Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, los Vocales ahora accionados en el del Auto de Vista SFNA 178/2023, declararon improcedentes: i) El primer punto de su recurso de apelación, al considerar arbitrariamente que si es aplicable la sanción privativa de libertad de una persona mayor de veinticuatro años, porque de lo contrario se incurriría en impunidad, a pesar de lo que establece el art. 267.II del CNNA -que la edad máxima para el cumplimiento del a sanción de privación de libertad es de veinticuatro años- y cuando el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 097/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 1512 a 1516 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia de la última parte de la tercera problemática y la cuarta problemática.
a) Disponer se deje sin efecto el Auto de Vista 178/2023, para que Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Arizaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitan uno nuevo, conforme con los fundamentos expuestos en este fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de la primera problemática y primera parte de la tercera problemática, y costas, conforme con los fundamentos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0327/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 56474-2023-113-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 097/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 1512 a 1516 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gustavo Llanos Fernández contra Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Arizaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
El accionante mediante memoriales presentados el 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 1452 y 1468, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), se emitió la Sentencia JP3NA 06/2023, declarándolo culpable e imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años y ocho meses; debido a que, a pesar que tiene veinticinco años, su juicio se desarrolló bajo el régimen especial de adolescentes; siendo que, los supuestos hechos que se le acusan hubiesen sido cometidos cuando su persona era menor de edad. Determinación contra la que interpuso recurso de apelación con cuatro puntos, de los cuales solo el segundo fue acogido, siendo los demás declarados improcedentes de forma arbitraria a través del Auto de Vista SFNA 178/2023 de 28 de abril de 2023, así: en el primer punto de su recurso de apelación expresó como agravio la inobservancia del art. 267.II del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), a momento de imponerse la pena privativa de libertad; considerando que, la misma prohíbe el cumplimiento de penas privativas de libertad cuando una persona tiene más de veinticuatro años de edad, al respecto, su persona al momento de dictarse Sentencia tenía veinticinco años; por lo que, no se le podía imponer una sanción privativa de libertad, así también lo establece el Auto Supremo 148/2013 de 10 de mayo, doctrina legal aplicable que claramente establece que el juzgador a momento de imponer una sanción no solo tiene que observar el quantum de la pena sino también otras normas aplicables para fijar la pena como ser el artículo referido; en ese entendido, la fundamentación de los Vocales ahora accionados que si es aplicable la sanción privativa de libertad de una persona mayor de veinticuatro años, porque de lo contrario se incurriría en impunidad, es arbitrario y erróneo, al no acarrear impunidad, más aun cuando el art. 322 y 323 del CNNA, dispone que las medidas socioeducativas pueden ser cumplidas en libertad con restricciones al tener una función educativa y de reintegración social y no sancionatoria; siendo que, dicha normativa fue establecida para evitar perjuicios en etapa de la vida adulta -entre los veinticuatro y los sesenta años-, además tiene un hijo de cuatro años y una concubina y trabajo; y, al no existir fundamento en derecho que valide el razonamiento de los Vocales hoy accionados, el mismo es arbitrario, asimismo es aplicable el principio in dubio pro reo y de favorabilidad; es decir, que en caso de duda sobre la norma adjetiva o sustantiva se tiene que aplicar la norma más favorable a la persona. Además, en la parte final los Vocales ahora accionados refirieron que la medida socioeducativa asumida debía ser cumplida en condiciones adecuadas, para ello debía cumplirse un recinto donde no tenga contacto con personas juzgadas y condenadas bajo el régimen del Código Penal y Código de Procedimiento Penal, extremo que es absurdo e ilógico, siendo que el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, tiene tres pabellones donde no existe un pabellón donde se pueda cumplir lo dispuesto; por lo que, delegar esa función a la instancia técnica y a régimen disciplinario es absurda e ilógica al ser de imposible cumplimiento; ya que, implicaría la construcción de un nuevo pabellón lo que duraría años y al no existir espacio; por lo cual, dicha medida no puede ser materializada, siendo la misma incongruente al referir lo manifestado en la parte considerativa, pero en la parte resolutiva ratifica la Sentencia y no modifica ni complementa nada. El tercer punto de su recurso de apelación fue fundamentado respecto a la falta de una debida determinación circunstanciada del hecho juzgado, lo que se constituye en un defecto de la Sentencia, esto debido a una defectuosa valoración probatoria; debido a que, en la Sentencia no se especifica el tiempo ni siquiera aproximado de los hechos juzgados, realizándose cálculos superficiales para determinar la data o el tiempo del hecho, es así que en el recurso fundamentó que existe prueba suficiente para determinar con meridiana precisión la data de los hechos, siendo las mismas la prueba trece que es el anticipo jurisdiccional de la prueba referente a la declaración de la presunta víctima y la declaración de Giovanna Ramírez Barja, de los cuales se concluye que el primer hecho sucedió cuando la menor tenía cuatro años y el segundo hecho cuando su persona tenía quince años, pruebas fundamentales que debieron ser tomadas en cuenta en la relación circunstanciada del hecho y no, sin ningún fundamento concluir que los hechos ocurrieron cuando tenía catorce y diecisiete años; al respecto los Vocales ahora accionados manifestaron que el Juez obro de forma correcta porque se amparó en lo que manifiestan los cuatro testigos en especial la declaración de la madre de la víctima; empero, no identificaron cuales fueron los cuatro testigos, como tampoco fundamentaron como es que la declaración de Elvira Llanos Fernández tiene mayor valor probatorio que la misma declaración de la presunta víctima, la declaración de psicóloga - testigo Giovanna Ramírez Barja. Asimismo, la prueba trece fue valorada de manera indebida, debido a que, el Juez de primera instancia refirió que después del segundo hecho la victima hubiera visto en su ropa interior un líquido blanquesino parecido a la “carpicola”; por lo que, se tiene acreditado el hecho citado, valoración errónea siendo ese relato de la víctima de la prueba trece se refiere a otro hecho cometido por Santiago Moscoso; por lo que, no se le puede atribuir ese hecho, es decir, que otorgó a esa prueba un valor diferente a la que demuestra, reclamo sobre el que no se pronunciaron los Vocales hoy accionados, no analizaron si es evidente o no que se incurrió en una indebida valoración, tampoco se ingresó a revalorizar dicha prueba o corregir dicha fundamentación. En cuanto al cuarto punto de su recurso de apelación existió incongruencia omisiva; siendo que, a pesar que en el título se refirió que se estaba resolviendo el tercer y cuarto punto del recurso de apelación; sin embargo, de la lectura del Auto de Vista se evidencia que no se ingresó al análisis en absoluto del cuarto punto que es diferente al tercer punto; debido a que, el tercer punto se refiere a que el hecho juzgado no está debidamente circunstanciado en el tiempo, y el cuarto punto recursivo se sustenta en el hecho que a través del dictamen pericial médico forense realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que los hechos acusados son un delito imposible porque no podría haber existido penetración en una menor de cuatro a cinco años, sin causar graves daños en la victima; debido a que, no es posible que exista violación, pero el Juez de primera instancia no le dio ningún valor a dicho dictamen pericial, bajo el argumento erróneo que violación también se considera cuando existe introducción en los labios mayores o menores de la vagina de una presunta víctima de violación, quietándole fuerza probatoria, lo que implica una valoración defectuosa, respecto a este punto reclamado se evidencia que los Vocales ahora accionados se limitaron solamente a fundamentar el tercer punto recursivo -de manera insuficiente- pero no se pronunciaron en absoluto sobre el cuarto motivo recursivo que trato sobre si la mencionada pericia médico forense era correcta y debida, si cumplía o no con la sana crítica, con los principios del razonamiento lógico humano, si se le dio un valor diferente al que posee en realidad, si se contradicen o no con el principio de verdad material, cuando correspondía que lo declararan procedente e ingresen a analizar y revalorizar dicha prueba y declarar su absolución del hecho.
El accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista SFNA 178/2023 de 28 de abril de 2023, emitido por los Vocales ahora accionados, quienes deben emitir nuevo fallo siguiendo el entendimiento constitucional y con la debida fundamentación y motivación, sea con costas.
Celebrada la audiencia pública el 17 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1500 a 1511 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que, en el tercer punto recursivo existió errónea valoración de la prueba trece y de la declaración testifical de Giovanna Ramirez porque estas dos pruebas demuestran que cometió el segundo hecho del supuesto delito cuando tenía quince años, tiempo en el que no estaba en vigencia del Código Niña, Niño y Adolescente, sino la anterior Código Niña, Niño y Adolescente, que prohibía la sanción de privación de libertad, en ese entonces era inimputable, pero el Juez estableció que los hechos pasaron cuando tenía diecisiete años, existiendo una total incertidumbre.
Sonia Elena Barrón Cortez y Ingrid Arizaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe presentado el 18 de mayo de 2023, cursante a fs. 1477, manifestaron que: a) Se presentó esta acción de defensa con la finalidad de dilatar la ejecución del fallo; y, b) A momento de emitir el Auto de Vista SFNA 178/2023 se pronunciaron con relación a todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, la cual es clara, concreta y comprensible, motivo por el cual se ratifican de manera íntegra en los argumentos y fundamentos expuestos en la misma y solicitan de deniegue la tutela solicitada.
2.2.3. Informe de los terceros interesados Sandra Ortuño, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en audiencia manifestó que, como representante del adolescente en conflicto con la Ley, estaban presentes para que no se vulneren sus derechos, que están amparados en los art. 60 de la CPE y 12 del CNNA y que iba a estar a lo que dispongan. Yovana Mercado, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Coordinación del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación vía WhatsApp, cursante a fs. 1475 Ronald Colque, Abogado del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación vía WhatsApp, cursante a fs. 1475 Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-3 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación vía WhatsApp, cursante a fs. 1475 Elvira Llanos Fernández, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación vía WhatsApp, cursante a fs. 1475
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 097/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 1512 a 1516 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Del análisis del Auto de Vista SFNA 178/2023 de 28 de abril de 2023, se tiene que en el Considerando II se establecieron los antecedentes principales del proceso y se identificaron los cuatro motivos de apelación, luego en el Considerando III, está referido a los fundamentos jurídicos y es donde se expresó los motivos de la determinación asumida, análisis que si bien no es abundante, fundan su decisión en las disposiciones del Código Niña, Niño y Adolescente, e interpretan la finalidad de los arts. 267.II y 322 del CNNA, llegando a establecer que, la limitante de la edad, en la situación actual del accionante en el proceso de justicia restaurativa no le es aplicable, considerado el art. 267 del nombrado Código, que si bien dispone que la edad máxima para cumplir la sanción es de veinticuatro años de privación de libertad, esta disposición es para los menores que cumplen una pena de internación hasta dicha edad, lo que no ocurre en el caso concreto, por ello se entiende que este precepto legal no le resulta aplicable al accionante porque sus circunstancias resultan ser diferentes, además de haber sido sancionado con una pena atenuada, con la posibilidad incluso que el infractor pueda permanecer en prisión en un ambiente separado del resto de los reclusos adultos, imponiéndoles medidas socio educativas en la marco del art. 323 del nombrado Código, priorizando no solo el interés superior de la menor victima sino también aplicando la perspectiva interseccional a momento de ponderar los derechos del imputado sobre los de la víctima, concluyéndose que las autoridades inferiores impusieron una sanción que no contradice lo expresamente previsto en los citados artículos, exponiendo una motivación y criterio que esta sala considera que se encuentran perfectamente sustentados en derecho, en los antecedentes y las pruebas producidas, no siendo evidente la irrazonabilidad y falta de equidad; 2) Respecto al tercer y cuarto agravio los Vocales ahora accionados anunciaron un pronunciamiento conjunto, donde se pronuncian sobre el tercer agravio, haciendo una relación de tiempo y edad que tenía el accionante a momento de la comisión de hecho, señalando que el nombrado tenía catorce y diecisiete años, para luego concluir que las autoridades inferiores valoraron adecuadamente la prueba documental, análisis que se encuentra debidamente fundamentado y motivado; sin embargo, omiten pronunciarse sobre el cuarto motivo del recurso referido a la valoración del dictamen médico pericial, esa así que se tiene que, no obstante, dicho dictamen señala que no se habría llegado a determinar la data precisa de la agresión sexual o era imposible el acceso carnal en menores de cinco años sin causar un daño mayor, esta documental fue valorada en primera instancia como prueba parcial lo que implica que no es determinante considerando el resto de la comunidad probatoria; siendo que, el mismo dictamen referido señala que debe ser corroborado con los informes psicológicos y es lo que se hace en la sentencia; por lo que, la comunidad probatoria llegó a superar el dictamen; y, 3) Con tales antecedentes en caso de una eventual concesión de la tutela se hace evidente que una nueva resolución no cambiaría el resultado de la resolución; por lo que, aquello resulta inocua y carente de relevancia constitucional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia JP3NA 06/2023 de 10 de febrero de 2023, se declaró a Gustavo Llanos Fernández -ahora accionante- de veinticinco años de edad, responsable penalmente en calidad de autor del delito de violación niño, niña y adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, imponiéndole la pena atenuada conforme el art. 268.II del CNNA, consistente en la medida socioeducativa con privación de libertad bajo el régimen de internamiento, por el termino de tres años y ocho meses, disponiendo entre otras cosas que la citada medida por la edad que tiene el acusado debe ser cumplida en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, en un ambiente separado de los adultos (fs. 1273 vta. a 1303 vta.). II.2. Mediante memorial de 6 de marzo de 2023, el accionante presentó apelación restringida en contra la Sentencia JP3NA 06/2023 (fs. 1313 a 1321). II.3. A través del Auto de Vista SFNA 178/2023 de 28 de abril, Sonia Elena Barrón Cortez y Ingrid Arizaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora accionados-, declararon procedente en parte el recurso de apelación planteado por parte del accionante, únicamente en relación al segundo agravio expuesto (fs. 1431 a 1443 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, los Vocales ahora accionados en el del Auto de Vista SFNA 178/2023, declararon improcedentes: i) El primer punto de su recurso de apelación, al considerar arbitrariamente que si es aplicable la sanción privativa de libertad de una persona mayor de veinticuatro años, porque de lo contrario se incurriría en impunidad, a pesar de lo que establece el art. 267.II del CNNA -que la edad máxima para el cumplimiento del a sanción de privación de libertad es de veinticuatro años- y cuando el art. 322 del nombrado Código dispone que las medidas socioeducativas pueden también ser cumplidas en libertad con restricciones, y no existe fundamento en derecho que valide el razonamiento realizado; es más resulta absurdo e ilógico disponer que la medida socioeducativa impuesta debía ser cumplida en un recinto donde no tenga contacto con personas juzgadas y condenadas bajo el régimen del Código Penal y Código de Procedimiento Penal, al no existir un pabellón donde se pueda cumplir lo dispuesto; ii) El tercer punto de su recurso de apelación, que se refiere a la falta de una debida determinación circunstanciada del hecho juzgado -data del hecho- por una defectuosa valoración probatoria, al manifestar que el Juez obro de forma correcta porque se amparó en lo que manifiestan los cuatro testigos en especial la declaración de la madre de la víctima; empero, no identifican a dichos testigos, como tampoco fundamentan como es que la declaración de la madre tiene mayor valor probatorio que la misma declaración de la presunta víctima y de la declaración de la psicóloga-testigo Giovanna Ramírez Barja; asimismo, sobre el reclamo referente a la prueba 13, no se pronunciaron; es decir, que no analizaron si era evidente o no que se incurrió en una indebida valoración de dicha prueba; y, iii) Respecto al cuarto punto de su recurso de apelación, que denunció la valoración defectuosa del dictamen pericial médico forense realizado por el IDIF que estableció que el hecho acusado se constituiría en imposible, no se pronunciaron. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso; b) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; c) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, establece que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional” (las negrillas son nuestras).
Asimismo, la SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, señala que: «’’’…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo‟. De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0182/2021-S1 de 18 de junio, establece que: “El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: i) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (el resaltado nos pertenece). Esta misma Sentencia Constitucional Plurinacional, más adelante determinó que: “…la SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, cuyo entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0632/2012 de 23 de julio y 0394/2018-S1 de 13 de agosto, entre otras, refirió que: ‘…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) Por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa’” (las negrillas nos corresponden).
Sobre la protección a víctimas niñas y adolescentes mujeres en proceso penales la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, establece que: “III.4.1. El enfoque interseccional El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género (…) la clase (…) la discapacidad (…) la orientación sexual (…) la religión (…) la edad (…) la nacionalidad (…) y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales. Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”. La misma Sentencia, en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando: 408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. 409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas. En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra Vs. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, y Fernández Ortega y Otros Vs. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre: 139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas. 140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas. El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.
El art. 60 de la CPE, sostiene que: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y mora. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes.
Así, el art. 15 de la CPE, señala:
psicológica y sexual. (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras). De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los Estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que: …en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; entre los cuales están: interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas). El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica: La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…) 10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias; 11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres: ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, los Vocales ahora accionados en el del Auto de Vista SFNA 178/2023, declararon improcedentes: i) El primer punto de su recurso de apelación, al considerar arbitrariamente que si es aplicable la sanción privativa de libertad de una persona mayor de veinticuatro años, porque de lo contrario se incurriría en impunidad, a pesar de lo que establece el art. 267.II del CNNA -que la edad máxima para el cumplimiento del a sanción de privación de libertad es de veinticuatro años- y cuando el art. 322 del nombrado Código dispone que las medidas socioeducativas pueden también ser cumplidas en libertad con restricciones, y no existe fundamento en derecho que valide el razonamiento realizado; es más resulta absurdo e ilógico disponer que la medida socioeducativa impuesta debía ser cumplida en un recinto donde no tenga contacto con personas juzgadas y condenadas bajo el régimen del Código Penal y Código de Procedimiento Penal, al no existir un pabellón donde se pueda cumplir lo dispuesto; ii) El tercer punto de su recurso de apelación, que se refiere a la falta de una debida determinación circunstanciada del hecho juzgado -data del hecho-por una defectuosa valoración probatoria, al manifestar que el Juez obro de forma correcta porque se amparó en lo que manifiestan los cuatro testigos en especial la declaración de la madre de la víctima; empero, no identifican a dichos testigos, como tampoco fundamentan como es que la declaración de la madre tiene mayor valor probatorio que la misma declaración de la presunta víctima y de la declaración de la psicóloga-testigo Giovanna Ramírez Barja; asimismo, sobre el reclamo referente a la prueba 13, no se pronunciaron; es decir, que no analizaron si era evidente o no que se incurrió en una indebida valoración de dicha prueba; y, iii) Respecto al cuarto punto de su recurso de apelación, que denunció la valoración defectuosa del dictamen pericial médico forense realizado por el IDIF que estableció que el hecho acusado se constituiría en imposible, no se pronunciaron.
De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que a través de la Sentencia JP3NA 06/2023 de 10 de febrero de 2023, se declaró al accionante de veinti cinco años de edad, responsable penalmente en calidad de autor del delito de violación niño, niña y adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, imponiéndole la pena atenuada conforme el art. 268.II del CNNA, consistente en la medida socioeducativa con privación de libertad bajo el régimen de internamiento, por el término de tres años y ocho meses, disponiendo entre otras cosas que la citada medida por la edad que tiene el acusado debe ser cumplida en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, en un ambiente separado de los adultos (Conclusiones II.1.), resolución contra la que, mediante memorial de 6 de marzo de 2023, el accionante presentó recurso de apelación restringida (Conclusiones II.2.); mismo que fue resuelto por las Vocales ahora accionadas a través del Auto de Vista SFNA 178/2023 de 28 de abril, declarando procedente en parte el recurso de apelación planteado por parte del accionante, únicamente en relación al segundo agravio expuesto (Conclusiones II.3.). En ese contexto, corresponde verificar si lo denunciado por el accionante respecto al Auto de Vista SFNA 178/2023, es o no evidente, por lo cual se analizarán los fundamentos del recurso de apelación restringida presentada por el accionante, que se encuentran en el memorial de 6 de marzo de 2023, así como los razonamientos emitidos por las Vocales ahora accionadas en el punto 3.1 sobre el caso en concreto del citado Auto de Vista, así: Respecto a la primera problemática Las Vocales ahora accionadas señalaron en el Auto de Vista SFNA 178/2023 que, en el caso correspondía aplicar los arts. 267.II y 268.II del CNNA, para luego exponer porque el accionante mayor de edad se le debía aplicar una ley especializada, como es el CNNA, derivando de dicha explicación que correspondía al accionante una sanción atenuada a la que establece el CP debido a que, la comisión del delito fue realizado cuando el nombrado era menor de edad; es así, procedió a explicar cómo debía ser entendido el art. 267.II del CNNA, que señala: “…Se establece la edad máxima de veinticuatro (24) años para el cumplimiento de la sanción en privación de libertad”, expresando que el parámetro asumido en el citado artículo se asumió considerando la pena máxima -treinta años- por la comisión de un delito, pena que al ser atenuada llegaba a ser seis años, y en el entendido que, la aplicación de justicia juvenil es aplicable hasta los dieciocho años -edad en la que se cumple la mayoría de edad-, los dieciocho años más los seis años de pena máxima, llegan a establecer la edad de veinticuatro años como la edad máxima para cumplir una sanción privativa de libertad, refiriendo posteriormente que, de ninguna manera podía interpretarse dicho artículo, en el sentido que, la persona que hubiera sobrepasado los veinticuatro años y estuviera siendo juzgado por un ilícito cometido siendo adolescente, no podía ser sancionado con la privación de su libertad, entendimiento que se derivaría en impunidad e inutilidad de las leyes y el sistema judicial relacionada a la protección de las niñas, niños y adolescentes, más aun cuando la víctima también es una persona comprendida en esa tutela reforzada, por su minoridad de edad a momento de ser víctima de la agresión, concluyendo de aquello que la sanción de privación de libertad que fue impuesta al accionante no contradecía lo expresamente previsto en señalado precepto legal. De lo que, se coligue que las Vocales ahora accionadas expresaron el razonamiento de cómo debía ser comprendido del art.267.II del CNNA en el caso que el procesado tuviera minoría de edad, para luego manifestar que, en el caso especificó en que el procesado hubiera superado los veinticuatro años a momento de la imposición de la sanción, tal como se presenta en este caso, no era posible entender dicho artículo como una prohibición de aplicación de una sanción privativa de libertad, porque aquello conllevaría impunidad e inutilidad de las leyes y el sistema judicial en favor de la protección de las victimas niñas, niños y adolescentes, que también necesitan protección reforzado, siendo por ello incompatible el razonamiento planteado por el accionante con las normas desarrollas de protección de niñas, niños y adolescentes, quienes merecen protección especial; en ese entendido, se evidencia que las Vocales ahora accionadas sustentaron sus argumentos en el propio art. 267.II del CNNA, así como en el art. 268.II del citado Código, que determina que para delitos cuyo máximo penal esté entre quince y treinta años, la sanción debe cumplirse en privación de libertad, siendo este el caso del delito de violación de niña, niño y adolescente, y en el hecho innegable que, el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas de violencia, mujeres y además menores de edad; si bien las Vocales ahora accionadas no mencionaron un fundamento jurídico específico para revalidar el razonamiento que expusieron, fue porque no existe una norma específica interna que regule la ejecución de sanciones para mayores de diciocho años que hayan infringido la ley penal durante su minoridad; no obstante, ante la falta de norma se debe realizar una interpretación a la luz de los estándares de derechos humanos establecidos por los instrumentos internacionales, por lo que se debe tomar en cuenta el enfoque interseccional cuando el caso trate de niñas o adolescentes, mujer, víctimas de violencia sexual, en consideración a su condición de pertenecer a un grupo de situación vulnerable, como realizaron las Vocales ahora accionadas. Consecuentemente, la motivación realizada por las Vocales ahora accionadas no es arbitraria y se encuentra fundamentada, siendo que se sustenta en lineamiento nacionales e internacionales de protección especial que merecen las niñas y adolescentes, y no en consideraciones meramente retóricas sin sustento, por tanto, no es irrazonable, lo que no significa que la decisión judicial tenga que ser ampulosa, puede ser breve y concisa, pero que permita conocer de forma indubitable las razón que llevó a tomar la decisión asumida (Fundamento Jurídico III.1.), por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.
Respecto a que el art. 322 del CNNA, dispone que las medidas socioeducativas pueden también ser cumplidas en libertad con restricciones y no únicamente con privación de libertad, haciendo alusión a la pena impuesta al accionante, no fue reclamado en ese sentido por el accionante, al momento de interposición de recurso de apelación restringida, debido a que refirió sobre dicho artículo que, las medidas socioeducativas tienen finalidad educativa de reintegración social y al realizar una interpretación armónica con el art. 267.II del CNNA, se advierte que su persona es una mayor de veinticuatro años y ya está reintegrado en la sociedad; asimismo, la denuncia que está relacionada a que resulta absurdo e ilógico disponer que la medida socioeducativa impuesta debía ser cumplida en un recinto donde no tenga contacto con personas juzgadas y condenadas bajo el régimen del Código Penal y Código de Procedimiento Penal, al no existir un pabellón donde se pueda cumplir lo dispuesto, disposición que fue asumida en Sentencia pero que, tampoco fue parte del recurso de apelación restringida presentada por el accionante, en ese entendido, las Vocales ahora accionadas no tuvieron como pronunciarse al respecto, es así que, este tribunal no puede reprocharles la falta de fundamentación o motivación al respecto, en ese entendido, no es posible ingresar a analizar dichos aspectos reclamados a través de esta acción de defensa, conforme estableció la jurisprudencia a través de la en la SCP 0708/2013 de 3 de junio, que señala: “De lo dicho se concluye que la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera, a través de los medios o recursos que franquea la ley”, correspondiendo denegar la tutela solicitada también sobre estos reclamos.
Con relación a la tercera problemática Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se tiene que, toda autoridad judicial que dicte una resolución debe expresar los motivos de hecho como de derecho en que sustentan su decisión, lo que no implica una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, y tenga el pleno convencimiento que se ha actuado de forma correcta. Sobre el tercer punto de agravio referido a falta de una debida determinación circunstanciada del hecho juzgado por una defectuosa valoración probatoria, el accionante reclama que los Vocales ahora accionados no identificaron a los cuatro testigos, por los cuales consideraron que la Sentencia JP3NA 06/2023 fue emitida de forma correcta, entre las que estaba la madre de la víctima, cuya declaración hubiera sido considerada con mayor valor probatorio que la declaración de la víctima y de la declaración de la psicóloga-testigo Giovanna Ramírez Barja. En ese entendido, se evidencia de la lectura del subtítulo, con relación a los agravios tercero y cuarto, del punto 3.1 sobre el caso en concreto, del párrafo fundamentos de la resolución del Auto de Vista SFNA 178/2023, que las Vocales hoy accionadas no señalaron una cantidad exacta de declaraciones de testigos como tampoco se consideró a dichas testificales como base principal de la decisión asumida -declarar improcedente este agravio del recurso de apelación-, refiriéndose únicamente a las “…demás testificales de descargo…” (sic); es decir, que no fundaron su decisión en lo manifestado por cuatro testigos a quienes el accionante indica que no se los identificó. Ahora bien, respecto a la valoración de la declaración de la madre de la víctima presuntamente sobre la propia declaración de la víctima, dicha afirmación no es evidente siendo que, las Vocales ahora accionadas refirieron en el Auto de Vista SFNA 178/2023, que de la lectura de la prueba documental de cargo consignada bajo el numeral 13 se estableció que, si bien la menor de edad víctima del hecho, en la entrevista que se le tomo en Cámara Gessel señaló que su mamá había trabajado en Argentina y la dejó con su abuelita materna, quien vivía con su tío –ahora accionante-y cree que tenía entre 4 y 5 años de edad, testimonio que si bien no es preciso en cuanto al tiempo, el mismo fue reforzado con la testifical de la madre de la víctima, quien señaló que, cuando su hija tenía cinco años, ella decidió irse a vivir a la Argentina, razón por la cual dejó a sus hijos con sus padres, señalando más adelante que, se aplicó el razonamiento correcto, en relación a la presunción de veracidad del testimonio de la víctima y su consideración debe ser entendida siempre en consideración a la escasa edad de la misma, por lo cual, no se puede exigir que sea precisa en cada detalle del hecho, así los establecerían los lineamientos impuestos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010, párrafo 100, que establece que “la violencia sexual es una forma de agresión y que se debe tomar la declaración de la víctima como una prueba fundamental, asimismo en el caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Sentencia de 31 de agosto de 2010, referente a las imprecisiones en el relato de la víctima, párrafo 91 estableció que: “La Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori, inconsistencias en el relato. Al respecto, el Tribunal toma en cuenta que los hechos referidos por la señora Rosendo Cantú se relacionan a un momento traumático sufrido por ella, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al rememorarlos. Dichos relatos, además, fueron rendidos en diferentes momentos desde 2002 a 2010. Adicionalmente, la Corte tiene en cuenta en el presente caso que al momento de ocurridos los hechos la señora Rosendo Cantú era una niña”. De lo que se colige que, no es evidente que la declaración de la madre de la víctima hubiera tenido mayor valor probatorio que la declaración de la propia víctima, debido a que expresamente se señaló que la declaración de la madre reforzó el relato realizado por la víctima que no era tan preciso, asimismo, en ese mismo sentido se refirió que por la escasa edad de la víctima, no podría exigirse una relación detallada y precisa del hecho, por tanto era aplicable la presunción de veracidad de su testimonio en aplicación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fernández Ortega y otros vs. México que refiere que en casos de violencia sexual, especialmente contra niñas, se debe tomar la declaración de la víctima como una prueba fundamental; y, en el caso Rosendo Cantú y otra vs. México, que determina que se debe considerar que por el momento traumático sufrido por la víctima, la misma puede incurrir en imprecisiones; consecuentemente, existe en la decisión asumida por las Vocales ahora accionadas una exposición de razones que sustentan la decisión asumida, además de sustento jurídico, los cuales son claros; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto.
Respecto, al reclamo que la declaración de la madre de la víctima tuviera mayor valor que la declaración de psicóloga-testigo Giovanna Ramírez Barja, se tiene que no se realizó en el Auto de Vista SFNA 178/2023, dicha consideración, incluso no se mencionó dicha declaración, como tampoco esa presunta omisión de referirse a dicha declaración fue cuestionado a través de esta acción de amparo constitucional por lo que no corresponde realizar ninguna consideración al respecto Por otra parte, con relación al reclamo que la prueba trece hubiera sido valorada de manera indebida con referencia al origen del líquido en la ropa interior de la víctima, se tiene que el accionante en su memorial de interposición del recurso de apelación restringida, denunció que, lo referido por la presunta víctima “…recordando que, una vez que se bañó y vio salir como “carpicola”, medio transparente, líquido en la ropa interior acá en la ciudad…” está referido a otro hecho que tiene que ver con el denunciado Santiago Moscoso, pues dicha situación de dio después de que la víctima fue objeto de abuso por parte del mismo, por lo que el Juez de primera instancia de manera parcializada rompió con el principio de identidad A=A en su prejuicio, al no valorar debidamente dicha prueba, respecto a dicha circunstancia y respecto al tiempo de lo sucedido; reclamo especificó, sobre el cual las Vocales ahora accionadas no se manifestaron, incurriendo por ello en incongruencia externa, al no existir la correspondencia o coincidencia entre lo reclamado por el accionante en su recurso de apelación restringida y lo resuelto por las Vocales ahora accionadas, Fundamento Jurídico III.2.; es así que, respecto a este aspecto corresponde conceder la tutela solicitada.
Con referencia a la cuarta problemática En el párrafo IV del recurso de apelación restringida que el accionante interpuso, se tiene que el accionante reclamó la defectuosa valoración probatorio en la que incurrió el Juez de primera instancia a momento de dictar sentencia y valorar la prueba consistente en el dictamen pericial médico forense, respecto al cual refiere y desglosa que para que exista violación puede ser la penetración por cualquier parte del cuerpo o cualquier objeto en la victima y que el órgano reproductor de las mujeres compren los labios mayores, menores, orificio vagina, etc. y que la penetración puede darse incluso parcial, apreciación que se realizó para desacreditar dicha prueba, cuando el citado Juez no es el que determina biológicamente si puede existir o no violación en una menor de cuatro a cinco años de edad, cuando el referido dictamen pericial acredita lo contrario, al ser el mismo un delito imposible al no poder darse la figura de la violación vaginal en una menor de edad, pro su fisonomía, dado que al hacerlo ocurriría lesiones gravísimas que podrían causar incluso la muerte y atención médica, al respecto, se le sentenció por un hecho imposible e inexistente, de igual forma los peritos médicos forenses refirieron que una menor de siete a ocho años de edad, podría darse alguna forma de violación pero que sería con lesiones y afectación a su integridad física muy grave y notable que incluso podría causar la muerte; por consiguiente, de acuerdo al certificado médico forense no se evidencia la existencia de lesiones gravísimas antiguas como cicatrices o rupturas notables que hubieran dado a ver la existencia de una probable violación a los siete y ocho años de edad; por consiguiente, el Juez de primera instancia incurrió en una indebida fundamentación de dicha prueba desacreditándola sin valorar conjunta y armoniosamente con las demás pruebas, extremo que contradice el art. 294 del CNNA y es causal de defecto de la Sentencia.
Punto cuarto del recurso de apelación restringida interpuesta por el accionante que, del subtítulo, con relación a los agravios tercero y cuarto del punto 3.1 referida al caso en concreto del Auto de Vista SFNA 178/2023, se evidencia que no contiene ninguna mención específica ni análisis sobre el dictamen pericial médico forense realizado por el IDIF, que reclama el accionante a través de esta acción de defensa; por lo que, existe incongruencia omisiva en el Auto de Vista SFNA 178/2023, debido a que conforme se citó en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, no se cumplió el principio rector de toda determinación judicial que exige la correspondencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales, existiendo falta de respuesta por parte de los Vocales ahora accionados a esta parte del cuarto agravio denunciado por el accionante en su recurso de apelación restringida; correspondiendo por ello conceder la tutela solicitada, respecto a este punto.
Finalmente, en cuanto a la solicitud de pago de costas, esta no puede ser considerada en razón a la forma de la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 097/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 1512 a 1516 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia de la última parte de la tercera problemática y la cuarta problemática.
a) Disponer se deje sin efecto el Auto de Vista 178/2023, para que Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Arizaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitan uno nuevo, conforme con los fundamentos expuestos en este fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de la primera problemática y primera parte de la tercera problemática, y costas, conforme con los fundamentos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0327_2026-S1.pdf · páginas 1 a 33.
Huella digital del PDF (SHA-256): 91059564692c0e0a47c491022201bb024f466fc18c0931408bcfb5a5ff1e3eeb
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