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SCP 0326/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51820-2022-104-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela a través de su representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, y al principio de presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y alteración o sustitución del objeto del delito, habiendo solicitado cesación de su detención preventiva, la jueza ahora demandada lo rechazó; determinación contra la cual interpuso recurso de apelación, que el Vocal demandado declaró improcedente; y en consecuencia, confirmó el Auto apelado; resoluciones que dan por concurrente el riesgo previsto en el art. 235.1 del CPP en base a conjeturas, que genera incertidumbre sobre su configuración, riesgo procesal sobre el cual los demandados omitieron motivar y fundamentar debidamente sus resoluciones; por lo que, solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto Interlocutorio 593/2022 de 21 de julio y del Auto de Vista 206/2022 de 4 de agosto; debiendo “…JUEZ DEL JUZGADO CUARTO DE SENTENCIA DE LA CIUDAD ORURO” (sic), dictar nuevo fallo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 003/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 95 a 101 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0326/2025-S3 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51820-2022-104-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 003/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 95 a 101 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Moisés Ángel Ponce de León Birbuet en representación sin mandato de Iván Willy Cuentas Llanque contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 46 a 53 vta., el accionante a través de su representante sin mandato expresó lo siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y alteración o sustitución del objeto del delito, previstos y sancionados por los arts. 142 y 154 del Código Penal (CP); y 70 de la Ley del Régimen de la Coca y Régimen de Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; mediante Auto Interlocutorio 774/2018 de 22 de octubre, se ordenó su detención preventiva por la concurrencia de la probabilidad de autoría y de los riesgos establecidos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; posteriormente, se emitió acusación formal que fue radicada ante el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital de citado departamento, instancia a la cual solicitó la cesación de la referida medida extrema, solicitud que fue aceptada por Auto Interlocutorio 521/2022 de 1 de julio. El 7 de julio de 2022, el Ministerio de Gobierno presentó un incidente de actividad procesal defectuosa, denunciando que no fueron notificadas todas las partes del proceso con la audiencia de cesación a la detención preventiva, únicamente lo hicieron con el Auto Interlocutorio referido; el cual, fue declarado procedente mediante Auto Interlocutorio 568/2022 de 13 de julio; en consecuencia, la jueza codemandada a través del Auto Interlocutorio 593/2022 de 21 de julio, rechazó la solicitud de cesación de detención preventiva; determinación que fue apelada por el ahora impetrante de tutela y fue resuelta por el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 206/2022 de 4 de agosto, que declaró improcedente el recurso señalado y confirmó el Auto Interlocutorio apelado. Agregó que, la concurrencia del riesgo previsto en el art. 235.1 del CPP fue basado sobre conjeturas, lo que le generó incertidumbre respecto a la configuración del mismo; circunstancias que no se atendió en apelación, porque esa Resolución carece de una debida motivación y fundamentación, circunstancia que constituye en una obligación de todo servidor judicial a tiempo de la emisión de sus resoluciones, situación que debe ser corregida por parte de las mismas.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; y al principio de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 23, 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto Interlocutorio 593/2022 de 21 de julio; y, del Auto de Vista 206/2022 de 4 de agosto; debiendo “…JUEZ DEL JUZGADO CUARTO DE SENTENCIA DE LA CIUDAD ORURO” (sic), dictar nuevo fallo.

I.2. Audiencia y Resolución de la jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 19 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 89 a 94 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó de manera íntegra en los términos de su memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: a) Presentó varias solicitudes de cesación a la detención preventiva que fueron negadas, motivo por el cual interpuso una acción de libertad contra las autoridades judiciales que las rechazaron, alegando que no existían nuevos elementos para desvirtuar el riesgo procesal; la referida acción tutelar fue concedida; y en consecuencia, se emitió una nueva resolución en la que únicamente se reforzó la fundamentación para justificar la posición asumida, sin modificar su situación jurídica; en instancia de revisión se emitió la SCP 0416/2020-S2 de 14 de septiembre, que establece la obligación de fundamentar las decisiones, más allá de fundamentar la detención preventiva en meras suposiciones; resaltó que las Sentencias, Declaraciones y Autos del Tribunal Constitucional Plurinacional eran de cumplimiento obligatorio para las partes y también vinculaban a todas las autoridades en casos con identidad fáctica y legal; pese a ello, las autoridades demandadas ya habían pronunciado su fallo y, aun existiendo un fallo constitucional, negaron la cesación a la medida extrema con base en presunciones, argumentando que no se habían presentado nuevos elementos que desvirtúen el riesgo procesal; b) La autoridad demandada de primera instancia debía realizar una valoración integral, debidamente fundamentada, pero no la cumplió; señaló que, el riesgo primigenio del art. 235.1 del citado Código, que en la primera audiencia se había considerado desvirtuado, luego fue declarado como un “error”, disponiéndose nuevamente su detención; por ello, recurrió a la vía constitucional, alegando la vulneración del principio de legalidad y del debido proceso, al calificarse un riesgo imposible de desvirtuar y emitirse resoluciones sin fundamentación legal y con incongruencias; y, c) La resolución observada no estableció el tiempo de detención, lo que implicaba una permanencia indefinida, ya lleva cuatro años detenido, sin que ello constituyera una condena anticipada, y existían nuevos elementos que no fueron considerados; además, se dictó una resolución que negó la cesación a la medida extrema; por ello, reiteró la solicitud de anularla y se dicte una nueva que respetara las garantías constitucionales y efectúe un análisis integral de los antecedentes, y se aplique la Sentencia Constitucional Plurinacional que indica que no puede estar detenido por meras presunciones.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación a fs. 59. Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, en audiencia solicitó se rechace la acción tutelar, y refirió que: 1) Durante la tramitación del proceso penal se tuvo distintas solicitudes relacionadas con recursos extraordinarios de acción de libertad interpuestos por el ahora también accionante; la última acción tutelar fue conocida y resuelta por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, celebrándose la audiencia respectiva el 14 de noviembre de 2022, siendo formulada con los mismos argumentos; posteriormente, interpuso nuevamente otra acción de libertad con idénticos argumentos, esta vez en la ciudad de El Alto; 2) La pretensión del abogado fue que la tramitación del proceso fuera reconocida por un juez de garantías ajeno al departamento en el que se sustancia el proceso penal; por lo que, fue demandada en diferentes oportunidades; el problema radicó en que se hizo referencia a un fallo constitucional que se emitió en relación a la aplicación de medidas cautelares, atribuyéndose el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP; 3) Como el proceso se encontraba en la etapa de juicio oral, tuvo que abocarse a los riesgos procesales que el Juez de Instrucción Penal consideró como concurrentes; se desvirtuó uno de los dos riesgos procesales, pero permaneció subsistente el previsto en el art. 235.1 del citado Código; se concedió la cesación a la detención preventiva de manera irregular, ya que no asistió ningún sujeto procesal y se tuvo que convocar incluso al Ministerio Público; la cesación se otorgó por una equivocada aplicación del referido precepto legal, a raíz de ello, el Ministerio de Gobierno interpuso un incidente de actividad procesal defectuosa, que fue resuelto dejando sin efecto el referido Auto Interlocutorio, al considerarse que existían defectos insubsanables e inconvalidables; por lo que, finalmente se anuló la aplicación de las medidas sustitutivas; 4) Se señaló nueva fecha para la consideración de la cesación a la detención preventiva; en esa oportunidad, los abogados expusieron varios fundamentos que anteriormente no habían sido considerados en la audiencia previa; finalmente, se emitió el Auto Interlocutorio 593/2022, mediante el cual se rechazó la cesación a la detención preventiva; razón por la cual, considera está siendo demandada; y, 5) La citada determinación fue objeto de un recurso de apelación incidental, que fue resuelto por el Auto de Vista 206/2022, que declaró improcedente y confirmó la determinación impugnada, el ahora impetrante de tutela refirió que carecía de motivación y fundamentación; además, esta acción de defensa, en caso de concederse la tutela, irá dirigida, en principio, a la autoridad que conoció el último recurso.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 003/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 95 a 101 vta., denegó la tutela solicitada, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Al analizar el primer cuestionamiento sobre la supuesta falta de motivación y fundamentación atribuida a la jueza codemandada, se observó que el Auto Interlocutorio 593/2022 de 21 de julio, desarrolló la pretensión de enervar los riesgos procesales, desglosó la prueba presentada y explicó el valor otorgado a cada elemento de convicción, realizando un análisis detallado, concluyendo que no existían modificaciones a los motivos que sustentaron la detención preventiva del impetrante de tutela, por lo que, cumplió con la exigencia de motivación y fundamentación sin evidenciarse la vulneración alegada; ii) Respecto al Vocal demandado se tiene claramente establecido que los fundamentos de subjetividad expresados por el ahora demandante de tutela, no fueron emitidos por éste, es decir, no tiene vinculación en cuanto al fallo que emitió; iii) Con relación a que no observó ni se cumplió con lo establecido en la SCP 0416/2020-S2, la cual señaló que el peligro procesal resultaba demasiado subjetivo y, en esa ocasión, se otorgó la razón a la parte demandada; se indicó que, en mérito a la resolución que resolvió la acción impugnada, debiendo emitirse un nuevo fallo con fundamentos claros y concretos que permitieran al ahora accionante defenderse de manera adecuada; sin embargo, ello no implicaba que la Jueza codemandada tuviera la obligación de asumir nuevos criterios sobre la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP, sino únicamente cumplir con la exigencia de fundamentación y motivación a la que todas las autoridades estaban obligadas; en consecuencia, no se evidenció transgresión de derechos ni garantías; iv) En cuanto a la supuesta lesión de los derechos a la legítima defensa y a la libertad por incumplimiento del art. 233.3 del CPP, se estableció que en la etapa de juicio oral bastaba la concurrencia de riesgos procesales, la norma y los antecedentes, concluyéndose que el Vocal demandado no tenía obligación alguna al momento de aplicarse la detención preventiva, ya que no fue quien impuso dicha medida ni tenía facultad para fijar un tiempo de duración; en consecuencia, conforme a la norma aplicable, se dedujo que tampoco se había infringido derecho o garantía alguna por parte de la Jueza codemandada; v) Al analizar el Auto de Vista 206/2022 de 4 de agosto, emitida por la autoridad demandada, se constató que el peticionante de tutela ante el tribunal de alzada expuso nuevamente los mismos antecedentes, alegando que el peligro procesal previsto en el art. 235.1 del CPP, se tenía fundado en simples subjetividades, pese a que ya se había presentado suficiente prueba y existía una Sentencia Constitucional Plurinacional que debía ser cumplida por el Juez de primera instancia; en la fundamentación, se otorgó valor a cada uno de los elementos de convicción presentados, ratificando que carecían de fuerza suficiente, y se respondió a todos los reclamos planteados; se concluyó que no correspondía volver a valorar en esta etapa de juicio oral, si concurría o no el peligro procesal, y que el impetrante de tutela conservaba la facultad de activar los mecanismos legales ordinarios o constitucionales para obtener una resolución acorde a sus exigencias; y, vi) Se estableció la inexistencia de transgresión al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación respecto al Vocal demandado, asimismo, no se presentó ningún otro argumento relacionado con la vulneración de derechos y garantías constitucionales que correspondiera analizar en relación a dicha autoridad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 593/2022 de 21 de julio, emitido por Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandada-; en el cual se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por Iván Willy Cuentas Llanque -ahora accionante-; a cuya finalización de dicho actuado procesal, la defensa del impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental (fs. 23 a 26).

II.2. Mediante Auto de Vista 206/2022 de 4 de agosto, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -también demandado-, declaró improcedente el recurso de apelación referido en el acápite II.1; y en consecuencia, confirmó el Auto apelado (fs. 27 a 28 vta.). II.3. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y página web del Tribunal Constitucional Plurinacional (https://tcpbolivia.bo), se evidencia que el demandante de tutela, interpuso anteriormente otra acción de libertad contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del referido departamento, que se encuentra signado con el número de expediente 51792-2022-104-AL, en la que se solicitó se disponga la nulidad del Auto Interlocutorio 593/2022 de 21 de julio y del Auto de Vista 206/2022 de 4 de agosto.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela a través de su representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, y al principio de presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y alteración o sustitución del objeto del delito, habiendo solicitado cesación de su detención preventiva, la jueza ahora demandada lo rechazó; determinación contra la cual interpuso recurso de apelación, que el Vocal demandado declaró improcedente; y en consecuencia, confirmó el Auto apelado; resoluciones que dan por concurrente el riesgo previsto en el art. 235.1 del CPP en base a conjeturas, que genera incertidumbre sobre su configuración, riesgo procesal sobre el cual los demandados omitieron motivar y fundamentar debidamente sus resoluciones; por lo que, solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto Interlocutorio 593/2022 de 21 de julio y del Auto de Vista 206/2022 de 4 de agosto; debiendo “…JUEZ DEL JUZGADO CUARTO DE SENTENCIA DE LA CIUDAD ORURO” (sic), dictar nuevo fallo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares

La SCP 0294/2018-S2 de 25 de junio, respecto a esta temática, señaló lo siguiente: «Con relación a la imposibilidad de plantear otra acción tutelar por hechos análogos mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, tiene su antecedente en la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, la cual establece que la interposición de un nuevo recurso -ahora acción- sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho y constituiría un acto temerario, que pretende lograr una duplicidad de fallos; puesto que, solo después de emitida la sentencia constitucional en revisión, y siempre que se hubiere declarado la improcedencia por cuestiones formales, que no impliquen examinar el fondo del asunto, la parte accionante podría interponer nuevo recurso -ahora acción-, cumpliendo con los requisitos extrañados. Dicho entendimiento, fue reiterado en las SSCC 0016/2004-R de 6 de enero y 0252/2004-R de 20 de febrero; posteriormente, confirmado en la SC 1598/2011-R de 11 de octubre; razonamiento que fue asumido también por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0516/2012 de 9 de julio. Asimismo, la SCP 1224/2014 de 16 de junio, en el Fundamento Jurídico III.5, señala: “…no se puede pretender que sea tutelado el reclamo de vulneración de su derecho a la libertad, porque le denegaron una anterior acción de libertad, a través de otra acción de libertad, cuando la misma se encuentra en revisión antes este Tribunal, el que en definitiva se pronunciará al respecto…”. Finalmente, la SCP 0088/2015-S2 de 5 de febrero, reiteró el entendimiento establecido en la SC 1347/2003-R. En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que el accionante no puede activar otra acción de libertad sobre los mismos hechos, estando en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo una primera acción de tutela, en cuyo caso la segunda demanda tutelar deviene en improcedente».

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y alteración o sustitución del objeto del delito; habiendo solicitado cesación de su detención preventiva, la Jueza demandada rechazó su petición; determinación que fue apelada y resuelta por el Vocal ahora también demandado, quien declaró la improcedencia del mismo; y en consecuencia, confirmó el Auto apelado; resoluciones que dan por concurrente el riesgo previsto en el art. 235.1 del CPP en base a conjeturas, que genera incertidumbre sobre su configuración; riesgo procesal sobre el cual, los ahora demandados omitieron motivar y fundamentar debidamente sus resoluciones. De los antecedentes contenidos en el expediente, se tiene que, por Auto Interlocutorio 593/2023 de 21 de julio, se rechazó la solicitud de cesación de detención preventiva presentada por el accionante; que en instancia de apelación, mediante Auto de Vista 206/2022 de 4 de agosto, se confirmó el rechazo a la solicitud referida. El Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ha establecido que no es posible activar otra acción de libertad sobre los mismos hechos, estando en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo una primera acción de tutela, en cuyo caso la segunda demanda tutelar deviene en improcedente. En ese marco, de la Conclusión II.3. se corrobora que, el impetrante de tutela presentó anteriormente otra acción de libertad denunciando igualmente a los mismos demandados de esta acción de defensa; la cual se encuentra signada con el número de expediente 51792-2022-104-AL, en la que también solicitó se disponga la nulidad del Auto Interlocutorio 593/2022 de 21 de julio y del Auto de Vista 206/2022 de 4 de agosto. De lo expuesto precedentemente, el entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico referido, resulta aplicable en el presente caso; toda vez que, se advierte que el ahora demandante de tutela, interpuso una anterior acción de libertad contra los mismos demandados, denunciando los mismos actos lesivos y con el mismo petitorio, cual es la nulidad del Auto Interlocutorio 593/2022 y del Auto de Vista 206/2022; en ese contexto, se corrobora que la anterior acción de libertad se refiere a los mismos hechos que se denuncian en la presente acción tutelar, existiendo identidad de sujeto, objeto y causa sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho y constituiría un acto temerario, que pretende lograr una duplicidad de fallos. En ese marco, se advierte que el peticionante de tutela al interponer la presente acción de libertad sin esperar que se resuelva la primera acción de libertad, incurrió en un acto temerario, por cuanto podría generar una disfunción procesal al pretender que exista dos pronunciamientos sobre la misma problemática; lo cual impide a analizar el fondo de esta nueva acción de libertad; en consecuencia, la pretensión del ahora solicitante de tutela, no es susceptible de protección a través de una nueva acción constitucional; correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 003/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 95 a 101 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo, conforme prescriben los arts. 19.IV CPE y. 102.V LTC. A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0326_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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