidación de pensiones devengadas de 4 de igual mes y año –denunciado como no resuelto por el impetrante de tutela en esta acción tutelar–, el mismo fue resuelto mediante Auto Interlocutorio de 15 de febrero del igual año antes mencionado, mediante el cual la Jueza demandada rechazó dicho incidente; y, conforme refirió la misma en la audiencia de acción de defensa, se notificó con la referida Resolución al solicitante de tutela, el 22 del indicado mes y año por Secretaria de su Juzgado, y conforme al art. 314 del CFPF –argumento no refutado por la parte accionante–. En ese entendido se puede colegir, que habiendo homologado la asistencia familiar devengada en la suma de Bs36 400.-, por Auto Interlocutorio de 2 febrero de 2022; y, como se señaló precedentemente que, el incidente de nulidad de notificación fue rechazado; entonces el Mandamiento de Apremio de 17 de marzo del año antes señalado, emitido por la autoridad demandada contra el accionante hasta que pague el aludido monto por incumplimiento de asistencia familiar devengada, se encontraría enmarcado dentro de la norma; es decir, en el entendido que “la asistencia familiar es un derecho y a la vez una obligación y surge ante el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente” (…) “más aún cuando el art. 127.I del CFPF indica que: ‘Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial’” (Fundamento Jurídico III.1); la autoridad demandada, ante el incumplimiento de la asistencia familiar devengada por la suma de Bs36 400.-, por parte del impetrante de tutela, liquidación que fue debidamente homologado por Auto Interlocutorio de 2 febrero de mismo año ya mencionado; derivó, que la indicada autoridad, ordene la emisión del mandamiento de apremio contra el accionante, y con el referido monto mediante el Auto Interlocutorio de 3 de marzo del ya nombrado año; esto en razón que el: “mandamiento de apremio ordenado en los procesos de asistencia familiar, puede ser contra el sujeto procesal que incumple con los pagos de liquidación de la asistencia familiar devengada (…) no haga efectivo el pago en el plazo establecido por ley” (Fundamento Jurídico III.2). Por lo tanto, conforme a lo expuesto, no se evidencia que la Jueza demandada, hubiera lesionado el debido proceso en su elemento a la defensa y menos el derecho a la libertad del accionante; puesto que, como se indicó precedentemente, que el incidente de nulidad de notificación fue resuelto por Auto Interlocutorio de 15 de febrero de 2022; y, la referida autoridad, ante el incumplimiento de la asistencia familiar devengada, emitió correctamente el mandamiento de apremio en contra del impetrante de tutela según a los procedimientos que rigen la materia familiar y los antecedentes del proceso; además, la citada autoridad se enmarcó en: “el art. 60 de la CPE, expresa: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”; y, “La asistencia familiar consiste en la obligación de los progenitores -padre y madre- de contribuir con lo indispensable para el nacimiento, sustento, habitación, vestido, educación y atención médica de las hijas y los hijos, lo que está claramente vinculado a su vida y subsistencia y al interés superior de la niña, niño y adolescente” (Fundamento Jurídico III.3); por lo tanto, conforme a todo lo expuesto, corresponde denegar la tutela impetrada, respecto a las actuaciones de la autoridad demandada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 20 de julio, cursante de fs. 68 a 73, pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal, y Juzgado de Partido de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y de publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0334_2025-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 58b84de427988bffdba30726d4247fc6df39aeb7b08bc8de8e0baadb86cc07f0
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