Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 22 de mayo de 2023
Concede la tutela
La impetrante de tutela, alegó lesionado el debido proceso en su elemento de la seguridad jurídica, y sus derechos al trabajo, y la estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada, al haber sido notificada el 28 de marzo de 2022, con la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022, emitida a su favor por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija; hasta la fecha de la presentación de su acción tutelar (21 de abril de igual año), la precitada autoridad, omitiría dar cumplimiento de la referida Resolución, para ser reincorporada a su fuente de trabajo como docente, ante la estabilidad e inamovilidad que le corresponde, por ser madre de una persona con discapacidad y al contar con diferentes contratos suscritos con la citada institución pública, desde la gestión 2005. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 48/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 317 a 322, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER provisionalmente la tutela solicitada, disponiendo que Henry Esnor Valdez Huanca, Rector a.i. de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, dé cumplimiento a la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022 de 24 de marzo, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, en los mismos términos dispuestos en la mencionada Resolución, debiendo proceder a la reincorporación laboral, en su condición de docente a Claudia Gimena Fernández Terrazas, al mismo cargo que venía desarrollando la referida en la mencionada casa de estudios, con igual remuneración, y debiendo cancelarse los días que causaron el alejamiento de la trabajadora, y los derechos sociales que le correspondan, hasta el día de su restitución efectiva, esto en aplicación al Decreto Supremo 0496, y sea de forma inmediata a partir de la legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ello sin costas por ser excusable.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0327/2023-S4 Sucre, 22 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 47306-2022-95-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 48/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 317 a 322, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Gimena Fernández Terrazas contra Henry Esnor Valdez Huanca, Rector a.i. de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS).
Por memorial presentado el 21 de abril de 2022, cursante de fs. 37 a 90; la accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Desde el 2005, ingresó a trabajar en la UAJMS como docente interina, y con el objeto de enseñanza en diferentes materias asignadas, que si bien fueron a través de contratos verbales; empero, posteriormente por resoluciones facultativas, de manera tácita, se recondujo su situación laboral, convirtiéndose en un contrato indefinido; de lo cual, desempeñó la misma función de un titular, percibiendo los beneficios sociales que corresponden [“vacaciones, aportes a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFPs), y otros], y una remuneración, por el vínculo de dependencia y trabajo con la citada casa de estudios; sin embargo, vulnerando su derecho al trabajo, fue despedida injustificadamente, luego de haber desempeñado sus funciones, dentro de un contrato indefinido, y con el consentimiento de la entidad contratante (UAJMS); y, ante lo cual no existió ninguna ruptura en su relación laboral; toda vez que, habría cumplido las mismas funciones, y carga horaria en su fuente de trabajo desde la gestión 2005; asimismo, no se le habría respetado su estabilidad laboral; puesto que, al despedirle injustificadamente e intempestivamente, no se precauteló el bienestar de su hija (persona con discapacidad); además, se lesionó el debido proceso y seguridad jurídica; dado que, su despido se originó sin ningún fundamento jurídico; y, en su calidad de docente, no tuvo ningún proceso administrativo con resolución ejecutoriada, o con falta grave o gravísima, que justificaría su despido o destitución. Es así que, conforme a la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022 de 24 de marzo, la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, ordenó su reincorporación, a su fuente laboral como docente; es decir, al haber acreditado la dependencia laboral obrero patronal, de la cual percibía sus remuneraciones, y conforme a su relación laboral, recibía órdenes para la ejecución de su trabajo; es así que, al ser su despido injustificado sin asidero, sería la causa legal para su restitución dispuesta en la merituada Conminatoria; empero, ante el incumplimiento de la misma, y la normativa nacional, sería la justificante para la interposición de esta acción tutelar, por la vulneración de su derecho al trabajo, estabilidad laboral y al debido proceso; puesto que, por certificaciones, acreditaría que a la fecha (21 de abril de 2022) no fue reincorporada, y no se impugnó la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022.
La impetrante de tutela, alegó lesionado el debido proceso en su elemento seguridad jurídica, y sus derechos al trabajo, y la estabilidad laboral; citando al efecto los arts. 46.I, 48.II, 49.III, 115.II, 117, 137, 180, y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 24, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 7, 8, y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se ordene a la autoridad demandada, su reincorporación por estabilidad laboral, al mismo puesto y funciones que ocupaba, al momento de su despido ilegal y anticonstitucional; b) Se le restituya sus derechos y garantías del debido proceso y defensa que le asiste; y, c) Se le cancele los días que le causaron el alejamiento de su trabajo, y demás derechos sociales que le corresponden.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de abril 2022, según consta en el acta cursante de fs. 315 a 317, presentes la accionante asistido por su abogada, la autoridad demandada a través de su representante legal, y ausentes la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, y el Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su abogada, en audiencia, ratificó de forma íntegra su demanda de acción de amparo constitucional, y ampliándola, señaló que: 1) Al trabajar desde el 2005 en la UAJMS, hasta la fecha, no tendría una estabilidad laboral; toda vez que, a pesar que existiría decretos que le amparan, no fueron cumplidos por la citada casa de estudios; y, 2) El art. 12 del Reglamento del Régimen Académico Docente de la Universidad Boliviana, establecería que por única vez, se podría contratar a un docente interino; empero, la UAJMS en pro de su autonomía y beneficio, le realizó varios contratos sucesivos, de los cuales a la fecha, no querría hacerse responsable de su estabilidad; por lo que, presentó toda la documentación necesaria, para acreditar su despido injustificado, al contar con un contrato indefinido.
Henry Esnor Valdez Huanca, Rector a.i. de la UAJMS, a través de Olga Verónica Martínez Revollo, Vicerrectora de la citada entidad pública, y la misma mediante sus abogados apoderados, por memorial presentado el 22 de abril de 2022, cursante de fs. 312 a 313 vta., y en audiencia, alegó que: i) La demanda de acción tutelar, no cumpliría con los requisitos formales exigidos por la normativa constitucional, para la procedencia de la misma; toda vez que, solo se realizó una extensa trascripción, mediante el método de copia y pega de la jurisprudencia, doctrina, y posiciones legales, y sin hacer una narración de los hechos suscitados; ii) Al existir una controversia en el presente caso, el Ministerio de Trabajo, perdería su competencia, y el asunto pasaría a ser de conocimiento exclusivo de la judicatura laboral, conforme al art. 73 de la LOJ; por lo que, la petición de la accionante en su demanda de acción de defensa, respecto a que la Sala Constitucional, determine y le otorgue la reincorporación a su fuente laboral, este aspecto no sería competencia de dicha instancia constitucional; porque, este tipo de acciones tutelares, se debería verificar, si hubo o no, las vulneraciones a los derechos y garantías; iii) En cuanto a los contratos laborales, no pueden ser necesariamente normales bajo una relación contractual; ya que, podrían ser verbales, o mediante memorándum; es así que, para los docente interinos, institucionalmente, se optaría por la resolución o designación mediante memorándum; en el cual, se establece claramente la fecha de inicio y la final de la designación, para el desarrollo de las actividades de docente; iv) No sería cierto que se le despidió sin ningún proceso a la accionante; puesto que, no podría haber un proceso de despido ni ninguna manifestación o acto que tienda a disponer la conclusión laboral; razón por el cual, en el presente caso, la conclusión de contrato será por el simple hecho del término concluido; v) La inamovilidad laboral, por hijos menores de edad con discapacidad, no sería aplicable al trabajador que tendría un contrato a plazo fijo, y conocería perfectamente el final del término de su relación laboral; vi) Ante la emisión fuera de lugar y competencia de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022, por parte del Ministerio de Trabajo, presentó recurso de revocatoria; y, que al encontrarse la misma en trámite y pendiente de resolución, se tendría todavía la vía jerárquica; vii) La definición de las relaciones laborales, o los contratos que suscribe una institución pública, entre un docente y la universidad, solo podrían ser modificados por la judicatura laboral, y no sería de competencia del Ministerio de Trabajo ni de las autoridades constitucionales; y, viii)
El aceptar el cumplimiento de la merituada Conminatoria, causaría un serio perjuicio a la UAJMS; toda vez que, conforme al Oficio 042, de la Secretaría Académica de la referida casa de estudios, el proceso de convocatoria para la admisión docente en la gestión 2022, fue concluida, y se designó a todos los docentes interinos; por lo cual, que labor podría otorgársele a la impetrante de tutela, si las vacancias a docencia no existirían; además, que al obligarle contar con dos trabajadores en el mismo cargo, una sin en el ejercicio de ninguna actividad, implicaría pagar dos sueldos y otras consecuencias; es así que, por todo los argumentos expuestos, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Trabajo El representante del Ministerio Público y de la Jefatura Departamental Trabajo de Tarija, no presentaron escrito alguno ni asistieron a la audiencia de consideración de acción de amparo constitucional pese a su notificación cursante a fs. 92 vta.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 48/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 317 a 322, concedió en parte la tutela solicitada, conforme a los alcances de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022, y exhortó a la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, observar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la SCP 0929/2021-S3 de 18 de noviembre; ello con base en los siguientes fundamentos: a) De la aludida Conminatoria, se tiene en su parte dispositiva, la reincorporación laboral de la accionante, por parte de la UAJMS, en el plazo de tres días, a partir de la notificación con la misma; sin embargo, por lo manifestado y reconocimiento en audiencia, por la autoridad demandada, no habría dado cumplimiento de dicha disposición emitida por la mencionada Jefatura; b) El Tribunal Constitucional Plurinacional, con el objeto de unificar criterios y considerar los alcances y cumplimiento de las conminatorias, emitió la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, que al ser considerada la misma, en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, entre sus presupuestos establece que, la jurisdicción constitucional, se encuentra imposibilitada de hacer un análisis del fondo, con respecto a la fundamentación o no de la conminatoria, y si esta podría ser indebida o ilegal; pues únicamente le corresponde a esta jurisdicción, dar cumplimiento a dicha Conminatoria; razón por el cual, en el presente caso, al advertir que la autoridad demandada, no dio cumplimiento de la referida Resolución y su disposición, corresponde únicamente observar el cumplimiento de la misma; y, c) En el caso de existir situaciones suscitadas o controvertidas, en el presente caso, corresponde a la jurisdicción ordinaria su tramitación; por lo que, no se podría ingresar a considerar el análisis de fondo de la señalada Conminatoria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Conforme a la Certificación de 15 de febrero de 2022, el Departamento de Personal de la UAJMS, aseveró que Claudia Gimena Fernández Terrazas –ahora accionante–, trabajaría como docente “A” a tiempo completo, en la citada casa de estudios, en las gestiones: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021 (fs. 8 a 11). II.2. Mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2022, ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, la impetrante de tutela, demandó a la UAJMS, su reincorporación laboral, ante la estabilidad e inamovilidad que le corresponde, por ser madre de una persona con discapacidad, y solicitando al efecto, su restitución a través de un contrato indefinido o uno análogo, donde se le otorgue un ítem (fs. 117 a 145). II.3. Por Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022 de 24 de marzo, el Jefe Departamental de Trabajo de Tarija, conminó a la UAJMS, la reincorporación laboral de la accionante, dentro del plazo de tres días hábiles, a partir de la notificación con la citada Resolución, en las mismas condiciones y cargo que venía desarrollando la referida en la mencionada casa de estudios, con la misma remuneración, y debiendo cancelarse los días que causaron el alejamiento de la trabajadora; además, los derechos sociales, por ser plena responsabilidad de la merituada institución pública; aludida Resolución que fue notificada a la UAJMS, el 28 de igual mes y año (fs. 25; y, 26 a 28). II.4. Mediante memorial presentado el 7 de abril de 2022, ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, Henry Esnor Valdez Huanca, Rector a.i. de la UAJMS –hoy demandado–, presentó recurso de revocatoria contra la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022 (fs. 309 a 311 vta.). II.5. Por Resolución 115/2022 de 12 de mayo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró no ha lugar, la denuncia interpuesta por la accionante, por incumplimiento de la Resolución 48/2022 de 22 de abril, de concesión de tutela a su favor, por parte de la autoridad demandada; ante lo cual, mediante memoriales de 18 y 19 de mayo de igual año, la impetrante de tutela, presentó recurso de reposición e impugnó la aludida Resolución 115/2022, o en su defecto solicitó se remita antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional, en grado de queja; en virtud a ello, la referida Sala Constitucional, mediante decreto de 19 de mayo de 2022, dispuso la remisión de los precitados actuados procesales ante este Tribunal; de lo cual, mereció el Decreto Constitucional de 31 del citado mes y año, misma que señaló, que al estar objeto de revisión la Resolución 48/2022, de concesión de tutela, no correspondería la revisión aún de la Resolución 115/2022, en aplicación del art. 16.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, según sello de sorteo general de 18 de abril de 2023, de la Comisión de Admisión de este Tribunal, la presente causa de acción de amparo constitucional, fue adjudicado a la Sala Cuarta Especializada, en la precitada fecha (fs. 378 a 379 vta.; 385 a 386 vta.; 391 y vta.; 392; 397; y, 406).
La impetrante de tutela, alegó lesionado el debido proceso en su elemento de la seguridad jurídica, y sus derechos al trabajo, y la estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada, al haber sido notificada el 28 de marzo de 2022, con la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022, emitida a su favor por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija; hasta la fecha de la presentación de su acción tutelar (21 de abril de igual año), la precitada autoridad, omitiría dar cumplimiento de la referida Resolución, para ser reincorporada a su fuente de trabajo como docente, ante la estabilidad e inamovilidad que le corresponde, por ser madre de una persona con discapacidad y al contar con diferentes contratos suscritos con la citada institución pública, desde la gestión 2005. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0709/2021-S4 de 18 de octubre, estableció que: “Partiendo de un análisis comparativo y valorativo de la jurisprudencia constitucional referida al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, la Sala Plena del Tribunal Constitucional, mediante la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, advirtiendo la existencia de precedentes contradictorios, efectuó un análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el tema, destacando la protección que brinda el Estado boliviano a través de la emisión de normas que garantizan el respeto y protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, así como su realización, estableciendo además que corresponde a los órganos encargados de resolver conflictos laborales –administrativos o judiciales-, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico bajo los principios de protección a las trabajadoras y trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión del onus probandi. En este marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional, determinó que antes de las modificaciones e inclusiones efectuadas por el DS 0495 al DS 28699, cuando el trabajador optaba por su reincorporación y se constataba la negativa del empleador de dar cumplimiento al a conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para impugnarla, adjuntando como prueba del despido injustificado, la propia conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que la justicia constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente al análisis de las problemáticas vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, remitiéndose las mismas a la jurisdicción ordinaria. No obstante, a partir de la emisión del indicado DS 0495 que modificó el parágrafo III e incluyó los parágrafos IV y V, ambos del art. 10 del DS 28699, el tratamiento de las denuncias de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en la justicia constitucional, cambió sustancialmente, al establecerse en el parágrafo V del mencionado artículo que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo V del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; precepto normativo que se halla en concordancia con lo dispuesto por el art. 3 de la RM 868/10. Es en base dicha normativa, que los entendimientos jurisprudenciales referidos al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación, sufrieron un cambio significativo, ya que desde entonces, cuando una trabajadora o un trabajador demanda la reincorporación a su fuente de trabajo, ante un despido sin causa justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretenden, solamente se exige acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que, ante la emisión de una conminatoria de reincorporación y aun ante la posibilidad de impugnarla en la vía administrativa o judicial, en mérito al nuevo paradigma de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, no resulta imprescindible agotar las mismas para demandar su cumplimiento ante la justicia constitucional que, ante su inobservancia, viabilizará la concesión de la tutela a través de la acción de amparo constitucional. Bajo dichos entendimientos, la señalada RDC 0001/2021, efectuando una labor de unificación de los precedentes jurisprudenciales, extrayendo el desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en cada resolución constitucional que, por mandato del art. 203 de la CPE, es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio y se constituye en resguardo de la seguridad jurídica y en protección de los derechos fundamentales, con la finalidad de evitar que situaciones símiles sean resueltas de forma distinta, al amparo del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), imponiendo un mínima racionalidad y universalidad, con el objeto de evitar la dispersión de criterios interpretativos, asumió la decisión de aplicar el criterio hermenéutico con el más alto estándar de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, cuando se demande el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral”. En este contexto la indicada RDC 0001/2021, estableció lo siguiente: “1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos de la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; es decir: i) Cuando un trabajador o trabajadora sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional –abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador. iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria citada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; v) La Justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar –incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. 2) Con relación al cumplimiento integral de la conminatoria del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero”. Entendimientos estos que, conforme se tiene señalado, de acuerdo al mandato expreso del art. 203 de la CPE, dado su carácter vinculante y obligatorio, aun para la propia justicia constitucional, deben ser aplicados en todos aquellos casos en los cuales una trabajadora o un trabajador, denuncie a través de la acción de amparo constitucional, el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, quedando abiertas la vía administrativa y/o judicial, a efectos de que el empleador, pueda impugnarla. Esto, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.
El 30 de septiembre de 2022, fue promulgada la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de derechos laborales, cuyo objeto es resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical, estableciendo a dicho efecto el procedimiento especial para su restitución, incluyendo su ámbito de aplicación a todas las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la Ley General del Trabajo, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las correspondientes Resoluciones de Restitución de Derechos Laborales, que constituyen actos administrativos de alcance particular, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad (arts. 1 al 3).
En armonía con dichos preceptos, el art. 12 del cuerpo normativo en análisis, refiriéndose a las resoluciones emergentes de las denuncias de despido sin causa justificada, definidas por el art. 5 de la L1468, como “a) El despido unilateral y arbitrario dispuesto por el empleador, que no se adecúa a las causas legales establecidas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 244, de 23 de agosto de 1943; b) El despido dispuesto por el empleador que tenga como argumento la inasistencia injustificada de la trabajadora o el trabajador, cuando esta exceda de seis (6) días laborales continuos, sin previa oportunidad para su justificación”, determina que una vez corridos los trámites previos establecidos en los arts. 6 al 11 de la misma norma, se dictará la correspondiente resolución, determinándose:
“I. En conocimiento de dicho informe, luego de analizar y valorar los antecedentes que formen parte del expediente, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, en el plazo de diez (10) días hábiles, emitirá Resolución debidamente fundamentada y motivada: a) Disponiendo que la empleadora o el empleador proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o el trabajador en las mismas condiciones anteriores al momento del despido sin causa justificada que comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; la restitución de los derechos a la seguridad social de corto y largo plazo; el pago de subsidios por maternidad en caso de corresponder; el pago de salarios adeudados a las trabajadoras o los trabajadores; otros derechos que hubiesen sido afectados y el cumplimiento del fuero sindical; o, b) Disponiendo el rechazo de la denuncia.
II. En caso de denuncia colectiva, la decisión asumida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá ser emitida individualizando la situación de cada trabajadora o trabajador”.
Por su parte, el art. 14 de la referida Ley, prevé el recurso de revisión como mecanismo de impugnación inmediato ante la propia instancia laboral, determinando lo siguiente:
“I. Si la trabajadora o el trabajador o en su caso la empleadora o el empleador considerase afectados sus derechos con la Resolución de Reincorporación Laboral, la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o la Resolución de Cumplimiento del Fuero Sindical, emitida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, podrá impugnar la misma a través del Recurso de Revisión.
II. La impugnación a la Resolución de Reincorporación Laboral, a la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o a la Resolución de Cumplimiento al Fuero Sindical, no implica la suspensión de su ejecución.
III. El Recurso de Revisión deberá ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emitió la Resolución de primera instancia, en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo alternativa de ser desestimado.
IV. En el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto el Recurso de Revisión, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá remitirlo junto con sus antecedentes a conocimiento de la Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
V. La Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para resolver el Recurso de Revisión, tendrá el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el cual se computará a partir de su interposición. Resuelto el Recurso de Revisión, en el plazo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá el plazo de tres (3) días hábiles para notificar a las partes.
VI. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución de Reincorporación Laboral o la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario deberá confirmarla o revocarla, total o parcialmente; en caso de ser confirmatoria, deberá establecer la liquidación de los salarios devengados y otros derechos que pudiesen corresponder, suma líquida y exigible que constituye título coactivo a efectos de la presente Ley.
VII. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución de Cumplimiento de Fuero Sindical deberá confirmar o revocar lo dispuesto en la resolución de primera instancia.
VIII. La Resolución Ministerial, en los casos señalados en los Parágrafos VI y VII precedentes, deberá ser cumplida en sus términos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, computables a partir de su notificación, bajo alternativa de su ejecución en la vía judicial, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley”.
Adicionalmente y regulando el procedimiento ulterior al agotamiento de la vía administrativa laboral, ante el incumplimiento de lo dispuesto y a los efectos de la ejecución la resolución de restitución de derechos laborales, el art. 14 del mismo compilado legal determina que:
“I. En caso de incumplimiento a la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución.
II. Sin perjuicio de lo señalado en el Parágrafo anterior, la trabajadora o el trabajador, de forma personal, mediante apoderado legal o por intermedio de un representante de la organización sindical a la que estuviese afiliado, podrá solicitar ante el Juez de Trabajo, la ejecución de la Resolución Ministerial de Restitución de Derechos Laborales.
III. El plazo para plantear la solicitud de ejecución de la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, será de diez (10) días hábiles, computables a partir de la legal notificación a la trabajadora o el trabajador.
IV. El Juez de Trabajo examinará el título coactivo previsto en el Parágrafo VI del Artículo 13 de la presente Ley y emitirá Auto de Cumplimiento en el plazo de tres (3) días hábiles, vencido el mismo y en caso de incumplimiento, dispondrá la aplicación inmediata de las medidas que fuesen necesarias para efectivizar la restitución de los derechos laborales vulnerados, como ser, retención de fondos hasta el monto de la liquidación efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anotación preventiva, embargo y posterior remate de bienes, y en su caso la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 216 del Código Procesal del Trabajo.
V. El obligado, únicamente, podrá oponer excepciones referidas al cumplimiento del título coactivo o restitución del fuero sindical, impersonería del obligado y de pago de los beneficios sociales a la trabajadora o el trabajador.
VI. Todas las excepciones se opondrán al mismo tiempo, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde la notificación con la solicitud de ejecución y el auto de cumplimiento, acompañando prueba preconstituida.
VII. Opuestas las excepciones, el Juez, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, dispondrá traslado a la parte que hubiere presentado la solicitud de ejecución coactiva, el cual, deberá ser notificado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles para que sean respondidas en plazo similar.
VIII. Cumplido lo dispuesto en el Parágrafo anterior, con o sin respuesta, el Juez emitirá pronunciamiento en el término improrrogable de tres (3) días hábiles, declarando probadas o improbadas las mismas. Pronunciamiento que deberá ser notificado en los siguientes tres (3) días hábiles. IX. Los plazos establecidos en el presente Artículo son improrrogables y de cumplimiento obligatorio, bajo alternativa de responsabilidad.
X. En caso de que las partes interpongan Recurso de Apelación con relación a la resolución emitida por el juez, la misma será concedida únicamente en efecto devolutivo, por lo que no se suspenderá su ejecución”, preveyéndose de manera complementaria en el art. 15 siguiente, que “La Resolución de Restitución de Derechos Laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en la presente Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común”.
En cuanto a la entrada en vigencia de la normativa previamente glosada, la Disposición Transitoria Primera, establece: “La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicación”, determinando en la Disposición Transitoria Segunda que: “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”.
Finalmente, la Ley 1468 en comento, mediante las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias, abrogó el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010 y derogó los Parágrafos III, IV y V de los arts. 10 y 13 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006.
Ahora bien, del análisis sistemático de la norma previamente glosada, se evidencia que la misma tiene por objeto regular el procedimiento de denuncias ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo por despidos injustificados y la forma en la cual, las resoluciones emitidas por dicha instancia pueden impugnadas, inicialmente ante la misma repartición estatal como posteriormente ante la judicatura laboral, pudiendo además y ante el incumplimiento de lo dispuesto por la instancia administrativa laboral, remitirse obrados directamente a efectos de su acatamiento a la señalada jurisdicción, siendo en consecuencia que, como efecto de la derogatoria del DS 0495, ya no resulta viable acudir directamente a exigir el cumplimiento de las decisiones asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, ante la jurisdicción constitucional.
No obstante, teniendo presente que la normativa revisada establece que entrará en vigencia treinta días después de su promulgación el 30 de septiembre de 2022; es decir, que será aplicable a partir de 1 de noviembre de igual año, resulta necesario efectuar una aclaración con referencia al contenido normativo de la Disposición Transitoria Segunda, glosada en párrafos precedentes y que determina que “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”.
En este contexto y a la luz de los principios protector, de continuidad de la relación laboral, proteccionista, intervencionista, de primacía de la realidad y de no discriminación, estatuidos en el art. 4 del DS 28699, así como los principios generales del derecho laboral de favorabilidad, pro operario e irrenunciabilidad de los derechos laborales, este Tribunal considera pertinente establecer la normativa analizada y que ingresa en vigencia a los efectos legales pertinentes el 1 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las Conminatorias de Reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo con anterioridad a la vigencia de la norma, en cuyo caso, las causas presentadas ante la jurisdicción constitucional en denuncia del incumplimiento de las conminatorias de reincorporación anteriores al 1 de noviembre de 2022 y que además hayan sido presentadas dentro del plazo de 6 meses previsto en el art. 55 del CPCo, deberán resolverse en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, señalada en el Fundamento Jurídico que antecede.
Razonamiento que también se hace extensible a las partes demandadas que, en el tenor de los entendimientos antes expresados, podrán, siguiendo el procedimiento establecido por esta jurisdicción con carácter previo a la vigencia de la Ley 1468, activar los mecanismos de impugnación ante la instancia laboral (revocatoria y jerárquico) y/o en su defecto, ante la judicatura laboral, ante las cuales deberán efectuar las reclamaciones que consideren pertinente.
Al respecto el ACP 0013/2015-O de 16 de julio, señala que: “La acción de amparo constitucional, en su dimensión procesal, es un verdadero proceso de naturaleza constitucional, al cual le son aplicables criterios propios de la teoría procesal general, en el marco de la naturaleza jurídica de este mecanismo oportuno y pronto de tutela de derechos fundamentales y de acuerdo a los postulados propios del Derecho Procesal Constitucional, cuyos presupuestos procedimentales rigen el ejercicio de la justicia constitucional. En efecto, precisamente a la luz de la dimensión procesal de la acción de amparo constitucional, en el marco de los presupuestos aportados por la doctrina del Derecho Procesal Constitucional, debe precisarse que en el diseño constitucional imperante, el proceso de esta acción de defensa tiene las siguientes fases procesales: a) Admisibilidad; b) Audiencia pública; c) Decisión; d) Revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; y, e) Ejecución de decisiones emergentes de sentencias constitucionales con calidad de cosa juzgada constitucional, pronunciadas en el marco del ejercicio del control tutelar de constitucionalidad. Ahora bien, en los procesos de acción de amparo constitucional, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales con calidad de cosa juzgada, son de cumplimiento obligatorio para las partes procesales, razón por la cual y frente a un eventual incumplimiento o demora en la ejecución de una decisión constitucional, el legislador ha dispuesto para la etapa de ejecución de fallos, un mecanismo procesal idóneo para la denuncia por incumplimiento de decisiones emergentes de acciones tutelares, destinado a consolidar una real materialización y por ende un efectivo cumplimiento a sentencias constitucionales con calidad de cosa juzgada. El art. 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo), concordante con la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, claramente señala que: «I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción».
Por lo expresado, a través de la labor hermenéutica y a la luz de una interpretación, desde y conforme la Constitución, corresponde determinar las reglas de un debido proceso aplicables a la etapa de ejecución de fallos por denuncias referentes a quejas por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas en acciones tutelares. Por ello, en esta etapa procesal, el Juez o Tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinticuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe o documentación pertinente a la autoridad o particular que se encuentre obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución de una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, si fuera el caso. El Juez o Tribunal de garantías, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, mediante auto expreso, rechazará la queja o la concederá, asumiendo en este último supuesto, las medidas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones, entre las cuales puede requerir la intervención de la fuerza pública, la remisión de antecedentes al Ministerio Público o la imposición de multas progresivas, entre otras. Con la resolución pronunciada por el juez o tribunal de garantías, se notificará a las partes procesales, estando facultado el denunciante de la queja, en caso de estimar dilación o incumplimiento de la resolución emergente de una acción tutelar, a presentar la misma ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en los términos establecidos por el art. 16.II del CPCo, queja que deberá ser formulada en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la resolución emitida por el juez o tribunal de garantías. En este supuesto, el Juez o Tribunal de garantías, en el plazo de veinte cuatro horas, deberá remitir todos los antecedentes relevantes a la queja de incumplimiento de sentencia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sala que emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional, con calidad de cosa juzgada, deberá resolver la indicada queja por demora o incumplimiento a resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, a través de Auto Constitucional Plurinacional, analizando los fundamentos de la misma y si se advierte que efectivamente existiere incumplimiento a lo determinado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, declarará 'ha lugar' la denuncia pronunciada, total o parcialmente, o podrá inclusive revocar y declarar 'no ha lugar a la denuncia de queja de incumplimiento de sentencia formulada y que fue resuelta por el Juez o Tribunal de garantías que conoció inicialmente la referida queja decisión que deberá ser cumplida de manera inmediata. De acuerdo a lo señalado, es pertinente establecer que la interpretación desarrollada del art. 16 del CPCo, es coherente y acorde a los principios de inmediatez y celeridad concordante con la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y propios del proceso constitucional de la acción de amparo constitucional y demás mecanismos tutelares de defensa; asimismo, responde a una pauta hermenéutica específica, cual es la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales; en ese orden, es pertinente precisar que el principio de tutela constitucional efectiva, tiene un rango constitucional y se configura como un corolario para el ejercicio del control de constitucionalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia, por tanto, la disciplina del procedimiento de queja por demora o incumplimiento en ejecución de decisiones constitucionales con calidad de cosa juzgada, responde a la consolidación de dicho principio” (las negrillas nos corresponden).
La impetrante de tutela, alegó lesionado el debido proceso en su elemento seguridad jurídica, y sus derechos al trabajo, y la estabilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada, al haber sido notificada el 28 de marzo de 2022, con la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022, emitida a su favor por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija; hasta la fecha de la presentación de su acción tutelar (21 de abril de igual año), la precitada autoridad, omitiría dar cumplimiento de la referida Resolución, para ser reincorporada a su fuente de trabajo como docente, ante la estabilidad e inamovilidad que le corresponde, por ser madre de una persona con discapacidad y al contar con diferentes contratos suscritos con la citada institución pública, desde la gestión 2005.
Con carácter previo a la resolución de la problemática planteada y atendiendo el análisis realizado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, respecto a la Ley 1468; es preciso aclarar, que si bien la presente acción de amparo constitucional se circunscribe a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral y pago de salarios devengados, resuelta en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021; debido a que, conforme se tiene de antecedentes, la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022, fue emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, el 24 de marzo de 2022; es decir, con anterioridad a la promulgación y vigencia de la señalada Ley 1468 –30 de septiembre de igual año–, la cual, por las razones expuestas en el apartado que antecede, no puede ser aplicada de manera retroactiva. Ante dicha aclaración, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, mediante la RDC 0001/2021, se estableció que la línea jurisprudencial que deberá seguir el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la forma de resolución del presente caso, referido a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe ser la desarrollada por la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; por contener el estándar más alto de protección de derechos fundamentales, la cual establece que con el objeto de resguardar al trabajador ante despidos intempestivos y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo; por el cual, se otorgan facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que sea esta entidad administrativa, por medio de las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, las que establezca si el retiro es justificado o no, y en mérito a ello, emitir si corresponde, una resolución de conminatoria de reincorporación, para luego, en caso de que el empleador se resista a su cumplimiento, acudir a la jurisdicción constitucional.
Es así que, de la indicada protección, conforme se tiene fundamentado en la RDC 0001/2021, no implica que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más, dedicada a la ejecución de decisiones administrativas ni se le atribuya a este Tribunal, funciones coercitivas que obliguen al cumplimiento de las mismas, sino en un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, a un empleo digno y a la estabilidad laboral, y otros que de ellos deriven, a través de la materialización del cumplimiento de la orden de restitución del trabajador a su fuente laboral, más el consecuente pago de los salarios devengados y otros derechos sociales que le correspondan, salvando los derechos del empleador de acudir a la vía administrativa o jurisdiccional, para cuestionar o impugnar jurídicamente la conminatoria emitida.
En cumplimiento del principio de favorabilidad, tal como se fijó precedentemente, corresponde aplicar el estándar más alto que se determina por el derecho del trabajador a la estabilidad laboral, el cual está reconocido por la Constitución Política del Estado, siendo de aplicación directa e inmediata, conforme prevé el art. 109.I de la Norma Suprema, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, corresponde proteger a los trabajadores de un despido arbitrario, sin que medien circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, resueltas bajo normas expresas en proceso administrativo interno; en armonía con lo que estipula el art. 49.III de la Ley Fundamental, cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral.
En ese contexto, por mandato de lo previsto en el art. 10.III del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495 de 1 de mayo de 2010, la conminatoria, a partir de su notificación se convierte en obligatoria en su cumplimiento, la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por parte del Rector a.i. de la UAJMS –ahora demandado–; resultando en consecuencia, que la presente acción de defensa, surge únicamente con la finalidad de que se cumpla con el mandato de la citada Conminatoria, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria; dado que, como se expresó precedentemente, se salvan los resultados de fondo que pudieran emerger de la activación de los medios de impugnación administrativos o judiciales, por la parte demandada. Es así que, de los antecedentes anotados, y conforme a las Conclusiones de este fallo constitucional; se tiene que, conforme al formulario de notificaciones, el 28 de marzo de 2022, la autoridad demandada, fue notificada con la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija; entidad pública laboral, que conminó a la precitada autoridad, la reincorporación laboral de la accionante, dentro del plazo de tres días hábiles, a partir de la notificación con la citada Resolución, en las mismas condiciones y cargo que venía desarrollando la referida en la mencionada casa de estudios, con la misma remuneración, y debiendo cancelarse los días que causaron el alejamiento de la trabajadora; además, los derechos sociales, por ser plena responsabilidad de la merituada institución pública; por otra parte, se tiene lo manifestado por la parte demandada, que a través de su abogado, en audiencia de acción tutelar, refirió que, al existir hechos controvertidos en el presente caso, el Ministerio de Trabajo, perdió su competencia, y el asunto tendría que pasar a conocimiento exclusivo de la judicatura laboral, conforme al art. 73 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley de 25 de junio de 2015–; por lo que, la petición de la impetrante de tutela, en su demanda de acción de defensa, respecto a que la Sala Constitucional, determine y se le otorgue la reincorporación a su fuente laboral; conforme a lo precitado, tampoco sería competencia de dicha instancia constitucional; asimismo, señaló que no hubo ningún proceso despido contra la accionante, sino una conclusión de contrato laboral; y, que el aceptar el cumplimiento de la merituada Conminatoria, causaría un serio perjuicio a la UAJMS; toda vez que, conforme al Oficio 042, de la Secretaría Académica de la referida casa de estudios, el proceso de convocatoria para la admisión docente en la gestión 2022, fue concluida, y se designó a todos los docentes interinos; por lo cual, que labor podría otorgársele a la impetrante de tutela, si las vacancias a docencia no existirían; además, que al obligarle contar con dos trabajadores en el mismo cargo, una sin en el ejercicio de ninguna actividad, implicaría pagar dos sueldos y otras consecuencias; y, por último alegó que, ante la emisión fuera de lugar y competencia de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022, por parte de la nombrada entidad laboral, presentó recurso de revocatoria, y que al encontrarse la misma en trámite y pendiente de resolución, se tendría todavía la vía jerárquica; es así que, ante lo expuesto precedentemente, se denotaría, la falta de reincorporación laboral de la accionante, hasta la fecha (22 de abril de 2022), y por ende el incumplimiento de la merituada Conminatoria por parte de la autoridad demandada. Por lo cual, conforme a lo señalado anteriormente, se evidenciarse que la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022, no fue cumplida por la autoridad demandada, que de acuerdo a lo previsto por los arts. 45; 46.I.2; 48; 49.II y III de la CPE, con relación a las normas laborales establecidas en los Decretos Supremos (DDSS) 28699 y 0495, éstas se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; consecuentemente, para el Tribunal Constitucional Plurinacional, resulta imperativo aplicar, interpretar y pronunciarse favorablemente respecto los derechos laborales que en la problemática analizada han sido denunciados como vulnerados y que fueron previamente reconocidos y restablecidos por la instancia administrativa laboral competente, dentro del marco de las previsiones contenidas en los DDSS 28699 y 0495. Es así que, por todo lo expuesto, se concluye que la autoridad demandada, al no haber dado cumplimiento estricto de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija; efectivamente la citada autoridad, vulneró los derechos de la accionante, al trabajo, y la estabilidad laboral; por lo que, con base en los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada.
Debiendo la autoridad demandada, cumplir con la precitada Conminatoria de reincorporación y estabilidad laboral, en su integridad, sin omitir ninguna de sus determinaciones; es decir, que además de la reincorporación laboral de la impetrante de tutela como docente, debe cumplirse con el pago de los días que causaron el alejamiento de la trabajadora y otros derechos sociales que señalaría la misma, mientras no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que la deje sin efecto.
No obstante a ello, corresponde aclarar que la tutela concedida, posee un carácter extraordinario y provisional; toda vez que, conforme se tiene de antecedentes, las vías impugnativas en sede administrativa fueron activadas por la parte empleadora, a través de los medios recursivos establecidos; que previstos en el ordenamiento jurídico, podría aun la misma, una vez concluida dicha vía, y de considerarlo necesario, activar la jurisdicción laboral; instancia ante la cual, deberá exponer y probar los argumentos que fueron expresados a través de esta acción tutelar. Finalmente antes de concluir, respecto a la Conclusión II.5 del presente fallo constitucional, cabe hacer notar a la ahora accionante, que las determinaciones asumidas por las Salas Constitucionales o los Jueces o Tribunales de garantías, en caso de concesión de las acciones tutelares, son de cumplimiento inmediato y obligatorio; por lo tanto, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en caso de que considere aún el incumplimiento de un fallo constitucional dictado por dichas autoridades o cualquier decisión que se hubiere tomado en ese ínterin y que las partes considerarían indebidas, aun cuando este no hubiera merecido, una resolución por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional y se encontrare pendiente de revisión, pueden activar el recurso de queja ante la instancia de garantías a efectos de exigir el cumplimiento de las determinaciones asumidas en la misma, trámite que se inicia y concluye en esa instancia, mientras no se dicte una Sentencia Constitucional Plurinacional; en el entendido que, dichas autoridades están en la obligación de hacer cumplir sus determinaciones. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, evaluó de forma parcialmente correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 48/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 317 a 322, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER provisionalmente la tutela solicitada, disponiendo que Henry Esnor Valdez Huanca, Rector a.i. de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, dé cumplimiento a la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT-029/2022 de 24 de marzo, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, en los mismos términos dispuestos en la mencionada Resolución, debiendo proceder a la reincorporación laboral, en su condición de docente a Claudia Gimena Fernández Terrazas, al mismo cargo que venía desarrollando la referida en la mencionada casa de estudios, con igual remuneración, y debiendo cancelarse los días que causaron el alejamiento de la trabajadora, y los derechos sociales que le correspondan, hasta el día de su restitución efectiva, esto en aplicación al Decreto Supremo 0496, y sea de forma inmediata a partir de la legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ello sin costas por ser excusable. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0327_2023-S4.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3dcc5586e3d1bf9a81e8bd4d8aa59d6dba5f2da084fa8f6be4ca90e460165bb7
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