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SCP 0330/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51876-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela, a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a libertad, por dilación indebida en la respuesta a su solicitud de custodio policial, la cual fue requerida el 11 de noviembre de 2022, con la finalidad de ser beneficiado con la detención domiciliaria; empero transcurrieron cinco días desde dicha solicitud, sin que se emitiera respuesta por parte de la autoridad demandada. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 012/2022, de 17 de noviembre de 2022, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, por no haber emitido una respuesta oportuna, conforme los plazos establecidos y detallados en la presente Sentencia Constitucional. 2º Disponer que el Juez de garantías para ulteriores actuaciones ingrese a resolver el fondo de las acciones de defensa, cuando haya corroborado la existencia del acto lesivo, conforme los Fundamentos Jurídicos de este fallo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La oportunidad procesal para el retiro y desistimiento de la acción de libertad
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2025-S3 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51876-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 012/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eddy Santos Sirpa Quispe, en representación sin mandato de Orlando Hernández Moreno contra David Machicado, Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como resultado de la apelación incidental que interpuso, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 818/2022 de 4 de noviembre, determinó su detención domiciliara con vigilancia de dos custodios, a ser dispuestos por el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; hecho que se puso en conocimiento del Gobernador de ese Centro, a través del Oficio de 11 de noviembre del mismo año; sin embargo, transcurrieron más de cinco días desde que efectuó su petición, empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, su situación jurídica no fue resuelta, permaneciendo recluido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad procesal, citando al efecto los arts. 23.I, 125 y 126.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada de respuesta de forma inmediata a la solicitud de 11 de noviembre de 2022, se designen custodios para su vigilancia o, en su defecto, realice la representación ante la autoridad judicial que ordenó la detención domiciliaria con custodios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 10 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Consideraciones preliminares

Instalada la audiencia, el Juez de garantías, hizo conocer el retiro de demanda que presentó el accionante mediante memorial de 16 de noviembre de 2022, respecto de la cual determinó la prosecución de la audiencia, en atención a que la solicitud de retiro fue realizada de manera posterior al señalamiento de audiencia de consideración de la acción tutelar.

I.2.2. Informe del demandado

David Machicado, Gobernador de Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia de garantías señaló que por la cantidad de privados de libertad que tienen en el penal, las respuestas a los requerimientos suelen tardar una semana, empero, en el caso en concreto, se dio respuesta, en un plazo más corto, cuatro días aproximadamente, además de haberse puesto en conocimiento la respuesta al Juzgado Cuarto de Sentencia Penal, el 16 de noviembre de 2022.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 012/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 11 a 12, denegó la tutela solicitada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La autoridad demandada emitió respuesta a la solicitud del impetrante de tutela, cuatro días después de haber sido solicitada y, ii) Toda vez que la parte accionante presentó retiro de la acción tutelar, en el entendido que desaparecieron las circunstancias por las cuales se promovió la acción; corresponde negar la misma.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el accionante, el 4 de noviembre de 2022, se desarrolló audiencia de apelación incidental, emitiéndose el Auto de Vista 818/2022 de 04 de noviembre, que determinó su detención domiciliaria, bajo vigilancia de dos custodios dispuestos por el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 2 a 3 vta). II.2. Cursa Auto de 16 de noviembre de 2022, señalándose audiencia para el día siguiente (fs. 4); siendo las partes legalmente notificadas el 17 de noviembre, la autoridad demandada a horas 10:03, el accionante a horas 10:16 y finalmente el representante sin mandato a horas 10:19 (fs. 5 a 7). II.3. El 16 de noviembre del referido año, el accionante presentó memorial de retiro de acción de libertad a horas 16:30, fundamentando que el acto lesivo denunciado fue subsanado, memorial que fue ingresado a despacho el 17 de noviembre a horas 8:30, determinándose su consideración en la audiencia señalada (fs. 9 vta.). II.4. En la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro, hizo conocer que ya emitió la respuesta requerida (fs. 10 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela, a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a libertad, por dilación indebida en la respuesta a su solicitud de custodio policial, la cual fue requerida el 11 de noviembre de 2022, con la finalidad de ser beneficiado con la detención domiciliaria; empero transcurrieron cinco días desde dicha solicitud, sin que se emitiera respuesta por parte de la autoridad demandada. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La oportunidad procesal para el retiro y desistimiento de la acción de libertad

En relación a la oportunidad procesal para el retiro o desistimiento de la acción de libertad, la SCP 0103/2012 de 23 de abril , recoge en su Fundamento Jurídico III.2.2 el precedente constitucional relativo a que el retiro de la demanda de la acción de libertad únicamente puede ser presentado hasta antes del señalamiento de día y hora de audiencia pública, por las siguientes razones jurídicas:

a) [D]e orden procesal. - Existe mandato constitucional expreso, respeto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.

De orden sustantivo. – La norma b) fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandato expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no con un fin en sí mismo, sino en razón de que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además en sus derechos en su dimensión objetiva,, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada.

Por lo que, la citada SCP 0103/2012, entendió que pese a que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad después del señalamiento de día y hora de audiencia pública, de todas formas debe resolverse la misma, en razón a que el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección, como son la vida, la integridad física, la libertad personal o de locomoción, o situaciones que constituyan persecución o procesamiento ilegales o indebidos; es decir, el resguardo a la dimensión objetiva de los derechos en el marco de las obligaciones del Estado. Lo precedentemente desarrollado fue expuesto en la SCP 0173/2025 de 31 de marzo, que se pronunció sobre un caso similar de retiro de demanda presentada en plena audiencia de acción de libertad.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al 2El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

3El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 4El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.

III.3. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a libertad, por no haberse dado respuesta oportuna a su solicitud de custodio policial para ser beneficiado con la detención domiciliaria; empero transcurrieron cinco días desde que dicha solicitud fue presentada, sin que se emitiera respuesta por parte de la autoridad demandada, dilación que originó que permanezca privado de libertad. Previamente a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es preciso señalar que mediante memorial de 16 de noviembre de 2022, el accionante efectuó retiro de la acción de libertad presentada, manifestando que el acto lesivo fue subsanado por la autoridad demandada (Conclusión II.4) de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; aspecto que a tiempo de resolverse la acción planteada fue considerado por el Jueza de garantías, determinando que correspondía continuar con la celebración de la audiencia por haberse presentado en forma posterior al señalamiento de la audiencia consideración de la presente acción de tutela Al respecto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la oportunidad para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad, debe ser realizada con anterioridad al señalamiento de la audiencia pública; toda vez que, en caso de ser fijada, la audiencia no puede ser suspendida por ningún motivo sino que debe llevarse adelante hasta dictarse sentencia por el juez, tribunal de garantías o sala constitucional, ello en razón al acceso a la justicia constitucional y resguardo de derechos que subjetivos y derechos en su dimensión objetiva que protege esta acción tutelar.

Consiguientemente, con base en dicho precedente constitucional, en el caso en revisión, habiéndose señalado por Auto de 16 de noviembre de 2022, la audiencia de consideración de esta acción tutelar para el 17 del mes y año -antes de la presentación del memorial de retiro-(Conclusión II.2), corresponde continuar con su tramitación y analizar el fondo de la causa, en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos, pero al mismo tiempo, desde una dimensión objetiva de protección, busca evitar la reiteración de conductas reñidas con el orden constitucional, conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.1.

En el marco de lo señalado, de la revisión de los antecedentes y conforme los datos consignados, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra Orlando Hernández Moreno -hoy accionante-, mediante Auto Interlocutorio 818/2022 de 4 de noviembre, se dispuso la detención domiciliaria del impetrante de tutela con custodio policial, ante dicha situación con la finalidad de hacer efectiva la detención domiciliaria, el 11 de noviembre de mismo año, el accionante puso a conocimiento del Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -demandado, el Auto de Vista señalado supra; a efectos de que le informe si existen o no custodios de vigilancia; ante la falta de pronunciamiento de la autoridad demandada, cinco días, interpuso la presente acción tutelar; al considerar la existencia de una dilación injustificada.

De lo evidenciado, se advierte que efectivamente la autoridad demandada no dio respuesta a la solicitud efectuada el 11 de noviembre de 2022, existiendo una demora aproximada de cinco días en la emisión de dicha respuesta, dilación que mantuvo indebidamente privado de libertad al accionante, al impedir que pueda beneficiarse con la detención domiciliaria dispuesta a su favor, situación que permite concluir que la autoridad demandada incumplió con el deber de conocer y resolver con la mayor celeridad posible toda solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

De otro lado, si bien conforme los datos del proceso y el informe emitido en audiencia de consideración de la acción tutelar, la autoridad demandada hizo conocer que emitió respuesta a la solicitud efectuada por el accionante, ésta fue efectuada recién el 16 de noviembre de 2022, es decir, después del transcurso de cinco días de dilación.

Por otro lado debe tenerse presente que si bien la autoridad demandada en su informe prestado en audiencia de garantías de esta acción tutelar, trató de justificar su accionar alegando que la respuesta del accionante de tutela se la realizó en un tiempo razonable en consideración a que las respuestas a las solicitudes de otros privados de libertad demoran aproximadamente una semana por la excesiva carga existente; sin embargo, dicho justificativo no ha sido respaldado con la prueba pertinente que demuestre lo aseverado.

La justificación expuesta por la autoridad demandada corrobora la falta de atención oportuna a una petición vinculada con la libertad, que en el caso de autos, se extendió como una práctica, que merece ser corregida, toda vez que conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho pretende acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, dilación que ha ocurrido en el presente caso y que ha afectado la libertad del accionante.

Finalmente, en el entendido que a la fecha de celebración de la audiencia de garantías, se emitió la respuesta al peticionante de tutela; esta circunstancia no imposibilita el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa, en el entendido que, en observancia de la jurisprudencia constitucional, la justicia constitucional no puede convalidar actos y omisiones que en su momento afectaron derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por lo mismo, debe velar que éstos no vuelvan a repetirse; precedente constitucional al que debió vincularse el Juez de garantías. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuó de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 012/2022, de 17 de noviembre de 2022, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, por no haber emitido una respuesta oportuna, conforme los plazos establecidos y detallados en la presente Sentencia Constitucional. 2º Disponer que el Juez de garantías para ulteriores actuaciones ingrese a resolver el fondo de las acciones de defensa, cuando haya corroborado la existencia del acto lesivo, conforme los Fundamentos Jurídicos de este fallo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sistematizó toda la línea jurisprudencial, sobre la posibilidad y oportunidad de desistir o retirar la acción de libertad, que pueden resumirse así: i) No se admite el retiro ni el desistimiento de la acción de libertad -SSCC 0188/2004-R de 9 de febrero y 0929/2003-R de 3 de julio, entre otras-; ii) No es posible el retiro ni el desistimiento después de admitida la acción de libertad -por todas, la SC 0031/2005-R de 10 de enero-; y, iii) No es posible desistir ni retirar la acción de libertad, cuando hubo cesación del acto lesivo -por todas, las SSCC 1425/2011-R de 10 de octubre y 1229/2010-R de 13 de septiembre-.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0330_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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