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SCP 0330/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54911-2023-110-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado sin que exista notificación con la acusación formal, ni de la radicatoria de algún juzgado o tribunal de sentencia, no celebró la audiencia de consideración de su situación jurídica, al no encontrarse los antecedentes de su proceso penal en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación formal; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución ACC.LIB.03/2023 de 29 de abril, cursante de fs. 37 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación formal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54911-2023-110-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución ACC.LIB.03/2023 de 29 de abril, cursante de fs. 37 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Freddy Eusebio Méndez Medrano en representación sin mandato de Juan Manuel Mamani Pachacopa contra José Luis Matienzo Zarate, Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 28 de abril de 2023, cursante de fs. 18 a 21 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Manuel Mamani Pachacopa -accionante- por la presunta comisión del delito de violación con agravante, previsto y sancionado por los arts. 308 con relación al art. 310 incs. k) y m) del Código Penal (CP), se encuentra con detención preventiva desde el 1 de marzo de 2023, con una duración de dos meses, debiendo celebrarse la audiencia de consideración de su situación jurídica para el 28 de abril de ese año, a las 10:00 horas. En esa fecha, media hora antes se solicitó el link de la citada audiencia; empero, se indicó que ya existía acusación formal emitida por la Fiscal de Materia; por lo que, el Juez hoy accionado perdió competencia y el “expediente” -cuaderno de control jurisdiccional- fue remitido a Padilla -Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Padilla del departamento de Chuquisaca-. Por consiguiente, no fue notificado con ninguna acusación formal, ni radicatoria de algún juzgado o tribunal u otro juzgado; razón por la que, debió celebrarse la audiencia de consideración de su situación jurídica; sin embargo, se le refirió que los antecedentes no estaban en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; citando al efecto los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga, el restablecimiento de las formalidades legales señaladas en la SCP 0025/2023 de 10 de marzo, y que se efectúe a la brevedad posible la audiencia -para considerar su situación jurídica-.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 29 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El Juez hoy accionado y el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, señalaron que el 24 de abril de 2023, remitieron su proceso penal con la acusación formal, decretando una audiencia sin notificar con la radicatoria, cuando previamente tiene que existir la notificación de la radicatoria; ya que, se debe tener conocimiento para poder recusarlos o no; b) Resulta evidente que el tribunal de sentencia o el juez de sentencia que conozca la causa puede resolver la cesación de su detención preventiva, control de plazos, siempre y cuando sea radicado en el tribunal de sentencia; c) Si bien su proceso penal se remitió al Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Padilla del departamento de Chuquisaca; empero, jamás fue notificado con la resolución de remisión o con la audiencia que sería conocida por un tribunal de sentencia; y, d) El citado Tribunal de Sentencia Penal, no tenía competencia; ya que, no fue notificado con la radicatoria a las partes procesales, porque “…habiendo llegado el 28 en la mañana ingresando a despacho…” (sic) el Juez de dicho Juzgado dictó resolución de radicatoria;

empero, tenía que notificarse a las partes procesales para estar a derecho y asumir el derecho a la defensa, “…o sea la audiencia del día de ayer…” (sic) -se entiende de 28 de abril de 2023- se efectuó con la vulneración del derecho a la defensa, manteniéndose la ilegal detención preventiva por parte del referido Tribunal de Sentencia Penal, que ratificó esa ilegal detención.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

José Luis Matienzo Zarate, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, mediante informe presentado el 29 de abril de 2023, cursante de fs. 30 a 34, manifestó que: 1) Las partes procesales fueron notificadas el 24 de ese mes y año, a las 15:00 horas; es decir, que el accionante tenía conocimiento de la acusación formal presentada por la Fiscal de Materia; y por consiguiente, de la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Padilla del departamento de Chuquisaca, remisión que fue efectuada en esa fecha, prueba de ello, del Informe del Secretario de ese Juzgado se tiene que el 26 de igual mes y año, el abogado del accionante se apersonó con la finalidad de solicitar el decreto de 1 de marzo de 2023 -de señalamiento de audiencia de consideración de medidas cautelares-, en el que se reiteró que el proceso penal del nombrado ya se encontraba con acusación formal y que fue remitido el 24 del mismo mes y año; 2) El cuaderno de control jurisdiccional fue remitido dentro del plazo de veinticuatro horas de presentada la acusación formal, habiendo su autoridad perdido competencia para conocer la situación jurídica del accionante; y, 3) Conforme al informe de la Fiscal de Materia se tiene que el 27 de abril del señalado año, el referido Tribunal de Sentencia Penal, radicó la causa, instalando audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante a las 10:00 horas, para el 28 de igual mes y año, siendo reprogramada para las 16:00 horas, de esa fecha, siendo ya resuelta la situación jurídica del accionante, en la que asistió su abogado y representante sin mandato, procediéndose conforme a ley.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución ACC.LIB.03/2023 de 29 de abril, cursante de fs. 37 a 41, concedió la tutela solicitada, respecto al Juez hoy accionado, quien de manera inmediata debió convocar nuevamente a audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, cumplida esa diligencia nuevamente se deberá remitir todos los antecedentes a conocimiento del tribunal de sentencia que sea llamado por ley; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) El Juez de instrucción penal debe definir la situación jurídica del imputado -accionante- aún cuando ya se presentó la acusación formal, mientras no sea radicada la causa penal ante el juez o tribunal de sentencia; ii) El 24 de abril de 2023, el proceso penal del accionante, se hubiese remitido al Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Padilla de ese departamento, inclusive ya estaría radicada su causa el 27 de ese mes y año, disponiendo la audiencia de control de “detención preventiva”

para el 28 de igual mes y año, a las 10:00 horas; iii) Se debe tener en cuenta que el accionante guarda detención preventiva “…en la localidad de Tarabuco…” (sic) del referido departamento; por lo que, de acuerdo al art. 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP) debió ser notificado en el lugar donde guarda detención preventiva; sin embargo, tanto el accionante como su defensa técnica mantienen la posición de que jamás fueron notificados con ninguna diligencia; es decir, no conocieron ningún decreto que dispuso la remisión de su causa a conocimiento del señalado Tribunal de Sentencia Penal, siendo posible en el presente caso, que esa diligencia no se hubiese realizado; ya que, el accionante no la tiene en su poder; además que, el Juez hoy accionado debió adjuntar copias de las notificaciones que se realizaron; iv) Si bien se acompañó el informe del Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, fue necesaria la remisión de copias de las notificaciones para acreditar que efectivamente la determinación asumida por el Juez ahora accionado fue de conocimiento del accionante; v) Si el nombrado Juez convocó a una audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante para el 28 de abril de 2023; ya que, se presentó una acusación formal el 24 de igual mes y año, fue obligación de dicho Juez mantener el conocimiento de ese proceso penal hasta el desarrollo de la audiencia “…de control de la detención preventiva…” (sic); y, vi) Aunque se formuló la acusación formal, debe ser el Juez de la causa a cargo del control jurisdiccional de la etapa preparatoria, quien debió conocer las incidencias que se tramitaron en dicha etapa, y al no proceder de ese modo, el Juez hoy accionado incurrió en un acto que provocó que la detención del accionante se torne en indebida.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Audiencia de Medidas Cautelares de 1 de marzo de 2023 (fs. 7 a 9 vta.), en la cual se emitió el Auto Interlocutorio de esa fecha, por José Luis Matienzo Zarate, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca

-ahora accionado- disponiendo la detención preventiva de Juan Manuel Mamani Pachacopa -hoy accionante- por el plazo de dos meses en la “Cárcel Pública de ésta localidad de Tarabuco”; asimismo, se señaló audiencia para considerar la situación jurídica del nombrado para el 28 de mayo de ese año (fs. 10 a 14 vta.). II.2. Por memorial de 16 de marzo de 2023, dirigido al Juez ahora accionado; el accionante solicitó corrección procesal y se pueda corregir el error en cuanto a la fecha de audiencia de consideración de su situación jurídica; ya que, se hizo el computo de tres meses y no de dos meses, debiendo celebrarse la citada audiencia en abril y no en mayo de igual año (fs. 16). Mereciendo en respuesta el Auto de 17 de ese mes y año, emitido por el Juez hoy accionado, por el cual se corrigió el señalamiento de audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante para el 28 de abril de igual año (fs. 17). II.3. Mediante Informe de 28 de abril de 2023, dirigido al Juez hoy accionado; el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, señaló que las partes procesales fueron notificadas con la acusación fiscal el 24 de igual mes y año, procediendo a remitir el cuaderno de control jurisdiccional ante el Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Padilla de ese departamento, en la misma fecha. Asimismo, el 26 del citado mes y año, el abogado y la madre del accionante, se apersonaron a dicho Juzgado, solicitando se les extienda copias de los últimos actuados; empero, el mencionado Secretario indicó que el cuaderno de control jurisdiccional ya no se encontraba en ese despacho judicial y que fue remitido ante el Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Padilla del departamento de Chuquisaca, en respuesta el abogado y la madre del accionante señalaron que se apersonarían ante el citado Tribunal de Sentencia Penal (fs. 29).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado sin que exista notificación con la acusación formal, ni de la radicatoria de algún juzgado o tribunal de sentencia, no celebró la audiencia de consideración de su situación jurídica, al no encontrarse los antecedentes de su proceso penal en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación formal; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. Competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación formal

La SCP 0705/2021 S1 de 24 de noviembre, señala que: “Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces y tribunales para resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva, cuando se presentó la acusación formal, a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586; corresponde de manera expresa efectuar una reconducción de la línea jurisprudencial, haciendo efectivos los principios de celeridad, seguridad jurídica y los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; por lo que, con relación a la competencia del juez de instrucción penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación formal; corresponde reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005 a lo señalado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, que indica:

…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación…(…). Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.

Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación formal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.

En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien el art. 239 del CPP vigente dispone cuarenta y ocho horas como plazo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse hasta el último momento para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente. En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado sin que exista notificación con la acusación formal, ni de la radicatoria de algún juzgado o tribunal de sentencia, no celebró la audiencia de consideración de su situación jurídica, al no encontrarse los antecedentes de su proceso penal en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el Acta de Audiencia de Medidas Cautelares de 1 de marzo de 2023, en la cual el Juez ahora accionado emitió el Auto Interlocutorio en esa fecha, disponiendo la detención preventiva del accionante por el plazo de dos meses en la “Cárcel Pública de ésta localidad de Tarabuco”; asimismo, se señaló audiencia para considerar la situación jurídica del nombrado para el 28 de mayo de 2023 (Conclusión II.1.). Contra esa determinación por memorial de 16 de igual mes y año, dirigido al citado Juez; el accionante solicitó corrección procesal y se pueda corregir el error en cuanto a la fecha de audiencia de consideración de su situación jurídica; ya que, se hizo el cómputo de tres meses y no de dos meses, debiendo celebrarse la referida audiencia en abril y no en mayo de igual año. Mereciendo en respuesta el Auto de 17 de ese mes y año, emitido por el Juez hoy accionado, por el cual se corrigió el señalamiento de audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante para el 28 de abril de 2023 (Conclusión II.2.); además, mediante Informe de la misma fecha, dirigido al Juez hoy accionado; el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del departamento de Chuqisaca, señaló que las partes procesales fueron notificadas con la acusación formal el 24 de igual mes y año, procediendo a remitir el cuaderno de control jurisdiccional ante el Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Padilla del citado departamento, en la misma fecha. Asimismo, el 26 del citado mes y año, el abogado y la madre del accionante, se apersonaron a dicho Juzgado, solicitando se les extienda copias de los últimos actuados; empero, dicho Secretario, indicó que el cuaderno de control jurisdiccional ya no se encontraba en ese despacho judicial y que fue remitido ante mencionado Tribunal de Sentencia Penal, en respuesta el abogado y la madre del accionante señalaron que se apersonarían al referido Tribunal de Sentencia Penal (Conclusión II.3.). En ese contexto, inicialmente se advierte que por Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2023; además, de determinarse la detención preventiva del accionante por dos meses, se fijó la audiencia de consideración de la situación jurídica del nombrado para el 28 de mayo de ese año, fecha que fue corregida para el 28 de abril de igual año, por Auto de 17 de marzo del mismo año. Teniendo claro que la citada audiencia fue fijada para el 28 de abril de 2023, el accionante alegó que en esa fecha, el Juez hoy accionado no celebró la referida audiencia, señalando que perdió competencia ante la presentación de la acusación formal, la cual el 24 de abril de igual año, fue notificada a las partes procesales y posteriormente remitida en el plazo de veinticuatro horas al Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Padilla del departamento de Chuquisaca, aspecto que fue de conocimiento del accionante; ya que, el 26 del señalado mes y año, el abogado y la madre del nombrado se apersonaron ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de Tarabuco del mismo departamento, a quienes se les puso en conocimiento -de acuerdo a lo certificado por el Secretario del mencionado Juzgado en su informe dirigido al citado Juez-; por lo que, el accionante debió estar atento a la audiencia de consideración de su situación jurídica y no actuar de manera negligente cuando su audiencia ya se encontraba fijada con anticipación para el 28 de abril de 2023; debido a lo cual, dicha audiencia podía desarrollarse en el referido Juzgado o en el mencionado Tribunal de Sentencia Penal. Además, se tiene que el Juez hoy accionado supuestamente radicó la causa el 27 de igual mes y año, instalando dicha audiencia para el 28 de ese mes y año, a las 10:00 horas; empero, por motivos de que ya se tendría señalada una audiencia a esa hora, fue reprogramada para las 16:00 horas, en la que ya se hubiese resuelto la situación jurídica del accionante, acto procesal al que asistió la defensa técnica del nombrado, participando de la misma, extremo que no fue negado por el accionante, siendo que su intervención en audiencia de consideración de la acción de libertad fue posterior a la lectura del informe del Juez ahora accionado, en el que se refirió que los abogados del accionante se encontraban presentes en ese acto procesal. En ese sentido, si bien conforme a la jurisprudencia citada en e Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se estableció que cuando se trata de solicitudes relacionadas a medidas cautelares, es posible que el Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dichas solicitudes aunque ya se hubiese presentado la acusación formal, siempre y cuando no esté radicada la causa en un determinado tribunal; sin embargo, en el presente caso el 24 de abril de 2023, se presentó la acusación formal y para la audiencia de 28 de igual mes y año, la causa ya se encontraría radicada en el Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Padilla del departamento de Chuquisaca. Si bien no cursan en antecedentes, la acusación formal, ni la remisión al citado Tribunal de Sentencia Penal; así como, la radicatoria que se realizó el 27 de abril del referido año; no es menos cierto, que la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante fijada para el 28 del señalado mes y año, fue efectuada en esa fecha sin mayor dilación, si bien no fue celebrada por el Juez hoy accionado, se realizó en dicho Tribunal de Sentencia Penal en la fecha fijada para tal efecto, lo que se puede corroborar de lo mencionado por el propio accionante conforme señaló “…o sea la audiencia del día de ayer se ha llevado con esa vulneración al derecho a la defensa de nuestro cliente pero la ilegal detención se ha mantenido el tribunal de Padilla no ha corregido más bien ha ratificado esa ilegal detención…” (sic), siendo evidente que el accionante tuvo conocimiento de dicha audiencia; además, de cuestionar la “resolución” emitida en ese acto procesal efectuado en la fecha programada. Por lo que, al estar el proceso penal ya radicado en el mencionado Tribunal de Sentencia Penal, y celebrada la citada audiencia en la fecha fijada por Auto de 17 de marzo del mencionado año, no se evidencia dilación alguna en su tramitación que hubiese vulnerado los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad del accionante, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución ACC.LIB.03/2023 de 29 de abril, cursante de fs. 37 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0330_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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