Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 12 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso de interdicto de recobrar la posesión seguido en su contra, las Vocales demandadas emitieron el Auto de Vista 186/2023, que declaró improcedente el recurso de apelación contra el decreto de 23 de septiembre de 2019 y confirmó la Sentencia Extraordinaria 48/2021 -la cual declaró probada la demanda contra otros demandados del referido proceso judicial e improbada respecto de su persona y otros-, así como los Autos de 13 de agosto de 2021, incurriendo en las siguientes irregularidades que constituyen el objeto procesal de la presente acción tutelar: a) Omitieron pronunciarse sobre los diez agravios que planteó en su recurso de apelación presentado el 27 de junio de 2021; b) Valoraron arbitrariamente la prueba pericial y testifical de cargo; además, obviaron valorar la prueba testifical y ciertas documentales; y, c) Confirmaron la Sentencia pese a que esta se sustentó en una pericia con coordenadas georreferenciales sin individualizar qué fracción del predio corresponde a cada uno de los noventa y cuatro demandantes de la referida causa civil. Ante ello, Yenny Cortez Baldiviezo, Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, señaló que no debió ser demandada dentro de la presente acción, ya que esta debió estar dirigida contra las actuales autoridades que en su caso asumirán l…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2024 de 6 de marzo, cursante de fs. 85 vta. a 93 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, aclarándose que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. 2° Levantar la medida cautelar dispuesta, concerniente a la suspensión de la ejecución de la Sentencia y consiguientemente del mandamiento de desapoderamiento emitido por el Juez de la causa del proceso civil de referencia y llamar la atención a Eliana Del Milagro Suarez Valencia y Richar Ayza Salas, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. 3° Por Secretaría General de este Tribunal, póngase en conocimiento de los Tribunales Departamentales de Justicia la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a efecto que los jueces y tribunales de garantías y las salas constitucionales consideren y asuman el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0329/2026-S2 Sucre, 12 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 62491-2024-125-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 17/2024 de 6 de marzo, cursante de fs. 85 vta. a 93 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Braulio Acuña Cuiza contra Yenny Cortez Baldiviezo y Susana Pantoja Ballivian, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memoriales presentados el 29 de febrero y 4 de marzo de 2024, cursantes de fs. 4 a 34, 36; y, 41 a 66, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso de interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Julio Flores Colque y Ciprian Cuno Chambi -ahora terceros interesados-, contra su persona y otros, entre ellos la Directiva de la Asociación de Taxi Trufis “EL CHAPACO” -también terceros interesados-, el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Tarija, mediante Sentencia Extraordinaria “50” -lo correcto es 48-/2021 de 13 de agosto, declaró probada la demanda únicamente en relación con la mencionada Asociación, circunstancia que dio lugar a que esta última y su persona formularan, contra esta determinación y otras (decreto de 23 de septiembre de 2019 y dos Autos de 13 de agosto de 2021), recurso de apelación de forma conjunta. Dichas impugnaciones fueron resueltas por Yenny Cortez Baldiviezo y Susana Pantoja Ballivian, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandadas-, a través del Auto de Vista 186/2023 de 20 de octubre, que es considerado lesivo de sus derechos fundamentales. A partir del señalado fallo de alzada, se lesionó la garantía del debido proceso en sus elementos congruencia, motivación y valoración de la prueba, toda vez que las Vocales ahora demandadas no resolvieron los diez agravios planteados por su parte. Entre dichos agravios, argumentó los siguientes, relativos a la Sentencia Extraordinaria 48/2021: a) Falta de motivación de la determinación asumida; b) Incongruencia entre los ciento treinta y dos demandantes iniciales y los noventa y cuatro beneficiados por la Sentencia; c) Incongruencia por exclusión maliciosa de Juan Alberto Tejerina Alfaro por fallecimiento; d) La demanda se inició respecto de los terrenos A2 y B2; sin embargo, la Sentencia la declaró probada sobre otros terrenos; e) Falta de valoración integral de todos los medios de prueba; f) La prueba testifical, pericial, documental y de inspección no acreditó la posesión de los actores; y, g) Se demostró la posesión de los “hermanos” Velásquez Velásquez, de miembros de la Asociación Taxi Trufi “El Chapaco” y de terceras personas sobre el terreno. Además, respecto de otros actos procesales, identificó los siguientes agravios: 1) El decreto de 23 de septiembre de 2019 debió determinar el desistimiento de la demanda, pues Ciprian Cuno Chambi no justificó su ausencia a la audiencia de 16 de ese mes y año mediante documental que acredite la fuerza mayor concerniente al viaje realizado por su parte; 2) En relación con el primer Auto de 13 de agosto de 2021, cuestionó que el Juez a quo no consideró las deficiencias del peritaje y que debía prever la necesidad de que se realice una nueva pericia; y, 3) El segundo Auto de igual fecha, debió declarar la improponibilidad de la demanda al corroborarse que el poder otorgado a los demandantes no era para los terrenos demandados, sino para los signados como A2 y B2. Por otro lado, se lesionó la garantía del debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, toda vez que se valoró arbitrariamente la prueba pericial y la prueba testifical de cargo -concretamente, las declaraciones de Luis Edilson Vargas Catari, Hugo Fuentes Chinuri, Rene David Cayo Chinuri, Seberina Morales Cari y Euliterio Ortega-; además, se omitió valorar: i) La prueba testifical de descargo -es decir, la declaración de Israel Chosgo-; ii) El Testimonio 0585/2013 de 10 de abril, del poder otorgado por los demandantes del proceso civil a Ciprian Cuno y otros, en el que se indica la ubicación de los inmuebles que los demandantes adquirieron de la familia Moreno, signados como la fracción A2 y B2; iii) El acta de audiencia de 20 de febrero de 2019, donde los demandantes confesaron que fueron desplazados de las fracciones A2 y B2; iv) La transferencia de 30 000 m en favor de la Asociación de Transporte Taxi Trufi “El Chapaco”, en virtud del contrato de compraventa de terreno suscrito el 20 de agosto de 2012; v) El incidente de restitución de bien inmueble como consecuencia de la resolución de contrato, en cuya tramitación se produjo prueba fundamental que demuestra que los terrenos estaban ocupados exclusivamente por la referida Asociación de Transporte; y, vi) El acta de inspección judicial de 23 de junio de 2016. De los aspectos denunciados, se advierte que la Sentencia declaró probada la demanda de manera absurda, ya que ordenó la restitución de fracciones de terreno determinadas en una pericia con coordenadas georreferenciales, sin considerar qué superficie corresponde a cada uno de los noventa y cuatro demandantes del proceso civil, representados por los ahora terceros interesados; tampoco se estableció qué actos posesorios habrían realizado allí, ni se determinó cuál era la fracción de terreno o lote que cada demandante alegaba tener en su posesión al momento de la supuesta eyección sufrida.
Denunció la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva y de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación, congruencia y valoración de la prueba, sin mencionar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 186/2023, y se ordene la emisión de uno nuevo que resuelva el recurso de apelación de manera motivada, congruente y respetando los parámetros constitucionales, sea con costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de marzo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 81 a 85, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Yenny Cortez Baldiviezo, Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 78 a 80, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) La presente acción debió ser incoada contra las autoridades que asumirán la responsabilidad de subsanar la Resolución objeto de apelación, teniendo en cuenta que su autoridad únicamente fue convocada a efectos de emitir el Auto de Vista cuestionado; además, la Sala que emitió el fallo cuestionado actualmente se encuentra conformada por nuevas autoridades; b) El Auto de Vista 186/2023 consideró cada uno de los agravios expuestos contra las resoluciones objeto de apelación, por lo que mal se puede indicar que dicho fallo es incongruente e inmotivado; y, c) No resulta evidente la vulneración del debido proceso por falta de fundamentación, motivación, congruencia y valoración integral y motivada de la prueba, habiendo el señalado Auto de Vista explicado los motivos y razones para arribar a la determinación expuesta. Susana Pantoja Ballivian, Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías pese a su citación cursante a fs. 69.
Julio Flores Colque y Ciprian Cuno Chambi, en audiencia de garantías, a través de sus abogados, refirieron lo siguiente: 1) El accionante refiere que fue excluido de la decisión asumida en la Sentencia de primera instancia, pues se declaró probada la demanda únicamente contra la Directiva de la Asociación de Taxi Trufi “Los Chapacos”, fallo que fue confirmado en alzada; en ese sentido, no se advierte una afectación directa respecto al impetrante de tutela, quien carece de legitimación activa para la interposición de la presente acción tutelar, inobservando lo establecido en el art. 129 de la Constitución Política del Estado (CPE); 2) La Sentencia identificó con claridad la fracción de terreno que estaban ocupando los demandantes con base en los puntos georreferenciales establecidos en la pericia, la cual, al ser ampliada tras su objeción, identificó efectivamente el lugar; 3) No se demandó fracciones individuales, sino una fracción extensa en la cual se encontraban ciento treinta familias, y si bien posteriormente los demandantes fueron noventa y cuatro, ello se debió a la observación del poder de representación, instrumento que fue actualizado cuando las otras personas habían viajado; y, 4) La Sentencia fue clara al establecer respecto de quiénes se demostró el proceso de interdicto interpuesto, llegándose a probar que los miembros de la Directiva de la Asociación de Taxi Trufi “El Chapaco” fueron los autores de la eyección que sufrieron los demandantes, buscando, con la formulación de mala fe de la presente acción tutelar, únicamente dilatar la ejecución del mandamiento de desapoderamiento. Walter Anachuri Aguilera, Hilda Correa Ariles, Martín Altamirano Lamas, Javier Oscar Blas Limache, Wilson Solano Mercado y Santos Ponceano Alanoca Ticona, todos ellos Directivos de la Asociación de Taxi Trufi “El Chapaco”; Ciro Limber y Daniel Arturo, ambos Velásquez Velásquez; Edgar Humberto Ríos Torrejón y Norma Yeny Subia Martínez, no asistieron a la audiencia de la acción tutelar ni presentaron escrito alguno, pese a sus notificaciones cursantes de fs. 70 a 73.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 17/2024 de 6 de marzo, cursante de fs. 85 vta. a 93 vta., denegó la tutela solicitada; sin embargo, otorgó la medida cautelar solicitada por el accionante, determinando la suspensión de la ejecución de la Sentencia y, consiguientemente, del mandamiento de desapoderamiento emitido por el Juez de primera instancia, hasta la emisión de la correspondiente resolución en revisión de la presente acción tutelar por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, con base en los siguientes fundamentos: i) Respecto a la falta de legitimación activa del impetrante de tutela, se tiene que, al haber este interpuesto el recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia, ostenta legitimación para la formulación de la presente acción tutelar, aun cuando la resolución observada no hubiera declarado probada la demanda en su contra; ii) Del contenido del Auto de Vista 186/2023, se advierte que este dio respuesta a cada uno de los agravios formulados en la apelación, no apreciándose la vulneración de la garantía del debido proceso denunciado a partir de la falta de congruencia y motivación; y, iii) La presente acción de amparo constitucional deviene de una demanda de interdicto de recobrar la posesión, la cual permite al propietario recuperar la posesión de un bien inmueble que ha sido ocupado ilegalmente por otra persona; sin embargo, en el ámbito constitucional también se debe precautelar los derechos de cualquier persona que sienta la supresión, amenaza o restricción de derechos y garantías constitucionales que, a su juicio, pueda crear una situación irreparable, quien puede solicitar medidas cautelares a fin de evitar la consumación de la referida restricción o supresión de sus derechos; por lo que, en el presente caso, en función de los antecedentes y la verificación de la presente acción tutelar, se resuelve dar lugar a la solicitud efectuada por el peticionante de tutela en relación con la medida cautelar solicitada. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el accionante, a través de su abogado, solicitó que la Resolución 17/2024 sea notificada al Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Tarija, a efectos de que se cumpla la medida cautelar determinada. Por su parte, en la misma vía, los terceros interesados presentes en audiencia, a través de su abogada, solicitaron que se disponga como medida cautelar la prohibición de realizar construcciones nuevas sobre el predio que debía ser intervenido a partir de la ejecución del mandamiento de desapoderamiento. En respuesta, la Sala Constitucional declaró “CON LUGAR” la solicitud de notificación realizada por el impetrante de tutela; y, “NO HA LUGAR” al planteamiento de los terceros interesados, sosteniendo que este último se refería a hechos nuevos; además, señaló que la parte interesada puede acudir ante el Juez de la causa a efectos de que se tomen las medidas correspondientes respecto de esta pretensión.
Mediante Auto Constitucional (AC) 039/2025-CA/S de 20 de enero, cursante de fs. 112 a 116, ante la solicitud efectuada por los terceros interesados de adelanto de sorteo (fs. 105 a 107), en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento respecto al tercero interesado Julio Flores Colque. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 174 a 178).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 26 de agosto de 2016, Julio Flores Colque y Ciprian Cuno Chambi -ahora terceros interesados- por sí y en representación de terceros, formularon interdicto de recobrar la posesión contra Santos Ponceano Alanoca Ticona, Walter Anachuri Aguilera, Álvaro Hilario, Javier Oscar Blas Limache, Martín Altamirano Lamas, Hilda Correa Ariles, Wilson Solano Mercado, Roberto Farfan Soruco, miembros del Directorio de la Asociación de Transporte Taxi Trufi “El Chapaco”; Ciro Limber Velásquez Velásquez; Edgar Humberto Ríos Torrejón y Norma Yeny Subia Martínez -hoy terceros interesados- (fs. 37 a 40 vta. del Anexo 1); subsanado posteriormente a través de los escritos presentados el 24 de octubre y 11 de noviembre del mismo año, y 2 de febrero de 2017 (fs. 189 a 190; y, 196 y vta. del Anexo 1; y, 213 y vta. del Anexo 3). II.2. Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2017, Braulio Acuña Cuiza -ahora accionante- formuló incidente de integración a la Litis; asimismo, por memorial presentado el 2 de enero de 2018, el prenombrado reiteró ante el Juez de la causa, su solicitud para ser integrado al proceso interdicto de recobrar la posesión en calidad de codemandado (fs. 1288 a 1289; y, 1308 a 1309 vta. del Anexo 8); a lo que se dio lugar mediante Auto de 29 de ese mes y año, a través del cual el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Tarija, lo integró al proceso en dicha calidad (fs. 1320 del Anexo 8). II.3. A través de decreto de 23 de septiembre de 2019, el Juez de la causa dio por justificada la inasistencia de Ciprian Cuno Chambi dentro de plazo, determinando estarse a la audiencia programada (fs. 2331 del Anexo 13); mismo que fue objeto de reposición bajo alternativa de apelación por los entonces demandados Ciro Limber Velásquez Velásquez (fs. 2341 y vta. del Anexo 13) y Santos Ponceano Alanoca Ticona, Walter Anachuri Aguilera, Álvaro Hilario, Javier Oscar Blas Limache, Martín Altamirano Lamas, Hilda Correa Ariles, Wilson Solano Mercado (fs. 2344 a 2348 vta.) -todos terceros interesados- y resuelto mediante Auto de 16 de octubre del mismo año que declaró no haber lugar a los recursos interpuestos manteniéndose firme el decreto de 23 de septiembre de 2019, y concediendo la apelación en el efecto diferido (fs. 2360 y vta. del Anexo 13). II.4. Cursa Acta de Audiencia Única de 13 de agosto de 2021, en la que la parte demandada del proceso de referencia, entre ellos el ahora impetrante de tutela, a través de su abogado, impugnaron el peritaje realizado dentro del proceso y solicitaron su complementación, emitiéndose el Auto de esa misma fecha, en la que el Juez de la causa rechazó tal pretensión, frente a lo cual, el accionante, a través de su abogado, interpuso recurso de apelación en el efecto diferido (fs. 130 a 135 del expediente). II.5. Del acta de audiencia referida ut supra se advierte la interposición por la parte demandada del proceso principal del incidente de improponibilidad subjetiva de la demanda, pretensión a la que el hoy accionante se adhirió y que fue resuelta mediante el Auto de 13 de agosto de 2021, declarando el Juez a quo no ha lugar a la misma (fs. 135 a 138 y vta. del expediente); contra dicha determinación la parte demandada interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación; sin advertirse que el ahora accionante se haya adherido a tal interposición, dando lugar al Auto de esa fecha, mediante el cual la autoridad judicial rechazó el recurso de reposición y concedió el recurso de apelación en el efecto diferido (fs. 139 a 141 del expediente). II.6. Cursa Sentencia Extraordinaria 48/2021 de 13 de agosto, mediante la cual el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Tarija declaró probada en parte la demanda de interdicto de recobrar la posesión en relación con los demandados Santos Ponceano Alanoca Ticona, Walter Anachuri Aguilera, Álvaro Hilario, Javier Oscar Blas Limache, Martín Altamirano Lamas, Hilda Correa Ariles, Wilson Solano Mercado y Roberto Farfan Soruco, miembros del Directorio de la Asociación de Transporte Taxi Trufi “El Chapaco”, disponiendo la restitución de la fracción de terreno despojada, que consiste en las fracciones de lotes de terreno determinados en la pericia según las coordenadas georreferenciales, ubicadas en la zona Lourdes, provincia Cercado del departamento de Tarija, en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de desapoderamiento; e improbada en relación con Ciro Limber y Daniel, ambos Velásquez Velásquez; Edgar Humberto Ríos Torrejón y Norma Yeny Subia Martínez, y Braulio Acuña Cuiza -accionante-. Esta decisión, al haber sido objeto de complementación y enmienda por la parte demandada, incluido el impetrante de tutela, dio lugar al Auto de la misma fecha, por el que la autoridad a quo determinó que “no existe” complementación ni enmienda (fs. 141 a 152 del expediente). II.7. A través del memorial presentado el 27 de agosto de 2021, Ciro Limber y Daniel, ambos Velásquez Velásquez; Santos Ponciano Alanoca Ticona y el accionante formularon recurso de apelación, en el efecto diferido, contra el decreto de 23 de septiembre de 2019 y los Autos de 13 de agosto de 2021, referidos a la impugnación y la solicitud de ampliación del peritaje y al incidente de improponibilidad objetiva de la demanda; y, recurso de apelación contra la Sentencia Extraordinaria 48/2021 (fs. 153 a 165 del expediente). II.8. Consta Auto de Vista 186/2023 de 20 de octubre, por el que Yenny Cortez Baldiviezo y Susana Pantoja Ballivian, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandadas-, declararon improcedente el recurso de apelación contra el decreto de 23 de septiembre de 2019; confirmaron los Autos Interlocutorios de 13 de agosto de 2021, así como la Sentencia Extraordinaria 48/2021 (fs. 104 a 113 del Anexo 2). Dicho fallo de alzada fue notificado al abogado del ahora accionante el 13 de diciembre de 2023 (fs. 118 del Anexo 2).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso de interdicto de recobrar la posesión seguido en su contra, las Vocales demandadas emitieron el Auto de Vista 186/2023, que declaró improcedente el recurso de apelación contra el decreto de 23 de septiembre de 2019 y confirmó la Sentencia Extraordinaria 48/2021 -la cual declaró probada la demanda contra otros demandados del referido proceso judicial e improbada respecto de su persona y otros-, así como los Autos de 13 de agosto de 2021, incurriendo en las siguientes irregularidades que constituyen el objeto procesal de la presente acción tutelar: a) Omitieron pronunciarse sobre los diez agravios que planteó en su recurso de apelación presentado el 27 de junio de 2021; b) Valoraron arbitrariamente la prueba pericial y testifical de cargo; además, obviaron valorar la prueba testifical y ciertas documentales; y, c) Confirmaron la Sentencia pese a que esta se sustentó en una pericia con coordenadas georreferenciales sin individualizar qué fracción del predio corresponde a cada uno de los noventa y cuatro demandantes de la referida causa civil. Ante ello, Yenny Cortez Baldiviezo, Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, señaló que no debió ser demandada dentro de la presente acción, ya que esta debió estar dirigida contra las actuales autoridades que en su caso asumirán la responsabilidad de subsanar el señalado fallo de alzada; además, el Auto de Vista emitido se pronunció sobre cada agravio, explicando los motivos y razones para arribar a la decisión asumida. Por su parte, Susana Pantoja Ballivian, Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 128 de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; por su parte, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) determina lo siguiente: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados a serlo”. En ese marco normativo, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció que la acción de amparo constitucional no procede cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico…”.
La SC 0664/2010-R de 19 de julio, estableció que, para que el juez o tribunal de garantías determine medidas cautelares, “...es preciso que la solicitud de aplicación de medidas cautelares se efectúe por el accionante de manera debidamente fundamentada, precisando con claridad cuando menos los siguientes aspectos: a) el o los actos que pretenden no se ejecutarán; b) El daño o perjuicio irreparable que podría producirse de no adoptarse las medidas; c) La vinculación del hecho y el perjuicio o daño irreparable con el o los derechos que denuncian como vulnerados. De la misma manera, corresponderá al juez o tribunal de garantías resolver la solicitud efectuando una adecuada valoración de esos elementos, los antecedentes y aplicar la prueba de razonabilidad para adoptar la decisión” (las negrillas son nuestras). Dicho entendimiento jurisprudencial no solo constriñe a las partes procesales a cumplir con presupuestos argumentativos para la eventual procedencia de una solicitud de medidas cautelares, sino que impone un estricto deber de fundamentación a efecto de que las referidas autoridades judiciales, así como las salas constitucionales sustenten en dichos requisitos y de manera proporcionada su decisión de disponerlas; en ese contexto, resulta inadmisible que estas herramientas sean aplicadas sin la debida motivación, es decir, de forma arbitraria, como ocurre cuando se suspende indebidamente la tramitación o la ejecución de acciones de defensa respecto a las cuales ya se emitió una decisión; esta práctica contradice el art 40 del CPCo, el cual, en concordancia con los arts. 126.IV, y 129.V de la CPE, determinan la ejecución inmediata de las decisiones tutelares. En ese entendido, el que los jueces y tribunales de garantías y, salas constitucionales supediten la eficacia de un fallo tutelar a la eventual revisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, desnaturaliza el diseño de garantías jurisdiccionales y vulnera flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de celeridad, consagrados en los arts. 115.I y 178.I de la CPE. La dilación injustificada que provocan estas suspensiones arbitrarias rompe con la inmediatez que exige la activación de la justicia constitucional, transformando las garantías en mecanismos nominales y postergando el restablecimiento del orden constitucional.
Ahora bien, corresponde precisar que, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de amparo constitucional no procede cuando el accionante cuenta con un medio o recurso legal para la protección de sus derechos y garantías presuntamente vulnerados y, no los hubiera utilizado.
En el caso concreto, se tiene que Julio Flores Colque y Ciprian Cuno Chambi -terceros interesados-, por sí y en representación de terceros, iniciaron un proceso interdicto de recobrar la posesión contra integrantes del Directorio de la Asociación de Transporte Taxi Trufi “El Chapaco” y otros -también terceros interesados-, en el cual, Braulio Acuña Cuiza -hoy accionante- fue integrado mediante Auto Interlocutorio de 29 de enero de 2018 (Conclusiones II.1 y II.2). En efecto mediante memoriales presentados el 28 de noviembre de 2017 y el 2 de enero de 2018, el accionante solicitó su integración al proceso interdicto de recobrar la posesión, adjuntando un “…DOCUMENTO DE VENTA DE UN LOTE DE TERRENO DE 300 Metros Cuadrados, suscrito entre [su] persona y los señores Ciro Velásquez y Daniel Arturo Velásquez en fecha 28 de junio de 2008…” (sic [Conclusión II.2]), e indicando que ocupa una fracción del inmueble objeto del proceso, ejerciendo posesión sobre el mismo; ante ello, el Juez de la causa resolvió “…HABER LUGAR A LA INTEGRACIÓN DE LA LITIS de BRAULIO ACUÑA CUIZA…” (sic [Conclusión II.2]); por lo que, el impetrante de tutela contestó a la demanda mediante memorial de 1 de marzo de 2018, reiterando las anteriores afirmaciones (fs. 1378 a 1380 del Anexo 8). Durante la sustanciación de dicho proceso, se emitieron el decreto de 23 de septiembre de 2019 que dio por justificada la inasistencia de Ciprian Cuno Chambi a una audiencia programada; y, dos Autos Interlocutorios de 13 de agosto de 2021: el primero que rechazó la impugnación de una pericia; y, el segundo que declaró no ha lugar a un incidente de improponibilidad de la demanda (Conclusiones II.3, II.4 y II.5). Posteriormente, fue emitida la Sentencia Extraoridinaria 48/2021 de 13 de agosto que declaró improbada la demanda respecto al impetrante de tutela y probada en relación a otros codemandados de la causa civil (Conclusión II.6). La Sentencia Extraoridinaria 48/2021 declaró improbada la demanda en relación al impetrante de tutela, indicando que no fue identificado en los hechos de despojo; y, que “…En ningún momento se ha ingresado al examen, y mucho menos cuestionamiento del derecho que pudiesen tener como emergencia de los documentos constitutivos de cada parte, los cuales en su caso incidirían sobre el derecho de propiedad que podría corresponderle a cada uno, no siendo la presente acción idónea para dilucidar dichos extremos” (sic [fs. 148 vta. del expediente]). De lo anterior, se evidencia que la Sentencia Extraordinaria 48/2021, excluyó de sus efectos al impetrante de tutela, estableciendo que no fue identificado respecto a los hechos de despojo y que no se dilucidó o asumió alguna decisión sobre su derecho propietario. Contra dichas Resoluciones judiciales -Sentencia, dos Autos Interlocutorios y decreto-, el accionante interpuso recurso de apelación el 27 de junio de 2021 (Conclusión II.7), ante lo cual, mediante Auto de Vista 186/2023 de 20 de octubre, Yenny Cortez Baldiviezo y Susana Pantoja Ballivian, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandadas-, declararon improcedente el recurso de apelación contra el decreto de 23 de septiembre de 2019; confirmaron los Autos Interlocutorios de 13 de agosto de 2021, asimismo, la Sentencia Extraordinaria 48/2021 (Conclusión II.8); decisión de segunda instancia que es cuestionada por el impetrante de tutela a través de la presente acción de defensa. Revisados los antecedentes se tiene que, el ahora accionante no cuestionó la decisión judicial en la parte que lo excluía de la decisión, ni efectuó argumentación alguna sobre dicha parte de la decisión a tiempo de interponer el recurso de apelación de 27 de agosto de 2021, junto a Ciro Limber y Daniel Arturo, ambos Velásquez Velásquez y, Santos Ponciano Alanoca Ticona, los cuales se concentraron en una fundamentación sobre el fondo de lo discutido; en efecto, los diez agravios expuestos en el contenido de dicho medio de impugnación, hacen referencia a una supuesta insuficiencia de motivación sobre los hechos del despojo, a la posesión de los demandantes, a la identificación del terreno despojado y a aspectos procesales -relativos a la prueba, a la inasistencia a una audiencia y, a la presunta improponibilidad de la demanda-, pero no a los motivos que lo excluían de la decisión. Entonces conforme se identificó en los incisos a), b) y c) del objeto procesal, el accionante denuncia que las Vocales demandadas, al emitir el Auto de Vista 186/2023, omitieron pronunciarse sobre sus agravios; además, incurrieron en omisión de valoración y errónea valoración de la prueba; y, confirmaron la Sentencia, pese a que esta se basó en una pericia que no individualizó la fracción de terreno que correspondería a cada uno de los demandantes; sin embargo, no cuestionó los argumentos que lo excluyeron de la decisión. A mayor abundamiento, se constata que siete de los diez agravios cuestionaron los fundamentos de la Sentencia Extraordinaria 48/2021, que declaró probada la demanda respecto a otros demandados del proceso civil, quienes no otorgaron ningún tipo de poder o mandato al accionante a efecto de que pueda presentar esta acción de amparo constitucional; por otro lado, dos de los agravios estuvieron destinados a cuestionar los Autos de 13 de agosto de 2021, relacionados con la supuesta deficiencia en el peritaje y la presunta improponibilidad de la demanda; sin embargo, estos tratan cuestiones accesorias a la decisión de fondo que declaró improbada la demanda en relación con el accionante, por no haber sido parte de los actos de despojo y bajo la idea de que el accionante alega derecho propietario, el cual no se analiza en el interdicto de recobrar la posesión. Finalmente, como último agravio, el impetrante de tutela cuestionó el decreto de 23 de septiembre de 2019, que, a criterio del accionante, debió determinar el desistimiento de la demanda; empero, el mismo no fue impugnado en audiencia por el antes nombrado (Conclusión II.3). Por lo expuesto, en caso de considerar que la Sentencia Extraordinaria y los Autos de 13 de agosto de 2021 generaron una afectación a su persona, el peticionante de tutela debió cuestionar en la apelación, junto al resto de agravios, su exclusión del proceso de interdicto entonces; sin embargo, al no haber cuestionado dicho aspecto, no puede analizarse el resto de cargos alegados que hacen al fondo de la problemática, en la medida en que ello implicaría un incumplimiento del principio de subsidiariedad, incurriendo en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, pues no permitió a las autoridades judiciales demandadas, al emitir el Auto de Vista 186/2023, pronunciarse sobre un aspecto cuyo análisis es anterior al análisis del resto de agravios invocados en la demanda de acción de amparo constitucional. Dicho razonamiento también resulta aplicable respecto al decreto de 23 de septiembre de 2019, pues el impetrante de tutela, además de apelar su exclusión en Sentencia, debía impugnar el mismo mediante recurso de reposición bajo alternativa de apelación conforme al art. 344 del Código Procesal Civil (CPC); por lo que corresponde denegar la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
Finalmente, se tiene que Eliana Del Milagro Suarez Valencia y Richar Ayza Salas, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, al momento de denegar la presente acción tutelar mediante la Resolución 17/2024 de 6 de marzo, dispusieron como medidas cautelares -solicitadas por el accionante-, la suspensión de la ejecución de la Sentencia Extraordinaria y del mandamiento de desapoderamiento emitido por el Juez de la causa, hasta la emisión del presente fallo constitucional, argumentando que “…se debe precautelar derechos también de cualquier persona que sienta supresión o amenaza y la restricción de derechos y garantías constitucionales que a su juicio pueda crear una situación irreparable…” (sic [fs. 92 vta.]).
De lo anterior, se advierte que la referida Sala Constitucional, incurrió en un contrasentido al denegar la tutela impetrada y disponer medidas cautelares de suspensión del proceso interdicto de recuperar la posesión como si estuviese concediendo la tutela; además, omitió explicar cuál sería la irreparabilidad en los derechos del accionante y por qué inaplicó los efectos de su propia decisión. En los hechos, se advierte que la medida cautelar paralizó un proceso civil extraordinario de interdicto de recuperar la posesión que tuvo por objeto un lote de terreno con una superficie de 160 557,367 m, pese a que el impetrante de tutela refirió, en dicha causa, ser propietario de un lote de terreno de 300 m en cuyo caso por el principio de proporcionalidad debió limitar a dirigir su medida cautelar a esa extensión y no a todo el terreno, por lo que corresponde declarar que la medida dispuesta no fue proporcional respecto a los derechos involucrados en el proceso suspendido. En conclusión, se evidencia que la decisión de los Vocales de la Sala Constitucional de adoptar la medida cautelar antes referida, careció de motivación y, por consiguiente, fue arbitraria, contrariando los parámetros establecidos en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; por lo que, corresponde levantar la referida medida cautelar y llamar la atención a dichas autoridades. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2024 de 6 de marzo, cursante de fs. 85 vta. a 93 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, aclarándose que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. 2° Levantar la medida cautelar dispuesta, concerniente a la suspensión de la ejecución de la Sentencia y consiguientemente del mandamiento de desapoderamiento emitido por el Juez de la causa del proceso civil de referencia y llamar la atención a Eliana Del Milagro Suarez Valencia y Richar Ayza Salas, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. 3° Por Secretaría General de este Tribunal, póngase en conocimiento de los Tribunales Departamentales de Justicia la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a efecto que los jueces y tribunales de garantías y las salas constitucionales consideren y asuman el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0329_2026-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 486e8fa28a0883ae197f65034d5d31700f94a9a4fdbe54796fd04385051a7a2e
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