Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de julio de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho a la petición, a una respuesta pronta y oportuna, así como a su derecho a una protección reforzada en calidad de adulta mayor; debido a que los ahora demandados, como miembros de la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, a pesar de haber transcurrido más de dos años, no respondieron a sus solicitudes y recursos presentados para cobrar el pago de Capital Asegurado de Muerte ante el fallecimiento de su esposo José Antonio Oña Costas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; 2) El enfoque diferencial e interseccional y protección reforzada de los derechos de las personas adultas mayores; 3) Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 174/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 59 a 60 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la petición, a una respuesta pronta y oportuna, así como a sus derechos de adulta mayor, en relación a la falta de respuesta respecto a los recursos de reclamación y apelación, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional; 2° DENEGAR en cuanto a los hechos denunciados a partir del 18 de septiembre de 2018 hasta el 16 de noviembre de 2021, por no haber observado el principio de inmediatez.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2024-S1 Sucre, 19 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 50708-2022-102-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 174/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 59 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pablo Oswaldo Justiniano Vaca en representación legal de Bertha Baeny Vda., de Oña contra Edmundo Novillo Aguilar, Ministro de Defensa y Presidente de la Junta, representado a su vez por Oscar Coca Antezana; Augusto Antonio García Lara, Vicepresidente de la “J.S.D”; Gustavo Chungara Castro, Representante de los Oficiales del Ejército; Gonzalo Federico Zapata Cossio, representante de los Suboficiales y Sargentos del Ejército; Germán Íñiguez Jordán, en representación de los Suboficiales y Sargentos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Jorge Salamanca Capusiri, representante de los Suboficiales y Sargentos de la Armada Boliviana; Tomás Héctor Peña y Lillo Tellería, Presidente y Representante Nacional “UMPS”; Genaro Arévalo Loayza, Representante Nacional “ANSSSPFAN”; Aida Zoila Zeballos Joffre Vda. de Mattos, Representante Nacional “FEMAVIN”; y, Helam Paulo Ferreira Zenteno, Gerente General a.i. y Secretario “J.S.D.”; todos miembros de la Junta Superior de Decisiones de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL).
La accionante a través de su representante legal por memoriales presentados el 3 y 30 de junio de 2022, cursantes de fs. 26 a 30 y 33 a 35 vta., manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señaló que el 18 de septiembre de 2018, presentó su primera nota ante COSSMIL con Hoja de Ruta 3286, haciendo conocer el fallecimiento de su esposo, adjuntando todos los requisitos exigidos por dicha institución, para percibir el pago del Capital Asegurado de Muerte; sin haber recibido respuesta. El 11 de febrero de 2019, denunció retardación de justicia, por el no pago del Capital Asegurado de Muerte, ante la JUNTA SUPERIOR DE DECISIONES DE COSSMIL entidad competente, el cual tampoco le dio respuesta. En la misma fecha, denunció retardación de justicia por el no pago del referido Capital Asegurado de Muerte, ante la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de COSSMIL, dirigiéndose asimismo en dicha nota al Gerente de Seguros de COSSMIL, reiterando la solicitud del referido pago. El 8 de octubre de 2019, al no haberse procedido al pago por concepto de Capital Asegurado de Muerte, nuevamente pidió ante el Gerente General de COSSMIL, sin recibir respuesta alguna; sin embargo, después de nueve meses se hizo entrega de la Nota GS. DPR 0161/2019 de 6 de noviembre, haciéndole conocer que se está realizando el estudio matemático actuarial y que el mismo debía ser aprobado por la Junta Superior de Decisiones de dicha entidad, para proceder al referido pago. Después de una larga espera el 3 de diciembre de 2020 con Hoja de Ruta 5092/20, solicitó nuevamente el pago referido, sin tener respuesta alguna; sin embargo, el 20 de enero de 2021, el Gerente del Seguro respondió mediante nota STRIA: G.S.UPG 021/2021, haciéndole conocer que su pago del Capital Asegurado de Muerte, se encontraba en la Unidad de Renta, después de tres años dos meses y nueve días, lo que implica retardación de justicia para una mujer viuda y de la tercera edad, con el pretexto del estudio matemático actuarial complementario por el periodo 2016-2020, mismo que fue elevado a la Junta Superior de Decisiones para su aprobación. Después de diversas reclamaciones el día lunes 20 de diciembre de 2021 fue legalmente notificada, con la ilegal Resolución 205/2021 de 7 de diciembre, emitida por la COMISIÓN DE PRESTACIONES de COSSMIL que le hizo la oferta irrisoria de pago definitivo por el Capital Asegurado de Muerte por la suma de Bs77 034,06.- (Setenta y siete mil treinta y cuatro 06/100 bolivianos), lo que mella su dignidad y el honor; por lo que, el 23 del mismo mes y año, al amparo del art. 183 de la Ley de Seguridad Social Militar (LSSM) -Decreto Ley 11901 de 21 de octubre de 1974- presentó el recurso de RECLAMACIÓN ante la JUNTA SUPERIOR DE DECISIONES DE COSSMIL, recurso que no mereció respuesta alguna hasta la fecha. Al no recibir contestación alguna a sus reiteradas peticiones respecto al recurso de reclamación, el 28 de abril de 2022 interpuso el RECURSO DE APELACIÓN con la facultad establecida en el art. 184 de la LSSM, a fin que sea el Tribunal Supremo de Justicia Militar quien emita criterio y resuelva en definitiva la controversia. A la fecha no se la hizo conocer si en recurso fue elevado o no ante al referido Tribunal Supremo, desde esa fecha su persona no sabe y no conoce si la mencionada entidad ha emitido algún criterio, generando una vulneración clara al art. 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) e inobservando la protección reforzada que tienen los adultos mayores conforme a la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-.
La accionante a través de su representante legal, denuncia la lesión de su derecho a la petición y a una respuesta pronta y oportuna, y a la protección reforzada en su condición de adulta mayor; citando al efecto los arts. 24, 67, 68 y 115 de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene a la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL: a) Emita pronunciamiento sobre el RECURSO DE RECLAMACIÓN de la Resolución 205/2021 de 7 de diciembre, emitida por la Comisión de Prestaciones de la citada entidad, en el plazo de veinticuatro horas; y, b) Se informe sobre la aceptación o no de la tramitación del recurso de apelación presentada ante la falta de pronunciamiento del recurso de reclamación.
Celebrada la audiencia pública de consideración de esta acción de amparo constitucional el 17 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 55 a 58, produciéndose los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante legal, en audiencia, se ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Edmundo Novillo Aguilar, Ministro de Defensa y Presidente de la Junta, representado a su vez por Oscar Coca Antezana; Augusto Antonio García Lara, Vicepresidente; William Maldonado Averanga, Representante de los Oficiales de la FAB a.i.; Cristhian Lázaro Zubieta Rosas, Representante de Oficiales de la Armada Boliviana a.i., Álvaro Martín Ayala Ayala, Representante de los Oficiales del Ejército a.i.; Carlos Héctor Quino Chambi, Representante de Suboficiales y Sargentos de la Armada Boliviana a.i.; Miguel Ángel Quispe Apaza, Representante de los Suboficiales y Sargentos del Ejercito a.i.; Rubén Alfredo Barreda Salcedo, Representante de los Suboficiales y Sargentos de la FAB a.i.; Tomás Héctor Peña y Lillo Tellería, Presidente y Representante Nacional
“UMPS”; Aida Zoila Zeballos Joffre Vda. de Mattos, Representante Nacional “FEMAVIN”; y, Genaro Arévalo Loayza, Representante Nacional “ANSSSPFAN” todos miembros de la Junta Superior de Decisiones de la COSSMIL, a través de su representante legal, en audiencia, informaron que: 1) Para la procedencia de la acción de amparo constitucional es ineludible que el recurso se dirija contra el sujeto que ejecutó el acto ilegal o la omisión indebida, aspecto que no ocurrió en el presente caso; 2) Si bien se hicieron dos reclamos oportunos, los mismos fueron adjuntados y debidamente contestados y remitidos a la Gerencia General, que en este caso es la Máxima Autoridad Ejecutiva de COSSMIL a efecto que derive los correspondientes archivos y antecedentes de dicho proceso; sin embargo, hasta la fecha no fueron enviados; por lo tanto, carecen de legitimación pasiva, puesto que esta acción tutelar debería haberse dirigido contra la Máxima Autoridad Ejecutiva y la Gerencia de Seguros; y, 3) En el presente tema, se pretende invocar el derecho a la petición en un procedimiento administrativo propiamente dicho, el cual está sujeto a la Ley de Seguridad Social Militar. Con base a estos argumentos, solicitó se deniegue la tutela. A las preguntas del Presidente de Sala, el representante legal señaló que se remitieron las notas de la parte accionante a la Gerencia General de COSSMIL, para que les remitan por Gerencia de Seguros el recurso de reclamación; puesto que, ese es el trámite legal ante la interposición de dicho recurso; sin embargo, hasta la fecha no le dieron respuesta.
La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, por la Resolución 174/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 59 a 60 vta., concedió la tutela; y dispuso que la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, evaluando la operación del silencio administrativo negativo y considerando la existencia de este, remita los antecedentes a su superior en grado, para que este por su turno resuelva la petición hecha por la parte accionante, en el plazo de setenta y dos horas de remitidos los mismos; con base a los siguientes fundamentos: i) La parte demandada a través de su representante legal informó que el 28 de marzo -no indica el año- habrían solicitado a la Gerencia General de COSSMIL, la remisión de una serie de documentales, con un texto de 23 de marzo de 2022 que a la letra dice: “En fecha 22 de febrero y 7 de marzo de 2022, el Abg. Pablo Oswaldo Justiniano Vaca apoderado de Bertha Beany Vda. de Oña presenta ante la Junta Superior de Decisiones memoriales en los cuales reitera que este ente colegiado emita pronunciamiento respecto a un recurso de reclamación, planteado el 23 de diciembre de 2021, al amparo del art. 183 de la Ley de Seguridad Social Militar, revisado el sistema de correspondencia de la Corporación, se puede evidenciar que la presente solicitud a la fecha no fue remitida hasta esta instancia, por lo que solicito a su autoridad instruya a la Gerencia de Seguros remitir la presente solicitud, si corresponde, a esta instancia para que se emita la resolución correspondiente, debiendo adjuntar toda la documentación…” (sic); ii) La Sala Constitucional considera la existencia de extrema dilación en sede de la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, para dar respuesta al recurso planteado por la ahora accionante, debido a que fue en el mes de marzo de 2022, que ésta instancia solicitó la remisión de antecedentes; iii) La Junta Superior de Decisiones está actuando como un administrador y un servidor público; por lo que, tiene toda la obligación de diligenciar con la debida celeridad, para definir la situación jurídica que se encuentra pendiente de decisión; y, iv) La situación de la ahora impetrante de tutela, no puede quedar de ese modo en el tiempo y estar sujeta a excesos burocráticos de parte de la administración; debido a que, la Sala Constitucional entiende que existe evidencia suficiente para que instruya a la Junta Superior de Decisiones, que de haber operado el silencio administrativo negativo, se remitan antecedentes al superior en grado para que este resuelva la causa en el plazo establecido en la Ley, lo contrario será desconocer los derechos del ahora peticionante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por nota presentado el 18 de septiembre de 2018, Bertha Baeny Vda. de Oña -ahora accionante-, ante Enzo Windsor Rosales Cossio, Gerente de Seguros La Paz, solicitó el pago de Capital Asegurado de Muerte, al fallecimiento de su esposo Vicealmirante José Antonio Oña Costas (fs. 7). II.2. Mediante nota presentado el 11 de febrero de 2019, ante la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, la ahora impetrante de tutela, denunció retardación del pago de Capital Asegurado de Muerte de su fallecido esposo, haciendo conocer que el 18 de septiembre de 2018, solicitó el referido pago, anexando todos los documentos y requisitos exigidos y que además transcurrieron seis meses sin que se efectivice (fs. 8). II.3. A través de la nota presentado el 11 de febrero de 2019, la ahora solicitante de tutela denunció ante la UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE COSSMIL, la retardación del pago de Capital Asegurado de Muerte al fallecimiento de su esposo por más de seis meses (fs. 9). II.4. Por memorial presentado el 8 de octubre de 2019 por la ahora accionante ante el Gerente General de COSSMIL La Paz, reitera el pago de Capital Asegurado de Muerte y denuncia retardación e incumplimiento de pago (fs. 11). II.5. Cursa nota GS.DPR 0161/2019 de 6 de noviembre, con la suma respuesta a requerimiento, dirigido a Bertha Baeny Vda. de Oña -ahora impetrante de tutela, por el Gral. de Brig. Gherson Osvaldo Peñaloza Córdova, Gerente General a.i de COSSMIL, a través de la cual comunicó que el pago extrañado se encontraría en estudio matemático actuarial complementario del Capital Asegurado de Muerte y el Subsidio Funeral del Servicio Pasivo por el periodo 2016-2020, lo que permitirá la retribución de esa prestación, misma que fue elevado a la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL el 14 de mayo de 2019, y que una vez emitida la Resolución de aprobación se procedería al abono correspondiente de manera cronológica (fs. 10). II.6. Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2020, la ahora impetrante de tutela hizo conocer al Gerente General de COSSMIL, las reiteradas solicitudes del pago de Capital de Asegurado de Muerte de su fallecido esposo y la falta de la retribución, alegando vulneración del art. 24 de la CPE (fs. 12). II.7. Mediante nota STRIA: GS.UPG. 021/2021 de 20 de enero, el Gerente de Seguros de COSSMIL, puso en conocimiento de la ahora peticionante de tutela, que el trámite del pago de Capital Asegurado de Muerte correspondiente a su fallecido esposo José Antonio Oña Costas, se encuentra en la Unidad de Rentas para certificación y que posteriormente se remitiría a la Unidad Jurídica para su correspondiente resolución; asimismo, hizo conocer que de acuerdo a Certificación el titular fallecido cuenta con “…127 aportes, 155 aportes no cubiertos de los 282 aportes que debería haber realizado, por lo que existe una discontinuidad de más de 12 años” (sic), refirió igualmente que el estudio matemático actuarial complementario 2016-2020, se encuentra en el Servicio Pasivo, fue elevado a la Junta Superior de Decisiones para su evaluación y posterior aprobación y que una vez que tenga instrucción de ese Ente Superior se le hará conocer ( fs. 13). II.8. A través del memorial presentado el 1 de febrero de 2021, por la ahora accionante ante el Gerente de Seguros de COSSMIL, con la suma Responde nota STRIA: GS.UPG. 021/2021, solicita respuesta fundamentada con resolución emitida por la Comisión de Prestaciones de Seguro de COSSMIL, observando asimismo el cuadro de descuentos (fs. 14 y vta.). II.9. Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2021 por Pablo Oswaldo Justiniano Vaca apoderado de Bertha Baeny Vda. de Oña, ante el Gerente General de COSSMIL, reitera por última vez su solicitud del pago de Capital Asegurado de Muerte de su mandante (fs. 15 y vta.,). II.10. Cursa Resolución 205/2021 de 7 de diciembre, COSSMIL a través de la cual, la Gerencia de Seguros de COSSMIL, hace conocer a la ahora solicitante de tutela, que se resolvió otorgar a su favor la suma de Bs77 034,06.- por concepto del pago de Capital Asegurado de Muerte (fs. 17).
II.11. Por memorial presentado el 23 de diciembre de 2021, la ahora impetrante de tutela a través de su apoderado interpuso recurso de reclamación ante la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL (fs. 18 a 20). II.12. A través del memorial de 21 de febrero de 2022, el apoderado de la ahora accionante, reiteró el recurso de reclamación y solicitó pronunciamiento ante la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL (fs. 21). II.13. Mediante memorial de 7 de marzo de 2022, la ahora peticionante de tutela por medio de su apoderado por última vez reitera recurso de reclamación, solicitando pronunciamiento ante la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL (fs. 22). II.14. Por memorial presentado el 28 de abril de 2022, la ahora impetrante de tutela a través de su apoderado interpuso recurso de apelación ante la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, debido a la omisión de respuesta a su recurso de reclamación (fs. 23 a 25).
La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho a la petición, a una respuesta pronta y oportuna, así como a su derecho a una protección reforzada en calidad de adulta mayor; debido a que los ahora demandados, como miembros de la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, a pesar de haber transcurrido más de dos años, no respondieron a sus solicitudes y recursos presentados para cobrar el pago de Capital Asegurado de Muerte ante el fallecimiento de su esposo José Antonio Oña Costas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; 2) El enfoque diferencial e interseccional y protección reforzada de los derechos de las personas adultas mayores; 3) Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; y, 4) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, reiterada en las SSCCPP 0562/2019-S2 de 17 de julio y 1050/2019-S2 de 3 de diciembre, asumió el siguiente razonamiento:
El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordarán las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: i) Contenido esencial; ii) Requisitos de procedencia; iii) Legitimación activa; iv) Legitimación pasiva; y, v) Plazo para emitir respuesta.
La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: a) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; b) Formal; que la respuesta sea 1El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 2La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 3La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; c) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, d) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.
La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:
…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 4La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.
Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 5La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.
Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).
Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:
…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado-busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.
Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero.
En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo: La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas. Sobre el particular, es necesario mencionar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, sostuvo que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor. Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconocieron su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”. En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: a) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares.
La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0457/2019-S2 de 24 de junio -entre otras-, precedida por el Voto Disidente a la SCP 0441/2019-S2 de la misma fecha, desarrolló el siguiente razonamiento:
La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalando en su artículo 67.I que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”. Por su parte, el art. 68 del citada Ley Fundamental, refiere:
I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.
Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala:
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros (las negrillas no corresponden).
10El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas).
Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.
En este sentido, corresponde también referirnos al art. 13 de este Instrumento Internacional, que en su texto indica:
La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.
Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.
Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos (Las negrillas son nuestras). En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, la Ley General de las Personas Adultas Mayores en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran:
1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores”.
2. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad (…). De igual forma, en el Capítulo Segundo, art. 5.b. y c. de la citada Ley, se reconocen los derechos y garantías de las personas adultas mayores; entre ellos, el derecho a una vejez digna, garantizado, entre otras medidas, por un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia; y, por la promoción de la libertad personal en todas sus formas.
A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, estableció que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”. Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere:
…La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante `acciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado (las negrillas fueron añadidas).
Reiterando dicho entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1, señala que nuestra Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2019-S2 de 19 de febrero, precedida por la SCP 0277/2018-S2 de 25 de Es comprensible el trato preferente y especial, del que deben ser objeto los ancianos, dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”. 12El FJ III.4, indica: “Bajo esa lógica, el orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial; así, el art. 67 de la Norma fundamental, señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales; además de ello, el Estado boliviano ha dotado de una serie de medidas e instrumentos legales con miras a una protección real de este grupo en situación de vulnerabilidad; esa afirmación encuentra sustento, en la emisión de la Ley General de las Personas Adultas Mayores, de 1 de mayo de 2013, que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección (art. 1), siendo titulares de los derechos en ella expresados las personas adultas mayores de sesenta o más años de edad, en el territorio boliviano (art. 2).
Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, se encuentran recogidos asimismo, en instrumentos internacionales, concretamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus arts. 2, 22, y 25; así como dentro de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991, en sus numerales 12 y 17, en los que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener: `…acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado´; y, a: `…poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales´”.
junio, recopiló la jurisprudencia constitucional relativa al principio de inmediatez y desarrolló el siguiente razonamiento:
El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el AC 0112/99-R de 7 de septiembre de 1999, señalando en el Considerando Segundo, que:
Que, la censura y destitución del recurrente se ha producido en fecha 4 de junio de 1998 a través de la Resolución Municipal No. 019/98, pretendiendo dejarla sin efecto a través de este recurso de amparo constitucional presentado recién en fecha 26 de marzo de 1999, habiendo dejado transcurrir 9 meses y 22 días, al margen de los cinco meses que ha durado su tramitación, por lo que el presente recurso no cumple con uno de los requisitos fundamentales que son inherentes a su naturaleza y procedencia que es la inmediatez, lo que hace presumir la existencia de libre y expreso consentimiento, resultando improcedente el recurso de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 96 inc. 2) de la Ley del Tribunal Constitucional. Entendimiento asumido también por las SSCC 252/00-R, 091/01-R y 0217/01-R, entre otras. Posteriormente, la SC 544/2002-R de 13 de mayo, aclaró con más precisión los seis meses para el plazo de caducidad; y este criterio, fue asumido de manera uniforme por las SSCC 0703/2002-R, 0720/2002-R, 0632/2003-R y 0560/2003-R, entre otras. Asimismo, la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, indicó que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del referido recurso constitucional, y luego, se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional.
13El Considerando Cuarto, señala: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna - referida al rechazo del recurso de apelación formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate- desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha cumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado. 14El FJ III.1, establece: “2) Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado”. 15El FJ III.5, dispone: "...resulta necesario establecer que el cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional, se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el derecho vulnerado; empero, en los casos en que como el presente, se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo, -como la presente Sentencia Constitucional-”.
Finalmente, el art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del CPCo, refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.
La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho a la petición, a una respuesta pronta y oportuna, así como a su derecho a una protección reforzada en calidad de adulta mayor; debido a que los ahora demandados, como miembros de la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, a pesar de haber transcurrido más de dos años, no respondieron a sus solicitudes y recursos presentados para cobrar el pago de Capital Asegurado de Muerte ante el fallecimiento de su esposo José Antonio Oña Costas. Del análisis de los antecedentes descritos en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se sabe que la ahora impetrante de tutela ante el al fallecimiento de su esposo José Antonio Oña Costas, el 18 de septiembre de 2018, presentó ante al Gerente de Seguros La Paz de COSSMIL, solicitud del pago de Capital Asegurado de Muerte. Petición que fue reiterada el 11 de febrero de 2019 ante la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL -ahora demandados- y habiendo transcurrido seis meses, por memorial de 11 del mismo mes y año, puso en conocimiento de la Unidad de Transparencia de COSSMIL la demora en la respuesta, sin que dicha repartición se pronuncie al respecto. Asimismo, por memorial presentado el 8 de octubre de igual año, por la ahora accionante ante el Gerente General de COSSMIL, reiteró el pago de Capital Asegurado de Muerte y denunció retardación e incumplimiento de pago. Mediante nota GS.DPR 0161/2019 de 6 de noviembre, el Gerente General a.i. de COSSMIL, en repuesta a la nota de 8 de octubre del mismo año, comunicó a la ahora accionante que el pago extrañado se encontraba en estudio matemático actuarial complementario del Capital Asegurado de Muerte, así como el Subsidio Funeral del Servicio Pasivo por el periodo 2016-2020, los que fueron elevados a la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL el 14 de mayo de 2019 y que una vez emitida la Resolución de aprobación se procedería al pago correspondiente de manera cronológica; posteriormente, por memorial presentado el 3 de diciembre de 2020 ante el Gerente General de COSSMIL la ahora accionante, denunció demora y falta de pago del subsidio referido, sin recibir respuesta alguna.
Por nota STRIA: GS.UPG 021/2021 de 20 de enero, el Gerente de Seguros de COSSMIL, en respuesta al memorial de 3 de diciembre de 2020, le hizo saber a la ahora impetrante de tutela, que el trámite del pago de Capital Asegurado de Muerte correspondiente a su fallecido esposo José Antonio Oña Costas se encontraba en la Unidad de Rentas para certificación y que posteriormente sería remitido a la Unidad Jurídica para que se dicte la correspondiente resolución y que de acuerdo a Certificación el titular fallecido cuenta con 127 aportes, de los 282 aportes que debería haber realizado, siendo 155 aportes no cubiertos, existiendo una discontinuidad de más de doce años; refirió igualmente, que el estudio matemático actuarial complementario 2016-2020 se encontraba en el Servicio Pasivo y que fue elevado a la Junta Superior de Decisiones para su evaluación y posterior aprobación, que una vez que tenga instrucción de ese Ente Superior se le haría conocer. Por efecto de dicho documento, la accionante el 1 de febrero de 2021, solicitó respuesta fundamentada con resolución, a ser emitida por la Comisión de Prestaciones de Seguro de COSSMIL, observando el cuadro de descuentos y reiterando por última vez la solicitud de pago. La Comisión de prestaciones, mediante Resolución 205/2021 de 7 de diciembre, resolvió otorgar en favor de la ahora accionante la suma de Bs77 034,06.- por concepto del pago de Capital Asegurado de Muerte; y como consecuencia, el 23 de diciembre de 2021 la ahora accionante, interpuso el recurso de reclamación ante la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, lo cual fue reiterado el 21 de febrero y 7 de marzo, ambos de 2022 ante la referida Junta Superior y al no obtener respuesta alguna, el 28 de abril de 2022, interpuso recurso de apelación ante la misma Junta. De los antecedentes referidos, se evidencia que la acción tutelar presentada, tiene dos fases, la primera referida a las peticiones realizadas a partir del 18 de septiembre de 2018 hasta el memorial presentado el 16 de noviembre de 2021, desde esta última fecha hasta la presentación de la acción tutelar que nos ocupa (3 de junio de 2022) han transcurrido más de seis meses; es decir, que sobrepasó el plazo de caducidad para la interposición de la acción de amparo. En virtud a ello, en relación a dichas peticiones no se cumple el principio de inmediatez, correspondiendo denegar la tutela por incumplimiento a dicho principio, tal cual se tiene del entendimiento señalado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. En cuanto a la segunda fase, que corre a partir de la presentación del recurso de reclamación presentado el 23 de diciembre de 2021, contra la Resolución 205/2021, se evidencia que la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, no se pronunció al respecto, sobrepasando los plazos previstos en los arts. 183 y 184 de la LSSM, dejando a la ahora accionante en estado de indefensión; a pesar de que la misma reitero dicho recurso por memoriales de 21 de febrero y 7 de marzo, ambos de 2022 sin recibir respuesta. Motivo por el cual el 28 de abril de 2022; interpuso el recurso de apelación ante la misma Junta, sin que esta repartición se pronuncie hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar. De esa forma la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, no dio cumplimiento a lo establecido en el art. 24 de la CPE, que señala la obligación de otorgar una respuesta pronta y oportuna, cuyos entendimientos fueron glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, señalando que a los efectos de la tutela sobre el derecho de petición, debe tomarse en cuenta lo siguiente: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; y, ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, iii) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. En ese contexto, la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, estaba obligada a pronunciarse dentro de los plazos previstos en la normativa especial para tramitar o resolver los recursos de impugnación planteados, y en su caso, hacer conocer a la ahora accionante, si acaso se consideraba incompetente y ante qué repartición debía dirigirse la peticionante de tutela para recibir respuesta a los recursos planteados, al no haberlo hecho, vulneró el derecho de petición establecido en el art. 24 de la CPE, e inobservó los derechos que le asisten a la ahora accionante al tratarse de una persona de la tercera edad; por lo que, correspondía aplicar los principios de no discriminación para no menoscabar los derechos fundamentales de las personas adultas mayores conforme lo previstos tanto por la Constitución Política del Estado, como por los instrumentos internacionales y la Ley, que establecen la obligación de todas las personas e instituciones proteger a los adultos mayores, en busca de prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica entre otras, para incorporarlas a la sociedad con dignidad, respeto, oportunidad e integridad, como señala la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al no haber obrado de esa manera vulneró los derechos de protección como adulta mayor de la ahora accionante. En consecuencia, la Junta Superior de Decisiones de COSSMIL, al no haber dado una respuesta oportuna a la peticionante de tutela, respecto a los recursos de reclamación y apelación, hace evidente la vulneración del derecho a la petición, a una respuesta pronta y oportuna, así como a sus derechos de adulta mayor. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 174/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 59 a 60 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la petición, a una respuesta pronta y oportuna, así como a sus derechos de adulta mayor, en relación a la falta de respuesta respecto a los recursos de reclamación y apelación, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional; 2° DENEGAR en cuanto a los hechos denunciados a partir del 18 de septiembre de 2018 hasta el 16 de noviembre de 2021, por no haber observado el principio de inmediatez. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
6 El FJ III.1, indica: “…el derecho de petición puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado o la Ley”. 7El FJ III.3, refiere: “Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano” (las negrillas son agregadas).
8 El FJ III.2, indica: “…es lógico que de no dirigirse la petición a la autoridad pertinente, la misma al no tener oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente -siendo que este derecho no implica la otorgación de una respuesta positiva, sino formal, escrita y oportuna-, por falta de conocimiento de la solicitud, no puede atribuírsele una supuesta transgresión del derecho ni del mandato constitucional que lo contiene”. 9El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras).
11 El FJ III.4. señala: “Los derechos de los adultos mayores se encuentran reconocidos y se les otorga una particular atención dadas las circunstancias que ubican a este grupo de personas en una situación de desventaja frente al resto de la población, por cuanto la edad provoca en ellas una serie de limitaciones físicas, psicológicas, y económicas, de donde su resguardo tiene como objeto otorgarles una mejor calidad de vida.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0330_2024-S1.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): af03b08c5227b4460a3629f7c13797c428f07dd6f17705e37301acf027da7a49
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