B.IA.LEGAL

SCP 0332/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
48895-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación; y, de los principios de continuidad y celeridad; en razón a que: a) Instalada la audiencia de apelación incidental de 28 de junio de 2022, luego de escuchar la intervención de los sujetos procesales, la Vocal demandada de manera ilegal suspendió dicho acto procesal para el 30 del mismo mes y año, a efectos de dictar la respectiva resolución; y, b) La indicada autoridad emitió el Auto de Vista 229 de 30 de junio de 2022, revocando el Auto Interlocutorio 42/“2021” de 10 de mayo de igual año, disponiendo nuevamente su detención preventiva, al haber determinado la concurrencia del riesgo de fuga con base en meras suposiciones y sin analizar objetivamente la documentación presentada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12-22 de 1 de julio de 2022, cursante de fs. 24 vta. a 26, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes motivación y fundamentación, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 229 de 30 de junio de 2022, pronunciado por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, únicamente en relación al riesgo de fuga vinculado al elemento domicilio previsto en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal; debiendo emitirse nueva resolución conforme a los argumentos expuestos en este fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela respecto a la vulneración de los principios de continuidad y celeridad, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de los mismos; y, 3° Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, disponiendo que en caso de haberse emitido nuevo auto de vista como efecto de la resolución del Tribunal de garantías, no corresponde que la indicada Sala Penal dicte otra resolución producto de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Los principios que rigen las audiencias en el proceso penal boliviano, especial mención al principio de continuidad
  2. III.2. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0332/2024-S2 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48895-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12-22 de 1 de julio de 2022, cursante de fs. 24 vta. a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Beimar Villalpando en representación sin mandato de Alyne Maia Silva contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de junio de 2022, cursante a fs. 2 y vta., la accionante a través de su representante, refirió que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y asesinato en grado de complicidad, el 28 de junio de 2022, se instaló la audiencia del recurso de apelación formulado contra el Auto Interlocutorio -42/“2021” de 10 de mayo de 2022- que dispuso la cesación de su detención preventiva; no obstante, habiendo concluido la intervención de los sujetos procesales, de manera irregular y contraviniendo el debido proceso y los principios de continuidad y celeridad previstos en los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); “122”, 251, 315, 330 y 334 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, “7” de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada-suspendió dicho acto, difiriendo la emisión del respetivo auto de vista para el 30 del mismo mes y año; a través del cual, sin fundamento alguno revocó el Auto Interlocutorio impugnado, con base en meras presuposiciones y citas de un fallo anterior, dictado por la misma autoridad, omitiendo valorar los supuestos agravios expresados por el representante fiscal y la prueba adjunta al expediente; lesionando de esa manera su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes motivación y fundamentación; y, de los principios de continuidad y celeridad, citando al efecto el art. 115.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio

La solicitante de tutela, no expresó petitorio alguno en su memorial de acción de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 23 a 24 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante, ratificó el tenor íntegro de la demanda tutelar y ampliándolo manifestó que: a) La Vocal demandada omitió valorar objetivamente el nuevo contrato de arrendamiento de 14 de abril de 2022, en el cual, se fijó un alquiler de Bs700.- (setecientos bolivianos), documento que sirvió para acreditar su domicilio en la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 10 de mayo del mismo año; en ese sentido, dicha autoridad de manera subjetiva determinó la vigencia del riesgo procesal de peligro de fuga, haciendo referencia a un convenio anterior, donde se prescribió un canon de Bs2 500.- (dos mil quinientos bolivianos); sin considerar que este quedo sin efecto por disposición de la Cláusula Novena del último contrato; b) Lesionó su derecho a la presunción de inocencia, por afirmar anticipadamente que su persona “…habría sido quien la saco a la víctima de su casa y lo entrego a sus verdugos…” (sic); c) La mencionada autoridad tiene un interés particular en su caso; toda vez que, en una oportunidad anterior, sin fundamento alguno revocó una resolución similar; d) Ciertamente su abogado solicitó la suspensión de la audiencia de apelación incidental; debido a que, tenía otra en la misma fecha y hora fijada con anterioridad; no obstante, dicha petición fue negada por la Vocal demandada; por lo que, al suspender el citado acto procesal luego de la intervención de las partes, transgredió los principios de continuidad y celeridad; y, e) No tiene la intención de fugarse, encontrándose hace más de un mes con medidas sustitutivas a la detención preventiva, asumió su defensa y acudió a todos los llamados tanto del “Tribunal de Sentencia” como de la “Sala Penal”; de manera tal, es evidente el doloso proceder de la referida autoridad demandada; por lo que, solicitó su inmediata libertad o la revocatoria de la resolución cuestionada a través de la presente acción de defensa.

I.2.2. Informe de la demandada

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, presentó informe escrito el 1 de julio de 2022, cursante de fs. 17 a 22 vta., expresando que: 1) El control de la legalidad ordinaria es labor exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios; por lo que, la justicia constitucional no puede revisar dicha actividad, a menos que se cuestione de irrazonable la interpretación de la legalidad efectuada por dichas autoridades; a ese efecto, la SCP 0659/2012 de 2 de agosto, estableció que, el o la accionante deben explicar la manera en que la labor interpretativa es insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, ilógica o con error evidente, identificando además, las reglas de interpretación omitidas y precisar los derechos y garantías presuntamente lesionados por el intérprete, expresando el nexo de causalidad entre estos y la interpretación cuestionada; requisitos que no se advierten en el presente caso; toda vez que, la peticionante de tutela se limitó a efectuar una relación de los antecedentes y cita de jurisprudencia, pretendiendo utilizar al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia más de la jurisdicción ordinaria para que revise el Auto de Vista cuestionado en la presente acción de defensa; y, 2) La revocatoria dispuesta en el Auto de Vista 229 de 30 de junio de 2022, se encuentra acorde a los arts. 124, 171, 173 y 235 ter del CPP y está debidamente fundamentado, conforme establece la SC 1365/2005-R de 31 de octubre; respetando en ese sentido la garantía del debido proceso. Por lo que, solicitó denegar la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 12-22 de 1 de julio de 2022, cursante de fs. 24 vta. a 26, concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 229 y ordenando a la Vocal demandada, señalar nueva audiencia de apelación dentro del plazo de veinticuatro horas, para que en el mismo acto, una vez escuchadas las alegaciones de los sujetos procesales emita resolución debidamente fundamentada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La peticionante de tutela denunció que instalada la audiencia de apelación de 28 de junio de 2022, después de la expresión de agravios del representante del Ministerio Público y las alegaciones de se efectuaron en respuesta, la Vocal demandada ilegalmente suspendió dicho acto hasta el 30 de igual mes y año, oportunidad en la cual dictó el Auto de Vista cuestionado en la presente acción de defensa, con carencia de fundamentación, pues se encontraría sustentado en meras suposiciones, lesionando sus derechos a la libertad y, al debido proceso y los principios de continuidad y celeridad; ii) La autoridad demandada, informó que fue el abogado de la solicitante de tutela quien pidió la suspensión del indicado verificativo; debido a que, tenía otra audiencia programada con anterioridad; además, emitió el aludido fallo, amparada en el art. 398 del CPP, circunscribiéndose a los agravios expresados por el apelante; iii) La jurisprudencia constitucional precisó que, el Tribunal de alzada tiene la obligación de emitir resoluciones debidamente motivadas y fundamentadas, identificando los elementos de convicción; así como, verificando la concurrencia de las exigencias previstas en el art. 233 del CPP, a efectos de confirmar o revocar la resolución que otorgó la cesación de la detención preventiva; y, iv) “…las decisiones serán emitidas de manera inmediata luego de emitida la participación de las partes, en ninguna parte del Procedimiento establece que se debe hacer una suspensión, por lo que de acuerdo a lo que se ha podido comprobar dentro de la presente acción es evidente que la vocal Arminda Méndez ha vulnerado el Procedimiento penal, el debido proceso violentando los derechos y garantías de libertad, locomoción y además que la accionante estaba gozando de libertad, por lo que dicha resolución debería estar fundamentada ya que el informe hace relación más a las resoluciones que ya han sido resueltas y no así en relación a la apelación que realiza el Ministerio P[ú]blico…” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de 28 de junio de 2022, llevada a cabo en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, correspondiente al recurso de apelación incidental formulado por el Ministerio Público contra el Auto Interlocutorio 42/“2021” de 10 de mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del indicado departamento (fs. 11 a 12 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 229 de 30 de junio de 2022, la Vocal de la citada Sala Penal -ahora demandada- declaró “…ADMISIBLE Y PROCEDENTE EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO, EN CONSECUENCIA SE REVOCA EL AUTO INTERLOCUTORIO N° 42/2022 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2022, DICTADO POR EL TRIBUNAL 3ERO. DE SENTENCIA PENAL, DISPONIENDOSE LA DETENCION PREVENTIVA DE LA IMPUTADA ALYNE MAIA SILVA. Al no haber enervado el elemento domicilio, trabajo del art. 234. 1 y 2 y art. 235 del CPP, y la SCP. 582/2021” (sic [fs. 12 vta. a 16 vta.]).

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación; y, de los principios de continuidad y celeridad; en razón a que: a) Instalada la audiencia de apelación incidental de 28 de junio de 2022, luego de escuchar la intervención de los sujetos procesales, la Vocal demandada de manera ilegal suspendió dicho acto procesal para el 30 del mismo mes y año, a efectos de dictar la respectiva resolución; y, b) La indicada autoridad emitió el Auto de Vista 229 de 30 de junio de 2022, revocando el Auto Interlocutorio 42/“2021” de 10 de mayo de igual año, disponiendo nuevamente su detención preventiva, al haber determinado la concurrencia del riesgo de fuga con base en meras suposiciones y sin analizar objetivamente la documentación presentada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Los principios que rigen las audiencias en el proceso penal boliviano, especial mención al principio de continuidad

El Código de Procedimiento Penal boliviano, aprobado mediante Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, incorporó la oralidad como una de las características esenciales del proceso penal, en el cual, el juicio oral y público se constituye en la etapa central del litigo, mismo que se rige por los principios de inmediación, oralidad, publicidad, continuidad y concentración; no obstante, es importante hacer notar que dicha particularidad -oralidad-, no es atribuible únicamente a esa fase procesal, sino al proceso en general, que adoptó para su desarrollo el sistema de audiencias; de manera que, los principios señalados también son ordenadores de todas aquellas audiencias que se lleven adelante en el desarrollo de una causa penal, pese a que no exista una disposición legal que así lo establezca. Sin embargo, no fue hasta la promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que se modificó el art. 113 del CPP, el cual -a diferencia del anterior-incorporó una serie de reglas comunes que regulan las audiencias en los procesos penales, incluida la de juicio oral; es así que, el parágrafo I del indicado artículo, prescribe que los principios rectores de este acto procesal son: “… oralidad, inmediación, continuidad y contradicción…” (el resaltado es añadido); lo cual, implica que las autoridades judiciales están obligadas a cumplir los mismos en todas las audiencias que celebren durante la sustanciación de un litigio penal, incluido claro está, aquellas donde se resuelva la aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares; así como, en las concernientes a los recursos de apelación incidental formulados contra dichas determinaciones; con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de las partes, emergentes justamente de la vigencia de dichos principios, materializando de esa manera el debido proceso adjetivo. Entre los indicados principios se encuentra el de continuidad, conforme al cual, las audiencias en el proceso penal deben desarrollarse de forma continua hasta su conclusión -salvo casos excepcionales-; permitiendo que en forma secuencial e ininterrumpida se resuelvan todas las peticiones; ello implica que en un solo acto, los sujetos procesales formulen sus alegaciones y presenten las pruebas necesarias; y, seguidamente la autoridad judicial emita el respectivo fallo, conforme establece el art. 113.III del CPP, al señalar que: “…Las decisiones serán emitidas inmediatamente de concluida la participación de las partes” (el resaltado es añadido); de manera que, a la luz del referido principio, una vez instalado el debate no es permisible la suspensión de la audiencia, quedando la autoridad judicial obligada a pronunciar su decisión respecto al fondo de la problemática objeto de dicho acto procesal. El indicado principio adquiere mayor relevancia en las audiencias de consideración de aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares; toda vez que, en dichos actos procesales se resuelve la situación jurídica de los procesados, quienes a consecuencia del proceso penal instaurado en su contra, pueden sufrir restricciones a su derecho a la libertad, con la finalidad de garantizar su presencia en el proceso y no obstaculizar el mismo; por tal razón, esas audiencias deben desarrollarse también en el marco del principio de celeridad, evitando dilaciones, interrupciones y suspensiones innecesarias que afecten el derecho a la libertad de los encausados; en ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0771/2018-S2 de 15 de noviembre y 0329/2020-S2 de 7 de agosto2, estableció que, instalada la audiencia de cesación de la detención preventiva o de modificación de medidas cautelares -1 “…la audiencia de cesación de la detención preventiva debe observar los principios del juicio oral, tales como la inmediación, la igualdad de las partes, la concentración, la continuidad y la celeridad; en ese sentido, la audiencia en la que se consideró la solicitud de la demandante de tutela, no podía ser suspendida por motivo alguno, salvo una situación de fuerza mayor insuperable como la inconcurrencia de la imputada, que en el caso, no se dio, ya que todas las partes estaban presentes en la audiencia; además, éstas no adjuntaron ningún motivo de fuerza mayor para la suspensión, es más, la audiencia se instaló y se estaba desarrollado con normalidad, hasta que el abogado del Banco Unión S.A. solicitó un cuarto intermedio de treinta minutos para analizar la documentación presentada por la accionante y la Jueza demandada, sin justificación alguna y de manera arbitraria, suspendió la audiencia hasta el 12 de octubre del año en curso, cuando su deber era establecer si correspondía o no la solicitud efectuada; y, de acuerdo a ello, otorgar la palabra al Ministerio Publico y a la denunciante de tutela, para que aleguen lo que consideraren conveniente y finalmente, resolver la solicitud de la cesación de la detención en la misma audiencia de manera oral” (el resaltado es añadido). 2 “…instalada la audiencia que señaló para la consideración y resolución de la modificación de las medidas cautelares solicitada, debió proseguir con su desarrollo hasta resolver el petitorio sea de manera positiva o negativa y no suspenderla; puesto que, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en la audiencia de cesación de la detención preventiva o modificación de medidas cautelares, se debe observar los principios del juicio oral de inmediación, igualdad de las partes, concentración, continuidad y celeridad; por ello, el acto procesal instalado para considerar la petición de la demandante de tutela, no podía ser suspendida por motivo alguno, salvo una situación de fuerza mayor insuperable, que en el caso, no se dio; ya que, la falta del respectivo testimonio de poder del nuevo Directorio del Banco Unión S.A., para efecto de la acreditación de la personería de su representante, no podía ser causal para la suspensión de la audiencia hasta el 17 de diciembre de 2019…” (negrillas agregadas).

respectivamente- esta no puede suspenderse por ningún motivo, salvo situación de fuerza mayor insuperable, debiendo la misma proseguir hasta que se resuelva la causa que motivó dicho actuado.

III.2. Obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada

Con relación al título del presente apartado, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (el resaltado es agregado).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que los problemas jurídicos planteados por la accionante a través de su representante, surgen dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de extorsión, secuestro y asesinato, en grado de complicidad; a cuyo efecto, se encontraba detenida preventivamente en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; no obstante, mediante Auto Interlocutorio 42/“2021” de 10 de mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del indicado departamento, se benefició con la cesación de la referida medida extrema; determinación que fue apelada por la representación fiscal; por lo que, el 28 de junio de 2022, la Vocal ahora demandada instaló audiencia pública a objeto de considerar y resolver dicha impugnación; sin embargo, una vez concluida la intervención de los sujetos procesales, la aludida autoridad suspendió dicho acto procesal hasta el 30 del mismo mes y año a horas 14:00 (Conclusión II.1), oportunidad en la cual, dictó el Auto de Vista 229 de 30 de junio de 2022, revocando la resolución recurrida, ordenando nuevamente su detención preventiva (Conclusión II.2). En ese contexto, la accionante cuestiona, por un lado, la suspensión de la audiencia pública de 28 de junio de 2022, por transgredir los principios de continuidad y celeridad vinculados al derecho a la libertad; y por otro, el Auto de Vista 229, por encontrarse indebidamente motivado y fundamentado, refiriéndose de manera puntual a la determinación de concurrencia del peligro de fuga, previsto en el art. 234.1 del CPP, específicamente al elemento domicilio para acreditar su arraigo natural, el cual, a su entender hubiera sido establecido con base en suposiciones y sin efectuar un análisis de la documentación presentada.

III.3.1. Respecto a la suspensión de la audiencia de apelación de 28 de junio de 2022

En este punto, es importante hacer notar que en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que una vez instalada la audiencia de aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares, esta no puede suspenderse por ningún motivo, salvo la existencia de una causa de fuerza mayor insuperable; obligación que se extiende a las audiencias de recursos de apelación incidental contra resoluciones que definan justamente la situación jurídica de los imputados; sin embargo, en el presente caso, la Vocal demandada, en la audiencia de apelación incidental de 28 de junio de 2022, una vez finalizada la intervención de las partes, decidió reprogramar dicho acto procesal, postergando para otra fecha la emisión del respectivo auto de vista que confirme o revoque la resolución recurrida, argumentando que “…para no perjudicar a las partes, toda vez que no lo encuentran los demás cuerpos vamos a diferir la audiencia, porque tengo que verificar porqué motivo queda latente el núm. 2) del art. 235 del CPP, vamos a diferir para el día Jueves 30 de Junio a hrs. 14:00” (sic).

Ahora bien, toda vez que la solicitante de tutela cuestiona la determinación asumida de la Vocal demandada de suspender la señalada audiencia por transgredir los principios de continuidad y celeridad, en cumplimiento a la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad prevista en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, no es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional para analizar si la razón que motivó a la indicada autoridad a tomar esa decisión, se constituye o no en un justificativo válido; toda vez que, la accionante no reclamó el presunto acto lesivo a través del mecanismo procesal previsto en la ley; es decir, ante la decisión de diferimiento del indicado acto procesal, conforme a los arts. 401 y 402 del CPP, bien pudo interponer el recurso de reposición, a efectos de que la referida autoridad, en atención al art. 168 del mismo Código corrija el error señalado; en ese sentido, al no ser viable examinar la indicada problemática, corresponde denegar la tutela impetrada. Este Tribunal Constitucional resolvió en similar sentido en la SCP 0527/2013 de 3 de mayo

III.3.2. Con relación a la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista 229

Inicialmente, a efectos de delimitar el objeto procesal en la presente acción tutelar, es importante hacer notar que, el cuestionamiento al Auto de Vista 229 radica de manera puntual en la determinación de concurrencia del peligro de fuga, previsto en el art. 234.1 del CPP, específicamente al elemento domicilio para acreditar el arraigo natural de la prenombrada, el cual, a su entender hubiera sido establecido con base en suposiciones y sin efectuar un análisis de la documentación presentada. En ese entendido, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, determinó que al igual que los jueces de instancia, los tribunales de apelación están obligados a fundamentar y motivar la resolución que disponga o modifique una medida cautelar, lo cual implica en el primer caso la necesaria identificación de la concurrencia de los requisitos previstos en el art. 233 del CPP, a partir de la evaluación de los elementos probatorios; en ese sentido, a efectos de verificar dicho cuestionamiento, corresponde analizar la resolución cuestionada a partir de la denuncia puntual efectuada por la impetrante de tutela. Inicialmente, es importante señalar que, de la revisión del acta de audiencia de apelación (Conclusión II.1), el representante del Ministerio Público formuló el indicado recurso contra el Auto Interlocutorio 42/“2021” -a través del cual, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz dispuso la cesación de la detención preventiva a favor de la accionante-; expresando como agravios la fundamentación desarrollada por el indicado Tribunal respecto a los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1 (elemento domicilio) y 235.2 del CPP. En ese sentido, respecto al primer riesgo procesal -que es materia de esta acción de defensa-, cuestionó que el referido Tribunal hubiera sustentado su decisión en la valoración de un contrato de arrendamiento “anulado” anteriormente en otra audiencia de apelación; debido a que, dicho documento se encontraba suscrito por el hermano de la prenombrada; y, porque no existía la actualización del registro domiciliario; en razón a que, el indicado convenio era de 2021 y se requería verificar nuevamente si el inmueble alquilado aún se encontraba disponible para ser ocupado por la prenombrada. Por su parte, la solicitante de tutela a través de su defensa técnica, alegó que en la audiencia de solicitud de cesación de la detención preventiva se presentó un contrato distinto al que fue observado anteriormente; mediante el cual, tomaba en arrendamiento solo dos ambientes del mismo inmueble y por un canon menor; además que, solicitó la verificación domiciliaria, pero esta fue rechazada por el Ministerio Público con el justificativo de que había perdido competencia porque el proceso se encontraba con acusación formal; no obstante, el predio ya fue verificado en otra oportunidad. La Vocal demandada, en el Auto de Vista 229, respecto al indicado agravio, determinó la vigencia del riesgo de peligro de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP; toda vez que, la solicitante de tutela no habría acreditado tener un domicilio conocido; a ese efecto, retrotrayéndose al Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2021 y al Auto de Vista 16/2022 de 6 de enero, pronunciado por la misma Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, arguyó que, en dichas resoluciones se declaró vigente el indicado peligro procesal, porque la prenombrada no demostró contar con residencia conocida; toda vez que, se observó el contrato de arrendamiento de inmueble de “…29 de noviembre de 2021…” (sic), donde esta constituiría su vivienda; puesto que, “…la única firmante es Lilian Zambrana propietaria y Alyne Maia Silva [ahora peticionante de tutela] donde aclara que el que va pagar es el hermano de la arrendataria, sin embargo no se tiene conocimiento de esa persona ni justifica de cómo es que va a cancelar, es decir de pronto parece que un familiar va a pagar el canon del arrendamiento, pero no tiene constancia de su anuencia y demostración de cómo va a contribuir el cumplimiento del contrato…” (sic). Seguidamente, refirió que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el Auto Interlocutorio recurrido, determinó que la solicitante de tutela acreditó tener domicilio conocido, porque hubiera presentado contrato de arrendamiento del inmueble donde constituiría su residencia -refiriéndose al documento de 14 de abril de 2022-, el cual fue suscrito anteriormente; así como, la verificación domiciliaria y los documentos de propiedad de dicho predio. Finalmente, concluyó señalando que: “…EN ESTA RESOLUCIÓN, [refiriéndose al Auto Interlocutorio impugnado] se pierde la conexión por lo cual se le negó que fueron los dos elementos, ¿de dónde va a pagar?, ¿de dónde ha sacado el dinero para pagar dos años de anticipación? Esa sería otra interrogante por la cual al comienzo se establecía que ella no podía pagar Bs. 2.500 si solamente iba a ganar Bs. 2.500; sin embargo, puede ser que ella ya haya pagado por adelantado y no se puede ver de dónde, si la imputada no está trabajando. Así también las observaciones por parte del Ministerio P[ú]blico de que no se habría vuelto a verificar el inmueble, asi también no se habría actualizado esos documentos, no solamente el vínculo del arrendamiento con la imputada, sino además la verificación de todo el lugar si existiría la habitabilidad del inmueble, considero que el Ministerio Publico tiene razón, porque no se puede decir que solamente la parte civil no ha venido, no se sabe las circunstancias por las cuales la parte civil no se ha hecho presente, (…) asi también la actitud de la acusada habría sido que ella logro sacar del lugar a la víctima para que sea ejecutado los delitos, con esos antecedentes y con esas observaciones argumentativas realizada por [los] Vocales de este mismo tribunal, porque el Vocal que le reconoce el domicilio, manifiesta: ‘le reconoce Bs. 2.500 con relación al trabajo, pero no reconoce el domicilio porque de donde va sacar el alquiler, ahora aparece que pago con dos años de anterioridad, eso le compete al Ministerio Público de investigar, asi se argumentaba en audiencias antes señaladas, por lo tanto es una argumentación incongruente, porque el mismo tribunal no le reconoce el domicilio por esa situación, y porque la documentación no está actualizada. Por tanto este tribunal verifica los antecedentes y no da por reconocido este elemento del domicilio del art. 234.1) del CPP” (sic). Ahora bien, toda vez que el agravio expresado por el Ministerio Público respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP, se circunscribió a cuestionar: 1) La valoración de un contrato de arrendamiento de inmueble “anulado” anteriormente en otra audiencia de apelación; y, 2) La falta del certificado del registro domiciliario actualizado; la fundamentación y motivación de la Vocal demandada en el Auto de Vista 229 debió ceñirse a resolver dichos reclamos a partir de la valoración razonable de todos los elementos probatorios concernientes a ese efecto, y la finalidad que conlleva el establecimiento del indicado riesgo procesal. Sin embargo, la indicada autoridad, al resolver el referido agravio innecesariamente se remontó a las observaciones efectuadas en el Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2021, al primer contrato de arrendamiento y reiteradas en el Auto de Vista 16/2022, determinando que estas no fueron superadas; sin considerar que ese no era el debate generado por el cuestionamiento del recurrente, que consistía en establecer, si evidentemente la decisión del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz se sustentó en el indicado documento o en otro, como alegó la accionante -refiriéndose al suscrito el 14 de abril de 2022-, en el cual, se hubieran establecido modificaciones al convenio original. Respecto a la inexistencia del certificado de verificación domiciliaria actualizado, se limitó en señalar que “…el Ministerio Público tienen razón…” (sic) al haber efectuado dicha observación, omitiendo verificar la existencia o no de ese documento y su relevancia para la acreditación de residencia de la impetrante de tutela, tomando en cuenta que esta se encontraba con detención domiciliaria y lo manifestado en audiencia por su defensa técnica, respecto al rechazo del Ministerio Público para realizar una nueva verificación domiciliaria; finalmente, de manera incoherente sustentó su decisión en afirmaciones realizadas en la anterior resolución de alzada que no están relacionadas con el reclamo de la entidad recurrente. Por lo expuesto, se concluye que la Vocal demandada resolvió el agravio relacionado al riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP, sin la debida motivación y fundamentación; toda vez que, los argumentos expuestos por dicha autoridad resultan arbitrarios e incongruentes, porque omitió pronunciarse sobre el reclamo expresado por el Ministerio Público, brindando en defecto de ello una respuesta carente de coherencia, omitiendo además valorar la prueba aportada para enervar el indicado riesgo procesal; en ese sentido, es evidente la lesión del derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, debiendo en consecuencia, concederse la tutela impetrada al respecto. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12-22 de 1 de julio de 2022, cursante de fs. 24 vta. a 26, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes motivación y fundamentación, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 229 de 30 de junio de 2022, pronunciado por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, únicamente en relación al riesgo de fuga vinculado al elemento domicilio previsto en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal; debiendo emitirse nueva resolución conforme a los argumentos expuestos en este fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela respecto a la vulneración de los principios de continuidad y celeridad, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de los mismos; y, 3° Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, disponiendo que en caso de haberse emitido nuevo auto de vista como efecto de la resolución del Tribunal de garantías, no corresponde que la indicada Sala Penal dicte otra resolución producto de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en la Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente, siendo de Voto Disidente la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

Notas al pie

3 “De la documentación que informa los antecedentes del expediente, se evidencia que por Auto de 25 de abril de 2012, se resolvió declarar por abandonada la querella, por inasistencia a la audiencia conclusiva, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y los ahora accionantes contra Zenón Sánchez Quispe y ‘otros’ por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato con agravante de victimas múltiples, habiendo presentado un memorial que justifica su inconcurrencia a dicho actuado judicial, siendo éste rechazado por decreto de 28 de abril de 2012; a la cual la parte accionante no interpuso recurso de reposición conforme determina el art. 401 del CPP, es decir, necesariamente debía agotar ese recurso, antes de acudir a la jurisdicción constitucional” (el resaltado nos pertenece).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0332_2024-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): d00234dea920fb309e379f213c6c6fc9a05a75c03914eff5baab1ee620fd8142

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