B.IA.LEGAL

SCP 0334/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Primera · 28 de abril de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de abril de 2023
Acción
Acción de Libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
38947-2021-78-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante considera lesionados sus derechos a la dignidad, a la libertad personal, al debido proceso en su elemento valoración integral de los elementos de prueba, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de hurto de minerales, en audiencia de 24 de febrero de 2021, la autoridad ahora demandada le imputó la medida cautelar de detención preventiva: 1) Sin que el Ministerio Público lo haya solicitado de forma escrita, dentro de un plazo razonable para que se ejerza el correspondiente derecho a la defensa y estimando que se está ante un menor infractor reincidente; 2) Sin tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 289.II de la CNNA, por el que, al habérsele imputado la presunta comisión de un delito que lesionaría el bien jurídico a la propiedad, no podría imponerse la referida medida cautelar, más aún cuando la cosa sustraída fue recuperada; y, 3) Sin valorar los elementos de prueba presentados para desvirtuar el riesgo procesal de fuga, específicamente lo concerniente a la supuesta inexistencia de un domicilio y ocupación. Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y conforme lo dispuesto por el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2021 de 5 de marzo, cursante de fs. 26 a 30, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por haberse evidenciado la lesión de los derechos a la libertad y al debido proceso, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y consecuentemente, dispone anular el Auto Interlocutorio de 24 de febrero de 2021, a través del cual se impuso al menor NN la medida cautelar de detención preventiva, por ende, Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social, y Sentencia Penal de Huanuni del departamento de Oruro -ahora demandado- debe dictar otro en audiencia, tomando en cuenta todos los aspectos explanados. 2° SE LLAMA SEVERAMENTE LA ATENCIÓN a la autoridad ahora demandada, por haber lesionado derechos de un menor de edad; bajo apercibimiento de remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura, para su procesamiento correspondiente en caso de incurrir nuevamente en lo mismo dentro de casos posteriores.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables
  2. III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  3. III.3. El enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el corpus iuris de protección de los derechos de los niños
  4. III.4. Análisis del caso concreto.
  5. III.1.), no se procederá en ese sentido, por el contrario, el mismo será abstraído para el análisis de la problemática identificada. Ello en mérito al criterio de la primacía de la justicia material sobre la formal, y la prevalencia de los

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0334/2023-S1 Sucre, 28 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de Libertad Expediente: 38947-2021-78-AL Departamento: Oruro En revisión de la Resolución 03/2021 de 5 de marzo, cursante de fs. 26 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Néstor Jiménez Cruz en representación sin mandato de NN contra Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social, y Sentencia Penal de Huanuni del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de marzo de 2021, cursante de fs. 1 a 5, el accionante a través de su representante sin mandato, expreso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de hurto de minerales, en audiencia de 23 de febrero de 2021, donde se consideraron los requerimientos conclusivos presentados por el Ministerio Público en su contra, la autoridad ahora demandada, rechazó el concerniente a la terminación anticipada; motivo por el cual, de oficio determinó suspender la misma y la defirió hasta a horas 9:30 del 24 del mismo mes y año, con el objeto de que el titular de la acción penal pública presente una solicitud de aplicación de medidas cautelares. Instalada la audiencia en la fecha y hora señaladas, el Ministerio Público simplemente sustentó oralmente su solicitud de aplicación de medidas cautelares, sin que previamente haya presentado la misma de forma escrita para que sea debidamente notificada; extremo que, se denunció a la autoridad ahora demandada, quien respondió señalando que, al tratarse de un proceso penal rige el principio de oralidad. Por otro lado, la autoridad ahora demandada al imponerle la medida cautelar de detención preventiva, no tomó en cuenta lo dispuesto por el art. 289.II del Código de la Niña, Niño y Adolescente (CNNA); por el cual, al habérsele imputado la presunta comisión de un delito que lesionaría el bien jurídico a la propiedad, no debía imponérsele la referida medida cautelar, más aún cuando la cosa sustraída fue recuperada; y por último, no valoró los elementos de prueba que presentó para desvirtuar el riesgo procesal de fuga, específicamente lo concerniente a la existencia de un domicilio y ocupación; empero, contradictoria la sostuvo a razón de que se estaría ante un menor infractor reincidente. Extremos por los cuales considera estar indebidamente privado de su derecho a la libertad personal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El ahora peticionante de tutela denuncio la lesión de sus derechos a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano; a la dignidad, a la libertad personal, al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, oportuna y transparente; a la presunción de inocencia, a la igualdad de oportunidades; y, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; citando los arts. 21.7, 22, 115, 116, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se anule el Auto Interlocutorio de 24 de febrero de 2021, debiendo la autoridad ahora demandada dictar otra Resolución Judicial.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia el 5 de marzo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 25, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratifico íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social, y Sentencia Penal de Huanuni del departamento de Oruro, pese a su legal notificación con la acción de libertad de mérito y el Auto Constitucional de Admisión 66/2021 de 5 de marzo (fs. 14), no presentó su informe con elementos de prueba de sustento y mucho menos concurrió e intervino en la audiencia de la misma fecha. Solo se limitó en remitir el cuaderno procesal que haría al proceso penal seguido en contra del menor NN (fs. 22).

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 03/2021 de 5 de marzo, cursante de fs. 26 a 30, concedió la tutela solicitada, disponiendo lo siguiente: “1. Que, el Juez de Tribunal de Sentencia Penal 1º y Juzgado Publico de la Niñez y Adolescencia; de Partido del Trabajo y de Seguridad Social y de Sentencia Penal de la provincia Pantaleón Dalence y Poopó población de Huanuni; reponga la notificación de fs. 10 vta., y obrados al adolescente V.J.C., consignando de manera correcta los documentos o la resolución de imputación formal que cursa de fs. 5 a fs. 7 vta., de obrados del cuaderno de control jurisdiccional y como efecto de dicha determinación el Tribunal ahora accionado deberá reponer el actuado de la audiencia de la aplicación de medidas cautelares, exhortando, recomendando al personal de apoyo de dicho Tribunal tener el cuidado correspondiente para practicar las diligencias de notificación consignando todos los documentos con los cuales esté notificando a las partes, a ese fin se les va a otorgar un plazo de 24 de horas computables, una vez desde el momento en que se efectúe la devolución del cuaderno de control jurisdiccional al juzgado ahora accionado” (sic). Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos y motivos: a) Varios de los hechos denunciados por el menor NN no encuentran sustento ningún elemento de prueba; b) No consta en los antecedentes el hecho denunciado por el menor NN referente a la falta de notificación con el requerimiento conclusivo escrito de imputación formal; c) El menor NN fue notificado con un requerimiento conclusivo de acusación y una providencia (fs. 10), los cuales no cursan en los antecedentes; empero, sí se tiene a los requerimientos conclusivos de imputación formal y terminación anticipada, lo cual demuestra que no se sustanciaron las notificaciones correspondientes conforme dispone la Ley, extremo que debe ser corregido; d) Los alcances de lo dispuesto por el art. 289 del CNNA serán dilucidados en la nueva audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares a programarse; y, e) Los servidores de apoyo judicial designados a la autoridad ahora demandada deben desenvolverse observando la Ley, más cuando se tiene un juzgado con competencia mixta.

I.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 7 de junio de 2022, cursante a fs. 37, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 12 de abril de 2023 (fs. 82); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. La acción de libertad presentada por Néstor Jiménez Cruz en representación sin mandato del menor NN, así como el Auto Constitucional de Admisión 66/2021 de 5 de marzo, fue notificado a la autoridad ahora demandada el “3 de mayo del mismo año” (sic [fs. 14]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante considera lesionados sus derechos a la dignidad, a la libertad personal, al debido proceso en su elemento valoración integral de los elementos de prueba, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de hurto de minerales, en audiencia de 24 de febrero de 2021, la autoridad ahora demandada le imputó la medida cautelar de detención preventiva: 1) Sin que el Ministerio Público lo haya solicitado de forma escrita, dentro de un plazo razonable para que se ejerza el correspondiente derecho a la defensa y estimando que se está ante un menor infractor reincidente; 2) Sin tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 289.II de la CNNA, por el que, al habérsele imputado la presunta comisión de un delito que lesionaría el bien jurídico a la propiedad, no podría imponerse la referida medida cautelar, más aún cuando la cosa sustraída fue recuperada; y, 3) Sin valorar los elementos de prueba presentados para desvirtuar el riesgo procesal de fuga, específicamente lo concerniente a la supuesta inexistencia de un domicilio y ocupación. Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se tomaran en cuenta los siguientes ejes temáticos: i) Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; iii) El enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el corpus iuris de protección de los derechos de los niños; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables

Al respecto, la jurisprudencia constitucional, mediante la SC 0160/2005-R de 23 de febrero , estableció lineamientos sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, señalando que en los supuestos en los que la norma prevea medios idóneos de defensa; es decir, cuando existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través del habeas corpus -ahora acción de libertad-. De igual manera, la SC 0589/2011-R de 3 mayo se pronunció respecto a la subsidiariedad excepcional, no obstante, estableció la inaplicabilidad de ese instituto procesal cuando se trate de la tutela del derecho a la vida; en tal sentido precisó que:

“El art. 18 de la CPE abrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas). Por su parte, la SC 0255/2011-R de 16 de marzo, se pronunció sobre la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional con relación al grado de vulnerabilidad del agraviado y/o peticionante de tutela, desarrollando lo siguiente:

aplicación de la regla y no así de la excepción” (las negrillas son añadidas). En ese contexto, la jurisprudencia constitucional desarrollo constantemente fallos que en congruencia y en armonía entre sí, promueven la protección de los grupos que se encuentran en vulnerabilidad; de modo que, dichas Sentencias Constitucionales son aplicables a todos los tipos de acciones tutelares, como es el caso de la acción de libertad -más aun por el principio de informalidad que goza- ya que es el medio de defensa idóneo para garantizar, proteger y/o tutelar los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y de locomoción; consecuentemente, no es posible exigir el agotamiento de los mecanismos procesales ordinarios inmediatos para su activación cuando se tratare de personas integrantes de grupos vulnerables, quienes tienen atención prioritaria, tal como la SCP 0998/2014 de 5 de junio se pronunció sobre la abstracción del principio de subsidiariedad al tratarse de adultos mayores, mujeres embarazadas trabajadoras, niños -entre otros-, pese que no se hubieran agotado los medios de impugnación previstos por la norma por corresponder estos a grupos de atención prioritaria; reflexión constitucional que, a su vez fue secundado por la SCP 0140/2018-S4 de 16 de abril.

De igual forma la SCP 1323/2016-S2 de 6 de diciembre, señaló que:

“Sobre este tópico, la SCP 1564/2014 de 1 de agosto, desarrolló el siguiente entendimiento: "La amplia jurisprudencia constitucional, ha establecido excepciones, en consideración a la vulneración de derechos fundamentales, vinculados a personas que requieren de una protección inmediata, abstrayendo exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, ha denominado como grupos vulnerables, que comprende a los niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad, personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, que requieren de una protección inmediata, por ello en estos casos inclusive se hace abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa, las que pueden ser presentadas de manera directa, no obstante de existir los medios en la vía ordinaria o administrativa" (las negrillas son añadidas) Bajo el mismo criterio la SCP 0832/2019-S1 de 4 de septiembre hizo hincapié en la abstracción a las exigencias procesales ante la protección reforzada que existe a los denominados grupos vulnerables, como son: los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las minorías étnicas o raciales; y, los adultos de la tercera edad; personas que, por su vulnerabilidad gozan de protección inmediata por parte del Estado 2 En su F.J.III.2. (De la excepción a la subsidiariedad en casos de adultos mayores): “La SCP 0055/2013 de 11 de enero, aludiendo a la excepción de la subsidiariedad en casos de adultos mayores señalo: "…de manera fundamentada, se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad…". (Las negrillas nos pertenecen)

Tratándose de denuncias o demandas de personas de la tercera edad, la jurisprudencia constitucional entendió que no es dable exigir el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en consideración a que las mismas pertenecen a un grupo de atención prioritaria, por lo que en estos casos es pertinente aplicar una excepción a la subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de fondo, a efectos de establecer si existió o no la lesión de los derechos demandados”. 3 En su FJ.III.2, citando la SCP 1323/2016-S2 de 6 de diciembre.

en todas sus instancias, e incluso de la abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa para poder interponerlas de manera directa, a pesar de existir los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico. Consecuentemente, es posible concluir en que, es pertinente la abstracción del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la transgresión de derechos y garantías constitucionales al tratarse de personas en condiciones de vulnerabilidad por pertenecer a un grupo de protección especial por el Estado.

III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

En las acciones de defesa, se presumen como “ciertos los hechos denunciados” cuando el Juez o Tribunal de garantías requiera Informes de las autoridades o personas contra quienes se hubiese presentado y, sin embargo, los mismos no son remitidos y tampoco la aquellos no concurren a la audiencia pública señalada para presentarlos de forma verbal. Criterio que inicialmente tiene fundamento en las SSCC 1068/00-R y 1388/2002-R, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debían existir elementos de prueba que demostraran las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R y 0785/2010-R, se establecieron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de elementos de prueba aplicando el “principio de presunción de veracidad”, en los siguientes supuestos:

a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela.

Fundamentos aplicados en la siguiente línea jurisprudencial: 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, en el primer supuesto; 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, en el segundo supuesto; entre muchas otras.

La SC 0038/2011-R de 7 de febrero, sobre el principio de presunción de veracidad de los hechos denunciados en las acciones de defensa, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos fundamentales tutelados por la acción de libertad, sentó el siguiente fundamento:

“…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”.

Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 y 0037/2018-S2. Con lo señalado queda claro que, la autoridad o particular contra la que se presenta una acción de libertad tiene la obligación de presentar los elementos de prueba necesarios que permitan desestimar la o las denuncias del accionante; su omisión dará lugar a que se determinen responsabilidades en su contra, más aún cuando se trata de un servidor público, quien tiene el deber de elevar los Informes necesarios con los elementos de prueba de sustento correspondientes ante los Jueces o Tribunales de garantías, o en su defecto, concurrir a las audiencias públicas a señalarse para prestarlos de forma verbal. De lo contrario, rige el principio de presunción de veracidad de los hechos denunciados por la o el peticionante de tutela.

4 El FJ.III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

III.3. El enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el corpus iuris de protección de los derechos de los niños

La protección de la niñez fue una preocupación en el plano internacional después de la Primera Guerra Mundial, ya que muchos niños y adolescentes fueron afectados por la misma; por cuanto, a iniciativa de la fundadora de “Save The Children Fund, Eglantyne Jebb”, quien elaboró la Declaración de Ginebra y la envió a la Sociedad de Naciones, la cual la adoptó en su V Asamblea en diciembre de 1924, constituyéndose así en el primer texto internacional que reconoce la existencia de derechos específicos para los niños y niñas. Ahora bien, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), aprobada en la X Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, incluyó el Derecho de protección a la infancia al establecer en su art. VII que “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Asimismo, el art. 25.II de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que fue adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1948, dispuso también que: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos del Niño de 1959 proclamada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece una protección especial para el mismo a fin de precautelar su desarrollo, e inclusive en los principios 2 y 6 hace mención a que se debe tener en cuenta el interés superior del niño en la emisión de leyes y a quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; asimismo, contiene derechos, entre ellos a la salud, alimentación, vestimenta, servicios, educación elemental y a la no discriminación. En este orden, las Declaraciones internacionales señaladas precedentemente fueron ratificadas por Bolivia; de ahí que, en nuestro país los derechos a la salud física, mental y moral de la infancia, como los derechos del niño al hogar, la educación y la amplia asistencia cuando se halla en situación de abandono, de enfermedad o de desgracia se encuentran visibilizados constitucionalmente por primera vez en el art. 134 de la CPE de 1938, que fue promulgado durante la presidencia de Germán Busch, encomendando su cumplimiento a organismos técnicos adecuados, regulación que se mantuvo en la referida Norma Suprema hasta que en la Constitución Política del Estado de 1967 se incluyó una reserva de ley para la regulación de la protección del menor. Si bien hasta esa época el SIDH, a través de las Declaraciones Internacionales mencionadas ut supra e inclusive la Declaración Universal de Derechos del Niño y asimismo la Constitución Política del Estado de Bolivia señalada anteriormente, instituyeron disposiciones de protección a la infancia y a la niñez; empero, obedecían a la corriente de la “doctrina de la situación irregular”; es decir que, se concebía a los niños y a los jóvenes como “objetos de protección o tutela” a partir de una definición negativa de estos actores sociales, y que en palabras de Antonio Carlos Gomes da Costa, esa definición se basaba en lo que no saben, no tienen o no son capaces; es así que, la normativa emitida durante esa corriente ideológica tiene varios indicadores conforme ha desarrollado la experta internacional en materia penal y en derechos de la Niñez y Adolescencia Mary Beloff, entre los cuales se tienen los siguientes:

 “Los niños y jóvenes aparecen como objetos de protección, no son reconocidos como sujetos de derecho sino como incapaces que requieren un abordaje especial. Por eso las leyes no son para toda la infancia y la adolescencia sino sólo para una parte del universo de la infancia y la adolescencia, son para los “menores”.  Se utilizan categorías vagas, ambiguas, de difícil aprehensión desde la perspectiva del derecho, tales como “menores en situación de riesgo o peligro moral o material”, o “en situación de riesgo” o “en circunstancias especialmente difíciles” o similares, que son las que habilitan el ingreso discrecional de los “menores” al sistema de justicia especializado.  En este sistema, es el “menor” quien está en situación irregular; son sus condiciones personales, familiares y sociales las que lo convierten en un “menor en situación irregular” y por eso es objeto de intervenciones estatales coactivas tanto él como su familia.  A partir de esa concepción, existe una división entre aquellos que serán atravesados por el dispositivo legal/tutelar, que generalmente coinciden con los que están fuera del circuito familia-escuela (los “menores”), y los niños y jóvenes, sobre quienes este tipo de leyes -como se señaló- no aplica. Un ejemplo de este punto es que frente a un mismo problema de la familia, 6 Constitución Política del Estado de 1938 “Artículo 134 - Es deber primordial del Estado, la defensa de la salud física, mental y moral de la infancia. El Estado defiende los derechos del niño al hogar, la educación y a la amplia asistencia cuando se halla en situación de abandono, de enfermedad o de desgracia. El Estado encomendará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo a organismos técnicos adecuados”. 7 Constitución Política del Estado de 1967 “Artículo 199.- El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia, y defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación. Un código especial regulará la protección del menor en armonía con la legislación general. 8 Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar” Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, pág. 13. 9 Beloff Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, páginas. 14-16.

Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”

un grupo de personas (los “menores”) son intervenidos por la justicia de menores, en tanto que otro grupo, probablemente, si hay intervención judicial, será intervenido por la justicia de familia.  También aparece que la protección es de los “menores” en sí mismos, de la persona de los menores, de ahí la idea de que son “objetos de protección”.  Por eso, esa protección frecuentemente viola o restringe derechos, porque no está pensada desde la perspectiva de los derechos.  Aparece también la idea de la incapacidad.  Vinculada con ésta última, entonces, la opinión del niño es irrelevante.  En la misma lógica, se afecta la función jurisdiccional, ya que el juez de menores debe ocuparse no solo de las cuestiones típicamente “judiciales” sino también de suplir las deficiencias de la falta de políticas sociales adecuadas. Por eso se espera que el juez actúe como un “buen padre de familia” en su misión de encargado del “patronato” del Estado sobre estos “menores en situación de riesgo o peligro moral o material”. De ahí que el juez no esté limitado por la ley y tenga facultades omnímodas de disposición e intervención sobre la familia y el niño.  Todo está centralizado.  Así queda definitivamente confundido todo lo relacionado con los niños y jóvenes que cometen delitos con cuestiones relacionadas con las políticas sociales y la asistencia, es lo que se conoce como “secuestro y judicialización de los problemas sociales”.  De este modo es que también se instala la categoría del “menor abandonado/delincuente” y se “inventa” la delincuencia juvenil. Se relaciona este punto con la “profecía autocumplida”: si se trata a una persona como delincuente aun cuando no haya cometido delito es probable que exitosamente se le pegue esa etiqueta de “desviado” y que, en el futuro, efectivamente lleve a cabo conductas criminales.  Como consecuencia de todo lo explicado, se desconocen todas las garantías individuales reconocidas por los diferentes sistemas jurídicos de los Estados de Derecho a todas las personas (no sólo a las personas adultas).  Principalmente, la medida por excelencia que adoptan los juzgados -tanto para infractores de la ley penal, cuanto para víctimas o para los “protegidos”- es la privación de la libertad. Todas las medidas se adoptan por tiempo indeterminado.  Se consideran a los niños y jóvenes imputados de delitos como inimputables, lo que entre otras cosas implica que no se les hará un proceso con todas las garantías que tienen los adultos, y que la decisión de privarlos de libertad o de adoptar cualquier otra medida no dependerá necesariamente del hecho cometido sino, precisamente, de que el niño o joven se encuentre en “estado de riesgo”. En este entendido, el sistema de la “situación irregular” se caracteriza a decir de la autora porque:

a) Refleja criterios criminológicos propios del positivismo de fines del siglo pasado y principios de éste, de la cual deriva un sistema de justicia de menores que justifica las reacciones estatales coactivas frente a infractores (o “potenciales infractores”) de la ley penal a partir de las ideas del tratamiento, la resocialización -o neutralización en su caso- y, finalmente, de la defensa de la sociedad frente a los peligrosos. Desde la perspectiva de las teorías del castigo; b) El argumento de la tutela. Mediante este argumento fue posible obviar dos cuestiones centrales en materia político-criminal. En primer lugar, el hecho de que todos los derechos fundamentales de los que gozan los adultos no fueran reconocidos a los niños y a los jóvenes. En segundo lugar, el hecho de que las consecuencias reales de esa forma de concebir y tratar a la infancia y la juventud sólo reprodujera y ampliara la violencia y marginalidad que se pretendía evitar con la intervención “protectora” del Estado; y, c) Las funciones atribuidas al juez de menores, quien deja de cumplir funciones de naturaleza jurisdiccional para cumplir funciones más propias de las políticas sociales. En este estado de cosas, la doctrina de la “situación irregular” estuvo fuertemente acentuada también en Bolivia; puesto que, en nuestro país después de la Guerra del Chaco (1932-1935) se creó el Patronato del Menor debido a que muchos niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad, entonces se hace visible la institucionalización o internación de este sector de la población en el marco de la visión tutelar del Estado, así también siguiendo esta misma perspectiva se crea posteriormente el Consejo Nacional del Menor (CONAME), y para 1971 empieza a funcionar la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, que en 1982 se convierte en la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, que se encargaba de coordinar sus funciones asistencialistas y proteccionistas dirigida a la referida población en coordinación con las Direcciones Regionales del Menor (DIRME) en cada departamento, que de igual manera su accionar estaba dirigido a la asistencia social y protección a niños, niñas y adolescentes que tenían esa calidad, que persistió con la creación del Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia, en 1992, el cual también funcionaba a nivel nacional, departamental y provincial, para posteriormente en 1999 con el proceso de descentralización se originan los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), como órganos desconcentrados de las prefecturas, con la misión de aplicar políticas y normas emitidas en el ámbito nacional, en temas de género, generacionales, familia y servicios sociales, además de coordinar programas y proyectos en materia de gestión social.

Esta corriente tutelar y asistencialista estuvo fuertemente arraigada con la creación de las instituciones estatales señaladas precedentemente no sólo en Bolivia sino también en Latinoamérica, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) durante los años sesenta y setenta tuvo como marco normativo la Declaración Americana de Derechos y Deberes de los Hombres para efectuar sus informes sobre la constatación de violaciones en lo concerniente a detenciones arbitrarias de niños como el caso del niño dominicano Felipe de Jesúsy otros relacionados con la muerte de niños por la milicia privada al servicio del Gobierno , de niños que permanecían privados de libertad en condiciones inadecuadas ; asimismo, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH) el 22 de noviembre de 1969, se establece en su art. 19 una cláusula de derechos, que señala “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”; y también instituye varias disposiciones de protección inherentes a esa población ; que de manera posterior es fortalecida por el Protocolo de San Salvador, adicional a la mencionada Convención, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su art. 16 dispone como Derechos de la Niñez que:

“Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo” (las negrillas son añadidas) Que si bien fue suscrito en 1988, recién entró en vigencia el 16 de noviembre de 1999; por lo que, la Corte IDH , en su Informe Anual de 1984 - 1985 hace referencia al citado art. 19; de igual manera, entre los años 1985 y 1990 emitió varios informes sobre la violación del derecho a la vida y a la libertad de niños, a su integridad personal y sus garantías judiciales, y en relación a los que se encuentran también en conflicto con la ley penal, precisando en este caso que los mismos debían ser sometidos a un Juez especial y que su detención debía llevarse a cabo en lugares distintos a los de la población adulta.

14 CIDH, Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Haití, (OEA/Ser.L/V/II.21 doc. 6 (español) Rev. 21) de mayo de 1969, capítulo II. CIDH, Informe sobre la situación de derechos humanos en Chile, (OEA/Ser.L/V/II.34, doc. 21), 25 octubre 1974, Capítulo V. 15 Arts. 4, 5, 5.5, 13.4, 17.4 y 5 y 27.2 de la Convención de los Derechos del Niño.

17 CIDH. Informe Anual 1984–1985. “Adicionalmente, considera la Comisión que deben incorporarse normas tendientes a la protección de instituciones y grupos que, por sus especiales características, requieren consideración preferencial por parte del Estado a fin de lograr una vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. La Comisión alude aquí a las normas de protección de la familia, de la niñez, de la juventud, de los minusválidos y de los ancianos”, párrafo 17. 18 CIDH. Caso 9449 (Perú) 30 de junio de 1987 Con comunicación de 6 de septiembre de 1984, Resolución 20/87 de 30 de junio, Vistos, 1. Denuncia sobre Martín Hipólito Bellido Canchari, de 14 años, estudiante de secundaria en la escuela "Mariscal Cáceres", que fue detenido a finales de 1983, por miembros encapuchados de la Guardia Civil en su casa en Ayacucho, sin tener conocimiento de su paradero, sin lograr esclarecer su paradero, temiéndose por su vida. 19 CIDH. Informe Anual 1986-1987. Caso 9619 (Honduras) 28 de marzo de 1987. 20 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua de 1978, capítulo IV.D “En relación a la libertad personal, una grave situación observada por la Comisión Especial es la que se refiere a los menores. Es cierto que la Constitución nicaragüense prescribe que las menores de edad a quienes se les detenga deben ser internados en instituciones especiales de rehabilitación 13/; pero, no obstante ello, la Comisión pudo constatar en los centros de detención visitados, numerosas personas de 14, 15, 16 y 17 años conviviendo en condiciones de promiscuidad con mayores”.

Sin embargo, es a partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño el 2 de septiembre de 1990, que se trasunta a otro paradigma en la forma de concebir a las niñas, niños y adolescentes; es decir, que es una transición de la doctrina de la “situación irregular” en la que se encontraba esta población hacia la doctrina de protección integral, mediante la cual se constituyen en sujetos de derechos y no simplemente en objetos de tutela, tal cual se los consideraba antes de la Convención; en consecuencia, se entiende que la protección integral es igual a la “protección de derechos” de las niñas, niños y adolescentes, que a su vez tiene como eje central el principio rector del interés superior del niño, que si bien ya fue instituido en la Declaración Universal de Derechos del Niño; empero, ahora en el marco de la visión de que los niños son sujetos de derechos, y ciudadanos que también tienen responsabilidades, en este entendido dicho principio viene a ser una directriz obligatoria para el cumplimiento efectivo y satisfacción de manera preeminente de sus derechos por parte del Estado a través de todos sus órganos de gobierno; asimismo, la sociedad incluyendo la familia, de ahí que, también la Corte IDH, en el análisis de las decisiones adoptadas en materia de la niñez empieza a consolidar el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y se pronuncia sobre varias situaciones de violaciones de sus derechos, y una de las primeras referencias al principio del interés superior del niño que se realiza en el SIDH puede encontrarse en su Informe Anual de 1997, donde señala que en todos los casos que involucren decisiones que afecten la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la salud u otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean tomadas a la luz del interés más ventajoso para el niño, estableciendo así un estándar de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; por lo que, debe entenderse que esas decisiones no pueden ser en ningún momento discrecionales sino precautelando siempre la satisfacción de sus derechos en su calidad de sujetos y no objetos; es decir, teniendo en cuenta su opinión en su calidad de personas; asimismo, en la Opinión Consultiva 17/2002 de 28 de agosto se expresa que el interés superior del niño se entiende como una “norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia”. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, con el objeto de realizar un seguimiento a las obligaciones contraídas por los Estados que son parte ha incorporado la creación de un Comité de los Derechos del Niño, para lo cual los mencionados Estados deben presentar de manera obligatoria informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos que se encuentran reconocidos por la Convención y el progreso obtenido en lo referente al goce de los mismos, de conformidad al plazo establecido; por lo que, el referido Comité en la Observación General 10 pronunciada sobre Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores, se ha referido al interés superior del niño en la justicia penal, señalando que:

“…Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un trato diferente a los niños. La protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una efectiva seguridad pública”. (las negrillas son añadidas)

De la misma forma varias observaciones establecidas en la Observación 10 señalada ut supra, se emitieron a la luz del interés superior del niño, de conformidad a la protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual a su vez también ha establecido otros principios como el de No Discriminación, Autonomía, Participación, Protección, excepcionalidad, legalidad, y especialización , que garantizan el cumplimiento de los derechos establecidos en esta norma internacional.

Asimismo, el interés superior del niño, no puede concebirse solamente como principio, sino también como garantía, puesto que la misma se entiende como “vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los derechos subjetivos”, en este entendido también se constituye en un derecho, pues tal como se explicó precedentemente es de cumplimiento obligatorio y se encuentra vinculado a principios que coadyuvan en su cumplimiento; es así que, el Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha referido en varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales al interés superior del niño; sin embargo, en la SCP 0125/2017– S1 de 9 de marzo, reiterada por la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, estableció una comprensión amplia del referido principio, y su vinculación con otros principios que refuerzan su cumplimiento al señalar que:

“…este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina” (las negrillas son añadidas).

A mayor abundamiento, el interés superior del niño tiene asimismo una labor hermenéutica que permite interpretar sistemáticamente sus disposiciones a fin de efectivizar el ejercicio pleno de sus derechos, así también posibilita la resolución de conflictos entre derechos que se encuentran establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño; es decir que, se utiliza este principio en la ponderación de derechos, entonces bajo esta comprensión los derechos del niño no pueden estar supeditadas al interés colectivo ni pueden asimilarse al mismo; por lo que, cuando surgen conflictos de derechos del niño con el interés social, los otros deben ser ponderados de manera prioritaria.

Así también, el interés superior del niño según el autor Parker puede servir como un principio orientador al momento de evaluar la legislación o práctica que no se encuentren regidas por la ley, facilitando llenar algunos vacíos o lagunas legales, tanto para la promulgación de leyes como para cuando se tenga que tomar decisiones en casos en que no existe norma expresa; de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño expresó que el interés superior del niño se entiende como una “norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia”, conceptualizando también la referida Opinión Consultiva 17/02 a dicho principio como un “principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora bien, siguiendo la concepción del nuevo paradigma de protección integral, esta fue también reconocida en la Sentencia de 19 de noviembre de 1999, en el caso “Niños de la Calle”, Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, donde la Corte IDH realizó una interpretación evolutiva del art. 19 de la CADH, apartándose de la concepción tutelar con la cual fue concebida, otorgándole un contenido a partir de la incorporación de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de los instrumentos internacionales comprendidos en las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores de 1985, las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Riad) de 1990 y las Reglas para la Protección de los Menores de Edad Privados de Libertad de 1990, las cuales bajo esa comprensión se constituyen en parte del corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de niñas, niños, y adolescentes, de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño se refiere a la protección integral, ratificando la concepción de que el niño se constituye en sujeto de derechos a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño; es así que, en base al referido corpus iuris la Corte IDH estableció también estándares importantes con relación a las garantías y derechos de los adolescentes en conflicto con la ley y que tienen que ver con el derecho al Juez natural competente, independiente e imparcial, a la doble instancia, presunción de inocencia, contradicción, audiencia y defensa, así como de los principios que rigen a la administración de justicia referente a esta población, entre los cuales se puede destacar el caso Instituto de Reducación del Menor Vs. Paraguay, en el cual se hace un desarrollo del carácter excepcional de la prisión preventiva y de la sanción privativa de libertad, así como se enumera los principios de la justicia penal juvenil , como los principios de especialización y de excepcionalidad; asimismo, sobre estos principios las Observaciones finales Antigua y Barbuda, manifiestan su preocupación por la responsabilidad penal que se fija a partir de los 8 años y la posibilidad de que un menor de dieciocho años pueda ser condenado a cadena perpetua por asesinato, pudiendo ser también procesado como adultos por homicidio y no se encuentran separados de los adultos durante su detención; por lo que, el Comité de los Derechos del Niño establece observaciones para que ese país revise sus leyes y políticas para garantizar la plena aplicación de normas de justicia de menores.

Por su parte, en el caso Mendoza y otros Vs. Argentina, se refiere a que no se puede aplicar el Derecho Penal para Adultos a los menores de edad, mencionando también el carácter excepcional de la privación de libertad y en su caso la corta duración que debe tener, y la exigencia de su revisión periódica y la prohibición de la pena privativa de libertad perpetua; mientras que en el caso Pacheco Terurel y otros vs. Honduras se hace mención a las detenciones indiscriminadas y la legislación antimaras; en el caso Petruzzi y otros Vs Perú, como en el caso de los hermanos Gomez Paquiyauri Vs. Perú, se hace referencia al principio de legalidad; de igual forma la Opinión Consultiva 17/02 se ha expresado con relación al Juez natural, a la presunción de inocencia, derecho a la defensa, a la doble instancia, al derecho a ser oído y participar del proceso.

Asimismo, la Corte IDH en su 100 período ordinario de sesiones, que se celebró en Washintong D.C. el 24 de septiembre al 13 de octubre de 1998, decidió crear la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, con la finalidad de fortalecer el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en las Américas.

Consecuentemente, bajo la comprensión de la protección integral en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que los Estados han tenido que realizar las adecuaciones a sus legislativas internas; en consecuencia, la experta en la materia Mary Beloff establece características que permiten identificar a las leyes que se enmarcan en la mencionada protección integral, como ser:

• “Se definen los derechos de los niños y se establece que en caso de que alguno de esos derechos se encuentre amenazado o violado, es deber de la familia, de la comunidad y/o del Estado restablecer el ejercicio concreto del derecho afectado a través de mecanismos y procedimientos efectivos y eficaces tanto administrativos cuanto judiciales, si así correspondiere. • Por eso desaparecen las vagas y antijurídicas categorías de “riesgo” “peligro moral o material”, “circunstancias especialmente difíciles”, “situación irregular”, etcétera. • Se establece, en todo caso, que quien se encuentra en “situación irregular” cuando el derecho de un niño o adolescente se encuentra amenazado o violado, es alguien o alguna institución del mundo adulto (familia, comunidad o Estado). • Se distinguen claramente las competencias de las políticas sociales de la cuestión penal, planteando la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños y los jóvenes como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales. • Las políticas se caracterizan por estar diseñadas e implementadas por la sociedad civil y el Estado, por estar descentralizadas y focalizadas en los municipios. • Se abandona la noción de menores como sujetos definidos de manera negativa, por lo que no tienen, no saben o no son capaces, y pasan a ser definidos de manera afirmativa, como sujetos plenos de derecho. • Se desjudicializan cuestiones relativas a la falta o carencia de recursos materiales, supuesto que en el sistema anterior habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada. • La protección es de los derechos del niño y/o el adolescente. No se trata como en el modelo anterior de proteger a la persona del niño o adolescente, del “menor”, sino de garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes. Por lo tanto, esa protección reconoce y promueve derechos, no los viola • ni restringe. • También por ese motivo la protección no puede significar intervención estatal coactiva. • De la idea de universalidad de los derechos, se desprende que estas leyes son para toda la infancia y adolescencia, no para una parte. Por eso se dice que con estas leyes se recupera la universalidad de la categoría infancia, perdida con las primeras leyes para “menores”. • Ya no se trata de incapaces, medias-personas o personas incompletas, sino de personas completas cuya única particularidad es que están creciendo. Por eso se les reconocen todos los derechos que tienen todas las personas, más un plus de derechos específicos precisamente por reconocerse el hecho de que están creciendo. • De ahí que de todos los derechos, uno que estructura la lógica de la protección integral sea el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. • Se jerarquiza la función del juez en tanto éste debe ocuparse de cuestiones de naturaleza jurisdiccional, sean de derecho público (penal) o privado (familia). • El juez, como cualquier juez, está limitado en su intervención por las garantías. • En cuanto a la política criminal, se reconocen a los niños todas las garantías que le corresponden a los adultos en los juicios criminales según las constituciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes, más garantías específicas. La principal, en relación con los adolescentes, es la de ser juzgado por tribunales específicos con procedimientos específicos, y la de que la responsabilidad del adolescente por el acto cometido se exprese en consecuencias jurídicas absolutamente diferentes de las que se aplican en el sistema de adultos. Este reconocimiento de garantías es independiente del hecho de sostener que los niños y jóvenes son inimputables, como es el caso, por ejemplo, del Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil. • Se establece como consecuencia jurídica de la comisión de un delito por parte de un joven un catálogo de medidas, en el que lo alternativo, excepcional, ultima ratio y por tiempo breve es la privación de libertad. Estas medidas se extienden desde la advertencia y la amonestación hasta los regímenes de semilibertad o privación de la libertad en institución especializada. Deben dictarse por tiempo determinado. Se determina que la privación de libertad será una medida de último • recurso, que deberá aplicarse por el tiempo más breve que proceda y, en todos los casos, por tiempo determinado como consecuencia de la comisión de un delito grave”. (las negrillas son añadidas). Sin embargo, estas características que hacen a las legislaciones que adoptan la protección integral conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, tuvo un lento avance en el caso de Bolivia, pues pese a que ratificó la mencionada Convención mediante la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, promulgó un Código del Menor el 18 de diciembre de 1992, donde si bien se establece el principio del interés superior del niño, como pauta de actuación; sin embargo, se mantiene la noción del “menor” como objeto de tutela, pues en esa norma se crea ONANFA como cabeza de sector a nivel nacional, departamental y provincial, el cual si bien se encuentra a cargo de regular, normar, fiscalizar y supervisar las políticas dirigidas al “menor” las mujer y la familia ; empero, se crean los Servicios Tutelares del Menor , que dependen de las Direcciones Departamentales Ejecutivas de dicha instancia, que ejercen las facultades de investigación y jurisdiccionales en casos de menores infractores, mientras que, los Jueces Tutelares del Menor tienen otras funciones inherentes a la resolución de procedimientos referentes a la minoridad, vinculadas con situaciones de abandono, de peligro, maltrato en la que se encuentren menores, así como procesos de guarda, tenencia y adopciones; en consecuencia, este Código no supera los resabios de la situación irregular. Posteriormente, el 27 de octubre de 1999, se promulga el Código de Niña, Niño y Adolescente mediante Ley 2026, en la cual existe un cambio trascendental de la concepción que se tenía de los “menores” en el anterior Código, al establecerse un régimen especializado de justicia para adolescentes infractores, que viene a ser el cambio fundamental al nuevo paradigma de la protección integral, donde se establecen principios y garantías procesales importantes que efectivizan los derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley, además de otorgarle al Juez de la Niñez y Adolescencia la competencia jurisdiccional; asimismo, se desconcentra a nivel municipal y departamental las instancias de protección de las niñas, niños y adolescentes, de ahí que, los SEDEGES se constituyen en instancias que establecen políticas no solo de atención y protección sino de prevención en materia de niñez y adolescencia a nivel departamental, aunque mantienen resabios de la institucionalización de la doctrina de la situación irregular anterior, que se ve superada en mayor medida al realizar la inserción familiar de niñas, niños y adolescentes de los Hogares bajo su dependencia, de igual manera es trascendental la creación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, quienes a parte de realizar funciones de prevención de la violencia en contra de este sector de la población, son los promotores y defensores de los derechos de los niños y adolescentes en el Municipio del que son parte, por ello se constituyen en un brazo operativo importante de los Gobiernos Autónomos Municipales para garantizar el ejercicio de esos derechos. Asimismo, la Constitución Política del Estado de 2009, estableció una Sección específica dirigida a los Derechos de la Niñez y Adolescencia , siendo importante destacar el art. 60 donde se establece que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, elevando así el interés superior del niño a rango constitucional, garantizando la satisfacción de los derechos de los niños y adolescentes en todos los niveles del Estado, los órganos de poder y de la sociedad boliviana, es así que, se realza también la protección de las y los adolescentes en conflicto con la ley, al establecer el acceso a una justicia pronta y oportuna; sin embargo, de acuerdo al Cuarto Informe Periódico del Estado Plurinacional de Bolivia elevado ante el Comité de los Derechos del Niño, esta instancia en su 52 período de sesiones de 16 de octubre de 2009, ha establecido Observaciones para Bolivia, que en lo referente a la Administración de Justicia Juvenil, son las siguientes:

“82. El Comité insta al Estado parte a que vele por la plena aplicación de las normas de justicia juvenil, en particular los artículos 37 b), 39 y 40 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité insta al Estado parte a tener en cuenta la Observación general Nº 10 (2007) del Comité sobre la administración de la justicia de menores. También recomienda que:

a) El Estado parte vele por que el sistema jurídico positivo y el sistema indígena tradicional respeten la Convención, e introduzca una clara separación de competencias entre ambos sistemas; b) El Estado parte tome medidas preventivas, como respaldar el papel de la familia y la comunidad, para eliminar las condiciones sociales que llevan a los niños entrar en contacto con el sistema de justicia penal o con el sistema indígena tradicional, y tome todas las disposiciones posibles para evitar la estigmatización; c) Los niños en conflicto con la ley sean juzgados por el sistema de justicia juvenil, y no como adultos en los tribunales ordinarios; d) Se introduzca en todas las regiones la figura del juez especializado en la infancia, y que estos jueces especiales reciban una educación y capacitación apropiadas; e) La privación de libertad constituya una medida de último recurso con la menor duración posible, y cuya aplicación se examine periódicamente con miras a retirarla; f) Se desarrollen penas alternativas a la privación de libertad tanto en el sistema jurídico positivo como en el sistema indígena tradicional, como la libertad condicional, la mediación, los servicios a la comunidad, o la condena condicional, siempre que sea posible; g) Los niños privados de libertad tengan acceso a la educación, incluso cuando se encuentren en prisión preventiva; h) El Estado parte solicite asistencia al Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, del que forman parte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el UNICEF, el ACNUDH y diversas ONG”.

En este contexto, es que por Ley 548 de 17 de julio de 2014, se promulga en Bolivia el Código de Niño, Niña y Adolescente, norma que se encuentra en la actualidad en vigencia, en el cual se reconocen como sujetos de derecho a los niños que comprenden desde la concepción hasta los doce años y la adolescencia desde los doce a los dieciocho años; asimismo, establece que se le debe garantizar el ejercicio de las garantías constitucionales y de aquellas que se encuentran en la citada norma; de igual forma, se incluyen varios principios generales, entre ellos el del interés superior del niño, que se vincula con la protección integral y pregona la satisfacción de los derechos de manera preeminente; también, una de las implementaciones importantes del referido Código es la inclusión de un Sistema Penal Para Adolescentes, en el cual se establece una visión integral de atención y protección de los adolescentes en conflicto con la Ley, desde las instituciones involucradas y los procedimientos tanto procesales como administrativos para el ejercicio de los derechos de esta población, que condice con lo dispuesto en el art. 8.II de la norma en cuestión, ya que esa disposición establece la obligatoriedad del Estado a través de todos sus niveles a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niña, niños y adolescentes; instituyendo en consecuencia entre sus derechos y garantías la especialidad, presunción de inocencia, a ser oída u oído, a guardar silencio, es decir a no declarar en su contra, a ser informada o informado, a un traductor o intérprete, al debido proceso, a la defensa especializada, asistencia integral, a permanecer en centros especializados para adolescentes, a la comunicación, a la privacidad, confidencialidad, intervención de sus representantes legales, a la proporcionalidad, única persecución, y excepcionalidad de la privación de libertad; por otra parte, uno de los cambios trascendentales es el ámbito de aplicación de dicho sistema penal, pues ahora está dirigida a los adolescentes a partir de los catorce años hasta los dieciocho años, que modificó la Ley 2026 en la cual se establecía la aplicación del régimen especial desde los doce a los dieciséis años, finalmente también se incluyen medidas específicas de justicia restaurativa, que tampoco se encontraba en la citada norma. Así las cosas, Bolivia cuenta con una Constitución Política del Estado y un Código de Niña, Niño y Adolescente que se sujetan a la Convención sobre los Derechos del Niño y por ende al enfoque de la protección integral de derechos, donde se establecen también principios que son directrices para la actuación de las autoridades judiciales y administrativas que conforman el Sistema Penal para Adolescentes en conflicto con la Ley, a fin de garantizar la plena satisfacción de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país; sin embargo, en ese entendido es importante remarcar que ante los vacíos normativos e inclusive de tipo administrativo, el corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se constituye en un referente principal de instrumentos internacionales del SIDH, que deben ser aplicados por dichas autoridades, en virtud a la obligatoriedad que tiene el Estado Plurinacional de cumplir con las Convenciones y Acuerdos suscritos en esa materia, en concordancia con el principio de pacta sunt servanda y además teniendo en cuenta que a la luz de la propia Constitución Política del Estado, estas normas son aplicables de manera preferente cuando establecen derechos más favorables que la referida Norma Suprema , a su vez de conformidad a la interpretación efectuada por la Corte IDH al contenido y alcance del art. 19 de la CADH, pues no solamente se trata de la aplicación de ese contenido a partir de las Convenciones y Tratados sobre la materia sino también de las Reglas o Directrices de Justicia Juvenil, las Opiniones Consultivas como las Observaciones Generales.

Bajo tal comprensión, es importante que el enfoque de la protección integral que pregona la Convención sobre los Derechos del Niño en favor de los adolescentes en conflicto con la ley se consolide materialmente en nuestro país a través de todas las instancias del Estado y de los órganos de poder; es decir, bajo este enfoque de satisfacción de los derechos de esta población de manera preeminente, todo ello en consonancia con el interés superior del niño.

III.4. Análisis del caso concreto.

La parte accionante considera lesionados sus derechos a la dignidad, a la libertad personal, al debido proceso en su elemento valoración integral de los elementos de prueba, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de hurto de minerales, en audiencia de 24 de febrero de 2021, la autoridad ahora demandada le imputó la medida cautelar de detención preventiva: 1) Sin que el Ministerio Público lo haya solicitado de forma escrita, dentro de un plazo razonable para que se ejerza el correspondiente derecho a la defensa y estimando que se está ante un menor infractor reincidente; 2) Sin tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 289.II de la CNNA, por el que, al habérsele imputado la presunta comisión de un delito que lesionaría el bien jurídico a la propiedad, no podría imponerse la referida medida cautelar, más aún cuando la cosa sustraída fue recuperada; y, 3) Sin valorar los elementos de prueba presentados para desvirtuar el riesgo procesal de fuga, específicamente lo concerniente a la supuesta inexistencia de un domicilio y ocupación. Revisados y compulsados los antecedentes se evidencia que la autoridad ahora demandada fue notificada con la acción de libertad presentada por el menor NN, así como con el Auto Constitucional de Admisión 66/2021 de 5 de marzo (Conclusión II.1.). En ese contexto, de forma previa a analizar la problemática identifica, necesariamente se deben precisar dos tópicos relacionados a cuestiones de procedencia y de mérito de la referida acción de defensa; por lo que, cabe señalar lo siguiente:

4.1. En cuanto a la abstracción del principio de subsidiariedad que rige a la acción de libertad respecto a grupos vulnerables como impetrantes de tutela Sobre el particular, la jurisprudencia razonó en el sentido de que, el principio de subsidiariedad que rige a la acción de libertad puede ser abstraído de la controversia constitucional generada por la solicitud de tutela realizada por personas que conforman los denominados grupos vulnerables (menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, personas de la tercera edad, enfermos graves o que tengan la vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural). Noción que se sustenta en otro de los principios que también rige a la referida acción de defensa, como es el de informalismo, y en el criterio de la primacía de la justicia material sobre la formal; por los cuales, solo en aquella circunstancia, no es posible que en la jurisdicción constitucional se exija el agotamiento previo de los medios de impugnación ordinarios inmediatos, para se pueda acceder a una justicia constitucional (Fundamento Jurídico III.1.).

Ahora bien, en el presente caso el ahora accionante es un menor de edad a quien el Ministerio Público le sigue un proceso penal por la presunta comisión del delito de hurto de minerales; en el cual, en audiencia de 24 de febrero de 2021 la autoridad ahora demandada, a través de Auto Interlocutorio de la misma fecha, le impuso la medida cautelar de detención preventiva. Resolución Judicial contra la que aquel no interpuso el pertinente recurso de apelación incidental conforme lo dispuesto por el art. 314 del CNNA, tal cual consta de los antecedentes, donde no se tiene elemento de prueba que demuestre lo contrario, así como de los propios argumentados dados por su abogado defensor en audiencia de 5 de marzo de citado año (fs. 23 a 25) ante las preguntas formuladas por el Tribunal de garantías. Habiendo presentado de forma directa una acción de libertad. En ese sentido, siendo patente la existencia un medio de impugnación ordinario inmediato regulado por el Sistema Penal para Adolescentes, con el cual, el menor NN pudo denunciar los agravios que le habría generado el Auto Interlocutorio de 23 de febrero de 2021, para que así la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro defina su situación jurídica, sería factible la aplicación del principio de subsidiariedad que rige a la acción de libertad; empero, considerando la cualidad personal de aquel (menor de edad) y el razonamiento sentado por la jurisprudencia (Fundamento Jurídico

III.1.), no se procederá en ese sentido, por el contrario, el mismo será abstraído para el análisis de la problemática identificada. Ello en mérito al criterio de la primacía de la justicia material sobre la formal, y la prevalencia de los

derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de Estado, por los que la jurisdicción constitucional se ve impelido de otorgar tutela amplia a las personas que integran los denominados grupos vulnerables.

4.2. Respecto a la presunción de veracidad de los hechos denunciados Sobre el particular, la jurisprudencia razonó en el sentido de que, la presunción de veracidad es un principio que rige a la acción de libertad, con el que se erigió una excepción a la regla de la denegatoria de tutela por falta de elementos de prueba; el cual, subyace de otros que se establecen en la Constitución Política del Estado, como son el de compromiso, interés social y responsabilidad por la función pública, con los que se busca otorgar tutela amplia a los derechos y garantías. A razón de ello, por el principio de veracidad, la autoridad o particular contra la que se presenta una acción de libertad, tiene la obligación de remitir los elementos de prueba necesarios con el objeto de desvirtuar los hechos que se le denuncia. Su omisión daría lugar a que se determine en su contra la responsabilidad correspondiente, más aún cuando se trata de servidoras o servidores públicos, quienes tienen el deber de elevar los informes necesarios respaldados objetivamente ante los Jueces o Tribunales de garantías, o en su defecto, concurrir e intervenir en las audiencias a programarse para prestarlos de forma verbal. De lo contrario, los hechos denunciados por la o el impetrante de tutela serán estimados como evidentes (el silencio es igual a la confesión). Tomando en cuenta lo señalado, en el presente caso se tiene que, la autoridad ahora demandada ha sido notificada con la acción de libertad presentada por el menor accionante, así como con el Auto Constitucional de Admisión de 66/2021 de 5 de marzo (fs. 13); pese a ello, la misma no elevó el informe correspondiente con elementos de prueba de sustento, y muchos menos concurrió e intervino en la audiencia de 5 de referido mes y año (fs. 23 a 25). Únicamente se habría limitado a remitir el cuaderno procesal que haría al proceso penal seguido en contra del menor NN a través de una Nota de la misma fecha (fs. 22), circunstancias que dan cuenta que omitió su deber constitucional. En ese sentido, con base en los principios de intereses superior del menor y pro actione, el análisis de la problemática identificada se realizará en estricta observancia del principio de presunción de veracidad, más aún cuando los hechos denunciados por el menor NN procuraron ser contrastados con los actos jurídico-procesales pertinentes, específicamente con el acta de audiencia de 24 de febrero de 2021, la cual no se encuentra dentro de los antecedentes remitidos en grado de revisión, pese a que se solicitó y conminó a la autoridad ahora demandada su envió (fs. 37 y 46). Abordados los tópicos relacionados a cuestiones de procedencia y de mérito de la acción de libertad que se presentó, la problemática identificada será analizada de acuerdo al orden en que se estructuró.

i) El menor NN refiere que la autoridad ahora demandada le impuso la medida cautelar de detención preventiva, sin que el Ministerio Público lo haya solicitado de forma escrita, dentro de un plazo razonable para que se ejerza el correspondiente derecho a la defensa y estimando que se está ante un menor infractor reincidente. Con el objeto de abordar el particular, se debe tener presente que la jurisprudencia razonó en el sentido de que, el “Sistema Internacional de Protección de los Derechos y Garantías de los Menores”, que se sustenta en la doctrina de la protección integral, impuso específicas obligaciones a los Estados con relación a los menores de edad, en mérito al principio del interés superior del menor, ya que estos son considerados como verdaderos sujetos de derecho, por lo que a razón de ello, merecen una protección preferente y reforzada en todos los ámbitos y tiempos, más aun cuando se adopta alguna determinación el cual tenga que ver con sus derechos o garantías reconocidos. Noción sobre la que se promulgó la Ley 548 de 17 de julio de 2014 -Código de la Niña, Niño y Adolescencia- donde se estructuró un régimen sustantivo y adjetivo especial para los adolescentes (menores de edad) que se encuentran a una situación de conflicto con la Ley, con una visión de protección preferente y reforzada de su derechos y garantías; entre estos, el de especialidad, a la presunción de inocencia, a ser oída u oído, a guardar silencio, a ser informada o informado, a un traductor o intérprete, al debido proceso, a la defensa especializada, a la asistencia integral, a permanecer en centros especializados, a la comunicación, a la privacidad, a la confidencialidad, a la intervención de sus representantes legales, a la proporcionalidad, a la única persecución, y a la excepcionalidad de la privación de libertad (Fundamento Jurídico III.3.). En el presente caso, al menor NN se le sigue un proceso penal por la presunta comisión del delito de hurto de minerales y otros, donde en audiencia de 24 febrero de 2021 la autoridad ahora demandada le impuso la medida cautelar de detención preventiva. En ese sentido, estimando el razonamiento sentado por la jurisprudencia (Fundamento Jurídico III.3.), ese acto jurídico-procesal tendría que haberse sustanciado con observancia irrestricta del derecho al debido proceso, mismo que por el principio de interés superior del menor, merece una protección preferente y reforzada; por lo que, debió: a) Ser dirigida por una autoridad jurisdiccional especializada; b) Garantizarse la intervención de todos los sujetos de derechos (fiscal, victima, imputado y el equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia); c) Atenderse a los principios de oralidad, defensa, inmediación, continuidad y contradicción; y, d) Seguirse el proceso regulado por la Ley especial. Empero, de los antecedentes se tiene que no se procedió en ese sentido. Si bien la autoridad ahora demandada es competente para constituirse en autoridad de control jurisdiccional del proceso penal seguido en contra del menor NN, se evidencia que la misma no hizo ejercicio de ninguna de sus facultades para garantizar la presencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la audiencia de 24 de febrero de 2021, cuando era su obligación proceder en sentido contrario hasta materializar tal cometido. Con ello, limitó el irrestricto derecho a la defensa que tiene aquel, ya que no mereció la asistencia necesaria, lo que no puede ser subsanado bajo ninguna circunstancia por tratarse de un menor de edad sometido a todo un aparato Estatal. Por otro lado, en la misma audiencia de 24 de febrero de 2021 la autoridad ahora demandada le impuso la medida cautelar de detención preventiva a sola solicitud verbal realizada por el Ministerio Público, sin otorgarle el plazo razonable para poder, a través de abogado defensor y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, preparar su defensa; con lo que, se lo colocó en un estado de incertidumbre jurídica absoluto. Actuar que es contrario a lo dispuesto por el art. 289 del CNNA, por el cual, toda solicitud de aplicación de la referida medida cautelar indefectiblemente debe realizarse de manera escrita, fundamenta y motivada, extremo que no acepta ninguna excepción y por ende tampoco puede ser subsanado bajo ninguna circunstancia; todo con el objeto de que, el presunto menor infractor tenga pleno conocimiento de las razones por las cuales se pretende privarlo de su derecho a la libertad personal.

Entonces, al haberse presentado dos requerimientos conclusivos por parte del Ministerio Publico, uno de imputación formal y otro de terminación anticipada, y siendo este último rechazado por la autoridad ahora demandada, simple y llanamente debió suspender la audiencia de 23 de febrero de 2021, disponiéndose la libertad pura del menor NN y la prosecución del proceso penal seguido en su contra; empero, al haber al haberse diferido y sustanciado la misma en la forma como se explicó precedentemente, todos los actos jurídico-procesales subsecuentes han sido viciados de nulidad. Finalmente, la autoridad ahora demandada le impone la medida cautelar de detención preventiva al menor NN señalando que se estaría ante un menor infractor reincidente; empero, no fundamenta y motiva con observancia de los principios de necesidad y proporcionalidad, el por qué arribó a esa conclusión, y peor aún, no describe y valora el elemento de prueba que sustenta su conjetura, cuando por mandato constitucional (art. 115.II de la CPE) tiene la obligación de dictar sus resoluciones judiciales con la debida fundamentación y motivación, los cuales se constituyen en elementos del derecho al debido proceso, el cual, como se señaló precedentemente, merece una protección preferente y reforzada por ser inherente a un menor de edad. Todo ello da cuenta que, evidentemente la autoridad ahora demandada lesionó el derecho al debido proceso del menor NN, que por su incidencia corresponde anular obrados, ya que la lesión de los derechos y garantías de los menores de edad, a razón del principio de interés superior del menor, bajo ninguna circunstancia pueden llegar a ser subsanados. Por tales motivos, corresponde otorgar la tutela solicitada.

ii) El menor NN refiere que la autoridad ahora demandada le impuso la medida cautelar de detención preventiva sin tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 289.II del CNNA, por el que, al habérsele imputado la presunta comisión de un delito que lesionaría el bien jurídico a la propiedad, no podría imponérsele la referida medida cautelar, más aún cuando la cosa sustraída fue recuperada; y, sin valorar los elementos de prueba presentados para desvirtuar el riesgo procesal de fuga, específicamente lo concerniente a la supuesta inexistencia de un domicilio y ocupación. Esta parte de la problemática identificada, de la misma forma en cómo se procedió en el tópico precedente, será analizada en coherencia con los razonamientos jurisprudenciales que desarrollan el principio de veracidad (Fundamento Jurídico III.2.); esto con el objeto de guardar un solo hilo conductor en todos los fundamentos y motivos explanados.

Así las cosas, con el objeto de abordar el particular, se debe tener presente lo dispuesto por los arts. 289.II y 294.II del CNNA:

“ART. 289 (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA): (…); II. No procederá la detención preventiva por hechos que se adecuen a delitos contra la propiedad, cuando se devuelva, restituya o recupere la cosa, o ésta no haya salido del dominio de la víctima, o el daño haya sido reparado (…)”.

“ART. 294 (ELEMENTOS DE CONVICCIÓN Y VALORACIÓN): (…); II. La Jueza o el Juez valorará la prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinada valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida”. En el presente caso, el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, le imputó al menor NN la presunta comisión del delito de hurto de minerales, el cual se encuentra descrito y sancionado en el art. 326 bis del Condigo Penal (CP) -tipo penal que protege el bien jurídico a la propiedad además que con los actos investigativos que desplegó, habría logrado recuperar el objeto que fue sustraído. Teniendo en cuenta esos extremos, que en su momento fueron de absoluto conocimiento de la autoridad ahora demandada, la misma no emitió ningún fundamento y motivo con el cual llegue a explicar la o las razones por las que no procedía aplicar lo dispuesto por el art. 289.II del CNNA; disposición normativa que, encierra en sí una regla que no acepta ningún tipo de excepción, y que se rige sobre el principio de intereses superior del menor. Con su proceder, la autoridad ahora demandada colocó al menor NN en un estado de incertidumbre jurídica, ya que era su obligación la de dictar una Resolución Judicial debidamente fundamentada y motivada, más aún cuando, a través de la misma, dilucidó una controversia que involucraba a su derecho a la libertad personal y que por su condición de persona menor de edad, aquella debió ser cumplida de forma estricta, en vista de que se encuentra revestido de la más alta protección que puede otorgar el Estado (Fundamento Jurídico III.3.). Por otro lado, siendo que en la audiencia de 24 de febrero de 2021, el menor NN presentó elementos de prueba con el objeto de desvirtuar el riesgo procesal de fuga, específicamente lo concerniente a la supuesta inexistencia de un domicilio y ocupación, era deber de la autoridad ahora demandada proceder conforme a lo dispuesto por el art. 294.II del CNNA; es decir, debió valorar cada uno de ellos de manera particular y luego de forma integral, tomando en cuenta los criterios de la sana critica, así como los principios de razonabilidad, proporcionalidad e interés superior del menor, y concluir señalando si realmente concurría o no aquel presupuesto necesario para imponer una medida cautelar. Empero, la autoridad ahora demandada no procedió en consecuencia, y arbitrariamente omitió valorar los elementos de prueba presentados por el menor NN orientados a que no se le imponga una medida cautelar que le prive de su derechos a la libertad personal; posición que, asumió sin emitir ningún fundamento y motivo con el que explique la o las razones por las cuales asumió tal posición. Por lo expuesto, con base en los principios de interese superior del menor y presunción de veracidad, se llega a concluir que la Resolución Judicial, a través de la cual la autoridad ahora demandada le impuso al menor NN la medida cautelar de detención preventiva, se constituye en un acto jurídico-procesal viciado de nulidad que necesariamente debe ser rectificado en audiencia y con todas las garantías que rodean a un menor de edad en conflicto con la Ley (Fundamento Jurídico III.3.), a razón de que no emitió ningún fundamento y motivo respecto a la procedencia o improcedencia de los dispuesto por el art. 289.II del CNNA, y arbitrariamente omitió valorar los elementos de prueba orientados a desvirtuar el riesgo procesal de fuga. Por tales motivos corresponde otorgar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y conforme lo dispuesto por el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2021 de 5 de marzo, cursante de fs. 26 a 30, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por haberse evidenciado la lesión de los derechos a la libertad y al debido proceso, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y consecuentemente, dispone anular el Auto Interlocutorio de 24 de febrero de 2021, a través del cual se impuso al menor NN la medida cautelar de detención preventiva, por ende, Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social, y Sentencia Penal de Huanuni del departamento de Oruro -ahora demandado- debe dictar otro en audiencia, tomando en cuenta todos los aspectos explanados. 2° SE LLAMA SEVERAMENTE LA ATENCIÓN a la autoridad ahora demandada, por haber lesionado derechos de un menor de edad; bajo apercibimiento de remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura, para su procesamiento correspondiente en caso de incurrir nuevamente en lo mismo dentro de casos posteriores. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

“No obstante, como se indicó, la subsidiariedad es una excepción y no la regla, por tanto y como ya se estableció en las sentencias indicadas, dados los derechos tutelados por la acción de libertad, en los casos de que inclusive existan medios procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las circunstancias del caso, como por ejemplo tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan la vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural; no les es aplicable la subsidiariedad excepcional; pues al merecer protección especial del Estado por su condición que los coloca en desventaja frente al resto de la población, esos derechos se trasladan al ámbito proceso penal y conlleva a la En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.

5 Página de Google de la ONG Internacional Humanium.

10 Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, páginas 13 y 14.

11 BOLIVIA. La respuesta institucional del Estado a la temática de violencia contra la niñez y adolescencia, Estudio de casos: SEDEGES de La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Pando, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), La Paz – Bolivia 2008, pág. 29.

12 Constitución y Derechos del Niño, Beloff, Mary, Buenos Aires – Argentina 2005, pág. 769. 13 CIDH Informe sobre la Actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en República Dominicana, (OEA/Ser.L/V/II.13, doc. 14 Rev). (español), 15 octubre 1965, capítulo IV. Caso del niño dominicano Felipe de Jesús de 14 años de edad quien fue detenido en su residencia de la Calle 17 por el terrible y célebre Balá y tropas del CEFA, el día 20 de mayo de 1965.

21 Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, pág. 17.

22 Convención de los Derechos de Niño, Artículo 3.”1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

23 CIDH, Informe Anual 1997. Capítulo VII. Recomendaciones a los Estados miembros en áreas en las cuales deben adoptarse medidas para la cabal observancia de los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

24 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.

25 Art. 43 de la Convención de los Derechos del Niño.

26 Art. 44 de la Convención de los Derechos del Niño.

27 Observación General 1027 CRC/C/GC/10 sobre los Derechos del Niño en la Justicia de Menores de 25 de abril de 2007. (Obs. 10).

28 Observación General 1028 CRC/C/GC/10 sobre los Derechos del Niño en la Justicia de Menores de 25 de abril de 2007. (Obs. 16, 18, 31, 31, 44, 53, 71, 85 y 86).

29 Arts. 2, 3, 4, 5, 12, 37, 40, y 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño.

30 Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Trotta, Madrid,1995

31 Cillero, Miguel, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, pág. 57.

32 Cillero, Miguel, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, pág. 58.

33 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.

34 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 56.

35 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala Sentencia de

19 de noviembre 1999 “193. El Tribunal ha señalado anteriormente que esta orientación tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. Sobre el particular, esta Corte ha entendido que: “Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana”.

36 El interés superior del niño en la jurisprudencia penal juvenil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Universidad de Costa Rica, Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad, Llobet.. Javier

37 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.

38 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de setiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

39 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de setiembre de 2004, Serie C No. 112, párrs. 212, 225, 228 y 230, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

40 Observaciones finales: Antigua y Barbuda, CRC/C/15/Add.247, 3 de noviembre de 2004, párr. 68 y 69.

41 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, Sentencia de 14 de mayo de 2013, (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones).

42 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pacheco Terurel y otros Vs. Honduras, Sentencia de 30 de mayo de 1999, (Fondo, Reparaciones y costas).

43 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gomez Paquiyauri Vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 2004, 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 83., (Fondo, Reparaciones y costas).

44 Opinión OC‐17/02 del 28 de agosto de 2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Serie A, No. 17, páginas 22, 23, 24 y 25.

45 Página de Google de la CIDH.

46 Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, páginas. 18-20.

47 Art. 281 y siguientes del Código del Menor.

48 Art. 297 y siguientes del Código del Menor.

49 Art. 208 del Código del Menor.

50 Código del Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026- “Libro Tercero de Protección Jurídica, de la Responsabilidad, de la Jurisdicción y de los Procedimientos”.

51 Sección V. arts. 58 al 61 de la CPE.

52 “Art. 5. (Sujetos de derechos).- Son sujetos de derechos del presente Código, los seres humanos hasta los dieciocho (18) años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo: a) Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y b) Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años cumplidos”.

53 Art. 8.I de la Ley 548.

54 Art. 12 de la Ley 548.

55 Libro III - Sistema Penal, Responsabilidad y Garantías de la Ley 548.

56 Art. 8.II de la CPE.

57 Art. 262 de la Ley 548.

58 Art. 256 de la CPE.

59 Art. 314. (Apelación incidental): “I. El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: a) Sobre medidas cautelares o su sustitución o el sobreseimiento; (…)”

60 Libro III de la Ley 548 (arts. 259 y siguientes).

61 Principio que se traduce en el mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, por el que todas las autoridades, tanto administrativas y judiciales, así como la familia y la sociedad, deben tener en cuenta de manera prioritaria ha momento de realizar cualquier acción relacionada con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía.

62 Sistema Penal Para Adolescentes (Libro III - Sistema Penal, Responsabilidad y Garantías), Ley 548.

63 Art. 262.I de la Ley 548.

64 Art. 274 (DEFENSA PÚBLICA Y PRIVADA).- “La persona adolescente con responsabilidad penal, deberá ser asistida por una abogada o un abogado privado o del Estado, y por el equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”.

65 Art. 289 (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA).- “I. A pedido escrito y fundamentado de la o el Fiscal, podrá la Jueza o el Juez ordenar la detención preventiva, cuando se presenten, de manera concurrente, las siguientes circunstancias: a) La existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho; y b) Que exista riesgo razonable de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad”.

66 Título XII del Código Penal “DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0334_2023-S1.pdf · páginas 1 a 32.

Huella digital del PDF (SHA-256): 452f7504b4c78579671dba11a881d818dd8635f903e14a5b2c0b29451f5bdbab

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