Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de abril de 2023
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad física; toda vez que, dentro del proceso penal que se sigue en su contra se dispuso en audiencia de medida cautelar su detención preventiva, contra la cual interpuso apelación incidental; por lo que, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista 182/2021 de 8 de abril, en la que se ratificó su detención preventiva y, desde esa fecha hasta la interposición de la presente acción de libertad, han transcurrido dieciocho días en los que el Vocal demandado no devuelve los antecedentes al juzgado de origen, viéndose imposibilitada de poder solicitar la cesación a la detención preventiva y así poder recuperar su libertad, habiéndose inclusive suspendido la audiencia por falta del cuaderno procesal y de esa manera continua de su detención. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad; ii) Supuestos de procedencia dentro del ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho; iii) Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad; iv) Sobre la acción de libertad innovativa; y, v) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2021 de 12 de mayo, cursante de fs. 17 a 21; pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional. 2° Llamar la atención a la Vocal María Giovanna Pizo Guzmán, Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con la finalidad de actuar en otros casos similares con la debida celeridad, advirtiendo que en caso de reincidir en las mismas actuaciones, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para fines de ley que correspondan.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2023-S1 Sucre, 25 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Msc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 40276-2021-81-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2021 de 12 de mayo, cursante a fs. 17 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adolfo Paniagua Coronado en representación sin mandato de Geovana Rodríguez Cabezas contra Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 11 de mayo de 2021, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 26 de marzo de 2021, el Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero EPI SUR de la Capital del departamento de Cochabamba, en Audiencia de Medidas Cautelares, celebrada como consecuencia del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de Infanticidio, en grado de tentativa, previsto y sancionado por el art. 258 en relación al art. 8 del Código Penal (CP), mediante Auto de 26 de marzo de 2021, dispuso su detención preventiva. Que en aplicación del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el mencionado Auto fue objeto de apelación incidental, remitiéndose obrados a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia, recayendo por sorteo en la Sala Penal Tercera, a cargo del Vocal Jesús Víctor Gonzales Milán. La audiencia de apelación de medidas cautelares, se llevó a cabo el 8 de abril de 2021, habiéndose ratificado el Auto de detención preventiva. Hasta la fecha -se entiende hasta la presentación de esta acción tutelar-, transcurrieron dieciocho (18) días en las que el Vocal de la Sala Penal Tercera no devuelve los antecedentes al juzgado de origen, vulnerando con ello, su “legítimo derecho a la libertad”; por lo que, se ve imposibilitado de poder solicitar la cesación a la detención preventiva y así poder recuperar su libertad. Indicó que tampoco se le notificó con el Acta de la audiencia, señalando que el Acta referido, aún no fue redactado, encontrándose pendiente de revisión y que, por esa razón, inclusive “se suspendió la audiencia de la necesidad de mantener la detención preventiva” (fs. 3 vta.) y por esa falta de remisión de obrados, tampoco se pudo solicitar la cesación a la detención preventiva.
El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad física mediante el acto dilatorio de no remitir antecedentes de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba al Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero EPI SUR de la Capital del citado departamento, haciendo que “se suspenda una audiencia destinada a su libertad” (sic), citando al efecto los arts. 23.I; 115.I y II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se ordene que la autoridad demandada devuelva los antecedentes al juzgado de origen en el término de veinticuatro horas y exhortar a la autoridad jurisdiccional demandada, observe el principio de celeridad y el valor libertad a fin de que no se vuelva a reiterar esos actos dilatorios.
La audiencia (virtual), se realizó el 12 de mayo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 16 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El abogado en representación sin mandato de la accionante, ingresó a la plataforma virtual de la audiencia en el momento de dictarse la resolución.
María Giovanna Pizo Guzmán, Presidenta de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, presentó Informe el 12 de mayo de 2021, cursante a fs. 13, manifestando que fue su autoridad y no la autoridad demandada quien resolvió la apelación incidental, expresó lo siguiente: a) Se celebró la audiencia de apelación de medida cautelar interpuesto por la ahora impetrante de tutela, Geovana Rodríguez Cabezas; por lo que, mediante Auto de Vista 182/2021 de 8 de abril, fue declarado procedente en parte el recurso de apelación incidental, revocando en parte el Auto de 26 de marzo de 2021, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero EPI SUR de la Capital del señalado departamento; y, b) El legajo cautelar ya fue remitido al juzgado de origen, siendo la demora atribuible a la recargada labor del despacho; por lo que, pide al Tribunal de garantías considere esa circunstancia.
Yerko Alconz Colque, representante del Ministerio Público ingresó a la plataforma virtual al momento de dictarse la Resolución de acción de libertad, no presentó informe escrito.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2021 de 12 de mayo, cursante de fs. 17 a 21, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes argumentos: 1) La SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, ante el vacío normativo referido al plazo de devolución de obrados de las Salas Penales a los juzgados de origen, una vez resuelta la apelación en el plazo de setenta y dos horas, dispuso que los actuados se debe devolver al juzgado de origen en el plazo máximo de veinticuatro horas; 2) Asimismo, la SCP 0227/2018-S1 de 29 de mayo, citando lo dispuesto por la SCP 1894/2012 de 12 de octubre, reiteró la “figura de sustracción de materia o del objeto procesal”, consistente en que “el petitorio ha devenido en insubsistente, cuando de hecho el supuesto que lo sustentaba ha desaparecido; por lo que la autoridad no puede pronunciarse sobre el fondo de la denuncia y debe declarar la sustracción”; entendimiento jurisprudencial que ha sido reiterado por una serie de sentencias constitucionales plurinacionales, como la SCP 0744/2015-S3 de 26 de junio que sostiene: “cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria”; y 3) En el presente caso, al haberse devuelto el legajo procesal al juzgado de origen el 11 de mayo de 2021, antes de la comunicación a la autoridad demandada con la admisión de la acción de libertad, al haberse cumplido el actuado demandado, se da la sustracción de materia o de objeto procesal, correspondiendo por ello, denegar la tutela solicitada.
Por decreto constitucional de 2 de agosto de 2022, cursante a fs. 26, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 12 de abril de 2023 cursante a fs. 50.
Del análisis y la compulsa de la documental adjunta al expediente, se tiene lo siguiente: II.1. Auto de Vista 182/2021 de 8 de abril, emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el que se resuelve el recurso de apelación incidental interpuesta por Geovana Rodríguez Cabezas -ahora accionante- contra el Auto de 26 de marzo de 2021, emitida por el Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero EPI SUR de la Capital del citado departamento, declarando procedente en parte el recurso de apelación; por lo que, revoca en parte el referido Auto, debiendo en la misma incorporarse todos los lineamientos desarrollados; no obstante de lo señalado, se confirmó la parte resolutiva de tal determinación que las modificaciones ejercitadas “no revisten la trascendencia necesaria para motivar una modificación en ese sentido” (sic) (fs. 36 a 42) y su Auto complementario de 8 de abril de 2021 (fs. 43 y vta.). II.2. Informe de la Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, señalando que en el Auto de Vista 182/2021 de 8 de abril, se declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental, revocando en parte el Auto de 26 de marzo de 2021 pronunciada por el Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero EPI SUR de la Capital del citado departamento y que el legajo procesal ya fue devuelto al juzgado de origen (fs. 13 a 15).
La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad física; toda vez que, dentro del proceso penal que se sigue en su contra se dispuso en audiencia de medida cautelar su detención preventiva, contra la cual interpuso apelación incidental; por lo que, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista 182/2021 de 8 de abril, en la que se ratificó su detención preventiva y, desde esa fecha hasta la interposición de la presente acción de libertad, han transcurrido dieciocho días en los que el Vocal demandado no devuelve los antecedentes al juzgado de origen, viéndose imposibilitada de poder solicitar la cesación a la detención preventiva y así poder recuperar su libertad, habiéndose inclusive suspendido la audiencia por falta del cuaderno procesal y de esa manera continua de su detención. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad; ii) Supuestos de procedencia dentro del ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho; iii) Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad; iv) Sobre la acción de libertad innovativa; y, v) Análisis del caso concreto.
El art. 8.II de la norma suprema, expresa que el Estado se sustenta, entre otros valores, en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo de la existencia social y política del Estado Plurinacional, el cual resulta el “vivir bien”; en este sentido, se ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, los principios procesales específicos en los cuales se funda la existencia institucional de la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad dispuesto en los arts. 178 y 180.I de la CPE, mandato constitucional que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que la Constitución Política del Estado, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad establecido en el art. 125 que dispone: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad”, disposición de derecho fundamental en cuanto que resguardo constitucional del derecho a la libertad así como también una garantía constitucional en cuanto que se constituye en una acción constitucional para su tutela. En ese sentido, en una interpretación evolutiva de las garantías constitucionales, el Tribunal Constitucional, como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando en el corpus de su jurisprudencia relevante, las tipologías de la acción de libertad en cuanto que acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustantiva y esencial como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal; ante todo, de las personas privadas de libertad, sin necesidad de tener que agotar medios intraprocesales de defensa.
En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que fue hasta ese entonces el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, indicando a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de las personas privadas de libertad; por lo que, básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló:
“Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales”.
A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SC 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:
“Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y 1 Esta sentencia, en su F.J.III.5,señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar:
(…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”.
al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril)”.
Es decir, esta sentencia constitucional reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:
“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Por tanto, se debe tener en cuenta que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios constitucionales obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente como es el principio de celeridad que compele su observancia a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone:
“La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.
Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasen los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios. Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncien dilaciones indebidas y se advierta mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales, previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto; más aún, tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio, reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre; 0900/2010 de 10 de agosto, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017 de 15 de noviembre; 0052/2018-S2 de 15 de marzo, entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.
La jurisprudencia constitucional fue uniforme en asumir la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE y, tiene como finalidad, apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese razonamiento, el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello que, ante la evidencia de dichas demoras, este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia. En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:
a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre).
b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo).
c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero).
d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio).
e) La eventual apelación del Ministerio Público no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto la apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo, conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo). La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva, prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:
1) “En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial.
Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
3) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).
Ahora bien, en forma posterior a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva, que señala:
d) “Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.
Se aclara que el inciso d), es posterior a la SCP 0078/2010-R y fue incluida por la SCP 0384/2011-R de 7 de abril, como un otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva.
Asimismo, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP, al tratarse de un actuado de mero trámite, dispone que dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de 24 horas, en el siguiente sentido:
“…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.
A partir de la modulación de la línea jurisprudencial de la sub regla precedentemente descrita, referido al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva que, hasta ese entonces sólo fue normado vía jurisprudencia constitucional, ese vacío jurídico fue cubierto por una normativa legal, expresa dispuesta al efecto por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, introduciendo importantes modificaciones al plazo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, en lo referido al plazo de señalamiento y realización de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del citado Código, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de veinticuatro horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de cuarenta y ocho horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan solicitudes de cesación de la detención preventiva, por lo que dispone:
“Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código” (las negritas son agregadas). Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el plazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del plazo señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución. De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional; es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, vencido dicho plazo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, 7 En el F.J. III.4 “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.
“El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal.
Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 8 En su F. J. III 2 “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código. Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:
“i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)”.
De todo este desarrollo jurisprudencial, se tiene que el Tribunal Constitucional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; puesto que, generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones. El desarrollo jurisprudencial referido a los plazos procesales de consideración de la cesación a la detención preventiva y la consiguiente apelación, en caso de darse, fue posteriormente normada y refrendada, sin mayores cambios, a través del art. 239 de la Ley 1173, norma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, introduciendo la vigencia de nuevos plazos en el Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, con el objetivo principal de garantizar el derecho a la defensa en libertad y garantizando el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva, equilibrio procesal que debe conducir a la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales.
De acuerdo art. 8.II de la CPE, la dignidad es uno de los valores en los que se sustenta el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo uno de los fines y funciones especiales, que según el art. 9.2 de la misma norma suprema, es el de “garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”. Además de estar concebida como un valor, la dignidad también está consagrada como un derecho fundamental, así se tiene establecido en el art. 21.2 de la CPE, la cual refiere que las bolivianas y los bolivianos tienen, entre otros, el derecho a la dignidad, teniendo junto al derecho a la libertad un carácter inviolable, imponiendo al Estado el deber primordial de respetarlo y protegerlo, como lo reconoce el art. 22 de la Norma Fundamental. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que forma parte del bloque de constitucionalidad previsto en el art. 410.II de la CPE, en su art. 11.1, dispone de forma clara y precisa que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”; disposición normativa convencional que ha sido replicado en el art. 22 de la CPE que dispone: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado” (las negritas son agregadas).
En ese marco normativo constitucional y convencional, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, reiterada por la SC 1694/2011-R de 21 de octubre y la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, entre otras, ha establecido que la dignidad “designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente”. Asimismo la SCP 2134/2013 de 21 de noviembre, afirma: “El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia; de tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan”. Por su parte, sobre la dignidad humana, el tratadista Klaus Stern, afirma que “la dignidad humana es la base de los derechos fundamentales; por tanto, son derechos humanos suprapositivos que han sido positivados en la Constitución y vinculados a una serie de objetivos para asegurar la condición existencial del hombre como persona individual y ser social”; por lo que, al vulnerar uno sólo de tales derechos fundamentales, estamos lesionando la dignidad humana porque privamos al ofendido de la posibilidad de ejercer en forma plena las facultades que le corresponden como ser humano, especialmente cuando el atentado es contra la vida; así, el mismo autor, continúa señalando:
“De ahí que pueda sostenerse que los preceptos constitucionales que consagran la idea de dignidad humana no sean meras declaraciones, sino que resulten ser 9 “La dignidad humana, en su sentido moderno, designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente. El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia. De tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan”. 10 Sobre la dignidad humana, la Constitución Política del Estado, en su art. 8.II, ha dejado establecido que la dignidad es uno de los valores en el cual se sustenta el Estado; por ende tiene por fin y función esencial garantizar, el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe (art. 9.2 CPE). Por otra parte a través del art. 21 ha consagrado a la dignidad como un derecho fundamental, cuando se refiere: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”. Asimismo en el art. 22 ha establecido: “La dignidad y la libertad de la persona inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”. De lo referido la CPE hace entrever que la dignidad debe ser considerada como un valor y un derecho fundamental. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su art. 11.1 dice: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”. 11 STERN, K. (2009). Jurisdicción Constitucional y Legislador. Editorial DYKINSON. Madrid. Pág. 24.
fuente directa de prescripciones normativas, cuya contravención indudablemente puede acarrear, como consecuencia jurídica, la inconstitucionalidad del acto en que tal contravención se materializa”.
Conforme a lo expresado precedentemente, es deber del legislador, al formular las leyes, adecuar las normas para que ninguna de estas atenten contra la dignidad humana que constituye un atributo o condición propia del ser humano; por lo tanto, un valor básico y fundamental de los derechos humanos, reconocido por la norma suprema y convencional. En esa misma línea de razonamiento, y respecto a las personas privadas de libertad, la Constitución Política del Estado, en el art. 73.I, garantiza el derecho a la dignidad, en los siguientes términos: “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana”, e impone al Estado el deber de velar por el respeto de sus derechos, conforme establece el art. 74.I de la norma suprema. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala al respecto en su art. 10.1 que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En sintonía con lo anotado precedentemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas Privadas de Libertad en las Américas”, en la cual se reconocen los derechos fundamentales que tienen las personas privadas de libertad, a través de principios tales como:
“Trato humano - Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”; “Igualdad y no-discriminación- toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad.
12 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por Bolivia mediante Ley No. 2119, promulgada el 11 de septiembre de 2000. 13 La Organización de Estados Americanos a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN la crítica situación de violencia, hacinamiento y la falta de condiciones dignas de vida en distintos lugares de privación de libertad en las Américas; así como la particular situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad mental privadas de libertad en hospitales psiquiátricos y en instituciones penitenciarias; y la situación de grave riesgo en que se encuentran los niños y niñas, las mujeres, y los adultos mayores recluidas en otras instituciones públicas y privadas, los migrantes, solicitantes de asilo o de refugio, apátridas y personas indocumentadas, y las personas privadas de libertad en el marco de los conflictos armados; CON EL OBJETIVO de aportar al proceso de preparación de una Declaración Interamericana sobre los derechos, deberes y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión por el Consejo Permanente, en seguimiento a la Resolución AG/RES 2283 (XXXVII-0/07); ADOPTA los siguientes PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26).
Las normas constitucionales y convencionales citadas precedentemente, así como los razonamientos desarrollados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permiten concluir que las personas privadas de libertad conservan esa condición propia de ser humano, así sean restringidos en su libertad de locomoción, ya sea por una condena o una medida cautelar. En esa línea de razonamiento, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, establece de manera expresa el respeto a su dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, así como la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; señalando que los privados de libertad son sujetos de derechos, en cuyo mérito pueden ejercer todos los derechos que no estén afectados por la condena o por esta Ley, fuera de ellas no son aplicables ninguna otra limitación. En correspondencia con el marco legal citado, la jurisprudencia sentada por este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, estableció:
“…la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema, mismos que si bien, por la esencia misma de la privación de libertad, pueden verse disminuidos en su ejercicio, no pueden por ningún motivo ser suprimidos, del razonamiento que se vislumbra del entendido de que no obstante que el privado de libertad, por esta misma calidad, se encuentra en situación de desventaja y en desigualdad de condiciones frente a aquellos sujetos que gozan de su libertad, no involucra el hecho de que esta disminución en el ejercicio pleno de algunos derechos, signifique, de ninguna manera, que los otros derechos fundamentales que le son reconocidos constitucionalmente, no sean, en su caso, pasibles de defensa por parte del interesado y por supuesto de tutela por parte del Estado”.
En esa misma línea de razonamiento se pronunció la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.3 de la SCP 1624/2013 de 4 de octubre, al señalar:
“…la privación de libertad, implica la restricción de aquellos derechos que, por la naturaleza de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva), se vean afectados, sin lesionar el derecho a la dignidad de las personas y menos sus derechos a la vida o a la integridad física; pues los mismos bajo ninguna circunstancia quedan disminuidos como efecto de la privación de libertad, siendo más bien los jueces y tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados…”.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional pronunciada, entre otros, por la SCP 0192/2018-S2 de 14 de mayo, citando la SCP 0618/2012 de 23 de julio, ha expresado que:
“…es responsabilidad del Estado velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema…”. En atención a las citas constitucionales, convencionales y jurisprudenciales precedentes, habida cuenta del carácter universal de los derechos fundamentales que asumió el constituyente, estableciendo el deber de respetar el valor intrínseco de todo ser humano, traducido en su dignidad; que si bien en virtud a la potestad sancionadora del Estado, es legítimo sancionar y disponer medidas cautelares en los casos y según las formas previstas en la ley, no es menos importante el respeto de los derechos de los privados de libertad. En ese entendido, las persona privadas de libertad encuentran límites a su libertad personal, por la naturaleza restrictiva de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva); empero, eso no implica que en los demás derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, se vean afectados; más al contrario, se mantienen incólumes, así se tiene el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida, a la educación, el acceso a la justicia, que tienen como sustrato la dignidad humana, cuya limitación o supresión se torna en una restricción ilegítima, injustificada, que si bien pueden verse disminuidos en el ejercicio pleno de algunos de estos derechos; no obstante, no pueden ser suprimidos. En esa comprensión, el privado de libertad que por su condición temporal y excepcional se encuentra limitado en su libertad personal, se halla en estado de vulnerabilidad, en situación de desventaja y desigualdad; por lo que, es el Estado, el que asume la responsabilidad de velar por el respeto de sus derechos -excepto el de libertad personal cuya limitación fue impuesta conforme a las formas y según los casos que la ley establece-; lo contrario significaría una exclusión, en desmedro de su condición humana, de su derecho a la dignidad, extremo que se encuentra reñido con los valores -como el de dignidad- que fundan o sustentan la Constitución Política del Estado.
Por último, y considerando todo lo desarrollado, debemos afirmar, que dentro de los fines y funciones del Estado, está el de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en el art. 9.4 de la CPE, y en ese marco, todos los niveles del Estado (central, departamental y municipal) tienen la obligación de adoptar medidas y acciones en favor de los sectores vulnerables, dentro de los que se encuentran los privados de libertad; ello con el objetivo de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos de este grupo de personas, quienes por diferentes circunstancias de la vida se encuentran internos en centros penitenciarios; considerando que no perdieron otros derechos inherentes al ser humano, siendo los jueces y tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados. En ese entendido es la instancia judicial y administrativa, en la que se dilucidan los derechos de las personas privadas de libertad, quienes tienen el deber de llevar adelante estos trámites con diligencia y celeridad, cumpliendo a cabalidad los plazos que la normativa prevé, pues de lo contrario estaría consintiendo una actuación dilatoria e injustificada que repercute en la conculcación de los derechos humanos de los privados de libertad.
La Ley del Tribunal Constitucional, promulgada el 1 de abril de 1998, en su Capítulo IX, estableció el marco jurídico del recurso de habeas corpus, señalando más propiamente en su art. 91.VI que:
“…no obstante haber cesado la persecución o la detención ilegales, la audiencia se realizará necesariamente y si el recurso fuere declarado procedente, la autoridad recurrida será condenada a la reparación de daños y perjuicios…” (las negrillas nos pertenecen); Redacción a partir de la cual, se fue gestando la institución del habeas corpus innovativo, pues el habeas corpus no solo podía ser interpuesto cuando se encuentre vigente y latente la lesión o amenaza de lesión a los derechos a la libertad sino también cuando los mismos hubieren cesado. En ese sentido, el entonces Tribunal Constitucional, a través del Auto Constitucional 361/99-R de 26 de noviembre de 1999, en revisión de la Sentencia pronunciada el 13 de octubre de ese mismo año por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, determinó revocar dicha Sentencia y declarar procedente el recurso, debiendo el Tribunal de Habeas Corpus aplicar el artículo 91.VI de la Ley del Tribunal Constitucional -Ley 1836 de 1 de abril de 1998-, alegando que “…el hecho de haberse puesto en libertad al recurrente el mismo día a horas 19 no destruye la ilegalidad de su detención y más bien confirma que la detención fue arbitraria, basada en una simple sindicación…”, determinación que no solo puso en evidencia la procedencia del habeas corpus en su modalidad innovativa sino también generó el cumplimiento del objetivo encomendado a las autoridades judiciales: Que no quede impune el comportamiento de los responsables de la lesión o amenaza de lesión de la libertad de una persona. En ese mismo sentido, el entonces Tribunal Constitucional, pronunció la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, que aprobó la Resolución de 5 de noviembre de 2001 -que declaró procedente el recurso de habeas corpus-emitida por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, argumentando que “…si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, determinación que expresamente asumió lo dispuesto por el art. 91.VI de la Ley 1836. Así también, entre otras, reiteran dicha línea jurisprudencial las SSCC 0387/2002-R de 9 de abril, 1135/2002-R de 19 de septiembre; 0352/2003-R de 25 de marzo; y, 1476/2003-R de 14 de octubre. Posteriormente, el Tribunal Constitucional, mediante la SC 1489/2003-R de 20 de octubre, resolviendo un recurso de habeas corpus en el que se denunció la lesión del derecho a la libertad debido a una detención indebida que si bien habría cesado antes de la interposición del recurso; determinó revocar la Resolución 4/2003 de 6 de septiembre, declarando improcedente el aludido recurso, toda vez que correspondía interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban indebidamente detenidos, a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación del recurso. Sentencia Constitucional en la que, si bien señaló que dicha determinación no implicaba un cambio de línea jurisprudencial, originó una modificación al entendimiento jurisprudencial que se iba aplicando, pues a partir de dicho razonamiento, si la lesión hubiere cesado previo a la presentación del recurso debía ser declarado improcedente, y en caso que el recurso fuere presentado y luego cesaran los actos lesivos se determinaría su procedencia. Razonamiento reiterado por las SSCC 1589/2003-R de 10 de noviembre, 1728/2003-R de 28 de noviembre, 1757/2003-R de 2 de diciembre, 0193/2004-R de 9 de febrero y otras. Luego, a través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió el entendimiento que fue asumido en las sentencias constitucionales citadas en el párrafo anterior, al señalar que:
“Del análisis de los debates parlamentarios desarrollados en el proceso de sanción de la ley aludida, se extrae que la ratio legis del precepto aludido está en la necesidad de que el instituto jurídico en examen brinde protección en aquellos supuestos en los que “…una autoridad legal arbitrariamente detiene a una persona sin que haya existido causa que lo justifique y tenemos centenares de casos, finalmente la ponen en libertad se acabó el tema, no hay protección, no hay tutela de los derechos humanos, les digo verdaderamente, no avanzar en el texto en la forma como está propuesta supone volver al viejo judicialismo para eso no cambiamos nada […] yo puedo demandar a una autoridad que me ha detenido ocho días y después me ha puesto en libertad […] ya estoy en libertad y quiero plantear el recurso de hábeas corpus para que la autoridad que ha cometido semejante abuso, que me ha privado de derechos de alimentar a mi familia, de ver a mis hijos, de cumplir con mi trabajo de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional debe ser sancionada y el recurso de hábeas corpus declarado procedente […]’” (Cfr. Redactor, Tomo IV, noviembre de 1997, H. Cámara de Diputados).
Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R y confirmado por las 20 El FJ III.1 señaló que: “…siendo la razón esencial del recurso hacer efectiva la protección de la libertad individual, el mismo debe ser planteado en el momento en que están sucediendo tales casos, no siendo pertinente acudir a esta acción tutelar simplemente para identificar a la autoridad que ordenó o ejecutó la medida restrictiva de la libertad”. 21 En el FJ III.1 se sostuvo que: “…resulta imprescindible plantear el recurso en el momento en el que los derechos a la libertad física o a la locomoción están siendo suprimidos indebida o ilegalmente, a fin de que este Tribunal compulse el acto de la autoridad recurrida y se pronuncie en el fondo ya sea concediendo o negando la tutela, lo que significa, que el recurso planteado luego de que el supuesto agraviado hubiera sido puesto en libertad, debe ser directamente declarado improcedente sin necesidad de ingresarse al fondo de la problemática planteada”. 22El FJ III.4 preciso que: “Por otra parte, es necesario referirse a que si bien los recurrentes a tiempo de la realización de la audiencia de hábeas corpus se encontraban en libertad, ello -en este caso- no puede ser causal de improcedencia del recurso, pues consta en obrados que a tiempo de la interposición del mismo estaban privados de su libertad, la que obtuvieron en la audiencia de medidas cautelares realizada con anterioridad a la notificación de los recurridos, diligencia que no se cumplió por la situación de conflicto que se presentó en el país, de manera que la circunstancia señalada no desvirtúa la ilegal actuación ni excluye la responsabilidad de los Fiscales demandados”. 23 El FJ III.2 sostuvo: “Si bien, la SC 1489/2003-R, de 20 de octubre establece que no se puede determinar la ilegalidad de una detención cuando el recurso de hábeas corpus fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes, en el caso que se examina no es aplicable lo determinado por este fallo porque el representado de la recurrente fue puesto en libertad después de media hora de haberse planteado el hábeas corpus, en virtud de lo que se ingresa al análisis de fondo de la problemática planteada”.
SSCC 1589/2003-R, 1728/2003-R, 1757/2003-R y 1928/2003-R” (las negrillas son agregadas).
Más adelante, con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento citado precedentemente al anterior, contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado. Sin embargo, a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, asumiéndose parámetros interpretativos más favorables respecto a la protección de los derechos humanos, se recondujo la línea jurisprudencial a lo expresado en la referida SCP 0327/2004-R, determinándose que la acción de libertad procede aún cuando hubiera cesado la privación de libertad, reconociéndose a partir de ello la acción de libertad innovativa que tiene un carácter preventivo, con la finalidad de que ya no sucedan los mismos actos ilegales en futuras actuaciones. La SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, sin realizar una modulación a la acción de libertad innovativa, estableció la aplicación de la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, señalándose que:
“La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el 24 El FJ III.1 señaló que: “…Nuestro ordenamiento jurídico también sugiere la existencia de esta figura, cuando en el art. 68.6 de la Ley del Tribunal constitucional Plurinacional y el propio Código Procesal Constitucional, que en su art. 49.6, determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. De lo señalado, queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de detenciones ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad; sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al igual que la detención puede haber cesado; empero, la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue consumada, por ello a efectos de determinar la responsabilidad del caso, y de construir una matriz jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en estos casos pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades”.
hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución.
Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria”.
Bajo los lineamientos jurisprudenciales desarrollados precedentemente, teniendo en cuenta la finalidad del legislador de sancionar las restricciones ilegales de la libertad, aun éste derecho se haya restablecido y el principio de favorabilidad en la protección de los derechos fundamentales que tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, a través de la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio, se recondujo la línea jurisprudencial establecida en la citada SCP 0744/2015-S3 al entendimiento asumido en la SCP 2491/2012; en consecuencia, la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal como causal de improcedencia, solamente puede aplicarse en la acción de amparo constitucional. Por tanto, es necesario aclarar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de su amplia jurisprudencia, desarrolló por un lado la doctrina de la acción de libertad innovativa y, por otro, la referida a la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal como causal de improcedencia de las acciones de defensa. Al respecto, se debe dejar absolutamente claro que ambos supuestos procesales son contrarios entre sí, y que respecto a la acción de libertad innovativa, procede su tutela así hayan cesado los actos vulneratorios del derecho a la libertad que dieron origen a su interposición, según lo dispone el art. 49.6 del CPCo, a diferencia de lo que sucede en la acción de amparo constitucional que será improcedente cuando hayan 25 El F.J.III.3 sobre la necesaria reconducción de la línea jurisprudencial respecto a la acción de libertad innovativa señaló que: “Consiguientemente, en aplicación del estándar más alto de protección de los derechos que tiene su fundamento “…en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas” (SCP 2233/2013 de 16 de diciembre); se comprenderá que no corresponde asumir en la acción de libertad, una causal de improcedencia prevista expresamente para la acción de amparo constitucional, más aún si no existe un marco normativo constitucional y legal que lo respalde; además que de la interpretación teleológica del art. 49.6 del CPCo, se entiende que la acción de libertad en modalidad innovativa, se encuentra expresamente reconocida y por ende proscrita la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la misma acción tutelar, por ser un instituto propio de la acción de amparo constitucional que no condice con la naturaleza jurídica de la primera; un entendimiento contrario implicaría desconocer un mandato legal y final previsto en la disposición indicada, además que significaría una regresión en la protección de derechos fundamentalísimos como la vida y la libertad en franca vulneración a lo dispuesto en los arts. 13.I y 22 de la CPE, al asumir un razonamiento restrictivo a través de la cual se permita a las personas demandadas subsanar las lesiones cometidas antes de la audiencia de garantías y por ende dejar sin tutela las vulneraciones cometidas antes de la misma, cuando lo que corresponde en todo caso es asumir una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y no dejar en desamparo a los peticionantes de tutela.
En tal sentido, corresponde reconducir y reasumir el entendimiento desarrollado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, en el sentido que procederá la acción de libertad aún hayan cesado las causas que originaron la misma, como establece el art. 46.9 del CPCo y por ende superar el precedente desarrollado por la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, en torno a la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, por no corresponder su aplicación en la acción de libertad”.
cesado los efectos del acto reclamado, tal cual establece el art. 53.2 del citado Código procesal. Entonces, efectuada la contextualización jurisprudencial, respecto a la acción de libertad innovativa, es preciso señalar que conforme se sostuvo en la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio, la línea jurisprudencial más protectiva está en la SCP 2491/2012, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia de dicha acción de defensa, evitando que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. Por todo lo expuesto, se deja claramente establecido que la acción de libertad innovativa es el mecanismo idóneo que protege aun hubiere cesado el acto ilegal ante amenazas a los derechos a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso, el indebido procesamiento; siendo su principal finalidad evitar que en el futuro se repitan actos que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, conforme establece el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el efecto de la concesión de tutela será la responsabilidad personal de los particulares o servidores públicos por la conculcación del derecho fundamental a la libertad.
La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad física; toda vez que, dentro del proceso penal que se sigue en su contra se dispuso en audiencia de medida cautelar su detención preventiva, contra la cual interpuso apelación incidental; por lo que, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista 182/2021 de 8 de abril, en la que se ratificó su detención preventiva y, desde esa fecha hasta la interposición de la presente acción de libertad, han transcurrido dieciocho días en los que el Vocal demandado no devuelve los antecedentes al juzgado de origen, viéndose imposibilitada de poder solicitar la cesación a la detención preventiva y así poder recuperar su libertad, habiéndose inclusive suspendido la audiencia por falta del cuaderno procesal y de esa manera continua de su detención.
De la revisión de obrados y lo expuesto en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se establece que la impetrante de tutela fue detenida preventivamente por disposición del Auto de 26 de marzo de 2021, emitido por el Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero EPI SUR de la Capital del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tentativa de infanticidio previsto por el art. 258 del CP en relación al art. 8 del mismo cuerpo sustantivo penal, el referido Auto fue oportunamente apelada por la imputada en aplicación del art. 251 del CPP (Conclusión II.1).
Los antecedentes de la apelación incidental fueron remitidos por el Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Cochabamba a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, habiendo recaído, por sorteo, en la Sala Penal Tercera, a cargo del Vocal Jesús Víctor Gonzales Milán (Conclusiones II.1 y II. 2).
La audiencia de apelación del Auto de medidas cautelares, se llevó a cabo el 8 de abril de 2021, habiéndose ratificado el Auto de detención preventiva emitida por el Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero EPI SUR de la Capital del departamento de Cochabamba en contra de la ahora peticionante de tutela. Desde la mencionada fecha hasta la interposición de la presente acción de libertad, según la solicitante de tutela, han transcurrido dieciocho días en los que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento no devolvió el expediente de la apelación y todos los antecedentes al juzgado de origen, vulnerando con ello, su “legítimo derecho a la libertad”; puesto que, por falta del citado expediente en el juzgado de origen, se ve imposibilitada de poder solicitar la cesación a la detención preventiva y así poder recuperar su libertad.
Por otra parte, indica que tampoco se le notificó con el Acta de la audiencia de apelación, indicando que el Acta referido, según los funcionarios judiciales de la Sala Penal Tercera, aún no habría sido redactado, encontrándose pendiente de revisión y que, por esa razón, inclusive “se suspendió la audiencia de la necesidad de mantener la detención preventiva”, así como por esa falta de remisión de obrados, tampoco puede solicitar la cesación a la detención preventiva (fs. 3 vta.). De esa forma, señala, se lesiona su derecho a la libertad física mediante ese acto dilatorio de no remitir los antecedentes de la apelación por parte del Vocal de la Sala Penal Tercera al Juzgado de origen, habiéndole causado perjuicio en el ejercicio de su legítima defensa puesto que por falta de obrados se logró que en su perjuicio “se suspenda una audiencia destinada a su libertad” (fs. 3 vta.).
En relación a los cargos formulados, la Vocal Presidente de la Sala Penal Tercera, María Giovanna Pizo Guzmán, presentó el Informe correspondiente ante el Juez de garantías constitucionales el 12 de mayo de 2021 (Conclusión II.2), manifestando que fue su autoridad y no el Vocal demandado quien resolvió la apelación incidental, expresando que el 8 de abril del citado año, se celebró la audiencia de apelación de medida cautelar interpuesto por, la ahora accionante, Geovana Rodríguez Cabezas, habiéndose emitido el Auto de Vista 182/2021 de 8 de abril, por el que se declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental, revocando en parte el Auto de 26 de marzo de 2021, pronunciado por el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero EPI SUR de la capital del departamento de Cochabamba; pero, sin cambiar la parte dispositiva, porque los argumentos emitidos no fueron suficientes para la modificación de la parte dispositiva (Conclusión II.1).
Asimismo, en el referido Informe, se da a conocer que el legajo cautelar ya fue remitido al juzgado de origen, el mismo día, horas antes de la interposición de la acción de libertad, siendo la demora atribuible a la recargada labor del despacho, situación que pide se considere al Tribunal de garantías constitucionales.
En relación al caso dado, se debe dejar en claro que se está frente a la modalidad de acción de libertad de pronto despacho, la misma que no ha sido legislada en la normativa procesal boliviana; su configuración como instituto procesal constitucional, ha sido introducido en la doctrina constitucional boliviana a partir de la SC 0044/2010-R de 20 de abril que efectuó una breve sistematización de lo que fue hasta ese entonces el habeas corpus, venida de denominar a partir de la vigencia del actual marco constitucional, como acción de libertad.
La referida Sentencia Constitucional 0044/2010-R, realizó una sucinta clasificación de las tipologías de la acción de libertad, entre ellas, la acción de libertad traslativo o de pronto despacho, indicando que a través de este instituto procesal constitucional, “se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de las personas privadas de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad” (Fundamento Jurídico III.1).
En ese sentido, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye “…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”, tal como se estableció en los Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.
En el caso de autos, la impetrante de tutela se encuentra privada de libertad; por lo que, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuaciones procesales, “aplicando los valores y principios constitucionales; puesto que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, ya que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales; empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones” (Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3).
En ese sentido, se tiene que “el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasen los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios” (Fundamento Jurídico III.1), cuyo conocimiento les ha sido encomendado, debiendo primar la celeridad en sus actuaciones; ante todo, teniendo en cuenta que el o la peticionante de tutela, está privado de libertad y por esa razón tienen pocas posibilidades de ocuparse de dar el impulso necesario a sus trámites; por lo que, requieren toda la celeridad del caso.
Es así que sobre la aplicación del principio de celeridad en la administración de justicia, “la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncien dilaciones indebidas y se advierta mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales, previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto; más aún, tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad” (Fundamento Jurídico III.3). En ese sentido, una actuación de las autoridades jurisdiccionales, en relación a las personas privadas de libertad, redundará en el respeto a su dignidad humana del que no han sido despojados al estar detenido preventivamente o ya sea con sentencia ejecutoriada (Fundamento Jurídico III.3).
En ese sentido, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, ante el vacío normativo referido al plazo de devolución de obrados de las Salas Penales a las salas de origen, una vez resuelta la apelación en el plazo de setenta y dos horas, estableció que se debe devolver al juzgado de origen en el plazo máximo de veinticuatro horas, plazo de devolución de obrados al juzgado de origen que fue establecida por la jurisprudencia constitucional y que fue incumplida en el presente caso, sin que la excesiva carga procesal sea un justificativo válido, tal como se pretende por el Informe de la autoridad demandada (Conclusión II.2).
Por lo expuesto precedentemente, la Vocal María Giovanna Pizo Guzmán, Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, incurrió en la vulneración del derecho a la libertad de la accionante, sin que para ello, la pretendida justificación del retardo en la devolución de obrados por más de dieciocho días, amerite exonerarla de responsabilidades.
Por tanto, en relación a este punto referido a la celeridad con la que las autoridades jurisdiccionales están obligados a actuar en relación a la aplicación de medidas cautelares; ante todo, los trámites referidos a la cesación de detención preventiva, amerita conceder la tutela solicitada.
Por otra parte, en relación a lo manifestado por el Juez de garantías constitucionales, en sentido que se debe tomar en cuenta la jurisprudencia emitida en la SCP 1894/2012 de 12 de octubre, que estableció “figura de sustracción de materia o del objeto procesal”, consistente en que “el petitorio ha devenido en insubsistente, cuando de hecho el supuesto que lo sustentaba ha desaparecido; por lo que, la autoridad no puede pronunciarse sobre el fondo de la denuncia y debe declarar la sustracción”; entendimiento jurisprudencial que ha sido reiterado por una serie de sentencias constitucionales, como la SCP 0744/2015-S3 de 26 de junio así como por la SCP 0227/2018-S1 de 29 de mayo, que dispuso que “el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba”.
En relación a lo referido precedentemente, se debe tener presente que dicha línea jurisprudencial ha sido modulada y reconducida hacia un entendimiento garantista; por lo que la llamada “sustracción del objeto procesal”, ya no se aplica en la acción de libertad; puesto que, esta acción tutelar tiene el objetivo de que, a quien ha incurrido en negligencia en la devolución de obrados al juzgado de origen o dilaciones parecidas como el de no remitir oportunamente obrados al juez de instancia superior, se le responsabilice a fin de que no se incurra en los mismos actos; ya que, una devolución o remisión tardía de obrados, efectuado días u horas antes de la interposición de la acción de libertad o su correspondiente audiencia, no le libera de la responsabilidad del acto conculcador de derechos en que ha incurrido; por lo que, en estos casos, se aplica la acción de libertad en su modalidad innovativa, debiendo concederse la tutela.
En el presente caso, si bien la Vocal que asumió responsabilidades por el retardo en la devolución de obrados al juzgado de origen, alegó haber devuelto el legajo procesal el 11 de mayo de 2021, antes de la comunicación a la autoridad demandada con la admisión de la acción de libertad, según la jurisprudencia constitucional desplegada en la presente sentencia constitucional (Fundamento Jurídico III.3), la devolución tardía de obrados, no le exime de responsabilidad; puesto que, su accionar negligente, causó la vulneración del derecho a la libertad de la impetrante de tutela, debiéndosele aplicar a la citada autoridad, las consecuencias emergentes de la acción de libertad innovativa, dejándose claramente establecido que en la acción de libertad, no opera la llamada “sustracción de materia” o de “objeto procesal”, correspondiendo por ello, conceder la tutela solicitada.
En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2021 de 12 de mayo, cursante de fs. 17 a 21; pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional. 2° Llamar la atención a la Vocal María Giovanna Pizo Guzmán, Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con la finalidad de actuar en otros casos similares con la debida celeridad, advirtiendo que en caso de reincidir en las mismas actuaciones, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para fines de ley que correspondan. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquiva Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
2 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado”. 3En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.
4 En su F.J. III.1 señalo: “No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda”.
5 En su F.J. III.1 señalo: “No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda”.
6 La citada SCP, en su FJIII.3, expresa: “El art. 178.I de la CPE., señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en el principio de celeridad; por lo que, ante la ausencia de una disposición legal que fije un plazo en el que debe realizarse la audiencia de cesación de la detención preventiva, se debe aplicar los arts. 22, 23.I y 180.I de la CPE, relativas a la libertad y celeridad. Si bien las SSCC 1115/2011-R, 1130/2011-R, 1150/2011-R y 1179/2011-R, entre otras, coinciden en señalar que las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, mas su aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, lo cual amerita que la frase “plazo razonable”, tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio, debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de “sobrecarga procesal” para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.
14 Al respecto la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, prescribe el respeto a la dignidad y la prohibición de trato cruel o inhumano en los arts. 2.III, 5.I, 9, entre otros.
15 “…es imprescindible dejar establecido que los derechos fundamentales, le son reconocidos a las personas en virtud a esa calidad de seres humanos, concepto dentro del cual no puede efectuarse discriminación alguna respecto a su situación esporádica de privados de libertad, esto como consecuencia de que aun cuando se trate de personas privadas de libertad, conservan su esencia de seres humanos y en consecuencia su calidad de ciudadanos a quienes se les reconoce los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado y que, aún encontrándose en calidad de sujetos pasivos respecto al ejercicio de su derecho a la libertad y libre locomoción, no dejan de formar parte de la sociedad y por ende del Estado, gozando, por tanto, de la protección del aparato estatal con referencia a sus derechos y garantías, los cuales, en caso de ser lesionados, suprimidos o amenazados, son susceptibles de tutela”.
16 En el tercer Considerando se sostuvo: “…si bien el recurrente fue puesto en libertad después de veinticuatro horas, ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a la recurrida, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley Nº 1836…”.
17 En el FJ III.2 se estableció que: “…el hecho de que el recurrente hubiese sido puesto a disposición del Fiscal dentro del plazo de las 8 horas previstas por el art. 227 CPP, no destruye la detención indebida denunciada, pues por prescripción del art. 91-VI de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), aún el acto de persecución o la detención ilegales hubiera cesado, de igual forma se debe realizar la audiencia del Recurso y para el caso de que los presupuestos del art. 18 y 89-I fuesen evidentes se deberá otorgar la protección”.
18 En el FJ III.2 se señaló que: “…El hecho de que el recurrente, posteriormente hubiera sido puesto en libertad, no desvirtúa la ilegalidad del acto restrictivo de su libertad en que incurrió la autoridad demandada, por lo que no puede ser eximida de la responsabilidad emergente del mismo”.
19 En el FJ III.2 se sostuvo que: “Es importante dejar establecido, que, si bien el Fiscal recurrido posteriormente dejó sin efecto los mandamientos de aprehensión, ello no hace desaparecer la ilegalidad de su acto, por lo que debe declararse procedente el hábeas corpus con el objeto de establecer la responsabilidad civil de la autoridad demandada.
26 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 49°.- (Normas especiales en el procedimiento) La Acción de Libertad se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 6. Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0330_2023-S1.pdf · páginas 1 a 30.
Huella digital del PDF (SHA-256): 32dd35454184b272a3e90b8d9d8a9cb768cbdd14c053b443616e65f4a4f5cbc8
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