B.IA.LEGAL

SCP 0329/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
10 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
47250-2022-95-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al trabajo; toda vez que su empleador, el SEDEGES Beni, los desvinculó sin considerar que al ser servidores provisorios y determinar como causal de desvinculación “reestructuración administrativa” correspondería tramitar un proceso administrativo interno y respetar el derecho al trabajo. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 230 a 238 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela provisional con relación al derecho al trabajo a las servidoras públicas provisorias Aleida Paz Arteaga y Heidy Zacharias Salazar hasta que se determine la calificación del grado de discapacidad, debiendo Ximena Zambrano Campos, Directora Ejecutiva del Servicio Departamental de Gestión Social de Beni, acredite documentalmente e informar a los accionantes, de acuerdo a la normativa aplicable y vigente al caso concreto; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Aracely Suárez Rapu, Verónica Hozumi Guacopi, Teófila Mae Guaji, Rosa Mendoza Vargas, Guadalupe Gutiérrez Saucedo, Elías Arias Peña, Yaqueline Gutiérrez Montaño y Hortencia Yuco Moy.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Del servidor público provisorio en los gobiernos autónomos departamentales y el derecho a impugnar cuestiones relativas a su incorporación, promoción o retiro
  3. III.3. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona mayor de dieciocho años con discapacidad. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Jurisprudencia reiterada, uniforme y consolidada, respecto al derecho al debido proceso previo de servidoras y servidores públicos provisorios, cuando son acusados por la supuesta comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0329/2023-S2 Sucre, 10 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 47250-2022-95-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 14/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 230 a 238 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Aracely Suárez Rapu, Verónica Hozumi Guacopi, Teófila Mae Guaji, Rosa Mendoza Vargas, Guadalupe Gutiérrez Saucedo, Aleida Paz Arteaga, Elías Arias Peña, Heidy Zacharias Salazar, Yaqueline Gutiérrez Montaño y Hortencia Yuco Moy contra Ximena Zambrano Campos, Directora Ejecutiva del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de febrero de 2022, cursante de fs. 183 a 195, los accionantes, expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Trabajaron en el SEDEGES, designados para desarrollar actividades propias de la entidad y contaban con ítems de planillas del Tesoro General de la Nación (TGN), desempeñando las mismas con normalidad hasta el 31 de enero del 2022, cuando se les entregó memorándums de agradecimiento de servicios, suscritos por Ximena Zambrano Campos, Directora Ejecutiva del SEDEGES Beni, al existir una restructuración administrativa de personal en la planilla TGN. Asimismo, indicaron que esta fuente laboral sería el único sustento para sus hijos. Los servicios que prestaban eran a cambio de un pago mensual proveniente de ítems de planilla del TGN lo cual evidenciaba subordinación y dependencia de dicha institución. Asimismo, las actividades a las que fueron designadas, constituyen “…FUNCIONES Y LABORES PROPIAS Y PERMANENTES Y DEL GIRO HABITUAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL Y POR LO TANTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señalaron como lesionado su derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 46.I.1 y II, 48 y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar la reincorporación inmediata y a los mismos cargos y con la misma remuneración, así como el pago de salarios devengados y el derecho a vacaciones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 8 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 224 a 229, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, y conocido el informe de la autoridad demandada señalaron que: a) La entidad demandada habría interpretado, que la acción tutelar sería solicitud de inamovilidad laboral, lo cual era “totalmente desconcertante” ya que en ningún momento estaban pidiendo un derecho a una inamovilidad laboral; b) Los impetrantes de tutela reconocían la calidad con la que habían ingresado a trabajar al SEDEGES Beni y que eran funcionarios provisorios y que tampoco tendrían el derecho a la estabilidad laboral; c) Solicitaron que el principio de subsidiariedad se entienda conforme a lo establecido en la SCP 0143/2021-S3 de 4 de mayo; d) No existiría el referido principio porque al ser funcionarios provisorios no podrían acudir a la vía administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico; e) Reclamaron su derecho al trabajo, y si la autoridad demandada había realizado los despidos a través de memorándums con causales, la misma debió haber sido demostrada y no simplemente mencionada; f) Si bien son funcionarios provisorios, no podían ser despedidos de manera injustificada y con una causal de desvinculación; g) Los solicitantes de tutela no eran servidores públicos de libre nombramiento, ni electos, sino provisorios y operativos porque sus funciones eran netamente del giro de la institución; h) La SCP 0143/2021-S3, por analogía sería aplicable al caso concreto; puesto que en ambos casos, al momento de la desvinculación se hubiera señalado un motivo que correspondería tramitarse mediante un proceso administrativo interno respetando el derecho al trabajo y conceder la tutela; e, i) Por lo que se pediría que se dejen sin efecto los memorándums de agradecimiento de servicio puesto que conllevaban una causal de despido.

I.2.2. Informe de la demandada

Ximena Zambrano Campos, Directora Ejecutiva del SEDEGES Beni, a través de su apoderado legal presentó informe escrito el 8 de marzo, cursante de fs. 221 a 223, y ratificado en audiencia de fs. 228 a 229, solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Los impetrantes de tutela pretenderían ostentar la condición de inamovibles, ya que una alegación recurrente era la prestación de servicios por años ininterrumpidos y que contarían con menores de edad bajo su dependencia o en su caso corresponderían a la tercera edad, aspecto que no era coincidente con la condición funcional a la cual pertenecían; 2) La SCP 0474/2011-R de 18 de abril, al referirse a los funcionarios provisorios y su distinción establecía que los servidores públicos que actualmente desempeñaban sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa serían considerados funcionarios provisorios y no gozarían del derecho a la estabilidad laboral; 3) La jurisprudencia constitucional precisó que los servidores públicos provisorios no podían impugnar las resoluciones que implicaran su remoción y que simplemente se les comunicaría el cese de sus funciones sin invocar la comisión de ninguna falta; 4) Se precisó que si para el retiro de un funcionario provisorio se invocaba una causa, ello conllevaba la realización de un proceso previo y en su caso el derecho a la impugnación de ese acto administrativo; 5) En el presente caso, la desvinculación laboral se dio bajo una causal establecida y fue puesta en conocimiento de los funcionarios, pero estas no hicieron uso del recurso administrativo que consideraran efectivo y pretendieron suplir dicha actitud pasiva con la presente acción de amparo constitucional afectando el principio de subsidiariedad; 6) Los peticionantes de tutela reconocieron que eran provisorios y no tendrían estabilidad laboral, y que la jurisprudencia adjuntada en el informe se establecía la causal para invocar el cumplimiento del procedimiento administrativo para los funcionarios provisorios; 7) Los solicitantes de tutela omitieron agotar la vía administrativa interna y hacer uso de los recursos tanto de revocatoria como jerárquico; y, 8) En ningún momento se habría vulnerado los derechos y que la resolución de reestructuración del SEDEGES estaría aprobada como corresponde.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 14/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 230 a 238 vta., denegó la tutela solicitada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Previo a ingresar a analizar la problemática planteada, se estableció que no sería posible activar la acción de amparo constitucional cuando la determinación cuestionada de ilegal y vulneradora de derechos fundamentales y garantías constitucionales no fue impugnada previamente en la vía ordinaria, y los impetrantes de tutela, luego de haber sido notificados con los memorándums de agradecimiento de servicios, no plantearon recurso de revocatoria contra ese acto administrativo definitivo, a pesar de tener la potestad para hacer uso del derecho a recurrir reconocido por la Resolución Ministerial (RM) 014/10 de 18 de enero de 2010; y, ii) Se especificó que los peticionantes de tutela tenían el plazo de cuatro días hábiles administrativos para interponer su recurso de revocatoria ante la misma autoridad que hubiese emitido el acto administrativo, pero acudieron directamente a la jurisdicción constitucional interponiendo la presente acción tutelar, sin agotar previamente la instancia administrativa expedita e idónea que tenían para cuestionar aquella decisión, inobservando el principio de subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum de 2 de enero de 2007, se designó a Hortencia Yuco Moy, -ahora accionante-, en el cargo de Lavandera II del Hogar de Niñas “Trinidad” dependiente del SEDEGES Beni, -entidad demandada- con el Ítem 11 de la planilla TGN (fs. 156). II.2. Cursa Memorándum 012/2010 de 1 de Mayo, por el cual se designó a Verónica Hozumi Guacopi, -ahora peticionante de tutela- en el cargo de Niñera del Hogar de Niñas “Trinidad” dependiente de la entidad demandada, con el Ítem 31 de la planilla TGN (fs. 19). II.3. Consta Memorándum 001/09 de 2 de enero de 2009, por el cual se transfiere Hortencia Yuco Moy, -hoy accionante- en el cargo de Encargada de Limpieza del Hogar de Niñas “Trinidad” dependiente de la entidad demandada, con el Ítem 27 de la planilla TGN (fs. 157). II.4. Por Memorándum de 15 de junio de 2010, se designó a Aleida Paz Arteaga, -ahora impetrante de tutela- en el cargo de Encargada de Limpieza del Hogar de Niñas “Trinidad” dependiente del SEDEGES Beni, con el Ítem 32 de la planilla TGN (fs. 94). II.5. Mediante Memorándum de 25 de junio de 2010, se designó a Guadalupe Gutiérrez Saucedo, -ahora peticionante de tutela- en el cargo de Lavandera I del Hogar de Niñas “Trinidad” de la planilla inversión (fs. 72). II.6. Se advierte Memorándum de 10 de agosto de 2010, por el cual se designó a Teófila Mae Guaji, -ahora accionante- en el cargo de Ayudante de Cocina del Hogar de Niñas “Trinidad” dependiente de la entidad demandada, con el Ítem 23 de la planilla TGN (fs. 38). II.7. Cursa Memorándum de 10 de agosto de 2011, por el cual se designó a Guadalupe Gutiérrez Saucedo, -ahora impetrante de tutela- en el cargo de Encargada de Limpieza de la Unidad de Asistencia Social y Familia dependiente del SEDEGES Beni, con el Ítem 36 de la planilla TGN (fs. 75). II.8. Consta Memorándum 078/13 de 21 de marzo de 2013, por el cual se designó a Elias Arias Peña, -hoy accionante- en el cargo de Sereno de la Unidad de Asistencia Social y Familia dependiente de la entidad demandada, con el Ítem 26 de la planilla TGN (fs. 109). II.9. Mediante Memorándum 0206/15 de 4 de mayo de 2015, se designó a Heidy Zacharias Salazar, -ahora peticionante de tutela- en el cargo de Niñera-Educadora Unidad de Asistencia Social y Familia dependiente del SEDEGES Beni, con el Ítem 42 de la planilla TGN (fs. 124). II.10. Consta Memorándum 240/2015 de 3 de agosto, por el que se reincorporo a Aracely Suárez Rapu, -hoy accionante- al cargo de apoyo al Hogar de Niñas Trinidad con el Ítem 0029 de la planilla TGN (fs. 2). II.11. Cursa Memorándum 0152-A/17 de 1 de febrero de 2017, por el cual se designó a Rosa Mendoza Vargas, -ahora impetrante de tutela- en el cargo de apoyo en el Hogar de Niñas “Trinidad” con el Ítem 43 de la planilla TGN (fs. 61). II.12. Consta Memorándum 003/18 de 22 de mayo de 2018, por el cual, se designó a Yakeline Gutierrez Montaño, -hoy peticionante de tutela- en el cargo de Asistente Nivel 6 en la Unidad de Administración y Finanzas dependiente del SEDEGES Beni, con el Ítem 8 de la planilla TGN (fs. 144). II.13. Se advierte Carnet de Discapacidad perteneciente a Herlan Zacharias Pardo con vigencia al 14 de febrero de 2021, con discapacidad auditiva al 45% (fs. 137). II.14. Consta Memorándum 031/2021 de 7 de julio, por el cual se rotó a Teofila Mae Guaji, -ahora accionante- en el cargo como Manipuladora de Alimentos en el Centro Esperanza dependiente de la entidad demandada, el nivel salarial en la planilla permanente TGN (fs. 49). II.15. Cursa Carnet de Discapacidad perteneciente a Dany Leite Vejarano con vigencia al 1 de octubre de 2022, con discapacidad física motora al 38% (fs. 104). II.16. Consta Cédula de Identidad de Elías Arias Peña 1737241 de Beni, se acredita que a la fecha de la interposición de la acción tutelar tendría más de setenta y cuatro años (fs. 108) II.17. A través de los Memorándums 07/2022; 08/2022; 09/2022; 10/2022;

11/2022; 12/2022; 14/2022; 16/2022; 17/2022; y, 19/2022 todos del 31 de enero, suscrito por la autoridad demandada se agradeció los servicios a los impetrantes de tutela estableciendo como causal la reestructuración administrativa (fs. 69, 89, 30, 103, 166, 131, 218, 14, 59 y 152).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al trabajo; toda vez que su empleador, el SEDEGES Beni, los desvinculó sin considerar que al ser servidores provisorios y determinar como causal de desvinculación “reestructuración administrativa” correspondería tramitar un proceso administrativo interno y respetar el derecho al trabajo. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

El principio de subsidiariedad que rige a esta acción de defensa, está previsto en el art. 129.I de la CPE, que refiere: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala: “La Acción de Amparo Constitucional, no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. Al respecto, la SCP 0901/2014 de 14 de mayo, manifestó que: “…la regulación efectuada por el constituyente respecto al amparo constitucional, estructura esta acción tutelar sobre la base de los principios de sumatoriedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad, a partir de los cuales se consagra la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronta y oportuna, para el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones lesivos provocados por servidores públicos o particulares. (…) Ahora bien, este mecanismo de máxima protección se rige al mismo tiempo por dos principios configuradores que hacen a su naturaleza:

la subsidiariedad y la inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección inmediata de los derechos denunciados como conculcados; por cuanto, no sustituye o remplaza a los recursos o instancias ordinarias prestablecidas en el ordenamiento jurídico. El segundo, instituye a la acción de amparo constitucional como un medio inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este medio de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia. En el marco de lo señalado, la acción de amparo constitucional forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Este ámbito tutelar queda abierto siempre que no exista otro medio de protección inmediata para la protección de los derechos y garantías fundamentales o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, la SCP 0589/2012 de 20 de julio, ratificó el entendimiento establecido en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, respecto a las reglas y subreglas aplicables al principio de subsidiariedad, refiriendo: “…se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia por subsidiariedad, cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son añadidas). Respecto a la excepción al principio de subsidiariedad en acciones de amparo constitucional con relación a personas con discapacidad o aquellas que estuvieran a cargo de las mimas, la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, expuso que: “…la SC 1483/2011-R de 10 de octubre señaló: …si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado... Entendimiento que fue confirmado en la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre respecto a la protección del interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad. En suma, las personas con discapacidad y quienes tengan bajo su cuidado a dichas personas, pueden acudir directamente ante la justicia constitucional, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional” (énfasis añadido). Con relación al cumplimiento del principio de subsidiariedad, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, sostuvo que: “El principio de subsidiariedad constituye una de las características principales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculados con personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, personas con capacidades diferentes, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad” (el énfasis nos pertenece).

III.2. Del servidor público provisorio en los gobiernos autónomos departamentales y el derecho a impugnar cuestiones relativas a su incorporación, promoción o retiro

La CPE en su art. 233, identifica: “Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento” (énfasis agregado). Así que, el art. 113.II de La Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" (LMAD) señala que las entidades territoriales autónomas establecerán y aprobarán su escala salarial y planilla presupuestaria, en el marco de los criterios y lineamientos de política salarial, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. En ese mismo sentido, el art. 10 de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 del presupuesto general del Estado Gestión 2013 establece que los GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES, REGIONALES, MUNICIPALES, INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS, deberán remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las escalas salariales aprobadas por la instancia correspondiente. Finalmente, el art. 13.III del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001, -Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal-, dispone que la remuneración será fijada en función al valor del puesto; asimismo, determina que la información sobre remuneraciones utilizará como instrumentos básicos la escala salarial y la planilla presupuestaria aprobada para la entidad; quedando prohibida la creación de niveles salariales no previstos en la escala salarial aprobada. Al respecto, cabe aclarar que la Declaración Constitucional Plurinacional 0016/2015 de 16 de enero, estableció que el régimen del servidor público no es una competencia distribuida en el catálogo establecido por la Norma Suprema, en consecuencia por mandato del art. 297.II de la CPE, desarrollado por el art. 72 de la LMAD, corresponde al nivel central su regulación. Por lo que, los servidores públicos de los gobiernos autónomos departamentales tienen como funcionarios provisorios todos aquellos que ocupan un cargo que corresponde a la carrera administrativa; empero, su ingreso no se ha realizado conforme a los procedimientos de selección y contratación personal fijados por la ley y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. Por consiguiente, la escala salarial define conforme a cada cargo dentro de la estructura de un gobierno autónomo departamental, cuál cargo conforme a la clasificación de puestos está reservado para la carrera administrativa y cuáles son los establecidos para los servidores públicos de libre nombramiento. En este sentido, el art. 5 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), desarrolla las mismas categorías que establece la Norma Suprema, el art. 5, “Los servidores públicos se clasifican en: a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto. b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de éstos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. d) Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto. e) Funcionarios interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente Estatuto y disposiciones reglamentarias” (énfasis añadido).

Asimismo, el art. 7 de la indicada Norma, en cuanto a los derechos que les asisten a los servidores públicos, sostuvo: “II. Los funcionarios de carrera tendrán, además, los siguientes derechos:

a) A la carrera administrativa y estabilidad, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad. (…) c) A impugnar, en la forma prevista en la presente Ley y sus reglamentos, las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios. d) A representar por escrito, ante la autoridad jerárquica que corresponda, las determinaciones que se juzguen violatorias de alguno de sus derechos..." (el resaltado y subrayado son nuestros). Por otra parte, el art. 71 de la predicha Ley, respecto a la condición de funcionario provisorio, señaló: “Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7º de la presente Ley” (las negrillas nos corresponden). En este mismo sentido, de acuerdo a las atribuciones reconocidas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se emitió la RM 014/10; por el que, se aprueba el Reglamento de Impugnaciones al Régimen Laboral de la Función Pública, previsto en el Estatuto del Funcionario Público y el DS 25749 de 20 de abril de 2000, hasta tanto se apruebe la nueva normativa relacionada al servicio público en todo lo que fuera compatible con los Decretos Supremos (DDSS) 29894 de 7 de febrero de 2009 y 0071 de 9 de abril del mismo año, estableciéndose un procedimiento administrativo que regula el conocimiento, sustanciación y resolución del proceso de impugnación del régimen laboral, disponiendo lo siguiente: “Artículo 1. (Objeto). La presente disposición normativa tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo que regule el conocimiento, sustanciación y resolución del proceso de impugnación del Régimen Laboral establecido en el Título IV de la Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público y en el Título III del Decreto Supremo N° 25749 de 20 de abril de 2000, en todo lo que fuera compatible con los Decretos Supremos N° 29894 de 7 de febrero de 2009 y N° 0071 de 9 de abril de 2009.” (Las negrillas nos pertenecen).

En tal sentido, conforme a las normas señaladas, el Título IV del EFP y Título III del respectivo Decreto Supremo Reglamentario del Estatuto del Funcionario Público, regula la jornada laboral, permisos, licencias, vacaciones y remuneraciones. Por lo que, tampoco por este mecanismo un funcionario provisorio puede impugnar cuestiones relativas a su decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro.

III.3. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona mayor de dieciocho años con discapacidad. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0213/2021-S2 de 7 de junio, citando a la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, señaló que: “A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional. Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental. Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala: Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Por su parte, el art. 71 de la CPE prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo.

De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley”. Acotando a los fundamentos desarrollados, es necesario puntualizar que, el citado art. 2.V. de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, textualmente señala: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. Evidentemente, la garantía de permanencia laboral del trabajador que tiene bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad no es absoluta, pues, -como se dijo-está condicionada a su correcto desempeño; de manera que, no procederá cuando este incursione en una causal de desvinculación legal; pero también, es importante determinar que dicho beneficio no alcanza a todos los trabajadores que se encuentren en esa situación, sino, únicamente a aquellos que tengan bajo su cuidado a una o más personas en esa condición de vulnerabilidad que sean menores de edad, o siendo mayores, padezcan de una discapacidad grave o muy grave. A ese efecto, el art. 5 de la Ley General para Personas con Discapacidad establece los siguientes grados de discapacidad: ‘11. Grado de Discapacidad Leve. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas 12. Grado de Discapacidad Moderada. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado. 13. Grado de Discapacidad Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona para algunas actividades. 14. Grado de Discapacidad muy Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona’. En ese sentido, el trabajador que tenga bajo su cuidado a una o más personas mayores de dieciocho años con discapacidad leve o moderada, no se beneficiará con la inamovilidad laboral por dicha causa; puesto que, estas personas pueden ser incorporadas a una fuente laboral o bien dedicarse a una actividad económica independiente, en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, en el marco de la Ley General para Personas con Discapacidad y la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad”(el énfasis nos pertenece). En este contexto, el DS 3437 de 20 de diciembre de 2017, estableció: “ARTÍCULO 4.- (REQUISITOS DE BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA). I. Las personas con discapacidad, la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, que deseen acceder al beneficio de inserción laboral, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. Requisitos Generales: a) Cédula de Identidad vigente; b) Carnet de discapacidad vigente registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera – IBC, del beneficiario, de la hija o hijo, tutelada o tutelado y cónyuge, según corresponda. 2. Además de los requisitos generales según cada caso concreto se presentarán los siguientes requisitos específicos: a) Para personas con discapacidad: Únicamente los requisitos generales detallados en el numeral 1 del presente Parágrafo;

b) Para madre o padre: Certificado de nacimiento original de la hija o hijo con discapacidad; c) Para tutora o tutor: Copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento; d) Para cónyuge: Certificado de matrimonio o copia legalizada de la resolución judicial de reconocimiento de unión libre que demuestre el vínculo conyugal con la persona con discapacidad grave y muy grave, según corresponda” (las negrillas nos pertenecen).

En cuanto a la forma de probar la discapacidad, la SCP 0546/2020-S2 de 13 de octubre, señala: “Tomando en cuenta que, las personas con discapacidad, se constituyen en un sector de vulnerabilidad de la sociedad, ampliamente protegido por la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales, así como por la normativa vigente en el Estado, la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal, emitió una línea jurisprudencial sólida, de protección de los derechos fundamentales de dicho sector, en el ámbito laboral, protegiendo así, su inamovilidad laboral; se entiende claro, si la persona que alegare tener una capacidad diferente, lo debe acreditar a través del carnet de persona con discapacidad pertinente, expedido por los CODEPEDIS; documento que se constituye en el único que acredita una condición de discapacidad en una persona, conforme a lo establecido en los Decretos Supremos (DDSS) 24807 de 4 de agosto de 1997, 1893 de 12 de febrero de 2014, así como en la Resolución Ministerial (RM) 1127, entre otros. Por lo que, la persona que, alegue una discapacidad, a fin de beneficiarse con la inamovilidad aludida, debe presentar el carnet de discapacidad correspondiente; por cuanto, al establecer el ordenamiento jurídico, que la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, se halla ligada a la necesidad que estos cumplan con el ordenamiento jurídico vigente y la inexistencia de causales que justifiquen su despido, establecidas en un proceso previo; resulta claro que, la condición de persona con discapacidad, debe estar debidamente confirmada y documentada -se reitera- mediante el carnet de discapacidad otorgado por el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) o, por el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC)” (énfasis añadido). Por su lado, la SCP 0321/2021-S4 de 20 de julio, estableció que: “El reconocimiento de los derechos constitucionales en favor de las personas discapacitadas, ha dado lugar a la emisión de normas convencionales, constitucionales, legales y reglamentarias, entre ellas, el art. 70 de la CPE, que regula el marco de su protección y su derecho al trabajo, así como a recibir la protección de sus familias. Por su parte, el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD), garantiza la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, cuando cumplan la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido; último supuesto que, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 3 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, debe efectuarse previo proceso interno. Por su parte, el art. 5 del referido Decreto Supremo, modificado por disposición del art. 2.II del DS 29608 de 18 de junio de 2008; señala que la inamovilidad beneficiará a los padres o tutores, que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y solo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de 18 años, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad. En caso de vulneración de la inamovilidad funcionaria del padre, madre o tutor que tiene a su cargo una persona con discapacidad, se abre la vía del amparo constitucional para la restitución del derecho vulnerado” (las negrillas son nuestras). La SCP 0488/2017-S1 de 31 de mayo, ante el caso de una persona tutora de una persona con discapacidad señaló que: “… si bien el DS 29608 de 18 de junio de 2008, modificatorio del art. 5 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, menciona que este beneficio solo es hasta que su dependiente cumpla los 18 años, no obstante deja la opción que la inamovilidad laboral continúe si la discapacidad es de largo plazo o bien permanente, lo que da lugar a que en aplicación del principio de favoris debilis no sea factible que al simple cumplimiento de la señalada de edad de los hijos, los padres o madres sean apartados del beneficio de inamovilidad laboral, debido a que hacerlo significaría lesionar indirectamente los derechos fundamentales de la persona con discapacidad, por ello en una interpretación acorde a la Constitución Política del Estado, se debe entender que los padres o madres que tengan bajo su dependencia a hijos con discapacidad, aun el mismo haya cumplido los 18 años, no les restringe el derecho a la inamovilidad laboral ipso facto, más aun cuando el CONALPEDIS debe actualizar el carnet cada determinado tiempo lo que supone que habrán revisiones especializadas de la persona con discapacidad periódicamente, para renovar el mencionado carnet, por ende mientras los progenitores demuestren que la discapacidad de su hijo continúa, los mismos seguirán gozando del derecho a la inamovilidad laboral, y es lo que se advirtió en el presente caso con relación a la accionante Herminia Segales de Márquez, quien acreditó ser madre de Violeta Bertha Segales, misma que cuenta con el carnet de discapacidad vigente, demostrando con ello que persiste su condición de discapacidad sensorial auditiva en el 50%” (las negrillas nos corresponden). Entendimiento reiterado por la SCP 1098/2022-S2 de 31 de agosto.

III.4. Jurisprudencia reiterada, uniforme y consolidada, respecto al derecho al debido proceso previo de servidoras y servidores públicos provisorios, cuando son acusados por la supuesta comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones

Al respecto, la SCP 2264/2013, señaló que: “…a partir de la SC 0051/2002-R de 18 de enero. Esta Sentencia Constitucional en virtud al art. 71 del EFP, y a lo previsto en el art. 36 del DS 25749, reglamentario del Estatuto del Funcionario Público, por el cual se señaló que: ‘Los funcionarios incorporados a las entidades públicas hasta la vigencia de la Ley 2027 sin proceso de convocatorias públicas competitivas y evaluación de méritos, tendrán el carácter de funcionarios públicos provisorios. Por consiguiente, dichos funcionarios no serán acreedores a los derechos contenidos en el numeral II del art. 7 de la mencionada Ley...’, sostuvo que los funcionarios provisorios no gozaban del derecho a la estabilidad laboral, que estaba previsto únicamente para los funcionarios de carrera, y que tampoco debían ser sometidos a previo proceso disciplinario para su destitución, conforme al siguiente razonamiento: ‘Que, en su condición de funcionario público provisorio, el recurrente no goza del derecho a la estabilidad laboral, prevista sólo para los funcionarios de carrera, de acuerdo al art. 7.II, inc. a) del Estatuto del Funcionario Público, y tampoco es aplicable el caso de retiro por la vía de la destitución, previo proceso disciplinario, pues éste también es un derecho exclusivo de aquellos funcionarios incorporados a la carrera administrativa, según determina el art. 41 de dicho Estatuto. Que, en consecuencia, la destitución del recurrente no constituye un acto ilegal ni una omisión indebida, pues está enmarcada a derecho’. En el mismo sentido, posteriormente se pronunciaron las SSCC 0420/2002-R, 1013/2002-R, 1229/2002-R, 0281/2003-R, 1516/2003-R, 1692/2003-R, 0371/2004-R, 0463/2004-R, 0694/2004-R, entre otras. Luego, esa línea jurisprudencial fue modulada por la SC 1068/2004-R de 6 de julio (Fundamento Jurídico III.2), sosteniendo que la exigencia de debido proceso previo es también para los funcionarios provisorios siempre y cuando la causa de su destitución sea la comisión de supuestas faltas en el ejercicio de sus funciones, refirió: ‘Ahora bien, el hecho de que la recurrente sea una funcionaria pública provisoria y, como tal, no sometida a las ventajas de un funcionario de carrera, no hace que la misma se encuentre exenta o eximida de responsabilidad por la función pública que nace del mandato que la sociedad otorga a los poderes del Estado para que, en su representación, gestionen la cosa pública persiguiendo el bien común y el interés colectivo, así lo ha dejado establecido la SC 187/2003-R, de 21 de febrero. De lo que se colige que todo funcionario público provisorio o ex funcionario público provisorio puede ser sometido a proceso cuando se le atribuye la comisión de supuestas faltas, más aún cuando como consecuencia de la supuesta comisión de las mismas se le destituye de sus funciones’. Jurisprudencia constitucional que luego fue reiterada de manera uniforme en las SSCC 0453/2007-R, 1344/2005-R y 0218/2007-R, entre otras. Esta última Sentencia Constitucional expresó que si bien los funcionarios provisorios no tienen derecho a la estabilidad laboral, sí tienen derecho a un debido proceso previo cuando se les impute faltas en el ejercicio de sus funciones, en mérito a la responsabilidad de todo servidor público, conforme al siguiente razonamiento: (…) …No obstante lo expuesto, es necesario recordar que este Tribunal, ha sido contundente al establecer que independiente de la clase de servidor público del que se trate, cuando la motivación o causa para su destitución o retiro sea la imputación o atribución de la comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones, es decir, por responsabilidad por la función pública, es exigible que los servidores públicos en cualesquier categoría tengan derecho a un previo y debido proceso dentro del cual ejerzan sus derechos y garantías esenciales previstos en el art. 16.II y IV de la CPE, que reconocen el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso; en coherencia con esta disposición el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Bolivia a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en su art. 8.1., referente a garantías judiciales expresa: 'toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’” (las negrillas son nuestras).

III.5. Análisis del caso concreto

Los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho al trabajo; puesto que, al determinar como causal de su desvinculación una “reestructuración administrativa” correspondía tramitar un proceso administrativo interno previo a la desvinculación de los mismos. Antes de ingresar al análisis de fondo, corresponde determinar si existe excepción al principio de subsidiariedad, a tal efecto, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que se aplica la excepción la subsidiariedad cuando no existe un medio previsto en el ordenamiento jurídico. En el presente caso, todos los accionantes se identificaron como servidores públicos provisorios, y conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, este tipo de servidores públicos de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente no pueden impugnar cuestiones relativas a las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro. Adicionalmente, en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional se refirió a la SCP 0390/2014, que estableció como excepción a este principio la conculcación de derechos fundamentales vinculados con personas de grupos vulnerables como de la tercera edad, o personas con discapacidad, que requieren de una protección inmediata y que conforme a la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, se amplió a las personas que están encargadas de su guarda o custodia; por lo que, al haberse acreditado que Elías Arias Peña sería una persona de la tercera edad (Conclusión II.16); el cónyuge de Aleida Paz Arteaga, Dany Leite Vejarano tendría un Carnet de Discapacidad (Conclusión II.15); y, el padre de Heidy Zacharias Salazar -Erlan Zacharias Pardo- gozaría del Carnet de Discapacidad (Conclusión II.13). Por lo que, contrariamente a lo dispuesto por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, corresponde ingresar a considerar el fondo de la problemática, en todos los casos presentados. Aracely Suárez Rapu En este contexto, se ha determinado claramente la condición de servidora pública provisoria por el Memorándum 240/15 de 4 de mayo de 02105 (Conclusión II.10), así como lo referido en la audiencia. En este contexto, y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional no goza de estabilidad laboral, por lo que no puede oponerse a su desvinculación. En cuanto al Memorándum 16/2022 de 31 de enero, de agradecimiento de servicios señaló como causal reestructuración administrativa. Así que la citada causal no deviene de una condición de retiro atribuible a la servidora pública provisoria, sino a circunstancias administrativas propias de la entidad. Verónica Hozumi Guacopi Asimismo, se ha establecido por el Memorándum 012/2010 de 4 de mayo (Conclusión II.2), así como lo referido en la audiencia que la accionante sería una servidora pública provisoria. En este contexto, y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional no goza de estabilidad laboral, por lo que no podría impugnar su desvinculación. En cuanto al Memorándum 09/2022 de 31 de enero, de agradecimiento de servicios por reestructuración administrativa, la citada causal no deviene de una condición de retiro atribuible a la servidora pública provisoria, sino a circunstancias administrativas propias de la entidad. Teófila Mae Guaji El Memorándum 10 de agosto de 2010, y luego rotada por el Memorándum 031/2021 de 7 julio (Conclusión II.6 y II.14), así como lo referido en la audiencia se estableció que la relación de la ahora impetrante de tutela sería de una servidora pública provisoria. En este contexto, y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional no goza de estabilidad laboral, por lo que no podría presentar ninguna impugnación a su desvinculación. En cuanto al Memorándum 17/2022 de 31 de enero, de agradecimiento de servicios bajo la causal de reestructuración administrativa, ésta no deviene de una condición de retiro atribuible a la servidora pública provisoria, sino a circunstancias administrativas propias de la entidad. Rosa Mendoza Vargas La solicitante de tutela, a través del Memorándum 0152-A/17 de 4 de mayo de 2017 (Conclusión II.11), y lo expresado en la audiencia sería una servidora pública provisoria. En este contexto, y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional no goza de estabilidad laboral, por lo que no sería posible plantear una impugnación a su desvinculación.

Además, el Memorándum 07/2022 de 31 de enero, de agradecimiento de servicios estableció como causal la reestructuración administrativa; por lo que, no deviene de una condición atribuible de retiro a la servidora pública provisoria, sino a circunstancias administrativas propias de la entidad. Guadalupe Gutiérrez Saucedo Mediante los Memorándums de 25 de junio y 10 de agosto de 2011 (Conclusiones II.5 y II.7), además, de lo señalado en audiencia sería una servidora pública provisoria. En este contexto, y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional no goza de estabilidad laboral, por lo cual no podría impugnar su desvinculación. En referencia al Memorándum 08/2022 de 31 de enero, el sustento del mismo fue por reestructuración administrativa. Así que la citada causal no deviene de una condición de retiro atribuible a la servidora pública provisoria, sino a circunstancias administrativas propias de la entidad. Elías Arias Peña El accionante sería de la tercera edad, y además conforme a lo manifestado en audiencia y el Memorándum 078/2013 de 21 de marzo (Conclusión II.10), sería un servidor público provisorio. En este contexto, y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional no goza de estabilidad laboral, a pesar de ser de la tercera edad, por lo que no puede impugnar su desvinculación. El Memorándum 14/2022 de 31 de enero, fijó la reestructuración administrativa, como causal para la desvinculación laboral, bajo este entendimiento la causal no deviene de una condición de retiro atribuible al ahora impetrante de tutela, por la que amerite un proceso disciplinario previo. Yaqueline Gutiérrez Montaño Conforme consta en el Memorándum 003/18 de 22 de mayo (Conclusión II.10), así como lo referido en la audiencia la ahora solicitante de tutela sería una servidora pública provisoria. En este contexto, y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional no goza de estabilidad laboral, por lo cual no puede impugnar su desvinculación.

El Memorándum 19/2022 de 31 de enero, de agradecimiento de servicios estableció como causal reestructuración administrativa, así que la misma no se sustenta en una condición de retiro atribuible a la ahora accionante y que amerite un proceso disciplinario previo. Hortencia Yuco Moy Lo manifestado en la audiencia y el Memorándum 0078/07 de 2 de enero (Conclusión II.1), estableció que la ahora impetrante de tutela sería una servidora pública provisoria. En este contexto, y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional no goza de estabilidad laboral, por lo que no podría impugnar su desvinculación. En cuanto al Memorándum 11/2022 de 31 de enero, de agradecimiento de servicios, sustentó como causal para el retiro a una reestructuración administrativa. En este contexto, la citada causal no deviene de una condición de retiro atribuible a la servidora pública provisoria, sino a circunstancias administrativas propias de la entidad. Aleida Paz Arteaga En el caso de la accionante, se ha establecido claramente por el Memorándum 0078/07 de 2 de enero de 2007 (Conclusión II.1), así como lo referido en la audiencia sería una servidora pública provisoria. En este contexto, y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional no goza de estabilidad laboral, por lo que no puede oponerse a su desvinculación. Además el abogado de la accionante, en audiencia también refirió que era “totalmente desconcertante” ya que en ningún momento pidió la tutela de un derecho a una inamovilidad laboral. Sin embargo, a pesar de lo afirmado, en su memorial identificó a personas con inamovilidad laboral, y no realizó una correcta labor para requerir la tutela de estos grupos vulnerables como aquellos a quienes la Norma Suprema y las leyes otorgan dicho beneficio. En el caso particular de la accionante que acompañó el Carnet de Discapacidad de Dany Leite Vejarano -cónyuge o conviviente- con vigencia al 1 de octubre de 2022, tendría una discapacidad física motora al 38% (Conclusión II.15). De tal manera, el Memorándum 10/2022 de 31 de enero, si bien considera que sería una servidora pública provisoria, la citada entidad no evaluó la condición de si le correspondía o no el beneficio antes de proceder a su desvinculación, conforme a las normas legales aplicables y detalladas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Heidy Zacharias Salazar Si bien el Memorándum 0078/07 de 2 de enero de 2007 (Conclusión II.1), y lo afirmado en la audiencia de que la ahora solicitante de tutela sería una servidora pública provisoria. En este contexto, y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional no goza de estabilidad laboral, por lo que no puede oponerse a su desvinculación. Asimismo, su patrocinio legal en audiencia también refirió que parecía “totalmente desconcertante” ya que en ningún momento habría pedido tutela por inamovilidad laboral. Sin embargo, a pesar de lo afirmado, en su memorial identificó a personas con inamovilidad laboral, y no realizó una correcta labor para requerir la tutela de estos grupos vulnerables como aquellos a quienes la Norma Suprema y las leyes otorgan dicho beneficio. En el caso particular de la ahora impetrante de tutela se adjuntó el Carnet de Discapacidad de Erlan Zacharias Pardo -padre- con vigencia al 14 de febrero de 2021, acreditando una discapacidad auditiva al 45% (Conclusión II.13). De tal manera, el Memorándum 12/2022 de 31 de enero, si bien considera que sería una servidora pública provisoria, la citada entidad no evaluó la condición de si le correspondía o no el beneficio antes de proceder a su desvinculación, conforme a las normas legales aplicables y detalladas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Así que, en los casos de Aracely Suárez Rapu, Verónica Hozumi Guacopi, Teófila Mae Guaji, Rosa Mendoza Vargas, Guadalupe Gutiérrez Saucedo, Elías Arias Peña, Yaqueline Gutiérrez Montaño y Hortencia Yuco Moy la supuesta lesión de sus derechos en los Memorándums citados -de agradecimiento de servicios- se consignó como causal de la misma “reestructuración administrativa”. A criterio de los accionantes al mencionar una causal correspondería previamente darse un proceso interno, y conforme a la entidad demandada debió presentar un reclamo sobre el mismo. Al respecto, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, consideró únicamente que tendrían derecho a un proceso previo cuando fueran acusados por la supuesta comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones., y no como se plantea en el presente caso, por cualquier otra causal no imputable a los accionantes. Por lo que, al ser servidores públicos provisorios no gozan de estabilidad laboral y la entidad demandada podía desvincularlos, tal como procedió en su desvinculación no corresponde conceder la tutela solicitada. En el caso de Aleida Paz Arteaga y Heidy Zacharias Salazar, aun cuando no se requirió expresamente la tutela, conforme a los antecedentes ambas tienen la custodia o guarda de una persona mayor de dieciocho años con discapacidad por lo que, les considera como grupos vulnerables tanto la Norma Suprema y las leyes glosadas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; es decir, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no puede evitar considerar estos casos, dado su carácter de sujetos de especial protección por condiciones de vulnerabilidad. En atención, a que la autoridad demandada y las instancias administrativas al interior de toda entidad pública o privada, asumen la obligación de verificar antes de cualquier desvinculación si el servidor público tendría algún beneficio o no otorgado por la Norma Suprema o las normas vigentes aplicables. Aspecto que no ocurrió en el presente caso, puesto que la desvinculación no determinó nada con relación a la inamovilidad laboral, sobre todo de personas que tienen a su cargo a discapacitados mayores de dieciocho años, como en el presente caso. A tal efecto, ante la constancia documental del beneficio de inamovilidad laboral, tendría el deber de mantener el mismo hasta que la entidad determine si corresponde mantener o levantar el beneficio. Así lo entendió la SCP 1098/2022-S2 de 31 de agosto, que consideró respecto a personas encargadas de personas mayores de dieciocho años, que la entidad demandada tendría la obligación: “… al levantamiento del beneficio sin ninguna prueba o constancia documental que acredite que la persona con discapacidad no tiene un grado de discapacidad “grave o muy grave”, conforme a la Ley 977. Por lo que conforme a la SCP 0488/2017-S1, en aplicación del principio de favor debilis corresponde conceder una tutela provisional a la solicitante de tutela, mientras se acredite este extremo por parte del empleador, decisión que deberá ser comunicada a la impetrante de tutela con carácter previo a cualquier determinación de levantar la inamovilidad laboral”. En tal sentido, corresponde otorgar una tutela provisional en favor de las servidoras públicas provisorias Aleida Paz Arteaga y Heidy Zacharias Salazar, disponiendo su reincorporación en tanto la entidad determine si corresponde o no mantener el beneficio de inamovilidad laboral, sin el pago de salarios devengados. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 230 a 238 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela provisional con relación al derecho al trabajo a las servidoras públicas provisorias Aleida Paz Arteaga y Heidy Zacharias Salazar hasta que se determine la calificación del grado de discapacidad, debiendo Ximena Zambrano Campos, Directora Ejecutiva del Servicio Departamental de Gestión Social de Beni, acredite documentalmente e informar a los accionantes, de acuerdo a la normativa aplicable y vigente al caso concreto; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Aracely Suárez Rapu, Verónica Hozumi Guacopi, Teófila Mae Guaji, Rosa Mendoza Vargas, Guadalupe Gutiérrez Saucedo, Elías Arias Peña, Yaqueline Gutiérrez Montaño y Hortencia Yuco Moy. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0329_2023-S2.pdf · páginas 1 a 27.

Huella digital del PDF (SHA-256): f81231c35f9ee6052acef908c9e8fd733b240632e35edaec16a3cce04d17d9f3

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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