Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de mayo de 2023
Concede la tutela
La accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, a la “…satisfacción de sus necesidades, intereses, aspiraciones y desarrollo (…) integral…” (sic), y a una resolución pronta efectiva y oportuna sin dilaciones; toda vez que, encontrándose cuestionado -en vía del recurso de apelación- el Auto Interlocutorio 812 de 25 de noviembre de 2021, el 27 de junio de 2022, requirió se “…APRUEBE de manera PRELIMINAR LA LIQUIDACION REALIZADA POR SU AUTORIDAD a fs. 433 y 434 del expediente, (estando pendiente lo apelado por ambas partes) e INTIME al APODERADO en tiempo de tres días haga el pago de lo liquidado…” (sic); sin embargo, por decreto de 10 de noviembre de 2022, la Jueza demandada rechazó lo requerido, sin ninguna motivación ni fundamento.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 49 de 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 189 a 190 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la nulidad del decreto de 10 de noviembre de 2022, debiendo la Jueza demandada emitir uno nuevo conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, dado el transcurso del tiempo, la problemática ya hubiera sido resuelta a través de los recursos formulados por los sujetos procesales contra el Auto Interlocutorio 812 de 25 de noviembre de 2021, y, 2° Disponer en un ámbito previsor que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, sea notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a efectos de que en cumplimiento del art. 188 inc. b) del Código Niña, Niño y Adolescente y en ejercicio de sus competencias, se presente en el proceso de asistencia familiar de referencia, dentro de las veinticuatro horas a partir de su notificación; debiendo en el término de cinco días hábiles siguientes a su apersonamiento, recabar la información necesaria e informar a la citada Sala Constitucional, sobre sus resultados conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en su caso, asumir la defensa de la accionante, iniciando los procesos pertinentes y materializando las medidas de protección que considere necesarias para garantizar los derechos de la prenombrada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0334/2023-S2 Sucre, 10 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 54484-2023-109-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 49 de 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 189 a 190 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Brenda Erika Zárate Guevara en representación sin mandato de AA contra Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 3 y 13 de marzo de 2023, cursantes de fs. 146 a 154; y, 157 y vta., la accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso de asistencia familiar seguido contra Roger Díaz Zambrana -su progenitor y ahora tercero interesado-, planteó incidente de aumento de asistencia familiar, el cual luego de una serie de actos dilatorios, el 11 de marzo de 2021, en audiencia de conciliación y bajo la dirección de la Jueza demandada, el prenombrado se comprometió otorgar la guarda a su madre, pagar una asistencia familiar de Bs820.- (ochocientos veinte bolivianos) por mes cumplido, el pago o devolución del 50% de gastos médicos y educación; y, la compra de cuatro mudas de ropa al año, acuerdo que quedó homologado. Ante el incumplimiento de dicha obligación, el 17 de septiembre de 2021, presentó liquidación de asistencia familiar, documento que el 27 de octubre de igual año, fue notificado al tercero interesado, quien respondió dando a conocer una serie de observaciones sin respaldo probatorio; en cuyo mérito, la autoridad demandada, emitió el Auto Interlocutorio 812 de 25 de noviembre del citado año, procediendo a elaborar la planilla de los meses devengados; empero, negando y rechazando la devolución de la mitad de los gastos que realizó su madre, conforme a tres recibos; por tal situación, su progenitora interpuso el recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra la indicada determinación, observando que ese rechazo “NO ES JUSTO”; e, igual recurso fue formulado por el tercero interesado; empero, fuera del plazo establecido; no obstante, los mismos fueron rechazados por la Jueza demandada confirmando el Auto Interlocutorio 812 y dispuso conceder los recursos bajo alternativa de apelación, los cuales radicaron ante las Salas Civil Primera y Quinta, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. El 29 de abril de 2022, su madre presentó una nueva solicitud de liquidación, que fue rechazada por Auto 277 de 10 de junio de ese año; de igual manera, el 28 de junio del mismo año, requirió se apruebe de forma provisional la liquidación; sin embargo, por decreto de 10 de noviembre del referido año, de manera subjetiva y sin fundamento la Jueza demandada rechazó lo requerido, ordenando que presente una nueva liquidación conforme a los parámetros establecidos en el Auto Interlocutorio 812; providencia que resultó lesiva a sus derechos por carecer de motivación y fundamentación; pues, no explicó las razones para que deba realizar una nueva liquidación, pese a que el tercero interesado no desvirtuó la liquidación de asistencia familiar que desplegó su madre, el 17 de septiembre de 2021; por otro lado, en cuanto al agotamiento de los mecanismos de defensa, no remitió recurso alguno, debido al plazo que tendría que esperar para una resolución en consideración a la recargada labor que tienen los vocales de las diferentes Salas del referido Tribunal, considerando que el pago de asistencia familiar sería de suma urgencia, siendo aplicable al caso las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0553/2014 de 10 de marzo y 0346/2018-S2 de 18 de julio.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, a la “…satisfacción de sus necesidades, intereses, aspiraciones y desarrollo (…) integral…” (sic), y a una resolución pronta, efectiva y oportuna sin dilaciones, citando al efecto los arts. 15.I, 16.I, 17, 18.I y 59 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el decreto de 10 de noviembre de 2022; y, b) Ordenar a la autoridad demandada, aprobar la planilla de liquidación de asistencia familiar cursante de “…fs. 433 vlta, y 434 del expediente, con ello INTIMAR el CORRESPONDIENTE PAGO DE LA DEUDA AL OBLIGADO ROGER DIAZ ZAMBRANA…” (sic), sea conforme lo estipula el art. 415.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF).
Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 187 a 189, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante y abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolos señaló que, es deber del Estado garantizar su interés superior; pues, la Jueza demandada “…en sus resoluciones no ha sido bien claro y se le está negando a que se le pueda pagar la asistencia familiar…” (sic).
Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 181 a 186, solicitó se deniegue la tutela, alegando que: 1) El 27 de octubre de 2021, se notificó al tercero interesado con la liquidación de asistencia familiar presentada el 27 de septiembre del mismo año, por la madre de la accionante; por lo que, el prenombrado formuló su objeción, que fue resuelto por Auto de 25 de noviembre de ese año; empero, dicho pronunciamiento fue impugnado por la representante de la impetrante de tutela, concediéndose la apelación en efecto devolutivo y remitida ante el superior en grado; 2) Con el recurso pendiente, la citada requirió la intimación de asistencia familiar siendo resuelta por decreto de 10 de noviembre de 2022; 3) Respecto a los derechos a la vida, integridad física, agua, alimentación, educación y salud, la peticionante de tutela no señaló en qué forma fueron lesionados; 4) Sobre la falta de fundamentación y motivación, se absolvieron de forma clara todas las peticiones; de manera que, las partes pudieran entender y comprender; 5) En ningún momento causó lesión a los citados derechos de la prenombrada; toda vez que, simplemente se limitó a resolver la liquidación de asistencia familiar conforme a las normas aplicables, especialmente el art. 415 del CFPF, esto considerando que el recurso de apelación que interpuso la progenitora de la solicitante de tutela se encuentra pendiente de pronunciamiento; y, 6) Contra el referido decreto era posible activar los mecanismos de defensa legalmente establecidos; sin embargo, se acudió directamente a la jurisdicción constitucional, inobservando el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Roger Díaz Zambrana, no compareció a la audiencia de garantías, tampoco presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 160.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 49 de 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 189 a 190 vta., denegó la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo por subsidiariedad, con base en los siguientes fundamentos: i) La accionante a través de su representante presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, encontrándose pendiente de pronunciamiento al momento de la formulación de esta acción tutelar; y, ii) En el caso de análisis, no era posible flexibilizar la subsidiariedad por la minoría de edad, considerando la activación de la vía de impugnación por su progenitora; pues, en virtud al recurso referido, resultaba posible que en caso de emitirse un pronunciamiento constitucional, este sea contradictorio al de la jurisdicción ordinaria, correspondiendo en consecuencia, la denegatoria de la tutela solicitada. En la vía de aclaración y complementación, la peticionante de tutela a través de su representante y abogado refirió que si bien sería evidente que la liquidación se encuentra cuestionada en apelación; empero, lo que se solicitó era el pago provisional de la planilla elaborada; extremo negado por el decreto de 10 de noviembre de 2022, que señaló la imposibilidad de disponer la cancelación “…debido a que la liquidación que nosotros habíamos presentado en fecha 17 de septiembre de 2021 (…) se encuentra supuestamente rechazado, es por ese motivo señor Presidente que nosotros hemos solicitado a la señora Juez que nos haga pagar entonces la liquidación que ella ha elaborado…” (sic), para solventar gastos de útiles escolares, uniforme, alimentación y todo lo que necesita su persona; en virtud a dicha petición, la citada Sala, indicó haber tomado conocimiento en cuanto a lo impetrado mismo que fue expresado en la Resolución pronunciada.
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 17 de septiembre de 2021, ante la Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, Brenda Erika Zarate Guevara representante de la accionante, desplegó liquidación de asistencia familiar, solicitando se intime a Roger Díaz Zambrana -tercero interesado- pague dicha obligación dentro de los tres días establecidos por el art. 415.I y II del CFPF (fs. 49 y vta.).
II.2. Mediante Auto Interlocutorio 812 de 25 de noviembre de 2021, la Jueza demandada realizó una liquidación de asistencia familiar y alegó que el presentado por la representante de la impetrante de tutela era errónea; por lo que, lo rechazó; no obstante, dicha determinación fue refutada por la prenombrada mediante el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, siendo resuelta por Auto 277 de 10 de junio de 2022, por la referida autoridad rechazando la reposición impetrada, confirmando el citado Auto Interlocutorio; y, estando formulado alternativamente el recurso de apelación, concedió el mismo en efecto devolutivo (fs. 60 a 61; 65 a 66; y, 93 y vta.). II.3. Por memorial de 27 de junio de 2022, la accionante a través de su representante respondió a su notificación con el Informe Psicológico -no señaló fecha-, el decreto de 28 de marzo de ese año y Auto de 10 de idéntico mes y año; asimismo, solicitó que se: “…APRUEBE de manera PRELIMINAR LA LIQUIDACION REALIZADA POR SU AUTORIDAD a fs. 433 y 434 del expediente, (estando pendiente lo apelado por ambas partes) e INTIME al APODERADO en tiempo de tres días haga el pago de lo liquidado, y, en caso de no realizar el desembolso o la cancelación de la obligación, su autoridad ordene el mandamiento conforme lo dispone el art. 415-III del CFPF. Ley 603, toda vez que el tiempo se está alargando de manera innecesaria” (sic [fs. 110 a 111]). II.4. Mediante decreto de 10 de noviembre de 2022, la Jueza demandada dispuso: “En cuanto el auto de 25 de noviembre de 2021 (…) se tiene que la suscrita en dicho auto rechaza la liquidación de asistencia familiar presentada por la parte actora y ordena presentar una nueva liquidación bajo los parámetros señalados en el auto” (sic), determinándose no ha lugar a la intimación de pago, aclarando que correspondía presentar una nueva liquidación (fs. 118).
La accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, a la “…satisfacción de sus necesidades, intereses, aspiraciones y desarrollo (…) integral…” (sic), y a una resolución pronta efectiva y oportuna sin dilaciones; toda vez que, encontrándose cuestionado -en vía del recurso de apelación- el Auto Interlocutorio 812 de 25 de noviembre de 2021, el 27 de junio de 2022, requirió se “…APRUEBE de manera PRELIMINAR LA LIQUIDACION REALIZADA POR SU AUTORIDAD a fs. 433 y 434 del expediente, (estando pendiente lo apelado por ambas partes) e INTIME al APODERADO en tiempo de tres días haga el pago de lo liquidado…” (sic); sin embargo, por decreto de 10 de noviembre de 2022, la Jueza demandada rechazó lo requerido, sin ninguna motivación ni fundamento.
La acción de acción de amparo constitucional fue instituida por el Constituyente, en el art. 128 de la CPE, como una acción extraordinaria destinada a la protección y resguardo de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental, frente a actos u omisiones ilegales, o indebidos de servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen con hacerlo. En ese sentido, este mecanismo extraordinario de defensa de derechos y garantías constitucionales, adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios, sustentándose en los principios procesales de inmediatez y subsidiariedad descritos en el art. 129.I de la CPE, que establece: “…se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; precepto normativo que determina que este mecanismo tutelar, se configura como un dispositivo de defensa inmediato, de carácter preventivo y reparador, destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes, una vez agotadas, no han restablecido el derecho lesionado, contexto en el cual se instituye como un recurso extraordinario para la tutela de derechos y garantías constitucionales de carácter específico, autónomo, directo y sumario, que no puede, en ningún caso, sustituir los procesos judiciales establecidos en el ordenamiento jurídico, hecho que determina su carácter eminentemente subsidiario; pues, en virtud a su naturaleza jurídica, no puede considerarse como una vía alternativa ni supletoria de otras preexistentes. No obstante lo señalado, la jurisprudencia constitucional instituyó una serie de excepciones destinadas a obviar en determinadas y especialísimas situaciones, la exigencia del agotamiento de las vías y mecanismos intra procesales, sea por que la tutela podría resultar tardía ante un daño inminente e irreparable, o cuando se trate de grupos problacionales de especial atención denominados grupos vulnerables; así, respecto a estas colectividades, la SCP 0614/2012 de 23 de julio, refirió que existe una excepción al mencionado principio: “…con la finalidad efectivizar o materializar derechos fundamentales demandados como conculcados, frente a aspectos formales. Así cuando advierta la existencia de un daño irreparable o irremediable, que coloque al accionante en una situación de necesidad que justifique la urgencia de la protección que brinda este medio de defensa; cuando, pese a existir medios de defensa, estos resulten ineficaces para el restablecimiento del derecho; frente a medidas de hecho; y, cuando se trate de grupos de atención prioritaria, en cuyo ámbito se encuentran las mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y pueblos indígenas” (énfasis añadido).
El extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 1437/2004-R de 6 de septiembre, indicó que: “III.5. Sobre el particular, corresponde recordar, que la uniforme jurisprudencia sentada por este Tribunal –entre ellas- la SC 1492/2003-R, de 22 de octubre, ha declarado que: ‘(...) de conformidad al art. 22 del Código de familia (CF), la obligación de asistencia familiar se cumple en forma de pensión o de asignación pagadera por mensualidades vencidas, y corre desde el día de la citación con la demanda. El primer párrafo del art. 149 CF preceptúa que la pensión de asistencia del cónyuge y de los hijos es de interés social y tiene apremio corporal para su oportuno suministro. Por su parte, el art. 436 del indicado Código señala que la obligación de asistencia se cumple bajo apremio, con allanamiento, en su caso del domicilio de la parte obligada, y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno...)’. La actuación de la autoridad recurrida obedece al hecho de que la asistencia familiar está destinada a los gastos de manutención del hijo menor del recurrente, atención que debe ser cubierta de manera inmediata y oportuna, sin que pueda soslayarse el cumplimiento de esta obligación con la interposición de un incidente o recurso; con mayor razón si se tiene en cuenta, que si el Tribunal de apelación, a tiempo de resolver la pensión devengada es menor a la que arroja la liquidación practicada, es legalmente factible la compensación de los montos efectivamente cancelados. En materia familiar, por previsión expresa del art. 223 del CPC, modificado por el art. 20 de la LAPCAF, la apelación concedida en efecto devolutivo, no impide al Juez proseguir con el trámite del proceso y por ende, proceder a la efectivización del pago de las pensiones de asistencia familiar devengadas; tal como aconteció en el caso que se analiza, con cuya actuación la autoridad recurrida no restringió el derecho de locomoción del ahora recurrente, en razón de que la orden para librarse mandamiento de apremio emana de autoridad competente, dispuesta dentro de un debido proceso” (las negrillas nos corresponden). En un nuevo orden constitucional, la SCP 0714/2019-S2 de 21 de agosto, sobre ese tópico señaló que: “Tomando en cuenta las características especiales de la obligación de la asistencia familiar que la distinguen de la obligación civil, destinada a la insoslayable asistencia integral del beneficiario para cubrir sus necesidades indispensables, y cuya naturaleza trasciende el vínculo familiar para convertirse en una responsabilidad social que incumbe a la sociedad y las diferentes entidades del Estado en todos sus niveles, en ese marco es necesario tomar en cuenta entre otros, el principio de prevalencia del derecho material respecto al formal, la observancia del principio de justicia material para la efectiva y oportuna concreción del derecho de asistencia familiar de los beneficiarios, extremo que podría alcanzarse de alguna manera a través de su cumplimiento voluntario extrajudicial, sin necesidad de acudir a la vía judicial y los medios compulsivos para su materialización, estado aconsejable tanto para los obligados como para los beneficiarios. Sin embargo, cuando no se cumpla en los términos indicados precedentemente, el CFPF en su art. 127.I, prescribe en forma terminante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: ‘La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial’, bajo amenaza inminente de ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal” (el resaltado y subrayado nos pertenecen).
Con carácter previo a ingresar a la resolución de la causa, conforme se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la subsidiariedad como uno de los principios procesales que hacen a la esencia y naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, que dado su carácter inmediato y sumario en la protección de los derechos y garantías constitucionales, exige que con anterioridad a su activación se agoten todos los mecanismos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico; toda vez que, este mecanismo tutelar, concebido como un recurso extraordinario de defensa inmediato, de carácter preventivo y reparador, destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales, no puede constituirse en una vía alternativa ni supletoria de otros procedimientos idóneos y eficaces al mismo efecto. No obstante, conforme se refirió de manera reiterada a través de la jurisprudencia constitucional emanada de este Tribunal, existen situaciones especialísimas que permiten hacer abstracción del citado principio, tal el caso de los denominados grupos vulnerables o en indefensión manifiesta, entre los que se encuentran los niños, oportunidad en la cual es posible aplicar la excepción al mismo, a efectos de asegurar una pronta y efectiva protección de sus derechos fundamentales.
Ahora bien, una vez descrito el marco normativo y jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y examen de los antecedentes que cursan en el expediente se advierte que, por memorial presentado el 17 de septiembre de 2021, ante la Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, la accionante a través de su representante, presentó liquidación de asistencia familiar, solicitando se intime al tercero interesado al pago de dicha obligación, dentro de los tres días establecidos por el art. 415.II del CFPF (Conclusión II.1); requerimiento resuelto por la aludida Jueza por Auto Interlocutorio 812 de 25 de noviembre de igual año, quien realizando una liquidación de asistencia familiar y alegando que el desplegado por la solicitante de tutela por medio de su progenitora era errónea, siendo rechazado la misma y dispuso la presentación de una nueva, conforme a lo detallado por esa autoridad; no obstante, dicha decisión fue refutada por la accionante mediante su representante, a través del recurso de reposición bajo alternativa de apelación, resuelto por Auto 277 de 10 de junio de 2022; por el que, la citada Jueza, rechazó la reposición impetrada, confirmando el indicado Auto Interlocutorio; y, estando interpuesto alternativa el recurso de apelación, concedió el mismo en efecto devolutivo (Conclusión II.2). Por otra parte, por escrito de 27 de junio de 2022, la peticionante de tutela a través de su representante respondió a su notificación con el Informe Psicológico -no refiere data-, el decreto de 28 de marzo de ese año y el Auto de 10 de idéntico mes y año; asimismo, solicitó a la Jueza demandada que se: “…APRUEBE de manera PRELIMINAR LA LIQUIDACION REALIZADA POR SU AUTORIDAD a fs. 433 y 434 del expediente, (estando pendiente lo apelado por ambas partes) e INTIME al APODERADO en tiempo de tres días haga el pago de lo liquidado, y, en caso de no realizar el desembolso o la cancelación de la obligación, su autoridad ordene el mandamiento conforme lo dispone el art. 415-III del CFPF. Ley 603, toda vez que el tiempo se está alargando de manera innecesaria” (sic [Conclusión II.3]); no obstante, por decreto de 10 de noviembre de 2022, la autoridad demandada dispuso: “En cuanto el auto de 25 de noviembre de 2021 (…) se tiene que la suscrita en dicho auto rechaza la liquidación de asistencia familiar presentada por la parte actora y ordena presentar una nueva liquidación bajo los parámetros señalados en el auto” (sic), determinándose no ha lugar a la intimación de pago, aclarando que correspondía presentar una nueva liquidación (Conclusión II.4). Con base en dichos antecedentes, la impetrante de tutela a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, a la “…satisfacción de sus necesidades, intereses, aspiraciones y desarrollo (…) integral…” (sic), y a una resolución pronta, efectiva y oportuna sin dilaciones; toda vez que, encontrándose cuestionado -en vía del recurso de apelación- el Auto Interlocutorio 812, el 27 de junio de 2022 requirió se “…APRUEBE de manera PRELIMINAR LA LIQUIDACION REALIZADA POR SU AUTORIDAD a fs. 433 y 434 del expediente, (estando pendiente lo apelado por ambas partes) e INTIME al APODERADO en tiempo de tres días haga el pago de lo liquidado…” (sic); sin embargo, por decreto de 10 de noviembre de igual año, la Jueza demandada rechazó lo requerido, sin ninguna motivación ni fundamento. En ese orden de cosas, este Tribunal advierte que, si bien dentro del proceso de asistencia familiar, las partes interpusieron recursos alternativos de apelación contra en Auto Interlocutorio 812, que determinó rechazar la liquidación presentada por la accionante a través de su representante; no obstante aquello, la prenombrada, pidió a la autoridad demandada “…APRUEBE de manera PRELIMINAR LA LIQUIDACION REALIZADA POR SU AUTORIDAD…” (sic), misma que rechazo la citada petición, conminando a la aludida a realizar una nueva liquidación de asistencia familiar, con base en lo determinado en el referido Auto Interlocutorio; en ese sentido, cabe precisar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el cual instituyó que: “…‘La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial’, bajo amenaza inminente de ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal” (el resaltado y subrayado nos pertenece [SCP 0714/2019-S2]); es decir, que bajo dicho precedente, la Jueza demandada de ninguna manera debió rechazar la aprobación de una liquidación, que ya se encontraba estructurada y realizada, menos conminar a que, con base a dicho parámetro se realice una nueva, actuación que ciertamente se traduce en un procedimiento dilatorio y contrario a los preceptos tendientes a la otorgación oportuna de la asistencia familiar, en atención a que la misma debe ser cubierta de manera inmediata y oportuna, sin que pueda soslayarse el cumplimiento de esta obligación de ninguna manera; pues, todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, siendo obligación de los padres u otras personas encargadas de su cuidado, proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida necesarias para su desarrollo, debiendo el Estado tomar parte en las medidas apropiadas para asegurar su pago -art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989-; por lo que, no impide a la autoridad demandada, prever la atención oportuna y provisional para el pago de asistencia familiar, no obstante de existir mecanismos de defensa pendientes de resolución o que no se hubieran activado por la premura de obtener dichos recursos; correspondiendo en consecuencia, disponer la nulidad del decreto de 10 noviembre de 2022, exhortando a la Jueza demandada, procurar la atención oportuna y eficaz para el pago de la asistencia familiar a la impetrante de tutela.
En el caso de análisis, se advierte que la peticionante de tutela a través de su representante, afirmó que su progenitor no provee oportunamente el pago de su asistencia familiar, requiriendo siempre para su cumplimiento la intervención de la autoridad judicial y el reclamo de su madre ante el Juzgado a cargo de la Jueza demandada. La circunstancia antedicha, pone en evidencia una falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido, vivienda, educación o cuidado de su salud por parte del padre de la hoy impetrante de tutela, quien aparentemente cuenta con recursos y las posibilidades para hacerlo. Circunstancia que deberá ser investigada, pues, conforme al art. 153 inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), de corroborarse tales extremos, constituirían una infracción por violencia contra su hija menor de edad; por lo que, en un ámbito previsor, corresponderá exhortar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, a efectos de que se apersone en el proceso, defendiendo los intereses de la menor; y, en el plazo de cinco días a partir de su legal notificación, verifique la posible infracción a través de su equipo interdisciplinario, elevando informe ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sobre los resultados alcanzados en dicho plazo. Adicionalmente, en el caso de encontrar indicios sobre la infracción o violencia contra la menor; deberá poner tales hechos a conocimiento de la Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia correspondiente, en su caso, iniciar el proceso pertinente en observancia del citado precepto legal y los arts. 71.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 155.I y 188 del CNNA. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 49 de 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 189 a 190 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la nulidad del decreto de 10 de noviembre de 2022, debiendo la Jueza demandada emitir uno nuevo conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, dado el transcurso del tiempo, la problemática ya hubiera sido resuelta a través de los recursos formulados por los sujetos procesales contra el Auto Interlocutorio 812 de 25 de noviembre de 2021, y, 2° Disponer en un ámbito previsor que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, sea notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a efectos de que en cumplimiento del art. 188 inc. b) del Código Niña, Niño y Adolescente y en ejercicio de sus competencias, se presente en el proceso de asistencia familiar de referencia, dentro de las veinticuatro horas a partir de su notificación; debiendo en el término de cinco días hábiles siguientes a su apersonamiento, recabar la información necesaria e informar a la citada Sala Constitucional, sobre sus resultados conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en su caso, asumir la defensa de la accionante, iniciando los procesos pertinentes y materializando las medidas de protección que considere necesarias para garantizar los derechos de la prenombrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0334_2023-S2_id64321.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 42eeca97b8843fd95e1b82216d927a5b2e1b37a4c37b7d3159a1197f914e7602
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →