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SCP 0333/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51555-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, la Vocal ahora demandada hasta la interposición de la acción de libertad -más de diez días- no emitió auto de vista que resuelva en el fondo el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, con carácter previo, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La improcedencia de activar una acción de libertad u otra acción de defensa, para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de defensa; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La improcedencia de activar una acción de libertad u otra acción de defensa, para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de defensa
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0333/2025-S1 Sucre, 25 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51555-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Seláez en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez, contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de octubre de 2022, cursante de fs. 8 a 9 y vta., el accionante a tráves de sus representantes sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, al haberse dispuesto la detención preventiva por seis meses, se encuentra con medidas cautelares desde el 24 de enero de 2022. Posteriormente, solicitó cesación a la detención preventiva que fue rechazada por el Juez a quo, ante tal determinación formuló recurso de apelación que recayó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, la misma no se pronunció en el fondo; por lo que, interpuso acción de libertad que fue resuelto por el Juzgado de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del citado departamento, concediendo la tutela y disponiendo se emita un nuevo auto de vista definiendo su situación jurídica, fallo con el que se notificó a la Vocal ahora demandada, el 14 de octubre de 2022. Pese a la notificación efectuada hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no existe pronunciamiento del nuevo auto de vista que resuelva el fondo; empero, solo puede ser considerada como parte de la tutela su pronta emisión y no así en el tiempo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se emita y notifique con el nuevo auto de vista en el día.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 25, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela a tráves de sus representantes sin mandato, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliando sus argumentos en audiencia, señaló lo siguiente: a) Se interpuso una primera acción de libertad ante el Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, dentro de la cual se concedió la tutela, ordenando a la Vocal ahora demandada, emitir una resolución debidamente fundamendata y motivada; en ese entendido, la autoridad jurisdiccional emitió un nuevo Auto de Vista el 18 de agosto de 2022, esta nueva decisión adolece de vicios porque no ingresó a razonar el fondo, al advertir que el demandante de tutela ya se encontraba más de seis meses detenido preventivamente sin que se solicite la ampliación de la detención preventiva en la vía incidental, señalando que se debía tomar en cuenta lo establecido por la SCP 0491/2021-S4 de 2 de septiembre; si bien la Vocal ahora demandada le dio la razón y refirió que se debe aplicar la “291” porque el Fiscal de Materia no presentó la ampliación de la detención, pero en la última parte dispuso que se debe enviar al Juez a quo para que reinstale el acto para el control de su situación jurídica, dando la oportunidad al Ministerio Público de que presente su ampliación a la detención preventiva que en una primera instancia no lo había hecho; b) Ante la emisión del nuevo Auto de Vista, se interpuso otra acción de libertad en la cual se emitió la Resolución 016/2022 de 11 de octubre, en la que el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del referido departamento, señala que a la Vocal le correspondía resolver y no que la autoridad inferior reinstale un acto que no se había realizado ni se apeló, Resolución que se notificó el viernes 14 de octubre de 2022, a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, razón por la cual el “lunes” ya tendría que existir un pronunciamiento expreso, pero desde entonces aún no se emitió el mismo, por tal motivo presentó memorial de queja al Juez de garantías, quien indicó que previamente la autoridad demandada informe si ha cumplido o no, lo que resulta una dilación; por lo que, entiende que no puede solicitar al juzgado de garantías, porque era una acción de libertad reparadora; toda vez que, el mismo cumple con la resolución constitucional de que se pronuncie un nuevo Auto de Vista; sin embargo, el cumplimiento no tiene una temporalidad; por esa razón, se considera que se encuentra directamente vinculada a una nueva lesión; y, c) Se apersonó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y le señalaron que se debe notificar para la remisión del expediente; efectuada dicha diligencia se remitió el legajo legalizado el 20 de octubre de 2022, para que se emita nuevo pronunciamiento; es así que el 21 de mismo mes y año, no se emite ningún Auto de Vista; ante lo cual, el 24 de igual mes y año, interpuso la acción de libertad, pese a que insistentemente se preguntó sobre el resultado; porque dependiendo de este Auto de Vista recién considerará elevar su queja ante el Juez de garantías, si se ha cumplido con el objeto de la Resolución constitucional o no; empero, han transcurrido más de diez días sin que exista un pronunciamiento de la autoridad demandada, sin que esto ser obligación del juzgado de garantias exigir su cumplimiento, porque el mismo únicamente va al fondo y no así el tiempo en que se debe realizar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chavéz, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito cursante a fs. 22 y vta. señalando lo siguiente: 1) Efectivamente fue notificada con la Resolución 016/2022 el 14 de octubre, el cual en su parte resolutiva dispone la nulidad del Auto de Vista 612/2022 de 25 de octubre y que los antecedentes del proceso ya habrían sido devueltos al Juzgado a quo el 5 de septiembre del 2022; por lo que, la Sala no cuenta con los antecedentes para realizar la correspondiente valoración al momento de dar cumplimiento con lo dispuesto; y, 2) El 17 de octubre de ese año, emitió un decreto por el cual solicitó se remitan antecedentes ante el Tribunal de alzada, que fue notificado por la Oficial de Diligencias el 19 de octubre del mismo año, al Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, quién remitió el proceso el 20 del referido mes y año; sin embargo, de la revisión de obrados se tiene que el Juzgado de origen no dio cumplimiento con lo dispuesto por Auto de Vista 612/2022 y siendo que se habría otorgado veinticuatro horas para su cumplimiento, desde el 5 de septiembre del año referido hasta la fecha se entiende de 25 de octubre de 2022, no existe pronunciamiento; es por ello, que se ha devuelto el proceso el 24 de octubre al Juzgado a quo, a objeto de que informen al respecto.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 29/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 26 a 28, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Del análisis de los argumentos y elementos de prueba que se tiene, si bien el ahora peticionante de tutela se encuentra detenido preventivamente, dicha medida es dispuesta por orden de una autoridad judicial con jurisdicción y competencia, basado en la CPE y el Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, no existe detención ilegal o indebida; y, ii) Respecto a que la Vocal no hubiera cumplido lo dispuesto por la autoridad constitucional y con ese acto estuviera ocasionando la restricción de la libertad del ahora impetrante de tutela, es importante referirse a la modulación al entendimiento jurisprudencial relacionado con el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares, así en diversos pronunciamientos sentó entendimientos jurisprudenciales tendientes a que las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares alcancen su eficacia a partir de su cumplimiento, entre ellas, la SC 0526/2007-R de 28 de junio, la SCP 0243/2012 de 29 de mayo y la SCP 0125/2014-S3 de 5 de noviembre, entre otras, en ese sentido se evidencia que si bien el demandante de tutela se encuentra con privación de libertad, que a criterio del mismo es indebida, por cuanto el nuevo Auto de Vista que debe pronunciar la autoridad ahora demandada debe disponer la libertad en aplicación del art. “139.2” del CPP; toda vez que, el plazo otorgado al Ministerio Público habría sido superado y no se presentó solicitud de ampliación de plazo, extremo que ya se habría dispuesto en otra acción tutelar; sin embargo, en esta nueva acción de libertad interpuesta contra la autoridad ahora demandada lo que se busca es el cumplimiento de la primera Resolución 016/2022, emitida por el Juzgado de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, no siendo ésta la vía constitucional idónea, lo que limita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denunciar el hecho a la autoridad constitucional que resolvió dicha acción tutelar o en su defecto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional pero dentro del cumplimiento de la primera acción de libertad en el marco de lo establecido por los arts. 16 y 40 de Código Procesal Constitucional (CPCo).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa providencia de 18 de octubre de 2022, emitida por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la capital del departamento de La Paz, que refiere “Lo expuesto en el memorial que antecede y a los fines de tener conocimiento sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Auto Constitucional (Sentencia N° 16/2022) notifiíquese a la autoridad demandada o accionada Dra. Rosmery Pabón Chavéz - Vocal de la Sala Penal Segunda.

AL MAS OTROSI.- Se tiene presente los medios de comunciación y notificación digital, así como el domicilio procesal” (sic [fs. 7]). II.2. Consta Nota de remisión de legajo en apelación de 19 de octubre de 2022, a la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra Maximiliano Dávila Pérez, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, recepcionado el 20 del mismo mes y año, en el Tribunal de alzada (fs. 5 a 6). II.3. De la revisión del sistema informático del Tribunal Constitucional Plurinacional se advierte la causa 49844-2022-100-AL interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la que se emitió la SCP 0002/2025-S3 de 18 de febrero, que dispuso: “CONFIRMAR la Resolución 038/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 58 a 61, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías”, que dejó sin efecto el Auto de Vista de 12 de agosto de 2022, disponiendo emitirse nuevo Auto de Vista por la Vocal demandada, ingresando a conocer el fondo de los agravios denunciados en el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, en cumplimiento al art. 398 del CPP, debiendo considerarse o no los fundamentos esgrimidos en la SCP 0491/2021-S4. Asimismo, se advierte la causa 51171-2022-103-AL recepcionado el 11 de noviembre de 2022, interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra Rosmery Lourdes Pabón Chavéz, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la que todavía no se emitió en revisión una Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, la Vocal ahora demandada hasta la interposición de la acción de libertad -más de diez días- no emitió auto de vista que resuelva en el fondo el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, con carácter previo, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La improcedencia de activar una acción de libertad u otra acción de defensa, para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de defensa; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La improcedencia de activar una acción de libertad u otra acción de defensa, para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de defensa

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0529/2018-S2 de 14 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento:

La improcedencia de activar otra acción de libertad cuando existe Sentencia Constitucional Plurinacional de una primera acción de defensa, del cual emerge el que se interpone, es otra causal de improcedencia de esta acción tutelar que se suma a las previstas en el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), cuyo origen tiene construcción jurisprudencial, con dos subreglas relevantes sistematizadas en la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, como son: a) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los Jueces o Tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento; y, b) Es improcedente, a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -1En este sentido, el AC 0085/1999-R de 24 de agosto, señala: "…en lo sustancial se tiene que en los casos de 'desobediencia' a las resoluciones dictadas en recursos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso, sino la aplicación de las previsiones contenidas en el Art. 179 bis del Código Penal que sanciona con 2 a 6 años de reclusión y multa de cien a trescientos días al 'funcionario o particular que no diere cumplimiento exacto a dichas resoluciones...'; disposición legal que es desarrollo de la previsión constitucional del Art. 18-V de la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. 104 de la Ley 1836, todo ello sin perjuicio de la ejecución cabal e inmediata de lo determinado en la Resolución Constitucional correspondiente; por lo que no es de aplicación al caso de Autos, el recurso previsto por el Art. 18 carta fundamental del País". Entendimiento, que fue reiterado en las SSCC 0992/2000-R, 0477/2001-R, 1005/2003-R, entre muchas otras. Del mismo modo, la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, sostiene: “Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala (…) `…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de habeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…´”. Así también, la SCP 0008/2012 de 16 de marzo, indica que: “…cuando las autoridades accionadas no dan cumplimiento a lo dispuesto por el juez de garantías, dentro de acciones de libertad o amparo constitucional, el accionante debe acudir ante el mismo juez de garantías que emitió la resolución, o en su caso a la vía ordinaria para hacer cumplir la misma; puesto que no corresponde presentar una nueva acción tutelar contra las mismas autoridades ya demandadas en una acción tutelar anterior”. La SCP 0344/2012 de 22 de junio, también resaltó la ineficacia de la acción de amparo constitucional para el cumplimiento de otro amparo, refiriendo que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe mencionar la jurisprudencia constitucional que fue emitida con anterioridad en supuestos similares. Así se tiene que la SC 0591/2010-R de 12 de julio, refiriéndose a la falta de idoneidad en la presentación de una acción tutelar para lograr el cumplimiento de resoluciones de hábeas corpus -hoy acción de libertad- y amparo constitucional, señaló: 'Las resoluciones de la jurisdicción constitucional, deben ser cumplidas a través de los mecanismos que franquea la ley, no pudiendo activarse la acción de amparo constitucional, con el único fin de buscar el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en un anterior amparo constitucional'”. Siguiendo el entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional, la SCP 0243/2012 de 29 de mayo, también manifiesta que sobre el supuesto incumplimiento a resoluciones pronunciadas en acciones tutelares: “`Este Tribunal en su amplia jurisprudencia estableció que ante la eventualidad de un acto de resistencia, desobediencia o incumplimiento de una Sentencia Constitucional, el accionante debe acudir ante el Juez o Tribunal que conoció la acción tutelar, por ser ésa autoridad la llamada a hacer cumplir sus propias determinaciones´. Así en la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: 'Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala que por ello, ha adecuado su conducta al ilícito de desobedecimiento a la resoluciones en procesos de recursos de hábeas corpus y amparo constitucional, por lo que debe ser puesto a disposición del Ministerio Público y del juez en lo penal; cabe señalar que por regla general: «…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…», entendimiento que se puede encontrar en la SC 1198/2006-R de 28 de noviembre…'”.

incluye a la decisión de los Jueces o Tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-. En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aún ya exista Sentencia Constitucional Plurinacional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, deben acudir ante el mismo Juez o Tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 40.II del CPCo, que señala: “La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente”; y, lo indicado en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, que indica: “I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…”. En efecto, de lo previsto en el art. 40.II del CPCo, se concluye que el Juez o Tribunal de garantías tiene competencia a denuncia de la parte accionante, demandada, y también de manera excepcional los terceros interesados, cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad -SCP 0139/2016-S3 de 27 de enero-, de remitir al renuente de las Sentencias Constitucionales 2En esa línea de razonamiento, la SC 1387/2001-R de 19 de diciembre, expresa: "…este Tribunal reitera la jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en los que sean planteados impugnando y persiguiendo la modificación o anulación de una Resolución Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 1836" (el resaltado es nuestro). Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, establece que toda decisión asumida -por una autoridad o persona particular- en estricto cumplimiento de un una resolución constitucional -emitida por el Tribunal de garantías o Tribunal Constitucional- es inimpugnable a través de otra acción de defensa: “Por lo anotado y sin entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha vulnerado los derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado fallo constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara la irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: `contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno´, norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: `Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno´. Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas” (las negrillas son nuestras). Con el mismo criterio, la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determina que: “…en cuanto concierne al procedimiento de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada material” (el resaltado es nuestro). Entendimiento jurisprudencial, que también se puede encontrar en las SSCC 0541/2003-R, 0542/2003-R, 0929/2003-R, entre otras. 3El FJ III.1 señala: “Ahora bien, en esta misma línea argumentativa se debe reconocer esta potestad a los terceros interesados. Empero, de manera excepcional, cuando el presunto acto lesivo converja sobre los mismos aspectos tutelados en una antelada acción de defensa, es preciso resaltar que si bien el art. 15.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), expresamente señala que: `Las sentencias declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional…´; circunscribiendo los alcances imperativos de los pronunciamientos constitucionales como la exigencia de su cumplimiento, a las partes -entendiéndose a las mismas en una concepción genérica, al accionante y a los demandados-; sin embargo, a fin de garantizar la eficacia y cumplimiento de los fallos constitucionales, excepcionalmente se reconoce la posibilidad que el tercero ajeno al proceso constitucional, pueda exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional, en la cual primigeniamente no fue parte -en un sentido estricto-, posibilidad que únicamente resulta admisible cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad; en pro de la objetivización del proceso constitucional, mismo que no puede en una miopía procesal proteger únicamente la situación individual del accionante, sino que debe evitar la activación recurrente, homogénea y sucesiva que emerja del ejercicio de la Plurinacionales al Ministerio Público, para su procesamiento penal por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, conforme lo establecido en el art. 179 bis del Código Penal (CP) modificado por la Disposición Final Cuarta del CPCo, desobediencia que puede ser total, parcial o de presentarse un cumplimiento distorsionado de la Sentencia Constitucional Plurinacional, caso en el cual se daría el supuesto de obediencia distorsionada del fallo constitucional. Asimismo, la previsión contenida en el art. 16 del citado Código, posibilita a las partes -accionante, demandada y terceros interesados, en el supuesto señalado anteriormente- a exigir el cumplimiento de una Sentencia Constitucional Plurinacional en la fase de ejecución de la misma, a través de una solicitud de cumplimiento ante el Juez o Tribunal de garantías que conoció y resolvió la acción primariamente; o en su caso, una denuncia de incumplimiento, total, parcial, distorsionada o tardía de la Sentencia Constitucional Plurinacional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la denominación de queja por incumplimiento, caso en el cual puede hacer materializar sus sentencias directamente, cuando los Jueces y Tribunales de garantías no pudieron hacerlas cumplir, o sus medidas a ese efecto fueron insuficientes o ineficaces, supuesto en el cual puede tomar una decisión complementaria de oficio o a pedido de parte, que haga cesar la vulneración del derecho protegido. En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la Sentencia Constitucional Plurinacional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad en la que el impetrante de tutela original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla. De ahí que la línea jurisprudencial citada precedentemente, tiene la finalidad esencial de resguardar y proteger la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales, siendo un derecho fundamental que emerge a su vez del derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional; así como de resguardar la inmutabilidad e irrevisabilidad de la cosa juzgada constitucional, que se presenta cuando existe identidad de objeto, sujeto y causa; es decir, identidad entre el problema jurídico resuelto en un primer amparo con el problema jurídico del segundo amparo; cosa juzgada que se encuentra prescrita en los arts. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional “…no cabe recurso ordinario ulterior alguno…” y 16 del CPCo; pues se desnaturalizaría ese mandato, si se pretendería reabrir el debate en la justicia constitucional sobre el mismo problema jurídico constitucional ya resuelto, quedando afectado el principio de seguridad jurídica. En ese orden de ideas, se aclara que el cumplimiento de una Sentencia Constitucional Plurinacional tiene carácter principal, pues es la esencia misma de una acción de defensa; en cambio, el proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales es una figura distinta, que puede seguirse de manera separada a la ejecución de la Sentencia Constitucional Plurinacional, pues tiene la finalidad de imponer una sanción penal al reticente que debe cumplir la orden adoptada. De ahí que es posible dentro de la propia jurisdicción constitucional exigir a la autoridad o el particular que hubiere sido declarado responsable de la violación o amenaza a derechos fundamentales o garantías constitucionales, a cumplir la orden en los términos pronunciados por la Sentencia Constitucional Plurinacional, independientemente a iniciar un proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante de tutela considera que se vulneró su derecho fundamental a la libertad, al no haberse emitido una resolución de alzada dentro del plazo razonable. Alega que la Vocal ahora demandada, hasta el momento de interposición de la presente acción de libertad -más de diez días después-, no había dictado el Auto de Vista que debía resolver el fondo del recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva. Del análisis de los antecedentes que cursan en el expediente, así como de la información brindada por la autoridad ahora demandada y la verificación realizada en el sistema informático de causas, se tiene que dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público contra Maximiliano Dávila Pérez, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, el imputado –ahora accionante-, interpuso recurso de apelación incidental contra la resolución que negó su solicitud de cesación a la detención preventiva. Este recurso fue elevado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, que emitió el Auto de Vista el 12 de agosto de 2022, disponiendo que sea el Juez de Instrucción emita una nueva decisión. Ante ello, el ahora demandante tutela interpuso una primera acción de libertad, registrada como 49844-2022-100-AL, que dio lugar a la emisión de la SCP 0002/2025-S3 de 18 de febrero, la cual confirmó la Resolución 038/2022 de 17 de agosto dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz. Dicha sentencia concedió la tutela solicitada y dejó sin efecto el Auto de Vista de 12 de agosto de 2022, ordenando a la Vocal demandada la emisión de un nuevo Auto de Vista que resuelva de fondo los agravios denunciados en el recurso de apelación incidental, en cumplimiento del art. 398 CPP, debiendo además considerar -si corresponde- los fundamentos contenidos en la SCP 0491/2021-S4 2 de septiembre. En cumplimiento de lo ordenado por la jurisdicción constitucional, la autoridad ahora demandada emitió un nuevo Auto de Vista el 18 de agosto de 2022. Sin embargo, el ahora accionante volvió a cuestionar esta decisión, señalando que persistía la vulneración a sus derechos, razón por la cual promovió una segunda acción de libertad, a raíz de la cual se emitió la Resolución 016/2022 de 11 de octubre, que concedió parcialmente la tutela solicitada y ordenó nuevamente la emisión de una resolución de alzada conforme a derecho. Dicha acción de libertad quedó registrada bajo el número 51171-2022-103-AL, interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Esta causa aún se encuentra pendiente de resolución en sede constitucional, ya que no se ha emitido la correspondiente Sentencia Constitucional Plurinacional dentro del proceso de revisión. Frente a esta situación, el accionante recurrió nuevamente ante el Juez de garantías, denunciando un nuevo incumplimiento. En ese marco, se emitió la providencia de 18 de octubre de 2022, que corrió en traslado la queja formulada a la autoridad demandada (Conclusión II.1). Posteriormente, consta en antecedentes la nota de remisión del legajo en apelación de 19 del mismo mes y año, recepcionada el 20 de ese mismo mes y año, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde recordar que el juez o tribunal de garantías tiene la facultad de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones constitucionales que haya dictado al resolver acciones de defensa. En esa línea, la jurisprudencia constitucional ha establecido que no es procedente presentar una nueva acción de defensa para exigir el cumplimiento de una resolución constitucional, ya que el Código Procesal Constitucional prevé un procedimiento específico para ello, que debe ser tramitado ante el mismo juez o tribunal que otorgó la tutela inicial. En el presente caso, si bien el accionante alega nuevamente la vulneración a su derecho a la libertad por la supuesta omisión en la emisión de una resolución de alzada que resuelva de fondo su apelación, debe considerarse que este extremo ya fue valorado y resuelto mediante la SCP 0002/2025-S3, que ordenó expresamente a la Vocal demandada emitir una nueva resolución conforme a los parámetros constitucionales. Esta disposición fue cumplida parcialmente, al haberse emitido el Auto de Vista de 18 de agosto de 2022. Cualquier cuestionamiento sobre el contenido de esta Resolución debió ser canalizado a través de la queja por incumplimiento, conforme a los arts. 40 y 16 CPCo, ante el mismo Tribunal de garantias Constitucionales es que concedió la tutela previa. En consecuencia, esta nueva acción resulta improcedente por ser reiterativa, ya que no se alega una nueva lesión distinta a la ya valorada y protegida constitucionalmente, y porque no corresponde al Juez de garantías volver a pronunciarse sobre un asunto ya resuelto por la jurisdicción constitucional. Finalmente, es necesario dejar claramente establecido que el accionante no puede pretender que este Tribunal vuelva a emitir un nuevo pronunciamiento expreso sobre el mismo problema jurídico que ya ha sido planteado en anteriores acciones de libertad, ni que reitere el análisis de fondo de una cuestión que ya ha sido conocida y resuelta por la jurisdicción constitucional. En efecto, el reclamo actual del impetrante de tutela gira en torno a los mismos agravios formulados en su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio emitido por el Juez de instrucción, mediante el cual se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, alegando que la Vocal demandada no resolvió de forma expresa los aspectos de fondo. Cabe enfatizar que, conforme establece el art. 126.IV de la Constitución Política del Estado, las resoluciones constitucionales tienen carácter vinculante y deben ser ejecutadas en la medida en la que se determinaron y se dispongan. En el caso presente, la acción de libertad resuelta mediante la SCP 0002/2025-S3 de 18 de febrero, ya otorgó tutela al accionante y definió de manera clara y precisa los actos que debía cumplir la autoridad demandada. Por tanto, cualquier alegación de incumplimiento debía ser canalizada a través del procedimiento establecido en los arts. 40 y 16 del CPCo, ante el mismo tribunal que concedió la tutela, y no mediante la interposición de una nueva acción de libertad sobre los mismos hechos. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

jurisdicción constitucional en acciones de defensa, que trasunten en circunstancias análogas de las cuales otra persona -tercero interesado- pueda resultar afectada”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0333_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 76d579a0cad2e43a1725f97de48f69f01680337794415ca3eb1179df09673a41

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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