B.IA.LEGAL

SCP 0332/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55568-2023-112-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, toda vez que, de forma arbitraria fue trasladado del Centro de Readaptación Productiva de Villazón del departamento de Potosí al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, debido a que: a) El Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí -co demandado-, manipuló los hechos para que sea declarado persona no grata en la población penitenciaria y no fue notificado con la RA 128/2022 -traslado penitenciario-; además dicha resolución, carece de motivación, razonabilidad, objetividad y valoración de la prueba; y, b) Por más de cinco meses no existió resolución de ratificación o revocatoria de dicha Resolución por parte de la Jueza demandada, incumpliendo lo dispuesto por el art. 48 -última parte- de la LEPS. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 6 de mayo, cursante de fs. 63 a 68 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en relación a María Lourdes Quispe Navia, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, por la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente celeridad, disponiendo que la misma asuma todas las medidas pertinentes a efectos de que se efectivice debidamente con la notificación al accionante con el Auto Definitivo 150 de 29 de noviembre de 2022 de forma inmediata; salvo que, por el tiempo transcurrido, ya se hubiera efectivizado dicha notificación. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos la defensa, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva; y en relación al co demandado Olimpio Daniel Taboada Ordoñez, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0332/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55568-2023-112-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2023 de 6 de mayo, cursante de fs. 63 a 68 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Oscar Salinas Condori contra María Lourdes Quispe Navia, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; y, Olimpio Daniel Taboada Ordoñez, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de mayo de 2023, cursante a fs. 2; y, 9 a 11, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 20 de noviembre de 2022, cuando se encontraba en la población del Centro de Readaptación Productiva de Villazón del departamento de Potosí, fue trasladado a la oficina del Director y Gobernador -no indicó nombres- del citado Centro, para ser informado sobre su traslado al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba. Sin existencia de notificación “real” le entregaron la Resolución Administrativa (RA) 128/2022 de 9 de noviembre, que dispuso su traslado al indicado Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, decisión que contiene falta de motivación, razonabilidad, objetividad y valoración de la prueba.

Además, alega que su traslado fue irregular, inobservaron procedimiento -art. 48.18 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- para disponer su traslado; ya que, la Jueza demandada debió emitir Resolución en el plazo de cinco días ratificando o revocando la RA 128/2022; sin embargo, “a la fecha” no existe “notificación” con alguna decisión respecto a su traslado penitenciario. Por otra parte, sostuvo que, al no contar con sanción disciplinaria ejecutoriada, el Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí -co demandado-, manipuló los hechos, afirmando que fue declarado persona no grata en la población penitenciaria, aseveración desvirtuada por certificación de fecha 25 de abril de 2023, extendida por el consejo de delegados del Centro de Readaptación Productiva de Villazón del departamento de Potosí.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, citando los arts. 115.II y 116.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando que las autoridades demandadas de forma inmediata dispongan su retorno al Centro de Readaptación Productiva de Villazón del departamento de Potosí.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de mayo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 62 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogada, ratificó los argumentos de su acción tutelar y ampliando en audiencia, en uso además del derecho a la réplica, señaló que: a) De acuerdo al art. 48.18 de la LEPS, la Jueza demandada debió emitir resolución en el plazo de cinco días a efecto de confirmar o revocar la RA 128/2022 de 9 de noviembre -traslado penitenciario-; asimismo, la citada RA “…efectuada en fecha 15 de diciembre de 2022, misma que no se pudo dar cumplimiento hasta la fecha…” (sic); b) Si bien la dilación en la notificación fue en la ciudad de Cochabamba, ello no puede ser excusa para garantizar el debido proceso; además, la demora debió ser puesta en conocimiento del Régimen Penitenciario -no indicó nombre-; y, c) Amparado a la doble instancia, tiene derecho a impugnar la RA 128/2022.

I.2.2. Informe de la parte demandada

María Lourdes Quispe Navia, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, mediante informe escrito cursante de fs. 60 a 61, indicó que: 1) A través de la RA 128/2022 de 9 de noviembre, el Director General de Régimen Penitenciario, dispuso por razones de seguridad -art. 48 de la LEPS- el traslado del accionante al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, resolución que ingresó a su despacho judicial; es así que, por Auto Definitivo 150 de 29 de noviembre de 2022, ratificó dicho traslado, disponiendo su notificación vía exhorto al indicado Centro Penitenciario; 2) Habiendo transcurrido mucho tiempo sin que el mencionado exhorto haya sido enviado, mediante oficio de 10 de marzo de 2023, ordenó su devolución al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; asimismo, en comunicación con jueces -no indicó nombres- de ese distrito judicial, pidió de forma verbal el retorno del mismo; 3) Por providencia de 8 de octubre de 2023, advirtió la devolución del exhorto por parte del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del citado departamento, acompañado de un acta de representación elaborada por Michel Adrián Céspedes Torres, de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien informó que el impetrante de tutela no se encontraba “recluido” en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba; por ese motivo, mediante providencia ordenó al Director de Régimen Penitenciario -no indicó nombre- informe al respecto, es así que, fue informada -el 31 de marzo de 2023- que el accionante efectivamente fue trasladado al mencionado Centro Penitenciario; en tal circunstancia, el 18 de abril de ese año, dispuso nuevamente exhorto dirigido al Recinto Penitenciario El Abra del aludido departamento, para que procedan con la notificación al impetrante de tutela con la RA 128/2022 de 9 de noviembre, “esperando” la devolución del mismo; y, 4) El retraso en la notificación no recae en su persona, tampoco en el despacho judicial a su cargo; toda vez que, cumplió con las diligencias librando los exhortos respectivos; empero, el “primer” exhorto fue devuelto luego de tres meses; por ello, carece de legitimidad pasiva para ser demandada. Olimpio Daniel Taboada Ordoñez, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 15.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 03/2023 de 6 de mayo, cursante de fs. 63 a 68 vta., denegó la tutela impetrada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De la documentación acompañada a esta acción de defensa, se advierte que el peticionante de tutela se encuentra recluido en el Centro Penitenciario El Abra del aludido departamento; ii) Alega que no se emitió resolución de ratificación o revocatoria sobre la RA 128/2022 de 09 de noviembre -traslado penitenciario-; por otro lado, denuncia que dicha Resolución, carece de motivación, razonabilidad, objetividad y valoración probatoria, extremos que debieron ser denunciados a la autoridad de control jurisdiccional y no esperar cinco meses para activar la presente acción tutelar; y, iii) La Jueza demandada, dentro de plazo emitió el Auto Definitivo 150 de 29 de noviembre de 2022, ratificando el traslado del accionante al mencionado Centro Penitenciario, determinación enviada mediante exhorto para su respectiva notificación; no obstante, funcionarios de la Oficina Gestora de Procesos incumplieron con la citada diligencia; por tales razones, debe denegarse la tutela por subsidiariedad excepcional.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia 008/2020 de 3 de marzo, el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Villazón del departamento de Potosí, declaró a Sergio Oscar Salinas Condori -accionante- autor y culpable por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, condenándolo a diez años de privación de libertad, a cumplir en el Centro de Readaptación Productiva de Villazón del citado departamento; asimismo, cursa Mandamiento de Condena contra el impetrante de tutela (fs. 21 a 24). II.2. A través de RA 128/2022 de 9 de noviembre, Juan Carlos Limpias Esprella, Director General a.i. de Régimen Penitenciario, dispuso el traslado administrativo excepcional por tiempo indefinido del peticionante de tutela del Centro de Readaptación Productiva de Villazón del departamento de Potosí al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba; decisión puesta a conocimiento el 21 de igual mes y año, a María Lourdes Quispe Navia, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del citado departamento -ahora accionada- (fs. 36 a 39). II.3. Mediante Auto Definitivo 150 de 29 de noviembre de 2022, María Lourdes Quispe Navia, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí -accionada-, ratificó la RA 128/2022 que dispuso el traslado administrativo excepcional por tiempo indefinido del accionante al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba (fs. 46 a 47 vta.). II.4. Cursa Exhorto Suplicatorio de 15 de diciembre de 2022, emitido por la Jueza demandada dirigido a su similar Juzgado de Ejecución Penal de turno del departamento de Cochabamba, a efecto de noticiar al peticionante de tutela con la RA 128/2022 -traslado administrativo-, quien está recluido en el Centro Penitenciario El Abra del citado departamento (fs. 48 vta. a 49 vta.). II.5. Consta Informe de representación de 3 de marzo de 2023, elaborada por Alejandra Carola García Navarro, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, dando a conocer que, “a la fecha”, no cursa en obrados la devolución del exhorto suplicatorio y por ende no se tiene certeza de la notificación con la RA 128/2022 al impetrante de tutela; razón por la cual, la Jueza demandada mediante providencia de 6 de igual mes y año, ordenó se oficie a la presidencia del Tribunal Departamental de Cochabamba a objeto que informe sobre la diligencia de notificación (fs. 50 a 51). II.6. Mediante Informe de representación de 8 de marzo de 2023, Miguel Adrián Céspedes Torres, Técnico III - Gestor de la Oficina Gestora de Procesos del departamento Cochabamba, dio a conocer que habiéndose constituido al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, se entrevistó con internos del citado Centro, quienes procedieron a buscar al peticionante de tutela “…manifestaron que Sergio Oscar Salinas Condori no se encuentra recluido en ese penal (…) por lo que me constituí en secretaria de gobernación del penal del Abra del citado departamento donde el oficial a cargo después de una revisión de su sistema (…) jamas estuvo recluido (…) tampoco se encontró otro dato al respecto” (sic [fs. 58]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, toda vez que, de forma arbitraria fue trasladado del Centro de Readaptación Productiva de Villazón del departamento de Potosí al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, debido a que: a) El Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí -co demandado-, manipuló los hechos para que sea declarado persona no grata en la población penitenciaria y no fue notificado con la RA 128/2022 -traslado penitenciario-; además dicha resolución, carece de motivación, razonabilidad, objetividad y valoración de la prueba; y, b) Por más de cinco meses no existió resolución de ratificación o revocatoria de dicha Resolución por parte de la Jueza demandada, incumpliendo lo dispuesto por el art. 48 -última parte- de la LEPS. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad

La SCP 1141/2025-S3 de 19 de septiembre extractando parte del razonamiento de la SCP 0974/2019-S2 de 21 de octubre, ha referido lo siguiente:

«El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 0255/2001-R de 2 de abril, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la que la define señalando que ésta, debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento, apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción» (las negrillas son nuestras).

1El cuarto Considerando, señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 2El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 3El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-, reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración 4El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 5El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 6 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder. El precedente constitucional citado ha sido glosado en la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, aplicado en otros casos similares.

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes y las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se evidencia que, mediante Sentencia 008/2020 de 3 de marzo, el accionante fue declarado autor y culpable por el delito de tráfico de sustancias controladas, condenándolo a diez años de privación de libertad a cumplir en el Centro de Readaptación Productiva de Villazón del departamento de Potosí, a ese efecto, se emitió Mandamiento de Condena contra el prenombrado (Conclusión II.1). En tal circunstancia, por RA 128/2022 de 9 de noviembre, el Director General a.i. del Régimen Penitenciario, dispuso traslado administrativo excepcional por tiempo indefinido del impetrante de tutela del Centro de Readaptación Productiva de Villazón del departamento Potosí al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba; determinación puesta a conocimiento de la Jueza demandada (Conclusión II.2). Ahora bien, el peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, esto debido a que, de forma arbitraria fue trasladado del Centro de Readaptación Productiva de Villazón del departamento de Potosí al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, considerando que: a) El Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí -co demandado-, manipuló los hechos para que sea declarado persona no grata en la población penitenciaria y no fue notificado con la RA 128/2022 -traslado penitenciario-; además dicha resolución, carece de motivación, razonabilidad, objetividad y valoración de la prueba; y, b) Por más de cinco meses no existió resolución de ratificación o revocatoria de dicha Resolución por parte de la Jueza demandada, incumpliendo lo dispuesto por el art. 48 -última parte- de la LEPS.

En ese contexto a objeto de desarrollar un análisis ordenado se efectúa el mismo por separado, en relación a cada una de las autoridades co demandadas. Con relación al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí Precisada la problemática objeto de análisis, este Tribunal advierte que, el accionante denuncia las supuestas ilegalidades cometidas por el Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí -co demandado-, quien supuestamente manipuló los hechos para que sea declarado persona no grata en la población penitenciaria, así como la falta de notificación con la RA 128/2022 -decisión que contendría ausencia de motivación, razonabilidad, objetividad y valoración probatoria-; no obstante, de la revisión de la resolución referida, está fue emitida por Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario a.i., y no así por Olimpio Daniel Taboada Ordoñez, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí – demandado-. En ese contexto, cabe referir que de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional la legitimación pasiva es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción; razonamiento aplicable en el caso objeto de análisis toda vez que, por lo expuesto precedentemente al no ser la autoridad ahora demandada quien emitió la RA 128/2022 de 9 de noviembre; consecuentemente, carece de legitimación pasiva, por lo cual corresponde denegar la tutela impetrada respecto a sus actuaciones, sin ingresar al análisis de fondo. Con relación a la Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Potosí El accionante alega que, por más de cinco meses no existió resolución de ratificación o revocatoria de la Resolución de traslado por parte de la Jueza demandada, incumpliendo lo dispuesto por el art. 48 -última parte- de la LEPS. A efectos de establecer si la Jueza demandada incurrió o no en la dilación denunciada debemos tomar en cuenta que si bien el art. 4 de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, que modifica el art. 48 de la LEPS, confirió al Director General de Régimen Penitenciario la facultad de disponer excepcionalmente el traslado inmediato de una privada o privado de libertad a otro recinto penitenciario, cuando exista riesgo inminente de su vida o cuando su conducta ponga en riesgo la vida y seguridad de los otros privados de libertad; este tipo de determinación deberá ser puesta en conocimiento del juez de la causa o del juez de ejecución penal, según corresponda, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, a efecto de que el mismo, previa valoración de los antecedentes enviados, se pronuncie en el término de cinco días, ratificando o revocando el traslado. En tal circunstancia, revisados los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, este Tribunal advierte que conforme señala el accionante; el 20 de noviembre de 2022 fue trasladado del Centro de Readaptación Productiva de Villazón del departamento de Potosí al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba y de los antecedentes descritos se tiene que el 22 del mismo mes y año la RA 128/2022, fue recepcionada en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí; se emitió el Auto Definitivo 150 al quinto día hábil es decir el 29 de similar mes y año, ratificando el traslado administrativo excepcional del peticionante de tutela al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba (Conclusión II.3); no obstante, emitió el Exhorto Suplicatorio de 15 de diciembre del mismo año al juzgado de ejecución penal de turno de Cochabamba, a efecto de notificar con los referidos actuados al ahora accionante (Conclusión II.4). Sin embargo, el Informe de representación de 3 de marzo de 2023, Alejandra Carola García Navarro, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, dio a conocer que, “a la fecha”, no cursa en obrados la devolución del Exhorto Suplicatorio; por lo que, la Jueza demandada ordenó se oficie a presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba a objeto que informe sobre la diligencia de notificación al accionante (Conclusión II.5). A su vez, por nota de representación de 8 de marzo del 2023, Miguel Adrián Céspedes Torres, Técnico III - Gestor de la Oficina Gestora de Procesos de Cochabamba, informó que habiéndose constituido al Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, se entrevistó con internos del citado Centro, quienes procedieron a buscar al impetrante de tutela “…manifestaron que el Sergio Salinas Condori no se encuentra recluido en ese penal (…) por lo que me constituí en secretaria de gobernación del penal del Abra del citado departamento donde el oficial a cargo después de una revisión de su sistema (…) jamás estuvo recluido (…) tampoco se encontró otro dato al respecto” (sic [Conclusión II.6]). Consecuentemente, la autoridad judicial demandada emitió la resolución extrañada por el accionante dentro del plazo establecido en la norma; empero, se observa una dilación en la expedición del exhorto suplicatorio, dado que el mismo fue librado aproximadamente dos semanas después de la emisión del Auto Definitivo, por lo que es aplicable el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que establece que la acción de libertad, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; en ese marco al ser dicho principio elemento del debido proceso que fue alegado como lesionado, corresponde conceder la tutela en parte. Finalmente cabe señalar que no es atribuible a la Jueza demandada el hecho de que hasta la presentación de la demanda tutelar no se haya efectivizado la notificación al accionante con el Auto definitivo 150, debido a que ante el informe de la falta de devolución del Exhorto Suplicatorio (Conclusión II.5), reiteró el mismo, teniéndose en respuesta una representación del Técnico III - Gestor de la Oficina Gestora de Procesos del departamento Cochabamba, que da cuenta que el accionante no se encontraba en el recinto penitenciario referido, ante lo cual conforme informa la autoridad demandada remitió nuevamente otro Exhorto Suplicatorio. Con relación a la lesión de los derechos a la defensa, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, se advierte que la parte accionante se limitó a enunciarlos en esta acción de defensa, sin que sea posible advertir la suficiente carga argumentativa a fin de dar lugar a su pretensión; por lo que, sobre los mismos, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 6 de mayo, cursante de fs. 63 a 68 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en relación a María Lourdes Quispe Navia, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, por la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente celeridad, disponiendo que la misma asuma todas las medidas pertinentes a efectos de que se efectivice debidamente con la notificación al accionante con el Auto Definitivo 150 de 29 de noviembre de 2022 de forma inmediata; salvo que, por el tiempo transcurrido, ya se hubiera efectivizado dicha notificación. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos la defensa, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva; y en relación al co demandado Olimpio Daniel Taboada Ordoñez, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0332_2026-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0cacff5cd7d8f5826dc8eecdb592a5d66be4fa7aebf9d14a732ad822bf059232

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