B.IA.LEGAL

SCP 0329/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51875-2022-104-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos a la defensa, “legalidad”, a la fundamentación, motivación e indebida interpretación del art. 233 del CPP; toda vez que, la autoridad demandada a través del Auto de Vista 420 de 30 de septiembre de 2022, dispuso, la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación incidental, revocando el Auto Interlocutorio 81/22 de 22 de agosto del mismo año, enervándose el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del citado Código, empero, se mantuvo su detención preventiva; sin efectuar una suficiente fundamentación, motivación y congruencia, respecto a que se encuentra indebida e ilegalmente detenido, por un indebido procesamiento e inobservancia de la ley; solicitando se le conceda tutela, y se deje sin efecto de forma parcial el Auto de Vista 420, únicamente con referencia a la vigencia de la detención preventiva, al haberse enervado todos los riesgos procesales, y se aplique medidas menos gravosas a la detención preventiva, disponiéndose la aplicabilidad del art. 231 Bis de la normativa procesal penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 46 a 49 vta., emitida por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección de víctimas niñas y adolescentes en los procesos penales
  2. III.2. Vinculación a los componentes y elementos de la debida diligencia reforzada relacionada con la protección de los
  3. III.3. Sobre el riesgo procesal de fuga, por peligro efectivo para la víctima o el denunciante, en delitos relacionados a violencia contra la mujer (art. 234.7 -antes 234.10- del CPP)
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0329/2025-S3 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51875-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 23/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 46 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Heber Mamani Mamani contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 16 a 24 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente -previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP)-; se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, en cumplimiento al Auto Interlocutorio de 31 de agosto de 2021, posteriormente, a través de diferentes audiencias de cesación a la detención preventiva fue desvirtuando varios riesgos procesales, exceptuando el peligro de fuga contemplado en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del indicado departamento, por Auto Interlocutorio 81/22 de 22 de agosto de 2022, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, manteniendo vigente el riesgo antes señalado; ante ello, interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP; que fue radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, siendo resuelto por el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 420 de 30 de septiembre del referido año, declarándolo admisible y procedente; aduciendo que, con la pericia psicológica complementaria, su persona no representaba peligro para la víctima ni para la sociedad, motivo por el que fue enervado el riesgo procesal. No obstante a ello, a pesar que su privación de libertad se sustentó en los requisitos del art. 233 del CPP, probabilidad de autoría, existencia de riesgos procesales y duración de la detención; sin embargo, al haber sido desvirtuado el único riesgo procesal vigente -en ese momento- por el Auto de Vista antes señalado; citando jurisprudencia constitucional, la autoridad ahora demandada aplicó un enfoque con perspectiva de género y protección reforzada de menores, considerando que debido a la gravedad del delito acusado y la elevada pena, no correspondía aplicar medidas menos gravosas, priorizando la presencia del acusado en el proceso y el esclarecimiento de los hechos; por ello, revocó la Resolución que enervaba el riesgo procesal y mantuvo su detención preventiva. Finalmente, el Vocal demandado al dictar el Auto de Vista 420, obró de manera injusta, ilegal e indebida, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales al mantener su privación de libertad sin la concurrencia de peligros procesales, aspecto que motivo la interposición de la presente acción de libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos a la defensa, “legalidad”, a la fundamentación, motivación e indebida interpretación del art. 233 del citado Código, señalando al efecto los arts. 115.II, 116 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto de forma parcial el Auto de Vista 420 de 30 de septiembre de 2022, únicamente con referencia a la vigencia de la detención preventiva al haberse enervado todos los riesgos procesales, aplicándose las medidas previstas en el art. 231 Bis de la normativa procesal penal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 27 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 45 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, se ratificó de manera íntegra en los términos de su memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: a) El 1 de octubre de 2022, solicitó la complementación y enmienda del Auto de Vista 420, que fue rechazada por la Resolución 22 de 4 de igual mes y año; b) El Vocal demandado mantuvo su detención preventiva a pesar que se había desvirtuado el único riesgo procesal de fuga contemplado en el art. 234.7 del CPP. Esta decisión le privó el derecho a defenderse en libertad desconociendo los requisitos legales para aplicar dicha medida cautelar, pues utilizó como fundamento el criterio respecto a la perspectiva de género sin justificar adecuadamente su pertinencia, lo que vulneró su derecho al debido proceso relacionado con su libertad; c) Interpretó de forma incorrecta el art. 233 del referido Código e incurrió en una contradicción al emitir la Resolución confutada, al señalar que existirían dos víctimas menores de edad, cuando en realidad solo había una; y, d) Asimismo, contiene una incongruencia en su fundamentación, aunque se basó en el principio de protección reforzada a la víctima; empero, no justificó adecuadamente dicha motivación, desconociendo su derecho a la presunción de inocencia, pese a reconocer que se sometería al proceso y se demostró que no existía riesgo de fuga ni peligro de obstaculización en el esclarecimiento de los hechos, de manera contradictoria resolvió mantener la medida de detención preventiva, lo que constituye una sanción anticipada y atentatoria al principio de presunción de inocencia.

I.2.2. Informe del demandado

Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 28.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 23/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 46 a 49 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo revocar en su totalidad el Auto de Vista 420 de 30 de septiembre de 2022, dictado por el Vocal demandado, quien deberá emitir uno nuevo debidamente fundamento y motivado, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación; decisión asumida con base en los siguientes argumentos: 1) La autoridad demandada declaró admisible y procedente el recurso de apelación incidental contra el Auto de Vista demandado, concluyendo que el riesgo procesal contemplado en el art. 234.7 del CPP fue enervado, en razón de que la pericia psicológica complementaria determinó que el acusado no representa peligro para la víctima ni para la sociedad, cumpliéndose todas las observaciones pertinentes; 2) A pesar de la inexistencia de riesgos procesales -peligro de fuga-, el Vocal demandado mantuvo la detención preventiva del ahora accionante; dicha decisión es contradictoria, porque primero reconoce que el impetrante de tutela no representa una amenaza para la víctima ni para la sociedad, pero luego justifica su detención preventiva con el argumento de proteger los derechos de la víctima, considerando la perspectiva de género y el interés superior del niño; y, 3) Consideró el informe psicológico complementario del demandante de tutela para descartar el riesgo procesal, pero no valoró debidamente el informe psicológico de la víctima, quien denunció amenazas graves, esa omisión genera contradicciones en el Auto de Vista cuestionado, que carece de la debida fundamentación exigida por los arts. 233, 234.7 y 236 del CPP.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de audiencia de apelación incidental de 30 de septiembre de 2022, contra el Auto Interlocutorio 81/22 de 22 de agosto de igual año, donde Heber Mamani Mamani -ahora peticionante de tutela y en ese entonces apelante- a través de su abogado argumentó que; se vulneró la presunción de inocencia y su derecho a la libertad, ya que su detención preventiva se basó únicamente en la concurrencia del riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP; toda vez que, el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, introdujo nuevos motivos para examinar, pese a que el informe pericial complementario desvirtúo dicho riesgo; a pesar de ello, declaró la subsistencia del peligro de fuga; motivo por el cual, solicito se declare procedente el recurso de apelación y se impongan medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva. El Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación formal, lo que marcó el fin de la etapa preparatoria e inició el juicio oral, en audiencia, se justificó la necesidad de mantener la presencia del acusado para garantizar el desarrollo del juicio y la aplicación de la ley (fs. 3 a 7). II.2. Por Auto de Vista 420 de 30 de septiembre de 2022, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, declaró admisible y procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora accionante contra el Auto Interlocutorio 81/22, determinación efectuada específicamente respecto a la concurrencia del art. 234.7 del referido Código, disponiendo mantener la detención preventiva del prenombrado (fs. 7 vta. a 11 vta.). II.3. Por memorial presentado el 3 de octubre de 2022, el impetrante de tutela, en conformidad al art. 125 de la normativa adjetiva penal, solicitó explicación, complementación y enmienda del Auto de Vista 420 (14 y vta.); petición que fue rechazada por Auto 22 de 4 de igual mes y año (fs. 15 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos a la defensa, “legalidad”, a la fundamentación, motivación e indebida interpretación del art. 233 del CPP; toda vez que, la autoridad demandada a través del Auto de Vista 420 de 30 de septiembre de 2022, dispuso, la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación incidental, revocando el Auto Interlocutorio 81/22 de 22 de agosto del mismo año, enervándose el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del citado Código, empero, se mantuvo su detención preventiva; sin efectuar una suficiente fundamentación, motivación y congruencia, respecto a que se encuentra indebida e ilegalmente detenido, por un indebido procesamiento e inobservancia de la ley; solicitando se le conceda tutela, y se deje sin efecto de forma parcial el Auto de Vista 420, únicamente con referencia a la vigencia de la detención preventiva, al haberse enervado todos los riesgos procesales, y se aplique medidas menos gravosas a la detención preventiva, disponiéndose la aplicabilidad del art. 231 Bis de la normativa procesal penal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La protección de víctimas niñas y adolescentes en los procesos penales

En la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto se ha fijado el alcance de la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia, más aún, tratándose de niñas y adolescentes, disponiendo la obligación de utilizar el enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres, así se ha desarrollado que:

Es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar (el resaltado es añadido).

III.2. Vinculación a los componentes y elementos de la debida diligencia reforzada relacionada con la protección de los

derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través del Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua y el Caso Angulo Losada vs. Bolivia, entre otros, se ha pronunciado sobre el estándar debida diligencia reforzada y la protección especial, cuando las investigaciones y proceso penal se dan en el marco de un caso de violencia o violación sexual cometida contra una niña, niño o adolescente, señalando que los Estados deben adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad; en ese sentido, estableció importantes estándares de protección especial para este sector poblacional, que en el marco de lo establecido en el art. 410.II de la CPE, son asumidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional a efectos de cumplir con los compromisos internacionales de lucha y erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes. Dichos estándares de debida diligencia y protección reforzada a favor de las niñas, niños y adolescentes pueden ser resumidos de la siguiente manera:

La aplicación de la debida diligencia reforzada en casos de violencia o violación sexual, se sustenta, en: i.a) Los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes; prioridad absoluta; corresponsabilidad; ejercicio progresivo de sus derechos; especialidad; no discriminación, respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y, de respeto a la opinión y a su derecho a ser oído; i.b) Los derechos a su desarrollo integral, a su integridad personal, que comprende la integridad física, psicológica y sexual y el respeto a su vida y dignidad; i.c) La protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia; i.d) La adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su condición de género, edad y la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a su minoridad de edad -perspectiva de género y niñez-; i.e) La aplicación de componentes diferenciados, asumiendo que no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto, tomando en cuenta sus capacidades en evolución, su edad, el grado de madurez y el nivel de compresión, sin discriminación alguna; i.f) La sensibilidad por la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia o violación sexual, que se agrava severamente en las niñas, niños y adolescentes, ocasionando un trauma emocional diferenciado de los adultos; más cuando, se genera dentro del entorno familiar; i.g) La aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales; i.h) La atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en todos los niveles estatales tanto administrativos como judiciales; i.i) En dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de estos delitos de violencia o violación sexual, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos; i.j) En evitar la revictimización o reexperimentación en todas las esferas de la familia, la sociedad y el Estado, sobre la profunda experiencia traumática de la víctima por su situación agravada de vulnerabilidad; y, i.k) En evitar la violencia institucional.

III.3. Sobre el riesgo procesal de fuga, por peligro efectivo para la víctima o el denunciante, en delitos relacionados a violencia contra la mujer (art. 234.7 -antes 234.10- del CPP)

La citada SCP 0394/2018-S2, se ha referido al riesgo procesal de fuga, por peligro efectivo para la víctima en los casos de violencia, estableciendo el siguiente entendimiento:

El peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico III.1 y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante. Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP [ahora 234.7 del CPP] -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización; en ese sentido, tanto las autoridades fiscales como judiciales, deben considerar que la solicitud de garantías personales o mutuas, que en muchos casos, son pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituyen en medidas revictimizadoras, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor; pero además, a través de las mismas, se desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia; pues, en todo caso, son ellas las que, en el marco del art. 35 de la Ley 348, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinentes, las cuales, de acuerdo con el art. 32.I de la citad Ley, tienen la finalidad de: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente” (la aclaración es nuestra).

3Ibid., p. 89

Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; […]

Conforme lo regulado por el art. 60 de la CPE, se tiene que el constituyente boliviano ha establecido en favor de las niñas, niños y adolescentes, una especial protección y atención en sus derechos; a partir de lo cual, el legislador ha señalado a su favor una serie de medidas de protección, entre las que se encuentra la imposición de cualquier medida cautelar a favor de las mujeres que están en situación de violencia, conforme se establece por el art. 35 de la Ley Integral para Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia - Ley 348 de 9 de marzo de 2013-. En ese mismo sentido, corresponde la aplicación de la medida cautelar que se considere necesaria, para velar la protección, interés superior del NNA o seguridad de la niña o adolescente, conforme se establecen en los arts. 207.a), 216.j), 273.I.e), 287.I.d), 288.g), 289.I.b) de Ley 548 de 17 de julio de 2014 o Código Niña, Niño y Adolescente. Lo que implica que, en aquellos casos de violencia en razón de género, que se agrava cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, corresponde a la autoridad jurisdiccional judicial, considerar la necesidad de aplicar las medidas de protección inmediata en favor de la víctima, y, en su caso, medidas cautelares, considerando su situación de vulnerabilidad. A tal efecto, se debe asegurar el cumplimiento de la garantía que tiene que otorgar el Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar toda conducta delictiva, en el marco del principio de la debida diligencia, hasta que se logre efectivizar la restitución y restauración de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual, de las víctimas de violencia, pudiéndose imponer una medida cautelar de detención preventiva, con un enfoque interseccional, en aquellos casos en los que se constate peligro de fuga, por riesgo inminente en los derechos de la víctima, debiéndose cuidar la realización de una ponderación entre los derechos del imputado con los de la víctima, siempre evitando que mujeres niñas adolescentes, sean revictimizadas, asegurándose su interés superior.

III.4. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela interpone la presente acción de libertad, refiriendo que el Auto de Vista 420, carece de fundamentación y motivación, además de ser contradictorio porque no guarda congruencia entre la parte considerativa y resolutiva; más aún, al momento de mantener su detención preventiva, puesto que todos los riesgos procesales fueron desvirtuados; por lo que, se ingresará a analizar lo alegado como agravios.

El impetrante de tutela refiere que el juez de la causa el 31 de agosto de 2021, llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, estableciendo la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, en su vertiente peligro para la víctima y la sociedad; ante dicha medida solicitó en varias oportunidades la cesación a su detención preventiva; es así que, en el verificativo de 22 de agosto de 2022, el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, rechazó su petición, quedando subsistente el riesgo procesal antes referido; contra dicha determinación el ahora demandante de tutela interpuso recurso de apelación incidental. En audiencia de consideración de ese mecanismo de impugnación el solicitante de tutela a través de su abogado, argumentó que se vulneró la presunción de inocencia y el derecho a la libertad, ya que la detención preventiva se basó únicamente en la concurrencia del riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del mencionado Código, el Tribunal de la causa introdujo nuevos motivos para analizar, a pesar de que el informe pericial complementario desvirtúo dicho riesgo; empero, se declaró la subsistencia del peligro de fuga, solicitando que se declare procedente la apelación incidental y se impongan medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva (Conclusión II.1.) La autoridad demandada en el Auto de Vista 420 de 30 de septiembre de 2022, consideró que: i) Los riesgos procesales se determinan en la audiencia de medidas cautelares, los cuales no pueden agravarse en actuados similares posteriores; una vez valorada una prueba en una audiencia, no se puede volver a valorar menos observar aspectos sobre la misma en otro verificativo; ii) La pericia psicológica complementaria del imputado, es suficiente para demostrar que no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la víctima o la sociedad; por lo que, dicho peligro procesal debe considerarse superado; iii) El Ministerio Público y Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), sostienen que la administración de justicia debe incorporar una perspectiva de género, lo cual implica reconocer y atender las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y personas vulnerables, resultando fundamental garantizar la protección integral de la víctima, salvaguardando sus derechos a vivir libre de cualquier forma de violencia, ya sea psicológica, sexual o de otra índole, además debe prevalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes, asegurando que todas las decisiones judiciales se orienten a preservar su bienestar físico, emocional y social; y, iv) El acusado enfrenta cargos por violación de infante, niña, niño o adolescente, delito de alta penalidad que implica riesgo de fuga si permanece en libertad; pese a que no existen riesgos procesales latentes, la gravedad del hecho y la condición de las víctimas “dos” menores de edad justifican que no se apliquen medidas alternativas del art. 231 Bis del Código adjetivo penal, aun cuando no existan riesgos procesales pendientes; por lo que, se mantiene la detención preventiva para asegurar la presencia del acusado en el proceso y el esclarecimiento de los hechos. De los antecedentes descritos, se tiene que el Auto de Vista confutado, refirió que el Auto Interlocutorio 81/22 objeto de apelación, dispuso el rechazo a la solicitud de cesación a la detención preventiva, empero, no realizó una valoración correcta al peritaje psicológico complementario presentado en la audiencia de cesación a la detención preventiva.

Ahora bien, por el tipo de delito cometido en contra de la integridad de una niña, corresponde a todas las autoridades del poder público, presten especial atención a las necesidades y a los derechos de víctimas de violencia sexual, debiendo efectuar cualquier análisis a partir de un enfoque interseccional, conforme al desarrollo efectuado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En los delitos de violencia sexual donde las víctimas son niñas, niños y/o adolescentes, se debe tomar en cuenta la inmadurez mental, su vulnerabilidad ante posibles manipulaciones y presiones, así como, la necesidad de salvaguardar su bienestar, que exigen la imposición de restricciones legales rigurosas, que tiene como objetivo principal garantizar la protección integral en el marco de la debida diligencia reforzada y la protección especial para los casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia, cuya sistematización recogida de los estándares internacionales fue extraída en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, tanto la investigación como el proceso penal debe considerar los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, incorporando componentes diferenciados, así como, la sensibilidad por la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia o violación sexual; de ahí, por qué al momento de considerar las medidas cautelares éstas deben ser impuestas sobre la base de esas condiciones de alta vulnerabilidad a efectos se asegurar su atención prioritaria e inmediata. Así, las medidas cautelares deben imponerse en el marco de un debido proceso judicial, si bien, protegen los derechos de la parte imputada, también se tiene que tener en cuenta la obligación que tiene el Estado boliviano de prevenir, eliminar y sancionar todos aquellos casos en los que existe violencia de género contra mujeres más aún en aquellos casos en los que se entrecruzan las categorías y se está frente a situaciones de vulnerabilidad de niñas y adolescentes mujeres en situación de violencia, evitando acciones que se constituyan en revictimizadoras y no se tenga en cuenta el interés superior de la niña o adolescente, en el marco de lo señalado por el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo Constitucional.

Por otro lado, el riesgo de peligro efectivo para la víctima debe ser materialmente verificable; sin embargo, ese razonamiento debe ser apreciado conforme al entendimiento que ha sido completado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que hace mención a la apreciación que debe realizarse con perspectiva de género en casos de violencia de mujeres, como se ha desarrollado en el referido Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo tomarse en cuenta, la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; así como, las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos de la víctima. En el caso de autos, se tiene que el Juez de Instrucción Penal dispuso la detención preventiva del ahora accionante, a fin de evitar su fuga en el marco de lo establecido en por el art. 234.7 del CPP, teniendo en cuenta por una parte la autoría que se le atribuye es la comisión de delitos sexuales, que habrían sido cometidos en contra de una víctima de doce años, que por su condición de mujer y su minoría de edad, se encuentra en situación de vulnerabilidad o desventaja; también se consideró la conducta exteriorizada del imputado en contra de la víctima; toda vez que, del Informe Social F.U.D. 701102042102148 de 9 de agosto de 2021 (fs. 31 a 34), se establece en el relato de la madre de la niña víctima, que el imputado le amenazaba, obligándole a ir al baño y en caso de no obedecer le haría lo mismo a su hermana menor de cuatro años. En dicho contexto, es evidente que el Auto de Vista impugnado determinó que la pericia psicológica complementaria presentada por el ahora peticionante de tutela, fue suficiente para demostrar que no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la víctima o la sociedad; por lo que, debe considerarse superado; sin embargo, no es menos evidente que la autoridad demandada, al decidir revocar el Auto Interlocutorio 81/22, no valoró correctamente el alcance del peligro de fuga inmerso en el art. 234.7 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, puesto que, para enervar el citado riesgo procesal el que debe asumir la carga probatoria es la parte solicitante de la cesación de la detención preventiva; es decir, el imputado. Para ese efecto, el impetrante de tutela presentó un informe psicológico complementario, que concluye que se descarta un trastorno de sexualidad; empero, este Tribunal considera que un informe pericial psicológico puede aportar elementos sobre la personalidad, estado emocional, nivel de arraigo psicológico o social, y perfil de conducta del imputado, que podrían intentar demostrar que no tiene una personalidad violenta e impulsiva. En dicho orden, se advierte que el Auto de Vista no fundamentó, por qué el elemento probatorio incorporado por el ahora demandante de tutela -peritaje psicológico- resultaba determinante por sí solo, en un caso de violación de infante, niña, niño o adolescente, máxime si en los casos de delitos de violencia sexual, para disponer la detención preventiva y, en su caso, para mantenerla, se debe considerar la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentre la víctima; así como, las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para decidir si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos de la víctima. En el caso concreto, la imposición de la detención preventiva no se determinó en la existencia de un trastorno sexual, sino en la gravedad del presunto hecho delictivo cometido por el ahora solicitante de tutela contra una niña de doce años, quien pertenece a un grupo vulnerable de protección reforzada por el Estado, que por las cualidades que ostenta se sentía insegura en su propio hogar y era intimidada con amenazas en su contra y de su hermana menor, según consta en el informe psicológico preliminar presentado en la audiencia de medidas cautelares; por ello, el razonamiento de la autoridad demandada se considera arbitrario e ilegal. Las autoridades que resuelven apelaciones incidentales tienen la obligación de analizar los fundamentos del riesgo de fuga, valorar los nuevos elementos aportados por la defensa y determinar si son suficientes para contradecir dicho riesgo, tarea que el Vocal demandado no cumplió; se debe tener presente que, la medida cautelar no solo busca garantizar la presencia del imputado en el proceso, sino también asegurar el cumplimiento de la ley; por tanto, no se encontró fundamento válido para admitir y declarar procedente el recurso de apelación presentado.

Consecuentemente, se advierte que la autoridad demandada a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, omitió considerar que el Juez de la causa valorará conjuntamente todas las pruebas y circunstancias del caso -gravedad del delito, evidencia existente, testigos, riesgo procesal-, máxime si por la gravedad del delito en casos de violación sexual a niñas, niños y/o adolescentes, los jueces tienen que aplicar un estándar de protección reforzado, tanto por el carácter especialmente vulnerable de la víctima como por el rechazo social que conllevan estos delitos; el Vocal ahora demandado, no consideró que el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP fue impuesto por la peligrosidad real del imputado para la víctima y no por una supuesta desviación sexual. Ahora bien, la falta de una adecuada valoración de los nuevos elementos presentados por el peticionante de tutela, agravada por una omisión de valoración con perspectiva de género e interseccionalidad, generó una valoración incorrecta del informe psicológico complementario y de la documentación presentada en audiencia, provocando que el recurso de apelación incidental fuera declarado admisible y procedente, aunque se mantuvo la detención preventiva; por lo que, no se valoró adecuadamente el motivo original, por el cual se impuso la medida cautelar y de forma totalmente incongruente aduciendo la aplicación de la perspectiva de género, sin que esta metodología hubiere sido debidamente aplicada. En efecto, una adecuada utilización de la perspectiva de género e interseccionalidad, obligaba a considerar que el caso es por la supuesta comisión de delitos sexuales, cometidos en contra de una niña de doce años de edad, que se encontraba en una situación especial de vulnerabilidad y que corría el riesgo de ser revictimizada, en consideración a la conducta exteriorizada por el peticionante de tutela, que no fue tomada en cuenta; máxime, si tampoco se fundamentó la relevancia determinante de un informe psicológico, en el que se exponía únicamente la ausencia de desviación sexual, sin considerar los motivos que determinaron la detención preventiva impuesta al ahora solicitante de tutela, además, tampoco, se tuvo en cuenta que un informe o peritaje psicológico puede ser útil como herramienta de defensa para desvirtuar algunos riesgos procesales, pero difícilmente será suficiente en casos tan graves como la violación de una niña. En el caso concreto, no existe ninguna fundamentación de por qué el informe psicológico complementario resultaba determinante para concluir la inexistencia del peligro a la víctima. El Auto de Vista tampoco consideró, el hecho de que la parte imputada sea vecino de la víctima o viva en el mismo inmueble, aspectos que evidencian la existencia de un real y efectivo peligro contra la víctima, a efectos de determinar si estos aún se mantenían o no, más aún cuando le tenía amenazada que si no obedecía en ir al baño donde sufría las constantes vejaciones, haría lo mismo con su hermana menor de cuatro años. Estos hechos fácticos del peligro a la víctima no formaron parte del análisis que debió realizar el Vocal demandado a efectos de determinar si se mantenía o no el riesgo a la víctima, que por la naturaleza del hecho investigado, no deja de ser un peligro contra otras personas que se encuentren en situación similar de extrema vulnerabilidad. Por todo lo expresado, es evidente que el fallo de la autoridad demandada carece de fundamentación, motivación y congruencia, más aún en casos como el presente, en los que las autoridades del poder público, han cumplido con el deber de razonar con perspectiva de género, aplicando el enfoque diferencial, en casos sensibles, en los que se debe cuidar que no se produzcan ningún tipo de revictimización; precisamente, un medio para aquello, es la aplicación de las medidas cautelares, cuando exista un riesgo procesal de fuga, por peligro efectivo contra la víctima, como ha sucedido en el caso de autos.. Por lo anteriormente expuesto se advierte que el Auto de Vista referido, vulnera el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, en razón a que, no cumple con las finalidades señaladas en el Fundamento Jurídico III.1., III.2. y III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 46 a 49 vta., emitida por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C N° 350. Los estándares se encuentran previstos en los párrafos 155 al 159; 163 al 170; 283; 292 al 299. 2En la Sentencia de 18 de noviembre de 2022 sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Serie C N° 475, cuyos estándares se extraen de los párrafos 93 al 108.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0329_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): ce7fe5c603c80b401113b31ba1a64e1e5cf5053c0f0b971cc3a619a0e44b4eeb

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