B.IA.LEGAL

SCP 0327/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
51714-2022-104-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 179 a 191, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0327/2025-S4 Sucre, 17 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 51714-2022-104-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 179 a 191, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhimmy Remberto Almanza Pardo en representación sin mandato de José Israel Alanes Villarroel contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 139 a 156 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a denuncia de Claudia Patricia Villarroel Sevilla por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 11 de agosto de 2022, ordenó su detención preventiva por el plazo de cuatro meses; decisión que mediante Auto de Vista de 5 de septiembre de 2022, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se revocó el Auto referido, disponiendo que el inferior emita una nueva resolución. En cumplimiento del Auto de Vista señalado, la Jueza a quo emitió el Auto de 19 de septiembre de 2022, ordenando su detención preventiva por el plazo de cuatro meses; empero, omitiendo cumplir con la fundamentación y acreditación del supuesto material que hace a la existencia del hecho y la “autoría/participación” (sic) del imputado, cuyo presupuesto de validez legal necesario y sustancial es el que habilita la consideración y acreditación del supuesto procesal, y que directamente pasa a resolver los riesgos procesales y el tiempo de duración de la detención preventiva, sin que esté presente y vigente el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) e incumpliendo los parámetros establecidos por la sala de alzada en cuanto a la acreditación objetiva y “fundamentación/motivación” (sic) razonable respecto de los peligros previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del mismo código, así como en cuanto a la acreditación y justificación del plazo de duración de la detención, incurriendo en los mismos errores que dieron lugar a la anulación del Auto de 11 de agosto de 2022. Con tal motivo, apeló el Auto Interlocutorio mencionado; en atención al recurso deducido, la vocal ahora accionada dictó el Auto de Vista de 4 de octubre de 2022, declarando procedente la apelación, en consecuencia, anuló el Auto de 19 de septiembre de 2022. En vista que la vocal no dispuso su libertad, manteniendo una detención ilegal, el Juzgado de Sentencia Sexto del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 08/2022 de 10 de octubre le concedió tutela dejando sin efecto el Auto de Vista citado, disponiendo la emisión de uno nuevo. Posteriormente, la Vocal accionada dictó el Auto de Vista de 12 de octubre de 2022, declarando procedente en parte la apelación incidental en relación al reclamo del presupuesto material observado, en lo demás confirmó la resolución apelada en cuanto a los riesgos procesales y la necesidad de aplicación de detención preventiva. Este Auto de Vista carece de fundamentación y motivación razonable y congruente, se basa en conjeturas y suposiciones, así como existe ausencia de valoración de la prueba, se aparta de la jurisprudencia constitucional sin exponer las razones jurídicas que justifiquen esa decisión de no ajustarse a la jurisprudencia vinculante; además de convalidar las ilegalidades e irregularidades cometidas por la Jueza a quo, incurre en incongruencia aditiva porque agrava su situación jurídica, estableciendo de manera extra petita la concurrencia del supuesto material que hace a la autoría del imputado, cuando no podía ir mas allá de lo pedido y fundamentado del sentido de la pretensión impugnatoria, máxime si la parte acusadora no apeló, debiendo circunscribirse a lo estipulado por el art. 398 del CPP. Agregó que, sobre el agravio planteado y fundamentado en audiencia de 4 de octubre de 2022, referido a la falta de acreditación de la existencia del hecho y la autoría o participación, el Auto de Vista referido, habiendo encontrado mérito en su reclamo, debió disponer su libertad y expedir el mandamiento de libertad; empero, de manera incoherente e incongruente, escudándose en la resolución constitucional que anuló su primera decisión por haber anulado y no definido directamente la situación jurídica del imputado, estableció e incorporó el presupuesto material previsto en el art. 233.1 del CPP, actuando de forma ultra petita.

También señaló que, incurrió en omisión ilegal al no haberse pronunciado y expuesto otorgando razones suficientes para la construcción y acreditación del indicador del art. 234.7 del CPP, porque solo se refirió a hechos de hace cinco años atrás, cuando la víctima tenía 11 años; empero, no se mencionó que ahora la víctima cuenta con 16 años y que si en ese tiempo volvió o no a tener contacto con el imputado, no se fundamentó que se encuentre en situación de vulnerabilidad; limitándose la vocal a señalar que no advierte una falta de fundamentación porque se consideró la jurisprudencia vinculante de las “…SCP 0001/2019 y 0394/2018…” (sic); sin embargo no se evidencia ninguna fundamentación que haga ver que generó o desplegó una acción o conducta posterior a la comisión del hecho orientadas a someterla o ahondar la situación de vulnerabilidad de la víctima, no se fundamenta con base a premisas fácticas y probatorias por qué se considera al imputado un peligro efectivo para la víctima. Como agravio impugnatorio también denunció que la Jueza a quo incurrió en excesos al señalar que el imputado “APROVECHO EN MANOSEARLA EN DIFERENTES OPORTUNIDADES Y DIFERENTES PARTES DE SU CUERPO” (sic), premisa que no responde ni tiene vínculo con el informe psicológico y declaración de la víctima, lo que demuestra que se incurrió en una defectuosa valoración de la prueba; empero la vocal accionada no se pronuncia respecto de ello, incumpliendo su labor de analizar los agravios y realizar una valoración integral de los elementos probatorios presentados. Pidió a la autoridad de garantías constitucionales el control de convencionalidad del art. 234.7 del CPP, señalando que no es compatible con el art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Asimismo, refirió que incurrió en omisión ilegal al no haberse pronunciado sobre el riesgo del art. 235.2 del CPP, incumpliendo e inobservando exigencias jurisprudenciales vinculantes, al respecto citando a las SCP 0795/2014 de 25 de abril, 2076/2018-S2 de 25 de junio, 0210/2019-S2 de 10 de mayo, 0471/2016-S2; en ese hilo argumentativo como agravio impugnatorio fundamentó en audiencia de 4 de octubre de 2022 que no se advierte que la víctima haya sido influenciada negativamente para que no haya podido dar a conocer los hechos acontecidos por ese tiempo prolongado; también fundamentó que la prima y la madre de la víctima ya prestaron su declaración testifical, pero las mismas no advierte que hayan expresado que el imputado influyó o que este influyendo sobre ellas, incurriendo la Jueza a quo en incongruencia aditiva extra petita, actuación que la autoridad accionada no corrigió y rectificó el error ilegal incurrido en el Auto de 19 de septiembre de 2022, no se identificó el elemento objetivo presentado por el Ministerio Público que haga ver que el accionante realizó algún acto concreto de obstaculización en la víctima y terceras personas; también advirtió que no se pronunció respecto del supuesto fáctico añadido de oficio por la Jueza a quo, incurriendo en una “congruencia” (sic) omisiva. El Auto de Vista tantas veces citado, incurrió en omisión ilegal de otorgar respuesta congruente sobre el agravio de incumplimiento de la condición de validez legal de la detención preventiva previstas en el art. 233 del CPP; en audiencia de 4 de octubre de 2022 se fundamentó que el Auto Interlocutorio apelado sustentó la aplicación de detención preventiva sin que conste justificación idónea objetiva, fundamentación y motivación del por qué el resto de las medidas previstas en el art. 231 bis procesal son insuficientes; en respuesta la accionada no otorgó una respuesta congruente, al contrario, distorsionó el requisito de validez legal, porque mencionó a otros aspectos relativos a la ponderación de derechos, aplicación de la perspectiva de género, principio de veracidad de la declaración de la víctima, que serían valederos para justificar la necesidad e idoneidad de la detención preventiva, por consiguiente se incurre en una incongruencia y no cumple con la reserva legal exigida en el art. 233 párrafo primero y 231 bis del CPP. La resolución cuestionada, incurrió en omisión ilegal de no haberse pronunciado sobre el agravio de la acreditación del tiempo o plazo de duración de la detención preventiva de 4 meses dispuesto; sobre ello la accionada se expresó en el Auto de Vista de 4 de octubre de 2022, pág. “6 7, párr. segundo y tercero” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la libertad, citando al efecto los arts. 8.II y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, en consecuencia: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 12 de octubre de 2022; y, b) Ordenar a la autoridad hoy demandadas, emita una nueva resolución; se condene a costas procesales, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 175 a 178, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia virtual ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, remitió informe de 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 171 a 174, y solicitó se deniegue la tutela bajo los siguientes argumentos: 1) En mérito a la jurisprudencia constitucional invocada, se tiene que el Tribunal o Juez de garantías está impedido de revisar o sustituir a la jurisdicción común, por cuanto la interpretación de legalidad ordinaria es realizada con plenitud por jurisdicción y competencia por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, en razón que la acción de libertad no es una instancia procesal más de revisión de resoluciones, aspecto que el accionante desconoce, pretendiendo asuma atribuciones que no competen; 2) No es evidente que habría incurrido en una indebida fundamentación, motivación e incongruencia, que exista ausencia de valoración de la prueba, que se apartaría de la jurisprudencia constitucional y que no exista respuestas jurídicas suficientes y válidas a los agravios planteados; en el aludido Auto de Vista se podrá evidenciar que en observancia de la competencia de un tribunal de apelación que es de revisión de la labor del juez de primera instancia, respondió a cada uno de los agravios y consideró las observaciones realizadas por la Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías en la Resolución de acción de libertad de 10 de octubre de 2022; así determinó que en la causa debe aplicarse perspectiva de género por la naturaleza del delito y situación de la víctima con relación al imputado, determinándose la existencia de la concurrencia de los requisitos de validez para la detención preventiva, disponiendo al efecto tal medida; y, 3) Si bien es evidente que existe normativa internacional que indica que la prisión preventiva es de última ratio y que al imponérsela se estaría vulnerando el derecho a la inocencia y a la libertad del imputado; empero, también existe normativa, no sólo nacional, sino internacional que reconoce y defiende los derechos de la niñez y adolescencia, como la Convención Sobre los Derechos del Niño que es plenamente aplicable al caso en cuestión en virtud de los arts. 256 y 410 de la CPE; en el caso, considerando que la víctima es una adolescente se debe efectuar una ponderación de los derechos del imputado frente a los de la víctima, quien es menor de edad, lo cual realizó la autoridad judicial a quo en el Auto de 19 de septiembre de 2022 impugnado, donde se estableció la necesidad e idoneidad de imponerse la detención preventiva, lo que consideró correcto.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de Cochabamba; constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 179 a 191, denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista de 12 de octubre de 2022 tiene el fundamento del presupuesto material reclamado por el accionante; es decir, el art. 233.1 del CPP y que además fue ordenado mediante sentencia constitucional (Juzgado de Sentencia Penal Sexto constituido en Tribunal de garantías constitucionales), en el sentido que debió referirse a este presupuesto; señalar que la accionada oficiosamente agravó la situación del imputado no corresponde al no ser evidente, que conforme a las sentencias constitucionales tenía la obligación de referirse y fundamentar para luego analizar los presupuestos procesales; presupuesto material que también deben realizar los tribunales en apelación como ente que controla el principio de legalidad; si bien el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no apelaron, la accionada cumplió la resolución de la acción de libertad, no pudiendo tenerse por ese hecho parcialidad y vulneración al debido proceso; ii) Con relación al art. 234.7 del Código Penal (CP), del análisis de la resolución se tiene que efectivamente la Jueza a quo refirió a elementos de prueba que consignan los hechos en la denuncia, declaración de la víctima, informe preliminar, que determinan la existencia clara de elementos de prueba para contrastar si concurre o no este peligro de fuga, lo cual esta reflejado en el auto primigenio y Auto de Vista de 12 de octubre de 2022, que determinó que la víctima es mujer, menor de edad, que cuando se cometió el hecho tenía 11 años de edad, que el hecho fue cometido en varias oportunidades por lo que es necesario una protección reforzada, es más hace análisis a la certificación del Registro de Antecedentes Penales (REJAP) que no es considerado por la construcción del riesgo procesal; si como se refirió, no es realizando una revalorización de la prueba, puesto que el tribunal no puede realizar el mismo, pero si verifica si esa interpretación es suficiente, motivada, congruente; la autoridad demandada respondió a los agravios coherente, razonablemente, pues determinó los elementos de prueba, la circunstancias porque se tiene el peligro hacia la víctima; respecto al control de convencionalidad solicitado, no es posible aplicar las resoluciones de la CIDH a favor del acusado, porque el caso concreto trata de una persona que sufrió agresión sexual, quien por las convenciones internacionales, la CPE, Leyes 348 de 9 de marzo de 2013 -Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia-, Ley 548 de 17 de julio de 2014 -Código Niña, Niño y Adolescente; y, Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, tiene derecho preferente y la debida diligencia; en tal sentido no es posible aplicar el mismo porque los administradores de justicia están obligados a resolver los casos con base en criterios diferenciadores de género, de lo contrario se produciría una revictimización, toda vez que, “la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población“ (sic); iii) No es evidente que la resolución carece de fundamentación y motivación, se tiene que identificó claramente el agravio, la autoridad accionada estableció el peligro de obstaculización, que no es subjetivo, porque está sustentado en la declaración de la víctima; iv) La Vocal refirió que efectivamente la Jueza a quo no fundamentó, pero se tiene claramente en la misma resolución que señaló que a los fines de asegurar el art. 221 del CPP es necesaria e idónea la detención preventiva; se tiene que ha dado respuesta a cada uno de los supuestos vulnerados; y, v) El plazo de la detención preventiva es únicamente para realizar actos investigativos, muy diferente a los peligros procesales de fuga y obstaculización; de acuerdo al Auto de Vista de 12 de octubre de 2022, no se evidencia que en su fundamento hubiere cuestionado el plazo de duración de la detención, como se tiene en la enmienda y complementación, que fue respondida que no era posible atender la solicitud al no haber sido cuestionado, menos “esta autoridad constituido en Tribunal de garantías constitucionales PUEDE RESPONDE AL NO SER CUESTIONADO” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de apelación y Auto de Vista de 4 de octubre de 2022, pronunciado por Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, a través del cual declaró procedente la apelación incidental opuesta por José Israel Alanes Villarroel -hoy accionante-, en consecuencia, anuló la Resolución de 19 de septiembre de 2022, disponiendo que la autoridad a quo dicte una nueva Resolución (fs. 127 a 130 vta.). II.2. Se tiene acta de apelación y Auto de Vista de 12 de octubre de 2022, emitido por la autoridad hoy demandada, a través del cual declaró procedente en parte la apelación incidental opuesta por el hoy accionante, en relación al presupuesto material, en lo demás confirmó la Resolución de 19 de septiembre de 2022 en cuanto a los riegos procesales y la necesidad de la aplicación de la detención preventiva (fs. 131 a 136 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El peticionante de tutela, denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual con agravante, la Vocal hoy accionada, a través del Auto de Vista de 12 de octubre de 2022, declaró procedente en parte la apelación incidental que opuso, en relación al presupuesto material, en lo demás confirmó la Resolución de 19 de septiembre de 2022 en cuanto a los riegos procesales y la necesidad de la aplicación de la detención preventiva, resolución que se basa en conjeturas y suposiciones, así como existe ausencia de valoración de la prueba; además incurriendo en: a) Incongruencia aditiva porque agrava su situación jurídica, estableciendo de manera extra petita la concurrencia del supuesto material; no obstante que, habiendo encontrado mérito en su reclamo, debió disponer su libertad y expedir el mandamiento de libertad, sin escudarse en la resolución constitucional de una anterior acción de libertad que anuló su primera decisión; incorporando el presupuesto material de forma ultra petita; b) En omisión ilegal al no haberse pronunciado y expuesto otorgando razones suficientes para la construcción y acreditación del indicador del art. 234.7 del CPP, ni haberse pronunciado sobre el riesgo del art. 235.2 del mismo código, incumpliendo e inobservando exigencias jurisprudenciales vinculantes; c) Omitió otorgar respuesta congruente sobre el agravio de incumplimiento de la condición de validez legal de la detención preventiva prevista en el art. 233 del CPP; ni por qué el resto de las medidas previstas en el art. 231 bis procesal son insuficientes; al contrario, distorsionó el requisito de validez legal, porque mencionó a otros aspectos relativos a la ponderación de derechos, aplicación de perspectiva de género, principio de veracidad de la declaración de la víctima, que serían valederos para justificar la necesidad e idoneidad de la detención preventiva, por consiguiente incurrió en una incongruencia y no cumplió con la reserva legal exigida en los arts. 233 párrafo primero y 231 bis del CPP; y, d) No se pronunció sobre el agravio de la acreditación del tiempo o plazo de duración de la detención preventiva de 4 meses. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Improcedencia de activar otra acción de libertad cuando existe resolución en revisión de una primera acción respecto de la cual emerge el que se interpone. Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SCP 0439/2023-S4 de 5 de junio, estableció “Entre otras, la SCP 0238/2020-S4 de 23 de julio, respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y sus presupuestos de activación; estableció que: `La Norma Suprema, ha consagrado en su art. 125, a la acción de libertad, dentro de las garantías y acciones de defensa, indicando: «Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad». Disposición legal complementada en cuanto a su objeto, en el art. 46 del CPCo estipulando: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. Normativa que desde la interpretación exegética, consolida la voluntad del constituyente y del legislador, respectivamente, de precautelar mediante ésta acción los derechos fundamentales de la vida y la libertad, o la vinculación directa con los mismos, razonamiento consolidado en la ampulosa jurisprudencia constitucional emita al respecto, entre ellas la SCP 0325/2019-S4 de 5 de junio, en la que retomando el criterio plasmado en la SCP 0054/2012 de 9 de abril, refirió que: ‘La acción de libertad es una acción tutelar de carácter extraordinario, que fue instituida en la Constitución Política del Estado abrogada en su art. 18, y ahora como acción de libertad en el orden constitucional vigente en el art. 125, manteniendo el mismo carácter y finalidad de protección a la libertad física o personal, o de locomoción y al debido proceso vinculado con la libertad, además de haber ampliado su ámbito de aplicación y protección haciéndola extensible al derecho a la vida, por lo que se constituye en una garantía constitucional por el bien jurídico primario (vida) y fuente de los demás derechos del ser humano…’. En el marco de lo señalado, y dada la naturaleza especialísima y extraordinaria de las acciones de defensa, así como su carácter de sumariedad, vinculatoriedad y obligatorio cumplimiento, a la luz de los principios de seguridad jurídica, eficacia y eficiencia, así como en resguardo del derecho a la tutela judicial efectiva, no es viable interponer dos o más acciones tutelares con el mismo fin cuando una anterior acción se encuentra pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional; razonamiento que encuentra su génesis en el desarrollo doctrinal comprendido en la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, que refiriéndose a la imposibilidad de presentar una nueva acción tutelar cuando la primera que se planteó aún se encuentre en trámite. En ese sentido concluyó señalando que: `Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal [de garantías](…). A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías´ (las negrillas nos corresponden). No obstante lo señalado, la eficacia de la resolución emitida por los tribunales o jueces de garantías, es a partir de su notificación, que se produce a tiempo de la lectura de la misma en la propia audiencia, y su ejecución es inmediata; así lo establecieron las normas contenidas en el art. 126.IV de la CPE; en consecuencia, aun cuando dicho fallo no hubiera adquirido aun, la calidad de cosa juzgada, su cumplimiento es inmediato; y por lo mismo, cualquier decisión asumida en su cumplimiento, puede ser reclamada mediante el recurso de queja consagrado en el art. 16 de la norma constitucional, a presentante y tramitarse exclusivamente por parte del Tribunal de garantías, mientras el fallo no hubiera merecido la emisión de una sentencia constitucional plurinacional, no siendo posible que para lograr su cumplimiento o repudiar lo determinado en la misma, se active otra acción de defensa; cuando la primera aún está en trámite”.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, alega la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la libertad; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual con agravante, la Vocal accionada, a través del Auto de Vista de 12 de octubre de 2022, declaró procedente en parte la apelación incidental que opuso, en relación al presupuesto material, en lo demás confirmó la Resolución de 19 de septiembre de 2022 en cuanto a los riegos procesales y la necesidad de la aplicación de la detención preventiva, resolución que se basa en conjeturas y suposiciones, así como existe ausencia de valoración de la prueba; además incurriendo en: 1) Incongruencia aditiva porque agrava su situación jurídica, estableciendo de manera extra petita la concurrencia del supuesto material; no obstante que, habiendo encontrado mérito en su reclamo, debió disponer su libertad y expedir el mandamiento de libertad, sin escudarse en la resolución constitucional de una anterior acción de libertad que anuló su primera decisión; incorporando el presupuesto material de forma ultra petita; 2) En omisión ilegal al no haberse pronunciado y expuesto otorgando razones suficientes para la construcción y acreditación del indicador del art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ni haberse pronunciado sobre el riesgo del art. 235.2 del mismo código, incumpliendo e inobservando exigencias jurisprudenciales vinculantes; 3) Omitió otorgar respuesta congruente sobre el agravio de incumplimiento de la condición de validez legal de la detención preventiva prevista en el art. 233 del CPP; ni por qué el resto de las medidas previstas en el art. 231 bis procesal son insuficientes; al contrario, distorsionó el requisito de validez legal, porque mencionó a otros aspectos relativos a la ponderación de derechos, aplicación de perspectiva de género, principio de veracidad de la declaración de la víctima, que serían valederos para justificar la necesidad e idoneidad de la detención preventiva, por consiguiente incurrió en una incongruencia y no cumplió con la reserva legal exigida en los arts. 233 párrafo primero y 231 bis del CPP; y, 4) No se pronunció sobre el agravio de la acreditación del tiempo o plazo de duración de la detención preventiva de cuatro meses.

En ese marco, conforme a los datos y antecedentes contenidos en el expediente, de forma previa, se verificará el cumplimiento de los presupuestos de procedencia para activar la presente acción de defensa. En esas circunstancias, se tiene que la autoridad hoy demandada en un primer momento, emitió el Auto de Vista de 4 de octubre de 2022; a través del cual, declaró procedente la apelación incidental opuesta por el hoy accionante, en consecuencia, anuló la Resolución de 19 de septiembre de 2022, disponiendo que la autoridad a quo dicte una nueva Resolución. De acuerdo a lo afirmado por el propio solicitante de tutela y la autoridad hoy demandada, este Auto de Vista fue impugnado a través de una acción de libertad contra la Vocal ahora también accionada; acción de defensa que fue resuelta por Resolución 08/2022 de 10 de octubre, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Cochabamba, que concedió la tutela impetrada dejando sin efecto el Auto de Vista referido, aspecto corroborado en el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional, en el cual se evidencia la existencia de una primera acción de libertad, interpuesta por el accionante, signada con el número de expediente 51027-2022-103-AL. En cumplimiento de la Resolución de la Jueza de garantías citada en el párrafo anterior, la autoridad hoy accionada pronunció el Auto de Vista de 12 de octubre de 2022, que fue impugnado en la presente acción de libertad; sin embargo, se tiene que este último Auto de Vista es una decisión producto del cumplimiento de la Resolución 08/2022 de 10 de octubre; consecuentemente, la autoridad demandada, al emitir su decisión no hizo otra cosa que dar cumplimiento a la Resolución constitucional del Juez de garantías. En ese marco; se tiene que el accionante no consideró que conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, no es posible activar otra acción de defensa constitucional a efecto de cuestionar decisiones de autoridades o personas particulares que emerjan de decisiones de los jueces o tribunales de garantías, así como del Tribunal Constitucional Plurinacional, impedimento que hace improcedente a la acción tutelar. En efecto, la primera acción de libertad, conforme se advierte del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional, aun no adquirió calidad de cosa juzgada, debido a que a la fecha se encuentra pendiente de revisión; por lo tanto, no correspondía que el accionante interponga otra acción de libertad contra el Auto de Vista de 12 de octubre de 2022, que fue emitido como consecuencia de lo determinado en la primera acción tutelar, instancia a la cual el impetrante de tutela podía acudir para reclamar los hechos traídos en esta acción, conforme establece el art. 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Consecuentemente, no puede analizarse el fondo de esta nueva acción de amparo constitucional, por cuanto, será la Jueza de garantías, quien deberá conocer, resolver y finalmente establecer el verdadero alcance de la concesión de la tutela; por ello, al emerger los supuestos actos lesivos ahora denunciados por la impetrante de tutela, del cumplimiento de la Resolución 01/2018 de 19 de marzo, confirmada por la SCP 0556/2018-S4 de 19 de septiembre, corresponde denegar la tutela solicitada. Por consecuencia, esta Sala Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, no ingresará al análisis de fondo de la presenta acción de defensa, en tal razón, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 179 a 191, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0327_2025-S4.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 40ef2c108eff5b52c02ad584b03d4021e5b35aa0081a3342ef0ec2083981c86d

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