B.IA.LEGAL

SCP 0333/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51928-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión del principio de celeridad vinculado al derecho que tienen las personas a tener una justicia pronta y oportuna; por cuanto, en la tramitación del proceso penal que inició contra Jaime Alfonso del Llano Argote, por el delito de abuso sexual, el Juez cautelar resolvió modificar a favor del imputado las medidas cautelares, concediéndole salidas laborales, determinación que impugnada en apelación y resuelta, no fue devuelta al Juzgado de origen en oportunidad legal; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada, devuelva en el día el cuaderno de apelación al Juzgado de origen. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 43/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 16 a 19 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de dominio Primero de la Capital, del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad innovativa, exhortando a los demandados a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0333/2025-S3 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51928-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 43/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 16 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Enrique Altamirano Hurtado en representación sin mandato de Claudia Cecilia López Rada contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, José Andrés Escobar, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Luis Enrique Altamirano Hurtado en representación sin mandato de Claudia Cecilia López Rada, manifestó que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por el delito de abuso sexual, radicado en el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, se llevó a cabo la audiencia pública de consideración de modificación de medidas cautelares, en el que el Juez Cautelar emitió la Resolución 598/2022 de 3 de octubre, determinación en la que se modificó las medidas cautelares impuestas al denunciado Jaime Alfonso del Llano Argote, concediéndole salidas laborales de lunes a sábado, de horas 7:00 a 19:00, debiendo el imputado retornar a cumplir su detención domiciliaria una vez concluida la jornada laboral.

Frente a esa injusta determinación, que emitió el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del referido departamento, interpuso recurso de apelación que fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recurso que fue resuelto el 27 de octubre de 2022, debiendo haberse devuelto los actuados al Juzgado de origen, pero no se hizo así, pues la autoridad demandada no ordenó dicha remisión, incurriendo en incumplimiento de los plazos procesales. Al no haberse ordenado la remisión del recurso de apelación al Juzgado de origen, pese haber transcurrido más de quince días de realizada la audiencia, se ha incurrido en la falta de cumplimiento de los plazos procesales, conforme establece el art. 130 del Código Procedimiento Constitucional (CPP), según el cual los plazos fijados en horas, se computan de forma corrida y sin interrupción; ese incumplimiento de deberes y retardación de justicia, ha afectado la celeridad del proceso, por dilación indebida, impidiendo que pueda hacerse efectiva su impugnación y olvidando que según la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, tienen el deber de tramitar su petición con la mayor celeridad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión del principio de celeridad, vinculado al derecho que tienen las personas de tener una justicia pronta y oportuna, también relacionado con el derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 115.II, 125, 127, 178, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que la autoridad accionada cumpla en el día con la remisión y devolución del Auto que emitió y de todos los actuados al Juzgado de origen -Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Capital del departamento de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 11 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 10 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Instalada la audiencia virtual, se hizo constar la ausencia de la accionante Claudia Cecilia López Rada, así como de su representante sin mandato Luis Enrique Altamirano Hurtado.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Henry Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 11 de noviembre de 2022, cursante a fs. 14 a 15, solicitó se deniegue la tutela impetrada, conforme a las siguientes razones: a) Mediante Auto de Vista “793/2021 de 27 de octubre de 2022”, la Sala Penal Tercera del referido Tribunal, declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental planteado por la víctima y querellante, determinando la improcedencia de las cuestiones propuestas, en su mérito confirmó la Resolución 589/2022 de 3 de octubre, dictada por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital; b) El Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercero del referido departamento, debió haber remitido el cuaderno procesal al Juzgado de origen, no habiendo razón para que se dirija la acción de libertad en su contra, existiendo una falta de legitimación pasiva; c) De acuerdo al informe que ha presentado el Secretario de Cámara, la causa en apelación ha sido remitida al Juzgado de origen, conforme consta en el oficio de remisión, que se ha realizado antes de que se presente la acción de libertad; d) No se devolvió los antecedentes al Tribunal de origen por la carga procesal que tienen; en esas circunstancias era obligación del accionante reclamar esta situación ante su autoridad, para que ordene su devolución por el personal de apoyo jurisdiccional; y, e) Al no haberse realizado un reclamo oportuno, no se agotó el principio de subsidiariedad. José Andrés Escobar Lecoña, Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito, presentado el 11 de noviembre de 2022, cursante a fs. 12 a 13, solicitó se deniegue la tutela, en base a los siguientes fundamentos: 1) Una vez emitida la Resolución en apelación, le corresponde realizar la transcripción del acta y Resolución para su remisión al Juzgado de origen, habiendo cumplido con la transcripción de esos actuados; 2) El 10 de noviembre de 2022, el cuaderno de apelación ha sido remitido al Juzgado de origen, no encontrándose en esa Sala Tercera el cuaderno de apelación; 3) Es importante que la parte accionante actué en forma activa en la tramitación del proceso, pues de no remitirse los antecedentes, tenía la obligación de presentar un memorial realizando un reclamo, pues es de conocimiento del foro paceño la carga procesal que tienen, si así lo hubiera hecho ya se habría remitido al Juzgado de origen; y, 4) Conforme a la línea jurisprudencial de la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, se ha desarrollado la doctrina de la sustracción de materia, lo que se habría dado en el presente caso, cuando la causa en apelación fue remitida al Juzgado de origen.

I.2.3 Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de dominio Primero de la Capital, del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías constitucionales, por Resolución 43/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 16 a 19 vta., denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La accionante Claudia Cecilia López Rada no se encuentra detenida ni privada de libertad, ya que en el proceso que ha dado lugar a la presente acción tutelar ella sería la víctima, siendo el imputado Jaime Alfonso De Llano Argote el beneficiado con las medidas sustitutivas a la detención preventiva; ii) La SCP 0243/2016-S2 de 21 de marzo, señala con relación a la procedencia en la acción de libertad en relación al debido proceso, que se debe afectar el bien jurídico a la libertad, pues lo contrario se podrá evaluar a través de la acción de amparo constitucional y la accionante no está privada de libertad; y, iii) La parte accionante, de sentirse agraviada con la tardía remisión de antecedentes al Juzgado de origen, debió haber presentado algún tipo de memorial a la Sala Penal Tercera, haciendo ese reclamo, empero al no haberlo efectuado opera el principio de subsidiariedad excepcional en las acciones de libertad, a fin de que el juez o tribunal correspondiente guarde tutela a su vida o cese la persecución o procesamiento indebido, debiendo haberse agotado los mecanismos de defensa expeditos que tenía.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En la tramitación del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia de Claudia Cecilia López Rada contra Jaime Alfonso del Llano Argote, por la supuesta comisión del delito de violencia sexual, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital, emitió la Resolución 589/2022 de 3 de octubre, a través de la que resolvió modificar las medidas cautelares a favor del denunciado e imputado, concediendo las salidas laborales de lunes a sábado de horas 7:00 a 19:00 (fs. 12-13; 14-15). II.2. Contra la señalada determinación, la parte denunciante y víctima interpuso recurso de apelación incidental de la medida cautelar, que llegó a conocimiento de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que señaló audiencia para su consideración el 27 de octubre de 2022 a horas 14:20 (fs. 2). II.3. La apelación fue resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que emitió el Auto de Vista 793/2022 de 27 de octubre, a través del cual declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental planteado por la víctima querellante, determinando la improcedencia de las cuestiones propuestas, confirmándose la Resolución 589/2022 de 3 de octubre (fs. 14). II.4. Según ha informado el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 10 de noviembre de 2022, el cuaderno de apelación fue remitido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital,

-Juzgado de origen-, devolución que fue realizada antes de la notificación con la presente acción tutelar (fs. 12 vta.). II.5. La acción de libertad se ha interpuesto, a horas 12:06 del 10 de noviembre de 2022 (fs. 1).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión del principio de celeridad vinculado al derecho que tienen las personas a tener una justicia pronta y oportuna; por cuanto, en la tramitación del proceso penal que inició contra Jaime Alfonso del Llano Argote, por el delito de abuso sexual, el Juez cautelar resolvió modificar a favor del imputado las medidas cautelares, concediéndole salidas laborales, determinación que impugnada en apelación y resuelta, no fue devuelta al Juzgado de origen en oportunidad legal; por lo que, solicita se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada, devuelva en el día el cuaderno de apelación al Juzgado de origen. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, en Fundamento Jurídico III.1. de la señalada sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, en Fundamento Jurídico III.1. de la señalada Sentencia, se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-, reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, en Fundamento Jurídico III.5 de dicha Sentencia, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Ahora bien, resulta menester enfatizar que la dilación indebida en los casos de delitos de violencia sexual adquiere una connotación particular, debido a que no solo incide en los derechos del imputado o acusado, sino también en los derechos de la víctima, relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia, que exige de los Estados el deber de organizar el sistema de justicia, de tal forma que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden delitos de violencia o violación sexual, máxime si se trata de casos en los que se tiene como víctima a una niña, niño o adolescente; procesos en los que se debe dar atención prioritaria y absoluta en su tramitación, conforme exigen los estándares nacionales e internacionales de protección relacionados con la debida diligencia.

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial en cuanto a la legitimación pasiva, realizando una especial referencia a la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad traslativa, conforme lo siguiente: «Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001 (cuarto considerando) la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (…).

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre (Fundamento Jurídico III.2.), ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derecho fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde (…) inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado...»[las negrillas son añadidas]

III.4. Análisis del caso concreto

En la tramitación del proceso penal que ha motivado la presente acción constitucional, el Juez de instancia modificó las medidas cautelares impuestas al denunciado, lo que dio lugar a la parte denunciante planteara recurso de apelación, que fue resuelto por la autoridad accionada; sin embargo, el expediente no fue devuelto al Juzgado de origen, habiendo transcurrido quince días de realizada la audiencia de apelación, por lo que se ha interpuesto la presente acción de libertad. a) Con referencia a los argumentos de carácter procesal constitucional expresados por el Juez de garantías y la parte accionante, que impedirían un análisis de fondo

El Juez de garantías, entendió que la parte accionante no se encuentra detenida ni privada de libertad, ya que fue el imputado y no la víctima quien se benefició con las medidas sustitutivas a la detención preventiva, siendo la acción de amparo constitucional la vía tutelar para denunciar la lesión a la garantía al debido proceso, en casos como el presente, en el que la parte accionante no se encuentra afectada en su libertad. Al respecto cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad abre su ámbito de protección con relación al debido proceso, tanto por su vinculación con el derecho a la libertad personal, como también cuando se amenaza o lesiona el derecho a la vida. Asimismo, tratándose de casos en los que se ha denunciado violencia contra la mujer y contra quienes integran grupos vulnerables, la lesión también se puede dar no solo cuando incide en los derechos del imputado o del acusado, sino también cuando afecta los derechos de la víctima, relacionados al derecho de acceso a la justicia y al deber que tienen las autoridades del poder público de actuar con la debida diligencia, conforme se ha desarrollado en Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En efecto, la dilación en los procesos al resolver una solicitud en los delitos de violencia sexual adquiere particular connotación no solo con la parte imputada, sino también incide con relación a los derechos de la víctima, relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia. En el caso de autos, en el proceso penal que ha dado mérito a la presente acción constitucional, es cierto que como ha manifestado el Juez de garantías, no se encuentra en peligro el derecho a la libertad de la parte accionante; sin embargo, no es menos evidente que en la tramitación de un proceso penal por la supuesta comisión del delito de violencia sexual, la dilación también tiene incidencia con sus derechos de acceso a la justicia y debida diligencia con la que deben resolverse las causas penales; por lo que correspondía que el Juez de garantías ingrese al análisis de fondo de lo denunciado, lo que no sucedió. Además, correspondió el análisis de fondo, conforme un enfoque integral, que debe visibilizar en una acción de libertad, no solo los derechos del imputado (a la libertad), sino también los derechos de la víctima relacionados con su derecho de acceso a la justicia y al deber de actuar con debida diligencia, lo que no sucedió así por el Juez de garantías Constitucionales, por lo que en revisión corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar el análisis de fondo pertinente.

Por otra parte, el Juez de garantías constitucionales, consideró que operó el principio de subsidiariedad, en cuanto la parte accionante debió presentar algún memorial al Tribunal de apelación, reclamando la remisión de antecedentes al Juzgado de origen, no habiéndose agotado los mecanismos expeditos que tenía; entendimiento que expresaron en su informe ambas autoridades demandadas (Vocal y Secretario de Sala Penal). Al respecto, el ordenamiento procesal no establece un medio de defensa específico, para que la parte que se sienta agraviada con una mora procesal utilice un medio especial de defensa y que sea idóneo al respecto; por otra parte, si bien cualquier sujeto procesal puede presentar una solicitud de cualquier naturaleza (denunciando una tardía remisión de antecedentes u otra), inclusive amparado en su derecho de petición consagrado en el art. 24 de la CPE, no es menos evidente que a quién corresponde una actividad proactiva, en el marco de una debida diligencia, es a la autoridad del poder público y no al justiciable, que acude en demanda de protección de sus derechos; por lo que no es viable aplicar el principio de subsidiariedad en el caso de autos, habiendo correspondido al Juez de garantías constitucionales, realizar el análisis de fondo que sea pertinente al caso concreto, lo que así no sucedió. Finalmente, otra razón de forma expresada por la parte accionante, es que, en el caso concreto, no correspondería un análisis de fondo, por evidenciarse en la forma que habrían cesado los efectos del acto denunciado de ilegal, en cuanto el cuaderno de apelación habría sido remitido al juzgado de origen (cuya ausencia se denunció en la acción tutelar) antes de que sea notificado con la acción de libertad, haciendo mención a la doctrina de sustracción de materia. La acción de libertad de tipo innovativa, se constituye en el mecanismo tutelar idóneo que opera, aun cuando haya cesado la vulneración del derecho protegido, porque la ilegalidad ya fue consumada y no se pierde porque haya cesado los efectos del acto reclamado, en cuanto la vocación principal de la acción tutelar es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones que se consideren como ilegales y lesivas a los derechos de la parte accionante, conforme se ha desarrollado en Fundamento Jurídico III.1. de esta determinación constitucional. Según se ha informado por las autoridades accionadas, cuyas posiciones gozan del principio de veracidad, ante una ausencia de prueba de la parte accionante, se tiene que presumiblemente en horas de la mañana del 10 de noviembre de 2022, el cuaderno de apelación habría sido remitido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto, que sería el Juzgado de origen, habiéndose planteado la acción tutelar, denunciándose la retardación y demora en dicha remisión, el mismo 10 de noviembre de 2022 a horas 12:06. En consecuencia, en la acción tutelar se ha denunciado que al no haberse remitido los antecedentes de apelación oportunamente, pese haber transcurrido más de quince días de realizada la audiencia de apelación, se ha incurrido en una falta de cumplimiento de plazos procesales, dilación indebida en la remisión, no habiéndose cumplido con la debida celeridad. Respecto a esa denuncia, las autoridades accionadas han reconocido en forma expresa esa mora; sin embargo, han justificado esa dilación, con dos argumentos, por un lado, se tiene que por la recargada carga procesal que tienen, era responsabilidad de la víctima como parte interesada de pedir se remitan antecedentes ante el Tribunal de apelación, subsidiariedad que sin embargo no se aplica al caso de autos, conforme se ha expresado en párrafos anteriores. Por otro lado, los accionados han entendido que no se abre el análisis de fondo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse remitido los antecedentes del trámite de apelación, al Juzgado de origen. Con relación a este último argumento (en sentido de que habrían cesado los efectos del acto reclamado), que de ser evidente impediría un análisis de fondo, corresponde manifestar que en la lógica del razonamiento constitucional señalado (Fundamento Jurídico III.1. de la presente decisión constitucional), la tutela planteada se ajusta a una acción de libertad innovativa, porque de haberse producido la lesión denunciada (cuyo análisis de fondo se pasa a realizar en el siguiente punto de la presente determinación constitucional), no desaparece la ilegalidad porque se hayan remitido antecedentes procesales unas horas antes a la interposición de la acción constitucional, por lo que mal se puede aplicar la teoría del hecho superado o la teoría de la sustracción de materia, que no corresponde a una acción de libertad, menos cuando se encuentra en tela de juicio derechos de una mujer que resulta ser una víctima de violencia sexual, que por ser tal goza de especial protección, siendo necesario realizar un análisis de fondo, para determinar si realmente se ha producido o no la lesión denunciada.

b) Con referencia a la mora procesal denunciada, como ausencia de celeridad y debida diligencia La parte accionante, ha planteado la acción tutelar, porque consideró lesionado el derecho que tiene a tener una justicia pronta y oportuna, conforme al principio de celeridad, en cuanto las autoridades accionadas, que son el Vocal y Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la tramitación del recurso de apelación (de la decisión que modificó las medidas cautelares), cuando se confirmó la determinación apelada correspondió que el expediente se devuelva en oportunidad al Juzgado de origen, lo que así no sucedió por ausencia de una debida diligencia en la actuación de dichas autoridades accionadas. Cuando en una acción de libertad se denuncia mora en la actuación de las autoridades del poder público, el tipo de acción de libertad que se plantea es la denominada de pronto despacho, a través de la que se busca acelerar los trámites judiciales, cuando existe una dilación indebida, a tiempo de resolver una situación jurídica, sea de la persona que se encuentra privada de libertad, que puede ser la parte denunciada, imputada o acusada; sin embargo, esa dilación también impacta en los derechos de la víctima de violencia respecto a la cual, la mora en la actuación judicial, afecta su derecho de acceso a la justicia y al deber de la actuación con la debida diligencia, máxime si se trata de víctimas de violencia sexual; todo en el marco del razonamiento expresado en Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional. De obrados se constata que por Resolución 589/2022 de 3 de octubre, se modificó las medidas cautelares del imputado, concediéndole salidas laborales (Conclusión II.1.); lo que motivó que la víctima planteara recurso de apelación resuelto por Auto de Vista 793/2022 de 27 de octubre que confirmó la determinación apelada (Conclusiones II.1. y II.3); el cuaderno de apelaciones fue devuelto al Juzgado de origen el 10 de noviembre de 2022, fecha en la que se ha planteado la presente acción de libertad (Conclusiones II.4. y II.5.). Resuelto que fue el recurso de apelación, en la audiencia señalada para el efecto, en el plazo de veinticuatro horas correspondió devolverse los antecedentes al Juzgado de origen, en el marco de lo regulado por el segundo párrafo del art. 130 del CPP, que establece que los plazos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente, después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación; lo que en el caso de autos no se dio, como se constata de lo informado por ambas autoridades accionadas, sino que la devolución se realizó semanas después, pocas horas antes de interpuesta la acción de libertad. La devolución extemporánea del expediente, así sea por unas semanas, implicó el incumplimiento al deber que tienen las autoridades del Estado boliviano de actuar con la debida diligencia, más aún en aquellos casos como el presente que implica un caso vinculados a hechos de violencia en razón de género, conforme manda la Ley 348 o Ley Integral Para Garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencia, cuyo art. 86.2 consagra el principio procesal de celeridad, que implica que todas las y los operadores de administración de justicia, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos en la normativa interna, sin dilación bajo apercibimiento.

En ese mérito, bajo su responsabilidad, correspondió al Vocal accionado, controlar el trabajo del personal de apoyo jurisdiccional sometido a su control, como es el Secretario de Sala accionado, quién no solo debió cumplir con su deber de elaborar un acta de la audiencia o de transcribir el contenido del fallo emitido en apelación, sino que también tuvo que haber actuado con la debida celeridad y no esperar que sea la víctima quién se apersone a la Sala y pida con un memorial la remisión de antecedentes concluida que ha sido la apelación; en consecuencia, el personal judicial subalterno, en el caso concreto, tiene legitimación pasiva, porque el mismo omitió el cumplimiento de su deber, lesionado los derechos de parte accionante, todo conforme a lo razonado en Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional. Por lo expresado, tanto el Vocal accionado, como director del proceso, como el Secretario de Sala accionado, al no haber actuado con la debida diligencia conforme estaban obligados, han ignorado el deber que tenían de respetar el principio de celeridad, por lo que amerita conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 43/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 16 a 19 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de dominio Primero de la Capital, del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad innovativa, exhortando a los demandados a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o

dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0333_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 23bd57393e3f35e75912235fb7230ac49d2fb6da25b5391a2aa920c869d22ad3

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