B.IA.LEGAL

SCP 0324/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
8 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
60839-2024-122-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela alega la lesión de sus derechos al debido proceso -invocado también como garantía- en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia de las resoluciones judiciales y valoración razonable de la prueba; a la defensa, a la petición, a ser oído y a la igualdad de partes, así como el principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, los Jueces accionados, actuando al margen del procedimiento penal establecido por el art. 340.III y IV del CPP, por decreto de 3 de octubre de 2023, efectuaron una valoración probatoria anticipada, observando la prueba de descargo que ofreció consistente en pericia en genética relativa a una prueba de paternidad y la solicitud de “inspeccion y reconstrucción”, bajo el argumento que constituirían una revictimización de la víctima; sin considerar los accionados que ello correspondía realizarse, en la etapa de producción de las pruebas dentro el juicio oral, continuo y contradictorio, de acuerdo a lo previsto en la parte in fine del art. 346 del adjetivo penal, y a través del incidente de exclusión probatoria, tal cual disponen los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2023 de 27 de diciembre, cursante de fs. 84 a 88, pronunciada por el Juez Público de Familia Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada conforme los fundamentos jurídicos y razones fácticas expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional
  2. III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0324/2024-S2 Sucre, 8 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 60839-2024-122-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 1/2023 de 27 de diciembre, cursante de fs. 84 a 88, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eliano García García contra Santa Cruz Arias Gutiérrez, Hugo Celso Fernández Peñaranda y Juan Pablo Olmos Tapia, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 18 y 21, ambos de diciembre de 2023, cursantes de fs. 1; 30 a 36 vta.; y, 45 a 46, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de violación, radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz -cuyos miembros ahora son accionados-, una vez notificado en “septiembre de 2023” con el Requerimiento Conclusivo de Acusación Fiscal de 27 de abril de 2022, por memorial de 28 de septiembre de 2023, ofreció pruebas de descargo; sin embargo, mediante providencia de 3 de octubre de ese año, actuando al margen del procedimiento establecido por el art. 340.III y IV del Código de Procedimiento Penal (CPP) para su consideración, los Jueces accionados efectuaron un trámite para rechazar algunas de sus pruebas, es decir, ingresando a efectuar una valoración anticipada de la prueba de descargo, la observaron haciendo referencia a una revictimización de la víctima, cuando ello correspondía realizarse en la etapa de producción de las pruebas dentro el juicio oral, público y contradictorio, una vez que prestara su declaración, de acuerdo a lo previsto en la parte in fine del art. 346 del adjetivo penal y a través del incidente de exclusión probatoria tal cual disponen los arts. 171 y 172 del citado cuerpo normativo. Frente a dicha determinación, por memorial de 31 de octubre de 2023, interpuso recurso de reposición, el cual fue declarado “INADMISIBLE” e improcedente por los Jueces accionados mediante Auto Interlocutorio 160/2023 de 10 de noviembre, bajo el criterio que la decisión asumida sobre la negativa a la admisión de las pruebas que ofreció no se constituye en un trámite ulterior, sino que se encuentra sustentada en normas nacionales e internacionales vigentes y en resguardo de los derechos constitucionales de la víctima y la denunciante; razonamiento que no tiene base ni sustento legal para rebatir, ya que no se le indica mínimamente una norma legal, por lo que carece de una debida motivación y fundamentación; en razón a que, de igual manera, de forma contradictoria señalaron que se pronunciaron sobre la admisión de los referidos medios probatorios propuestos, basándose en el art. 171 del CPP y los estadios de la teoría de la prueba, pero con su negativa de pronunciarse ya sin el debate en juicio oral. Finalmente refiere que, la providencia de 3 de octubre de 2023 y el Auto Interlocutorio 160/2023, también adolecen del elemento de congruencia; toda vez que, omiten considerar los puntos referidos y los fundamentos expuestos en el escrito de ofrecimiento de prueba -de descargo- y el memorial de recurso de reposición que formuló, relativos al ofrecimiento y la producción de prueba; es decir, sobre el momento en el que deben ser incorporados o debatidos por los sujetos procesales, y consiguientemente deliberarse por el tribunal su admisión, proposición, obtención, producción y judicialización conforme dispone el art. 171 del CPP, vulnerándose de este modo sus derechos al debido proceso, a la igualdad de partes, a ser oído, a la defensa, a la petición y al principio de seguridad jurídica, en razón a que se ve imposibilitado de preparar su defensa de manera eficaz, pues los Jueces accionados rechazaron sus pruebas de descargo antes del inicio del juicio oral y público donde podía demostrar su inocencia.

I.1.2. Derechos, principio y garantía supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso -invocado también como garantía- en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales, a la defensa, a ser oído, a la igualdad de las partes y a la petición, así como el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH). En audiencia alegó la falta de valoración razonable de la prueba.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se anule la providencia de 3 de octubre del 2023 y el Auto Interlocutorio 160/2023, y se emita en el día otra resolución cumpliendo lo dispuesto por el art. 340.IV del CPP, sea con la condenación de costas y costos procesales.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 27 de diciembre de 2023, cursante de fs. 80 a 83 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogada, ratificó los argumentos expuestos en su demanda de acción tutelar y ampliando en audiencia, la misma como en réplica al informe presentado por la parte accionada señaló que: a) Se cumplió con el principio de subsidiariedad, puesto que la providencia de 3 de octubre de 2023, fue objeto de reposición conforme lo prevé el art. 401 del CPP, el cual se resuelve sin recurso ulterior, por lo que se agotó la vía penal sin que haya otro recurso por el que pueda hacer valer sus derechos. Asimismo, cumplió el principio de inmediatez, ya que desde la emisión de la indicada providencia transcurrieron dos meses y desde el pronunciamiento del Auto Interlocutorio 160/2023, pasó un mes y ocho días, por lo que se encuentra dentro del plazo previsto de “tres meses”; b) Mediante el decreto de 3 de octubre de 2023, se emitió una respuesta a su ofrecimiento de prueba de descargo, señalando: “…se tiene presente a lo principal, en los otrosies señala pasa a conocimiento del tribunal completo…” (sic), a partir de ello se dictó otra providencia con la misma fecha, en la que se le contestó a su pretensión de forma incongruente, puesto que se observó la prueba pericial en genética relativa a la prueba de paternidad del niño producto del supuesto hecho de violación; “psicológica”, y la solicitud de inspección y reconstrucción, señalando que con las mismas se vulneraría las garantías constitucionales de la víctima, ya que constituirían una revictimización, pero ante la presentación del recurso de reposición se le respondió de igual manera; c) Si bien el Tribunal accionado tiene facultades para observar y admitir o no -la prueba-, debe realizar esa labor una vez prestada su declaración cuando se procede a la recepción de la prueba de conformidad al procedimiento establecido por el art. 346 del CPP, siendo ese el momento oportuno para que las pruebas ingresen en debate y se valore en esa fase de prueba si es pertinente o no su admisión o rechazo, cumpliéndose el principio de contradicción, con la finalidad de que se planteen incidentes de exclusión probatoria; sin embargo, no se dio oportunidad de que la prueba ofrecida por su persona sea objeto de debate en juicio oral y público; vale decir, sin cumplir con los principios de inmediación, publicidad, contradicción, continuidad, oralidad y otros; asimismo, sin considerar la doctrina de los estadios de la proposición, ofrecimiento, obtención, admisión, producción, judicialización y valoración de la prueba, ni lo dispuesto por los arts. 171, 172 y 173 del citado Código; d) Amplía su denuncia sobre la lesión de su derecho a la valoración razonable de la prueba, pues no se puede realizar una correcta valoración al momento de emitir sentencia en su contra, cuando antes de haberse iniciado e instalado ilegalmente el juicio oral se coartó su derecho a ser oído; y, e) Con relación a que debió haber presentado los incidentes pertinentes en la etapa de juicio oral, ello no correspondía simplemente porque estos incidentes o excepciones son de carácter “…superviniente así lo señala la norma procesal penal…” (sic). De igual manera, en cuanto al recurso de apelación restringida, se deja en claro que, si bien el juicio oral evidentemente concluyó, en este se restringió y amenazó su derecho a ser oído, siendo que esta acción de defensa se interpuso antes del inicio o instalación del citado juicio. Ante las preguntas efectuadas por el Juez de garantías, la parte accionante señaló que: 1) En su exposición se refirió a la fase de prueba correspondiente al juicio oral, más no respecto a la etapa preparatoria toda vez que en esta última se solicitó más de tres veces la prueba de paternidad con la cual se determinarían muchas cosas “…jamás se le ha negado por nuestra parte ya estamos llevando la denuncia a la Fiscalía General porque hay un descargo…” (sic); por lo que, no hubo negligencia del abogado, considerando que en el certificado médico forense se sugirió dicha prueba, ya que no era congruente la ecografía de la víctima con la data del hecho -denunciado- “…habia un mes de diferencia…” (sic), más aún cuando la denunciante madre de la presunta víctima presentó desistimiento, aspecto que fue atribuido en sentido que se estuviera influyendo negativamente sobre ella, lo cual es falso, ya que no hubo más contacto con la misma “…porque entendemos se ha dado cuenta por el nacimiento del bebe, entendemos que algunas veces lo jóvenes reaccionan de alguna manera, el accionante tenía el derecho a hacer valer sus derechos, pero restringirlo apenas empiece” (sic); 2) Fue sentenciado con la agravante -del delito de violación-, puesto que con relación a los hechos la presunta víctima indicó “que no se acordaba”; 3) La acción de amparo constitucional fue interpuesta antes del inicio del juicio oral, lo que obviamente daría lugar a dar continuidad o no al juicio oral, siendo susceptible de nulidad, independientemente de ello dicho acto procesal se caracteriza por ser continuo, máxime cuando se trata de privados de libertad y delitos contra la mujer; y, 4) En todo momento se propuso la prueba de paternidad, pero siempre fue negada.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Santa Cruz Arias Gutierrez, Hugo Celso Fernández Peñaranda y Juan Pablo Olmos Tapia, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, por informe escrito -firmado únicamente por el primero de los nombrados-, cursante de fs. 78 a 79, solicitando se deniegue la tutela impetrada, manifestaron que: i) Mediante Auto de Apertura de Juicio Oral de 3 de octubre de 2023, se abrió la competencia de dicho Tribunal para sustanciar el juicio oral público y contradictorio contra el accionante, el mismo que fue celebrado y concluido el 22 de diciembre de igual año, con la dictación de una sentencia condenatoria, teniéndose programada su lectura íntegra el 28 de similar mes y año; ii) El peticionante de tutela pretende la nulidad del decreto de 3 de octubre de 2023, así como del Auto Interlocutorio 160/2023, desconociendo que el juicio oral público y contradictorio ya concluyó, en el cual tenía todas las facultades para interponer incidentes de nulidad por vicios absolutos en la etapa inicial o plantear excepciones conforme a los arts. 314, 315 y 345 del CPP; sin embargo, no utilizó esos medios de defensa idóneos para hacer valer sus derechos procesales o constitucionales que ahora reclama como vulnerados, debiéndose considerar además que mediante dichas resoluciones -hoy cuestionadas- se aceptaron sus pruebas de descargo, las que ya fueron producidas en dicho acto procesal; iii) Al haberse dictado una sentencia condenatoria el impetrante de tutela cuenta con el recurso de apelación restringida como medio de impugnación ordinario para la protección de sus derechos constitucionales; iv) El Tribunal en pleno otorgó una respuesta debidamente motivada y fundamentada al accionante tanto en la providencia de 3 de octubre de 2023 como en el Auto Interlocutorio 160/2023, exponiendo los razonamientos por los cuales se rechazaron dos proposiciones de ofrecimiento de prueba de descargo, concernientes la primera a la reconstrucción de los hechos, en delito de violación; y, la segunda, a la prueba de genética entre la víctima, la bebe nacida y el supuesto agresor, fundamentando su inadmisión en la normativa vigente sobre la prohibición de revictimización de la víctima en los delitos contra la libertad sexual, tomando en cuenta además su condición vulnerable por ser mujer y adolescente de conformidad al art. 60 de la CPE y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que limita los derechos del imputado en cuanto a la prohibición de conciliación, estableciendo la producción de la declaración de la afectada mediante su lectura y su derecho a someterse una sola vez a la prueba pericial, además la confidencialidad de los procesos donde están involucradas víctimas menores y adolescentes. En tal sentido, en aplicación de la frondosa jurisprudencia y los protocolos que estan obligados a cumplir, con base en el principio de legalidad se ponderó los derechos en conflicto, determinando fundadamente no admitir la proposición de dichos medios probatorios; v) Ante tal negativa, el accionante, a pesar que tenía la vía incidental o de las excepciones en la etapa del juicio oral para hacer valer sus derechos que considera se le están restringiendo, acudió de manera directa ante la justicia constitucional, omitiendo utilizar dichos medios de defensa en la jurisdicción ordinaria; y, vi) El art. 52 del adjetivo penal establece la competencia del tribunal de sentencia compuesto por tres jueces técnicos para deliberar permanentemente y brindar respuesta a las solicitudes de las partes, ya sea mediante providencias fundamentadas, autos interlocutorios o sentencias en concordancia con el art. 359 del CPP; por lo que, la función de deliberar de los jueces constituye una garantía para el impetrante de tutela y no una afectación de sus derechos fundamentales como lo asimila en su acción de amparo constitucional.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Lola Chosco Rojas, no presento escrito alguno, tampoco se hizo presente en audiencia de esta acción de defensa, pese a su legal notificación cursante a fs. 56.

I.2.4. Participación del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar ni remitió memorial alguno, no obstante su notificación cursante a fs. 53.

I.2.5. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitió informe alguno, a pesar de la notificación cursante a fs. 54.

I.2.6. Resolución

El Juez Público de Familia Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 1/2023 de 27 de diciembre, cursante de fs. 84 a 88, denegó la tutela impetrada; decisión asumida de acuerdo a los siguientes fundamentos: a) Por Auto -Interlocutorio 160/2023- de 10 de noviembre, se resolvió el recurso de reposición presentado por el accionante contra el decreto de 3 de octubre de ese año; ambas resoluciones se encuentran debidamente fundamentadas y motivadas y son congruentes en sus razonamientos, puesto que las autoridades accionadas al haber rechazado las dos proposiciones del ofrecimiento de pruebas de descargo, concretamente sobre la reconstrucción de los hechos en delito de violación y la prueba genética de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) entre la víctima, la bebe nacida y el acusado, se pronunciaron efectuando una prolija ponderación de los derechos de los sujetos procesales, precautelando ante todo los derechos de la presunta víctima del delito de violación, en su condición de mujer adolescente como persona vulnerable de atención prioritaria, para evitar su revictimización, razonamiento acorde a la normativa nacional e internacional, a la jurisprudencia y el Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género y el Protocolo de Juzgamiento Penal con Enfoque de Derechos Humanos; b) La presente acción de amparo constitucional fue planteada dentro del plazo de los seis meses previsto por los arts. 129.II de la CPE y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), computable desde la última notificación con el “Auto” -Interlocutorio 160/2023- que rechazo el recurso de reposición que formuló el impetrante de tutela, en consecuencia se dio cumplimiento a los principios de inmediatez y subsidiariedad, pues sobre éste último, el art. 402 del CPP en cuanto a la tramitación y resolución del recurso de reposición establece en el plazo de veinticuatro horas o en el mismo acto sin recurso ulterior; c) En cuanto al juzgamiento con perspectiva de género, en el caso en análisis -la presunta víctima- se trata de una persona vulnerable que pertenece a los grupos de atención prioritaria, en su condición de mujer y adolescente que hubiera sufrido violencia sexual. Asimismo, de acuerdo al enfoque de interseccionalidad, si bien se encuentran en contraposición los derechos de la víctima y del acusado, corresponde precautelar los derechos de la primera, quien ya fue sometida a un exámen médico forense, pretendiendo el peticionante de tutela someterla a una reconstrucción de los hechos y prueba pericial genética de ADN, lo que constituye su revictimización; d) El impetrante de tutela dentro de toda la etapa investigativa o preparatoria del proceso penal, bajo el principio o derecho de la libertad probatoria prevista por el art. 171 del indicado Código, tenía la posibilidad de efectuar las proposiciones de las pruebas como la reconstrucción de los hechos y prueba pericial genética de ADN, pero no lo hizo oportunamente, pretendiendo recién ante la remisión de la acusación corregir su error ofreciéndolas como pruebas de descargo, las cuales de forma acertada los Jueces accionados en el marco de la protección de los derechos de la víctima rechazaron tales proposiciones de prueba, pues de lo contrario desnaturalizarían el desarrollo del juicio oral, público, continuo y contradictorio, que no puede suspenderse por este tipo de pruebas, máxime cuando de acuerdo al informe presentado por los accionados ya se dictó sentencia condenatoria; y e) Por todo ello, se concluye que las autoridades accionadas no vulneraron ninguno de los derechos que el accionante reclama en esta acción de defensa, pues de la revisión del cuaderno acusatorio, se tiene que se respetó el debido proceso desde el inicio del proceso penal en cuestión, siendo que acorde al art. 306 del CPP, las partes podían proponer los actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria, e inclusive conforme a lo dispuesto por el art. 307 del mismo Código, cuando se trate de la realización de algunas pruebas como la reconstrucción de los hechos, la prueba pericial genética de ADN y otros, que por su naturaleza o características se consideren como actos definitivos e irreproducibles o que no podrá producirse durante el juicio; asimismo también pudo interponer los incidentes y las excepciones previstas por el art. 308 del adjetivo penal; y en su caso, de igual manera tuvo la oportunidad inclusive de acudir a la vía familiar.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 94 a 99, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, y al encontrarse en el caso involucrada una adolescente, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Consta Requerimiento Conclusivo de Acusación Fiscal, presentado el 27 de abril de 2022, por el Fiscal de Materia, contra Eliano García García -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP [fs. 2 a 5 vta.]). II.2. Mediante memorial interpuesto el 2 de octubre de 2023, ante Santa Cruz Arias Gutiérrez, Hugo Celso Fernández Peñaranda y Juan Pablo Olmos Tapia, jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz -ahora accionados-, el impetrante de tutela realizó el ofrecimiento de las pruebas de descargo documental, pericial y testifical, solicitando respecto a la prueba pericial: “2.- Pericia en Genética Forense -M.Sc. Viviana Peralta Chambi Perito del Instituto de Investigaciones Forense del IDIF. Fiscali[a] General del Estado, a objeto de que realice la Pericia de: En las muestras Bilógicas a ser obtenidas en el desarrollo del Juicio Oral, deberá efectuar el siguiente estudio de carácter genético; Punto de Pericia Proceda a realizar la comparación de las muestras Biológicas colectadas, prueba de paternidad ADN del presunto autor (…) y del menor N/N hija(o) de la presunta víctima” (sic). Asimismo, respecto a “OTROS MEDIOS DE PRUEBA” (sic) peticionó: “-Al amparo del art. 179 del CPP. Impetro se pueda realizar una audiencia de inspección Ocular y Reconstrucción en el lugar de los hechos. -Al amparo del Art. 24 de la Constitución Política del Estado SOLICITO LA NOTIFICACION DEL MEDICO FORENSE DE TURNO DE MONTERO O EN SU CASO, a objeto de que se constituya a Juicio Oral con la finalidad de que pueda realizar la Colección de Muestras Biológicas; -Amilasa Salival. -Sangre en papel filtro obtenida por punción capilar. -Y otro que considere necesario. Del presunto autor (…) y del menor N/N hijo de la presunta víctima”

(sic [fs. 10 a 11vta.]).

El referido escrito mereció decreto de 3 de octubre de 2023, mediante el cual las autoridades accionadas señalaron que: “Se tiene presente; pase a despacho para dictar el Auto de apertura de juicio. Otrosies: Pase a conocimiento del Pleno del tribunal; de igual manera sobre la proposición de la prueba pericial y de genética” (sic [fs. 11 vta.]). De igual modo mediante Auto de Apertura de Juicio Oral de la misma fecha, se programó audiencia de juicio oral y público para el 8 de noviembre del citado año (fs. 14). II.3. Por providencia de 3 de octubre de 2023, las autoridades accionadas, dando respuesta al ofrecimiento de las pruebas de descargo del accionante descritas en la conclusión anterior, resolvieron declarar ‘“NO HA LUGAR”’: 1) La solicitud de la prueba de paternidad en etapa de juicio oral, señalando que desnaturaliza toda la normativa nacional e internacional de protección de los derechos de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual, debiendo resguardarse su derecho a someterse a un solo peritaje medico o de similar naturaleza por intervenir en la misma la víctima directa, la menor de edad hija de la misma y el presunto agresor; 2) La “…RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS…” (sic), siendo dicha proposición atentatoria a los derechos de la víctima y estar prohibida su revictimización; y, 3) La petición de notificación al médico forense de Montero del departamento de Santa Cruz para la toma de muestras, así como al representante del Laboratorio “GENTOX” (fs. 12 a 13). II.4. Mediante escrito de 31 de octubre de 2023, el peticionante de tutela interpuso recurso de reposición contra la providencia descrita en la conclusión precedente, que fue resuelta a través del Auto Interlocutorio 160/2023 de 10 de noviembre, por el cual los Jueces accionados declararon admisible e improcedente dicho recurso, que fue complementado por Auto Interlocutorio 192/2023 de 27 de ese mes (fs. 15 a 28).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela alega la lesión de sus derechos al debido proceso -invocado también como garantía- en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia de las resoluciones judiciales y valoración razonable de la prueba; a la defensa, a la petición, a ser oído y a la igualdad de partes, así como el principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, los Jueces accionados, actuando al margen del procedimiento penal establecido por el art. 340.III y IV del CPP, por decreto de 3 de octubre de 2023, efectuaron una valoración probatoria anticipada, observando la prueba de descargo que ofreció consistente en pericia en genética relativa a una prueba de paternidad y la solicitud de “inspeccion y reconstrucción”, bajo el argumento que constituirían una revictimización de la víctima; sin considerar los accionados que ello correspondía realizarse, en la etapa de producción de las pruebas dentro el juicio oral, continuo y contradictorio, de acuerdo a lo previsto en la parte in fine del art. 346 del adjetivo penal, y a través del incidente de exclusión probatoria, tal cual disponen los arts. 171 y 172 del citado cuerpo normativo; y pese a que interpuso recurso de reposición contra esa actuación, fue declarado improcedente mediante Auto Interlocutorio 160/2023, sin una debida motivación y fundamentación; siendo ambas resoluciones carentes de congruencia, coartándole la posibilidad de preparar su defensa de manera eficaz, ante el rechazo de sus pruebas de descargo antes del inicio del juicio oral y público donde podía demostrar su inocencia. En revisión, corresponde determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre el principio de subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional

Respecto a la concurrencia de esta causal reglada de improcedencia, la SCP 0057/2021-S3 de 29 de marzo, sostuvo que: [La SCP 0522/2019-S1 de 15 de julio, reiterando los entendimientos asumidos por la SCP 0611/2016-S2 de 30 de mayo, señala que: «La Constitución Política del Estado en su art. 129.I, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

En el mismo sentido, respecto al principio de subsidiariedad la SCP 0415/2013 de 3 de junio, asumiendo el entendimiento de la jurisprudencia desarrollada en la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, precisa que: “La acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección; es decir, que esta acción se activa cuando no existen otros medios o vías idóneas para otorgar la tutela solicitada. Este recurso es una acción de naturaleza subsidiaria, así lo ha establecido el art. 129.I de la CPE que dispone ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’, concordante con el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que manifiesta: I ‘La acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’.

En ese entendido, la jurisprudencia del Tribunal anterior sobre la subsidiariedad dentro la acción de amparo constitucional ha establecido mediante la SC 0273/2010-R de 7 de junio, que: ‘…El Amparo Constitucional no es un instrumentos alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y la ley asignan a las distintas jurisdicciones, según su especialidad, para la protección de los derechos considerados vulnerados, sino, por el contrario, es un mecanismo subsidiario, porque puede instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa; por lo tanto, cuando hay otros recursos expeditos, éstos deben ser utilizados primero y sólo se concederá el Amparo Constitucional cuando aquéllos resultaren ineficaces para la defensa de los derechos, o cuando se lo conceda como protección inmediata para evitar un daño irreparable”’.

En el mismo sentido la SCP 0471/2012 de 4 de julio, respecto a la subsidiariedad, expresó lo siguiente: “…el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el entendimiento asumido por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: ‘…reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución…’”»] (las negrillas y subrayado son nuestros).

III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio

Sobre el particular, la SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre este medio recursivo idóneo en materia penal para reclamar presunta lesión de derechos por actividad procesal defectuosa, precisó que: «La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: “Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad”.

Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales» (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela alega que los Jueces accionados, actuando al margen del procedimiento establecido por el art. 340.III y IV del CPP, por decreto de 3 de octubre de 2023, efectuaron una valoración probatoria anticipada, observando la prueba pericial en genética relativa a una prueba de paternidad y la solicitud de “reconstrucción de los hechos”, bajo el argumento que constituirían una revictimización de la víctima; sin considerar que ello correspondía realizarse, en la etapa de producción de las pruebas dentro el juicio oral, público y contradictorio, de acuerdo a lo previsto en la parte in fine del art. 346 del adjetivo penal y a través del incidente de exclusión probatoria tal cual disponen los arts. 171 y 172 del citado cuerpo normativo; y pese a que interpuso recurso de reposición contra esa actuación, fue declarado improcedente mediante Auto Interlocutorio 160/2023 de 10 de noviembre, sin una debida motivación y fundamentación; siendo ambas resoluciones carentes de congruencia, coartándole la posibilidad de preparar su defensa de manera eficaz, ante el rechazo de sus pruebas de descargo antes del inicio del juicio oral y público donde podía demostrar su inocencia. Identificado el objeto procesal sobre el cual versa la denuncia constitucional formulada y a fines de contextualización de la misma, corresponde conocer los actuados procesales así como jurisdiccionales relacionados con el planteamiento de lesividad puesto de manifiesto; así, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violación, ante la emisión del Requerimiento Conclusivo de Acusación Fiscal, por memorial presentado el 2 de octubre de 2023, el prenombrado realizó el ofrecimiento de las pruebas de descargo documental, pericial y testifical, solicitando respecto a la prueba pericial: “2.- Pericia en Genética Forense -M.Sc. Viviana Peralta Chambi Perito del Instituto de Investigaciones Forense del IDIF. Fiscali[a] General del Estado, a objeto de que realice la Pericia de: En las muestras Bilógicas a ser obtenidas en el desarrollo del Juicio Oral, deberá efectuar el siguiente estudio de carácter genético; Punto de Pericia Proceda a realizar la comparación de las muestras Biológicas colectadas, prueba de paternidad ADN del presunto autor (…) y del menor N/N hija(o) de la presunta víctima” (sic). Asimismo, respecto a “OTROS MEDIOS DE PRUEBA” (sic) peticionó: “-Al amparo del art. 179 del CPP. Impetro se pueda realizar una audiencia de inspección Ocular y Reconstrucción en el lugar de los hechos. -Al amparo del Art. 24 de la Constitución Política del Estado SOLICITO LA NOTIFICACION DEL MEDICO FORENSE DE TURNO DE MONTERO O EN SU CASO, a objeto de que se constituya a Juicio Oral con la finalidad de que pueda realizar la Colección de Muestras Biológicas; -Amilasa Salival. -Sangre en papel filtro obtenida por punción capilar. -Y otro que considere necesario. Del presunto autor (…) y del menor N/N hijo de la presunta víctima” (sic [Conclusión II.1 y II.2]).

Solicitud, que mereció decreto de 3 de octubre de 2023, mediante el cual las autoridades accionadas señalaron que: “Se tiene presente; pase a despacho para dictar el Auto de apertura de juicio. Otrosies: Pase a conocimiento del Pleno del tribunal; de igual manera sobre la proposición de la prueba pericial y de genética” (sic). Por otra parte, mediante Auto de Apertura de Juicio Oral de la misma fecha, se programó audiencia de juicio oral y público para el 8 de noviembre del citado año (Conclusión II.2). Asimismo, a través de decreto de 3 de octubre de 2023, los Jueces accionados, dando respuesta al indicado ofrecimiento de las pruebas de descargo del accionante resolvieron declarar ‘“NO HA LUGAR”’: i) La solicitud de la prueba de paternidad en etapa de juicio oral, señalando que desnaturaliza toda la normativa nacional e internacional de protección de los derechos de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual, debiendo resguardarse su derecho a someterse a un solo peritaje médico o de similar naturaleza por intervenir en la misma la víctima directa, la menor de edad hija de la misma y el presunto agresor; ii) La “…RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS…” (sic), siendo dicha proposición atentatoria a los derechos de la víctima y estar prohibida su revictimización; y, iii) La petición de notificación al médico forense de Montero del departamento de Santa Cruz para la toma de muestras, así como al representante del Laboratorio “GENTOX” (Conclusión II.3); lo que motivó la interposición del recurso de reposición que fue resuelto por Auto Interlocutorio 160/2023, por el cual se declaró admisible e improcedente dicho recurso, que fue complementado por Auto Interlocutorio 192/2023 de 27 de noviembre (Conclusión II.4). Bajo el precitado marco fáctico procesal, que precisamente es cuestionado en su despliegue por el impetrante de tutela, en lo esencial por la tramitación y rechazo del ofrecimiento de pruebas de descargo -prueba pericial en genética relativo a una prueba de paternidad y la solicitud de “…RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS…” (sic) propuestas por el prenombrado- en etapa de preparación del juicio oral y público en aplicación e interpretación del art. 340.III y IV del CPP; observando la parte accionante que ese precepto legal no otorgaría potestad para rechazar las pruebas antes de la sustanciación de dicho acto procesal, considerando -a su criterio- que debió realizarse, en la fase de producción de pruebas de acuerdo a lo previsto en la parte in fine del art. 346 del adjetivo penal y a través del incidente de exclusión probatoria tal cual disponen los arts. 171 y 172 del citado cuerpo normativo; es pertinente traer a colación los intelectos desarrollados por la jurisprudencia constitucional relacionados con la subsidiariedad, conforme se encuentra glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establecen los alcances de limitación a la procedibilidad de esta acción de defensa vinculados a la observancia de dicho principio para el resguardo tutelar mediante esta vía constitucional, que contempla dentro de sus presupuestos de procedencia, la necesidad de agotamiento de los medios o vías idóneas establecidos en el ordenamiento jurídico, los cuales deben ser activados y concluidos previamente a los fines de acudir ante la sede constitucional.

Entendimientos que se ajustan al caso en revisión, pues siendo que el objeto procesal de la presente acción de amparo constitucional esencialmente versa sobre un presunto despliegue procesal erróneo de los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, que derivó según refiere el accionante, en un supuesto procedimiento irregular para rechazar algunas de las pruebas de descargo que ofreció, por considerar que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico penal, dichos argumentos ahora expresados por el impetrante de tutela correspondían ser reclamados intraproceso a través del incidente de actividad procesal defectuosa, puesto que conforme lo alegado por la parte peticionante de tutela, en lo sustancial se denuncian irregularidades procesales en el procedimiento otorgado a la etapa de preparación de juicio oral y sobre la proposición, admisión, producción, valoración y judicialización de la prueba de descargo; consecuentemente; dicha reclamación debió recaer previamente ante la jurisdicción ordinaria mediante el precitado incidente, que de acuerdo con los intelectos contenidos en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, constituye el mecanismo de revisión de actividad procesal defectuosa previsto por los arts. 167 y 169 del CPP, teniendo una función restauradora y reparadora de posibles vicios de procedimiento que se hubiesen generado en la tramitación del proceso penal, y que convergen en situaciones que impliquen acciones, omisiones e irregularidades vinculadas a la inobservancia del procedimiento y/o procedimentales que pudiesen estarse ocasionando dentro del proceso penal y su tramitación provocando afectación a las partes procesales con una consecuente lesión de derechos, en cualquier estadio procesal, dado que puede incurrirse en actividad procesal defectuosa tanto en la etapa investigativa como en fase de juicio oral.

En ese contexto, si bien la parte accionante alega que hubiera agotado la vía ordinaria con el recurso de reposición interpuesto contra la providencia de 3 de octubre de 2023, que fue declarado admisible e improcedente mediante Auto Interlocutorio 160/2023, señalando que el mismo no admite recurso ulterior; corresponde aclarar que dicho medio de impugnación no se constituye en el mecanismo idóneo para la reparación de los defectos procesales denunciados por el ahora impetrante de tutela, tomando en cuenta que de conformidad a lo previsto por el art. 401 del CPP el recurso de reposición procede solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique.

Sin embargo, en el presente caso, considerando el contenido y alcance de la problemática que motivó la interposición de esta acción de defensa se tiene que el reclamo del peticionante de tutela involucra presuntas irregularidades procesales en la actividad jurisdiccional del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz como es la tramitación y rechazo del ofrecimiento de las pruebas de descargo, que a decir del impetrante de tutela no se enmarcaría en el ordenamiento jurídico procesal penal -art. 340.III y IV del CPP-, lo que habría imposibilitado su consideración en la etapa de producción de la prueba dentro el juicio oral y público en la forma establecida por el art. 346 parte in fine del CPP, y que por lo tanto le generaron agravios con la afectación de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales que ahora invoca como lesionados; contexto procesal y de reclamación por el que correspondía al mismo activar el incidente de actividad procesal defectuosa que se constituye en el mecanismo idóneo a fin de reclamar ante las autoridades accionadas dichas deficiencias o defectos, y de corresponder se declare su consiguiente nulidad a efectos de la renovación del acto procesal y sus efectos, conforme su naturaleza jurídica procesal. Consecuentemente, se puede concluir en que el accionante no agotó el mecanismo procesal-normativo del incidente de actividad procesal por defectos absolutos, el cual detenta vigencia y validez procesal efectiva e idónea dentro de la normativa jurídica procesal penal, lo que conlleva a que este Tribunal se encuentre impedido de ingresar a analizar el fondo de denuncia constitucional planteada, al ser aplicable la subregla contenida en el punto 1) inciso b) del precitado Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, correspondiendo en su efecto denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros argumentos obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2023 de 27 de diciembre, cursante de fs. 84 a 88, pronunciada por el Juez Público de Familia Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada conforme los fundamentos jurídicos y razones fácticas expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0324_2024-S2.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6534bec0a6e84e24ccdd8ae6d278d98cbebd3f0f5fb46a42469248ebd6751199

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