B.IA.LEGAL

SCP 0332/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51676-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado a la justicia pronta y oportuna, y al debido proceso en sus vertientes de celeridad, defensa y principio de seguridad jurídica; toda vez que, la Vocal demandada no señaló fecha de audiencia para resolver su recurso de apelación incidental interpuesta contra la Resolución que rechazó su incidente de nulidad de mandamiento de “condena”, que a su criterio resulta arbitrario e ilegal; puesto que, nunca fue notificada con la Sentencia condenatoria dictada en su contra, viéndose impedida de impugnar este fallo de primera instancia. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 567/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 58 a 61 vta., emitida por el Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la realización del actuado procesal extrañado, debido a que la autoridad demandada resolvió el recurso de apelación incidental dictando el Auto de Vista 310/2022 de 6 de octubre, del cual asumió conocimiento la accionante al adjuntarse al informe plasmado por la Vocal, y que cursa en el expediente constitucional. 2° Exhortar a la autoridad demandada que, en acciones similares, proceda a garantizar el cumplimiento del plazo que establece el adjetivo penal, sin costas por ser excusable.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de libertad innovativa
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0332/2025-S4 Sucre, 17 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51676-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 567/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 58 a 61 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dennisse Leslie Virreira Urquidi contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de noviembre de 2022, cursante de fs. 46 a 48 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de julio de 2021, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, emitió Sentencia condenándole a la pena privativa de libertad de cinco años por el delito de estafa, ejecutoriándose dicho fallo, ordenándose la remisión de antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del mismo departamento, y emitiéndose mandamiento de condena; sin embargo, extraña que se dispuso su captura y detención sin haberse cumplido la formalidad de notificarle con la Sentencia, impidiendo plantear Recurso de apelación restringida; por lo que, interpuso un incidente de nulidad de mandamiento –se colige de condena–, que al ser rechazado fue apelado incidentalmente, notificándose a la parte adversa el 28 de julio de 2022. Cumplido el plazo para la presentación de la respuesta, solicitó al Juez de Ejecución Penal referido departamento, la remisión de antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para el sorteo respectivo; radicando el recurso en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, el 25 de agosto del mismo año; empero, hasta la fecha –se entiende 1 de noviembre de 2022–, no se señaló audiencia, transcurriendo treinta y seis días hábiles sobrepasando abundantemente el plazo previsto por el art. 406 del Código de Procedimiento Penal (CPP); pese a que, por memorial de 27 de septiembre del citado año, peticiono el señalamiento del actuado procesal, que fue reiterado por escrito de “22” del mismo mes y año; indicando que, se encontraba recluida en el Centro Penitenciario C.P.F.M Miraflores de La Paz, con estado de salud delicado con diagnóstico de ITU – infección del tracto urinario–, rinitis alérgica y síndrome de intestino irritable conforme se desprende del certificado emitido por el área médica de dicho penal, cuadro que puede agravarse, por lo que, en su memorial de apelación incidental impetró la nulidad del mandamiento de condena. Ante la falta de respuesta, por memorial de 12 de octubre de 2022, solicitó al Tribunal de alzada informe –entre otros puntos–; la razón por la cual, no se cumplía con el señalamiento de audiencia, escrito que aún se encuentra en despacho, siendo informada verbalmente por el personal de la Sala Penal, que solo contaban con un Vocal. Cabe precisar que, existe una detención ilegal porque nunca fue notificada personalmente con la Sentencia, impidiendo su impugnación, dejándole en estado de indefensión, procediendo el Juez de Ejecución Penal a disponer se ejecute el mandamiento de captura en su contra, que al ser nulo de pleno derecho, motivó la interposición del incidente de nulidad, cuya apelación no se resuelve aún vulnerando su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado a la justicia pronta y oportuna, y al debido proceso en su vertiente celeridad, defensa y seguridad jurídica, citando al efecto el art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE). En audiencia invocó la tutela judicial pronta y oportuna

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Que la autoridad demandada gestione las diligencias pertinentes para el señalamiento de audiencia de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas para lograr su libertad; y, b) La reparación del daño y perjuicio.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 3 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 56 a 57 vta.; presente la impetrante de tutela acompañada de su abogado; y, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La solicitante de tutela, ratificó in extenso los términos expuestos en su demanda de acción de libertad; y ampliándolos, señaló que: 1) Se encuentra recluida en el Centro Penitenciario C.P.F.M de Miraflores De La Paz, tres meses y diecinueve días por una Sentencia dictada por el delito de estafa, pero es sabido que ya no existe pena privativa de libertad por este delito, por ello planteó “incidente de nulidad de mandamiento de captura” (sic), debido a que nunca fue notificada con la Sentencia impidiendo puede apelar dicho fallo; 2) La finalidad de la presente acción de defensa es logra que la autoridad demandada señale fecha de audiencia donde seguramente se determinará la “nulidad de mandamiento de captura y su libertad” (sic); y, 3) Se presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por la dilación en el señalamiento de la audiencia “lo único que busca es que en libertad poder apelar la Sentencia” (sic). Absolviendo las preguntas de la Jueza de garantías; señaló que, se le notificó con el nombramiento del Vocal suplente, pero aún no se emitió el Auto de Vista que resuelva su recurso de apelación incidental, la designación del Vocal suplente no suspende el plazo previsto por el art. 406 –se colige del CPP–; por ello, impetra se conmine a la autoridad demandada señalar fecha del acto procesal extrañado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 3 de noviembre del 2022, cursante a fs. 55 y vta., solicitó denegar la tutela señalando que: i) La Sala Penal cuenta solo con un Vocal ; por lo que, a efecto de resolver apelaciones incidentales, se debe convocar a un Vocal suplente de otra Sala, quien cuenta con su propia carga procesal; ii) Su Sala también cuenta con abundante carga procesal señalando quince audiencias al día; iii) Se notificó a las partes hace dos semanas atrás con la convocatoria del Vocal suplente; y, iv) A la fecha el legajo se encuentra con el oficial de diligencias para la notificación con la Resolución emitida por esa instancia.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de La Paz, a través de Resolución 567/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 58 a 61 vta., concedió la tutela solicitada, conminando a la autoridad demandada a cumplir con lo previsto por el art. 405 del CPP y realizar las diligencias para señalar fecha de audiencia; decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: a) La Constitución Política del Estado establece los principios que deben cumplir las autoridades; y, si bien no es justificativo las acefalías de Vocales de las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, que incide en la norma tramitación de los recursos; empero, es necesario señalar este aspecto; b) Sobre las vulneraciones alegadas por la accionante; cabe precisar que, los principios no son objeto de lesiones; c) Respecto a los otros derechos invocados, y de los antecedentes acompañados a la presente acción de defensa, se observa la “Sentencia” –se entiende la Resolución que resolvió el incidente–, el oficio de remisión, la radicatoria de 25 de agosto de 2022, los memoriales de 7 y 12 de septiembre del citado año, solicitando señalamiento de fecha de audiencia, sin respuesta, así como, el escrito de 21 de octubre del mismo año solicitando certificación sobre este aspecto; y, memorial presentado al Consejo de la Magistratura se colige por la denuncia sobre este tema; d) Es necesario tener presente que, el vencimiento de los plazos procesales deben ser informados por los secretarios de cada Sala y Juzgado; y, e) De la documental acompañada; se tiene por evidente que, la impetrante de tutela se encuentra privada de libertad por tres meses y dieciocho días; por lo que, su situación particular debe considerarse conforme la jurisprudencia constitucional; advirtiéndose que, existió una vulneración al derecho a la libertad, al debido proceso, y a una justicia pronta y oportuna, celeridad que debe cambiar la visión de la administración de justicia; claro está, sin dejar de lado que la Sala Penal no está completa, debiendo convocarse a otro Vocal, “pero también lo que se va a considerar son las diferentes peticiones que no tengan respuesta por parte de esta Sala” (sic). Solicitada la explicación y complementación mediante memorial de 8 de noviembre de 2022, presentado por la Vocal demandada, en sentido de que, mediante su informe presentado en la acción de libertad, puso en conocimiento de que el legajo de apelación incidental se encontraba con la oficial de diligencias para su notificación con el Auto de Vista, sin que este extremo fuese considerado en la dictación de la Resolución de garantías, resultando incongruente conminarle a que señale fecha de audiencia para resolver la impugnación; el Juez de garantías pronunciándose sobre esta solicitud manifestó que, en el precitado informe no se hizo referencia al Auto de Vista 310/2022; por ello, se consultó a la accionante quien sostuvo que dicha resolución no fue emitida, notificándosele solo con el nombramiento de la Vocal suplente, resolviendo según la información que tenía, aclarando que la autoridad demandada ya no tiene que señalar fecha de audiencia para resolver la apelación incidental, manteniendo firme todo lo demás resuelto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia “17/2020” de 13 de julio, dictada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la impetrante de tutela por la comisión del delito de estafa, condenándole a una pena privativa de libertad de cinco años (fs. 29 a 31). II.2. Mediante Auto de 10 de octubre de 2021, el Tribunal de Sentencia precitado declaró la ejecutoria de la Sentencia, ordenando la remisión de antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal de turno, refiriendo que: “debiendo expedirse al efecto los Mandamientos de Condena y en sujeción al art. 440 de la Ley 1970 de igual manera remítase las copias pertinentes al Registro de Antecedentes Penales y sea con las formalidades de ley” (sic [fs. 32]). II.3. Se tiene mandamiento de condena emitido el 14 de abril de 2022 por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz en contra de la peticionante de tutela (fs. 34). II.4. Consta memoriales de 7 y 22 de septiembre de 2022, dirigidos a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, solicitando señalamiento de día y hora de audiencia de apelación incidental –se colige sobre el incidente de nulidad de mandamiento de “condena”– (fs. 37 a 38); asimismo, por escrito de 21 de octubre de ese año, impetró se le extienda informe indicando qué fecha radicó su recurso de apelación incidental; la razón por la cual, aún no se señaló fecha de audiencia, e indique cuándo se fijará el actuado y resolverá su impugnación (fs.39). II.6. Cursa Auto de Vista 310/2022 de 6 de octubre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por la impetrante de tutela confirmando el Auto Interlocutorio de 14 de julio de 2022, que rechazó el incidente de nulidad planteado por la ahora accionante, al existir una Sentencia Condenatoria ejecutoriada y un mandamiento de condena vigente (fs. 65 a 67 vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado a la justicia pronta y oportuna, y al debido proceso en sus vertientes de celeridad, defensa y principio de seguridad jurídica; toda vez que, la Vocal demandada no señaló fecha de audiencia para resolver su recurso de apelación incidental interpuesta contra la Resolución que rechazó su incidente de nulidad de mandamiento de “condena”, que a su criterio resulta arbitrario e ilegal; puesto que, nunca fue notificada con la Sentencia condenatoria dictada en su contra, viéndose impedida de impugnar este fallo de primera instancia. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de libertad innovativa

La SCP 0792/2021-S4 de 1 de noviembre, señala: “La acción de libertad se encuentra consagrada en la Primera Parte, Título IV, Capítulo II, Sección I de nuestra Ley Fundamental, estipulando en su art. 125, que toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer esta acción de defensa y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; en ese marco, la doctrina y la jurisprudencia constitucional han determinado una clasificación de los diferentes tipos de acción de libertad instituidas para su aplicación efectiva, según la finalidad que se persigue, entre las que se encuentra la de pronto despacho y la innovativa; mismas que fueron desarrolladas, entre otras, en la SCP 0685/2018-S4 de 25 de octubre, señalando que: “El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos (SCP 0011/2014 de 3 de enero).

La aludida SCP 0011/2014 también razonó que: «…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad». Dicho razonamiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante alega que la Vocal demandada no señaló fecha de audiencia para resolver su recurso de apelación incidental que interpuso impugnando la Resolución que rechazó su incidente de nulidad de mandamiento de “condena”, que a su criterio resulta arbitrario e ilegal; puesto que, nunca fue notificada con la Sentencia condenatoria dictada en su contra, viéndose impedida de plantear apelación restringida; por lo que, dicha omisión de fijar fecha del actuado procesal, presuntamente vulnera su derecho a la libertad vinculado a la justicia pronta y oportuna, y al debido proceso en sus vertientes de celeridad, defensa y el principio de seguridad jurídica. Delimitada la problemática constitucional conforme la formulación argumentativa de la impetrante de tutela y los antecedentes que cursan en el expediente constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido en contra de la ahora solicitante de tutela, por el delito de estafa, se dictó la Sentencia condenatoria 17/2021 de 13 de julio, imponiéndole una pena de cinco años de privación de libertad; fallo que, posteriormente fue ejecutoriado mediante Auto de 10 de octubre de 2021, remitiéndose antecedentes ante el Juez de Ejecución Penal de turno, emitiéndose mandamiento de condena el 14 de abril de 2022, encontrándose la prenombrada recluida en el Centro Penitenciario C.P.F.M Miraflores de La Paz. de abril de 2022, encontrándose la prenombrada recluida en el Centro Penitenciario C.P.F.M Miraflores de La Paz. Ahora bien, según refiere la accionante, planteó un incidente de “nulidad de mandamiento” (sic) –se colige de condena–, que fue rechazado, motivando que plantee recurso de apelación incidental, mismo que fue remitido en alzada radicando en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 25 de agosto de 2022; fecha a partir de la cual, la Vocal ahora demandada no señaló audiencia para resolver el aludido recurso; pese a que, la impetrante de tutela, en dos oportunidades, mediante memoriales de 7 y 22 de septiembre del mismo año, solicitó a la prenombrada autoridad fije día y hora para celebrar la audiencia respectiva; no obstante de ello, no se dio respuesta a esa solicitud. Si bien la Vocal demandada informó que la Sala Penal Segunda de la cual es integrante no contaría con el otro Vocal, de acuerdo con el procedimiento corresponde convocar a uno de sus homólogos de la Sala Penal siguiente en número para que asuma la suplencia, y en caso de no recibir respuesta existen los mecanismos administrativos internos para poner en conocimiento esa omisión de llamado en caso de negativa o falta de respuesta a dicha convocatoria; sin que, esa dilación del despliegue administrativo respectivo deba recaer y afectar a los justiciables; tal es así que, en el caso de la litis, la autoridad ahora demandada solo mencionó que se realizó la convocatoria notificándose a las partes procesales, pero no indicó las razones de la demora para resolver la apelación incidental, argumentando únicamente que su Sala tendría sobrecarga procesal, incluso celebrando “quince” audiencias en un día, pero sin acreditar dicho extremo. Además, debe tenerse presente que, si bien la jurisprudencia constitucional estableció la posibilidad de considerar un plazo adicional al establecido por la norma cuando existen factores que impiden realizar el actuado, ya sea por la distancia, la carga procesal, complejidad del caso, etc.; empero, estas salvedades deben ser debidamente acreditadas, no siendo suficiente alegar alguna de estas circunstancias como manifestó la Vocal demandada.

Por otra parte, si bien la autoridad demandada informó también que el legajo de apelación incidental se encontraría con el oficial de diligencias para la notificación de las partes procesales con el Auto de Vista respectivo, adjuntando a su informe dicha resolución –Auto de Vista 310/2022–; sin embargo, de acuerdo con la respuesta otorgada por la solicitante de tutela a la pregunta formulada por la Jueza de garantías, esta desconocía la existencia de ese fallo de alzada; lo que, denota que el recurso de impugnación no fue resuelto hasta después que se activó la jurisdicción constitucional en procura de la tutela de los derechos invocados como lesionados; tal es así que, cursa a fs. 68 del expediente constitucional, una notificación con dicho Auto a la accionante recién el 3 de noviembre de 2022; es decir, después de que se interpuso la presente acción tutelar. componente celeridad, incidiendo en la afectación del derecho a la libertad de la accionante, ello por la dilación en la Resolución del recurso de apelación incidental contra la resolución que rechazó el incidente de nulidad de mandamiento de “condena”, demorando más de un mes en la emisión del fallo respectivo, contraviniendo lo dispuesto por el art. 406 del CPP; lesionando el derecho de la solicitante de tutela a un debido proceso con relación al principio de celeridad que amerita la concesión de la tutela pretendida vía acción de libertad innovativa, conforme los lineamientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional que se encuentran reiterados en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debido –se reitera– a la emisión tardía del Auto de Vista 310/2022, protección que procede aun cuando la omisión o acto lesivo ha cesado, como acontece en el caso en examen. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 567/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 58 a 61 vta., emitida por el Juez de Instrucción Penal Noveno del departamento de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la realización del actuado procesal extrañado, debido a que la autoridad demandada resolvió el recurso de apelación incidental dictando el Auto de Vista 310/2022 de 6 de octubre, del cual asumió conocimiento la accionante al adjuntarse al informe plasmado por la Vocal, y que cursa en el expediente constitucional. 2° Exhortar a la autoridad demandada que, en acciones similares, proceda a garantizar el cumplimiento del plazo que establece el adjetivo penal, sin costas por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0332_2025-S4.pdf · páginas 1 a 9.

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