B.IA.LEGAL

SCP 0325/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51755-2022-104-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y el principio de celeridad, considerando que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, y otros, solicitó a la Fiscal de Materia demandada el registro de su departamento, para el posterior secuestro de la documentación identificada como relevante a efecto de desvirtuar el argumento de que su persona estaría obstaculizando la averiguación de la verdad; empero, la autoridad fiscal demandada en forma tardía a la primera solicitud, señaló “de momento estese a los datos del proceso”; con relación a la segunda solicitud, se limitó a responder que con carácter previo indique la utilidad y pertinencia de lo solicitado, desconociendo su obligación de dar respuesta con la celeridad que el caso exige, máxime si sus solicitudes estaban relacionadas con la cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022, del 15 de noviembre, cursante de fs. 65 a 70 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme los fundamentos detallados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0325/2025-S3 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51755-2022-104-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 10/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 65 a 70 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roger Flores Fuentes en representación sin mandato de Omar Humberto Terrazas Morales contra Claudia Paredes Olmos, Fiscal de Materia, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 44 a 48 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, el 12 de octubre de 2022, se dispuso en audiencia de incidente de aplicación de medidas cautelares su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba, bajo el argumento de que en su poder se encontrarían documentos de la familia Sillirico, además, por la concurrencia de los riesgos procesales inmersos en el art. 235 núm. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 27 del mismo mes y año, por medio del portafolio digital presentó memorial solicitando el registro de su departamento 2-A, ubicado en el Edificio Titán N° 575, para que posteriormente se secuestre documentos relacionados a la familia Silirico, solicitud que la realizó con la finalidad de desvirtuar el argumento de que su persona estaría obstaculizando la averiguación de la verdad dentro de la demanda de estafa. El 7 de noviembre de 2022, recién la autoridad demandada respondió de manera negativa a la solicitud efectuada el 27 de octubre de mismo año, disponiendo “estese a los datos del proceso”, excediéndose del plazo que establece el adjetivo penal para la resolución de los memoriales, situación que sería atentatoria al debido proceso, toda vez que es obligación de la Fiscalía responder dentro de los plazos razonables, solicitudes relacionadas a la libertad del imputado. Mediante memorial presentado el 7 de noviembre del citado año, reiteró la solicitud de registro y secuestro de los supuestos documentos pertenecientes a los denunciantes, haciendo hincapié de que en el caso de no dar curso a estos requerimientos se le estaría atentando a sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la libertad, debido a que se encuentra con detención preventiva y que el registro y secuestro de la prueba mencionada podría modificar los circunstancias que motivaron su detención, solicitud que fue resuelta por la autoridad demandada, el 8 de noviembre del mismo mes y año, quien señaló que si bien el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, bajo el principio de aportación de prueba, las partes pueden entregar voluntariamente todos los documentos que tengan en su poder. Ambas respuestas emitidas por la autoridad demandada atentan a su derecho al debido proceso y a la libertad, pues se le estaría impidiendo que produzca la prueba que determinaría su situación jurídica, toda vez que la demandada en representación del Ministerio Público tiene la obligación de ordenar los requerimientos fiscales necesarios para la averiguación de la verdad, máxime si la misma podría determinar la cesación de la detención preventiva. La Fiscal de materia ahora demandada, desconoció la obligación que tiene de dar curso a las peticiones que sirvan como elementos para una solicitud de cesación a la detención preventiva, cuando su vigencia se encuentra relacionada con la persistencia de un solo riesgo procesal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y el principio de celeridad; citando al efecto, el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto los decretos de 28 de octubre y 8 de noviembre de 2022; b) En el día se de curso a su petición, ordenándose la realización de los actuados del registro de su domicilio y secuestro de documentos de la familia Sillirico, si los hubiese; c) En caso de concederse la tutela, se remita copia de la resolución a la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio Público; y, d) Se le multe a la Fiscal con la suma de Bs21 000.- (veintiún mil bolivianos) a razón de los gastos incurridos al efectuar la acción de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 62 a 64, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que la SCP 0442/2021-S3 de 10 de agosto, establece que no es necesario agotar la subsidiariedad para acudir a la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Claudia Paredes Olmos, Fiscal de Materia, a través de informe escrito presentado el 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 60 a 61, señaló que: i) El impetrante de tutela dentro del caso signado con CUD 301102012202906, solicitó en dos oportunidades el registro de su departamento y secuestro de los documentos pertenecientes a la familia Sillerico, solicitudes que fueron requeridas al día siguiente de solicitadas; el primero, el 28 de octubre de 2022, y el segundo, el 8 de noviembre del mismo año, señalándose que con carácter previo se indique la utilidad y pertinencia de lo solicitado, haciendo conocer además que la partes pueden de manera voluntaria presentar las pruebas que consideren necesarias, por lo que en ningún momento se requirió de forma negativa; por el contrario, se indicó que con carácter previo aclare su solicitud; ii) Si la parte consideraba sentirse agraviada con su accionar debió acudir al control jurisdiccional; iii) Sin cumplir el carácter subsidiario el accionante de tutela acudió ante la Jueza de garantías cuando la doctrina establece que no procede la acción de libertad cuando existen recursos o estos se encuentren pendientes, mismos que a esa fecha no fueron agotados; como es el control jerárquico conforme dispone el art. 306 del CPP; y, iv) En el entendido de que la acción de libertad procede ante una detención ilegal o indebida, situación que no ocurrió en el presente caso debido a que el peticionante de tutela se encuentra privado de libertad por determinación de una autoridad jurisdiccional, por la concurrencia de riesgos procesales, en consecuencia solicitó se deniegue la tutela. Asimismo, en la audiencia de garantías señaló que: a) El escrito de 27 de octubre de 2022, no especificó que la documentación solicitada era para desvirtuar los riegos procesales, sino que la misma tenía fines investigativos; y, b) No se cumplió con el principio de subsidiariedad conforme lo dispuesto por las Sentencias Constitucionales Plirinacionales 0445/2020-S2 de 22 de septiembre y 0015/2016-S1 de 6 de enero.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 10/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 65 a 70 vta., denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos:1) La acción de libertad no constituye un recurso tutelar exclusivo para reparar toda las formas de lesión del derecho a la libertad, sino cuando la norma procesal no prevea medios de defensa idóneos, eficaces y oportunos para reparar los derechos vulnerados; 2) Conforme señala la SC 0181/2005-R el imputado que considere que durante el proceso de investigación sufrió una lesión a sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad debe impugnar tal conducta ante el juez Instructor, órgano jurisdiccional que tiene el cargo de control de la investigación desde los actos iniciales, hasta la conclusión de la etapa preparatoria; 3) El accionante tenía la vía expedita para solicitar al Juez de Instrucción el respectivo control jurisdiccional sobre la negativa de la representante del Ministerio Público de otorgarle el requerimiento solicitado de registro de su departamento y secuestro de la documentación que se llegue a identificar, por consiguiente es esa autoridad la competente para ejercer la labor investigativa y/o el ejercicio del resguardo de los derechos y garantías constitucionales, ante quien el accionante debió acudir antes de activar la vía constitucional; 4) Si bien el accionante aclaró que conforme la SCP 0442/2021-S3, de 10 de agosto, no sería necesario agotar la subsidiariedad para la activación de la acción de libertad, dicha Sentencia Constitucional no guarda supuestos facticos análogos a la presente resolución; 5) Las SCP 0659/2020-S2 de 12 de noviembre y 0528/2019 S3 de 2 de septiembre, invocadas por el accionante versan sobre hechos y fundamentos distintos al caso en análisis; 6) La solicitud de registro y secuestro de la presunta documentación que estuviera en su poder, se hallan fundamentadas no solamente a los fines de desvirtuar los riesgos procesales que motivaron su detención preventiva, si no también, con el objetivo de esclarecer el hecho que motivó dicha acción penal, es decir, la averiguación de la verdad histórica de los hechos; y, 7) Las observaciones efectuadas por el Ministerio Público se hallan enmarcadas en lo dispuesto por el art. 306 del CPP, tomando en cuenta que la petición del accionante no constituye solo una cuestión accesoria a lo principal, si no, que tiene doble finalidad, por lo que el impetrante de tutela debió observar dicho aspecto ante el superior jerárquico o en su caso activar el control jurisdiccional, motivo por el que no corresponde atender favorablemente la petición de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, por memorial de 27 de octubre de 2022, presentado ante la Fiscal de Materia demandada, el impetrante de tutela solicitó el registro de su departamento 2-A, ubicado en el Edificio Titán N° 575, para el posterior secuestro de la documentación identificada de la familia Sillerico, a efecto de desvirtuar el argumento de que su persona estaría obstaculizando la averiguación de la verdad (fs. 55). II.2. Mediante requerimiento de 28 de octubre de 2022, la Fiscal de Materia respondió a la solicitud efectuada por memorial de 27 de mismo mes y año, señalando “De momento estese a los datos del proceso” (fs. 56). II.3. Por memorial de 7 de noviembre de 2022, presentado ante la Fiscal de Materia demandada, el impetrante de tutela reiteró la solicitud de registro y secuestro, considerando que se encuentra con detención preventiva y que dicho registro y secuestro podría modificar la circunstancia que motivó su detención preventiva (fs. 57 a 58). II.4. El 8 de noviembre de 2022, la Fiscal demandada respondió a la solicitud efectuada por el impetrante de tutela, solicitándole que indique la utilidad y pertinencia de lo requerido, en el entendido de que el delito que se encuentra investigando es de estafa, estelionato y uso de instrumento falsificado, con relación a la falsedad ideológica (fs. 59)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y el principio de celeridad, considerando que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, y otros, solicitó a la Fiscal de Materia demandada el registro de su departamento, para el posterior secuestro de la documentación identificada como relevante a efecto de desvirtuar el argumento de que su persona estaría obstaculizando la averiguación de la verdad; empero, la autoridad fiscal demandada en forma tardía a la primera solicitud, señaló “de momento estese a los datos del proceso”; con relación a la segunda solicitud, se limitó a responder que con carácter previo indique la utilidad y pertinencia de lo solicitado, desconociendo su obligación de dar respuesta con la celeridad que el caso exige, máxime si sus solicitudes estaban relacionadas con la cesación de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero1, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo2, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.

Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo.

Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.

2 El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3 El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 4 El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 5 El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, que en materia penal, se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.

Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías- lesivos a derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el juez de instrucción penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, no procediendo, por tanto, la activación directa de la acción de libertad.

La sistematización desarrollada, fue extraída de la SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, entre otras.

III.2. Análisis del caso concreto

derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa” 6 El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y el principio de celeridad, por cuanto la Fiscal de Materia denunciada no dio respuesta a los requerimientos solicitados dentro del plazo de ley, tampoco dio curso a las peticiones relacionadas con su solicitud de cesación a la detención preventiva. De la revisión de antecedentes, se tiene que por memoriales presentados el 27 de octubre y 7 de noviembre ambos del año 2022, ante la Fiscal de Materia, el accionante solicitó registro de su departamento 2-A, ubicado en el Edificio Titán N° 575, para efectuar el secuestro de la documentación de la familia Sillerico, mereciendo decretos de 28 de octubre y 8 de noviembre de dicho año, por los cuales en el fondo la citada autoridad Fiscal no resolvió favorablemente lo solicitado, requiriendo previamente que el impetrante de tutela indique la utilidad y pertinencia de lo solicitado (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y, II.4)

Ahora bien, de los antecedentes fácticos procesales y delimitado el objeto procesal de la presente acción de defensa, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, todas las actuaciones de servidores policiales o representantes del Ministerio Público, que fueran presuntamente lesivas a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, deben ser denunciadas ante el Juez de control jurisdiccional que conoce la causa, al ser ésta la instancia competente para conocer las denuncias de posibles vulneraciones de derechos fundamentales que se hubiesen generado por los órganos encargados de la persecución penal; instancia donde el solicitante de tutela debió acudir antes de la interposición de la presente acción tutelar. En efecto, el impetrante de tutela debió haber agotado previamente los medios y recursos en la jurisdicción ordinaria, vale decir, que ante la respuesta emitida fuera del plazo de ley y ante la negativa a las solicitudes de registro del departamento 2-A, ubicado en el Edificio Titán N° 575 de propiedad del accionante, para el posterior secuestro de la documentación, el impetrante de tutela debió denunciar de forma previa, lo ahora denunciado en esta instancia constitucional; es decir, si consideraba que las determinaciones asumidas por la autoridad fiscal demandada a las solicitudes que planteó eran contrarias a sus derechos al debido proceso, a la libertad y el principio de celeridad, debió activar los mecanismos intraprocesales ante el juez a cargo del proceso penal, siendo esa autoridad la competente para realizar el control jurisdiccional. En ese contexto, acudir a la jurisdicción constitucional de manera directa, inobserva la línea jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, debiendo en consecuencia, denegarse la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022, del 15 de noviembre, cursante de fs. 65 a 70 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme los fundamentos detallados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0325_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6cd92dcf0ddf762fb342c9afb49025917f8b7924651a1b1841bb76bf58779344

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