Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la integridad física y psicológica, a no sufrir violencia física o psicológica; a la dignidad, honra, honor, propia imagen, al trabajo digno y sin discriminación, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, a la estabilidad laboral; a no ser discriminada por su condición de mujer y estado civil; a la inamovilidad laboral, y la prohibición de despido injustificado y toda forma de acoso laboral; puesto que, desde que ingresó a trabajar el actual Alcalde ahora accionado, fue objeto de acoso laboral por parte del Director de RR.HH. hoy coaccionado, por ser mujer, estar casada y ser funcionaria de la gestión anterior a la del actual Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, lo que suscitó que sea aislada de su círculo laboral y cambiada continuamente de cargo y lugar de trabajo por al menos seis oportunidades en menos de un año; situación que fue denunciada ante la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia administrativa que emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022 de 20 de junio, mediante la cual se conminó al Alcalde hoy accionado, instruir el cese inmediato del acoso laboral por parte del Director de RR.HH. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución -SC2-CBB-AAC-018/2023 de 27 de febrero, cursante de fs. 79 a 83 vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la integridad física y psicológica, a no sufrir violencia física o psicológica; a la dignidad, honra, honor, propia imagen, al trabajo digno y sin discriminación, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, a la estabilidad laboral; a no ser discriminada por su condición de mujer y estado civil; a la inamovilidad laboral, y la prohibición de despido injustificado y toda forma de acoso laboral.
a) Disponer el cumplimiento obligatorio e íntegro de la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022 de 20 de junio, emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0324/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54280-2023-109-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución -SC2-CBB-AAC-018/2023 de 27 de febrero, cursante de fs. 79 a 83 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wendy Dayana Choque Gutiérrez contra Manfred Armando Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde; y, Carlos Hernán Méndez Ponce, Director de Recursos Humanos (RR.HH.), ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.
La accionante por memoriales presentados el 1 y 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 29 a 36 vta.; y, 48 y vta., manifestó lo siguiente:
Durante los cuatro años que trabajó en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; es decir, desde el 17 de enero de 2017 al “2020”, desarrolló sus funciones sin ningún problema; empero, desde el 2021, fue sometida a un constante acoso laboral y maltrato psicológico por parte de las “Autoridades del Municipio”, lo que se agudizó después de que contrajo matrimonio en “octubre” del citado año; situación que no le permitió ejercer su vida en libertad, desconociéndose sus derechos como mujer y su derecho al trabajo, desde el 18 de mayo de 2021 hasta el presente. Ante esa afectación psicológica y cansada de los actos continuos de acoso laboral, el 5 de mayo de 2022, presentó denuncia ante la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando todos los actos administrativos que constituyeron acoso laboral, entre los cuales se encuentran los seis cambios de lugar y puesto de trabajo en menos de un año, todo por ser una servidora pública con antigüedad y sobre todo por contraer matrimonio con un ex funcionario de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; además, de los comentarios de la existencia de su cambio y de una posible destitución, señalando que no importaría que estuviese sujeta a la Ley General del Trabajo, siendo aislada socialmente aplicándole la ley del hielo, al no darle trabajo, provocando una desmotivación y susceptibilidad de que le pueda llegar en algún momento otro memorando de cambio, traslado o de llamada de atención. Con base a esa denuncia y comprobados los actos de acoso laboral sufridos por parte de la entidad ahora accionada, el Jefe Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022 de 20 de junio, notificada el 30 de junio de 2022, en la que se conminó al Alcalde ahora accionado, instruir el cese inmediato de acoso laboral por parte del Director de RR.HH. hoy coaccionado contra su persona -accionante-, así como la remisión de antecedentes a quien corresponda del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, para el respectivo inicio de proceso administrativo contra el denunciado, y se le restituyan todos los derechos laborales en la Subalcaldía de Molle; y se dejen sin efecto los memorandos de llamada de atención infundados y otros en su contra; sin embargo, dicha disposición fue incumplida; debido a que, los actos de acoso laboral continuaron; puesto que, si bien se la cambió a la Subalcaldía de Molle como señala la referida Conminatoria, no se cumplió a cabalidad la misma; ya que, no se le asignó un ítem y un puesto de trabajo en ese lugar, afectando el derecho a la fuente laboral estable; además, de continuar con las amenazas y el maltrato psicológico contra su persona, y recibir llamadas de atención con base en hechos falsos; asimismo, no se inició ningún proceso contra el nombrado Director de RR.HH., hasta la fecha de interposición de esta acción de amparo constitucional no se dispuso la anulación de ninguno de los memorandos de llamada de atención, por el contrario se le continúa notificando con otros. Finalmente refiere que se emitieron los Memorandos 0085 de 3 de enero de 2023 y 122/2023 de 19 de enero, por los cuales volvieron a cambiarle de lugar y puesto de trabajo; es decir, de la Subalcaldía de Molle a la Subalcaldía Tamborada, a más de trece kilómetros de su domicilio, siendo evidente la persistencia del acoso laboral contra su persona, reiterándose que los cambios fueron ordenados por el Alcalde ahora accionado; y además, porque sería “masista”, mujer casada y perjudicial a la gestión del referido Alcalde.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la integridad física y psicológica, a no sufrir violencia física o psicológica; a la dignidad, honra, honor, propia imagen, al trabajo digno y sin discriminación, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, a la estabilidad laboral; a no ser discriminada por su condición de mujer y estado civil; a la inamovilidad laboral, y a la prohibición de despido injustificado y toda forma de acoso laboral; citando al efecto los arts. 15.I y II, 21.2, 22, 46.I y II; 48.VI; y, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) El restablecimiento de todos sus derechos fundamentales y laborales, debiendo restituirle a “sus labores” en la Subalcaldia de Molle, en cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022 de 20 de junio; b) Se anulen los Memorandos de RR.HH. 0085 de 3 de enero de 2023 y 122/2023 de 19 de enero; c) Se anule el Memorando RR.HH. 5122/2022 de 13 de diciembre, de severa llamada de atención, por vulnerar sus derechos a la dignidad, honra, honor y propia imagen; y, d) Como medida cautelar se determine su inmediata restitución a sus funciones en la Subalcaldía de Molle a fin de evitar su aislamiento social del círculo laboral y no continuar sufriendo discriminación y acoso laboral; además, de la restitución de sus derechos laborales.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 77 a 78 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional
Manfred Armando Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde; y, Carlos Hernán Méndez Ponce, Director de RR.HH., ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; a través de su representante legal, mediante informe presentado el 27 de febrero de 2023, cursante de fs. 72 a 76, así como, en audiencia manifestaron que: 1) En la presente acción de amparo constitucional concurren causales de improcedencia por subsidiariedad; ya que, en la vía administrativa se encuentra pendiente de resolución; puesto que, la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022 de 20 de junio, no estaría ejecutoriada en mérito de los recursos administrativos interpuestos por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; por lo que, no resulta exigible su cumplimiento vía acción de amparo constitucional; 2) Contra esa Conminatoria se interpuso recurso de revocatoria, el cual fue resuelto a través de la Resolución Administrativa (RA) 94/2022 de 10 de agosto, confirmando dicha Conminatoria, motivando a que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba presente recurso jerárquico el 3 de octubre de 2022, impugnación que “a la fecha” no fue resuelto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; 3) No existe vulneración a los derechos alegados por la accionante, ello debido a que la determinación de traslado del lugar de trabajo se realiza en el ejercicio del ius variandi; puesto que, los memorandos emitidos por el Director de RR.HH. ahora coaccionado, fueron entregados a la trabajadora -accionante- explicando de manera clara, fundamentada y justificada; 4) No existe ninguna vulneración al derecho al trabajo y mucho menos a la estabilidad laboral, cuando en los hechos el cambio de lugar de trabajo no se realizó de manera discrecional o arbitraria a lugar lejano que pueda representar mayores gastos económicos de transporte o que signifique la disgregación de su núcleo familiar; por lo que, la decisión asumida es plenamente legal y razonable, no pudiendo ser considerada como un acto de acoso laboral, más aun si de acuerdo al art. 44.II del Reglamento Interno de Personal, la disposición de movilidad de personal se realiza conforme a las necesidades y requerimientos para un mejor servicio de la Institución de acuerdo a normativa vigente; 5) La decisión asumida de disponer el traslado de su puesto de trabajo y con funciones similares no implica ni representa mayores gastos para la subsistencia del trabajador, o cambio de vida y esfuerzo al realizar trabajos similares, y su remuneración salarial no se verá afectada ni mucho menos rebajada; y, 6) La decisión de traslado se encuentra plenamente respaldada por la jurisprudencia constitucional y el Reglamento Interno de Personal, así como se encuentra justificada la rotación dentro de los ambientes del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; en ese sentido no puede ser considerado como un acto ilegal, arbitrario o equivalente a acoso laboral que vaya contra el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.
Greidy Pastor Salas Gómez, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 56.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Tercero, mediante Resolución -SC2-CBB-AAC-018/2023 de 27 de febrero, cursante de fs. 79 a 83 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión de los elementos probatorios se tiene la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emergente de la denuncia de acoso laboral efectuada por la accionante contra el Alcalde ahora accionado, por la cual ordenó al referido Alcalde, instruir el cese inmediato del acoso laboral por parte del Director de RR.HH. hoy coaccionado contra la accionante, y que se habría determinado medidas en su favor; sin embargo, los actos de acoso laboral continuarían, incumpliendo de esa manera lo determinado en dicha Conminatoria; ii) Respecto a la causal de improcedencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional refirió que ante la vulneración de los derechos laborales esos deben ser tutelados de manera directa; es decir, sin que se agoten los medios y recursos establecidos al efecto, especialmente con relación al incumplimiento de las conminatorias emitidas por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, acogiendo el razonamiento general establecido en los Decretos Supremos 28699 de 1 de mayo de 2006 y 0495 1 de mayo de 2010 y conforme a la SCP 0632/2022-S2 de 24 de junio, citada por la accionante a efectos de considerar la excepción a la subsidiariedad ante la atención directa de las vulneraciones a derechos vinculados a la violencia hacia la mujer, entre ellos el acoso laboral establecido en la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; empero, existe reglamentación por parte del “Ministerio del área”, la cual fue cumplida al emitirse la Resolución Ministerial (RM) 196/21 de 8 de marzo de 2021, que reglamenta la controversia relacionada al acoso y violencia laboral; iii) En ese sentido existe un procedimiento para la atención de las denuncias sobre acoso laboral u otros aspectos relacionados con las mujeres, de donde se colige que ante la falta de ese reglamento anteriormente el Tribunal Constitucional procedió a atender la presunta vulneración a derechos vinculados al acoso laboral de manera directa; iv) Respecto a la interposición de la presente acción de amparo constitucional que tiene como fundamento el acoso laboral, ya no existiría una falta de normativa que determine el procedimiento ante la indicada Resolución Ministerial que prevé un procedimiento claro y preciso al que debe sujetarse una denuncia de acoso laboral ante la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, el cual prevé un procedimiento rápido conforme a la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia cuando lo determinado por la instancia administrativa laboral no fuese objeto de cumplimiento; v) Dicho procedimiento fue activado por la accionante al acudir ante la referida Jefatura Departamental de Cochabamba y haberse emitido en su favor la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022, emergente de la denuncia de acoso laboral determinando el cese inmediato del acoso laboral y estableciendo a su vez las medidas a efectos del cumplimiento estricto de esa Conminatoria; por lo que, los subsiguientes actos que denuncia la accionante que continuaría ese acoso laboral con la emisión de otros memorandos; empero, conforme a la normativa en vigencia relacionada con la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Decreto Supremo (DS) 2145 de 14 de octubre de 2014 Reglamento de la referida Ley y fundamentalmente con la emisión de la RM 196/21, responde a lo establecido por el art. 41 de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que determina que una conminatoria emitida en ese sentido establece asimismo los mecanismos legales a efectos de efectivizar su cumplimiento; vi) En ese sentido ante el incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022, corresponde poner en conocimiento de la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, con el fin de que pueda establecerse según el caso, posteriores medidas protectivas, así como efectivizar la remisión de antecedentes para el inicio de un proceso administrativo interno y finalmente ante una eventual persistencia de presuntos actos de acoso laboral conforme a la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, previo a su verificación de incumplimiento por el ente determinado en el indicado “reglamento”; es decir, por la Jefatura Departamental que conoció el caso; y, vii) Dichos elementos que fueron acompañados por la accionante debieron ser puestos en conocimiento de la Jefatura Departamental de Cochabamba del referido Ministerio, mediante Nota de 6 de enero de 2023, y lo relacionado al incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022, para imprimirse el trámite procesal administrativo plasmado en la citada RM 196/21, conforme a lo determinado por la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y su Reglamento -DS 2145-; lo que equivale a decir que ante el incumplimiento de una Conminatoria emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se pueden activar los medios determinados en los mismos, así como la posibilidad legal de su remisión ante la Judicatura laboral a la cual se prevé acudir de manera directa; por lo que, al no agotarse de manera previa la instancia legal establecida, corresponde denegar la tutela solicitada, al encontrarse establecidos los mecanismos y recursos claramente determinados a ser activados para obtener resultados rápidos a efecto de hacer valer los derechos que ahora se exponen directamente en la presente acción de amparo constitucional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022 de 20 de junio, mediante la cual el Jefe Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó a Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba -ahora accionado-, instruir el cese inmediato del acoso laboral por parte de Carlos Hernán Méndez Ponce, Director de RR.HH. de dicha entidad municipal -hoy coaccionado- contra la trabajadora Wendy Dayana Choque Gutiérrez -ahora accionante-conforme establecen los arts. 49.III y 48.II de la CPE, la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, los Decretos Supremos 29894 de 7 de febrero de 2009, 2145 de 14 de octubre de 2014; 3106 de 8 de marzo de 2017; y, la RM 196/21 de 8 de marzo de 2021; instruyendo para un mejor ambiente -de trabajo-, la remisión de antecedes a quien corresponda de la citada entidad municipal para su respectivo inicio de proceso administrativo contra el denunciado, para la investigación pertinente; se restituyan todos los derechos laborales vulnerados, debiendo ser la trabajadora -accionante- restituida en las funciones que desarrollaba en la Subalcaldía de Molle; y, se deje sin efecto los memorandos de llamada de atención infundadas y “otros” contra la trabajadora; medidas que deberán ser implementadas en el plazo de cinco días después de su legal notificación, con la finalidad de precautelar la integridad de la denunciante en razón de género, como bien jurídico protegido (fs. 102 a 104 vta.). II.2. Consta Memorando de 11 de julio de 2022, emitido por el Jefe de Departamento de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, el cual en cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022, fue comunicada a la accionante -entre otros- que a partir de esa fecha y entre tanto se dilucide en la vía administrativa los recursos en el marco de la Ley del Procedimiento Administrativo, debía prestar funciones en la Subalcaldía de Molle con su mismo cargo y nivel salarial (fs. 6). II.3. Por Memorando 5122/2022 de 13 de diciembre, emitido por el Jefe de Departamento de Administración de Personal y el Director de RR.HH. ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la accionante fue objeto de llamada severa de atención, por contravenir el art. 89 inc. p) y “numeral II” de ese artículo del Reglamento Interno de Personal (Prohibiciones en General [fs. 7]). II.4. Consta Nota presentada el 15 de diciembre de 2022, ante el Director de RR.HH. hoy coaccionado, por el que Julia Copa Morató, Jefe de la División 1 de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emitió el Informe y solicitó la anulación de los Memorandos 5121/2022 y 5122/2022 de 13 de diciembre, al ser dichos memorandos incorrectos, respecto a las funcionarias Arlen Stefany Rocha Coca y la accionante (fs. 8 y 9). II.5. Mediante Memorando 0085 de 3 de enero de 2023, se le comunicó a la accionante que en aplicación de la Planilla Salarial de la Gestión 2023, el cambio de ítem como Encargada Tarea 2 Dependiente de la Subalcaldia Tamborada (fs. 14).
II.6. Consta Memorando 122/2023 de 19 de enero, a través del cual el Director de RR.HH. ahora coaccionado, instruyó a la accionante, que por instrucción de nivel superior a partir de la fecha debía restituirse a sus funciones habituales en la Subalcaldía de Tamborada, debiendo apersonarse ante la Subalcaldesa de la Subalcaldía Itocta, a efectos de recibir instrucciones y cumplir a cabalidad tareas y actividades señalados en el Manual de funciones vigente y “otras” instrucciones impartidas por su inmediato superior, observando el Reglamento Interno de Personal del Órgano Ejecutivo de la referida entidad municipal (fs. 21).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la integridad física y psicológica, a no sufrir violencia física o psicológica; a la dignidad, honra, honor, propia imagen, al trabajo digno y sin discriminación, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, a la estabilidad laboral; a no ser discriminada por su condición de mujer y estado civil; a la inamovilidad laboral, y la prohibición de despido injustificado y toda forma de acoso laboral; puesto que, desde que ingresó a trabajar el actual Alcalde ahora accionado, fue objeto de acoso laboral por parte del Director de RR.HH. hoy coaccionado, por ser mujer, estar casada y ser funcionaria de la gestión anterior a la del actual Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, lo que suscitó que sea aislada de su círculo laboral y cambiada continuamente de cargo y lugar de trabajo por al menos seis oportunidades en menos de un año; situación que fue denunciada ante la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia administrativa que emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022 de 20 de junio, mediante la cual se conminó al Alcalde hoy accionado, instruir el cese inmediato del acoso laboral por parte del Director de RR.HH. hoy coaccionado; sin embargo, dicho acoso laboral persiste contra su persona siendo latente el incumplimiento de la citada Conminatoria que ordenó el cese al acoso laboral y que se la restituya a sus funciones en la Subalcaldia de Molle. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) Incumplimiento a la conminatoria del cese de acoso laboral (cambio de lugar de trabajo o del modo de prestación laboral) emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, hace viable la tutela mediante la acción de amparo constitucional; b) Sobre el acoso laboral; y, c) El análisis de caso concreto.
(cambio de lugar de trabajo o del modo de prestación laboral) emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, hace viable la tutela mediante la acción de amparo constitucional
La SCP 1113/2022-S2 de 12 de septiembre, señala que: “(...) Dada la problemática planteada (...) y a partir de ese marco legal, los pronunciamientos de este Tribunal al respecto han sido uniformes en sostener que ante el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral se hace viable la tutela constitucional mediante esta acción de defensa por cuanto, lo que se pretende esencialmente es resguardar los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico precedente. (…) Con relación al cambio del lugar del trabajo, (...), cuando sin previo consentimiento, el empleador de manera unilateral y omnímoda decida el desplazamiento del trabajador o cambio del modo de prestación, para el que fue contratado, el ejercicio del ius variandi será considerado ilegal, arbitrario, caprichoso y lesivo a los derechos del trabajador, en cuyo caso es considerado como un despido indirecto. Dicho entendimiento resulta aplicable en el caso en examen; puesto que, se evidenció que la empresa demandada unilateralmente y de forma omnímoda dispuso el desplazamiento del trabajador -ahora accionante-, desde Trinidad del departamento del Beni, hasta Villazón del departamento de Potosí, a partir de la gestión 2016, determinación que resulta claramente irracional tomando en cuenta la distancia del lugar donde el trabajador presta sus servicios frente a su nuevo destino, vulnerando de esta manera el derecho a la estabilidad laboral del accionante. (...) Asimismo, la SCP 0214/2016-S1 de 18 de febrero, comprendió que: ‘La accionante, alega (…), [que] el empleador dispuso su cambio de residencia laboral, ante tal hecho, acudió (…) ante la señalada Jefatura Departamental del Trabajo, dicha entidad emitió la Resolución de Conminatoria J.D.T.T. 285/15; empero, el Director Técnico del SEDECA Tarija, incumplió la misma, pese a su notificaciónʼ. (...) Es más y de otra parte, la SCP 0232/2018-S3 de 20 de abril, determinó: ‘…la accionante alegó la lesión de sus derechos a la ʽno discriminaciónʼ, a la salud física y psicológica, a la dignidad y a la estabilidad laboral; en razón a una serie de actos de acoso laboral que sufrió de forma progresiva hasta que por Memorándum DRH- 0307, la entidad empleadora la obligó a asumir un cargo de menor jerarquía al que ocupaba, además cambiando el lugar de prestación de sus servicios, actos lesivos que fueron debidamente considerados y obtuvieron un pronunciamiento a través de la Conminatoria de Cumplimiento J.D.T.L.P./EVG/ 01/2017 (...) que conminó (...) a cesar el acoso laboral y reasignarla a su anterior cargo. De tal forma, la lesión actual de sus derechos, deviene del incumplimiento de dicha conminatoria. (…) Consiguientemente, por todo lo relacionado precedentemente, se concluye que ante un eventual cambio de lugar de empleo, si la trabajadora o trabajador opta por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante la Jefatura Departamental o Regional de Trabajo; entidad que deberá asumir el trámite previsto por el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, dado el carácter sumario de dicho procedimiento; y, en caso que el empleador incumpla la misma se hace viable para los asalariados la tutela mediante la acción de amparo constitucional.
Se colige que, cuando sin previo consentimiento, el empleador de manera unilateral y omnímoda decida el desplazamiento del trabajador o cambio del modo de prestación laboral, para el que fue contratado, el ejercicio del ius variandi será considerado ilegal, arbitrario, caprichoso y lesivo a los derechos del asalariado, en cuyo caso es calificado como un despido indirecto” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0477/2022-S1 de 24 de junio, señala que: “El art. 49.III de la CPE prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral, vinculado a los derechos laborales prescritos en el art. 46.I núm. 1 de la misma constitución, es decir, ʽAl trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia dignaʼ, norma en estrecha relación al art. 14.II de la CPE ʽEl Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda personaʼ. Asimismo, el art. 48.I y II de la CPE establece que: ʽI. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores, como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajadorʼ. Ahora bien, a partir de las consecuencias del acoso laboral o su finalidad general, que es la renuncia o abandono del cargo por parte de la víctima; se tiene que, respecto a la estabilidad laboral -que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido-, es posible establecer que el acoso laboral se constituye en un factor determinante que busca la desvinculación laboral; por lo que, las actividades de acoso se manifiestan como una amenaza cierta, grave y evidente a la estabilidad laboral de las personas, entendimiento desarrollado por la SCP 0232/2018-S3 de 20 de abril” (las negrillas nos pertenecen). En la Cartilla Informativa realizada por la Defensoría del Pueblo, titulada “El acoso Laboral Vulnera los Derechos Humanos”, se entendió que el principal objetivo del acoso laboral es que el servidor público o el trabajador renuncie a su cargo, señalando que: “El Acoso Laboral es cualquier acto individual o colectivo, persistente y demostrable ejercida sobre una servidora o servidor público por parte del inmediato superior o superior jerárquico, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a afectar física, emotiva y/o psicológicamente, infundiendo miedo, intimidación, terror y angustia, causando daño a la dignidad de la persona, perjuicio laboral, generando la desmotivación y la renuncia o retiro de su puesto de trabajo”. En ese contexto, los actores de acoso laboral, por un lado son el autor o autora, que puede ser el Superior Jerárquico o inmediato superior; un funcionario del mismo nivel jerárquico, o un subalterno; y por el otro, la víctima, que generalmente se constituyen en las y los servidores públicos, tanto empleados regulares (electos, designados, de libre nombramiento, de carrera o interinos), como servidores con régimen especial, que desempeñan sus labores con relación de dependencia en una entidad estatal; así como, los jefes inmediatos superiores cuando el acoso provenga de sus subalterno. Existen diferentes maneras de ejercer el acoso laboral, entre los cuales se encuentran: 1) El Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado; así como, toda expresión verbal injuriosa o ultrajante y comportamiento tendiente a menoscabar el autoestima y la dignidad; 2) Persecución laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad induzca a la renuncia; 3) Discriminación laboral: Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social; 4) Entorpecimiento laboral: Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla; 5) Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador; 6) Limitar los canales de comunicación. Todo acto que restringe al afectado la posibilidad de defender su postura cuando se discute algún conflicto, aislamiento en su entorno de trabajo; y, 7) Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador. Constituyéndose los siguientes actos en acoso laboral: i) Amenazas de destitución o despido; ii) Descalificación humillante de las propuestas u opiniones de trabajo profesional o técnica; iii) La alusión a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona que afecte su dignidad; iv) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada, asignándole objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles de cumplir, salvo que se trate de una situación de emergencia o de urgencia o imprevisto debidamente justificable y demostrable; v) La exigencia injustificada de prestar servicios en horarios excesivos respecto a la jornada laboral legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia reiterada de trabajar en días no laborables sin ningún fundamento ni que respondan a las necesidades de la entidad, o en forma discriminatoria respecto a las demás servidoras o servidores públicos; vi) El brusco cambio decidido unilateralmente del puesto de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento ni que responda a la necesidad de la entidad; vii) Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, sin interés o incluso ningún trabajo que realizar; viii) La negativa a proporcionar documentos e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor; ix) Los actos de agresión física entendidos como cualquier tipo de contacto físico, aquellas amenazas físicas veladas, como ser levantar la mano, acercamiento de caras con gritos y/o gestos hoscos u otros, o cualquier tipo de acto que tenga como consecuencia una afectación física que no constituya delito; x) Las manifestaciones verbales con gritos, expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, comentarios hostiles y humillantes de descalificación con utilización o no de palabras soeces dentro del ámbito laboral cuando está sola o en presencia de otras personas; xi) Las denuncias, instauración de procesos y sanciones administrativas y/o disciplinarias injustificadas; xii) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos; y, xiii) Someter al sujeto pasivo a una situación de aislamiento social, ignorándolo o excluyéndolo, hablando solo a una tercera persona presente, simulando su no existencia o su no presencia física en la oficina, o en las reuniones a las que asiste. Asimismo, no constituyen actos de acoso laboral: a) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos; b) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional; c) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento; d) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la institución cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución; e) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa; f) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos; y, g) La emisión de memorandos o llamadas de atención cuando el servidor o servidora hubiese incurrido probadamente en actos reprobables o no cumpla con sus funciones establecidas en el contrato, términos de referencia o normas internas de la institución. La RM 196/21, que tiene por objeto reglamentar el procedimiento para la atención de denuncias sobre acoso laboral y acoso sexual de mujeres en el ámbito laboral, en el marco de la de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y normas conexas, definió el acoso laboral en su artículo tercero, como “…aquella conducta repetida o comportamiento ejercido contra la mujer en el centro de trabajo que se traduce en ataques verbales, insultos, críticas injustificadas, ridiculización, sobrecarga de trabajo, amenaza de despido, desacreditación profesional, aislamiento social, falsos rumores y otros, cuya finalidad sea lograr la renuncia forzosa o abandono del cargo por parte de la víctima”. Bajo ese criterio, la referida RM 196/2021, estableció el procedimiento de atención para las denuncias por acoso laboral hacia las mujeres; ante lo cual el artículo Cuarto de dicha Resolución estableció que las trabajadoras y/o servidoras públicas que sean víctimas de acoso laboral, por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía, podrán presentar denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo en su Jurisdicción, debiendo seguir los pasos siguientes:
“1. La denuncia podrá ser presentada de manera verbal o escrita, sea de forma personal o por intermedio de algún familiar o apoderado legal, o en su caso a través de representante sindical cuando correspondiera. 2. Recibida la denuncia, el Jefe Departamental y/o Regional de Trabajo designará inmediatamente a un Inspector de Trabajo quien, en el plazo máximo de 48 horas efectuará en la empresa, establecimiento laboral o entidad pública, la verificación de los hechos denunciados, con la finalidad de recabar elementos fácticos propios de la actuación, tales como la recolección de documentos, presencia de testigos y todo otro aspecto que se considere relevante. 3. El Inspector de trabajo en el plazo de 24 horas, previo análisis de los elementos in situ, emitirá el informe respectivo sugiriendo al Jefe Departamental o Regional de Trabajo:
a. Emita Conminatoria de Inmediato Cese de Acoso Laboral, o; b. Disponga el rechazo de la denuncia procediendo a su archivo”. El pronunciamiento emitido por el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, deberá ser de cumplimiento obligatorio por el trabajador o servidor público denunciado y al empleador o en su caso a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad pública, y de considerarse necesarias, con carácter temporal y extraordinario el Jefe Departamental y/o Regional de Trabajo podrá disponer medidas protectivas, conforme a lo establecido por el Artículo Quinto de la presente Resolución Ministerial; y, en caso de identificarse elementos que configuren la comisión de un delito, dispondrá la remisión de antecedentes ante el Ministerio Publico; medidas protectivas, respeto a las cuales el art. 5 de la RM 196/21, señaló que:
“I. Al amparo de lo dispuesto por el Artículo 35 de la Ley N° 348, el Jefe Departamental y/o Regional de Trabajo podrá disponer, en atención a los antecedentes y gravedad de la situación planteada, las siguientes medidas de carácter protectivo:-a) Cambio o rotación del puesto de trabajo del denunciado (sin afectar sus derechos laborales).-b) Suspensión temporal del denunciado con goce de haberes, sujeto a reposición del tiempo no trabajado.
c) Cambio o rotación del puesto de trabajo previo consentimiento de la víctima (sin afectar sus derechos laborales).
d) En el caso de servidores públicos corresponderá la remisión de antecedentes ante la autoridad sumariante de la entidad. e) Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se encuentra en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales. II. Las medidas protectivas dispuestas por el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, deberán ser aplicadas y asumidas por el empleador de manera inmediata, bajo alternativa del inicio de acciones legales pertinentes”.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la integridad física y psicológica, a no sufrir violencia física o psicológica; a la dignidad, honra, honor, propia imagen, al trabajo digno y sin discriminación, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, a la estabilidad laboral; a no ser discriminada por su condición de mujer y estado civil; a la inamovilidad laboral, y la prohibición de despido injustificado y toda forma de acoso laboral; puesto que, desde que ingresó a trabajar el actual Alcalde ahora accionado, fue objeto de acoso laboral por parte del Director de RR.HH. hoy coaccionado, por ser mujer, estar casada y ser funcionaria de la gestión anterior a la del actual Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, lo que suscitó que sea aislada de su círculo laboral y cambiada continuamente de cargo y lugar de trabajo por al menos seis oportunidades en menos de un año; situación que fue denunciada ante la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia administrativa que emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022 de 20 de junio, mediante la cual se conminó al Alcalde hoy accionado, instruir el cese inmediato del acoso laboral por parte del Director de RR.HH. hoy coaccionado; sin embargo, dicho acoso laboral persiste contra su persona siendo latente el incumplimiento de la citada Conminatoria que ordenó el cese al acoso laboral y que se la restituya a sus funciones en la Subalcaldia de Molle.
Delimitado de esa manera el problema jurídico denunciado por la accionante, de los antecedentes descritos en la presente causa se tiene que ante la denuncia de acoso laboral contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, representado legalmente por el Alcalde ahora accionando, el Jefe Departamental de Trabajo de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022, mediante la cual conminó al Alcalde hoy accionado, instruir el cese inmediato del acoso laboral por parte del Director de RR.HH. hoy coaccionado, contra de la trabajadora -accionante- con base a los arts. 49.III y 48.II de la CPE, la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, los Decretos Supremos 2145, 3106, 29894, y la RM 196/21; instruyendo para un mejor ambiente -de trabajo-, la remisión de antecedes a quien corresponda del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para su respectivo inicio de proceso administrativo contra el denunciado, para la investigación pertinente; se restituyan todos los derechos laborales vulnerados, debiendo ser la trabajadora -accionante-restituida en las funciones que desarrollaba en la Subalcaldía de Molle; y, se dejen sin efecto los memorandos de llamada de atención infundados y otros en su contra; medidas que deberán ser implementadas en el plazo de cinco días después de su legal notificación con la finalidad de precautelar la integridad de la denunciante -accionante- en razón de género, como bien jurídico protegido. La accionante denuncia a través de esta acción de defensa que la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022, fue incumplida en razón a que los actos de acoso laboral continuaron, y si bien se produjo su cambio a la Subalcaldía de Molle, como dispuso la referida Conminatoria; empero, dicha determinación administrativa, no fue cumplida a cabalidad, al no habérsele asignado un ítem ni un puesto de trabajo en ese lugar; además, que las amenazas y el maltrato psicológico habrían continuado contra su persona; debido a que, continuó recibiendo llamadas de atención con base a hechos falsos; asimismo, no se inició ningún proceso contra el Director de RR.HH. ahora coaccionado; situación que fue constatada de acuerdo a la emisión del Memorando 5122/2022, emitido por el Jefe de Departamento de Administración de Personal y el referido Director de RR.HH., ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por el cual la accionante fue objeto de llamada severa de atención, supuestamente por contravenir el art. 89 inc. p) y el “numeral II” de ese artículo del Reglamento Interno de Personal; de igual manera por Memorando 0085, se le comunicó a la accionante su cambio de ítem como Encargada Tarea 2 Dependiente de la Subalcaldía Tamborada; y por Memorando 122/2023, el Director de RR.HH. ahora coaccionado por instrucción de nivel superior, se le indicó que a partir de la fecha debía restituirse a sus funciones habituales en la Subalcaldía de Tamborada, teniendo que apersonarse ante la Subalcaldesa de la Subalcaldía Itocta a efectos de recibir instrucciones y cumplir a cabalidad sus tareas y actividades señaladas en el Manual de funciones vigente y “otras” instrucciones impartidas por su inmediato superior, debiendo observar el Reglamento Interno de Personal. En ese contexto, si bien la acción de amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, lo que implica que la parte afectada ante la presunta vulneración de sus derechos, debe agotar inicialmente toda instancia judicial o administrativa que tenga a su alcance y en caso de que éstos no hubiesen sido restituidos, tiene la vía expedita para acceder recién a la jurisdicción constitucional con la finalidad de procurar la protección de sus derechos mediante ese mecanismo de tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; empero, se debe recordar, que al tratarse el caso de una acusación de incumplimiento de una Conminatoria de cese de acoso laboral que fue denunciada por una mujer que fue objeto de violencia, se debe aplicar la excepción al principio de subsidiaridad dada la protección reforzada de la que goza por pertenecer a grupos denominados vulnerables, así conforme a la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, toda mujer que se encuentre en situación de violencia no debe agotar los medios previstos de reclamo, abriéndose de manera directa la vía de la acción de amparo constitucional para resolver el caso en concreto; no siendo impedimento la otorgación de una tutela provisional, que el Alcalde ahora accionado hubiese activado los recursos de impugnación previstos a efectos de cuestionar la Conminatoria de cese de acoso laboral. Ahora bien, conforme al problema jurídico planteado en la presente acción de amparo constitucional, ante el desconocimiento parcial del Alcalde ahora accionado, la accionante pretende el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022, de cese inmediato del acoso laboral, emitida por el Jefe Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, determinación que al haber sido inobservada por el Alcalde ahora accionado, permite disponer a través de la acción de amparo constitucional su acatamiento, conforme lo señalado en la SCP 1113/2022-S2 de 12 de septiembre, establece que: “…instituye el cumplimiento de las conminatorias tanto de reincorporación como de acoso laboral, en consideración a que la misma no es una decisión de carácter definitivo, por ser susceptible de impugnación, tanto en la vía administrativa como ordinaria…” (las negrillas son nuestras); en ese contexto, corresponde disponer el acatamiento íntegro e inmediato de la referida Conminatoria por la parte accionada; es decir, por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, más aun si dicha Conminatoria de cese de acoso laboral determinó medidas protectivas con base a la RM 196/21, que tiene como naturaleza reglamentar el procedimiento para la atención de denuncias sobre acoso laboral y acoso sexual de mujeres en el ámbito laboral, en el marco de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. En ese ámbito, cabe señalar que las Conminatorias de cese de acoso laboral deben ser cumplidas por la parte denunciada, debiendo ser consideradas de primordial concreción dada la situación de vulnerabilidad y desventaja de la mujer objeto de violencia, conforme lo consideró el art. 3.II inc. c) de la Ley 348, al señalar que: “El acoso laboral y la violencia laboral serán denunciados ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social; asimismo, la discriminación a través de agresiones verbales o maltrato e incumplimiento de deberes ante la misma institución donde se hubiere producido el hecho, todas estas contravenciones como parte de la violencia laboral”; en ese sentido al haberse inobservado la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se desconocieron de la misma manera los derechos de la accionante a la integridad física y psicológica, a no sufrir violencia física o psicológica; a la dignidad, honra, honor, propia imagen, al trabajo digno y sin discriminación, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, a la estabilidad laboral; a no ser discriminada por su condición de mujer y estado civil; a la inamovilidad laboral, y la prohibición de despido injustificado y toda forma de acoso laboral; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada y disponer que se dé cumplimiento íntegro a la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022, en atención al cumplimiento que dispone la misma jurisprudencia.
Finalmente se debe indicar de la misma manera que el cumplimiento de la Conminatoria de cese de acoso laboral, no tiene carácter definitivo; debido a que, esa decisión administrativa puede ser susceptible de impugnación tanto en la vía administrativa como en la ordinaria; en ese sentido en el caso de análisis corresponde disponer el acatamiento íntegro de la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022, de cese inmediato de acoso laboral, teniendo presente que la concesión de la tutela que otorga la jurisdicción constitucional tiene carácter provisional; pudiendo el Alcalde ahora accionado acudir a la vía correspondiente para impugnar dicha decisión administrativa, para que sea esa instancia quien determine lo que corresponda observado los parámetros de la inmediación, oportunidad, contradicción y bajo la evidencia de pruebas y la práctica de los procedimientos respectivos y pertinentes, y en ese sentido, determinar en el fondo y de manera definitiva sobre los alcances de la denuncia de acoso laboral de la accionante; por todo lo señalado, corresponde conceder la tutela solicitada, reiterando que dicha concesión se otorga de manera eminentemente provisional. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución -SC2-CBB-AAC-018/2023 de 27 de febrero, cursante de fs. 79 a 83 vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la integridad física y psicológica, a no sufrir violencia física o psicológica; a la dignidad, honra, honor, propia imagen, al trabajo digno y sin discriminación, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, a la estabilidad laboral; a no ser discriminada por su condición de mujer y estado civil; a la inamovilidad laboral, y la prohibición de despido injustificado y toda forma de acoso laboral.
a) Disponer el cumplimiento obligatorio e íntegro de la Conminatoria J.D.T.CBBA./R.M. 196-21/NVV/023/2022 de 20 de junio, emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/cartilla-acoso-laboral.pdf
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0324_2026-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): af7850c7a820be222de36c5b8151e693892d1671afb556922f177ee108be2f07
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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