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SCP 0331/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51889-2022-104-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, manifiesta la lesión de su derecho a la libertad, debido a que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación contra la Resolución de 25 de noviembre de 2022, emitida por la autoridad judicial demandada, que aprobó la planilla de liquidación por asistencia familiar sin haber realizado una correcta valoración de la prueba ofrecida consistente en depósitos bancarios, y a pesar de encontrarse en trámite dicho recurso, la Jueza demandada emitió mandamiento de apremio en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del cumplimiento de la asistencia familiar y la emergente emisión del mandamiento de apremio.
  2. III.2. La activación simultánea de la acción de libertad y la jurisdicción ordinaria como supuesto de subsidiariedad excepcional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0331/2025-S3 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51889-2022-104-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 14/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel Sejas Villarroel contra Bertha Fabiola Ríos Rodas, Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 25 a 29, el accionante a través de su representante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Estela Victoria Mondocorre Pizarro, el 29 de septiembre de 2022, se presentó nueva planilla de liquidación de asistencia familiar, computada desde el 5 de noviembre de 2020 al 5 de septiembre de 2022, planilla que fue objetada mediante memorial de 11 de octubre de igual año, porque la Jueza no tomó en cuenta todos los depósitos efectuados por su persona, se corrió en traslado el mismo, ordenando posteriormente al Secretario del Juzgado emita nueva planilla de liquidación, planilla que también fue objetada porque no se tomó en cuenta todos los depósitos que realizó. No obstante, su objeción, se aprobó la planilla de liquidación de asistencia familiar a través de la Resolución 1271 de 25 de noviembre similar año intimándolo a pagar la suma de Bs24 068.- (veinticuatro mil sesenta y ocho bolivianos) en el plazo de tres días, bajo sanción de emitirse mandamiento de apremio en su contra.

A raíz de ello, el 30 de noviembre de 2022, presentó recurso de reposición con alternativa de apelación contra la Resolución señalada precedentemente; empero, a pesar de que el recurso de reposición se encontraba en trámite, y la parte contraria no contestó al mismo, coordinó de manera anticipada la emisión del mandamiento de apremio en su contra, poniendo en peligro su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se ordene el restablecimiento de las formalidades legales establecidas en el art. 415 del Código de las Familias y su Procedimiento (CFPF), Ley 603, y, b) Se deje sin efecto cualquier mandamiento de apremio emitido en su contra restituyéndosele su derecho a la libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual de 22 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 35 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante ratifico íntegramente los términos de la acción tutelar señalando que: 1) Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar, se presentó una planilla de liquidación por la suma de Bs27 868.- (veintisiete mil ochocientos sesenta y ocho bolivianos), que fue observada, toda vez que pese a que se adjuntó los recibos respectivos de los depósitos, la Jueza no valoró debidamente la prueba; y, 2) A pesar de no haber concluido el trámite del recurso de reposición con alternativa de apelación, la Jueza –ahora demandada- emitió mandamiento de apremio, sin considerar la prueba presentada, recayendo en un procesamiento indebido.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Bertha Fabiola Ríos Rodas, Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Chuquisaca no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante de fs. 32 a 33.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 35 a 37 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El contenido jurídico del art. 127.I del Código de las Familias, establece que la obligación de la asistencia familiar es de interés social y su suministro debe de ser oportuno, no pudiendo diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial; ii) Al ser dichas normas taxativas y de cumplimiento obligatorio, la asistencia familiar debe de ser suministrada de forma inmediata, por lo que el legislador estableció un procedimiento expedito para que ésta se materialice en plena observancia del interés superior del niño, garantizándole su subsistencia y bienestar; iii) No es admisible la suspensión del mandamiento de apremio ante la interposición y tramitación de un recurso, por lo que el apremio corporal resulta ser un mecanismo de cumplimiento coercitivo de la asistencia familiar; y, iv) La suma de dinero establecida en el informe del Secretario del Juzgado por el concepto de asistencia familiar, no es definitiva ya que existe un recurso de reposición pendiente de resolución que puede hacer que el monto adeudado difiera, circunstancia que no puede afectar a la prestación inmediata y obligatoria de la asistencia familiar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar seguido contra el accionante, el 29 de septiembre de 2022, Estela Victoria Mendoza Pizarro presentó planilla de liquidación por la suma de Bs. 27 868 (veintisiete mil ochocientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos) (fs.2 vta.), solicitud que fue providencia por la autoridad demandada el 5 de octubre de similar año, corriendo su traslado (fs. 3). II.2. Mediante memorial de 11 de octubre de 2022, el impetrante de tutela objetó la planilla de liquidación bajo el argumento de que se realizó pagos que no fueron contemplados en la planilla de liquidación, adjuntando al efecto documentación de respaldo (fs. 4 a 11), observación que fue corrida en traslado a la parte contraria mediante providencia de 14 de igual mes y año (fs. 12). II.3. Cursa planilla de liquidación de 15 de noviembre de 2022, por concepto de asistencia familiar elaborada por Mauricio Marquiegui Secretario del Juzgado Publico de Familia Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, por la suma de Bs 24 068.- (veinticuatro mil sesenta y ocho 00/100 bolivianos) (fs.13), ordenándose su traslado a las partes por decreto de 17 de similar mes y año (fs. 14). II.4. Por memorial de 24 de noviembre de 2022, el impetrante de tutela objetó la planilla de liquidación de asistencia familiar de 15 de igual mes y año, objeción que fue resuelta mediante Auto 1271 de 25 de similar mes y año, aprobándose la planilla de liquidación por la suma de Bs 24 068, conminándose al accionante al pago del mismo en el plazo de tres días bajo conminatoria de emitirse mandamiento de apremio en su contra (fs. 16 a 19 vta). II.5. El 30 de noviembre de 2022, el accionante, presentó recurso de reposición con alternativa de apelación contra la Resolución de 25 de similar mes y año, ordenándose su traslado por providencia de 01 de diciembre de igual año (fs. 20 a 21 y 24), recurso que se encuentra pendiente de resolución. II.6. Cursa mandamiento de apremio emitido el 5 de diciembre de 2022 contra el accionante (fs. 43 y vta).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, manifiesta la lesión de su derecho a la libertad, debido a que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación contra la Resolución de 25 de noviembre de 2022, emitida por la autoridad judicial demandada, que aprobó la planilla de liquidación por asistencia familiar sin haber realizado una correcta valoración de la prueba ofrecida consistente en depósitos bancarios, y a pesar de encontrarse en trámite dicho recurso, la Jueza demandada emitió mandamiento de apremio en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del cumplimiento de la asistencia familiar y la emergente emisión del mandamiento de apremio.

El art. 127.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, prescribe en forma terminante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, pudiendo ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal, entre ellas, el apremio.

Al respecto, la SCP 0714/2019-S2 de 21 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.2, con relación al cumplimiento de la asistencia familiar estableció lo siguiente:

[La] liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria. Ahora bien, las medidas compulsivas previstas en el Código de las Familias y del proceso familiar, entre ellas, el embargo, la venta de bienes, el apremio, se encuentran previstas como medidas compulsivas para cubrir el importe de las pensiones devengadas, por ello, la vigencia del mandamiento de apremio es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad hasta que la obligación por asistencia familiar sea cumplida en su totalidad.

III.2. La activación simultánea de la acción de libertad y la jurisdicción ordinaria como supuesto de subsidiariedad excepcional

El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, 1El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:

Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional.

Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional. La sistematización glosada fue desarrollada por la SCP 0241/2018 -S2, de 12 de junio.

III.3. Análisis del caso concreto

penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto:

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 3El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

El accionante, manifiesta la lesión de su derecho a la libertad, debido a la autoridad judicial demandada mediante Resolución de 25 de noviembre de 2022, sin realizar una correcta valoración de la prueba ofrecida consistente en depósitos bancarios, aprobó la planilla de liquidación de asistencia familiar; resolución contra la cual interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación; sin embargo, a pesar de encontrarse en trámite dicho recurso, emitió mandamiento de apremio en su contra.

Con relación a la emisión del mandamiento de apremio, el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en aplicación del art. 127 del CFPF señala que la asistencia familiar, al ser una obligación de interés social, no puede diferirse por recurso o por procedimiento alguno, tampoco posponerse o dilatarse, ni condicionarse a plazo o la resolución de recurso alguno.

En dicho orden, dentro del proceso de asistencia familiar, la autoridad judicial demandada, luego de aprobar la planilla de liquidación de asistencia familiar mediante Auto de 25 de noviembre de 2022, emitió el mandamiento de apremio, conforme a procedimiento, razón por la cual, su emisión no puede ser considerada como una medida que amenace indebidamente la libertad personal del accionante.

En consecuencia, el hecho de que exista un recurso pendiente de resolución, en este caso el recurso de reposición con alternativa de apelación planteado por el impetrante de tutela, no es óbice para que dicho mandamiento pueda ser ejecutado, puesto que la finalidad de dicha medida es garantizar el cumplimiento de la obligación que tiene el demandado, independientemente de que exista algún recurso pendiente resolución, referente a las observaciones que realizó el accionante a la planilla de liquidación de la asistencia familiar.

Finalmente, respecto a que se hubiere emitido el mandamiento de apremio pese a que la planilla de liquidación de asistencia familiar fue observada por el impetrante de tutela, y que la autoridad judicial no realizó una adecuada valoración de los depósitos que realizó, corresponde señalar que dichos extremos fueron denunciados por el accionante mediante recurso de reposición bajo alternativa de apelación, situación que impide a que esta jurisdicción pueda efectuar pronunciamiento respecto a los depósitos efectuados por el accionante, al evidenciarse que activó de manera simultánea la jurisdicción ordinaria y la constitucional, circunstancia que amerita la denegatoria de la acción de libertad en mérito de la subsidiariedad excepcional de este mecanismo de defensa, conforme los precedentes constitucionales desglosados en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0331_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): e0ccbe971df3e063a362c1e0344b7394a75738aaaab07c6d7778db209ddf0869

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