Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 23 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído oportunamente por autoridad competente, a la certeza jurídica, oralidad, probidad, legalidad, eficacia, eficiencia e igualdad de partes, a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; y a la valoración integral de la prueba; puesto que, dentro del proceso penal seguido contra su persona por el supuesto delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oil, gasolina y gas licuado de petróleo y “otros”, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 27 de octubre de 2022, en la cual, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Trinidad del departamento de Beni emitió el Auto Interlocutorio 201/2022 de la misma fecha, por el cual, determinó su detención preventiva, así como la incautación de bienes muebles e inmuebles; por lo que, en esa audiencia conforme con lo establecido por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 012/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 107 a 115 vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia,
1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído oportunamente por autoridad competente y a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 276/2022 de 8 de noviembre, y el Auto de 24 del citado mes de 2022, debiendo la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Beni, emitir uno nuevo considerando los argumentos expresados precedentemente, salvo que ya se hubiese emitido ante la concesión de la tutela dispuesta por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la certeza jurídica, oralidad, probidad, legalidad, eficacia, eficiencia e igualdad de partes y a la valoración integral de la prueba, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0328/2025-S1 Sucre, 23 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54198-2023-109-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 012/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 107 a 115 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Maruca Tomicha contra Haider Echalar Justiniano, ex Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
El accionante por memoriales presentados el 2 y 6 de marzo de 2023, cursantes de fs. 9 a 15 vta.; y, 65 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oil, gasolina y gas licuado de petróleo y “otros”, se celebró la audiencia de aplicación de medidas cautelares el -27 de octubre de 2022- ante la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Trinidad del departamento de Beni, quien mediante Auto Interlocutorio 201/2022 de esa fecha, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni, en la cual, también se determinó la incautación de bienes inmuebles conforme el art. 253 -del Código de Procedimiento Penal (CPP)-; así como, de bienes muebles, estableciendo como medida cautelar provisional y temporal, tanto la detención preventiva como la incautación; es así que, en dicha audiencia conforme el art. 251 del indicado Código su abogado planteó recurso de apelación incidental, puntualizando varios aspectos del citado Auto Interlocutorio; es decir, tanto de la cautelar como del referido Auto de incautación, debido a que van juntas teniendo que resolverse de la misma manera. Remitido el expediente a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, luego de varias suspensiones, el Vocal ahora accionado fijó -audiencia de consideración del recurso de apelación incidental- para el 8 de noviembre de 2022, en la cual de forma irregular solo consideró lo relacionado con las medidas cautelares y no así sobre lo determinado a la incautación, a pesar de que en el recurso de apelación incidental se realizaron los agravios de ambas, debiendo resolver de esa manera; sin embargo, el Auto de Vista 276/2022 de 8 de noviembre, rechazó el recurso de apelación incidental sin entrar al fondo del asunto planteado, bajo el argumento de que su abogado solamente reservó el indicado recurso, que debió ser en forma oral, -situación que sí se cumplió-, y que el trámite de la incautación sería otro. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2022, el Vocal hoy accionado instaló otra audiencia de recurso de apelación incidental para determinar a su entender las medidas cautelares, cuando debió ser resuelta en primera instancia al encontrarse con detención preventiva, en dicha audiencia se mencionó al Auto de Vista 276/2022 señalando que en ese Auto de Vista ya se hubiese resuelto su situación jurídica en cuanto a las medidas cautelares y por lo tanto de la incautación, lo cual es totalmente contradictorio; puesto que, para qué se fijó la nueva audiencia si a su entender ya se resolvió lo relacionado a la incautación y lo de las medidas cautelares; encontrándose con una resolución mal dictada; ya que, que en el Auto de esa fecha nuevamente se indicó que se hubiese reservado el derecho de recurso de apelación incidental haciendo los mismos argumentos del Auto de Vista 276/2022, mencionando para colmo que para evitar dualidad de resoluciones que pudieran devenir de ese acto procesal, determinó devolver nuevamente al Juzgado de origen todo el cuaderno de control jurisdiccional al estar -a su criterio- incólume y subsistente el referido Auto de Vista, sin darse cuenta de la existencia ya de una dualidad de resoluciones porque no se sabe cuál resolvió las medidas cautelares donde conjuntamente estaban las medidas de incautación, contradiciéndose totalmente debido a que en el último Auto de 24 de igual mes y año nuevamente habla de la incautación de las medidas cautelares dejándole en total incertidumbre jurídica; puesto que, nunca entró al fondo de la problemática planteada y dicto dos autos similares. Manifiesta que el Vocal ahora accionado incurrió en una omisión en la valoración de las pruebas aportadas y aplicación de la normativa procesal penal; puesto que, de conformidad con el art. 251 del CPP la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas, lo cual se hizo; puesto que, el recurso de apelación incidental se la planteó en forma oral y en audiencia; empero, no se dio cumplimiento por un error e interpretación de un vocablo que indica la acción de apelar “DE HACER LO CONTRARIO”, vulnerándose su derecho a la defensa e incumpliéndose los arts. 251 del CPP y 404 del referido Código modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Finalmente, el Auto de Vista 276/2022 y el Auto de 24 de noviembre de 2022, resultan contradictorios al no indicar en cuál de las dos decisiones se resolvieron las medidas cautelares o la de bienes incautados; puesto que, únicamente se declaró la inadmisibilidad en ambas de manera errónea.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído oportunamente por autoridad competente, a la certeza jurídica, oralidad, probidad, legalidad, eficacia, eficiencia e igualdad de partes, a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; y a la valoración integral de la prueba; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto o se anule el Auto de Vista 276/2022 de 8 de noviembre y la “resolución, providencia, o decreto” de 24 de ese mes de 2022, por consiguiente, se disponga que el Vocal titular de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emita uno nuevo, conforme los lineamientos constitucionales establecidos para el efecto.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 104 a 106, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional.
Haider Echalar Justiniano, ex Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni remitió informe alguno; pese a su citación cursante a fs. 69.
Ismael Antonio Arequipa Duchen, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: a) Se inició una investigación por el presunto delito de comercialización y compra ilegal de “diésel y/o gasolina” y gas licuado de petróleo y tenencia y portación de armas ilícitas contra el accionante, ante lo cual se presentó imputación formal; en la que, se solicitó de manera fundamentada la incautación de los bienes inmuebles y muebles considerados como objetos del delito, encontrándose igualmente los mismos sujetos a investigación; razón por la cual, se solicitó la medida cautelar de carácter real; b) El Vocal ahora accionado que emitió el Auto de Vista 276/2022, realizó una congruente, fundamentada y motivada resolución, y al no encontrarse ante un hecho controvertido se debe denegar la tutela solicitada; c) En cuanto a que el indicado Vocal no hubiese tomado en cuenta los fundamentos del recurso de apelación incidental con relación a la incautación, se debe considerar que la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, realizó modificaciones sustanciales con relación al art. 404 -del CPP modificado por la Ley 1173-, lo que implica que al momento de considerar un agravio se tiene que hacer conforme al art. 403 -del citado Código- exceptuando las medidas cautelares porque éstas tienen su tratamiento conforme al art. 251 del referido Código, que exige que al momento de hacer conocer el indicado recurso se puede hacer reserva para manifestar los argumentos o los agravios en alzada, lo cual no ocurre con los demás institutos procesales que establece el art. 403 del indicado Código; por lo que, el accionante en el momento procesal oportuno; es decir, en audiencia de aplicación de medidas cautelares debió hacer conocer su recurso de apelación incidental, al no haberse obrado de esa manera, el Vocal hoy accionado, no dio por cumplido dicho requisito previsto por el art. 404 del señalado Código modificado por la Ley 1173; y, d) Por todo ello solicitó se “rechace” la acción de amparo constitucional interpuesta por el accionante y se mantenga incólume “esa resolución” -se entiende el Auto de Vista 276/2022-.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 012/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 107 a 115 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que se dejen sin efecto el Auto de Vista 276/2022 y el “AUTO DE VISTA” de 24 de noviembre de 2022, y se dicte uno nuevo con las observaciones dentro de la presente Resolución, debiendo resolver el Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento conforme el turno que corresponda; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante denuncia que el Auto de Vista 276/2022 y el Auto de 24 de noviembre de 2022, no cumplieron con lo previsto por el art. 251 del CPP, al ser pronunciados de manera contradictoria e incongruente; al respecto el referido artículo de manera textual señala que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas e interpuesto el recurso las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas bajo responsabilidad; 2) De la lectura de las “resoluciones” de la Jueza de primera instancia, así como del Auto de Vista 276/2022 y el Auto de 24 de noviembre de 2022, se evidencia que devienen de un examen de las medidas cautelares aplicándose la normativa establecida para las mismas prevista por los arts. 250, 251, 403.3 del CPP y 404 del citado Código modificado por la Ley 1173, y dentro de las medidas cautelares primero se realizó ese análisis y luego con lógica consecuencia las incautaciones que deben realizarse dentro de las medidas cautelares; más aun, si existe una detención preventiva y luego los demás actos procesales que se dieron dentro de la audiencia de aplicación de medidas cautelares en una sola audiencia; 3) Al presentarse dentro de la indicada audiencia una imputación formal contra el accionante y otro se debe tomar las reglas para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares conforme refiere la normativa precedentemente señalada, el recurso de apelación incidental deberá ser de forma oral, lo cual fue cumplido conforme al acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y el audio presentado; asimismo, los puntos de reclamo se los puede realizar ante el Tribunal de alzada, aspectos que vienen del régimen de medidas cautelares; 4) Al indicarse la reserva del derecho se debe hacer el análisis ponderado de esa reserva y ver todo el accionar efectuado por el apelante; por lo que, la interpretación del vocablo “se reserva” indica una acción de hacer, no pudiendo coartarse el derecho de la segunda instancia establecido por el art. 180.II de la CPE y los arts. 251, 403.3 del CPP y 404 del indicado Código modificado por la Ley 1173 sin exigir más formalidades que la oralidad de la apelación; y, 5) Pese a que el accionante cumplió con los parámetros referidos, el Vocal ahora accionado no ingresó al fondo debiendo analizar el recurso apelación incidental conforme a los fundamentos señalados y la normativa penal vigente, ya sea positiva o negativamente, dándose la procedencia de dicha impugnación, de acuerdo a los argumentos de la presente resolución; por lo que, actuar de manera contraria implicaría dejar en total incertidumbre e indefensión a los justiciables.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 201/2022 de 27 de octubre, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Trinidad del departamento de Beni, por el cual, dispuso la detención preventiva de Marco Antonio Maruca Tomicha -ahora accionante- y otro a cumplirse en el Centro Penitenciario de Mocovi (varones) del citado departamento, por el plazo de ciento veinte días y determinando igualmente que se proceda a la incautación de bien inmueble ubicado en las coordenadas “15º 42” 55.43”S 64º21”07.86” W estancia denominada “Los Ciervos”, una motocicleta, armas de fuego, municiones, un teléfono satelital, entre otros, para que sean entregados a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) y las armas de fuego a la Dirección de Ministerio de Defensa. Acto en el cual el abogado de los imputados -accionante y otro-, manifestó que la defensa “…va reservarse el derecho de apelación…” (sic) aludiendo los arts. “283 núm.1” y 255 del CPP, y con referencia a la incautación del bien inmueble y de las tres motocicletas igualmente indicaron su reserva de recurso de apelación incidental; ante lo cual la citada Jueza dio ha lugar al citado recurso con relación a los agravios manifestados en ese acto (fs. 3 a 8). II.2. Por memorial presentado el 31 de octubre de 2022, ante la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Trinidad del departamento de Beni el accionante y otro, plantearon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 201/2022, manifestando que conforme a lo dispuesto por el art. 251 del CPP con relación al art. 302.4 del referido Código, recurre de apelación contra el señalado Auto Interlocutorio solicitando se revoque en su favor el art. 233.1 del indicado Código por carecer de motivación y fundamentación el citado Auto Interlocutorio debiendo dejarse sin efecto el mismo, y se ordene su libertad irrestricta, así como se deje sin efecto la incautación de la estancia “Los Ciervos” y las tres motocicletas en tanto se identifique de manera plena a sus propietarios (fs. 35 a 38).
II.2.1. La Jueza de Instrucción Penal Segunda de Trinidad del departamento de Beni, por decreto de 7 de noviembre de 2022, tuvo presente el recurso de apelación incidental planteado por el accionante y Luis Villca, de conformidad con el art. 251 del CPP disponiendo la remisión de la causa ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, en el plazo de veinticuatro horas (fs. 39). II.3. Consta Auto de Vista 276/2022 de 8 de noviembre, mediante el cual Haider Echalar Justiniano, entonces Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, -ahora accionado- declaró inadmisible el recurso de apelación incidental formulado por el accionante por no sujetarse a procedimiento de acuerdo al art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173, alegando que debió ser planteado de manera oral y no escrita dentro de los parámetros establecidos en la Sección I del Capítulo II referido al procedimiento de incautación, conforme con lo establecido por el art. 253 y ss. del citado Código por el carácter oral que tendría la presente audiencia (fs. 60 y vta.). II.4. Cursa Acta de audiencia de recurso de apelación incidental, celebrada realizada el 24 de noviembre de 2022, para resolver el recurso de apelación incidental cautelar dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante y otro; en dicha audiencia el Vocal ahora accionado mediante Auto de la misma fecha, determinó que a efectos de evitar dualidad de resoluciones, resolvió devolver nuevamente al Juzgado de origen todo el cuaderno de control jurisdiccional por estar subsistente e incólume el Auto de Vista 276/2022 de 8 de igual mes, el cual ya habría resuelto todo lo peticionado (fs. 58 a 59 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído oportunamente por autoridad competente, a la certeza jurídica, oralidad, probidad, legalidad, eficacia, eficiencia e igualdad de partes, a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; y a la valoración integral de la prueba; puesto que, dentro del proceso penal seguido contra su persona por el supuesto delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oil, gasolina y gas licuado de petróleo y “otros”, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 27 de octubre de 2022, en la cual, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Trinidad del departamento de Beni emitió el Auto Interlocutorio 201/2022 de la misma fecha, por el cual, determinó su detención preventiva, así como la incautación de bienes muebles e inmuebles; por lo que, en esa audiencia conforme con lo establecido por el art. 251 del CPP su abogado manifestó que la defensa “…va reservarse el derecho de apelación…” (sic); sin embargo, el Vocal ahora accionado en vez de resolver la impugnación presentada a través del Auto de Vista 276/2022 de 8 de noviembre, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental, alegando que debió presentarse el señalado recurso de manera oral y no escrita; posteriormente en audiencia de recurso de apelación incidental realizada el 24 de noviembre de 2022, el citado Vocal emitió el Auto de la misma fecha en el que dispuso devolver el referido recurso ante la Jueza de primera instancia dejando subsistente el indicado Auto de Vista, con el fin de evitar dualidad de resoluciones, bajo el criterio de que el referido Auto de Vista ya hubiese resuelto todo lo peticionado; determinaciones que resultan totalmente contradictorias, debido a que no se indica en cuál de las dos decisiones se resolvieron las medidas cautelares ni respecto a los bienes muebles e inmuebles incautados, dejándolo en total incertidumbre con relación a su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La actividad interpretativa de los tribunales de justicia, presupuestos para su análisis en la jurisdicción constitucional; ii) La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso; iii) La congruencia como elemento del debido proceso; iv) La fundamentación oral del recurso de apelación incidental en medidas cautelares; y, v) Análisis de caso concreto.
Sobre el tema, la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal Constitucional Plurinacional fue uniforme al establecer los presupuestos a exigir a los accionantes para que acudan a la jurisdicción constitucional, con el propósito de que ésta pueda revisar la actividad interpretativa de los tribunales de justicia, en ese sentido la SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, que reiteró el entendimiento asumido en la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, establece que: “De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico-argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.
De lo referido solo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 1155/2022-S1 de 11 de octubre, señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0517/2023-S1 de 31 de mayo, señala que: “El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto.
En tal sentido, estas dos primeras finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, contienen un desarrollo explicativo claro sobre el contenido esencial de estos elementos, y que se podría decir son la base primordial para el ejercicio de los demás derechos, garantías y principios que forman parte del debido proceso -como los que vamos a ver en la tercera y cuarta finalidad, derecho a la impugnación y principio de publicidad-; pues a través de ellos, se tiene los parámetros para su verificación en cuanto a la exigencia que los fallos contengan explícitamente los hechos concretos y comprobados a través de la prueba ofrecida por las partes y estas deben ser subsumidas específicamente al derecho, y ese procedimiento debe ser debidamente justificado mediante la motivación e inclusive la argumentación, ya que la ausencia de estos elementos; es decir, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, en el entendido que la Constitución Política del Estado es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; por ello, es que estas exigencias constitucionales, sobre todo la de motivar debe presidir en todo el proceso hasta la decisión judicial, evitando el juzgador incurrir en contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto, lo que conllevaría también a que se quebrante el principio de congruencia.
En ese orden y continuando con el desarrollo de las finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, la SCP 2221/2012, también explica como ya lo habíamos dicho, que el cumplimiento de estas exigencias de parte de toda autoridad que emita una resolución resolviendo una situación jurídica en cualquier esfera, garantiza el derecho a la impugnación, ya que en la medida que una decisión contenga estos elementos del debido proceso, posibilita al justiciable conocer los motivos que la sustentan, así como de evaluar los mismos, y si se creyere agraviado pueda activar los mecanismos de impugnación pertinentes, todo ello, siempre en observancia del principio de publicidad al que esta compelido la administración de justicia; así, dicho fallo señala que:
(...) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión. Entonces, la ‘decisión sin motivación’, además de lesionar el derecho a una resolución motivada y fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP (…) (...) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución, debido a que: ‘…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales’, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas.
Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones.
El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala: ‘Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley’. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: ‘Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley’.
De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc. a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad.
La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este: ‘…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales -en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial...’, Así se tiene que, este desarrollo jurisprudencial realizado en la SCP 2221/2012, sobre las finalidades implícitas del contenido esencial que debe estar inmerso en una resolución para que la misma sea considerada como debidamente fundamentada o motivada, fue confirmada y complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, que incorporó una quinta finalidad, que tiene que ver con la exigencia de la observancia del principio dispositivo vinculado al principio de congruencia, en relación a que toda petición derivada de la pretensión de las partes debe guardar correspondencia con la parte dispositiva del fallo, caso en el cual se dará por cumplido este principio dispositivo a efectos de una resolución fundamentada o motivada; en ese sentido, este citado fallo constitucional estableció que:
(...) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada.
De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento. En esa línea jurisprudencial, se tiene que, estos elementos del debido proceso mencionados, como son la fundamentación, motivación y congruencia, se constituyen en requisitos fundamentales en toda resolución emitida por las autoridades judiciales y/o administrativas; en tal razón, este Tribunal vio la necesidad de establecer pautas para su consideración y aplicación en su labor de verificación y control constitucional de todas estas resoluciones impugnadas a través de las acciones tutelares, puesto que, el desarrollo del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, posibilitará a identificar las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, cuando se denuncia decisiones discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad”.
La SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, establece que: “El recurso de apelación incidental, se encuentra previsto para la reparación de las supuestas lesiones y restricciones del derecho a la libertad de los imputados, se trata de un mecanismo procesal que permite al tribunal superior corregir, si es el caso, los errores cometidos por el inferior y que hubieren sido invocados en el recurso, debiendo sujetarse en su tramitación y resolución a los principios de celeridad y concentración; ello en virtud a que se trata de temas relacionados con el derecho a la libertad física o de locomoción, para lo cual, deberá imprimir el trámite establecido por el art. 51 del CPP.
Concordante con la citada norma y por ser de interés para el análisis del caso concreto, corresponde remitirse a lo preceptuado por los arts. 251 y 403.3 del mismo cuerpo legal, los cuales disponen, el primero, que el recurso de apelación incidental, procede contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares o su sustitución; y el segundo que se efectuará en el efecto no suspensivo; y que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas; y que el tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
En cumplimiento a lo determinado por las normas citadas en los párrafos precedentes, se tiene que el tribunal de alzada, está obligado a fijar audiencia pública a efectos de resolver la apelación incidental planteada contra la resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, en sujeción de los principios de oralidad e inmediación vinculados a su vez con el de celeridad, a las que están sujetos los administradores de justicia, en pro de lograr una administración de justicia pronta, eficaz y oportuna, sin dilaciones innecesarias e indebidas.
Al respecto, la SC 1500/2011-R de 11 de octubre, señaló lo siguiente: ‘De la interpretación de todas las normas transcritas, se extrae que los recursos, deben ser interpuestos por escrito y ante el juzgado que atiende el asunto, cumpliendo con las formalidades debidas; quedando claro que no toda falta de formalidad provoca el rechazo o inadmisión del recurso, sino sólo las que sean esenciales para dar constancia de su presentación en el lugar determinado por ley y tiempo oportuno. Sin embargo existe una excepción a la interpretación aludida, pues el recurso de apelación en el régimen de medidas cautelares, vale decir el referido a impugnar las resoluciones que imponen medidas cautelares, establecido en las normas del art. 251 del CPP del Libro Cuarto de la primera parte del mismo Código, es un recurso que por su naturaleza (buscar la restitución de derechos fundamentales como la libertad física y la libertad de locomoción) prescinde de ciertas formalidades, tales como la exigencia de ser interpuesto por escrito, pues puede ser interpuesto en forma oral en la audiencia que se dicta la resolución de medidas cautelares, resultando como lógica consecuencia que la fundamentación podrá realizarse ante el Tribunal ad quem donde sea radicado el recurso, ya que será éste quien precise de escuchar la fundamentación no sólo de la parte apelante sino también del Ministerio Público o de la parte querellante, para acopiar los elementos de convicción suficientes a fin de revocar o confirmar la resolución apelada. Este entendimiento ya fue asumido por este Tribunal en la SC 1703/2004-R de 22 de octubre que señala lo siguiente:
(…)
Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza.
En coherencia con el razonamiento anterior, también debe entenderse que el Tribunal ad quem, sólo podrá rechazar el recurso cuando luego de señalar la audiencia, el apelante no acuda a este acto, o lo que es lo mismo no podrá rechazar in límine el recurso por no haber sido presentado por escrito luego de dictada la resolución que imponga, rechace o modifique medidas cautelares’ (SC 1698/2005-R de 19 de diciembre).
De donde se desprende que en resguardo a los derechos a la libertad, al debido proceso y defensa y a los principios de oralidad, inmediación y celeridad, el recurso de apelación incidental previsto contra resoluciones que impongan, modifiquen o sustituyan una medida cautelar, pueden ser interpuestos de manera oral, en la misma audiencia en la que se determinó su aplicación; y su fundamentación si bien puede ser escrita, sin embargo, no constituye un requisito esencial, puesto que dicha formalidad, puede ser perfectamente suplida por la oralidad, ya sea en la misma audiencia de consideración de la medida cautelar o de su modificación; o en la audiencia celebrada para la resolución del recurso de alzada; motivo que obliga a las autoridades que resuelven dichas impugnaciones, a que cumplan con la instalación del actuado procesal, como es la audiencia, para asegurar que los principios mencionados supra impregnen la actividad de las precitadas autoridades” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Posteriormente, la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, con relación al alcance procesal del art. 404 del CPP señala que: “Según las reformas realizadas al Código de Procedimiento Penal mediante la Ley 1173, que en su art. 16 modifica los arts. 403, 404, 405 y 406 del Título III del Libro Tercero de la Segunda Parte del referido cuerpo legal, cuyas disposiciones quedaron redactadas en los siguientes términos:
‘Artículo 403. (RESOLUCIONES APELABLES). El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones:
1. La que resuelve la suspensión condicional del proceso; 2. La que resuelve una excepción o incidente; 3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución; 4. La que desestime la querella en delitos de acción privada; 5. La que resuelve la objeción de la querella; 6. La que declara la extinción de la acción penal; 7. La que conceda, revoque o rechace la libertad condicional; 8. La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales; 9. La que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena; 10. La que resuelva la reparación del daño; y, 11. Las demás señaladas por este Código. Artículo 404. (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente.
Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar.
Artículo 405. (REMISIÓN). La jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para que éste resuelva.
Artículo 406. (TRÁMITE). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal a través de la Oficina Gestora de Procesos, señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito.
La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código‛.
El contenido normativo precitado regula el trámite del recurso de apelación incidental emergente del cuestionamiento a las resoluciones a impugnarse descritas en el art. 403 del CPP, señalando su interposición en el art. 404 -primer acápite- del mismo cuerpo legal, cuyo tenor literal prevé dos posibilidades que aluden al momento procesal que tienen las partes para su formulación, oral en audiencia o escrita luego de su notificación; del cual, amerita una interpretación desde el derecho a la impugnación consistente en la facultad reconocida a las partes de refutar y abrir el debate sobre la validez de una determinada resolución judicial ante los tribunales superiores, partiendo el análisis de los siguientes escenarios:
Un primer supuesto alude aquellos casos que sean resueltos en audiencia de manera oral, ante circunstancias que requieran sustanciación y ameritan contradictorio, señalando su impugnación en el mismo acto procesal de manera verbal e inmediatamente. Si bien de la literalidad de la norma, a prima facie, no devela ambigüedad alguna; sin embargo, dicha regulación así como se encuentra, puede dar lugar a interpretaciones perniciosas, respecto de, hasta dónde debe ser entendido el momento a partir del vocablo ‘inmediatamente‛, expresión que resulta indeterminada y sin claridad de hasta cuándo es considerado inmediato, ocasionando que el apelante pueda recurrir incluso más allá de ese límite.
Para cuyo análisis, de una interpretación sistemática desde el derecho a la impugnación con relación al alcance procesal del recurso de apelación incidental y momento oportuno para su activación; así como, en resguardo de la igualdad de las partes procesales, amerita aclarar dicha imprecisión, deduciendo -a partir del contexto normativo que regula el art. 404 del CPP-, que el enunciado ‘inmediatamente‛, es acorde al contenido general del trámite del recurso de apelación incidental, pues la primera parte refiere al instante preciso en el que deba realizarse la impugnación, para luego dar paso a aquellos otros casos en los que no resulte en esa oralidad, coligiéndose la interpretación en sentido que el término ‘inmediatamente‛ no puede dar lugar a otra intención que no sea que la impugnación a la decisión que resulte de la resolución del listado contenido en el art. 403 del CPP y otros como los que refiere el numeral 11, opere en el acto procesal en el que se dicta; es decir, las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada.
El párrafo procesal que continua del art. 404 del CPP, regula un segundo supuesto de activación del recurso de apelación incidental, que tiene lugar para los demás casos -que no sean considerados ni resueltos en audiencia- por ser de puro derecho; es decir, que no requieran sustanciación en dicho acto procesal; en cuyo caso, se dicta directamente la resolución; en ese entendido, la formulación del mismo debe necesariamente ser por escrito, debidamente fundamentado y dentro del plazo de tres días de notificada la determinación al o los recurrentes, señalando los agravios a ser valorados en alzada.
Dicho razonamiento emerge de la labor interpretativa al tenor de la norma (interpretación gramatical), con base en el contexto (interpretación sistemática), y opera a objeto de lograr la igualdad de las partes ante la autoridad jurisdiccional, y que de ninguna manera puede significar una afectación; sino más al contrario, propende el resguardo y garantía del derecho a la impugnación de las mismas con relación al momento oportuno para la activación del recurso de apelación incidental. Asimismo, mantiene una relación procesal intrínseca e integral con la posterior tramitación del mismo, tal como refiere el art. 406 del CPP, al indicar que, ‘Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito‛; de cuya literalidad, se advierte una correspondencia con el segundo momento interpretado ut supra; es decir, con los casos en los que no requieran de verificativo oral y proceda la emisión directa de la resolución, el recurso presentado por escrito será corrido en traslado a la parte contraria, teniéndose en consecuencia el contenido normativo referente al trámite del recurso de apelación incidental vinculado y congruente en su integridad.
Por consiguiente, con base en esas consideraciones, resulta aclarado el contenido normativo del art. 404 del CPP -primer acápite-, a fin de garantizar el derecho de las partes a la impugnación según el momento procesal que corresponda, a objeto de activar el recurso de apelación respecto de los casos que procede previstos en el art. 403 del mencionado texto normativo, que se traduce en la garantía jurisdiccional que tienen las partes procesales para ejercer sus facultades y derechos en una contienda judicial” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído oportunamente por autoridad competente, a la certeza jurídica, oralidad, probidad, legalidad, eficacia, eficiencia e igualdad de partes, a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; y a la valoración integral de la prueba; puesto que, dentro del proceso penal seguido contra su persona por el supuesto delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oil, gasolina y gas licuado de petróleo y “otros”, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 27 de octubre de 2022, en la cual, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Trinidad del departamento de Beni emitió el Auto Interlocutorio 201/2022 de la misma fecha, por el cual, determinó su detención preventiva, así como la incautación de bienes muebles e inmuebles; por lo que, en esa audiencia conforme con lo establecido por el art. 251 del CPP su abogado manifestó que la defensa “…va reservarse el derecho de apelación…” (sic); sin embargo, el Vocal ahora accionado en vez de resolver la impugnación presentada a través del Auto de Vista 276/2022 de 8 de noviembre, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental, alegando que debió presentarse el señalado recurso de manera oral y no escrita; posteriormente en audiencia de recurso de apelación incidental realizada el 24 de noviembre de 2022, el citado Vocal emitió el Auto de la misma fecha en el que dispuso devolver el referido recurso ante la Jueza de primera instancia dejando subsistente el indicado Auto de Vista, con el fin de evitar dualidad de resoluciones, bajo el criterio de que el referido Auto de Vista ya hubiese resuelto todo lo peticionado; determinaciones que resultan totalmente contradictorias, debido a que no se indica en cuál de las dos decisiones se resolvieron las medidas cautelares ni respecto a los bienes muebles e inmuebles incautados, dejándolo en total incertidumbre con relación a su situación jurídica. Delimitado el problema jurídico expuesto por el accionante, de los antecedentes descritos en la presente causa se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otro, por los supuestos delitos de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oil, gasolina y gas licuado de petróleo y tenencia y portación ilícita de armas de fuego, en audiencia de aplicación de medidas cautelares la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Trinidad del departamento de Beni, por Auto Interlocutorio 201/2022, determinó su detención preventiva por el plazo de ciento veinte días a cumplir en el Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni, así como la incautación de bienes muebles y un inmueble (Conclusión II.1.), en dicha audiencia el abogado de los imputados, anunció que se reservaba el derecho de apelación, haciendo mención en la misma a la incautación del bien inmueble y de las “3” motocicletas.
Asimismo, se evidencia que se notificó a las partes en audiencia de aplicación de medidas cautelares el 27 de octubre de 2022, el accionante el 31 de ese mismo mes y año planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 201/2022, conforme a lo dispuesto por el art. 251 del CPP con relación al art. 302.4 del referido Código, solicitando se revoque en su favor el art. 233.1 del indicado Código por carecer de motivación y fundamentación el señalado Auto Interlocutorio debiendo dejarse sin efecto el mismo, y se ordene su libertad irrestricta, así como de la incautación de la estancia “Los Ciervos” y las tres motocicletas en tanto se identifique de manera plena a sus propietarios (Conclusión II.2.); la Jueza de primera instancia, por decreto de 7 de noviembre de dicho año, tuvo presente el recurso de apelación incidental planteado por el accionante y Luis Villca, disponiendo que de conformidad con el art. 251 del citado Código, se remitan los antecedentes ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en el plazo de veinticuatro horas (Conclusión II.2.1.)
Consta Auto de Vista 276/2022 mediante el cual el entonces Vocal ahora accionado, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental bajo el criterio de que no se hubiese ajustado a procedimiento conforme al art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173, alegando que debió ser planteado de manera oral y no escrita dentro de los parámetros establecidos en la Sección I del Capítulo II referido al procedimiento de incautación, y conforme lo establecido por el art. 253 y ss. del citado Código por el carácter oral que tendría la audiencia de aplicación de medidas cautelares (Conclusión II.3.). Se tiene que en audiencia de recurso de apelación incidental, celebrada el 24 de noviembre de 2022, en la cual el Vocal ahora accionado mediante Auto de la misma fecha determinó devolver al Juzgado de origen todo el cuaderno de control jurisdiccional, con el criterio de evitar dualidad de resoluciones al estar subsistente e incólume el Auto de Vista 276/2022, el cual -a su entender- ya hubiese resuelto todo lo peticionado Conclusión II.4. señalando que: La Jueza de primera instancia hubiese dictado medida cautelar el 27 de octubre de ese año, en el cual el referido Vocal emitió el indicado Auto de Vista; por lo que, ya hubiese resuelto su situación jurídica en cuanto a las medidas cautelares, así como el incidente de incautación de acuerdo a lo establecido por los arts. 251, 302.4, 233 del CPP y 404 del citado Código con las modificaciones introducidas por la Ley 1173 y la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, haciendo énfasis a los arts. 394 y 396 del indicado Código, en la que se señaló que simplemente se había reservado el recurso de apelación incidental “…pero ahora se puede constatar que de manera escrita se hubiera interpuesto el recurso de apelación…” (sic) pidiendo que se deje sin efecto la incautación de bienes inmuebles y vehículos motorizados, cuando en dicho Auto de Vista se hizo mención a que no se cumplió con lo establecido por el art. 398 del señalado Código; ya que, nunca fue debatido ese instrumento jurídico en cuanto a formular el incidente de manera oral; más aun, si se explicó el contenido del art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173; razón por la que, al no cumplirse con las “situaciones jurídicas” se declaró la inadmisibilidad de los recursos de apelación mencionados.
Ahora bien, en el presente caso se tiene que luego de la celebración de la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la que se dispuso la detención preventiva del accionante así como la incautación de ciertos objetos y de un bien inmueble, el abogado de la defensa de manera textual señaló que se reservaba el derecho de apelación, demostrándose de esa manera la intención de cuestionar e impugnar la decisión asumida por la Jueza de primera instancia; aspecto que posteriormente fue materializado con la presentación de manera escrita del recurso de apelación incidental el 31 de octubre de 2022, el cual mereció el decreto de 7 de noviembre del mismo año, disponiendo la referida Jueza la remisión de dicha impugnación ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, y en el que se pedía que se revoque el art. 233.1 del CPP por carecer de fundamentación y motivación y se ordene su libertad irrestricta, así como se deje sin efecto la incautación de la estancia “Los Ciervos” y las tres motocicletas en tanto se identifique de manera plena a sus propietarios; sin embargo, el Vocal hoy accionado en vez de ingresar al fondo de lo cuestionado y resolver el recurso de apelación incidental planteado por el accionante de manera positiva o negativa, declaró la inadmisibilidad bajo el criterio de que no se ajustaba a lo previsto por el art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173; es decir, que debió formularse el citado recurso de manera oral; sin embargo, conforme a lo citado en el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el recurso de apelación incidental dentro del régimen de medidas cautelares previsto por el art. 251 del CPP, constituye un medio de impugnación que tiene por finalidad la búsqueda de la restitución del derecho a la libertad física y la libertad de locomoción; bajo ese criterio si bien existen ciertas formalidades que deben ser cumplidas para su presentación, no toda falta de formalidad da lugar a un rechazo o inadmisión del recurso, sino sólo las que sean esenciales para dar constancia de su presentación en el lugar determinado por ley y tiempo oportuno. Asimismo, se advierte que el Vocal ahora accionado, posteriormente en la audiencia de recurso de apelación incidental de 24 de noviembre de 2022, volviendo a mencionar que llanamente se hubiese reservado el recurso de apelación incidental, también reconoció que se planteó el citado recurso de manera escrita, momento en el que pudo ingresar al fondo, resolver la situación jurídica del accionante, así como todo lo relacionado con la incautación sin embargo no lo hizo, determinando incorrectamente la devolución del cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de origen, vulnerando con esa actitud el derecho del accionante al debido proceso en sus elementos a ser oído por autoridad competente y a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; por cuanto, el señalado Vocal tenía la obligación de resolver de manera fundamentada la solicitud de revocar el riesgo procesal previsto por el art. 233.1 del CPP y al tratarse de la impugnación de una medida cautelar de carácter personal y que la libertad del accionante se encontraba de por medio; por otro, lado al existir la intención manifiesta por el accionante de que se reservaba el derecho de recurso de apelación incidental, y siendo que dentro del plazo previsto por ley la defensa del accionante planteó el referido recurso solicitando su libertad entre otros, dicho Vocal debió ingresar al fondo de los argumentos del citado recurso y resolver el mismo, sin que se antepongan ritualismos rigurosos que eviten resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; con base a lo señalado, correspondía que el Vocal hoy accionado ingrese a resolver lo cuestionado en el recurso de apelación incidental; más aun si no solo se estaba cuestionando todo lo relacionado a la incautación, sino la libertad del accionante, al no ingresar al análisis de fondo anteponiendo rigurosos formalismos dejó al nombrado en total estado de indefensión e incertidumbre con relación a su situación jurídica de privado de libertad, correspondiendo por ello concederse la tutela solicitada, y dejar sin efecto tanto el Auto de Vista 276/2022, así como el Auto de 24 de noviembre de 2022, por carecer de una debida fundamentación, motivación y congruencia.
Con relación a los otros derechos que el accionante considera vulnerados, solamente se limitó a mencionarlos sin desarrollar ningún fundamento fáctico y jurídico que permita a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional efectuar su análisis; razón por la que, respecto a éstos corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 012/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 107 a 115 vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia,
1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, a ser oído oportunamente por autoridad competente y a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 276/2022 de 8 de noviembre, y el Auto de 24 del citado mes de 2022, debiendo la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Beni, emitir uno nuevo considerando los argumentos expresados precedentemente, salvo que ya se hubiese emitido ante la concesión de la tutela dispuesta por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la certeza jurídica, oralidad, probidad, legalidad, eficacia, eficiencia e igualdad de partes y a la valoración integral de la prueba, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0328_2025-S1.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): 828b2b7604687344ae7993bdcffb54e93c9fc9a854043db26065da8e51c902c4
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