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SCP 0332/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 12 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
12 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
67971-2024-136-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, defensa e interpretación de la legalidad ordinaria; y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que, las autoridades demandadas, por Auto de Vista 114/2024 confirmaron la Sentencia Definitiva 011/2021, sustentado que el “'…Documento Privado de Préstamo de Dinero con Pacto de Rescate…'” (sic) cuenta con valor ejecutivo, pese a que no representa un contrato de préstamo ni expresa liquidez o exigibilidad, incurriendo en los siguientes defectos: 1) Las autoridades demandadas se apartaron de la intención común de las partes como criterio de interpretación descrito en el art. 510 del CC, limitándose a sostener que dicho documento expresaría un supuesto adeudo pagadero el 17 de abril de 2019, sin evaluar los términos “'…HASTA LA SUMA DE 700.000 BS...'” (sic), ni contrastarlos con lo acordado en sus cláusulas segunda y quinta, razonamiento subjetivo que evidencia un tratamiento sesgado del supuesto título ejecutivo en desmedro de todas sus cláusulas; y, 2) No se consideró adecuadamente su recurso de apelación, cuando denunció que el término “HASTA”, inserto en la cláusula segunda del documento, tiene por finalidad limitar la entrega de productos hasta el monto de Bs700 000.-, constituyendo una condición conforme lo previsto por los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 061/2024 de 9 de octubre, cursante de fs. 62 a 68, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el alcance del principio de subsidiariedad en la revisión constitucional de las decisiones de los procesos ejecutivos
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0332/2026-S2 Sucre, 12 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 67971-2024-136-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 061/2024 de 9 de octubre, cursante de fs. 62 a 68, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Irene Calle Mamani contra Germán Quecaña Lima y Rimberty Mamani Herrera, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar de Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de octubre de 2024, cursante a fs. 1 y 35 a 46 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2 de abril de 2019, dada la urgencia en obtener recursos económicos, para acceder a la convocatoria emitida por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cotagaita del departamento de Potosí, bajo la modalidad de licitación pública CUCE 19-1517-00-920436-2-2 de 25 de mismo mes y año, dirigida a la provisión de alimentos para el desayuno escolar. En su condición de representante legal de la empresa “PRO ANDINO” suscribió junto a Martha Porco Arando -ahora tercera interesada- un “'…CONTRATO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO CON PACTO DE RESCATE…'” (sic), el cual fue garantizado con un inmueble de titularidad de Delia Asencia Anagua Vda. de Arispe, contrato cuya naturaleza “…RESULTA SER UNA LINEA DE CREDITO...” (sic), como así lo expresan sus cláusulas segunda y quinta. De esa manera, la señalada tercera interesada se comprometió a provisionarle de productos hasta un monto de dinero determinado, el cual incumplido -se entiende el pago una vez efectuada la entrega de productos- generaría la resolución del contrato y la transferencia de los bienes garantizados, aspectos que permiten entrever que dicho documento no expresa suma líquida ni exigible. En ese sentido, la aludida tercera, únicamente le hizo entrega de productos que alcanzaron la suma de Bs450 000.- (cuatrocientos cincuenta mil bolivianos), con los cuales ganó la antecedida convocatoria, cumpliendo sus metas y costos de operación, monto que fue cancelado en su integridad a la mencionada tercera. De esa manera, nunca tuvieron inconveniente por el tipo de línea de crédito pactado; es más, recurrió a ella para presentarse a otras convocatorias de menor costo, manteniendo la misma forma de trabajo. En abril de 2021, se vio sorprendida cuando la descrita tercera, con base en el antecedido documento de 2 de abril de 2019, incoó en su contra una demanda ejecutiva monitoria, la cual fue declarada probada a través de la Sentencia Inicial 015/2021 de 5 del mismo mes, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Potosí, respecto a la cual opuso excepciones de falta de fuerza ejecutiva y pago documentado, declaradas improbadas a través de la Sentencia Definitiva 011/2021 de 18 de mayo. Así, el 1 de junio de 2021, dedujo recurso de apelación, sustentando sus agravios en que: a) El “'…Documento Privado de Préstamo de Dinero con Pacto de Rescate…'” (sic), presentado como título ejecutivo, contiene con una serie de errores; dado que, no expresa una suma líquida ni exigible, sino una línea de crédito para la venta de productos, debido al uso del término “hasta” que limita el monto máximo a Bs700 000.- (setecientos mil bolivianos), lo cual exige se demuestren previamente la entrega efectiva de productos antes de exigir cualquier forma de pago; y, b) La aludida tercera, en su calidad de ejecutante en la causa ejecutiva, debe acudir a la vía ordinaria para exigir el cumplimiento de cualquier derecho derivado del documento aludido, debido su carencia de fuerza ejecutiva, proceso donde deberá demostrar la existencia de adeudo por entrega de productos -el cual asciende a la suma de Bs450 000.-, conforme a la provisión efectuada al GAM de Cotagaita del referido departamento-. Recurso de apelación resuelto a través de Auto de Vista 114/2024 de 2 de septiembre por la Sala Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que confirmó la Sentencia Definitiva 011/2021. En ese sentido, acude a la justicia constitucional impugnando el señalado Auto de Vista, bajo los siguientes argumentos: 1) La demanda ejecutiva se sustentó en la presunta existencia de un adeudo de Bs700 000.-, consignada en el denominado contrato privado de préstamo de dinero con pacto de rescate. Sin embargo, debido al uso del término “HASTA” en la cláusula segunda, dicho monto solo refleja un límite máximo para la entrega de productos; en igual sentido, cualquier cobro -incluso la transferencia de los bienes dados en garantía- solo puede efectuarse mediante la resolución del contrato previa verificación de saldos por la cantidad de productos entregados, conforme la cláusula quinta. No obstante, las autoridades demandadas, de manera subjetiva y apartándose de la verdadera intención común de las partes reflejada en el documento, interpretaron la existencia de un supuesto adeudo con vencimiento el 17 de abril de 2019, sin realizar una evaluación adecuada de los términos “'…HASTA LA SUMA DE 700.000 BS...'” (sic), ni contrastarlos con sus cláusulas segunda y quinta; y, 2) En el recurso de apelación, se denunció que el término “HASTA” inserto en la cláusula segunda del documento base, imprime un régimen condicional conforme los arts. 494 y 497 del Código Civil (CC), dirigido a establecer el límite de Bs700 000.- a la provisión de productos, sin que represente adeudo alguno. Con la misma finalidad, que la cláusula quinta permite instar la resolución del contrato -ante un eventual incumplimiento- para efectuar la transferencia de los bienes dados en garantía, mas no habilita en modo alguno a la vía ejecutiva. De esa manera, el contrato muestra dos prestaciones; una que exige la verificación previa de cuantos productos fueron entregados; y, otra dirigida a cubrir los saldos adeudados por la entrega efectuada, haciendo del contrato una relación sinalagmática, no ejecutable mediante la vía ejecutiva monitoria, dado la imposibilidad de determinar a priori, su liquidez y exigibilidad. Sin embargo, el Auto de Vista 114/2024 no consideró tales argumentos, debido a que, el razonamiento de las autoridades demandadas expresó una contraposición con la cláusula quinta del señalado documento -aun cuando se haya reconocido la falta de facultad de incoar el reclamo en la vía ejecutiva monitoria-; además, tampoco se consideró la falta de acreditación de entrega de dinero en su favor para perfeccionar el supuesto préstamo, manteniendo el mismo criterio del juez de instancia. En consecuencia, la resolución de alzada inobservó las normas del Código Civil y las estipulaciones del contrato pactadas, carece de estructura y afecta derechos y garantías fundamentales, en particular el derecho a la defensa y a una valoración integral y razonable de la prueba.

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, defensa e interpretación de la legalidad ordinaria; y, el principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 116 -siendo lo correcto 115- y 117 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 23, 24 y 29.II de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 5, 8, 9, 10 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, XV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: i) Se anule el Auto de Vista 114/2024; y, ii) Se emita uno nuevo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 9 de octubre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 61 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) Como el documento objeto de ejecución no fue protocolizado, no se constituye en título idóneo que perfeccione la transferencia de los bienes dados en garantía, en beneficio de la tercera interesada -acreedora en la causa ejecutiva-, sino solo un documento privado reconocido, a efectos del art. 1297 del CC; y, b) Junto a Adela Anagua Vda. de Arispe, hizo entrega de la documentación del inmueble de titularidad de esta última a la acreedora del trámite ejecutivo -hoy tercera interesada-, en virtud de la garantía conferida; sin embargo, dichos documentos fueron devueltos posteriormente, dado el cumplimiento íntegro que efectuó de su obligación.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Germán Quecaña Lima y Rimberty Mamani Herrera, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar de Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por informe escrito cursante a fs. 56, manifestaron que, el Auto de Vista 114/2024 fue emitido en consideración a los antecedentes obrantes en el testimonio de apelación puesto a su conocimiento; de modo que, en sujeción al régimen jurídico del proceso monitorio ejecutivo, previstos en los arts. 378, 379, 380 y 218 del Código Procesal Civil (CPC), en concordancia con los arts. 115 y 180 de la CPE, referidos al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la verdad material, arribaron al pleno convencimiento de que la Sentencia Definitiva 011/2021 merecía ser confirmada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Martha Porco Arando, a través de su abogado, señaló que: i) La impetrante de tutela, mediante su acción tutelar, si bien invocó al art. 385 del CPC para señalar que el proceso ejecutivo concluyó con la emisión del Auto de Vista ahora impugnado, en realidad lo que evidencia es su disconformidad con una cuestión de fondo, esto es con el derecho material representado en el título ejecutivo. En ese sentido, la peticionante de tutela no formalizó ningún proceso ordinario posterior que permitiera que sus reclamos fueran debidamente atendidos, incumpliendo así el principio de subsidiariedad, conforme las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0855/2017-S2 de 21 de agosto, 0012/2018-53 de 2 de marzo y 0001/2018-S2 del 7 de febrero. Más aun, cuando, al margen del simple estado del proceso, no acreditó la existencia de riesgo inminente, ni puede paralizar el proceso ejecutivo conforme la previsión del art. 400 del CPC; ii) No existe la necesidad de que el Auto de Vista sea extensivo para explicar lo esencial del derecho y título reclamados, toda vez que, su motivación refleja una ponderación suficiente en la interpretación de los contratos, conforme a lo previsto en el art. 510 del CC. En ese sentido, ambas partes competían la intención común de pactar la provisión de abarrotes por un valor de Bs700 000.-, a ser cancelados hasta el 17 de abril del 2019, lo cual se confirma por el reconocimiento mutuo de la obligación, pagadera a la fecha antecedida, en armonía con la prueba aportada por Delia Asencia Anagua Vda. De Arizpe, lo cual no menoscaba el debido proceso, el derecho a la defensa ni el acceso a la justicia de ninguna de las partes; y, iii) En la Sentencia Inicial 015/2021 se motivó -párrafo segundo- que la suma de Bs700 000.- constituiría la única obligación líquida y exigible, a pesar de que el contrato se denomina “…como documento privado de préstamo de dinero con pacto de rescate…” (sic). De esa manera, respecto al figura de pacto de rescate, el contrato solo contempla una posible transferencia de bienes, situación que no resulta pertinente en el proceso, dado que solo se persigue el pago de una deuda, conforme al principio dispositivo previsto en el art. 3 -se entiende 1.3- del CPC; y, iv) El Auto de Vista impugnado otorgó respuesta a todos y cada uno de los agravios formulados en el recurso de apelación, sin alterar, omitir ni obviar ningún punto apelado. En concreto efectuó una ponderación del art. 510 del CC y, en consecuencia, no adolece de ninguna falta de fundamentación, motivación y congruencia, como fue denunciando.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Resolución 061/2024 de 9 de octubre, cursante de fs. 62 a 68, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) En el recurso de apelación, la impetrante de tutela sostuvo que el documento base del proceso ejecutivo contenía una serie de errores; entre ellos, que se encuentra titulado como “…documento privado de préstamo de dinero con pacto de rescate” (sic); asimismo, señaló que, en dicho recurso hizo referencia al término de “minuta” inserto en la cláusula segunda y que el documento no expresa suma líquida ni exigible, pues trata de una venta de productos sin indicación exacta de cantidad, sino solo un límite máximo en la suma de Bs700 000.- por el uso de la palabra “hasta”; agravios que fueron evaluados en el Auto de Vista 114/2024 -dentro el considerando segundo-, mediante una motivación que tomó en cuenta la previsión del art. 380 del CPC, en particular que, el documento base de la causa ejecutiva, contiene una obligación líquida de Bs700 000.- y exigible, dado su vencimiento el 17 de abril de 2019 -plazo de quince días-; en igual forma, se consideró que la venta de abarrotes se efectuó hasta el monto indicado, sin entrar al detalle del término "hasta", que en su caso hubiese impedido la suscripción del documento. De esa manera, el Auto de Vista se encuentra debidamente fundamentado y motivado, es congruente y no vulnera el derecho a la defensa de ninguna de las partes, habiéndose otorgado la oportunidad de plantear excepciones y recurrir; finalmente, no transgrede el principio de legalidad, puesto que no señaló en forma concreta qué normativa fue inobservada; b) La peticionante de tutela interpuso recurso de apelación respecto la excepción de pago documentado, argumentando la falta de protocolización del documento base; no obstante, dicho aspecto no incide en la determinación de suma líquida y exigible, tan solo en su mera inscripción ante la oficina de Derechos Reales (DD.RR.), más aun cuando el citado documento se encuentra reconocido a efectos del art. 1297 del CC, siendo suficiente para la ejecución dineraria, pero innecesaria para sus efectos registrales; c) No es viable exigir el cumplimiento del principio de subsidiariedad para la procedencia de la acción tutelar, toda vez que, la parte accionante ya agotó las instancias ordinarias para activar la acción de amparo constitucional; de ese modo, la ordinarización del proceso constituye un medio opcional no obligatorio, dentro del proceso ejecutivo; y, d) Los argumentos de la acción tutelar carecen de relevancia constitucional, puesto que no modificarán el fondo de la decisión de alzada. En vía de complementación, aclaración y enmienda, la impetrante de tutela requirió a la Sala Constitucional complemente y aclare en cuanto al supuesto defecto procedimental que denunció y su relevancia constitucional, tomando en cuenta la previsión de art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que permite a los tribunales de alzada revisar de oficio las actuaciones de las autoridades de instancia. Ante ello, la Sala Constitucional aclaró que se denegó la tutela debido a que no se acreditó la vulneración de sus derechos y, si bien sustentó la relevancia constitucional, se refirió simplemente a la jurisprudencia -SCP 0997/2023-S2 de 27 de diciembre- y no al caso concreto, pues la relevancia exige que las autoridades demandadas cambien su criterio en atención al fallo constitucional.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Auto Constitucional (AC) 188/2025-CA/S de 9 de mayo, cursante de fs. 81 a 84, ante la solicitud efectuada por la accionante de adelanto de sorteo (fs. 79 a 80 vta.); en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 89 a 93); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 1 de junio de 2021, Irene Calle Mamani -ahora accionante- interpuso recurso de apelación (fs. 19 a 20 vta.). II.2. Por Auto de Vista 114/2024 de 2 de septiembre, Germán Quecaña Lima y Rimberty Mamani Herrera, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar de Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandados-, confirmaron la Sentencia Definitiva 11/2021 de 18 de mayo (fs. 30 a 34).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, defensa e interpretación de la legalidad ordinaria; y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que, las autoridades demandadas, por Auto de Vista 114/2024 confirmaron la Sentencia Definitiva 011/2021, sustentado que el “'…Documento Privado de Préstamo de Dinero con Pacto de Rescate…'” (sic) cuenta con valor ejecutivo, pese a que no representa un contrato de préstamo ni expresa liquidez o exigibilidad, incurriendo en los siguientes defectos: 1) Las autoridades demandadas se apartaron de la intención común de las partes como criterio de interpretación descrito en el art. 510 del CC, limitándose a sostener que dicho documento expresaría un supuesto adeudo pagadero el 17 de abril de 2019, sin evaluar los términos “'…HASTA LA SUMA DE 700.000 BS...'” (sic), ni contrastarlos con lo acordado en sus cláusulas segunda y quinta, razonamiento subjetivo que evidencia un tratamiento sesgado del supuesto título ejecutivo en desmedro de todas sus cláusulas; y, 2) No se consideró adecuadamente su recurso de apelación, cuando denunció que el término “HASTA”, inserto en la cláusula segunda del documento, tiene por finalidad limitar la entrega de productos hasta el monto de Bs700 000.-, constituyendo una condición conforme lo previsto por los arts. 494 y 497 del CC, y no un adeudo concreto; asimismo, se alegó que, la cláusula quinta solo facultaba instar la resolución del contrato para efectuar la transferencia de los bienes otorgados en garantía verificado el incumplimiento el pago, pues, las autoridades demandadas se limitaron a razonar una supuesta contraposición con la cláusula quinta del señalado documento, sin considerar la falta de acreditación de entrega de dinero en su favor para perfeccionar el préstamo. Ante ello, la autoridad demandada señala que el Auto de Vista 114/2024 fue pronunciado conforme los antecedentes del recurso de apelación y en sujeción al régimen legal del proceso monitorio ejecutivo establecido en los arts. 378, 379, 380 del CPC, en concordancia con los arts. 115 y 180 de la CPE, en cuanto al debido proceso, tutela judicial efectiva y verdad material. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el alcance del principio de subsidiariedad en la revisión constitucional de las decisiones de los procesos ejecutivos

El art. 129.I de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional procede: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”, criterio reiterado por el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Por otro lado, el art. 376.1 del CPC configura al proceso ejecutivo como un proceso de estructura monitoria. Esta configuración confiere al proceso ejecutivo una finalidad orientada a la celeridad en la satisfacción del derecho de crédito, reservando la eventual discusión plena sobre el derecho material antes referido, al proceso ordinario posterior, conforme al art. 386.I del citado Código, que establece: “Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior, siempre que la acción tenga por objeto el derecho material y de ninguna manera el procedimiento del proceso ejecutivo”. Sin embargo, si bien el proceso ordinario posterior constituye la vía idónea para debatir el derecho sustantivo subyacente a la obligación ejecutada, no se configura como una instancia adicional del trámite ejecutivo que permita reexaminar sus actuaciones procesales. En ese sentido, corresponde efectuar las siguientes precisiones: a) En primer lugar, el proceso ejecutivo tiene por objeto efectivizar un derecho insatisfecho sustentado en un título que goza de los requisitos de exigibilidad y liquidez, junto con su reconocimiento legal, los cuales constituyen presupuestos indispensables para su configuración, que debido a su finalidad no requiere un debate amplio sobre el derecho material dentro del propio trámite ejecutivo -lo mismo puede decirse respecto a las excepciones que mantienen sus propios presupuestos-. En ese marco, debido al diseño procesal restringido del trámite ejecutivo, la decisión que se adopta produce únicamente cosa juzgada formal, quedando abierta la revisión del derecho sustantivo a través del proceso ordinario posterior; y, b) En segundo lugar, el proceso ordinario posterior tiene por objeto el examen pleno del derecho material debatido en el proceso ejecutivo, así discutir su certeza, incluida la relación jurídica o económica subyacente que le da origen, aspectos que no pueden ser objeto de un debate suficiente en sede ejecutiva. Por ello, en el proceso ordinario posterior, las partes pueden alegar y producir prueba sin las restricciones propias de la vía monitoria, desarrollando un contradictorio amplio, cuya resolución adquiere calidad de cosa juzgada material al resolver de manera definitiva sobre el fondo del litigio.

En este contexto, el alcance del principio de subsidiariedad en la revisión constitucional de las decisiones de los procesos ejecutivos supone la activación del proceso ordinario posterior previamente a la interposición de la acción de amparo constitucional.

III.2. Análisis del caso concreto

Mediante proceso ejecutivo seguido ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Potosí, Martha Porco Arando -tercera interesada- incoó contra la impetrante de tutela y Delia Asencia Anagua Vda. De Arizpe una demanda de cobro de dinero por la suma de Bs700 000.- más intereses costas y costos, la cual fue declarada probada a través de la Sentencia Inicial 015/2021 de 5 de abril. De esa manera, el 7 de mayo del mismo año, la señalada accionante opuso excepciones de falta de fuerza ejecutiva y pago documentado, las cuales fueron declaradas improbadas mediante Sentencia Definitiva 011/2021 de 18 del mismo mes. Así, el 1 de junio de 2021, dedujo recurso de apelación, a la que se adhirió Delia Asencia Anagua Vda. De Arizpe, obteniendo tratamiento en el Auto de Vista 114/2024 de 2 de septiembre, por la Sala Civil, Comercial, Familiar de Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -autoridades demandadas-, que confirmó la Sentencia Definitiva 011/2021. Respecto al cargo 1) la impetrante de tutela sostiene que, las autoridades demandadas se apartaron de la intención común que las partes imprimieron en el contrato base de la causa ejecutiva, contraviniendo los parámetros interpretativos legislados en los arts. 510, 511, 512, 514 y 520 del CC, dado que, se limitaron a señalar que el citado documento expresaría un supuesto adeudo pagadero el 17 de abril de 2019, sin tomar en cuenta que se trataba de una línea de crédito, conforme la contrastación de los términos “…HASTA LA SUMA DE 700.000 BS...”, con las cláusulas segunda, tercera y tercera del documento, así también otros elementos distintos al referido documento, pero vinculados al derecho de fondo, lo que derivó en un tratamiento sesgado al considerar a dicha literal como título ejecutivo. En ese contexto, esta Tribunal advierte que la pretensión de la impetrante de tutela se orienta a obtener una evaluación de la interpretación del contrato que concluya en que la efectuada en el Auto de Vista 114/2024 fue errónea; no obstante, sus argumentos no se limitan al documento considerado como ejecutivo, sino requiere la contrastación de otros elementos distintos al referido documento para lograr el cometido interpretativo, entre ellos: que su vínculo contractual se originó debido una licitación pública previa; que dado la línea de crédito pactada, se le entregaron productos hasta la suma de Bs450 000.-; que la entrega de productos fue saldada oportunamente a la acreedora -tercera interesada-; y, que frecuentemente operaron bajo la figura de línea de crédito; en este sentido, el impetrante de tutela pretende introducir, a través de la presente acción de amparo constitucional, una discusión que no se limita a la liquidez ni exigibilidad del título; es más, la evaluación requerida excede del propio título presentado como ejecutivo, cuando solicita obtener el resultado interpretativo a partir de otros insumos ajenos al mismo, detallados ut supra, lo cual implica una revisión amplia. Por consiguiente, conforme el Fundamento Jurídico III.1 expuesto en el presente fallo, el proceso ordinario posterior es idóneo para tratar dichos cuestionamientos excesivos de la excepción de falta de fuerza ejecutiva, pero vinculados a la relación sustancial de fondo; de ese modo, se concluye que la peticionante de tutela no cumplió con el principio de subsidiariedad, puesto que, pudo promover su cuestionamiento en sede ordinaria, razón por la cual su cargo deviene en improcedente. Sobre el cargo 2), la peticionante de tutela sostiene que el Auto de Vista impugnado carece de congruencia respecto a los argumentos que expuso en su recurso de apelación, por cuanto no habría atendido su denuncia respecto al uso del término “HASTA” contenido en la cláusula segunda del documento base, el cual -según el accionante- evidenciaría la existencia de una línea de crédito para la entrega de productos hasta el monto de Bs700 000.-, y no un adeudo concreto; en igual sentido, cuando argumentó que la cláusula quinta del contrato solo faculta a la acreedora -hoy tercera interesada- incoar la transferencia de los bienes dados en garantía, previa resolución del contrato, pero no a promover una acción ejecutiva. En consecuencia, sostuvo que el documento no podría considerarse título ejecutivo, ante la falta de liquidez y exigibilidad. Sin embargo, este cuestionamiento -idéntico al formulado ut supra-, se orienta nuevamente, mediante la congruencia, a obtener una interpretación del contrato, en el sentido de que se estime que el Auto de Vista debió efectuar una nueva valoración contractual atendiendo los agravios expuestos en el recurso de apelación, particularmente en lo referido a la calificación del contrato como una línea de crédito, derivada del uso del término “HASTA”. En ese sentido, si bien el presente cargo se presenta bajo la denuncia de falta de congruencia, resulta igualmente aplicable el principio de subsidiariedad conforme el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; toda vez que, su contenido se vincula directamente a la interpretación contractual supuestamente expuesta en el recurso de apelación y omitida en el Auto de Vista, el cual, además -y como se señaló-, requiere de mayores insumos, dado que la evaluación del cargo excede del alcance del título considerado ejecutivo, como se explicó líneas arriba. En consecuencia, este tipo de cuestionamiento puede y debe ser tratado dentro del proceso ordinario posterior, instancia idónea para examinar la controversia. Por consiguiente, el presente decanta en improcedencia por subsidiariedad. Finalmente, en cuanto a la seguridad jurídica, al tratarse de un principio, no puede ser amparado en sede tutelar, más aún cuando tampoco existe sustento argumentativo alguno que lo respalde. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 061/2024 de 9 de octubre, cursante de fs. 62 a 68, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0332_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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