Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 5 de mayo de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral por estado de embarazo y a la seguridad social; toda vez que, desempeñando labores de atención en call center, fue despedida injustificadamente por la empresa demandada mientras se encontraba en estado de gestación. Pese a que las funciones que cumplía no tenían carácter eventual, sino que correspondía a tareas propias y permanentes de la empresa desde el inicio de su contrato, sin que se considerara que contaba con los seguros correspondientes. Además, se encontraba percibiendo el subsidio prenatal dentro del establecimiento de trabajo, lo cual implica, tácitamente, el reconocimiento de su derecho a la inamovilidad laboral.
Ante ello, la empresa demandada, señala que: 1) No hubo despido, sino la conclusión de la relación laboral a la terminación del contrato, ya que la contratación fue a plazo fijo a conclusión de obra o servicio, conforme a la orden de servicio que establecía dicha temporalidad; 2) La inamovilidad laboral no es aplicable a contratos de trabajo a plazo temporal o de obra, puesto que ambas partes conocerían el inicio y la finalización del vínculo contractual; y, 3) Reconoce el estado de embarazo de la trabajadora durante la vigencia del contrato y que estaban obligados a cumplir con el pago del subsidio respectivo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 13 de febrero, cursante de fs. 80 a 85, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2025-S2 Sucre, 5 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 54160-2023-109-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 30/2023 de 13 de febrero, cursante de fs. 80 a 85, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Florencia Pamela Bustios Daza contra Edwin Marcelo Argandoña Vargas, representante legal de la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE), Servicios y Construcciones, Sociedad Anónima (S.A.).
Por memoriales presentados el 29 de diciembre de 2022 y 6 de enero de 2023, cursantes a fs. 2, 36 a 40 vta.; y, 45 a 48 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:
El 1 de febrero de 2022, junto con otras veintiocho personas, suscribió un contrato de trabajo con ENDE Servicios y Construcciones S.A. -empresa demandada-, en el cargo de Operadora de Call Center. El objeto del contrato fue la prestación de servicios de atención en el centro de llamadas por un lapso de tres meses, en las instalaciones de la Distribuidora de Electricidad La Paz (DELAPAZ) S.A. Una vez vencido ese plazo, a ella y a todos sus compañeros se les hizo firmar formularios de requerimiento de personal, señalándoles que, con dichos documentos, su contrato se ampliaba de manera indefinida hasta que ENDE Servicios y Construcciones S.A. dejara de prestar servicios para DELAPAZ S.A. Durante la vigencia de esta ampliación contractual, en el mes de abril, mediante tarjeta de control prenatal, puso oficialmente en conocimiento de su jefa inmediata y de la sección de Recursos Humanos que se encontraba en estado de embarazo, a efectos de su registro y para acceder al subsidio prenatal correspondiente. No obstante, de manera sorpresiva, recibió comunicación verbal de su jefe inmediato, quien le informó que su contrato fenecía el 30 de septiembre de 2022 y que no existe la posibilidad de ser recontratada debido a su estado de embarazo. Posteriormente, el 28 del citado mes y año, fue convocada por el Gerente Comercial de la empresa demandada, quien ratificó que no será recontratada, pese a su situación de embarazo, quedando despedida desde el 30 del citado mes y año. Cabe destacar que las otras veintiocho personas contratadas junto a ella continuaron trabajando. El 29 de septiembre de 2022, puso en conocimiento del Gerente General de ENDE Servicios y Construcciones S.A., mediante comunicación escrita, todos los extremos señalados. En respuesta, se le informó que no podía continuar prestando servicios, bajo el argumento de que su vínculo laboral correspondía a un contrato por obra. Tal afirmación le resultó incongruente, por cuanto en este tipo de contratos no se otorga al trabajador cobertura de seguro de salud -como ocurrió en su caso-, el empleador no actúa como agente de retención para el pago de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ni se conceden beneficios sociales como el subsidio prenatal. Posteriormente, presentó denuncia de reincorporación laboral ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, fijándose audiencia para el 21 de octubre de 2022. En dicha audiencia, la empresa demandada, a través de su apoderado, presentó el contrato de trabajo -el cual nunca recibió hasta ese momento- y precisó que este se elaboró en virtud de la Orden de Servicio 10/2022 de 3 de febrero, emitida por DELAPAZ S.A. para la atención del centro de llamadas por un periodo de cuatro meses. Además, que el 26 de mayo de 2022 se emitió la Adenda de Orden de Servicio 10/2022, ampliando el plazo hasta el 4 de octubre del mismo año, y que se trataba de un contrato a plazo fijo, por lo que no correspondía su continuidad laboral. Ante ello, la referida Jefatura Departamental de Trabajo emitió el Auto de 1 de noviembre de 2022, disponiendo que el caso debía ser conocido por la jurisdicción ordinaria, al existir hechos controvertidos. Finalmente, la empresa pretendía encuadrar la relación laboral como un contrato eventual por obra, figura inexistente en la legislación laboral boliviana, cuando en realidad desempeñó funciones propias y permanentes de la empresa, con horario determinado, remuneración mensual y bajo la supervisión de un jefe inmediato. Por ello, en su condición de trabajadora embarazada, gozaba de inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpliera un año de edad.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral por estado de embarazo y a la seguridad social; citando al efecto los arts. 45.I, II, III y V; y, 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) La inmediata reincorporación a su fuente laboral en cumplimiento a su derecho a la inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpla un año de vida; b) El pago de salarios devengados y derechos laborales; y, c) La otorgación de subsidios prenatal y de natalidad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 79, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) Las funciones que desempeñaba no fueron de carácter eventual, sino que correspondían a tareas propias y permanentes de la empresa, reguladas por la Resolución Administrativa (RA) MT 650/2007 de 27 de abril, emitida por el Viceministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Dichas tareas estaban relacionadas con la recepción de quejas y la atención a usuarios, así como con la suplencia por licencias, bajas médicas y descansos pre y post natales; y, 2) La empresa le otorgó el subsidio prenatal, lo que implica tácitamente el reconocimiento de su derecho a la inamovilidad laboral.
Edwin Marcelo Argandoña Vargas, representante legal de la empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A., a través de su abogado apoderado, en audiencia de garantías, sostuvo que: i) El antecedente para la contratación de la impetrante de tutela es la Orden de Servicio 10/2022, suscrita entre la Empresa DELAPAZ S.A. y la empresa a la que representa, para el manejo del Call Center; ii) El Contrato de Trabajo de 1 de febrero de 2022, es a conclusión de obra o servicio, conforme el art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), que establece esta posibilidad; además, fue visado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social; iii) La contratación no fue para tareas propias y permanentes de la empresa; iv) La mayor prueba es la orden de servicios que establece una temporalidad; v) Según la cláusula quinta del Contrato, su plazo y vigencia comienza a partir del 1 de febrero de 2022 hasta el 2 junio del mismo año; sin embargo, este plazo fue ampliado por Adenda de Orden de Servicio 10/2022 de 26 de mayo, por un periodo similar de cuatro a ocho meses. Para ese fin, se puso en conocimiento el Formulario de Requerimiento de Personal que establecía claramente la vigencia hasta el 30 de septiembre del referido año, con lo que se evidencia que no hubo una desvinculación laboral, sino una conclusión de la relación de trabajo; vi) Reconoce que la situación de embarazo se dio dentro del periodo de ejecución del Contrato y que no podían evitar el pago de beneficios sociales, como ser el subsidio respectivo; vii) Invocó la SCP 1167/2022-S4 de 12 de septiembre, que establece que no gozan de inamovilidad laboral las mujeres embarazadas, tampoco los trabajadores progenitores sujetos a contratos de trabajo a plazo temporal, eventual o de obra; puesto que, ambas partes conocen el inicio y la finalización del vínculo contractual; viii) Respecto a la excepción al principio de subsidiariedad, se cita la SCP 0898/2020-S3, de 8 de diciembre, que determinó que la acción de amparo constitucional no es el mecanismo idóneo para la conversión de un contrato a plazo fijo en uno indefinido, pues ello implicaría un análisis propio de la jurisdicción laboral ordinaria, la cual cuenta con mayores atribuciones para establecer la verdad material sobre los hechos denunciados; ix) La accionante tenía conocimiento de la duración del contrato, firmó tres formularios dando su consentimiento; y, x) La causal de no beneficio con la inamovilidad laboral está prevista en el marco de lo establecido en el art. 5 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 30/2023 de 13 de febrero, cursante de fs. 80 a 85, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la parte demandada restituya a la accionante en el mismo puesto que desempeñaba al momento de su destitución, o en otro de similares funciones y con el mismo nivel salarial, así como la procedencia al pago de los subsidios de prenatalidad y natalidad, todo ello en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, con base en los siguientes fundamentos: a) No resulta aplicable el principio de subsidiariedad en el presente caso, toda vez que, la impetrante de tutela se encuentra en estado de gestación; y, b) De conformidad con lo establecido en los arts. 45.V y 48.VI de la CPE, no puede sostenerse que el contrato haya concluido, puesto que correspondía su ampliación a fin de dar cumplimiento a la Constitución y garantizar el respeto a la inamovilidad laboral de la impetrante. En vía de enmienda, complementación y aclaración, la parte demandada señaló que el puesto al que se debe reinsertar a la accionante ya no existe, que no pueden afiliarla nuevamente a la “Caja” ni otorgarle una asignación por un año, generándose un conflicto administrativo y financiero, por lo que, solicitó se aclare sobre dichos extremos. Al respecto, la Sala Constitucional refirió que la incorporación de la impetrante de tutela debe realizarse por su estado de embarazo “…hasta que cumpla 1 año el bebé, lo que quiere decir que ese trámite es normal común y corriente y tiene que realizarse la institución que se halla asegurada la accionante” (sic).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato de Trabajo de 1 de febrero de 2022, -a conclusión de obra o servicio- suscrito entre ENDE Servicios y Construcciones S.A. y Florencia Pamela Bustios Daza -hoy accionante- con vigencia a partir de la mencionada fecha hasta el 2 de junio del mismo año (fs. 4 a 7 vta.). II.2. Consta Orden de Servicio 10/2022 de 3 de febrero, mediante la cual se establece la prestación del servicio de atención al centro de llamadas por parte de ENDE Servicios y Construcciones S.A. a favor de DELAPAZ S.A., por un periodo de cuatro meses (fs. 8 a 9). II.3. Se tiene Adenda de Orden de Servicio 10/2022 de 26 de mayo, en la que se amplió el periodo de ejecución del servicio referido en la Conclusión II.2 por cuatro meses adicionales, del 4 de junio de 2022 al 4 de octubre del mismo año (fs. 10 a 11). II.4. Cursan Formularios de Requerimiento de Personal de ENDE Servicios y Construcciones S.A. relacionados con la peticionante de tutela, correspondientes a los siguientes períodos: 1 de febrero al 29 de abril; 30 de abril al 31 de mayo; y, 1 de junio al 30 de septiembre de 2022 (fs. 12 a 14). II.5. Consta Tarjeta de Control Prenatal a nombre de la accionante, en el que se registran las consultas, evaluaciones médicas y controles periódicos efectuados durante el embarazo (fs. 34). II.6. Mediante Certificado de Atención Prenatal de 2 de agosto de 2022, el médico de la Empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A., señala que la accionante estaba asegurada y recibió atención médica prenatal desde el quinto mes de gestación, momento a partir del cual se le otorgó la habilitación para el subsidio prenatal (fs. 35).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral por estado de embarazo y a la seguridad social; toda vez que, desempeñando labores de atención en call center, fue despedida injustificadamente por la empresa demandada mientras se encontraba en estado de gestación. Pese a que las funciones que cumplía no tenían carácter eventual, sino que correspondía a tareas propias y permanentes de la empresa desde el inicio de su contrato, sin que se considerara que contaba con los seguros correspondientes. Además, se encontraba percibiendo el subsidio prenatal dentro del establecimiento de trabajo, lo cual implica, tácitamente, el reconocimiento de su derecho a la inamovilidad laboral.
Ante ello, la empresa demandada, señala que: 1) No hubo despido, sino la conclusión de la relación laboral a la terminación del contrato, ya que la contratación fue a plazo fijo a conclusión de obra o servicio, conforme a la orden de servicio que establecía dicha temporalidad; 2) La inamovilidad laboral no es aplicable a contratos de trabajo a plazo temporal o de obra, puesto que ambas partes conocerían el inicio y la finalización del vínculo contractual; y, 3) Reconoce el estado de embarazo de la trabajadora durante la vigencia del contrato y que estaban obligados a cumplir con el pago del subsidio respectivo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 48.VI de la Norma Suprema, determina que: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”.
En ese contexto, también se tiene la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 en su art. 1, estableció que: “Toda mujer en período de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas”; por su parte, el DS 0012 respecto a la inamovilidad laboral, en su art. 2 preceptúa que: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”. No obstante, el art. 5.II del mismo Decreto Supremo establece la siguiente excepción a la precitada regla: “La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio”. Ahora bien y respecto a situaciones en las cuales la madre o padre progenitor cuentan con un contrato a plazo fijo los mismos tienen derecho a la contratación preferente; es decir, que la parte empleadora, en caso de que continúe requiriendo de dicho trabajo y efectúe una nueva contratación, está obligada a la recontratación preferente en atención a la inamovilidad laboral dispuesta por el art. 48.VI de la Constitución Política del Estado y su interpretación extensiva.
Previamente al análisis de fondo, corresponde recordar que, en los casos de trabajadoras en estado de embarazo que solicitan tutela constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, se aplica la excepción al principio de subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional. En tales situaciones, no es necesario agotar previamente la vía administrativa u ordinaria, pues la protección debe ser inmediata debido al efecto irreparable que podría generar el acto ilegal denunciado. Así lo estableció la SC 0530/2010-R de 12 de julio, al señalar que: “…la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación (…) es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…”. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes se advierte la existencia de la Tarjeta de Control Prenatal (Conclusión II.5) y del Certificado de Atención Prenatal de 2 de agosto de 2022 (Conclusión II.6), documentos que acreditan que Florencia Pamela Bustios Daza -hoy accionante- se encontraba en estado de embarazo al momento de los hechos. En consecuencia, es atendible reconocer que forma parte del grupo de personas en situación de vulnerabilidad amparadas por la referida excepción. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se constata, que el 1 de febrero de 2022, la impetrante de tutela suscribió un Contrato de Trabajo con la empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A. -demandada-, con vigencia hasta el 2 de junio del mismo año (Conclusión II.1). Dicho contrato se sustentaba en la Orden de Servicio 10/2022 de 3 de febrero, mediante la cual se encargó a la empresa la prestación del servicio de atención al centro de llamadas de DELAPAZ S.A. por el periodo de cuatro meses (Conclusión II.2). En consecuencia, se tiene acreditado un contrato formal y documentado, delimitado por un plazo cierto de ejecución, término que se amplió en atención a la Adenda de Orden de Servicio 10/2022 de 26 de mayo, por el periodo de cuatro meses adicionales, del 4 de junio al 4 de octubre de 2022 (Conclusión II.3). En este caso, la accionante alega que prestaba servicios de atención en el centro de llamadas en favor de la empresa ENDE Servicios y Construcciones S.A., conforme las órdenes de servicio y los formularios de requerimiento de personal; y, que de todos los contratados fue la única persona que no fue recontratada, atribuyendo tal situación a su estado de gestación lo que no fue negado por la entidad demandada. En atención a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional correspondía otorgar a la accionante la contratación preferente frente a otros trabajadores, en virtud del principio de protección reforzada que ampara a la mujer en estado de gestación; más aún cuando la empresa demandada no acreditó que las funciones desempeñadas hubiesen dejado de ser necesarias ni expuso razones objetivas y fundadas para excluirla del proceso de recontratación, siendo además la única trabajadora a la que se negó tal beneficio; por lo que, la negativa unilateral de reincorporarla constituye un acto discriminatorio que vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y la no discriminación. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, aunque con distintos fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 13 de febrero, cursante de fs. 80 a 85, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0330_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 47ba838dde6ff71403f1f05d648c5be58a0bda473341bca1b70329e7caf5a420
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