Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación o doble instancia; toda vez que, las autoridades y el personal de apoyo jurisdiccional, incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) Los Vocales demandados emitieron el arbitrario e ilegal Auto de Vista 194/2022 de 15 de junio: a.1) Careciendo de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que invocaron el Auto Supremo 376 de 19 de abril de 2016, distorsionando el entendimiento del mismo, puesto que no contiene antecedentes fácticos similares, no diferenciaron los términos contestación a la demanda y contrademanda o demanda reconvencional, que el primero se constituye un pronunciamiento expreso positivo o negativo en relación a la demanda y el segundo es una genuina pretensión, en este caso los demandados promovieron la demanda reconvencional de usucapión exigiendo su admisión, sometiéndose de forma expresa a la jurisdicción del Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, a.b) Omitieron pronunciarse respecto a la excepción de litispendencia, señalando que al existir el retiro de la apelación formulada por parte de los demandados, no corresponde ingresar al fondo por no identificarse agravio, olvidándose que su persona como demandante también formuló recurso de apelación con relación a la excepción de litispendencia, que no resolvió el Juez suplente; b) Los Jueces demandados ante su recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto el 17 de noviembre de 2021 co…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 220/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 386 a 390, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0327/2024-S1 Sucre, 19 de junio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 50644-2022-102-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 220/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 386 a 390, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Luque Chambi contra Rosario Verónica Sánchez Sánchez e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil y Comercial Tercera y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Patricia Mabel Aguilar Aguilar, Jueza; y, Mariela Carminia Aguilar Colque, Oficial de Diligencias, ambas del Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital; Carolina Enny Terrazas Siles, Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimosegunda de la Capital; y, Omar Kucharsky Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur, todos del indicado departamento.
Por memoriales presentados el 15 y 27 de julio de 2022, cursantes de fs. 298 a 313; y, 320 a 336 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Es propietario de un bien inmueble situado en la avenida Villa Nueva, callejón Los Pinos 1042, de la localidad de Achocalla, con una superficie de total 3600 m, adquirido de su anterior propietaria María Elena Chacón de Catacora, bajo las siguientes modalidades: a) Contrato de Venta por el que se transfirió el bien inmueble con superficie de 1800 m, conforme el Testimonio 155/1999 de 12 de marzo, suscrito ante la Notaria de Fe Pública 84, con inscripción en la Oficina de Derechos Reales (DDRR) el 18 de julio de 2017, bajo la Matrícula Computarizada 2.01.3.01.0066909; y, b) Transferencia denominada “Contrato consigo mismo”, previsto en el art. 471 del Código Civil (CC), perfeccionado y consolidado a través de la suscripción del Testimonio 162/2019 de 21 de febrero, otorgado ante la Notaria de Fe Pública 49, referente a la transferencia de un lote de terreno, con la extensión de 1800 m, con registro de inscripción de 24 de octubre de 2019, bajo Matricula Computarizada 2.01.3.01.0078923. Por lo que, las dos transferencias se constituyen un solo inmueble con la superficie total de 3600 m, ambos colindantes dentro de un mismo muro perimetral, conforme se establece de los visados de plano de la Alcaldía Municipal de Achocalla. En ese entendido, formalizó el proceso ordinario de acción reivindicatoria, mejor derecho propietario y nulidad de escritura pública contra Lucia Rodríguez de Melgarejo, Reyner Witmer y Manuel Wilson, ambos Melgarejo Rodríguez -ahora terceros interesados-, que radicó en el Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, solicitando en reiteradas oportunidades su admisión, pretensiones que merecieron evasivas por el entonces Juez José Luis Mamani Moya a cargo del mismo; no obstante, de presentar los varios memoriales, dicha autoridad judicial emitió el Auto 78/2020 de 22 de julio, declarando por no presentada su demanda, ante lo cual formuló recurso de apelación, mereciendo Auto de Vista 487/2020 de 9 de noviembre, que confirmó la determinación del Juez a quo; por lo que, interpuso una acción de amparo constitucional el 20 de mayo de 2021, emitiéndose la Resolución 141/2021 de 9 de julio, que le concedió la tutela; en consecuencia, se emitió el nuevo Auto de Vista 292/2021 de 11 de agosto, que anuló el Auto 78/2020, ordenando que el Juez de la causa, dicte nueva resolución; por lo que, mediante Auto de 30 de agosto de similar año, se admitió su demanda corriéndola en traslado; ante lo cual, los demandados formularon excepciones de incompetencia y litispendencia el 11 de octubre de igual año y por memorial de 3 de noviembre de mismo año su persona contestó dichas excepciones sin ser notificado y solicitó se disponga la notificación a María Elena Chacón de Catacora con el planteamiento de las excepciones formuladas, a efecto que en su condición de anterior propietaria del bien inmueble objeto de litis, asuma la responsabilidad de evicción y saneamiento. Posteriormente, a través de decreto de 4 de igual mes y año, Carolina Enny Terrazas Siles, Jueza Publica Civil y Comercial Vigesimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal, rechazó su solicitud de convocatoria y citación a la garante de evicción, expresando que previamente aclare su solicitud en consideración al art. 58 del Código Procesal Civil (CPC), señalando que el único sujeto procesal que puede solicitar la notificación al garante de evicción y saneamiento es la parte demandada y no así su persona como demandante, y que además los demandados opusieron las referidas excepciones. Ante lo cual, formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación, mereciendo el decreto de 19 de noviembre de 2021, emitido por Omar Kucharski Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur del mismo departamento, en suplencia legal; sin embargo, no existe resolución por parte de la autoridad judicial y menos aún la remisión de obrados al Tribunal de alzada. Los Jueces demandados ante su recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto el 17 de noviembre de 2021 contra el decreto de 4 de igual mes y año, emitieron el decreto de 19 de mismo mes y año; sin remitir obrados al Tribunal de alzada. Asimismo, por Auto Interlocutorio 267 A/2021 de 29 de noviembre, el referido Juez suplente declinó competencia del proceso a la localidad de Achocalla, después de los demandados haber consentido de forma expresa la competencia al presentar demanda reconvencional de usucapión el 29 de octubre de 2021 y dicho Auto Interlocutorio que resolvió la excepción fue emitido posteriormente el 29 de noviembre del mismo año; por lo que, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, puesto que se declinó competencia después de un mes de la presentación de la demanda reconvencional. De igual modo, formuló el recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2022, emitido por el aludido Juez suplente, quien no se pronunció con relación a la excepción de litispendencia promovida de forma conjunta por los demandados, quienes posteriormente retiraron la excepción de litispendencia a momento de contestar el recurso de apelación que interpuso su persona. Posteriormente, el 25 de febrero de 2022 solo se remitió su recurso de apelación en relación a la declinatoria de competencia en razón de territorio ante los Vocales de la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que a través del arbitrario e ilegal Auto de Vista 194/2022 de 15 de junio, confirmaron el Auto Interlocutorio 267 A/2021, careciendo de fundamentación, motivación y congruencia, el cual le fue notificado recién el 4 de julio de 2022, señalando que el inmueble objeto de litis se encuentra ubicado en la Avenida Villa Nueva, callejón Los Pinos 1042 de la localidad de Achocalla; haciendo referencia al art. 13 del CPC, e invocando el Auto Supremo 376 de 19 de abril de 2016, distorsionando el entendimiento del mismo, puesto que no contiene antecedentes fácticos similares, y no diferenciaron los términos contestación a la demanda y contrademanda o demanda reconvencional, que el primero se constituye un pronunciamiento expreso positivo o negativo en relación a la demanda y el segundo es una genuina pretensión, en este caso los demandados promovieron la demanda reconvencional de usucapión exigiendo su admisión, sometiéndose de forma expresa a la jurisdicción del Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; asimismo, omitieron pronunciarse respecto a la excepción de litispendencia, señalando que al existir el retiro de la apelación formulada por parte de los demandados, no corresponde ingresar al fondo por no identificarse agravio, olvidándose que su persona como demandante también formuló recurso de apelación con relación a la excepción de litispendencia, que no resolvió el Juez suplente.
Finalmente, respecto a Mariela Carminia Aguilar Colque, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de la Capital del departamento de La Paz, incurrió en las siguientes irregularidades: 1) El Auto Interlocutorio 267 A/2021 de 29 de noviembre, le fue notificado a través de WhatsApp el 6 de enero de 2022; es decir, después de un mes y quince días; 2) El decreto de 1 de noviembre de 2021, que observo la demanda reconvencional de usucapión, hasta la fecha no fue notificada; no obstante, que los demandados consignaron el celular de su abogada; 3) La excepción de incompetencia presentada el 11 de octubre de 2021 hasta el 11 de enero de 2022 no fue notificada a su persona, transcurriendo más de tres meses; no obstante, que se consignó número de celular para efectos de notificación; 4) Mediante memorial de 7 de septiembre de 2021 adjunto prueba que fue admitida por decreto de 9 de igual mes y año, que ordeno la notificación a los demandados; empero, no fueron notificados; y, 5) El 17 de noviembre de 2021, presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de 4 de similar mes y año; empero, no se notificó el recurso de apelación trascurriendo más de un año.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación o doble instancia, sin citar norma constitucional alguna que los contenga.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: i) La nulidad del Auto de Vista 194/2022 de 15 de junio, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuya decisión carece de fundamentación y congruencia interna y externa, debiendo respetar las reglas de competencia por prorroga expresa en razón de territorio, debiendo conocer la causa el Juzgado Publico Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del mismo departamento; ii) “Con relación a los jueces del juzgado publico civil comercial 21 de la ciudad de La Paz, hasta la fecha NO han tramitado el recurso de reposición conjuntamente el recurso de apelación en contra de la negativa del pedido del señor juan Luque chambi de convocar a la garante de evicción que es la anterior propietaria de los inmuebles siendo la misma María Elena Chacón de Catacora, siendo que la juez Carolina Terrazas rechazo mediante un decreto escueto esta pretensión legitima del señor Juan Luque Chambi siendo que para esa fecha del rechazo de la pretensión de convocatoria a la garante de evicción ya se presentó con posterioridad en su contra la demanda reconvencional de USUCAPION petición que se REITERO en seis oportunidades a los jueces Carlina Terrazas, Omar Kucharsky montecinos y a la actual Juez titular Patricia Mabel Aguilar, siendo que esta última autoridad en fecha 22 de febrero de 2022 en la sexta oportunidad recepciono la queja de que se tramite el recurso de reposición y apelación en la sexta oportunidad recepciono la queja de que se tramite el recurso de reposición y apelación en contra del rechazo de la convocatoria a la garante de evicción y saneamiento que es la señora María Elena Chacón Catacora. Violándose el derecho a la impugnación o doble instancia de las resoluciones” (sic); iii) Respecto a Mariela Carminia Aguilar Colque, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, “…la misma no ha efectuado varias notificaciones que esta pendientes líneas antes descrita y se obligue el cumplimiento de sus funciones” (sic); y, iv) “Solicita se cubra la REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO de todos los accionados y la remisión de antecedentes al Ministerio Publico incluso por RETARDACION DE JUSTICIA Y DESOBEDIENNCIA a resoluciones de amparo constitucional” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 18 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 381 a 385 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela ratificó in extenso su memorial de acción tutelar. Asimismo, en audiencia virtual los miembros de la Sala Constitucional efectuaron las siguientes preguntas aclaratorias, a la parte accionante:
“PREGUNTA: Cual es el argumento de fondo que me señala, cual es la situación del proceso, en que esta este procedimiento. RESPUESTA: Este proceso es ordinario está en la etapa de excepciones ya sea ingresado audiencia seguimos en la primera fase señora presidenta y lamentablemente todavía hemos bueno se ha entrado algunas excepciones que después la primera fase. PREGUNTA: Parte accionante habiendo identificado cuál es el objeto de la pretensión en este caso me refiere que este acto le provoca lesión y no hay un acceso a la justicia, pero esta resolución no le niega el acceso a la justicia si no le dice váyase a otra jurisdicción o sea otro juez le va a atender en qué situación se encuentra en este proceso ya ha sido remitido al juez de Achocalla. REPUESTA: Sí evidentemente señora juez ya lo han remitido a la localidad de Achocalla. PREGUNTA: Cuál es el estado del proceso o sea qué actuaciones se han realizado ante esa autoridad. RESPUESTA: Se han solicitado el embargo preventivo y secuestro y la jueza ha dado curso en fecha 4 de agosto del año 2022. en la misma se ha designado como depositario al ahora accionante al señor Juan Luque Chambi en una audiencia preliminar. PREGUNTA: Ya se ha llevado a audiencia preliminar ante el juez de Achocalla. RESPUESTA: No señora vocal está se está señalando para el 30 de agosto del 2022 va a ser una audiencia que se tiene señalada en forma presencial le digo que mediante un auto interlocutorio sea designado como depositario al accionante al señor Juan Luque Chambi” (sic).
Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocal de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 18 de agosto de 2022, cursante de fs. 350 a 357 vta., manifestó que: a) La acción tutelar tiene fallas e incoherencias en su planteamiento, pues el accionante realizo una relación antecedentes del proceso mediante una extensa exposición que en los hechos más parece un recurso de casación en la forma, donde sin justificación solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista cuestionado, pretendiendo que la justicia constitucional actué como instancia casacional; b) El Auto de Vista cuestionado se circunscribe a la Constitución Política del Estado, Código Procesal Civil y las normas vigentes que rigen a la materia; empero, más allá, se consideraron los Autos Supremos 106/2022 de 14 de febrero y “376/2016”; asimismo, se encuentra fundamentado y motivado; c) Se analizó el primer agravio interpuesto por los demandados, ahora terceros interesados, quienes opusieron excepciones y plantearon la declinatoria de competencia el 11 de octubre de 2021, al respecto nótese que notificados que fueron los mismos mediante comisión instruida, mediantes un solo escrito plantearon la excepción de incompetencia y litispendencia, además de la declinatoria de competencia, y de forma posterior el 29 de igual mes y año, antes que se resuelva la declinatoria de competencia, respondieron a la demanda e interpusieron demanda reconvencional expresando: “…RESPONDIENDO A LA DEMANDA SOLO A EFECTOS DE NO QUEDAR EN INDEFENSION MIENTRAS SEA RESUELO POR SU JUZGADO LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA…” (sic), observándose que dicha excepción no fue resuelta hasta la fecha de presentación de la respuesta a la demanda; bajo ese marco, se consideró la jurisprudencia vertida en el Auto Supremo 376/2016, en cuanto a la importancia de resolver la excepción de incompetencia y la declinatoria de competencia, siendo ese el primer acto procesal realizado por los demandados como medio de defensa, y en previsión del art. 122 de la CPE, que establece son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción que no emane de la ley; toda vez que, las personas deben ser oídas ante autoridad competente; en ese contexto, el art. 12.1 inc. a) del CPC, señala que “En el proceso civil se observara las siguientes reglas de competencia: 1. En las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general, será competente: a) La autoridad judicial del lugar donde estuviere situado el bien litigioso o del domicilio de la parte demandada, a elección de la parte demandante” (sic), tomando en cuenta que se trata de una acción reivindicatoria y los objetos del proceso se encuentran ubicados en la localidad de Achocalla, bajo las Matrículas Computarizadas 2.01.3.01.0066909 y 2.01.3.01.0078923, ello conforme prueba documental aportada por el propio accionante; d) Por otra parte, se evidencia que los demandados tienen sus domicilios reales en la localidad de Achocalla, conforme las cédulas de identidad, y las diligencias realizadas mediante comisión instruida por la Oficial de Diligencias; consecuentemente, en aplicación del art. 12.1 inc. a) del CPC, únicamente la parte demandante tendría la posibilidad de escoger entre interponer la demanda donde los demandados tienen su domicilio o donde se encuentra el bien objeto de litis, y conforme se pudo verificar de obrados, ambas condiciones se cumplen y encontraría en la localidad de Achocalla, correspondiendo su tramitación al Juzgado Público, Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achocalla del departamento de La Paz, salvaguardado el principio de celeridad e inmediación; e) El art. 13 del CPC, determina que “La competencia por razón de territorio se puede prorrogar únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. En forma expresa, cuando ellas convienen en someterse a una autoridad judicial que para una o para ambas partes no es competente; en forma tácita, cuando la parte demandada contesta ante una autoridad judicial incompetente, sin oponer esta excepción”, nótese que en relación a este articulo la parte ultima señala “sin oponer esta excepción” con referencia a la excepción de incompetencia en razón de territorio; por lo que, se consideró que dicha excepción fue planteada en el primer actuado procesal realizado por los demandados, conjuntamente la excepción de litispendencia y la solicitud de declinatoria de competencia; f) Sobre la contestación a la demanda y la demandada reconvencional realizadas por los demandados, es preciso referir que fueron realizadas después del primer acto procesal de interposición de la excepción de incompetencia, litispendencia y solicitud de declinatoria de competencia; por lo que, se puede evidenciar que los demandados no se sometieron a la competencia del Juez y los mismos se encontraban a la espera de la resolución de la excepción de incompetencia y la declinatoria, siendo este de primordial importancia para el desarrollo del proceso; en consecuencia, no implica que en el primer acto procesal, los demandados hayan aceptado de forma expresa o tácita la competencia de la autoridad jurisdiccional debido a que previamente interpusieron la declinatoria de competencia y excepción de incompetencia en tiempo hábil y oportuno; g) En relación a la excepción de litispendencias, de obrados se establece que los demandados al momento de contestar la apelación, retiraron el recurso de reposición bajo alternativa de apelación en los siguientes términos: “… en el AUTO DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2022., se refiere que inicialmente SOLO se habría resuelto la excepción de incompetencia, y hace referencia a que la excepción de litispendencia será resuelto por el juez COMPETENTE, que en ese caso será el juez de ACHOCALLA, por lo que nuestras personas se encuentran conformes con tal disposición y retiramos la alternativa de apelación a la RESOLUCIÓN N° 264 A/2021 de fecha 29 de Noviembre del 2021., Solicitando se tenga presente” (sic), siendo necesario invocar el art. 367.III del CPC, que establece “Las excepciones, nulidades y otras cuestiones propuestas por las partes serán resueltas en una sola resolución dictada en audiencia para sanear e proceso, salvo que la autoridad judicial se declare incompetente, en cuyo caso no se resolverán otras cuestiones”, hecho particular que aconteció en el caso, habiendo el Juez a quo actuado conforme a derecho al haber resuelto la excepción de incompetencia y declinado competencia, no correspondiendo resolver la excepción de litispendencia; h) El accionante ante la emisión del Auto de Vista cuestionado no solicito complementación y enmienda; e, i) Finalmente, tómese en cuenta que de forma fundamentada y motivada se dio respuesta al recurso de apelación; toda vez que, el peticionante de tutela no señaló de forma concreta ni objetiva cuales son los hechos, actos ilegales u omisiones que acusa de vulnerar derechos. Patricia Mabel Aguilar Aguilar, Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 18 de agosto de 2022, cursante de fs. 375 a 377, manifestó lo siguiente: 1) En el Juzgado a su cargo se tramitaba el proceso civil seguido por el accionante contra los terceros interesados, en el cual se formuló excepción de incompetencia; empero, su autoridad recién fue designada titular el 21 de enero de mismo año conforme al Acta de Posesión adjunta; por lo que, no puede precisar fechas; 2) La referida excepción fue resuelta por Omar Kucharsky Montesinos, Juez suplente, mediante Auto Interlocutorio 267 A/2021, que declaro probada la excepción previa de incompetencia y la solicitud de declinatoria de competencia interpuesta por los terceros interesados; 3) El impetrante de tutela impugno dicho Auto Interlocutorio el 25 de febrero de 2022; por lo que, se remito antecedentes al Tribunal de alzada, que Auto de Vista 194/2020 de 15 de junio, se confirmó la determinación de primera instancia; por lo que, el proceso fue remitido al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achocalla del departamento de La Paz, conforme el oficio de remisión; 4) En virtud de lo expuesto cualquier solicitud del peticionante de tutela debe ser considerada por la autoridad judicial competente; y, 5) La acción de amparo constitucional interpuesta carece de sustento fáctico y jurídico, puesto que no señala cuales los actos ilegales u omisiones indebidas que restrinjan o amenacen restringir o suprimir derechos; además, desde que asumió el conocimiento de la causa, cada uno de los memoriales presentados cuenta con el respectivo pronunciamiento, si el accionante no estaba de acuerdo, debió interponer el recurso correspondiente en el momento procesal oportuno. Mariela Carminia Aguilar Colque, Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 18 de agosto de 2022, cursante a fs. 379, expreso que: “...revisando el proceso caratulado LUQUE/MELGAREJO el miso no se encuentra en el JUZGADO por lo que mal podría informar sobre los extremos que menciona el mismo. Ya que según se me informo estaría radicado en Achocalla” (sic). Rosario Verónica Sánchez Sánchez, Vocal de la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme al informe de 18 de agosto de 2022, cursante a fs. 359, se advierte que se encontraba gozando de su vacación. Omar Kucharsky Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur; y, Carolina Enny Terrazas Siles, Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimosegunda de la Capital, ambos del departamento de La Paz, no remitieron informe alguno ni se presentaron en audiencia pública, pese a sus legales notificaciones cursantes a fs. 346 y 347.
Lucia Rodríguez de Melgarejo, Reyner Witmer y Manuel Wilson, ambos Melgarejo Rodríguez, no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia pública pese a sus legales notificaciones, cursantes a fs. 345.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 220/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 386 a 390, denegó con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante de manera amplia y detallada hizo conocer la existencia de un proceso de acción reivindicatoria y mejor derecho propietario, señalando que tuvo un largo trámite para su admisión, y que la parte ahora tercera interesada interpuso excepción de incompetencia, en ese devenir también habría formulado reconvención, y el peticionante de tutela paralelamente solicitó la incorporación de una garante de evicción, entre otros actos procesales, identificando como acto lesivo el Auto de Vista 194/2022 de 15 de junio, que confirmo el Auto Interlocutorio 267 A/2021 y el Auto de 13 de enero de 2022; ii) Iniciado el trámite ante el Juzgado Publico Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del citado departamento, habiendo advertido competencia, no se debió declinar competencia al Juzgado Mixto Público Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achocalla, en virtud a dicha denuncia correspondería ingresar al análisis de los institutos que rigen a la competencia a efecto de determinar si existiría prórroga de la competencia; iii) En cuanto a la declinatoria de competencia, como medio defensa interpuesto ab initio por los terceros interesados, se dilucidó quedando superado tal extremo, correspondiendo señalar que la vía constitucional no se constituye en una tribunal de fiscalización, apelación o casación de lo actuado en la jurisdicción ordinaria, porque si bien, el impetrante de tutela refirió que existiría una vulneración a los derechos denunciados, la Sala Constitucional comprende que dicho proceso se encuentra en pleno trámite, con un señalamiento de audiencia preliminar para el 30 de agosto de 2022; iv) De la verificación de los antecedentes, lo alegado por el accionante y la revisión del cuaderno procesal, se establece que efectivamente el caso surgió del conflicto no solo de competencias, sino por un garante de evicción y una reposición; empero, que la competencia en este caso ya fue dilucidado en todas sus fases dentro de la jurisdicción ordinaria, y que conocida esta determinación en junio de 2022, el peticionante de tutela ya se apersono ante la nueva autoridad; es decir, que no solo reconoció la competencia de la nueva autoridad, sino que además desarrollo actos precisos de convalidación de la actuación de dicha autoridad judicial, y le solicitó la imposición de medidas cautelares, así como otros actuados; en consecuencia, si bien, el impetrante de tutela refirió que la competencia no se encuentra acorde a su interés o no fue de su convencimiento; sin embargo, se entiende que prácticamente ya consintió la misma al apersonarse ante dicha autoridad judicial, estableciéndose que al desarrollar un acto inequívoco como es la solicitud a la nueva autoridad a la que considero incompetente, peticionando el despliegue de actos jurisdiccionales como ser la emisión de medidas cautelares, las cuales fueron otorgadas por dicha autoridad, quien ya señaló audiencia y que no existe ninguna otra observación, sino se encuentra en desarrollo un proceso donde existe convalidación de actos, lo que en teoría del derecho procesal constitucional se conoce como actos consentidos, no entendiendo cual sería la finalidad que a través de esta acción de defensa se cree un caos jurídico en el proceso al cuestionar la competencia que el propio accionante dio por bien hecha; v) Conforme lo señalado, nos encontramos ante una causal de improcedencia de esta acción tutelar establecida en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, no se encuentra razón para ingresar en el fondo, cuando en los hechos se establece que el proceso ya avanzo y se consolidaron actos y no por inercia, sino por actos en pleno conocimiento de las partes y bajo el principio dispositivo promovido por el propio accionante; y, vi) “…que habiéndose realizado un análisis de procedibilidad de la acción, también ha establecido que identificado el objeto procesal de esta acción con la emisión de una resolución, por lo que no existiendo ni siquiera una denuncia, un acto claro de identificación de acto lesivo u omisión de acto para encontrar una vulneración de derecho mediante un acto ilegal o indebido de los otros coaccionados, corresponde la exclusión o el apartamiento de los accionado a quienes no se a identificado ningún hecho o posible omisión de acto para encontrar una vulneración a derechos” (sic).
De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 5 de enero de 2017, Juan Luque Chambi -ahora accionante- interpuso demanda de acción reivindicatoria contra Lucia Rodríguez de Melgarejo, Manuel Wilson y Reyner Witmer, ambos Melgarejo Rodríguez -ahora terceros interesados- (fs. 20 a 22), la cual fue modificada mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2020 (fs. 38 a 55), mereciendo el Auto de 30 de agosto de 2021; por el cual, José Luis Mamani Moya, entonces Juez Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, admitió la demanda ordinaria de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y pago de daños y perjuicios (fs. 83 y vta.). II.2. A través de memorial presentado el 12 de octubre de 2021, el peticionante de tutela señaló que el 7 de septiembre de mismo año adjunto prueba, la cual fue admitida mediante decreto de 9 de igual mes y año, que dispuso la notificación a los demandados; por lo que, solicitó se disponga la notificación con el referido memorial y decreto (fs. 104 y vta.), mereciendo el decreto de 13 de octubre de 2021, que refiere:
“Se tiene presente lo señalado en el memorial que antecede, aclarándose que la Oficial Diligencias es la que debe cumplir con las notificaciones de las actuaciones procesales conforme el Art. 105 Num. 1 de la Ley 025, sin perjuicio también se recuerda a la parte impetrante que tiene la obligación también de procurar la gestión de las notificaciones correspondientes conforme al Art. 1 Num. 3 del Cod.
Procesal Civil, sin perjuicio tómese en cuenta por la Oficial de Diligencias del Juzgado lo manifestado en el memorial que antecede” (sic [fs. 105]). II.3. Mediante memorial presentado el 11 de octubre de 2021, los terceros interesados opusieron excepciones de incompetencia y litispendencia, además plantearon declinatoria de competencia (fs. 86 a 87), mereciendo el decreto de 13 de similar mes y año, emitido por Carolina Enny Terrazas Siles, Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal, que corrió en traslado la excepciones formuladas (fs. 88); asimismo, por memorial presentado el 29 del mismo mes y año, Reyner Witmer Melgarejo Rodríguez respondió en forma negativa la demanda, señalando:
“EN PRIMER LUGAR, DEBO SEÑALAR EXPRESAMENTE QUE LA COMPETENCIA DE SU JUZGADO HA SIDO CUESTIONADA POR MI PERSONA EN RAZÓN DE QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE PARA TRAMITAR ESTE PROCESO ES EL JUZGADO MIXTO DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA, Y NO ASÍ ESTE JUZGADO, POR LO QUE DE MANERA EXPRESA SEÑALO QUE LA PRESENTE RESPUESTA NO ES UNA ACEPTACIÓN DE SU COMPETENCIA, RESPONDIENDO LA DEMANDA SOLO A LOS EFECTOS DE NO QUEDAR EN INDEFENSIÓN MIENTRAS SEA RESUELTO POR SU JUZGADO LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENSIA Y LITIS PENDENCIA POR SU JUZGADO, Y EN CASO DE RECHAZAR LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS LO RESUELVA EL TRIBUNAL DE ALZADA LA POSIBLE APELACIÓN” (sic [fs. 153 y vta.]).
Mereciendo decreto de 1 de noviembre de 2021, que refiere:
“Téngase por respondida a la demanda sea en los términos expuestos en su memorial. Sin perjuicio cúmplase con la notificación del memorial y providencia de Fs. 638 a 639 y 643 de obrados respectivamente a la parte demandante” (sic [fs. 154]). II.4. Por memorial presentado el 29 de octubre de 2021, Lucia Rodríguez de Melgarejo y Manuel Wilson Melgarejo Rodríguez, respondieron a la demanda de forma negativa y reconviniendo plantearon usucapión decenal, señalando:
“EN PRIMER LUGAR, DEBEMOS SEÑALAR EXPRESAMENTE QUE LA COMPETENCIA DE SU JUZGADO HA SIDO CUESTIONADA POR NUESTRAS PERSONAS EN RAZÓN DE QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE PARA TRAMITAR ESTE PROCESO ES EL JUZGADO MIXTO DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA, Y NO ASÍ ESTE JUZGADO, POR LO QUE DE MANERA EXPRESA SEÑALAMOS QUE LA PRESENTE RESPUESTA NO ES UNA ACEPTACIÓN DE SU COMPETENCIA, RESPONDIENDO LA DEMANDA SOLO A LOS EFECTOS DE NO QUEDAR EN INDEFENSIÓN MIENTRAS SEA RESUELTO POR SU JUZGADO LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENSIA Y LITIS PENDENCIA POR SU JUZGADO, Y EN CASO DE RECHAZAR LAS EXCEPCIONES PLANTEADA LO RESUELVA EL TRIBUNAL DE ALZADA LA POSIBLE APELACIÓN” (sic [fs. 166 a 168]).
Mereciendo Decreto de 1 de noviembre de 2021, que refiere: “Téngase por respondida a la demanda sea en los términos expuestos de su memorial. Sin perjuicio cúmplase con la notificación del memorial y providencia de Fs. 638 a 639 y 640 de obrados respectivamente a la parte demandante” (sic), y a efecto de la admisión de la demanda reconvencional de usucapión, señaló se subsanen previamente las observaciones efectuadas (fs. 169). II.5. A través de memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, el impetrante de tutela respondió las excepciones formuladas (fs. 56 a 61 vta.); mereciendo el decreto de 4 de igual mes y año, que refiere “…téngase por respondida a las excepciones previas de incompetencia y litispendencia…” (sic [fs. 85]); asimismo, por memorial de 3 de idéntico mes y año, el accionante solicitó se disponga la notificación con la demanda y el planteamiento de excepciones a María Elena Chacón de Catacora, a los fines de que asuma la responsabilidad de evicción y saneamiento (fs. 106 a 108 vta.); mereciendo decreto de 4 de similar mes y año, que refiere:
“Aclare su solicitud toda vez que conforme el Art. 58 del Cod. Procesal Civil, refiere en síntesis que: “La parte demandada a tiempo de contestar, podrá pedir se cite de evicción a su causante”. En el presente caso la parte demandante es quien pretende la citación de evicción de María Elena Chacón de Catacora. Asimismo refiere que la solicitud de citación por evicción la realiza para contestar a las excepciones formuladas por la parte demandada, sin embargo por memorial que antecede la parte demandante ya contesto a las excepciones previas formuladas en la causa sin haber referido la solicitud de citación por evicción” (sic [fs. 109]). II.6. A través de memorial presentado el 17 de noviembre de 2021, el accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de 4 de mismo mes y año, que “RECHAZA LA CONVOCATORIA A LA GARANTE DE EVICCION Y SANEAMIENTO (VENDEDORA Y ANTERIOR PROPIETARIA MARIA ELENA CHACON)” (sic [fs. 110 a 112 vta.]), mereciendo decreto de 19 de igual mes y año, emitido por Omar Kucharsky Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz, en suplencia legal, quien señaló:
“Téngase por expresamente notificada con la providencia de fecha 04 de noviembre de 2021 de Fs. 873 a los fines consiguientes de ley. II. Sin perjuicio que el recurso de reposición con alternativa de apelación procede únicamente contra Autos Interlocutorios conforme el Art. 254 Parg V del Cód. Procesal Civil…” (sic [fs. 121]). II.7. Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2021, Lucia Rodríguez de Melgarejo y Manuel Wilson Melgarejo Rodríguez, manifestaron que:
“…habiendo nuestras personas presentado excepciones las mismas que fueron notificadas, más aun si una de ellas es EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA en el que OBSERVAMOS su COMPETENCIA, es que SOLICITAMOS que su Autoridad se pronuncie al respecto, ya que no se puede continuar el presente proceso hasta que se encuentre resuelta tal excepción planteada y sea el TRIBUNAL DE ALZADA quien confirme tal decisión” (sic [fs. 235]). II.8. Mediante Auto Interlocutorio 267 A/2021 de 29 de noviembre, el Juez suplente, declaró probada la excepción previa de incompetencia, así como la solicitud de declinatoria de competencia interpuesta como primer acto procesal por parte de los ahora terceros interesados, disponiendo en consecuencia, la remisión de obrados ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achocalla del departamento de La Paz (fs. 130 a 133 vta.). II.9. Por memorial presentado el 11 de enero de 2022, el accionante formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio 267 A/2021 (fs. 146 a 152); asimismo, por memorial presentado el 24 de igual mes y año, interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 267 A/2021, y el “AUTO DE FECHA 13 DE ENERO DE 2022 QUE RECHAZA EL RECURSO DE RESPOSICION Y RATIFICA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA A LA JURISDICCION DE ACHOCALLA” (sic [fs. 134 a 140 vta.]). II.10.Mediante el Auto de Vista 194/2022 de 15 de junio, Rosario Verónica Sánchez Sánchez e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil y Comercial Tercera y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmaron el Auto Interlocutorio 267 A/2021 que declino competencia (fs. 266 a 276). II.11.A través de Oficio 373/2022 de 14 de julio, Patricia Mabel Aguilar Aguilar, Jueza Pública Vigesimoprimera de la Capital del departamento de La Paz, dando cumplimiento al Auto de Vista 194/2022 y en atención al Auto Interlocutorio 267 A/2021, declinó competencia y remitió obrados al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Achocalla del mismo departamento, constando sello de respecto de la misma fecha a horas 16:25 (fs. 374 y vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación o doble instancia; toda vez que, las autoridades y el personal de apoyo jurisdiccional, incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) Los Vocales demandados emitieron el arbitrario e ilegal Auto de Vista 194/2022 de 15 de junio: a.1) Careciendo de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que invocaron el Auto Supremo 376 de 19 de abril de 2016, distorsionando el entendimiento del mismo, puesto que no contiene antecedentes fácticos similares, no diferenciaron los términos contestación a la demanda y contrademanda o demanda reconvencional, que el primero se constituye un pronunciamiento expreso positivo o negativo en relación a la demanda y el segundo es una genuina pretensión, en este caso los demandados promovieron la demanda reconvencional de usucapión exigiendo su admisión, sometiéndose de forma expresa a la jurisdicción del Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, a.b) Omitieron pronunciarse respecto a la excepción de litispendencia, señalando que al existir el retiro de la apelación formulada por parte de los demandados, no corresponde ingresar al fondo por no identificarse agravio, olvidándose que su persona como demandante también formuló recurso de apelación con relación a la excepción de litispendencia, que no resolvió el Juez suplente; b) Los Jueces demandados ante su recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto el 17 de noviembre de 2021 contra el decreto de 4 de igual mes y año, emitieron el decreto de 19 de noviembre de 2021; sin remitir obrados al Tribunal de alzada; y, c) La Oficial de Diligencias incurrió en las siguientes irregularidades: c.i) El Auto Interlocutorio 267 A/2021 de 29 de noviembre, le fue notificado a través de WhatsApp el 6 de enero de 2022; es decir, después de un mes y quince días; c.ii) La excepción de incompetencia presentada el 11 de octubre de 2021 hasta el 11 de enero de 2022 no fue notificada a su persona, habiendo transcurrido más de tres meses; no obstante, que se consignó número de celular para efectos de notificación; c.iii) El 17 de noviembre de 2021, presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de 4 de similar mes y año; empero, no se notificó el recurso de apelación trascurriendo más de un año; c.iv) El decreto de 1 de noviembre de 2021, que observo la demanda reconvencional de usucapión, hasta la fecha no fue notificada; no obstante, que los demandados consignaron el celular de su abogada; y, c.v) Mediante memorial de 7 de septiembre de 2021 adjunto prueba que fue admitida por decreto de 9 de mismo mes y año, que ordeno la notificación a los demandados; empero, no fueron notificados. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizaran las siguientes temáticas: a) Los actos consentidos libre y expresamente como causa de improcedencia o denegatoria de la acción de amparo constitucional; b) Sobre el principio de inmediatez; c) La finalidad de las notificaciones como actos de comunicación y su vinculación con el derecho a la defensa; d) De la legitimación activa en la acción de amparo constitucional como requisito formal; y, e) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0660/2022-S1 de 18 de julio; y, 0879/2023-S1 de 1 de agosto, -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
Los actos consentidos libre y expresamente constituyen causa de improcedencia de la acción de amparo constitucional, en sujeción al art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo.) de 5 de julio de 2012, disposición que tiene como antecedente normativo lo dispuesto por el art. 96.2 de la abrogada Ley del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 1998, en correspondencia a ese marco normativo la jurisprudencia razonó al respecto que:
“…(para) esa causal, no es suficiente una actuación implícita, dado que el consentimiento expreso importa un acto positivo, concreto, libre e inequívoco, vinculado de manera directa a la actuación ilegal impugnada; en otras palabras, la manifestación de la voluntad debe demostrar, de manera indubitable, el consentimiento a la amenaza o lesión a algún derecho fundamental” (las negrillas son añadidas). En ese marco normativo y jurisprudencial, dicha disposición encuentra justificación en el respeto al libre desarrollo de la personalidad, pues, toda persona puede hacer lo que desee en su vida y con su vida sin que la Sociedad o el Estado puedan realizar intromisiones indebidas en dicha vida privada, la absoluta libertad de ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de las demás personas; por consiguiente, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional, tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad que afecta su derecho. No obstante, la disposición textual que enfatiza la cualidad expresa de esta causal de improcedencia, la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0345/2004-R de 16 de marzo, refirió implícitamente, a una modalidad tacita al señalar que supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo o realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considerado lesivo, de tal forma que reflejen el consentimiento del acto reclamado al continuar con la tramitación del proceso (judiciales, administrativos o de otra índole) sometiéndose a sus incidencias. Lo contrario, favorable a la apertura de la jurisdicción constitucional para la protección de los derechos fundamentales o garantías constitucionales reclamadas, implica que una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, agotando los medios o recursos intraprocesales que se encuentran al alcance, legalmente previstos.
Sistematizando las circunstancias que rodean a los actos consentidos libre y expresamente, la jurisprudencia constitucional ha concluido señalado que “…debe entenderse objetivamente como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice como emergencia del acto considerado lesivo, dejando advertir que se hubiere conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su libre voluntad. De modo que no siempre podrá exigirse una manifestación expresa de voluntad, sino que ello podrá ser deducible de las acciones posteriores que realice como emergencia del acto considerado lesivo a sus derechos fundamentales y que para la justicia constitucional son manifestaciones de la voluntad indubitables e inequívocas” (las negrillas son añadidas). Ahora bien, en necesario precisar que estos entendimientos quedan excluidos cuando se trata de la consideración y resolución de temas laborales sometidos a control de constitucionalidad, puesto que la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0222/2012 de 24 de mayo, determinó que los actos consentidos libre y expresamente, no operan como causal de improcedencia en la acción de amparo constitucional, en virtud al carácter irrenunciable de los derechos laborales, consagrado en el art. 48.III de la CPE.
3 Respecto a los criterios jurisprudenciales que rigen los actos consentidos libre y expresamente, la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0345/2004-R de 16 de marzo, expreso: “Bajo dicho entendimiento el consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considerado lesivo.
(…)
De tal forma, para que se abra la tutela que brinda este recurso, la actuación de las partes dentro de los procesos judiciales o administrativos, una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, para que recién, en su caso, ante la falta de protección y una vez agotados todos los medios a su alcance acudir directamente a la tutela que brinda este recurso y no realizar, por el contrario, acciones que reflejen el consentimiento del acto reclamado al continuar con la tramitación del proceso sometiéndose a sus incidencias, como ha ocurrido en el caso de autos, pretendiendo ahora, con la interposición de este recurso, reabrir actuaciones procesales concluidas y consentidas por el propio recurrente”. 4 SCP 0196/2019-S2 de 2 de mayo. 5 Jurisprudencia citada por la SCP 0196/2019-S2 de 2 de mayo.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1292/2022-S1 de 8 de noviembre; y, 1041/2023-S1 de 6 de septiembre, -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que:
“ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).
II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace” (el resaltado es nuestro). El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que:
“…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”. Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo. De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosas sentencias constitucionales plurinacionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.4, señaló respecto al doble efecto de este principio, que:
“El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa. …no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2, de 22 de mayo, que expresa textualmente: “En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1359/2022-S1 de 16 de noviembre; y, 1022/2022-S1 de 21 de septiembre, -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: De inicio corresponde señalar que el art. 115.II de la CPE, establece que el Estado está obligado a garantizar el ejercicio del debido proceso; el cual, como garantía, encuentra su consagración en el art. 117.I de la Ley Fundamental, al señalar que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. Al respecto, la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, refirió que la notificación, no está dirigida a cumplir simplemente una formalidad procesal, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario, toda vez que, solo el conocimiento real y efectivo de la comunicación, asegura que no se provoque la lesión del derecho a la defensa de la parte en la tramitación y resolución de toda clase de procesos. Entendimiento reiterado en la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre. Por su parte, la SCP 1980/2013 de 4 de noviembre, concluyó que se debe garantizar, el ejercicio pleno de los derechos a la defensa y del debido proceso; de modo que, todas las actuaciones procesales deben ser comunicadas con una eficacia material, de lo contrario, se estaría provocando indefensión. El contenido jurisprudencial anotado precedentemente, a su vez fue reiterado por la SCP 0204/2016-S2 de 7 de marzo, añadiendo además que tanto en los procesos jurisdiccionales como administrativos, se debe garantizar, entre otros, el ejercicio pleno de los derechos a la defensa y la tutela judicial efectiva y por ende del debido proceso; por lo que, las actuaciones comunicacionales deben cumplir con su eficacia material, asegurando que todos los actuados, sean de conocimiento de las partes del proceso.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0549/2020-S1 de 23 de septiembre; y, 0428/2022-S1 de 17 de junio, -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: A fin de activar la acción de amparo constitucional, es necesario que el que se considere afectado con alguna acción u omisión atentatoria a sus derechos y garantías constitucionales, se encuentre legitimado para impugnar; es decir, debe acreditar el interés en el asunto y en quien recaen las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad que se la demanda. Al respecto, la SC 1258/01-R de 28 de noviembre, refirió acerca 7 La SCP 1980/2013 en su Fundamento Jurídico III.2. concluyó que: “...tanto la normativa procesal vigente como la jurisprudencia constitucional, establecen y refrendan que en la sustanciación de los procesos jurisdiccionales como administrativos, se debe garantizar, entre otros, el ejercicio pleno de los derechos a la defensa y por ende del debido proceso; de modo que, todas las actuaciones procesales deben ser comunicadas con una eficacia material, de lo contrario, se estaría provocando indefensión. Asimismo, si el demandado ha sido notificado por edictos por desconocerse su domicilio, la norma ha creado la figura del defensor de oficio para que pueda ejercitar su derecho a la defensa, lo que no implica el cumplimiento a una formalidad legal sino la realización material del mismo, pues el abogado defensor debe tener la oportunidad de alegar a favor de su defendido, ya sea impugnando los actos que considere ilegales o en general realizar todos los actos permitidos por las normas procesales, que vea por conveniente para la defensa y con el fin de que no exista ningún tipo de nulidad se debe exigir mayor diligencia en el cumplimiento del procedimiento, de tal forma que las partes puedan hacer prevalecer sus intereses en igualdad de condiciones sin incurrir en ningún tipo de vulneración de sus derechos constitucionales”. 8 La SCP 0204/2016-S2, en su Fundamento Jurídico III.2, concluyó que: “.la notificación cumple un doble propósito: Garantizar el debido proceso a partir del ejercicio del derecho a la contradicción y a la defensa y; asegurar la materialización de los principios rectores de la administración de justicia ordinaria previsto en el art. 180.I constitucional de celeridad, eficacia y eficiencia que determinan el inicio y fin de los plazos procesales, ya que suponen el cumplimiento de todas las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio los obstáculos puramente formales, sin demoras innecesarias; así como una mayor seguridad en las resoluciones y que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, hecho que aseguran la prevalencia del principio de verdad material cuya finalidad es buscar por todos los medios la verdad histórica de los hechos.”. 9 Considerando: Que la protección que la garantía constitucional del Amparo conlleva está sujeta a determinados presupuestos. Uno de ellos es que el recurrente esté legitimado para impugnar el acto u omisión reclamado, en virtud de que la legitimación activa en el Amparo corresponde al obligado o afectado que directamente acredita interés en el asunto y en quien recae las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad que se impugna. En el caso de autos, el recurrente carece de legitimación activa para solicitar el Amparo porque si bien aduce que actúa como representante de la Asociación de Comerciantes Minoristas de la Hoja de Coca al Detalle “Defensores del Gran Chaco” no ha acreditado dicha calidad y menos ha demostrado que la Asociación le hubiera facultado a interponer el presente Recurso en su representación.
del presupuesto de acreditar la legitimación activa a fin de promover la acción de amparo constitucional. La persona que se considere afectada o amenazada en sus derechos y garantías constitucionales, debe demostrar su legitimación activa, o en otras palabras debe acreditar conforme al ordenamiento jurídico que los efectos del acto u omisión considerados ilegales, hubieran recaído directamente en un derecho fundamental; al respecto, la SCP 0626/2002-R de 3 de junio, señaló que la persona afectada al activar la acción de defensa, debe demostrar que el efecto del acto u omisión considerada ilegal, han recaído directamente en un derecho fundamental. En tal sentido, la acción de amparo constitucional debe ser activado únicamente por la persona que se sienta agraviada por la afectación directa que represente la acción u omisión conculcadora de sus derechos y garantías constitucionales; al respecto, la SC 1844/2003-R de 12 de diciembre, señala que debe existir un perjuicio directo que el recurrente debe acreditar, por lo que únicamente a este le faculta la ley para poder presentar la acción de defensa. Por su parte la SC 0400/2006-R de 25 de abril, señaló que no existe acción de defensa sin sujeto titular que cuente con esa legitimación activa, 10 Que, a efectos de plantear un Amparo, es preciso que toda persona que recurre en busca de la tutela que otorga dicha garantía constitucional acredite debidamente su legitimación activa; es decir, que demuestre conforme exige el ordenamiento jurídico, que los efectos del acto ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo; así ha establecido este Tribunal en su jurisprudencia expresada en la Sentencia Constitucional Nº 1258/01-R de 28 de noviembre de 2001, en la que señala “que la protección que la garantía constitucional del Amparo conlleva está sujeta a determinados presupuestos. Uno de ellos es que el recurrente esté legitimado para impugnar el acto u omisión reclamado, en virtud de que la legitimación activa en el Amparo corresponde al obligado o afectado que directamente acredita interés en el asunto y en quien recaen las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad que se impugna”. 11 El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere agraviada, como se consagra en la norma del art. 19.II CPE, de la que surge el principio de la existencia de agravio personal y directo, según el cual el amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien de manera directa perjudique el acto u omisión que se reclama de ilegal, de donde resulta que el agravio implica la existencia de un perjuicio directo que el recurrente debe acreditar; en un razonamiento contrario, hay ausencia de agravio personal y directo cuando el acto u omisión denunciado afecta a situaciones jurídicas generales y no tiene trascendencia para el ciudadano porque no ha experimentado un perjuicio en situaciones jurídicas concretas. Consiguientemente la presencia del agravio personal y directo, es una condición sine qua non para la existencia del recurso, porque sólo puede intentarse cuando lo interpone el sujeto directamente agraviado -que es el titular de la acción de amparo- a quien en sentido amplio, se le afecte en sus intereses jurídicos o se lo perjudique con el acto o la omisión reclamada.
Siendo la regla de que el recurrente sea la persona agraviada que haya sufrido un perjuicio moral o material con el acto u omisión denunciada de ilegal, es obvio que la persona que plantee el amparo constitucional sea la agraviada directamente que es la que está legitimada activamente para interponer la acción de amparo, legitimación activa que ha sido definida por este Tribunal en SC 134/2002-R como aquella que: “... corresponde al afectado que directamente acredita interés en el asunto y en quien recaen las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad que se impugna”. 12 Fundamento Jurídico III.4. Sujetos activos en la acción de amparo constitucional.
Para hacer referencia a los sujetos activos es necesario partir de una premisa fundamental: así como no existe acción sin sujeto titular y sin sujeto pasivo concretos, tampoco hay acción sin legitimación activa y pasiva.
La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal - legitimación activa -, o de resistirse a ella eficazmente -legitimación pasiva-.
En el recurso de amparo la legitimación activa consiste en la identidad de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho de la acción constitucional, en otras palabras, se tendrá legitimación activa cuando un sujeto jurídico determinado - sujeto activo - se encuentre en la posición que fundamenta la titularidad de la acción, en ese sentido, tendrá legitimación activa quien sea titular de uno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado.
ya que esa legitimación activa debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente con el sujeto activo, toda vez que dicha condición consagra con el reconocimiento que el derecho hace a una persona a fin de posibilitarle a que pueda ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal; o dicho en otras palabras la legitimación activa consiste en la identidad de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho de la acción constitucional, que se encuentre en la posición que sustenta su titularidad de la acción de defensa. Esta legitimación activa puede ser asumida ya sea por las distintas clases de personas que en ese orden se tiene; así para las personas naturales o físicas, no reviste mayor complicación en el criterio de ser la persona titular de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, por lo que cuenta con dicha capacidad para ser parte en el proceso, por lo tanto cuentan con la legitimación activa para activar una acción de defensa. Las personas jurídicas privadas así como las entidades públicas, tampoco se encuentran excluidas de poder activar una acción de amparo constitucional, en cuanto a los derechos que por su naturaleza sean aplicables a sus personas, debiendo en todo caso demostrar la personería jurídica del representante legal que se constituya en el recurrente; lo que quiere decir, que las personas jurídicas o colectivas únicamente podrán activar la acción de defensa por medio o a través de sus representantes legales. Por otro lado, la SC 0641/2010-R de 19 de julio, señaló que únicamente la persona que cuente con la capacidad procesal, podrá activar la acción de amparo constitucional; toda vez que, el titular del derecho y garantía constitucional vulnerado, es el único que cuenta con la capacidad procesal de poder asumir defensa por sus intereses, lo que se traduce en que la legitimación activa resulta ser un requisito de procedencia de la acción de amparo constitucional en la que el peticionante de tutela debe demostrar esa vinculación entre el acto que se impugna y su derecho supuestamente vulnerado; es decir, que especifique el daño o menoscabo a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Siguiendo dicho entendimiento, la SC 1109/2013-L de 30 de agosto, refirió que en toda acción de amparo constitucional, es sumamente importante tomar en cuenta que existe una parte accionante quien cuenta con legitimación activa y la parte demandada, que resulta ser la pasiva objeto de demanda constitucional. En el caso del impetrante de tutela, es exigible que el mismo cuente con la legitimación activa; lo cual, consiste en que el peticionante de tutela se encuentre en la posición que fundamenta la titularidad de la acción; por lo que, tendrá legitimación activa quien sea titular de uno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales establecidos en la Constitución Política del Estado y que por ende se encuentre afectado o amenazado de menoscabo, debiendo en todo caso el recurrente demostrar la concurrencia de un agravio personal y directo en la afectación de sus derechos. La persona natural o jurídica que se considere afectada en los derechos y garantías fundamentales por su naturaleza sean aplicables respectivamente, cuentan con la facultad de poder activar la acción de amparo constitucional, en el caso de las personas naturales o físicas de manera directa o por tercera persona que cuente con poder respectivo. Por su parte, la SCP 1389/2015-S2 de 16 de diciembre, señaló que uno de los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional es que, quien pretende precautelar sus derechos y garantías constitucionales a través de la acción de amparo constitucional, debe acreditar su legitimación activa a fin de hacer respetar su derecho y garantía constitucional. En ese sentido, se llega a establecer que la persona que se considere afectada o amenazada en sus derechos y garantías constitucionales, debe demostrar su legitimación activa, o en otras palabras debe acreditar conforme al ordenamiento jurídico que los efectos del acto u omisión considerados ilegales, hubiera recaído directamente en un derecho fundamental.
14 En su Fundamento Jurídico III.2, respecto a la Legitimación procesal activa Con relación a la legitimación activa la SC 0641/2010-R de 19 de julio, que recoge lo sostenido por la SC 0400/2006-R de 25 de abril, señaló: “Para hacer referencia a los sujetos activos es necesario partir de una premisa fundamental: así como no existe acción sin sujeto titular y sin sujeto pasivo concretos, tampoco hay acción sin legitimación activa y pasiva. "La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal -legitimación activa-, o de resistirse a ella eficazmente -legitimación pasiva-. En el recurso de amparo la legitimación activa consiste en la identidad de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho de la acción constitucional, en otras palabras, se tendrá legitimación activa cuando un sujeto jurídico determinado -sujeto activo- se encuentre en la posición que fundamenta la titularidad de la acción, en ese sentido, tendrá legitimación activa quien sea titular de uno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado”. 15 Fundamento Jurídico III.1. En cuanto a la legitimación activa de las personas jurídicas a objeto de interponer una acción de amparo constitucional. De acuerdo al art. 129.I de la CPE, “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre 10 con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente…” (el resaltado nos corresponde); por su parte, el art. 52.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), con relación a la legitimación activa determina que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá ser interpuesta por: 1. Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados, de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente”. (El resaltado es añadido).
Con relación a los requisitos formales que se debe cumplir en la acción de amparo constitucional, la abundante jurisprudencia desarrollada al respecto ha establecido entre dichos requisitos, que el accionante debe acreditar la legitimación activa para activar una acción de amparo constitucional; en efecto, el art. 52 del CPCo, establece que la acción de amparo constitucional podrá ser presentada por toda persona natural o colectiva que considere que sus derechos se encuentran restringidos, suprimidos o amenazados de ser afectados ya sea directamente o de una tercera persona con poder suficiente, a fin de hacer prevalecer sus derechos y garantías constitucionales que se considere vulnerados; al respecto, la referida SCP 0696/2018-S1 de 26 de octubre, precedentemente mencionada, en su Fundamento Jurídico III.2, señaló en sentido que una acción de amparo constitucional no podrá ser interpuesta sin que se acredite la personería del accionante, tomando en cuenta que es un requisito de admisión, sin el cual no se puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación o doble instancia; toda vez que, las autoridades y el personal de apoyo jurisdiccional, incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) Los Vocales demandados emitieron el arbitrario e ilegal Auto de Vista 194/2022 de 15 de junio: 1.i) Careciendo de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que invocaron el Auto Supremo 376 de 19 de abril de 2016, distorsionando el entendimiento del mismo, puesto que no contiene antecedentes fácticos similares, no diferenciaron los términos contestación a la demanda y contrademanda o demanda reconvencional, que el primero se constituye un pronunciamiento expreso positivo o negativo en relación a la demanda y el segundo es una genuina pretensión, en este caso los 16 “El art. 52 del CPCo, en relación a la legitimación activa señala: “La Acción de Amparo Constitucional podrá ser interpuesta por: 1. Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados, de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente. 2. El Ministerio Público. 3. La Defensoría del Pueblo. 4. La Procuraduría General del Estado. 5. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia”.
La SCP 0595/2012 de 20 de julio, refiriéndose a la ausencia de un requisito de forma como el de la acreditación de la legitimación activa, señaló: “De la jurisprudencia glosada, se tiene que una acción de amparo constitucional no podrá ser interpuesta sin que se acredite la personería del accionante, tomando en cuenta que es un requisito de admisión, sin el cual no se puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, entendimiento que guarda armonía con el art. 129.I de la CPE, que expresa: "La acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución…", consiguientemente, la ausencia de personería, importa estar en presencia de la falta de legitimación activa, así, debiendo tenerse presente el entendimiento sentado por la SC 1643/2010-R de 15 de octubre, que señaló: "…entre los requisitos formales que se deben cumplir a tiempo de formular los recursos de amparo constitucional se encuentra la obligación de acreditar la personería del accionante, lo que también contiene la demostración de la legitimación activa; es decir, que éstos recursos deben interponerse por la persona agraviada o afectada que demuestra tener interés directo sobre el asunto y contra quién recaen las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad o particulares que se impugnan. Esta persona puede formular el recurso personalmente o mediante apoderado con poder especial suficiente y bastante, pues de lo contrario el recurso debe ser observado por el incumplimiento del aludido requisito de forma previsto en la norma del art. 97.I de la LTC, y en caso de no existir subsanación en el plazo de cuarenta y ocho horas, debe ser rechazado; empero, si se tramita el recurso sin el cumplimiento de ese requisito, a tiempo de emitirse la resolución que corresponda debe denegarse la tutela, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada…”.
demandados promovieron la demanda reconvencional de usucapión exigiendo su admisión, sometiéndose de forma expresa a la jurisdicción del Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, 1.ii) Omitieron pronunciarse respecto a la excepción de litispendencia, señalando que al existir el retiro de la apelación formulada por parte de los demandados, no corresponde ingresar al fondo por no identificarse agravio, olvidándose que su persona como demandante también formuló recurso de apelación con relación a la excepción de litispendencia, que no resolvió el Juez suplente; 2) Los Jueces demandados ante su recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto el 17 de noviembre de 2021 contra el decreto de 4 de igual mes y año, emitieron el decreto de 19 de noviembre de 2021; sin remitir obrados al Tribunal de alzada; y, 3) La Oficial de Diligencias incurrió en las siguientes irregularidades: 3.i) El Auto Interlocutorio 267 A/2021 de 29 de noviembre, le fue notificado a través de WhatsApp el 6 de enero de 2022; es decir, después de un mes y quince días; 3.ii) La excepción de incompetencia presentada el 11 de octubre de 2021 hasta el 11 de enero de 2022 no fue notificada a su persona, habiendo transcurrido más de tres meses; no obstante, que se consignó número de celular para efectos de notificación; 3.iii) El 17 de noviembre de 2021, presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de 4 de similar mes y año; empero, no se notificó el recurso de apelación trascurriendo más de un año; 3.iv) El decreto de 1 de noviembre de 2021, que observo la demanda reconvencional de usucapión, hasta la fecha no fue notificada; no obstante, que los demandados consignaron el celular de su abogada; y, 3.v) Mediante memorial de 7 de septiembre de 2021 adjunto prueba que fue admitida por decreto de 9 de mismo mes y año, que ordeno la notificación a los demandados; empero, no fueron notificados. Identificadas las problemáticas traídas en revisión, resulta necesario conocer el contexto del cual emergen las mismas; en tal sentido, de las Conclusiones a las que se arribaron en el presente fallo constitucional, se tiene que por memorial presentado el 5 de enero de 2017, el accionante interpuso demanda de acción reivindicatoria contra los terceros interesados, la cual fue modificada por memorial presentado el 3 de marzo de 2020, emitiéndose el Auto de 30 de agosto de 2021 que admitió la demanda ordinaria de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y pago de daños y perjuicios (Conclusión II.1); y través de memorial presentado el 12 de octubre de 2021, señaló que el 7 de septiembre de mismo año adjunto prueba, la cual fue admitida mediante decreto de 9 de igual mes y año, que dispuso la notificación a los demandados; por lo que, solicitó se disponga la notificación con el referido memorial y decreto, mereciendo el decreto de 13 de octubre de 2021, que refiere: “Se tiene presente lo señalado en el memorial que antecede, aclarándose que la Oficial Diligencias es la que debe cumplir con las notificaciones de las actuaciones procesales conforme el Art. 105 Num. 1 de la Ley 025, sin perjuicio también se recuerda a la parte impetrante que tiene la obligación también de procurar la gestión de las notificaciones correspondientes conforme al Art. 1 Num. 3 del Cod. Procesal Civil, sin perjuicio tómese en cuenta por la Oficial de Diligencias del Juzgado lo manifestado en el memorial que antecede” (sic [Conclusión II.2).
Posteriormente, los terceros interesados el 11 de octubre de 2021, opusieron excepciones de incompetencia y litispendencia, además plantearon declinatoria de competencia, mereciendo el decreto de 13 de igual mes y año, emitido por la Jueza suplente, que corrió en traslado la excepciones formuladas; asimismo, por memorial presentado el 29 del mismo mes y año, Reyner Witmer Melgarejo Rodríguez respondió en forma negativa la demanda, señalando: “EN PRIMER LUGAR, DEBO SEÑALAR EXPRESAMENTE QUE LA COMPETENCIA DE SU JUZGADO HA SIDO CUESTIONADA POR MI PERSONA EN RAZÓN DE QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE PARA TRAMITAR ESTE PROCESO ES EL JUZGADO MIXTO DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA, Y NO ASÍ ESTE JUZGADO, POR LO QUE DE MANERA EXPRESA SEÑALO QUE LA PRESENTE RESPUESTA NO ES UNA ACEPTACIÓN DE SU COMPETENCIA, RESPONDIENDO LA DEMANDA SOLO A LOS EFECTOS DE NO QUEDAR EN INDEFENSIÓN MIENTRAS SEA RESUELTO POR SU JUZGADO LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENSIA Y LITIS PENDENCIA POR SU JUZGADO, Y EN CASO DE RECHAZAR LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS LO RESUELVA EL TRIBUNAL DE ALZADA LA POSIBLE APELACIÓN” (sic), mereciendo el decreto de 1 de noviembre de 2021, que refiere: “Téngase por respondida a la demanda sea en los términos expuestos en su memorial. Sin perjuicio cúmplase con la notificación del memorial y providencia de Fs. 638 a 639 y 643 de obrados respectivamente a la parte demandante (sic [Conclusión II.3]); de igual forma por memorial presentado el 29 de octubre de igual año, Lucia Rodríguez de Melgarejo y Manuel Wilson Melgarejo Rodríguez, respondieron a la demanda de forma negativa y reconviniendo plantearon usucapión decenal, señalando: “EN PRIMER LUGAR, DEBEMOS SEÑALAR EXPRESAMENTE QUE LA COMPETENCIA DE SU JUZGADO HA SIDO CUESTIONADA POR NUESTRAS PERSONAS EN RAZÓN DE QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE PARA TRAMITAR ESTE PROCESO ES EL JUZGADO MIXTO DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA, Y NO ASÍ ESTE JUZGADO, POR LO QUE DE MANERA EXPRESA SEÑALAMOS QUE LA PRESENTE RESPUESTA NO ES UNA ACEPTACIÓN DE SU COMPETENCIA, RESPONDIENDO LA DEMANDA SOLO A LOS EFECTOS DE NO QUEDAR EN INDEFENSIÓN MIENTRAS SEA RESUELTO POR SU JUZGADO LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENSIA Y LITIS PENDENCIA POR SU JUZGADO, Y EN CASO DE RECHAZAR LAS EXCEPCIONES PLANTEADA LO RESUELVA EL TRIBUNAL DE ALZADA LA POSIBLE APELACIÓN (sic), mereciendo el decreto de 1 de noviembre de 2021, que refiere: “Téngase por respondida a la demanda sea en los términos expuestos de su memorial. Sin perjuicio cúmplase con la notificación del memorial y providencia de Fs. 638 a 639 y 640 de obrados respectivamente a la parte demandante” (sic), y a efecto de la admisión de la demanda reconvencional de usucapión, señaló se subsanen previamente las observaciones efectuadas (Conclusión II.4). A través de memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, el accionante respondió las excepciones formuladas; mereciendo el decreto de 4 de igual mes y año, que refiere “…téngase por respondida a las excepciones previas de incompetencia y litispendencia…” (sic); asimismo, por memorial de 3 de idéntico mes y año, solicitó se disponga la notificación con la demanda y el planteamiento de excepciones a María Elena Chacón de Catacora, a los fines de que asuma la responsabilidad de evicción y saneamiento; mereciendo el decreto de 4 de similar mes y año, que refiere: “Aclare su solicitud toda vez que conforme el Art. 58 del Cod. Procesal Civil, refiere en síntesis que: ‘La parte demandada a tiempo de contestar, podrá pedir se cite de evicción a su causante’. En el presente caso la parte demandante es quien pretende la citación de evicción de María Elena Chacón de Catacora. Asimismo refiere que la solicitud de citación por evicción la realiza para contestar a las excepciones formuladas por la parte demandada, sin embargo por memorial que antecede la parte demandante ya contesto a las excepciones previas formuladas en la causa sin haber referido la solicitud de citación por evicción” (sic [Conclusión II.5); por lo que, a través de memorial presentado el 17 de noviembre de 2021, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de 4 de igual mes y año, que “RECHAZA LA CONVOCATORIA A LA GARANTE DE EVICCION Y SANEAMIENTO (VENDEDORA Y ANTERIOR PROPIETARIA MARIA ELENA CHACON)” (sic), mereciendo el decreto de 19 de igual mes y año, emitido por el Juez suplente, quien señaló: “Téngase por expresamente notificada con la providencia de fecha 04 de noviembre de 2021 de Fs. 873 a los fines consiguientes de ley. II. Sin perjuicio que el recurso de reposición con alternativa de apelación procede únicamente contra Autos Interlocutorios el art. 254 Parg V del Cód. Procesal Civil, TRASLADO el recurso de reposición con alternativa de apelación que antecede de conformidad al Art. 254 del Cod. Procesal Civil” (sic [Conclusión II.6]). Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2021, Lucia Rodríguez de Melgarejo y Manuel Wilson Melgarejo Rodríguez, manifestaron que: “…habiendo nuestras personas presentado excepciones las mismas que fueron notificadas, más aun si una de ellas es EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA en el que OBSERVAMOS su COMPETENCIA, es que SOLICITAMOS que su Autoridad se pronuncie al respecto, ya que no se puede continuar el presente proceso hasta que se encuentre resuelta tal excepción planteada y sea el TRIBUNAL DE ALZADA quien confirme tal decisión” (sic [Conclusión II.7]).
Posteriormente, a través de Auto Interlocutorio 267 A/2021 de 29 de noviembre, el Juez suplente, declaró probada la excepción previa de incompetencia, así como la solicitud de declinatoria de competencia interpuesta como primer acto procesal por parte de los ahora terceros interesados, disponiendo en consecuencia, la remisión de obrados ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achocalla del departamento de La Paz (Conclusión II.8); determinación ante la cual, el accionante por memorial presentado el 11 de enero de 2022, formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación; asimismo, por memorial presentado el 24 de igual mes y año, interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 267 A/2021, y el “AUTO DE FECHA 13 DE ENERO DE 2022 QUE RECHAZA EL RECURSO DE RESPOSICION Y RATIFICA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA A LA JURISDICCION DE ACHOCALLA” (sic [Conclusión II.9]); resuelto mediante el Auto de Vista 194/2022 de 15 de junio, por el cual, los Vocales demandados, confirmaron el Auto Interlocutorio 267 A/2021 (Conclusión II.10); finamente, a través de Oficio 373/2022 de 14 de julio, la Jueza Pública Vigesimoprimera de la Capital del departamento de La Paz, dando cumplimiento al Auto de Vista 194/2022 y en atención al Auto Interlocutorio 267 A/2021, declinó competencia y remitió obrados al Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Achocalla del mismo departamento, constando sello de respecto de la misma fecha a horas 16:25 (Conclusión II.11). Ahora bien, conocidos los antecedentes del presente caso, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados por la accionante son evidentes y si en efecto la Vocal demandada actuó apartándose de la normativa vigente; en ese sentido, se tiene: Sobre la primera problemática referente a la actuación de los Vocales demandados, se advierte que existen dos subproblematicas, la cuales serán abordadas a continuación de forma individual. Sobre la primera subproblemática referente a la actuación de los Vocales demandados, el accionante denuncio que emitieron el Auto de Vista cuestionado, careciendo de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que invocaron el Auto Supremo 376 de 19 de abril de 2016, distorsionando el entendimiento del mismo, puesto que no contiene antecedentes facticos similares, no diferenciaron los términos contestación a la demanda y contrademanda o demanda reconvencional, que el primero se constituye un pronunciamiento expreso positivo o negativo en relación a la demanda y el segundo es una genuina pretensión, en este caso los demandados promovieron la demanda reconvencional de usucapión exigiendo su admisión, sometiéndose de forma expresa a la jurisdicción del Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de La Paz. Al respecto, corresponde hacer alusión a la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual señala que: “No obstante, la disposición textual que enfatiza la cualidad expresa de esta causal de improcedencia, la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0345/2004-R de 16 de marzo, refirió implícitamente, a una modalidad tacita al señalar que supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo o realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considerado lesivo, de tal forma que reflejen el consentimiento del acto reclamado al continuar con la tramitación del proceso (judiciales, administrativos o de otra índole) sometiéndose a sus incidencias. Lo contrario, favorable a la apertura de la jurisdicción constitucional para la protección de los derechos fundamentales o garantías constitucionales reclamadas, implica que una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, agotando los medios o recursos intraprocesales que se encuentran al alcance, legalmente previstos”. Ahora bien, en el presente caso, el accionante cuestiona de lesivo el Auto de Vista 194/2022 que confirmó el Auto Interlocutorio 267 A/2021 que declinó de competencia ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achocalla del departamento de La Paz; determinación cumplida mediante el Oficio 373/2022 de 14 de julio, que fue recepcionado por dicho Juzgado en la misma fecha a horas 16:25; en ese sentido, corresponde precisar que conforme manifestó el propio accionante en la celebración de la audiencia virtual de 18 de agosto de 2022 de esta acción tutelar, el proceso “ya lo han remitido a la localidad de Achocalla”; afirmación que condice con el citado Oficio 373/2020, ante lo cual, los miembros de la Sala Constitucional consultaron cual es el estado de proceso y que actuaciones se realizaron ante la jurisdicción de Achocalla, manifestando la propia parte accionante que: “Se han solicitado el embargo preventivo y secuestro y la jueza ha dado curso en fecha 4 de agosto del año 2022. en la misma se ha designado como depositario al ahora accionante al señor Juan Luque Chambi en una audiencia preliminar” (sic); asimismo, manifestó que la nueva autoridad judicial señaló audiencia preliminar para el 30 de agosto de 2022, evidenciándose que, si bien, cuestiona de lesivo el Auto de Vista 194/2022 que confirmo la declinatoria de competencia; sin embargo, el propio accionante reconoció la competencia de la nueva autoridad judicial, además desarrollo actos precisos de convalidación y consentimiento de la actuación de dicha autoridad judicial, ya que le solicitó la imposición de medidas cautelares, la cual fue concedida, puesto que el accionante fue designado como depositario del bien inmueble objeto de litis el 4 de agosto de 2022;
asimismo, ya se señaló fecha de celebración de la audiencia preliminar para el 30 de igual mes y año, evidenciándose la existencia de actos consentidos por parte del accionante, puesto que consistió la competencia de la nueva autoridad judicial; toda vez que, el peticionante de tutela voluntariamente se sometió al acto considerado lesivo, puesto que acudió a la jurisdicción del Juzgado Mixto Público Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achocalla del departamento de La Paz, reflejando en consecuencia, su consentimiento y sometiéndose a la competencia de dicha autoridad judicial, correspondiendo por tal razón denegar la tutela solicitada respecto a esta problemática. En cuanto a la segunda sub problemática referente a la actuación de los Vocales demandados, el impetrante de tutela denuncia que en el Auto de Vista cuestionado omitieron pronunciarse respecto a la excepción de litispendencia, señalando que al existir el retiro de la apelación formulada por parte de los demandados, no corresponde ingresar al fondo por no identificarse agravio, olvidándose que su persona como demandante también formuló recurso de apelación con relación a la excepción de litispendencia, que no resolvió el Juez suplente. Ahora bien, previamente corresponde precisar que conforme el art. 367.III del CPC, se establece que: “Las excepciones, nulidades y otras cuestiones propuestas por las partes serán resueltas en una sola resolución dictada en audiencia para sanear el proceso, salvo que la autoridad judicial se declare incompetente, en cuyo caso no se resolverán otras cuestiones”; es decir, que se entiende que la autoridad que se declare incompetente no resolverá otras cuestiones; ello en concordancia, con el art. 12.7 de Ley del Órgano Judicial (LOJ), que respecto a la competencia señala que: “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”; es decir, delimita las funciones de dichas autoridades a objeto de que conozcan y sustancien un determinado conflicto, ya sea por la naturaleza en sí de las cosas o de los hechos, o de acuerdo a las personas involucradas en el asunto a resolverse; asimismo, el art. 122 de la CPE, establece que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. Bajo dicho marco normativo, se tiene que si bien, el Auto de Vista cuestionado emerge de la tramitación de las excepciones de incompetencia, litispendencia y solicitud de declinatoria de competencia, resueltas por el Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, mediante el Auto Interlocutorio 267 A/2021 de 29 de noviembre, que declaró probada la excepción previa de incompetencia, así como la solicitud de declinatoria de competencia al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achocalla del mismo departamento; evidenciándose que la excepción de incompetencia ya fue resuelta, tramitada y analizada en doble instancia; es decir, tanto por el Juez a quo y el Tribunal de alzada, declinando competencia a la autoridad judicial de Achocalla, aspecto que como se señaló precedentemente fue consentido por la parte accionante; en ese sentido, al declararse incompetente la autoridad judicial de primera instancia y confirmar dicha determinación los Vocales demandados, no corresponde emitir pronunciamiento de fondo que resuelva la excepción previa de litispendencia; toda vez que, se reitera que conforme establece el art. 367.III del CPC, cuando la autoridad judicial se declare incompetente no resolverá otras cuestiones; toda vez que, será la autoridad competente quien emita pronunciamiento de fondo que resuelva el incidente de litispendencia, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela al respecto. En cuanto a la segunda problemática referente a la actuación de los Jueces demandados, el impetrante de tutela denuncio que ante su recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto el 17 de noviembre de 2021, contra el decreto de 4 de igual mes y año, emitieron el decreto de 19 de igual mes y año; sin embargo, no existe resolución por parte de la autoridad judicial y menos aún la remisión de obrados al Tribunal de alzada.
Al respecto de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se tiene que el principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Suprema fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa. En ese sentido, conforme a lo precisado en el párrafo precedente, la pretensión del impetrante de tutela, resulta siendo extemporánea, decayendo en el incumplimiento de la inmediatez, cuyo plazo es de seis meses a partir del acto lesivo que se cuestiona, por cuanto ante la interposición del recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto el 17 de noviembre de 2021 por parte del accionante contra el Decreto de 4 de mismo mes y año, mereció el decreto de 19 de noviembre de 2021, que señala: “II. Sin perjuicio que el recurso de reposición con alternativa de apelación procede únicamente contra Autor Interlocutorios conforme el Art. 254 Parag V del Cód. Procesal Civil” (sic) y la presente acción tutelar fue interpuesta el 15 de julio de 2022; es decir, completamente fuera del plazo de los seis meses previsto por el art. 129.II de la CPE concordante con el art. 55 del CPCo; máxime, si se toma en cuenta que, contra el decreto de 4 de noviembre de 2021, no procede recurso de reposición bajo alternativa de apelación; toda vez que, dicho mecanismo procesal procede únicamente contra Autos Interlocutorios y no así contra decretos o providencias; asimismo, se debe tomar en cuenta la declinatoria de competencia a la jurisdicción de Achocalla, la cual como se analizó precedentemente fue consentida por parte del accionante; extremos que mantienen inalterable el incumplimiento del principio de inmediatez glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, puesto que la presente acción de defensa fue presentada recién el 15 de julio de 2022, no pudiendo el accionante pretender salvar su desidia o negligencia con la interposición de esta acción de tutelar, incurriendo en el vencimiento del plazo de la inmediatez por más de siete meses, correspondiendo a esos efectos denegar la tutela impetrada.
Respecto a la tercera problemática referente a actuación de la Oficial de Diligencias, el peticionante de tutela denuncia que la misma incurrió en las siguientes irregularidades: 1) El Auto Interlocutorio 267 A/2021 de 29 de noviembre, le fue notificado a través de WhatsApp el 6 de enero de 2022; es decir, después de un mes y quince días; 2) La excepción de incompetencia presentada el 11 de octubre de 2021 hasta el 11 de enero de 2022 no fue notificada a su persona, habiendo transcurrido más de tres meses; no obstante, que se consignó número de celular para efectos de notificación; 3) El 17 de noviembre de 2021, presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de 4 de igual mes y año; empero, no se notificó el recurso de apelación trascurriendo más de un año; 4) El Decreto de 1 de noviembre de 2021, que observo la demanda reconvencional de usucapión, hasta la fecha no fue notificada; no obstante, que los demandados consignaron el celular de su abogada; y, 5) Mediante memorial de 7 de septiembre de 2021 adjunto prueba que fue admitida por decreto de 9 de similar mes y año, que ordeno la notificación a los demandados; empero, no fueron notificados. Al respecto, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, determina que la notificación, no está dirigida a cumplir simplemente una formalidad procesal, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario; toda vez que, solo el conocimiento real y efectivo de la comunicación, asegura que no se provoque la lesión del derecho a la defensa de la parte en la tramitación y resolución de toda clase de procesos. Ahora bien, en cuanto a la primera y segunda sub problemática referente a las actuaciones de la Oficial de Diligencias, el accionante cuestiono que el Auto Interlocutorio 267 A/2021 de 29 de noviembre, le fue notificado a través de WhatsApp el 6 de enero de 2022; es decir, después de un mes y quince días; y, la excepción de incompetencia presentada el 11 de octubre de 2021 hasta el 11 de enero de 2022 no fue notificada a su persona, habiendo transcurrido más de tres meses; no obstante, que se consignó número de celular para efectos de notificación; en ese sentido, respecto a ambas actos procesales, corresponde precisar que la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario; en ese sentido, se tiene que el accionante asumió conocimiento efectivo de dichas determinaciones; toda vez que, ante la notificación con el Auto Interlocutorio 267 A/2021 formulo recurso de reposición bajo alternativa de apelación, mereciendo el Auto de Vista 194/2022; asimismo, respecto a la notificación de la excepción de incompetencia, se tiene que el propio accionante mediante memorial presentado el 3 de noviembre de 2021 respondió dicha excepción, mereciendo el decreto de 4 de idéntico mes y año, que refiere “…téngase por respondida a las excepciones previas de incompetencia y litispendencia…” (sic), advirtiéndose que asumió pleno conocimiento de las determinaciones asumidas, ejerciendo de forma amplia su derecho a la defensa interponiendo los recursos que la ley le franquea, así como a contestar a las excepciones formuladas, correspondiendo denegar la tutela al respecto. Sobre la tercera sub problemática referente a las actuaciones de la Oficial de Diligencias, el accionante denuncia el 17 de noviembre de 2021 presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de 4 de mismo mes y año; empero, no se notificó el recurso de apelación trascurriendo más de un año. Al respecto, conforme se desarrolló precedentemente, corresponde reiterar que conforme se señaló precedentemente opera el principio de inmediatez desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; toda vez que, transcurrieron más de siete meses del acto considerado lesivo; máxime, si el recurso de reposición bajo alternativa de apelación procede únicamente contra Autos Interlocutorios; por lo que, contra el Decreto de 4 de noviembre de 2021; no procede el mismo, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela sobre esta problemática. En cuanto a la cuarta y quinta sub problemática referentes a las actuaciones de la Oficial de Diligencias, el impetrante de tutela denuncia que el decreto de 1 de noviembre de 2021; mediante el cual, se observo la demanda reconvencional de usucapión, hasta la fecha no fue notificada; no obstante, que los demandados consignaron el celular de su abogada; y, que mediante memorial de 7 de septiembre de igual año su persona adjunto prueba que fue admitida por decreto de 9 de similar mes y año, que ordeno la notificación a los demandados; empero, no fueron notificados.
En ese sentido, se advierte que el accionante denuncia la vulneración de los derechos de los ahora terceros interesados, que a decir del propio peticionante de tutela no fueron notificación con las determinaciones asumidas por la autoridad judicial, siendo menester recordar conforme se tiene de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, se establece que la acción de amparo constitucional debe ser activada únicamente por la persona que se sienta agraviada por la afectación directa que represente la acción u omisión conculcadora de sus derechos y garantías constitucionales; puesto que debe existir un perjuicio directo que el impetrante de tutela debe acreditar; por lo que, únicamente a este le faculta la ley para poder presentar la acción de defensa; es decir, que únicamente la persona que cuente con la capacidad procesal, podrá activar la acción de amparo constitucional; toda vez que, el titular del derecho y garantía constitucional vulnerado, es el único que cuenta con la capacidad procesal de poder asumir defensa por sus intereses, lo que se traduce en que la legitimación activa resulta ser un requisito de procedencia de la acción de amparo constitucional en la que el accionante debe demostrar esa vinculación entre el acto que se impugna y su derecho supuestamente vulnerado; es decir, que especifique el daño o menoscabo a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Bajo dicho marco jurisprudencial, se advierte que el peticionante de tutela no cuenta con la legitimación activa a efecto de reclamar la falta de notificaciones a la parte demandada, ahora terceros interesados, puesto que no es el titular de los derechos denunciados de vulnerados, tampoco demostró la concurrencia de un agravio personal y directo en la afectación de sus derechos; toda vez que, el titular del derecho y garantía constitucional vulnerado, es el único que cuenta con la capacidad procesal de poder asumir defensa por sus intereses, ello de conformidad al art. 129.I de la CPE, que establece, que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, lo que pone aún más en evidencia la falta de legitimación activa, razón por la cual corresponde denegar la tutela respecto a la cuarta y quinta problemática por falta de legitimación activa, con la aclaración que en el presente caso, no se ingresó al análisis del fondo del asunto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 220/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 386 a 390, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 La SC 0672/2005-R de 16 de junio, expresó los citados criterios concernientes a los actos consentidos libre y expresamente.
2 Respecto a la libertad de asumir las acciones o reclamaciones contra los actos lesivos o aceptar los efectos de los mismos, la SC 0700/2003- R de 22 de mayo, ha expresado textualmente: “La excepción prevista en la citada norma, tiene su fundamento en el respeto al libre desarrollo de la personalidad, lo que significa que toda persona puede hacer lo que desee en su vida y con su vida sin que la Sociedad o el Estado puedan realizar intromisiones indebidas en dicha vida privada; pues se entiende que toda persona tiene la absoluta libertad de ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de las demás personas; por lo mismo, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o, en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad que afecta su derecho, por considerar que esa afección no es grave y no justifica la iniciación de las acciones legales correspondientes”.
6 La SC 1845/2004-R en su Fundamento Jurídico III.2 estableció que: “En el marco anotado, los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art.16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida”.
13 Lo previsto por el Constituyente, respecto a la legitimación activa para plantear el recurso de amparo constitucional, tiene su fundamento en el hecho de que, siendo una acción tutelar que protege los derechos fundamentales de la persona, quien debe contar con la capacidad procesal es precisamente el titular del derecho fundamental vulnerado, pues es él quien tiene la potestad de exigir la restitución o restablecimiento del derecho vulnerado o, en su caso, consentir el acto lesivo en el marco de la máxima jurídica de que "los derechos se ejercen y las obligaciones se cumplen"; es en ese marco que este Tribunal Constitucional, ha establecido jurisprudencia con relación al tema, cuando en su SC 1082/2003-R de 30 de julio, ha señalado que "Una de las notas que caracteriza a todo derecho fundamental, es la de tener la calidad de derecho subjetivo, que faculta a su titular a acudir al órgano jurisdiccional competente, cuando funcionarios públicos o particulares restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir tales derechos"; jurisprudencia que ha sido complementada a través de la SC 169/2002-R de 27 de febrero, en la que este Tribunal ha sostenido que "(...) la protección que la garantía constitucional del Amparo conlleva está sujeta a determinados presupuestos, uno de ellos es que el recurrente esté legitimado para impugnar el acto u omisión reclamado. Así el art. 19-II de la Constitución Política del Estado dispone que el Recurso de Amparo debe ser interpuesto por la persona agraviada o por otra a su nombre con poder suficiente. En tal virtud la legitimación activa en el Amparo corresponde al obligado o afectado que directamente acredita interés en el asunto y en quien recae las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad que se impugna”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0327_2024-S1.pdf · páginas 1 a 34.
Huella digital del PDF (SHA-256): f27170aa8513385c0af7e0b74e99a2a77ca577162bb967bcfbc1f0eed95a8e0a
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