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SCP 0331/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 5 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54190-2023-109-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes juez natural, legalidad, aplicación objetiva de la ley, vinculado a la seguridad jurídica; toda vez que, por Resolución Ministerial de Apelación 01/2023 de 27 de enero, la autoridad demandada confirmó la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2022 de 6 de diciembre -a través de la cual se le impuso la multa del 20% de su salario básico mensual y se declaró infundada la solicitud de nulidad del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022-, sin advertir que la Autoridad Sumariante Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, carecía de competencia para procesarlo dada su condición de Director Departamental de Educación de Potosí, correspondiendo tal atribución al Tribunal Administrativo Disciplinario en el marco del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, aprobado por RM 062/2000 de 17 de febrero. Ante ello, la autoridad demandada, a través de sus representantes, señaló que el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación tenía la competencia para procesar al impetrante de tutela; no obstante, dada la modificación al Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, mediante Resolución Ministerial de Apelación 04/2023 de 9 de marzo, se anuló el proceso sumario administrativo seguido contra el nombrado accionante hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022; asimismo, se instruyó la remisión de los antecedentes al Tribunal Administrativo Disciplinario, para que sustancie y resuelva el caso conforme a sus atribuciones. En consecu…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 159 a 162 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0331/2025-S2 Sucre, 5 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 54190-2023-109-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 27/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 159 a 162 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Marcelo Flores Lima contra Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 de febrero y 1 de marzo, ambos de 2023, cursantes a fs. 1, 74 a 84; y, 100 y vta., el accionante manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 24 de octubre de 2022, en su calidad de Director Departamental de Educación de Potosí, fue notificado con el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022 de 17 de octubre, mediante el cual, Wilfredo Yujra Mamani, Autoridad Sumariante Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, dispuso su procesamiento por supuestos indicios de responsabilidad administrativa e infracción de los arts. 4 inc. h) y 9 incs. a), d), e) y f) del Decreto Supremo (DS) 0813 de 9 de marzo de 2011; 2, 8 incs. c) y e) y 12 del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo "Observado" en el Registro Docente Administrativo y en el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística (RP-DGESTLA), aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) 1239/2018 de 14 de diciembre, concordante con los arts. 235.2 de la Constitución Política de Estado (CPE); 28 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-; 3 y 18.I del DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001; y, 52 inc. m) y 24 inc. b)

del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública (SEP), aprobado mediante RM 062/2000 de 17 de febrero. En tal situación, el 8 de noviembre de 2022 interpuso incidente de nulidad ante la mencionada Autoridad Sumariante, alegando falta de competencia de dicha autoridad para sustanciar el proceso; ya que, por mandato del art. 59 del citado Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, y en la interpretación establecida en la SCP 0369/2021-S3 de 14 de julio, conforme a la cual, quien tendría la atribución de conocer y resolver el proceso sumario en su contra, sería el Tribunal Administrativo Disciplinario, en virtud del art. 62.IV del mencionado Reglamento. Ante la falta de pronunciamiento del referido incidente, por nota de 28 de igual mes y año, solicitó respuesta formal; no obstante, el 9 de diciembre del señalado año, fue notificado con la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2022 de 6 del indicado mes, que declaró su responsabilidad administrativa, imponiéndole una multa del 20% de su salario básico mensual, y declaró infundado el señalado incidente de nulidad del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022. Frente a ello, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución Ministerial de Apelación 01/2023 de 27 de enero, suscrita por Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación -ahora demandado-, quien confirmó la señalada Resolución Final 05/2022, sosteniendo que, el Asesor Legal Principal asumió competencia ante la ausencia de una disposición específica, además de considerar la necesidad de garantizar un juzgamiento imparcial y libre de injerencias, tomando en cuenta que el Tribunal Administrativo Disciplinario depende jerárquicamente de la Dirección Departamental de Educación de Potosí, lo que implicaría una relación laboral con su persona; y que, en sujeción a la disposición abrogatoria única de la Ley de la Educación "Avelino Siñani -Elizardo Pérez" -Ley 070 de 20 de diciembre de 2010- la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SCP 0369/2021-S3 y el art. 67 del DS 23318-A, el Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP no resultaba aplicable para el procesamiento administrativo disciplinario de los directores departamentales de educación.

I.1.2. Derecho, garantías y principios presuntamente vulnerados

El peticionante de tutela alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes juez natural, legalidad y aplicación objetiva de la ley, vinculado a la seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) Se deje sin efecto la Resolución Ministerial de Apelación 01/2023; b) Se instruya que la autoridad demandada emita nueva resolución anulando el proceso hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022; y, c) La remisión de antecedentes al Tribunal Administrativo Disciplinario.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 10 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 153 a 158, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en el memorial de la acción de defensa. Ante la interrogante del Vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, respecto a si su persona tenía conocimiento de la Resolución Ministerial de Apelación 04/2023 de 9 de marzo, aclaró de manera expresa que no.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus representantes, por informe escrito de 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 137 a 140, y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: 1) El Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, tenía la competencia para procesar al accionante; no obstante, las modificaciones aprobadas por la RM 166/2023 de 27 de marzo al Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, complementan el régimen procesal disciplinario aplicable para dicho juzgamiento. En ese marco, y en cumplimiento del art. 1 de la citada Resolución Ministerial, mediante Resolución Ministerial de Apelación 04/2023, se anuló el proceso sumario administrativo seguido contra el impetrante de tutela hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022, además se instruyó se remitan los antecedentes al Tribunal Administrativo Disciplinario conformado; 2) El art. 32 del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, señala que: “’Todos los servidores públicos de la carrera administrativa del SEP, sin distinción de jerarquía, asumen plena responsabilidad por sus acciones u omisiones, debiendo, conforme a disposición legal aplicable, rendir cuentas ante la autoridad o instancia correspondiente, por la forma y resultados de su desempeño funcionario. Los funcionarios de máximo nivel jerárquico responderán por la administración correcta y transparente de las organizaciones del SEP a su cargo, así como por los resultados de su gestión en términos de eficiencia y economía’” (sic); es decir, que dicha disposición no se encuentra alejada de la LACG, como cree el impetrante de tutela, posibilitando su supletoriedad en caso de existencia de vacío en la norma específica; y, 3) De aplicarse lo dispuesto por el art. 62.IV del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) -se entiende los directores departamentales de educación- serían procesados por servidores públicos que se encuentran bajo su dependencia, en total inobservancia al principio de imparcialidad; empero, por RM 0172/2023 de 28 de febrero, se designó al personal que conformará el mencionado Tribunal Administrativo. Asimismo, se dejó sin efecto los obrados del proceso seguido contra el peticionante de tutela hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022, por lo que no existe fundamento para el análisis de la presunta vulneración del derecho reclamado en esta acción de defensa.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Resolución 27/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 159 a 162 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El demandado a través de su representante, en audiencia de garantías presentó la Resolución Ministerial de Apelación 04/2023, que anuló el proceso administrativo que se sustanció contra el ahora accionante, y que además dispuso la remisión de obrados ante el Tribunal Administrativo Disciplinario; y, ii) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional analizó la sustracción de materia o teoría del hecho superado como causal de improcedencia y denegatoria de la acción de amparo constitucional, la misma que resulta aplicable al caso, toda vez que el peticionante de tutela, mediante este mecanismo pretende que la Resolución Ministerial de Apelación 01/2023 deje sin efecto, lo cual aconteció por disposición de la señalada Resolución Ministerial de Apelación 04/2023.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022 de 17 de octubre, Wilfredo Yujra Mamani, Autoridad Sumariante Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, dispuso el procesamiento de Edwin Marcelo Flores Lima, en calidad de Director Departamental de Potosí -accionante-, por la presunta vulneración de los arts. 4 inc. h) y 9 incs. a), d) y f) del DS 0813; 2, 8 incs. c) y e), y 12 del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo "Observado" en el Registro Docente Administrativo y en el RP-DGESTLA, aprobado mediante RM 1239/2018, en concordancia con los arts. 235.2 de la CPE, 28 de la LACG, 3 y 18.I del DS 23318-A, modificado por el DS 26237, 52 inc. m) y 24 inc. b) del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, aprobado mediante RM 062/2000 (fs. 5 a 10).

II.2. Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, el impetrante de tutela interpone ante la ut supra citada Autoridad Sumariante, la nulidad del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022. Asimismo, por escrito de 28 de igual mes y año, solicita pronunciamiento (fs. 11 a 17; y, 18 a 22 vta.). II.3. A través de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2022 de 6 de diciembre, se determina la existencia de responsabilidad administrativa del peticionante de tutela; y, en aplicación del art. 57 del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, se le impone la multa del 20% de su salario básico mensual, declarando infundada la solicitud de nulidad del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022 (fs. 23 a 26 vta.). II.4. Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2022, el accionante interpone recurso de apelación contra la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2022, el cual mereció la Resolución Ministerial de Apelación 01/2023 de 27 de enero, por la que, Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación del Estado Plurinacional -demandado-, confirma la indicada Resolución Final (fs. 27 a 34; y, 35 a 52). II.5. Mediante Resolución Ministerial de Apelación 04/2023 de 9 de marzo, el demandado anula obrados hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022 y dispone la remisión de los antecedentes ante el Tribunal Administrativo (fs. 148 a 152).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes juez natural, legalidad, aplicación objetiva de la ley, vinculado a la seguridad jurídica; toda vez que, por Resolución Ministerial de Apelación 01/2023 de 27 de enero, la autoridad demandada confirmó la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2022 de 6 de diciembre -a través de la cual se le impuso la multa del 20% de su salario básico mensual y se declaró infundada la solicitud de nulidad del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022-, sin advertir que la Autoridad Sumariante Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación, carecía de competencia para procesarlo dada su condición de Director Departamental de Educación de Potosí, correspondiendo tal atribución al Tribunal Administrativo Disciplinario en el marco del Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, aprobado por RM 062/2000 de 17 de febrero. Ante ello, la autoridad demandada, a través de sus representantes, señaló que el Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación tenía la competencia para procesar al impetrante de tutela; no obstante, dada la modificación al Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, mediante Resolución Ministerial de Apelación 04/2023 de 9 de marzo, se anuló el proceso sumario administrativo seguido contra el nombrado accionante hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022; asimismo, se instruyó la remisión de los antecedentes al Tribunal Administrativo Disciplinario, para que sustancie y resuelva el caso conforme a sus atribuciones. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal

Sobre el particular, el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece como improcedencia reglada de la acción tutelar: “...cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...” se entiende en la etapa de admisión de no haberse advertido en esa fase y sí en el análisis de fondo del caso concreto, deviene la denegatoria de tutela a través de la figura de sustracción de la materia. Así, la SCP 1894/2012 de 12 de octubre condicionó los presupuestos para determinar la sustracción de materia, debe verificarse que: “i) Las pruebas aportadas por las partes, conforme sus pretensiones otorgan la certeza de que la pretensión procesal se ha extinguido; y, ii) Con el objeto de no afectar el procedimiento constitucional es preciso señalar que para determinar la sustracción del objeto procesal o materia por la cesación de los efectos del acto reclamado, el acto lesivo denunciado debe ser restituido antes de la citación con el Auto de admisión de la acción de amparo constitucional" . Al respecto, la SCP 0631/2016-S1 de 3 de junio, efectuó una modulación señalando que existiría sustracción de materia, en casos en los que el objeto de la demanda haya desaparecido antes de la audiencia de garantías, señalando que: “La jurisprudencia constitucional (…) estableció que para que se aplique la teoría del hecho superado se debe cumplir con el presupuesto de que el acto reclamado hubiese cesado antes de que la parte demandada hubiese sido notificada con la acción de amparo constitucional; sin embargo, considerando aquellos casos en que el objeto de la demanda de tutela hubiere desaparecido después de haber sido citados el o los demandados con dicha acción; empero, antes de la realización de la audiencia pública señalada al efecto y que el accionante hubiera tenido conocimiento de la reparación del acto reclamado, se debe aplicar la ‘teoría del hecho superado’; debido a que, no tendría razón de ser que la jurisdicción constitucional se pronuncie en el fondo, si la pretensión de la parte accionante fue reparada, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada; recalcando que dicho entendimiento constituye un presupuesto que se incorporó a la configuración de la teoría mencionada, ante el logro del objeto reclamado, antes de que se efectúe el acto procesal señalado por ley” (las negrillas son añadidas).

Ahora bien, debe considerarse que la finalidad de la acción de amparo constitucional es la protección de derechos fundamentales y no así el establecimiento de responsabilidades; a partir de dicho entendimiento, si a tiempo de celebrarse la audiencia, lo denunciado se ha superado a consecuencia de la notificación con la demanda de amparo constitucional y la parte accionante no cuestiona el resultado de dicho acto o se allana a la solicitud de denegatoria, corresponde inhibirse de conocer el fondo de la problemática en la medida en la que de resolverla y al no existir orden que cumplir, la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional quedaría para el comentario y sin efecto práctico alguno, erogando recursos económicos y humanos que pueden ser destinados a otras causas.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela señala que la Autoridad Sumariante Asesor Legal Principal del Ministerio de Educación le inició un proceso sumario administrativo sin tener competencia para ello; toda vez que, en su calidad de Director Departamental de Educación de Potosí, la sustanciación y resolución del caso le correspondía al Tribunal Administrativo Disciplinario; no obstante, pese a que solicitó la nulidad del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022, mediante Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2022 se determinó su responsabilidad administrativa; por lo que, se le impuso una multa equivalente al 20% de su salario básico mensual y declaró infundada la solicitud de nulidad del referido Auto Inicial; determinación que fue posteriormente confirmada mediante la Resolución Ministerial de Apelación 01/2023, emitida por el Ministro de Educación ahora demandado. En dicho contexto fáctico, el accionante pretende que, mediante este mecanismo constitucional, se deje sin efecto la Resolución Ministerial de Apelación citada, y que la autoridad demandada emita una nueva resolución disponiendo anular el proceso hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022, y la remisión de antecedentes ante el Tribunal Administrativo Disciplinario. Al respecto, la señalada autoridad demandada, al momento de presentar informe a través de sus representantes -cursante de fs. 137 a 140-, explicó que la RM 166/2023 modificó el Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP, complementando el régimen procesal disciplinario; razón por la cual, en cumplimiento al art. 1 de la citada determinación -compréndase Resolución Ministerial de Apelación-, mediante Resolución Ministerial de Apelación 04/2023, se anuló el proceso sumario administrativo seguido contra el solicitante de tutela hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022, disponiéndose la remisión de antecedentes de dicha causa al Tribunal Disciplinario Administrativo, para su sustanciación conforme el Reglamento de la Carrera Administrativa del SEP (Conclusión II.5). En mérito a lo expuesto, corresponde aplicar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; toda vez que, al haberse anulado el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 005/2022 y dispuesto la remisión de antecedentes al Tribunal Administrativo Disciplinario, cesaron los efectos del acto reclamado como lesivo; es decir, el cuestionamiento sobre la competencia de la Autoridad Sumariante desapareció por disposición expresa de dicha Resolución Ministerial que dispuso la remisión de antecedentes del proceso disciplinario instaurado contra el accionante al citado Tribunal Administrativo Disciplinario. Asimismo, el peticionante de tutela, en audiencia de garantías, no reclamó un pronunciamiento de fondo, mostrando su conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. En tal sentido, efectuar un análisis de fondo de la problemática planteada carecería de efecto jurídico práctico, correspondiendo a este Tribunal inhibirse de emitir pronunciamiento sobre el fondo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 159 a 162 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0331_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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