B.IA.LEGAL

SCP 0328/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51553-2022-104-AL
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela, alegó la vulneración de su derecho a la libertad, debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra: i) El Juez demandado desconoció lo resuelto por el Tribunal de alzada, reiterando su detención preventiva sin considerar las observaciones realizadas por la instancia superior, manteniéndola indebidamente privada de libertad, cuando lo correcto era restituir su libertad, conforme a la anulación dispuesta en apelación; y no obstante, haber fijado audiencia para el 14 de octubre de 2022; la suspendió, reprogramándola para el 15 del mismo mes y año a las 8:30; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no se realizó la misma; y; ii) El Fiscal demandado, incurrió en conducta pasiva, no obstante que tiene el deber de velar por el respeto y garantizar los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tanto del imputado como de cualquier persona involucrada en un proceso.

En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 535/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 58 a 61, emitida por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Del señalamiento de la audiencia para la consideración y resolución de las solicitudes de cesación a la detención preventiva. Actos considerados dilatorios y las excepciones
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0328/2025-S4 Sucre, 17 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51553-2022-104-AL Departamento La Paz En revisión la Resolución 535/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 58 a 61, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dora Gutiérrez contra Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz; y, Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Narcotráfico y Pérdida de Dominio de la localidad de Desaguadero del señalado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de octubre de 2022, cursante a fs. 1 y vta., la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se encuentra detenida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, en cumplimiento de la determinación asumida por el Juez demandado, que dispuso de manera desproporcionada e incumpliendo los presupuestos establecidos por la Ley 1173 de 8 de mayo de 2019 —Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres— y la SCP “276/2018”, mediante Auto Interlocutorio 74/2022 de 19 de julio, la privación de su libertad; fallo contra el cual, interpuso recurso de apelación incidental que confirmó la injusta medida; ante lo cual, activó una primera acción de libertad, que mediante Resolución 0329/2022, concedió la tutela solicitada y ordenó que se anule el Auto Interlocutorio 74/2022 de 19 del señalado mes y que se dicte una nueva Resolución.

En cumplimiento a esa Resolución constitucional, se emitió el Auto Interlocutorio 103/2022, que volvió a ordenar su detención preventiva; contra el que, planteó recurso de alzada, resuelto por Auto de Vista 730/2022, que ordenó anular el Auto Interlocutorio 103/2022 de 23 de septiembre y dictar una nueva resolución, conforme a lo determinado en la “SCP 276/2018”, estableciendo un plazo máximo para la detención preventiva solicitada por parte del Ministerio Público; además, ordenó que en el término de veinticuatro horas, se instale el acto procesal correspondiente.

El Juez demandado, al tomar conocimiento del Auto de Vista 730/2022, fijó audiencia para el 14 de octubre de 2022; empero, la suspendió, reprogramándola para el 15 del mismo mes y año a horas 8:30; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no se realizó la misma.

Finalmente, denunció la conducta pasiva asumida por parte del representante del Ministerio Público, quien como defensor de la sociedad, conforme a lo establecido en la Ley 026 del Régimen Electoral, tiene el deber de velar por el respeto y garantizar los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tanto del imputado como de cualquier persona involucrada en un proceso.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La impetrante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, que: a) El Juez demandado disponga su libertad inmediata o le imponga medidas menos gravosas a una detención preventiva; sea en un plazo no mayor a veinticuatro horas; b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público para que inicien la investigación y el procesamiento correspondiente contra el Juez demandado, por las diferentes faltas y delitos flagrantes que cometió; c) El Fiscal de Materia cumpla con las funciones que le encomienda la Ley Orgánica del Ministerio Público; y, d) En audiencia de acción de libertad amplió su petitorio, solicitando la anulación del Auto Interlocutorio 112/2022 de 15 de octubre.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 46 a 57 vta.; presentes la parte solicitante de tuetal asistida de su abogado así como de los demandados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su demanda de acción de libertad y ampliando la misma, señaló lo siguiente: 1) En los casos que involucran a mujeres, no es aplicable la subsidiariedad excepcional al igual que en los actos de hecho generados de manera grosera sin respaldo jurídico; 2) El Juez no podía suplir la falta de motivación del Fiscal, ni afirmar que existían elementos de prueba, cuando no tenía el cuaderno procesal ni acceso al sistema interoperable; 3) El Auto de Vista 730/2022, no admite más que su ejecución y no puede ser apelado porque se trata de una circunstancia ya ejecutoriada; por lo que, no puede alegarse subsidiariedad debido a un probable inminente daño grave; y, 4) Por lo señalado y, toda vez que, se celebró la audiencia de 15 de octubre de 2022, solicitó que se deje sin efecto el Auto Interlocutorio inmotivado, ilícito y prevaricador emitido en dicha audiencia, que atenta contra el derecho a la libertad de la accionante; y, que en esa misma fecha, se convoque a audiencia, disponiendo medidas cautelares diferentes a la detención preventiva.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, solicitó que se deniegue la tutela impetrada, argumentando que: i) La audiencia de la anterior acción de libertad interpuesta por la accionante, no se desarrolló conforme al procedimiento, ya que primero debió leerse el memorial de demanda y, después, los informes de las autoridades demandadas; ii) Esta es la tercera acción de defensa formulada por la solicitante de tutela; la primera fue denegada porque no se vulneró ningún derecho fundamental; en la segunda, se admitió solo contra su persona y no contra los Vocales, quienes debieron estar presentes y de quienes debió anularse su fallo, y no así el Auto Interlocutorio que emitió su Despacho, pues es la resolución de segunda instancia la que anula la de primera instancia (no viceversa); aspectos que le causan duda sobre el proceder del Juez de garantías; iii) El Juez de garantías señaló que el Auto Interlocutorio 74/2022-P de 19 de julio, no estaba fundamentado, motivado ni era congruente; y, que tampoco valoró la prueba presentada por la parte imputada. A pesar de existir un Auto de Vista que resolvió ese asunto, no se lo consideró, más bien se anuló el Auto Interlocutorio 74/2022-P del señalado mes y no se dejó sin efecto el Auto de Vista de revisión; iv) Pese a las incongruencias señaladas, el Juez de garantías emitió el Auto Interlocutorio 103/2022, cumpliendo los parámetros que él mismo había señalado; en dicho Auto se analizó incluso la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, referida a las consideraciones de validez para solicitar la privación de libertad de una persona imputada; la accionante formuló una apelación, la cual fue resuelta por Auto de Vista 730/2022 de 28 deseptiembre, que determinó anular el mencionado Auto Interlocutorio para que se emita otra Resolución; v) Según lo determinado por la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0838/2004-R de 11 de diciembre, lo correcto es que los Vocales, al conocer la apelación contra una resolución emitida en medidas cautelares, ingresen a revisar el fondo del asunto resolviendo la situación jurídica del imputado, en lugar de anular obrados; vi) En el Auto Interlocutorio 103/2022 se tomaron en cuenta incluso aspectos convencionales, porque en el caso Gangaram se señala que nadie puede ser privado de libertad sino por las causas o circunstancias expresamente previstas en la ley; ese aspecto fue probado, pues la imputada fue encontrada in fraganti con sustancias controladas; tal cual se evidencia en la imputación formal del Ministerio Público, se la encontró con quince paquetes con olor a cocaína; vii) La autoridad fiscal fue notificada el 13 de octubre de 2022; pues por decreto del 14 de igual mes y año, el suscrito Juez dispuso que dicho funcionario fundamente la probabilidad de autoría y sustente el principio de contradicción; y, viii) En audiencia de 15 del citado mes y año, los abogados de la accionante lo amenazaron diciéndole: "...se volverían a ver en otra acción constitucional..." (sic), con lo que se evidencia que pretenden forzarlo o inducirlo nuevamente a error, sin que se precise el motivo.

Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Narcotráfico y Pérdida de Dominio de la localidad de Desaguadero, en audiencia señaló lo siguiente: a) Esta es la tercera acción de libertad formulada sobre el mismo asunto y se presentaron un sin número de reposiciones; b) Es evidente que fue notificado para que se presente en la audiencia del 14 de octubre de 2022; sin embargo, no pudo asistir, ya que se encontraba en otra audiencia en la ciudad de El Alto, siendo el único Fiscal de Materia que atiende los casos de toda la frontera; y, c) Tal como se puede evidenciar de las grabaciones, sí se fundamentó respecto a la probabilidad de autoría; por lo que, solicitó que dichas grabaciones sean valoradas de manera íntegra y se declare infundada la presente acción tutelar.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 535/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 58 a 61, concedió la tutela solicitada con relación al Juez demandado, dejando sin efecto la Resolución 112/2022 y disponiendo que se convoque a otra audiencia, en la que se emita una nueva resolución, de acuerdo a los datos del acta de audiencia de 15 del citado mes de 2022, y a la imposición de las medidas cautelares que correspondan, conforme a lo previsto por el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, denegó la tutela con relación al Fiscal de Materia demandado; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal de alzada, al señalar que el Auto Interlocutorio no estaba debidamente fundamentado, actuó de forma correcta, pues en la mencionada Resolución, no se refirió al hecho de que la imputación formal debió ser fundamentada conjuntamente los riesgos procesales; empero, dichos fundamentos no se encontraban en el referido Auto Interlocutorio; 2) La fundamentación no podía ser reemplazada por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; era necesario que exista una fundamentación y motivación adecuada; 3) La imputación formal, por sí sola, no podía ser motivo suficiente para imponer la medida cautelar de detención preventiva; es necesario, además, que exista una fundamentación en audiencia; sin embargo, en la emisión del Auto Interlocutorio 112/2022, nuevamente se dispuso la detención preventiva, incurriéndose en la misma falta de fundamentación; 4) El Auto Interlocutorio 122/2022-P de 15 de octubre, tampoco cumplió lo ordenado por el Auto de Vista emitido por el Tribunal de alzada; toda vez que, la mencionada Resolución, ordenó que el Fiscal de Materia fundamente su posición sobre la probabilidad de autoría y sobre los riesgos procesales, observaciones que no fueron acogidas por el Juez demandado; y, 5) A tiempo de fundamentarse los riesgos procesales, dicha fundamentación debe ser adecuada y motivada en audiencia, escuchándose a las partes, y no solo mediante la lectura de un memorial; ya que, de lo contrario, se retrotraería el trámite a un asunto meramente formal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Diego Boris Farrachol Pinto, Fiscal de Materia, mediante memorial de 18 de julio de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal de la localidad de Pucarani del departamento de La Paz, hizo conocer el inicio de investigaciones, solicitó la aplicación del procedimiento inmediato por delitos flagrantes, y presentó imputación formal contra la imputada Dora Gutiérrez por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, requiriendo además la realización de audiencia de aplicación de medidas cautelares y su detención preventiva por un periodo de noventa días (fs. 10 a 15). II.2. El Juez ahora demandado, mediante Auto Interlocutorio 74/2022-P de 19 de julio, dispuso la detención preventiva de la —hoy accionante— por el periodo de noventa días en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes; en dicho actuado procesal, la impetrante de tutela, interpuso apelación contra dicha Resolución (fs. 17 vta. a 21). Que al no ser remitida dentro del plazo previsto por ley, fue objeto de una primera acción de libertad resuelta por la SCP 0161/2025 de 21 de marzo, que concedió la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad y acceso a la justicia pronta, al evidenciar dilación indebida en la remisión del recurso de apelación de la accionante, exhortando al Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada. II.3. Los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 644/2022 de 14 de septiembre, dispusieron confirmar el Auto Interlocutorio 74/2022-P de 19 de julio (fs. 28 a 29).

II.4. Por memorial presentado el 17 de septiembre de 2022, la —ahora accionante— interpuso una segunda acción de libertad (fs. 30 vta. a 32 vta.). II.5. Consta acta de audiencia de acción de libertad y Resolución 329/2022 de 18 de septiembre, mediante la cual el Juez de garantías concedió la tutela impetrada, disponiendo la anulación del Auto Interlocutorio 74/2022-P y otorgando un plazo no mayor de veinticuatro horas a la autoridad demandada para convocar a una nueva audiencia de consideración de medidas cautelares, debiendo tomar en cuenta todo lo expuesto en dicha resolución constitucional (fs. 23 vta. a 26). Cabe remarcar que de la revisión del Sistema de Gestión Procesal, este caso se encuentra en este Tribunal en espera de resolución, signado con el número de expediente de 50430-2022-101-AL. II.6. En virtud de la Resolución Constitucional 329/2022, el Juez demandado convocó a audiencia para el 23 de septiembre de 2022; instalada la misma, el Juez emitió el Auto Interlocutorio 103/2022, disponiendo continuar con la medida extrema de detención preventiva de la accionante por noventa días (fs. 33 a 37 vta.). II.7. Contra el Auto Interlocutorio 103/2022, la accionante formuló recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que, mediante Auto de Vista de 28 de septiembre de 2022, ordenó dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 103/2022 y dispuso la emisión de otro Auto, conforme a los fundamentos expuestos en dicha Resolución, en el plazo de veinticuatro horas, una vez devuelto el legajo de apelación. Habiendo tomado conocimiento de esta determinación, el Juez —hoy demandado— mediante providencia de 14 de octubre de igual año, fijó audiencia para el mismo día 14 de octubre a las 15:00 (fs. 41 vta. a 43 vta.; y, 45).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela, alegó la vulneración de su derecho a la libertad, debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra: i) El Juez demandado desconoció lo resuelto por el Tribunal de alzada, reiterando su detención preventiva sin considerar las observaciones realizadas por la instancia superior, manteniéndola indebidamente privada de libertad, cuando lo correcto era restituir su libertad, conforme a la anulación dispuesta en apelación; y no obstante, haber fijado audiencia para el 14 de octubre de 2022; la suspendió, reprogramándola para el 15 del mismo mes y año a las 8:30; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no se realizó la misma; y; ii) El Fiscal demandado, incurrió en conducta pasiva, no obstante que tiene el deber de velar por el respeto y garantizar los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tanto del imputado como de cualquier persona involucrada en un proceso.

En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La SCP 0900/2012 de 22 de agosto, señaló que: “ Dada la naturaleza jurídica de esta acción tutelar y su alcance, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se identificaron los supuestos de subsidiariedad excepcional del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; entendimiento modulado y precisado por el Tribunal Constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, señalando lo siguiente: 'I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda tentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resultan ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad ya la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haber restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas…'

(…)

Por su parte, la SC 0003/2012 de 13 de marzo, señaló: 'Con la misma lógica, y considerando los nuevos retos de un Tribunal Constitucional Plurinacional, es importante no activar innecesariamente esta jurisdicción , en la nueva coyuntura constitucional plurinacional, se ve la necesidad de fortalecer otros aspectos inherentes al nuevo modelo de Estado plasmado en la Norma Fundamental; por eso mismo, es imperioso que las controversias que podrían conllevar a suscitar una acción constitucional, previamente sean resueltas y respondidas en las instancias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea un vocal, un juez y el propio Ministerio Público, pero claro está, antes de activar una acción tutelar.

En consecuencia, y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional glosada, la acción de libertad no puede constituirse en un medio adicional o supletorio que pueda ser activado cuando no se hizo uso oportuno de los mecanismos ordinarios de defensa instituidos por el ordenamiento jurídico, cuando aquellos fueron activados extemporáneamente o cuando se pretende obtener un pronunciamiento más rápido sin el previo agotamiento de las instancias correspondientes en la jurisdicción ordinaria , pues conforme se ha sostenido, la presente vía, se caracteriza por ser un medio eficaz de defensa. de los derechos y garantías de carácter subsidiario, que únicamente opera cuando no existe otro medio de protección judicial ” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Del señalamiento de la audiencia para la consideración y resolución de las solicitudes de cesación a la detención preventiva. Actos considerados dilatorios y las excepciones

Con relación a los plazos en los cuales debe señalarse y llevarse a cabo la audiencia para considerar las solicitudes de cesación a la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0114/2014 de 10 de enero, partiendo del razonamiento establecido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales en ella citadas; en las que, se abordó el plazo en el que debe efectuarse dicho señalamiento, dejó establecido que: "… En efecto, si bien es evidente que la normativa legal vigente no prevé un plazo específico para la sustanciación de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, tratándose de una solicitud en la que se halla involucrado el derecho a la libertad de una persona '…la autoridad jurisdiccional en observancia de los valores y principios constitucionales contenidos en el referido art. 8.II de la CPE con relación al 180.I del mismo cuerpo legal y en aplicación del principio procesal de celeridad, cuando conozca una solicitud de un privado de libertad, se encuentra obligado a tramitar la misma dentro del menor tiempo posible y cumpliendo a cabalidad los plazos establecidos en la norma legal, toda vez que actuar en contrario implicaría la afectación de los derechos y garantías del imputado' (SCP 0759/2012 de 13 de agosto, entre otras). Ahora bien, a efectos de determinar cuáles deben considerarse actos dilatorios que lesionando el debido proceso inciden negativamente sobre el derecho a la libertad, la jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, los ha identificado como aquellos que se efectivizan cuando: 'a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad; c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”’.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra: 1) El Juez demandado desconoció lo resuelto por el Tribunal de alzada y reiteró su detención preventiva sin considerar las observaciones realizadas por la instancia superior, manteniéndola indebidamente privada de libertad, cuando lo correcto era restituirle su libertad, conforme a la anulación dispuesta en apelación; 2) A pesar de que existía orden expresa de que se celebre la audiencia de medidas cautelares a la brevedad posible, el Juez demandado, si bien fijó audiencia para el 14 de octubre de 2022, la suspendió, reprogramándola para el 15 de octubre; sin embargo, hasta la formulación de esta acción tutelar no celebró la misma; y; 3) El Fiscal demandado, incurrió en conducta pasiva, no obstante que tiene el deber de velar por el respeto y garantizar los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tanto del imputado como de cualquier persona involucrada en un proceso. Con carácter previo, es importante hacer referencia a lo señalado por el abogado de la impetrante de tutela en la audiencia de esta acción de defensa, donde señaló que debe hacerse abstracción a la subsidiariedad excepcional en este caso, por encontrarse involucrada una mujer, a tal efecto corresponde referirse que este Tribunal a través de jurisprudencia constitucional, aclaró que únicamente puede hacerse esta abstracción tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan la vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural y no así cualquier caso que involucra a mujeres. En consecuencia, se aclara que en el presente caso no podía argüirse la inaplicación de la subsidiariedad excepcional; ya que, para su aplicación no basta la sola condición de ser mujer, como erróneamente alegó el abogado de la solicitante de tutela, en la audiencia de acción de libertad; por lo tanto, no es posible hacer abstracción de la subsidiariedad excepcional. Aclarado que, en este caso no puede inaplicarse la subsidiariedad excepcional, se pasa a contextualizar los actos lesivos identificados; por un lado se tiene lo referido al incumplimiento del Auto de Vista 730/2022 de 28 de septiembre; razón por la cual, se emitió el Auto Interlocutorio 112/2022 que una vez más determinó su detención preventiva; la dilación en la celebración de la audiencia de medidas cautelares y la actitud pasiva del Fiscal de Materia, los cuales se desarrollarán en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese orden, es importante referirse previamente a los antecedentes del caso, de donde se evidencia que la accionante fue imputada formalmente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, habiendo sido encontrada en flagrancia; por lo que, mediante Auto Interlocutorio 74/2022-P de 19 de julio, se dispuso su detención preventiva, resolución contra la cual se formuló recurso de apelación; empero, al no remitirse el cuaderno procesal dentro del plazo legal, se presentó una primera acción de libertad, la cual fue denegada por el Juez de garantías, por ser justificada la dilación. Una vez resuelta la apelación, se confirmó el Auto Interlocutorio 74/2022-P de 19 de julio, por esa razón, la —ahora accionante— presentó la segunda acción de defensa que, esta vez concedió la tutela, disponiendo la anulación del Auto Interlocutorio 74/2022-P de 19 de julio; empero, no se pronunció respecto al Auto de Vista, acción tutelar que se encuentra en espera de revisión en este Tribunal. Como consecuencia de la decisión del Juez de garantías, el Juez hoy demandado emitió el Auto Interlocutorio 103/2022, disponiendo otra vez su detención preventiva, ante lo cual la solicitante de tutela presentó una apelación incidental, resuelta por el Auto de Vista 730/2022, que anuló la Resolución revisada y ordenó que se emita otro Auto Interlocutorio, conforme a los fundamentos expuestos en esa resolución, en el plazo de veinticuatro horas, una vez devuelto el legajo de apelación. A raíz de esa anulación, se fijó una nueva audiencia de medidas cautelares, dictándose el Auto Interlocutorio 112/2022 que, una vez más, dispuso detención preventiva, lo que hace que permanezca privada de su libertad de forma arbitraria, a pesar de que el Auto de Vista ya había anulado la medida inicial incumpliendo lo dispuesto en ella.

En este contexto, corresponde analizar el primer acto lesivo denunciado, referido a que el Juez demandado, al emitir el Auto Interlocutorio 112/2022, no habría observado los lineamientos establecidos en el Auto de Vista 730/2022. A tal efecto, debe considerarse lo señalado en el Auto Interlocutorio 112/2022, que nuevamente determinó su detención preventiva cuando correspondía disponer su libertad. Es importante referirse a la subsidiariedad excepcional que debe cumplirse en las acciones de libertad cuando exista una herramienta útil e idónea, tal como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional que establece que, cuando existe imputación y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que afecte al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, conforme establece el ar. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad que hubiese cometido el inferior, realizando una revisión integral de lo dispuesto, al considerar la existencia de un agravio o lesión. En tal sentido, el mecanismo intraprocesal de apelación incidental debe ser agotado previamente para cualquier reclamo y, recién, una vez que se verifique que no se restablecieron los derechos considerados como conculcados, recién se podrá formular la acción tutelar. Este Tribunal no puede actuar como un simple ejecutor de resoluciones judiciales, debiendo sujetarse a los procedimientos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico a través de los mecanismos procesales pertinentes. Utilizar la acción de libertad para exigir el cumplimiento de decisiones judiciales desnaturaliza su esencia y quebranta el principio de subsidiariedad. Por lo tanto, esta instancia no puede ser supletoria ni complementaria para resolver aspectos que no fueron expuestos previamente ante la jurisdicción ordinaria. Consecuentemente, al no haber reclamado la accionante, ante la misma jurisdicción ordinaria el supuesto incumplimiento del Auto de Vista 730/2022, este Tribunal se ve impedido de ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada. Se considera que, en el presente caso, no existe un acto actual de restricción ilegal o arbitraria de la libertad física susceptible de ser reparado por esta vía constitucional, sino más bien un reclamo respecto al cumplimiento de una resolución judicial de apelación. Por tanto, corresponde denegar la tutela solicitada en relación a este primer acto lesivo, en estricta observancia de la naturaleza, finalidad y límites de la acción de libertad y al principio de subsidiariedad excepcional anotado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Respecto al segundo acto lesivo, referido a la denuncia de que, hasta el momento de celebrarse esta audiencia, no se había llevado a cabo la audiencia de acción de defensa, corresponde señalar que, conforme a la providencia de 14 de octubre, la autoridad demandada fijó audiencia para ese mismo día; sin embargo, la misma no pudo efectivizarse debido a que el Fiscal de Materia, según indicó en su informe presentado en esta acción tutelar, solicitó la suspensión de la audiencia por encontrarse en la ciudad de El Alto y ser el único fiscal en toda la frontera. Ahora bien, conforme al petitorio de la impetrante de tutela, expuesto en la audiencia de esta acción de libertad, la audiencia de medidas cautelares se habría celebrado el 15 de octubre de 2022, emitiéndose el Auto Interlocutorio 122/2022 del citado mes y año, cuya nulidad fue solicitada en esta acción tutelar. En ese contexto, siendo que la audiencia de 14 de octubre del citado año, sí estaba justificada, y se postergó para efectivizarse el 15 de igual mes y año, concretándose ese mismo día, debe tenerse en cuenta lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que ha sistematizado los supuestos en los que la dilación está justificada. En este caso, la reprogramación de la audiencia en un plazo breve y por causas atribuibles a un tercero (el Fiscal de Materia) no configura una dilación indebida que vulnere el derecho a la libertad de la solicitante de tutela. Finalmente, respecto al segundo acto lesivo vinculado a la presunta inacción del Fiscal de Materia, durante la celebración de las audiencias de medidas cautelares, corresponde señalar que la accionante no ha demostrado de qué forma dicha conducta hubiera lesionado sus derechos fundamentales. En consecuencia, ante la falta de elementos que evidencien una vulneración concreta a derechos constitucionales atribuible a la conducta del Fiscal, este Tribunal se ve impedido de realizar un análisis de fondo sobre este extremo. De lo expresado precedentemente, se tiene que el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, no efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 535/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 58 a 61, emitida por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0328_2025-S4.pdf · páginas 1 a 13.

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