Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 23 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como, al principio de celeridad; puesto que, la Jueza ahora accionada: a) Señaló audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, fuera del plazo de las cuarenta y ocho horas establecido por el art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173; y, b) El día fijado para la indicada audiencia no instaló la misma, siendo informados por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, que no se llevaría a cabo por órdenes de la Jueza hoy accionada y pidiendo se retiren del lugar, situación que ocasionó que continúe recluido en la cárcel, privado de su libertad hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Alcance del debido proceso y el trámite de la cesación de las medidas cautelares personales -cesación de la detención preventiva-; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso; así como, el principio de celeridad, con relación a la segunda problemática, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; disponiendo:
a) Que en el término de veinticuatro horas de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale e instale hasta su conclusión, audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del plazo legal, siempre y cuando no se hubiese efectuado la misma y no se hubiese modificado la situación jurídica de Vladimir Puente Bustos; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso; así como, el principio de celeridad, con relación a la primera problemática, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 3° Se exhorta a la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, corregir la actuación de la Secretaria de su Juzgado, conforme con lo analizado en la primera problemática y respecto al cumplimiento de su obligación como servidora de apoyo judicial establecido por el art. 94.I.1. de la LOJ.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0327/2025-S1 Sucre, 23 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54196-2023-109-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2023 de 8 de marzo, cursante de 53 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vladimir Puente Bustos contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
El accionante por memorial presentado el 13 de febrero de 2023, cursante de fs. 24 a 29, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Mayra Coca Arteaga -hoy tercera interesada- contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis.1 del Código Penal (CP) fue imputado. Asimismo, por Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2023, la Jueza hoy accionada dispuso su detención preventiva en “la cárcel pública” -Centro de Readaptación Productiva Montero (CERPROM)-. Mediante memorial de 3 de febrero de 2023, solicitó la cesación de su detención preventiva, que por decreto de 8 de ese mismo mes y año, la Jueza ahora accionada señaló audiencia para considerar su pedido, a celebrarse de manera presencial el 10 de igual mes y año, a las 10:15 horas; sin embargo, en esa fecha no se instaló la misma y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, indicó que al no instalarse la audiencia no había ninguna acta de suspensión, refiriendo ‘“Váyanse que no habrá audiencias por orden de la Juez”’ (sic). La decisión de la Jueza hoy accionada de no llevar a cabo la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva fijada para el 10 de febrero de 2025, a las 10:15 horas, afecta sus derechos. En ese entendido, al no instalarse la misma, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, a las 11:00 horas del día de la citada audiencia indicó que nos retiremos, siendo que debía instalarse ese acto procesal en la hora pactada y fundamentar las razones para diferirla a horas posteriores, situación que ocasionó que siga y continúe recluido en la CERPROM privado de su libertad “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa-. La solicitud de cesación de su detención preventiva, se interpuso el 3 de febrero de 2023, teniendo la Jueza hoy accionada cuarenta y ocho horas de acuerdo a lo establecido por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) concordante con lo dispuesto por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, para resolver la misma; es decir, hasta el 7 de febrero de 2023, que debió ser resuelto; sin embargo, en desconocimiento de la norma se señaló audiencia el 10 del citado mes y año, pasadas las cuarenta y ocho horas, cuatro días después del plazo que por ley debió ser resuelto, advirtiéndose la falta de celeridad e incumplimiento del derecho al debido proceso, atentando su derecho a la libertad.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como, al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que la Jueza ahora accionada, desarrolle la audiencia pública y emita resolución fundamentada de cesación de su detención preventiva, al cumplirse con los plazos previstos por el art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173, y sea dentro de las veinticuatro horas; resolución que debe ser de conocimiento de la instancia constitucional.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 52 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que: a) Luego de que la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, les comunicara la suspensión de la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva formulada sin ninguna razón y que se retiren del lugar, la Jueza hoy accionada emitió el decreto de 10 de febrero de 2023, indicando que tenía una audiencia; por lo que, no podía desarrollar dicha audiencia; b) En ese decreto, no señala día ni hora de reprogramación de audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, siendo que debía respetar el debido proceso y convocar a las partes procesales a la citada audiencia; c) En “fecha 17” -se entiende 17 de febrero de 2023-, se convocó a una nueva audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva; ese señalamiento fue efectuado por el Juez de turno y no por la Jueza hoy accionada. Dicho Juez desarrolló la audiencia, en la cual le solicitó que presente nueva documentación para poder acceder a la cesación de su detención preventiva; d) El 27 de igual mes y año, se suspendió la audiencia; posteriormente la Jueza ahora accionada convocó a otra audiencia el 2 de marzo de dicho año. El 6 de ese mismo mes y año, también se suspendió la audiencia programada. La citada Jueza señaló audiencia para el 8 del mencionado mes y año, que igualmente fue suspendida alegando no tener el cuaderno de control jurisdiccional; e) La SCP “008/2018 del 23 de marzo de 2018”, señala que los entes judiciales no pueden sobreponer el aspecto formal sobre los aspectos sustanciales; por lo que, la Jueza hoy accionada deberá resolver su situación legal como imputado, denotando la vulneración del derecho al debido proceso; porque todas las instancias judiciales deben cumplir con lo establecido por los arts. 115 y 180 de la CPE, respecto del indicado derecho y al principio la celeridad; sin dilatar ni interrumpir lo dispuesto por la ley; f) Si la Jueza ahora accionada propuso una audiencia para el 3 de febrero de 2023 y “a la fecha” -se entiende de interposición de la acción tutelar-no resuelve su solicitud de cesación de su detención preventiva, vulnera su derecho a la libertad y se encuentra detenido sin conocer su situación jurídica; g) Al dilatar sin ninguna justificación jurídico legal -el desarrollo de la audiencia-, genera que su persona no cuente ni pueda acceder a su libertad; situación que no solo le afecta a él, sino, también a su entorno familiar, al no poder cubrir con los gastos necesarios de su hogar; y, h) Solicita se conceda la tutela peticionada y se proceda con la liberación de su persona; ya que, desde el 13 de igual mes y año, hasta marzo de ese año, son tres meses esperando un pronunciamiento de la Jueza hoy accionada que no existe; por lo que, se ordene a la instancia que corresponda, que se emita la resolución fundamentada en el plazo de cuarenta y ocho horas. De manera personal, el accionante solicitó que se disponga su libertad; ya que; tiene un daño psicológico que afecta a su familia, a sus padres que son mayores de edad, sus hermanos e hijas, a quienes les brindaba el sustento; puesto que, debería estar trabajando para mantener a su familia.
Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 42.
Francoise Cecilia Barrón Márquez, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 42. Mayra Coca Arteaga, en audiencia manifestó que: 1) Se encuentra de acuerdo con que liberen a su esposo de una vez; ya que, esa situación produce un daño psicológico a sus hijas; además, de tener deudas con un banco que ocasiona que una de ellas intenta dejar sus estudios por trabajar y ayudar a mantener a su familia; y, 2) Pide se libere al accionante para que se haga cargo de sus hijas y les otorgue la mejor educación, caso contrario quedarían desamparadas en sus estudios y salud.
La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 53 a 54 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando que la Jueza hoy accionada que tiene a su cargo el proceso del cual emerge la presente acción tutelar, bajo el principio de celeridad y el debido proceso, resuelva de manera inmediata la solicitud de cesación de la detención preventiva -del accionante- y sea en el plazo establecido por ley; es decir, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) De lo manifestado por el accionante y de la documentación adjunta a la presente acción de defensa, se evidencia que el 3 de febrero de 2023, presentó un incidente de cesación de la detención preventiva, en cuya Nota de ingreso a despacho la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del indicado departamento, hizo constar que por la recarga procesal pasó a despacho el 8 de ese mes y año; por lo que, se llama la atención a dicha Secretaria; ya que, si bien todos los juzgados tienen recarga procesal, no resulta un argumento válido esa aseveración, con la finalidad de evitar dilaciones indebidas, mucho más si están vinculadas a la libertad; ii) Sobre el reclamo que conforme al decreto de la referida fecha, se señaló audiencia para el 10 del mismo mes y año, a las 10:15 horas; no se advierte acta que conste la instalación de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; es decir, “se encuentra evidente” los extremos mencionados por el accionante que no fueron confrontados por la Jueza hoy accionada al no presentar su informe y tampoco enviar el cuaderno de control jurisdiccional, de lo que se llega a presumir la no instalación de la citada audiencia; por lo que, se encuentran evidentes los extremos mencionados; puesto que, debió ser resuelto hace más de veinte días esa audiencia y aún continúa pendiente de que se instale; iii) El principio de celeridad que comprende a una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, tiene un carácter obligatorio y además vinculante, para todo el órgano del poder público, como los servidores públicos que interpretan y aplican la Constitución Política del Estado y las leyes; iv) Toda solicitud en la que se encuentra de por medio el derecho a la libertad debe ser tramitada de manera inmediata y oportuna con el propósito de no restringir ilegalmente el mencionado derecho fundamental; y, v) Al evidenciarse la demora procesal en la que incurrió la Jueza ahora accionada, al no instalar la audiencia de cesación de la detención preventiva referida, que se encuentra vinculada al derecho a la libertad, corresponde conceder la tutela solicitada bajo el principio de celeridad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 3 de febrero de 2023, ante Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -hoy accionada-, Vladimir Puente Bustos -ahora accionante-solicitó la cesación de su detención preventiva; asimismo, cursa Nota de la Secretaria del indicado Juzgado, que refiere el ingreso de ese memorial a despacho el 8 del citado mes y año, debido a la recarga procesal (fs. 19 a 22). II.2. Cursa decreto de 8 de febrero de 2023, emitido por la Jueza hoy accionada; en el que, se señaló audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del accionante para el 10 del citado mes y año, a las 10:15 horas (fs. 23).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como, al principio de celeridad; puesto que, la Jueza ahora accionada: a) Señaló audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, fuera del plazo de las cuarenta y ocho horas establecido por el art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173; y, b) El día fijado para la indicada audiencia no instaló la misma, siendo informados por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, que no se llevaría a cabo por órdenes de la Jueza hoy accionada y pidiendo se retiren del lugar, situación que ocasionó que continúe recluido en la cárcel, privado de su libertad hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Alcance del debido proceso y el trámite de la cesación de las medidas cautelares personales -cesación de la detención preventiva-; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, 3) Análisis del caso concreto.
Al respecto, la Constitución Política del Estado, así como la uniforme jurisprudencia constitucional, establecieron al debido proceso en su triple dimensión, como derecho, garantía y principio, a partir de lo cual las autoridades jurisdiccionales; entre ellos los jueces y tribunales, de conformidad a lo establecido por el art. 115 de dicha Constitución, tienen la obligación de proteger oportuna y efectivamente a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; así como de garantizarles el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. En ese mismo sentido, a través de los arts. 178.I y 180.I, la Norma Suprema prevé que la potestad de impartir justicia, así como la jurisdicción ordinaria, se sustentan, entre otros, en los principios procesales de celeridad, eficacia, eficiencia, como elementos esenciales del derecho al debido proceso. En cuanto a la celeridad, en la tramitación de los procesos penales, con la finalidad de resolver de manera pronta y oportuna los conflictos que de ellos derivan, se implementaron procedimientos para agilizar y dinamizar el trámite de las causas penales, y reducir la retardación de justicia para garantizar precisamente el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; a tal efecto, se promulgó la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que entre otras normas, modifica el art. 239 del CPP relativa al plazo que tiene la autoridad jurisdiccional para resolver la cesación de las medidas cautelares personales, ente ellas la detención preventiva; norma procesal que a su vez tuvo modificaciones mediante la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, que mantuvo el plazo para resolver la mencionada cesación, de acuerdo a los siguientes términos: “Artículo 239. (Cesación de las Medidas Cautelares Personales). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención. No será aplicable el presente numeral en delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación de infante, niña, niño o adolescente, infanticidio y narcotráfico o sustancias controladas; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite debidamente que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal. En los casos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente solo aplicará la debida acreditación en caso de enfermedad terminal, mediante dictamen médico forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); y, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores; delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra, narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 del presente Código” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0472/2022-S1 de 24 de junio, señala que: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (…) Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que, cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y si el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R de 27 de julio” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como, al principio de celeridad; puesto que, la Jueza ahora accionada: i) Señaló audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, fuera del plazo de las cuarenta y ocho horas establecido por el art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173; y, ii) El día fijado para la indicada audiencia no instaló la misma, siendo informados por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, que no se llevaría a cabo por órdenes de la Jueza hoy accionada y pidiendo se retiren del lugar, situación que ocasionó que continúe recluido en la cárcel, privado de su libertad hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa.
De la revisión de antecedentes se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la hoy tercera interesada contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Fiscal de Materia informó a la Jueza ahora accionada, el inicio de las investigaciones y presentó la imputación formal respectiva (fs. 3 a 12); es así que se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 8 de noviembre de 2022, en la cual, la referida autoridad judicial entre otros aspectos, por Auto 796/2022 de 8 de noviembre, dispuso la detención preventiva del accionante por el plazo de seis meses a cumplirse en el CEPROM (fs. 13 a 18). El 3 de febrero de 2023, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva; cursando una Nota de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, refiriendo que pasaba a despacho el cuaderno de control jurisdiccional el 8 del citado mes y año, debido a la recarga procesal (Conclusión II.1.); emitiendo la Jueza ahora accionada, el decreto de 8 del mismo mes y año; por el cual, señaló audiencia para considerar esa solicitud, el 10 de igual mes y año, a las 10:15 horas (Conclusión II.2.). Establecidos los antecedentes procesales, de las problemáticas identificadas en la presente acción de defensa, se evidencia que el accionante que precisa como los actos vulneratorios de sus derechos, el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, fuera del plazo de las cuarenta y ocho horas establecido por el art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173 -y a su vez por la Ley 1443-; y, el no haberse instalado esa audiencia en la fecha y hora fijadas, lo que ocasionó que continúe recluido en la cárcel, privado de su libertad hasta la interposición de la presente acción de defensa. En cuanto a la primera problemática, se advierte que luego de que el accionante presentó su memorial de solicitud de cesación de su detención preventiva, el 3 de febrero de 2023, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, recién ingresó ese memorial a despacho de la Jueza hoy accionada el 8 del citado mes y año, alegando recarga procesal; siendo que de acuerdo a lo establecido por el art. 94.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), dicha Secretaria tiene la obligación de: “Pasar en el día, a despacho, los expedientes en los que se hubiese presentado escritos y otros actuados, para su providencia, así como cualquier otro libramiento”. En ese sentido, al no cumplir con una de las obligaciones específicas de su función como servidora de apoyo judicial, ocasionó que la autoridad judicial no tome oportuno conocimiento de la solicitud del accionante, no siendo el argumento de la recarga procesal un justificativo para obviar el cumplimiento de sus funciones desarrolladas, en el presente caso concreto, con evidente negligencia y dejadez. A pesar de esa actuación irregular de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, se advierte que el memorial del accionante; por el cual, solicitó la cesación de su detención preventiva amparado en lo establecido por el art. 239.1 del CPP modificado por la Ley 1173 -y luego por la Ley 1443-, ingresó al despacho judicial el 8 de febrero de 2023, habiendo señalado la Jueza ahora accionada audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva, el 10 del citado mes y año, a las 10:15 horas; en ese sentido, y teniendo en cuenta la normativa mencionada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que la nombrada Jueza señaló la referida audiencia cumpliendo el plazo establecido por el citado art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173 -y a su vez por la Ley 1443-; es decir, dentro de las cuarenta y ocho horas que prevé esa norma procesal. Por lo expuesto no resulta evidente la denuncia de falta de celeridad y vulneración del derecho al debido proceso, relacionado con el incumplimiento en el señalamiento de la audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, al evidenciarse que la Jueza hoy accionada dio cumplimiento al plazo estipulado en la normativa procesal y actuando conforme a procedimiento; motivo por el cual, corresponde denegar la tutela solicitada en cuanto a la primera problemática. En ese marco, a pesar de esa determinación, y debido a la actuación negligente de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, corresponde exhortar a la Jueza ahora accionada que en su condición de encargada, de velar por la correcta actuación de los funcionarios de apoyo judicial a su cargo, a que corrija el accionar de dicha Secretaria y que en el futuro cumpla con sus obligaciones, en especial cuando se trate de solicitudes realizadas por detenidos preventivos. Respecto a la segunda problemática, en la cual el accionante denuncia que la audiencia programada para considerar la cesación de su detención preventiva, no fue instalada por la Jueza hoy accionada en la fecha y hora fijada, habiendo indicado la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, que debían retirarse del lugar, situación que ocasionó que continúe recluido en la cárcel, privado de su libertad hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional. Al respecto, el accionante en la ampliación efectuada dentro de esta acción tutelar señaló que efectivamente la Jueza ahora accionada no instaló la audiencia de cesación de su detención preventiva fijada para el 10 de febrero de 2023; sin embargo, hizo conocer por medio de un decreto de la misma fecha, que se encontraba en otra audiencia y por eso no pudo llevar a cabo esa audiencia de cesación; empero, no señaló día ni hora para reprogramar la misma; así también, refirió que la Jueza hoy accionada el 27 del indicado mes y año, suspendió otra audiencia y convocó a una nueva para el 2 de marzo de igual año, que también fue suspendida, fijando otra para el 8 del señalado mes y año, que igualmente fue suspendida alegando no tener el cuaderno de control jurisdiccional. Si bien esos antecedentes no pudieron ser corroborados, sin embargo, al no remitir la Jueza ahora accionada el cuaderno de control jurisdiccional, a pesar de su solicitud formal por parte de la Jueza de garantías (fs. 41), ni presentar un informe al respecto para esclarecer todas esas circunstancias; empero, la decisión de interponer la presente acción tutelar con sus efectos consiguientes, en el caso concreto, y la falta de instalación de la audiencia fijada para el 10 de febrero de 2023, sin ningún argumento valedero que justifique esa omisión, ni expresar circunstancia alguna que evidencie el control y seguimiento del trámite que se encontraba a su cargo; así como, la suspensión de las otras audiencias programadas de manera posterior, evidencian una actuación ilegal de dicha autoridad judicial y al margen del procedimiento, que vulnera el derecho al debido proceso del accionante, entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos casos en que se encuentran en una situación similar; de igual manera, el principio de celeridad en el marco de la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, al tratarse de una persona privada de su libertad personal. En ese sentido, de acuerdo al principio de celeridad, toda autoridad que conozca de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe efectuar las diligencias judiciales con la prontitud debida y sin ninguna demora en el desarrollo y continuidad del proceso; ya que, la tardía atención a una petición formulada ante un juez, afecta el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica; más aún, cuando se trata del derecho a la libertad de una persona que se encuentra restringido por una medida cautelar, como en el presente caso, en el que el accionante se encuentra detenido preventivamente. Esa inobservancia del derecho al debido proceso vinculado con el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y la conculcación del principio de celeridad, advertidas en las actuaciones procesales de la Jueza ahora accionada, que en definitiva afectó el derecho a la libertad del accionante, sobre quien pesa una medida cautelar que restringe ese derecho, ocasionadas por la falta de instalación y realización de la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada; se constituyen en suficientes razones para conceder la tutela peticionada en cuanto a la segunda problemática examinada, a objeto de que la referida Jueza celebre ese actuado procesal y defina la situación jurídica del accionante conforme corresponda en derecho y a la brevedad posible. En secuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada, obro de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso; así como, el principio de celeridad, con relación a la segunda problemática, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; disponiendo:
a) Que en el término de veinticuatro horas de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale e instale hasta su conclusión, audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del plazo legal, siempre y cuando no se hubiese efectuado la misma y no se hubiese modificado la situación jurídica de Vladimir Puente Bustos; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso; así como, el principio de celeridad, con relación a la primera problemática, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 3° Se exhorta a la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, corregir la actuación de la Secretaria de su Juzgado, conforme con lo analizado en la primera problemática y respecto al cumplimiento de su obligación como servidora de apoyo judicial establecido por el art. 94.I.1. de la LOJ. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0327_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2fce0b1e2f8be926ee527f1be24034942ee75602d881531e1443354eef87779f
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