B.IA.LEGAL

SCP 0333/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54611-2023-110-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la salud; puesto que, fue despedido por el Alcalde ahora accionado, sin que exista una causa justificada y de manera verbal, y menos tomar en cuenta que era padre progenitor; ya que, su pareja a momento de su destitución tenía nueve meses de gestación, y pese a que el Director General del Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18 de 14 de junio de 2022 en su favor, el Alcalde hoy accionado no dio cumplimiento a la misma. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; ii) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; iii) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 280/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 93 a 97, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral
  3. III.3. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0333/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54611-2023-110-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 280/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 93 a 97, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gerardo Challco Sarmiento contra Mario Cáceres Calle, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 9 y 26 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 41 a 49 vta.; y, 54 a 55 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó al cargo de Encargado de Almacén y Activos Fijos dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz, mediante Memorando de Designación 014/2021 de 3 de mayo; labores que fueron cumplidas sin la existencia de llamadas de atención o reclamos, asistiendo a su trabajo con normalidad no obstante de la pandemia del Coronavirus (COVID-19); sin embargo, el 18 de enero de 2022, el Alcalde ahora accionado, procedió a su desvinculación forzosa de manera verbal y sin justificativo alguno y menos a través de un memorando de desvinculación o de agradecimiento de servicios y sin considerar que era padre progenitor al estar su pareja en estado de gestación de nueve meses; por lo que, contaba con inamovilidad laboral, previsto por el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009 que establece que la madre y/o padre progenitores sea cual fuera su estado civil, gozan de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que el o la menor cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos o afectarse su nivel salarial ni su puesto de trabajo, y en su caso se pretendió transferirlo a otra dependencia del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz con un cargo y nivel salarias inferior, y bajo la modalidad de contrato de consultoría, vigente a partir del 3 de enero de 2022. Señala que esa decisión arbitraria e ilegal motivó que acudiera ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a denunciar despido injustificado e intempestivo, instancia que solicitó la información correspondiente al Alcalde ahora accionado, para posteriormente, el 14 de junio de 2022, el “…Director General de Servicio Civil…” (sic.), emitió Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18 de 14 de junio de 2022, por la cual se instruyó a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz, su reincorporación laboral, al mismo cargo de Encargado de Almacén y Activos Fijos, sin afectar su nivel salarial, más el pago de asignaciones familiares y todos los derechos sociales inherentes, en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de su notificación; la citada Instructiva de Reincorporación que fue notificada de manera pronta y oportuna en oficinas del indicado Gobierno Autónomo Municipal el 22 de junio de 2022, la cual no fue cumplida de manera inmediata. Señala que se solicitó la verificación de cumplimiento de la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18 dirigida al Jefe Departamental de La Paz a.i. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitiendo el Inspector de la referida Jefatura Departamental el Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-242/2022 HR: 2022-35435 de 20 de julio, por el cual se acreditó el incumplimiento de dicha Instructiva de Reincorporación, antecedentes que dejan ver que el Alcalde ahora accionado incumplió con la señalada Instructiva de Reincorporación vulnerando lo establecido por el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el DS 0012.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la salud; citando al efecto los arts. 13, 14.III, IV y V, 46, 48 y 49 y 60 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que se ordene su inmediata reincorporación a su fuente laboral en las mismas condiciones que tenía antes de su ilegal desvinculación y con el consiguiente pago de salarios devengados, asignaciones familiares y demás derechos laborales.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 91 a 92, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Mario Cáceres Calle, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz, mediante informe de 7 de noviembre de 2022, cursante de fs. 61 a 65, manifestó que: a) El accionante desde que asumió el cargo el 3 de mayo de 2021, como Encargado de Almacén y Activos Fijos, no hizo entrega de los materiales e insumos a los funcionarios de Luribay como a las oficinas de enlace de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, motivo por el que se le llamó la atención de manera verbal y ante el incumplimiento de dichos instructivos, se le entregó un memorando de llamada de atención el 3 de noviembre de 2021; b) Dicho funcionario no acató con la normativa interna, las disposiciones establecidas en el Estatuto del Funcionario Público, así como no realizó la Declaración Jurada de Bienes del Estado (DEJURBE) ante el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), menos hizo entrega de ningún acta de ingreso o recepción de todo lo que fue donado al municipio de Luribay, suscitando que se presente una denuncia penal contra su persona por los delitos de incumplimiento de deberes, peculado, entre otros; c) A efectos de no contaminar la investigación penal se removió al accionante de manera eventual con el mismo sueldo que percibía como Encargado de Almacén y Activos Fijos a ser Responsable de Chagas, cargo acéfalo según el Programa Operativa Anual (POA) de la gestión 2022, cambio respecto al cual el accionante no se opuso; empero, desde esa designación no se presentó a trabajar, presentando posteriormente una nota de reincorporación al que no hizo seguimiento desconociendo al trato al que se había llegado “…para no perjudicarse a ambas partes” (sic); d) El 22 de junio de 2022, casi seis meses después de su designación como Responsable de Chagas, se recibió la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18 emitida por el Director General del Servicio Civil, recomendando al municipio de Luribay la reincorporación del accionante a su fuente laboral dentro de los cinco días, por lo que en estricto cumplimiento de dicha orden el Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz el 22 de junio de 2022 procedió a notificar en la puerta del domicilio del accionante el memorando de reincorporación; empero, éste no se reincorporó; e) El 18 de julio de ese año, luego de un mes de su designación el accionante se apersonó ante el citado Gobierno Autónomo Municipal, ocasión en la que se instruyó nuevamente su reincorporación en la oficina de enlace con el cargo de Responsable de Contrataciones con un sueldo similar a los otros dos cargos ya designados considerando que el accionante vivía en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; propuesta que quedó en confirmar en la tarde; empero, no volvió a la oficina para ratificar la propuesta o acatar la señalada Instructiva de Reincorporación, habiéndose apersonado al día siguiente el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a quien se le hizo conocer esa situación; f) Llama la atención la solicitud de reincorporación a través de la acción de amparo constitucional, cuando ello fue realizado materialmente con anterioridad, no existiendo la voluntad del accionante de acudir a su fuente laboral perjudicando las actividades inherentes del cargo pretendiendo dilatar de manera caprichosa su reincorporación a fin de no asumir responsabilidad administrativa y conseguir un beneficio a través de la presente acción de defensa; g) La normativa que hizo referencia para la interposición de su amparo relacionada al DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, son de aplicación a los dependientes contemplados por la Ley General del Trabajo, y no así a los que rige el Estatuto del Funcionario Público que establece los derecho y obligaciones de funcionarios públicos como en el presente caso; h) El accionante ingresó al municipio de Luribay mediante Memorando de Designación el 2021, de manera directa sin que exista un proceso de selección pública; por lo que, es un servidor público irregular, y no goza de los derechos reconocidos a los servidores públicos de carrera conforme el art. 8 del Reglamento de Incorporación a la Carrera Administrativa, aprobado por Resolución Ministerial MT 2014 699/14 de 21 de octubre de 2014; e, i) El accionante no hizo conocer en su momento al Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz que su pareja se encontraba en estado de gestación, quien no presentó la documentación exigida conforme el DS 0012 de 19 de febrero de 2009, y el Reglamento Interno del Personal que en su art. 32 dispone los requisitos para la inamovilidad laboral a efectos de una protección adecuada al concebido y de acuerdo al principio de del interés superior del niño.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 280/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 93 a 97, concedió la tutela; disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz, dé estricto cumplimiento a la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se tiene el Informe de 20 de julio de 2022, emitido por el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dirigido al Jefe Departamental de La Paz a.i. del citado Ministerio, haciendo conocer que en dicha fecha se apersonó a las Oficinas del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del citado departamento con el fin de verificar el cumplimiento de la referida Instructiva de Reincorporación, mediante el cual hizo conocer que el indicado Gobierno Autónomo Municipal no dio cumplimiento a la señalada Instructiva de Reincorporación; 2) En consideración a lo señalado por el Alcalde ahora accionado que refiere haber cumplido con la determinación de la citada Instructiva de Reincorporación; sin embargo, el citado Alcalde no acreditó con prueba que avale su aseveración menos ante la instancia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; puesto que, el accionante fue removido de su cargo con el mismo salario, razón por la que el Alcalde hoy accionado vulneró los derechos que alega el accionante al desconocer su situación de padre progenitor y no dar cumplimiento a la señalada Instructiva de Reincorporación; y, 3) Respecto a la existencia de un contrato administrativo firmado entre partes de manera voluntaria, referido al cambio de cargo de Almacén y Activos Fijos a Responsable de Chagas; se evidencia que el Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del referido departamento suscribió un contrato administrativo de consultoría en línea con el accionante, cambio que afectó considerablemente su condición laboral debido a que con anterioridad el accionante contaba con ítem en el cargo de Encargado de Almacén y Activos Fijos, por el que gozaría de inamovilidad laboral al ser padre progenitor, ante lo cual se desconocieron los arts. 46 y 47 de la CPE, dando lugar a que se pronuncie la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18; debiendo por ello considerarse lo establecido en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, que refiere -en lo pertinente- el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, así como el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales. En vía de complementación y enmienda, el accionante mediante memorial de 10 de noviembre de 2022, cursante a fs. 99 y vta., el accionante, pidió que se añada a la Resolución 280/2022, el reconocimiento del pago de haberes devengados desde el momento de su retiro de su fuente de trabajo hasta su reincorporación, así como se paguen de manera retroactiva los subsidios de pre natalidad, natalidad de hijo nacido vivo, y el subsidio de lactancia en favor del menor en cumplimiento del art. 60 de la CPE; y la restitución de su Memorando de Designación 014/2021 en el cargo de Encargado de Almacén y Activos Fijos emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz con el mismo monto salarial antes de su desvinculación. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, emitió el Auto de 14 de noviembre de 2022, cursante a fs. 100, señaló que el accionante esté a lo dispuesto en la Resolución 280/2022 al haber sido clara, precisa y concreta, debiendo observarse a cabalidad lo establecido en su parte resolutiva (fs. 100).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre de 2025, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Nota presentada el 20 de enero de 2022, ante Mario Cáceres Calle, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz -hoy accionado-; por la cual, Gerardo Challco Sarmiento -ahora accionante- solicitó, su reincorporación, señalando que el 18 de enero -de 2022- a las 20:00 horas en una reunión junto al Alcalde hoy accionado, habría sido objeto de despido forzoso realizado de manera verbal, sin entregarle un memorando de agradecimiento de forma documentada, y sin que exista además una justificación para ese hecho, y que solamente se le habría indicado que otra persona ocuparía el cargo que ejercía y que debía ir al cargo de Responsable de Chagas a través de Contrato Administrativo de Consultor en Línea; asimismo, en la citada Nota se hizo conocer que su pareja se encontraba en estado de gestación de nueve meses, adjuntando los documentos pertinentes conforme el art. 3 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009; por lo que, al gozar de inamovilidad laboral, solicitó su reincorporación laboral conforme al art. 6 del referido Decreto Supremo (fs. 8 a 11). II.2. Por memorial presentado el 16 de febrero de 2022, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el accionante, puso en conocimiento las irregularidades y la vulneración de derechos laborales relacionados a la inamovilidad laboral al contar con una hija que -a esa fecha contaría con diecisiete días de nacida- solicitando por ello su restitución a su fuente laboral del cual hubiese sido alejado de manera irregular (fs. 27 y vta.).

II.3. Consta Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18 de 14 de junio de 2022, emitido por el Director General del Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que resolvió instruir a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz proceder a la reincorporación laboral del accionante, a su mismo cargo de Encargado de Almacén y Activos Fijos, sin afectar su nivel salarial, más el pago de asignaciones familiares y todos los derechos sociales inherentes, en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de su notificación (fs. 29 a 32). II.4. Consta Notificación de 14 de junio de 2022, realizada al accionante con la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18 de 14 de junio de 2022 (fs. 28). II.5. Mediante Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-242/2022 HR: 2022-35435 de 20 de julio, emitido por el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dirigido al Jefe Departamental de La Paz a.i. del referido Ministerio, concluyó que no se dio cumplimiento a la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18 de 14 de junio de 2022, emitida en la misma fecha, en favor del trabajador accionante (fs. 34 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la salud; puesto que, fue despedido por el Alcalde ahora accionado, sin que exista una causa justificada y de manera verbal, y menos tomar en cuenta que era padre progenitor; ya que, su pareja a momento de su destitución tenía nueve meses de gestación, y pese a que el Director General del Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18 de 14 de junio de 2022 en su favor, el Alcalde hoy accionado no dio cumplimiento a la misma. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; ii) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; iii) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional

La SCP 0321/2021-S1 de 2 de agosto, señala que: “En todos los casos en que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/20018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras.

Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2.

Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:

1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:

1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;

1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;

1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;

1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.

(…)

A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso (…) UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos: 1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones (…).

La Resolución de Doctrina Constitucional ratificó las líneas jurisprudenciales garantistas emitidas por este despacho por medio de sus Sentencias y Votos Disidentes, precitados anteriormente, lo que implica que la unificación de jurisprudencia vincula al mismo Tribunal Constitucional Plurinacional a materializar los derechos fundamentales de los trabajadores, aplicando los entendimientos más favorables y con el estándar más alto de protección, reconociendo que estos derechos tienen un carácter progresivo en su protección e implementación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, principios que no tienen un techo en su aplicación y que siempre se buscará la manera más efectiva de tutelar los derechos fundamentales” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral

La SCP 0321/2021-S1, establece que: “El 1 de mayo de 2006 se dictó el DS 28699, que en sus arts. 10 y 11, establece la posibilidad que cualquier persona que se encuentre sometida al régimen laboral y crea que fue injustamente despedida o alejada de su fuente laboral -salvo las causas de despido previstas por el art. 16 de la LGT, pueda acudir ante el ahora Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reclamando su derecho a la estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales; en contraposición al derogado art. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía libremente rescindir los contratos de trabajo.

Posteriormente, el 1 de mayo de 2010, se emitió el DS 0495, que en su Artículo Único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, señalando:

En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.

Además, incluyó los parágrafos IV y V, con los siguientes textos: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (únicamente) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”; se aclara que la palabra únicamente fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio. Por su parte, el parágrafo V indica: “V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; se entiende que esto ocurre en la fase de la conminatoria.

Por su parte, la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la aplicación del DS 0495, en su art. 3 refiere:

ARTÍCULO 3.- (Acciones Constitucionales).

Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.

Vale decir, que ante la inobservancia del plazo para que un empleador ejecute una resolución de reincorporación de un trabajador a su fuente laboral, éste último puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, en procura de la reparación de los derechos que considere afectados. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional.

Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento (...):

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral.

Por lo referido, las conminatorias de reincorporación emitidas por las jefaturas departamentales o regionales de trabajo, deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; no obstante, mientras se suscite dicho aspecto, la conminatoria pronunciada debe ser ejecutada con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los trabajadores, otorgándoles seguridad jurídica y estabilidad laboral, siendo posible en caso de inobservancia, la formulación de una acción de amparo constitucional, para la restitución de los derechos lesionados.

Por otra parte, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender, que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales.

En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012, aprobó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados.

No obstante lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, bajo el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras.

Al respecto, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la SCP 0016/2018-S2 y la SCP 0028/2018-S2, ambas de 28 de febrero, confirmaron las Resoluciones emitidas por los Tribunales de garantías que concedieron la tutela y dispusieron la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, ambas de 15 de marzo, hizo extensiva la tutela al pago de sueldos devengados y beneficios sociales, que la ley establece desde el día de su desvinculación ilegal.

Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse que una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), es su progresividad, que implica, por una parte; que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprende de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la referida CPE. Por otra parte, el principio de progresividad, supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas, lo que significa que, en materia de Derechos Humanos, no corresponde la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos.

El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013, 1617/2013, entre muchas otras. Así en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que el principio de progresividad establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de Derechos Humanos, en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-.

Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituye una afectación al principio de progresividad.

En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología, que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.

Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012, 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho al trabajo, estabilidad laboral y el derecho a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios de, entre otros, protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.

Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo indicó la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela.

Por otra parte, las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; norma constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos.

Así, para la Corte IDH, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue vulnerado, es decir, el restablecimiento del derecho a la situación anterior a su violación; pero también implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición, que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos.

Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo:

i) Procede la acción tutelar de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa;

ii) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, (...) Entendimiento de las SCP 0016/2018-S2, 0028/2018-S2 ambas de 28 de febrero, y la SCP 0814/2018-S2 de 11 de diciembre” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.3. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados

La SCP 0644/2022-S1 de 18 de julio, señala que: “La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable, señalando que:

se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE.

Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril efectúa pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, determinando que la condición de servidora o servidor público provisorio no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE, por cuanto si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores.

Asimismo, en cuanto se refiere a los servidores con cargos electivos la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre entiende que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria de madre o padre progenitores, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo que no admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales desarrolladas para el efecto” (las negrilla y el subrayado nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la salud; puesto que, fue despedido por el Alcalde ahora accionado, sin que exista una causa justificada y de manera verbal, y menos tomar en cuenta que era padre progenitor; ya que, su pareja a momento de su destitución tenía nueve meses de gestación, y pese a que el Director General del Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18 en su favor, el Alcalde hoy accionado no dio cumplimiento a la misma.

Con carácter previo a ingresar a analizar el presente caso venido en revisión ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, se debe aclarar que en la presente problemática jurídica no corresponde la aplicación de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales debido a que conforme ya lo señaló la SCP 0758/2024-S1 de 31 de diciembre, al ingresar en vigencia dicha Ley el 3 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las conminatorias emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo con anterioridad a dicha fecha; en ese sentido, en las acciones de amparo constitucional en las que se denuncie el incumplimiento de conminatorias o instructivas de reincorporación que tengan como fecha antes del 3 de noviembre de 2022 -vigencia de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022- y que cumplan el plazo de la inmediatez, deben ser resueltas con base a lo establecido por el DS 28699 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021; situación que sucede en el presente caso; puesto que, la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18 emitida por el Director General del Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene fecha de 14 de junio de 2022; es decir, con anterioridad a la vigencia de la citada Ley, debiendo aplicarse en consecuencia el procedimiento anterior y bajo el marco de lo previsto por la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021.

Realizada la aclaración anterior, de los antecedentes descritos en la presente causa se tiene que por Nota presentada el 20 de enero de 2022, el accionante solicitó al Alcalde ahora accionado su reincorporación, alegando que el 18 de enero -de 2022- a las 20:00 horas en una reunión sostenida con esa autoridad, sin que exista una justificación fue despedido de manera verbal, por cuanto esa decisión no constaría en ningún memorando o una determinación realizada por escrito, recibiendo la instrucción de que debía incorporarse al cargo de Responsable de Chagas a través de Contrato Administrativo de Consultor en Línea; Nota a través de la cual hizo constar también -adjuntando la documentación pertinente- que su pareja se encontraba en estado de gestación de nueve meses (Conclusión II.1.). Igualmente se tiene que el 16 de febrero de 2022, el accionante acudió ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando las irregularidades cometidas por el Alcalde hoy accionado y la vulneración de sus derechos laborales relacionados a la inamovilidad laboral al contar con una hija que -a esa fecha contaría con diecisiete días de nacida- solicitando por ello su restitución a su fuente laboral del cual hubiese sido alejado de manera discrecional Conclusión II.2.; ante dicha denuncia, el Director General del Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18, que instruía a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz proceder a la reincorporación laboral del accionante al mismo cargo de Encargado de Almacén y Activos Fijos, sin que se afecte su nivel salarial, más el pago de asignaciones familiares y todos los derechos sociales inherentes, en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de su notificación (Conclusión II.3.).

Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18 que pese a haber sido notificada el 14 de junio de 2022 Conclusión II.4., a la MAE del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz, ésta no acató esa determinación, conforme se tiene del Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-242/2022 HR:2022-35435 de 20 de julio, emitido por el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien concluyó que no se dio cumplimiento a la citada Instructiva de Reincorporación, emitida el 14 de junio de 2022, en favor del accionante (Conclusión II.5.). Ahora bien, de acuerdo a la sistematización realizada en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, descrita en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, una vez verificado el incumplimiento de una conminatoria o instructiva de reincorporación laboral, él o la afectada podrán interponer de manera directa la acción de amparo constitucional con el fin de que a través de la tutela que brinda la presente acción tutelar, el Alcalde ahora accionado cumpla de manera exacta y precisa lo dispuesto en esa determinación administrativa, no pudiendo la jurisdicción constitucional ingresar a realizar ningún análisis sobre el contenido de esa determinación, sólo disponer que la misma sea cumplida.

Por otro lado, no obstante la obligatoriedad que tiene el Alcalde hoy accionado de dar cumplimiento a la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18, la tutela que brinda la acción de amparo constitucional resulta provisional, toda vez que, la conminatoria o instructivo de reincorporación laboral no es una resolución definitiva sino temporal cuando se trate de la reincorporación laboral; puesto que, serán las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral las que de manera idónea determinaran en el fondo y con carácter definitivo, la situación laboral tanto para el trabajador como para el empleador.

En ese sentido, el accionante denuncia que el Alcalde ahora accionado, no dio cumplimiento a la Instructiva de Reincorporación MTEPS/VESCyCOOP/DGSC 18, emitida por el Director General del Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por la cual se instruyó a la MAE del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay del departamento de La Paz, proceda a su reincorporación laboral a su mismo cargo de “ENCARGADO DE ALMACÉN Y ACTIVOS FIJOS”, y sin afectar su nivel salarial, más el pago de asignaciones familiares y todos los derechos sociales inherentes en el plazo máximo de cinco días; determinación que no fue cumplida ni acatada por el Alcalde ahora accionado; puesto que si bien, en audiencia de la presente acción de amparo constitucional y del informe presentado a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, ello hubiese sido cumplido ni bien fueron notificados con dicha Instructiva de Reincorporación el 14 de junio de 2022, no existe documentación alguna que acredite que así hubiese sido, evidenciándose de esa manera la renuencia del cumplimiento a la indicada Instructiva de Reincorporación; incumplimiento demostrado que permite a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, conceder la tutela de manera provisional solicitada por el accionante, debiendo el indicado Alcalde hoy accionado cumplir con la referida Instructiva de Reincorporación señalada en su integridad, sin omitir ninguna de sus determinaciones, hasta que no exista una decisión judicial que establezca lo contrario o la deje sin efecto; debiendo precisar de igual manera que de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los derechos a la inamovilidad de los padres progenitores no solo se limitan a la protección de los derechos del sujeto de la relación laboral, sino y sobre todo se encuentran encaminados a asegurar y garantizar los derechos de los niños menores de un año edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad; por todo lo señalado, corresponde conceder la tutela solicitada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 280/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 93 a 97, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0333_2026-S1.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1e81f2c230c067625991aa3511e88b84cad07a9e9e9a0c1cc3b3ccd5a1456fab

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