Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 23 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; así como, el principio de verdad material; puesto que, las ex Vocales hoy accionadas, por Auto de Vista 218 de 16 de julio de 2020, revocaron el Auto 138 de 15 de abril de 2019; por el que, se declaró probada la tercería de derecho preferente al pago y declararon improbada la misma sin fundamentación, motivación, ni congruencia; efectuando una copia in extensa de los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la entidad ahora tercera interesada y omitiendo valorar la prueba respecto a la corrección del gravamen que realizó en DD.RR. con relación a los errores involuntarios en su registro que certifica su preferencia en el pago como acreedora. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; por lo que, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 115/2024 de 4 de junio, cursante de fs. 185 vta. a 188 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, el principio de verdad material, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 218 de 16 de julio de 2020, emitido por las ex Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; asimismo, se pronuncie un nuevo auto de vista por los actuales Vocales de la referida Sala Civil, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que, por el transcurso del tiempo ya se hubiese pronunciado. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia y valoración razonable de la prueba.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0323/2025-S1 Sucre, 23 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 41933-2021-84-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 115/2024 de 4 de junio, cursante de fs. 185 vta. a 188 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juliana Mérida Castro contra Marisol Ortiz Hurtado, Mirian Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, ex Vocales; y, Silvia Jaqueline Martínez Blacutt y Freddy Pérez Chavarría, actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
La accionante, por memoriales presentados el 1 y 5 de abril de 2021, cursantes de fs. 78 a 84; y, 91 a 93, manifestó lo siguiente:
El 19 de septiembre de 2016, se protocolizó ante el Notario de Fe Pública 12 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un contrato privado de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, mediante Escritura Pública, Testimonio 1906/2016 de la indicada fecha, por el plazo de tres meses, constituyéndose así en acreedora de Josué Velarde Montes -hoy tercero interesado- y Katerine Gutiérrez Ulloa, por la suma de $us3 500.- (tres mil quinientos dólares estadounidenses), quienes dejaron como garantía hipotecaria un bien inmueble de su propiedad ubicado en la localidad de Warnes, Unidad Vecinal (U.V.) NP 14, Manzano 8, Lote 48, Urbanización "El Gran Paititi", de 300 m², con matrícula computarizada 7.02.0.00.0014742. Esa acreencia fue registrada preventivamente en el Asiento B-1, y una "Aclarativa hipotecaria" inscrita en el Asiento B-4 de dicho bien inmueble.
En ese marco, el 17 de enero de 2018, solicitó al Registrador de Derechos Reales (DD.RR.), la corrección de la inscripción de su hipoteca ante errores no atribuibles a su persona en el formulario de inscripción de gravamen, donde se transcribió el número de matrícula computarizada 7.02.0.00.0001474 en lugar de la matrícula computarizada 7.02.0.00.0014742; además, se consignó a su persona como deudora, siendo que es la acreedora, y al deudor -ahora tercero interesado- como acreedor. Los mencionados errores fueron subsanados ante su solicitud y se registró su gravamen en el Asiento A-1 del bien inmueble hipotecado. En ese entendido, al sacar un certificado alodial de DD.RR., se enteró que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta "Jesús Nazareno" R.L. -entidad hoy tercera. interesada-, inició un proceso ejecutivo contra su deudor -hoy tercero interesado- y otro, alegando tener derecho preferente debido al registro de una anotación preventiva sobre el bien inmueble otorgado en garantía registrado bajo el Asiento B-3; motivo por el cual, interpuso una tercería de derecho preferente al pago, demostrando su preferencia al mismo, al tener registrada su anotación preventiva bajo el Asiento B-1 de 27 de septiembre de 2016. En consecuencia, dicha tercería fue declarada probada por Auto 138 de 15 de abril de 2019, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Vigesimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme al certificado de estado hipotecario actualizado del indicado bien inmueble emitido por DD.RR. Por consiguiente, contra el Auto 138, la entidad ahora tercera interesada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Auto de Vista 218 de 16 de julio de 2020, pronunciado por las ex Vocales hoy accionadas, quienes revocaron el referido Auto apelado y declararon improbada la tercería de derecho preferente al pago presentada por su persona -sin considerar la verdad material-, limitándose a citar normas relativas a la competencia de los Tribunales de alzada, a la naturaleza del Estado Plurinacional de Bolivia, al principio de la irretroactividad de la ley, a disposiciones generales del Órgano Judicial, a la importancia del principio de verdad material; y, citas ampulosas mencionando el art. 145 del Código Procesal Civil (CPC), que contienen aspectos relacionados a la valoración de la prueba, el cual debió ser vinculado con lo establecido por el art. 134 del mismo Código, respecto a la valoración integral de las pruebas presentadas. Así también, el Auto de Vista 218, narra sobre la supuesta falta de valoración de la prueba por parte del Juez de la causa, con relación al certificado alodial emitido por DD.RR. donde se evidencia el embargo preventivo en favor de la entidad hoy tercera interesada; siendo ello, una copia in extensa del recurso de apelación interpuesto por la citada entidad, obviando valorar la corrección -del gravamen- que realizó DD.RR. respecto a los errores involuntarios en su registro, lo cual conlleva a la omisión en la valoración probatoria de un documento oficial, emitida por una institución competente que certifica su preferencia y prelación en el gravamen efectuado; sin tomarse en cuenta que la corrección realizada por ese registro público, se da como una aceptación tácita del error involuntario que cometió frente a la inscripción del gravamen, aspecto que no fue valorado por las ex Vocales ahora accionadas. La única congruencia que se evidencia es el parafraseo de lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto por la entidad hoy tercera interesada ejecutante, haciendo eco de sus argumentos; sin la existencia de la congruencia respecto al precedente expuesto de su parte, contenido en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero. En cuanto a la vulneración del principio de verdad material, el Auto de Vista 218 no tomó en cuenta la prueba documental consistente en el certificado del estado hipotecario del bien inmueble dejado en garantía, que demostraba su preferencia al pago como acreedora frente a los demás acreedores con registros posteriores al de su persona. Además, al señalar que: "(...) según ella habría sido inscrita en otra matricula debido a un error cometido por el Notario de Fe Pública que protocolizo la referida escritura pública de hipoteca, al igual que los transcriptores de las oficinas de derechos reales quienes habrían insertado datos de otra matrícula computarizada que corresponde a otro bien inmueble y no el de propiedad de su deudor" (sic); lo cual demuestra que sustentaron el Auto de Vista 218 con un entendimiento más allá de lo razonable, a pesar que la prueba documental es clara y expresa su derecho como acreedora preferente. Las ex Vocales hoy accionadas no se enmarcaron en un criterio razonable para valorar la prueba, constituida por el folio real que registra una hipoteca a su nombre; además, en el Auto de Vista 218, que fue emitido por los referidos Vocales realizaron una copia in extensa de los argumentos utilizados por la entidad ahora tercera interesada -apelante-, y rellenaron el mismo con copias de jurisprudencia constitucional, sin demostrar un conector con el caso concreto. Asimismo, el Auto de Vista 218 señaló que la inscripción ‘“(...) fue insertada por Derechos Reales sin que exista una resolución administrativa emanada por autoridad competente de dichos registro público (...)”’ (sic), desconociendo que el indicado error fue realizado por DD.RR. y no por su persona; por lo que, el cambio en el registro del gravamen se debió a un error involuntario y la citada institución sin más trámite corrigió un dato equivocado; además, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 2 y 3 del Decreto Supremo (DS) 2841 de 13 de julio de 2016, no existía la necesidad de generar un proceso administrativo o civil; porque “no se da” lo que dichas normas describen; en ese entendido, las ex Vocales ahora accionadas equivocadamente entendieron que el error cometido por DD.RR. necesitaba una resolución administrativa; ya que, la normativa no contempla el supuesto error cometido por el funcionario público, y ninguno de los artículos del DS 4273 de 26 de junio de 2020, sobre el Reglamento a la Ley de Regularización del Derecho Propietario de Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; así como, el principio de verdad material, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 218 de 16 de julio de 2020, emitido por las ex Vocales hoy accionadas; y, b) La emisión de un nuevo Auto de Vista que "respete" el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; debiendo analizarse los datos y las pruebas del proceso en su integridad, respecto al folio real actualizado, que demuestra que tiene derecho preferente al pago, frente a los demás acreedores que inscribieron sus gravámenes posteriores al suyo. 1.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional Por SCP 0600/2022-S2 de 22 de junio, se dispuso revocar la Resolución 71/2021 de 14 de junio, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia anular obrados hasta el Auto de Admisión de 5 de abril de 2021, de la presente acción tutelar por falta de notificación a los ex Vocales hoy accionados, disponiendo la legal citación a la parte demandada, con señalamiento de audiencia dentro de las veinticuatro horas (fs. 144 a 153).
Celebrada la audiencia virtual el 4 de junio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 183 a 185, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que: 1) Posteriormente a la emisión de la Resolución 71/2021 -revocada por la SCP 0600/2022-S2-, que concedió la tutela en su favor, conllevó a que las ex Vocales ahora accionadas emitan un nuevo auto de vista modificando lo dispuesto por el Auto de Vista 218 y valorando de manera integral las pruebas aportadas; así como también, observando la debida fundamentación y motivación; y reformulando la parte dispositiva, aceptando la tercería de pago preferente que fue interpuesta por su persona; 2) Los ex Vocales hoy accionados pronunciaron el Auto de Vista 354/2021 de 15 de septiembre, disponiendo la prelación posterior al remate del bien inmueble otorgado en garantía, y que se pague con preferencia en primer lugar a su persona como tercerista y luego a la entidad ahora tercera interesada; 3) El citado bien inmueble ya fue rematado y posteriormente adjudicado el 2023; 4) La entidad hoy tercera interesada no asistió a la audiencia de la acción tutelar, pese a su legal notificación al existir cosa juzgada en el proceso ejecutivo, y pagados a los respectivos acreedores según la prelación y sus anotaciones preventivas; 5) La SCP 0600/2022-S2, se centró en aspectos formales ignorando el principio pro actione, inobservando y re direccionando las notificaciones de manera oficiosa; 6) La presente audiencia de consideración de la acción de defensa resulta desconcertante; ya que, transcurrieron tres años desde que ocurrieron los hechos que la motivaron, y los derechos implicados ya se encuentran consolidados; 7) El Auto de Vista 218 vulneró sus derechos, al no contar con los elementos de fundamentación, motivación, y congruencia; y, omitió la valoración integral de las pruebas presentadas; y, 8) En otro proceso ejecutivo paralelo al que dio origen la presente acción tutelar, si se reconoció su derecho preferente al pago. 1.2.3. Informe de las autoridades accionadas Marisol Ortiz Hurtado, Mirian Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, ex Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar O Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 170, 172 y 174. Silvia Jaqueline Martínez Blacutt y Freddy Pérez Chavarría, actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 167 y 168.
Candido Vargas Rivero, representante legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta "Jesús Nazareno" R.L., no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 171. Josué Velarde Montes, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 166.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -con la aclaración que se convocó a la Vocal de su similar Primera-, mediante Resolución 115/2024 de 4 de junio, cursante de fs. 185 vta. a 188 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 218 emitido por las ex Vocales ahora accionadas, con las consecuencias descritas en la modulación de los efectos de esa determinación; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) El indicado Auto de Vista no consideró la existencia de un documento de 2016, sobre el cual se solicitó una corrección y modificación a DD.RR. que procedió conforme lo requerido; dicho extremo, se materializó con el formulario o registro de propiedad del bien inmueble emitido por esa institución, que pondría en evidencia que la modificación y la corrección se realizó con base en el manual de procedimientos y se efectivizó en la matrícula computarizada correcta; por lo que, se corrigió a la acreedora -accionante- en el Asiento B-1 de 19 de enero de 2018; ii) La publicidad de ese gravamen que le otorgó el derecho de preferencia de pago a la accionante, se encontraba subsanado al momento del registro; iii) Desde la corrección hasta la fecha de emisión del Auto de Vista 218, transcurrió un tiempo; por lo que, no correspondía cuestionar el valor intrínseco de la documentación extendida por DD.RR.; iv) Existió vulneración del derecho al debido proceso en cuanto a la valoración de la prueba; así como, a la debida motivación y fundamentación del hecha concreto, que tiene relación con una cuestión ajena a la voluntad de la accionante, al llevar oportunamente su documentación a la citada institución, cuya publicidad debe ser considerada desde ese acto; v) Los Tribunales de alzada, deben circunscribirse a lo estrictamente planteado por las partes procesales en los recursos de apelación que se interpongan; vi) Al tratarse de una tercería de derecho preferente al pago, las ex Vocales hoy accionadas debieron circunscribirse a lo establecido por el Código Procesal Civil, verificando los presupuestos de procedencia para resolver una cuestión de esa naturaleza, sobre el momento de la inscripción o las circunstancias del "régimen" de DD.RR.; vii) Se deja sin efecto el Auto de Vista 218 y dimensionando sus efectos del Auto 138 que se emitió al otorgarse la tutela anteriormente, en esa medida se pronuncie un nuevo auto de vista que dé curso a la tercería de derecho preferente al pago planteado por la accionante; y, viii) Con la finalidad de evitar mayores dilaciones y formalismos, dado el principio de preeminencia de la realidad, al efectuarse los trámites que corresponden al remate del bien inmueble otorgado en garantía, se ve por conveniente "sobrecartar" el Auto de Vista ya emitido, manteniendo la validez de todas las actuaciones emergentes de la mencionada decisión, bajo el principio de seguridad jurídica.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente II.1. Por memorial presentado el 4 de julio de 2018, ante el Juez Público Civil y Comercial Vigesimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, Juliana Mérida Castro -ahora accionante- interpuso tercería de derecho preferente al pago, solicitando se declare probada la misma y se le cancele de manera privilegiada el capital más intereses adeudados antes que a los demás acreedores, dentro del proceso ejecutivo seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta "Jesús Nazareno" R.L. -entidad hoy tercera interesada- contra Josué Velarde Montes -ahora tercero interesado- (fs. 12 a 14).
II.2. Mediante Auto 138 de 15 de abril de 2019, emitido por el Juez de la causa, declaró probada la tercería de derecho preferente al pago interpuesta por la accionante, disponiendo que una vez aprobado el remate con el valor de la subasta, se cancele con preferencia a la nombrada y el saldo remanente de la subasta a la entidad hoy tercera interesada (fs. 22 a 26).
II.3. A través del memorial presentado el 17 de mayo de 2019, ante el Juez de la causa, el representante legal de la entidad ahora tercera interesada interpuso recurso de apelación contra el Auto 138, solicitando se revoque y se declare improbada la tercería de derecho preferente de pago interpuesta por la accionante (fs. 52 a 56).
II.4. Cursa el Auto de Vista 218 de 16 de julio de 2020, pronunciado por Marisol Ortiz Hurtado y Mirian Rosell Terrazas, entonces Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionadas-; por el cual, revocaron totalmente el Auto 138 y en consecuencia declararon improbada la tercería de derecho preferente al pago presentada por la accionante (fs. 27 a 34); quien fue notificada con esa determinación el 2 de octubre de 2020 (fs. 36 vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; así como, el principio de verdad material; puesto que, las ex Vocales hoy accionadas, por Auto de Vista 218 de 16 de julio de 2020, revocaron el Auto 138 de 15 de abril de 2019; por el que, se declaró probada la tercería de derecho preferente al pago y declararon improbada la misma sin fundamentación, motivación, ni congruencia; efectuando una copia in extensa de los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la entidad ahora tercera interesada y omitiendo valorar la prueba respecto a la corrección del gravamen que realizó en DD.RR. con relación a los errores involuntarios en su registro que certifica su preferencia en el pago como acreedora. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; por lo que, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, estableció que: [«“La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).
De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.
(...)
De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho»] (las negrillas son nuestras).
En cuanto a la congruencia, la SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto citando a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, señala que: “‘...la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(...)
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia’”.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; así como, el principio de verdad material; puesto que, las ex Vocales hoy accionadas, por Auto de Vista 218 de 16 de julio de 2020, revocaron el Auto 138 de 15 de abril de 2019; por el que, se declaró probada la tercería de derecho preferente al pago y declararon improbada la misma sin fundamentación, motivación, ni congruencia; efectuando una copia in extensa de los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la entidad ahora tercera interesada y omitiendo valorar la prueba respecto a la corrección del gravamen que realizó en DD.RR. con relación a los errores involuntarios en su registro que certifica su preferencia en el pago como acreedora. De la revisión de antecedentes se evidencia que por memorial presentado el 4 de julio de 2018, ante el Juez de la causa, la accionante interpuso tercería de derecho preferente al pago, solicitando se declare probada la misma y se le cancele de manera privilegiada el capital más intereses adeudados antes que a los demás acreedores, dentro del proceso ejecutivo seguido por la entidad hoy tercera interesada contra él ahora tercero interesado (Conclusión II.1.); emitiendo el indicado Juez el Auto 138; por el que, declaró probada dicha tercería, disponiendo que una vez aprobado el remate con el valor de la subasta se le cancele con preferencia a la accionante (Conclusión II.2.). Apelada esa determinación por la entidad hoy tercera interesada, las ex Vocales ahora accionadas pronunciaron el Auto de Vista 218; por el cual, revocaron totalmente el Auto 138 y declararon improbada la tercería de derecho preferente al pago presentado por la accionante, quien fue notificada con esa determinación el 2 de octubre de 2020. (Conclusiones II.3. y II.4.). Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se evidencia que la accionante precisa como actos vulneratorios de sus derechos, a las determinaciones asumidas por las ex Vocales ahora accionadas en el Auto de Vista 218, denunciando que dicho fallo fue emitido, entre otros aspectos, sin la debida fundamentación y motivación; en ese sentido, con la finalidad de evidenciar si las mencionadas denuncias resultan evidentes, corresponde realizar la verificación de los argumentos expuestos en el referido Auto de Vista, y si los mismos cumplen con los citados elementos del indicado derecho. Al respecto, se tiene que el Auto de Vista 218, consignó los siguientes argumentos: 1) El Auto 138 impugnado contiene una incongruencia interna, lo que vulnera el derecho al debido proceso; ya que, no valoró de manera objetiva, razonable y lógica la prueba consistente en los certificados alodiales expedidos por DD.RR. del 8 y 14 de diciembre de 2017, evidenciando que a esas fechas- sobre el bien inmueble embargado pesaba el embargo preventivo en favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta "Jesús Nazareno" R.L. -entidad hoy tercera interesada-, ordenado por el Juez de la causa, registrado en el Asiento B-2, y en el Asiento B-1 pesaba la hipoteca en favor de Madeleine López Galvez. En esos certificados alodiales no aparecía el gravamen de la tercerista -accionante-; 2) De la prueba presentada por la tercerista -accionante-, se evidencia que recién el 17 de enero de 2018, presentó ante el Registrador de DD.RR. su petición de corrección de la fecha de inscripción en ese registro público, de la hipoteca constituida en la Escritura Pública 1906/2016 de 19 de septiembre, la misma que según ella, fue inscrita en otra matrícula debido a un error cometido por el Notario de Fe Pública 12 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que protocolizó la referida Escritura Pública, al igual que los transcriptores de DD.RR., quienes insertaron datos de otra matrícula computarizada que corresponde a otro bien inmueble y no el de propiedad de su deudor;
3) Esa petición -de la accionante- fue insertada por funcionarios de DD.RR. sin que exista una resolución administrativa emanada por autoridad competente, debidamente fundamentada para subsanar el error originado por el Notario de Fe Pública 12 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que protocolizó la Escritura Pública 1906/2016, procediendo a registrarla recién el 18 de enero de 2018, según trámite de documento 3550382, haciendo aparecer el registro del documento de hipoteca en el Asiento B-1 del casillero de gravámenes y restricciones de 27 de septiembre de 2016, como si en esa fecha se registró el gravamen, cuando por la documentación presentada por la tercerista -accionante-, recién solicitó la corrección el 18 de enero de 2018; y, 4) Se evidencia que el Juez de la causa, al momento de dictar el Auto 138 objeto de apelación, no dio estricto cumplimiento a lo establecido por los arts. 145 y 211 del CPC, al no valorar de manera exhaustiva las pruebas que demuestran la verdad de las pretensiones demandadas.
Ahora bien, tomando en cuenta la denuncia de falta de fundamentación y motivación efectuada por la accionante, corresponde señalar que sobre esos elementos del derecho al debido proceso, el razonamiento citado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la fundamentación y motivación de las resoluciones implica que éstas deban contener las razones que sustentan la decisión asumida, la exposición de los hechos; así como, el sustento jurídico, lo que no significa una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales; sino que, debe ser clara y concisa, además de integrar todos los puntos demandados, debiendo exponerse los argumentos y las razones que justifiquen la determinación basada en los hechos y las normas que sostienen la parte dispositiva del fallo, con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso.
Bajo ese contexto jurisprudencial y teniendo en cuenta las denuncias de falta de fundamentación y motivación, se tiene que el Auto de Vista 218 impugnado, en su primer argumento refiere que el Auto 138, contiene una incongruencia interna al no valorar los Certificados Alodiales de 8 y 14 de diciembre de 2017; ya que, en esas fechas solo consignaban en el Asiento B-1 la hipoteca en favor de Madeleine López Galvez, y en el Asiento B-2 el registro del embargo preventivo en favor de la entidad hoy tercera interesada, ordenado por el Juez de la causa; sin que conste el gravamen de la tercerista -accionante-.
Lo expuesto, resulta una transcripción casi íntegra de uno de los cuestionamientos del recurso de apelación interpuesto por la entidad hoy tercera interesada (fs. 53), lo que demuestra inicialmente, que las ex Vocales ahora accionadas no expresaron un argumento propio para revocar el Auto 138 y declarar improbada la tercería de derecho preferente al pago presentada por la accionante; sino que, se limitaron a repetir lo manifestado por una de las partes intervinientes en el proceso ejecutivo, aspecto que deviene en que el Auto de Vista 218 emitido en segunda instancia se constituya en infundado e inmotivado, por carecer de un argumento privativo, propio y particular de las ex Vocales hoy accionadas. Así también, al señalar que no se valoraron los Certificados Alodiales de 8 y 14 de diciembre de 2017, se advierte que las ex Vocales ahora accionadas no tomaron en cuenta que la Escritura Pública, Testimonio 1906/2016, fue inscrita en DD.RR. bajo el Asiento B-1 de 27 de septiembre de 2016, y si bien fue registrada inicialmente bajo la matrícula computarizada 7.02.0.00.0001474 (fs. 4 a 7), y no así bajo la matrícula computarizada 7.02.0.00.0014742, que es mencionada en la Cláusula Sexta de dicha Escritura, lo que corrobora el error denunciado por la accionante; sin embargo, la fecha de ese registro -27 de septiembre de 2016- resulta anterior a la fecha de los certificados alodiales mencionados por las ex Vocales ahora accionadas, situación que fue advertida por el Juez de la causa en el Auto 138 al identificar los argumentos de la tercería de derecho preferente al pago; quien además, sustentó sus determinaciones en la certificación de registro de la propiedad inmueble expedida por DD. RR. (fs. 19 a 21), según la cual, la accionante tenía registrada esa Escritura Pública bajo la matrícula computarizada 7.02.0.00.0014742, en el Asiento B-1 de 27 de septiembre de 2016, correspondiente al bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria, y la entidad hoy tercera interesada en el Asiento B-3 de 26 de septiembre de 2017. Lo expuesto, evidencia que si bien el Juez de la causa no hizo referencia a los Certificados Alodiales de 8 y 14 de diciembre de 2017; empero, por el principio de verdad material que fue vulnerado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que el registro de la garantía hipotecaria de la accionante, fue anterior al registro de la entidad ahora tercera interesada, tal como consta en la Escritura Pública, Testimonio 1906/2016 (fs. 4) y que se corrobora con el certificado alodial de 22 de mayo de 2018 (fs. 19 a 21), donde figura bajo el Asiento B-1 de 27 de septiembre de 2016, como acreedora privilegiada; aspectos que al no ser considerados por las ex Vocales hoy accionadas al pronunciar el Auto de Vista 218, hace que el mismo se constituya en una decisión infundada e inmotivada, y por lo indicado vulnerador del derecho al debido proceso. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada sobre el primer argumento expuesto por las ex Vocales hoy accionadas en el Auto de Vista 218.
Sobre el segundo y tercer argumento del Auto de Vista 218. Con la finalidad de resolver los mismos, es necesario resaltar que al interponer el recurso de apelación contra el Auto 138, que declaró probada la tercería de derecho preferente al pago interpuesta por la accionante, el representante legal de la entidad hoy tercera interesada hizo constar en dicho recurso, que el Juez de la causa, no analizó "...la documentación presentada por la misma tercerista, cursante de fs. 68 a 73, consistente en el escrito de 17 de enero de 2018, presentado ante el Registrador de Derechos Reales, a través del cual solicitó la corrección de la fecha de inscripción en estos registro públicos de la hipoteca constituida en la escritura pública 1906/2016 de fecha 19 de septiembre de 2016, la misma que supuestamente fue inscrita en otra matrícula POR UN ERROR COMETIDO POR EL NOTARIO DE FE PUBLICA QUE PROTOCOLIZO LA REFERIDA ESCRITURA PUBLICA DE HIPOTECA, AL IGUAL QUE LOS TRANSCRIPTORES DE LAS OFICINAS DE DERECHOS REALES, QUIENES HABRIAN INSERTADO DATOS DE OTRA MATRICULA COMPUTARIZADA QUE CORRESPONDE AL OTRO BIEN INMUEBLE Y NO EL DE PROPIEDAD DE SU DEUDOR..." (sic).
Asimismo, en el mencionado recurso de apelación contra el Auto 138, se indicó que: "...ante dicha solicitud sin que exista una resolución administrativa emanada por autoridad competencia de dichos registros públicos, debidamente fundamentada para subsanar el error originado por el Notario de Fe Pública que protocolizo la escritura de hipoteca, proceden a registrar la referida escritura de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, recién en fecha 18 de enero del año 2018, según trámite de documento 3550382...
HACIENDO APARECER EL REGISTRO DEL DOCUMENTO DE HIPOTECA EN EL ASIENTO B-1 DEL CASILLERO DE GRAVAMENES Y RESTRICCIONES EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016, como si fuera en esa fecha que se haya registrado di gravamen de hipoteca, cuando por la documentación presentada por la tercerista, recién solicito la corrección de registro en fecha 18 de enero de 2018" (sic); De lo referido y comparándolo con lo consignado en el segundo y tercer argumento del Auto de Vista 218, se puede evidenciar que las ex Vocales hoy accionadas procedieron a transcribir de manera íntegra y textual los argumentos del recurso de apelación planteado por la entidad ahora tercera interesada, e irregularmente lo utilizaron como sus propios argumentos para revocar el Auto 138; sin percatarse que para el debido cumplimiento del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, el Tribunal de alzada debe exponer sus propios razonamientos respecto a cada uno de los reclamos expuestos en los recursos y no simplemente limitarse a la fácil e ilegal tarea de reproducir y transcribir argumentos ajenos y utilizarlos como si fueran suyos con el propósito de sustentar una determinación en segunda instancia. Más aun, teniendo en cuenta que en el presente caso, las ex Vocales hoy accionadas se constituyen en miembros de un Tribunal de cierre, teniendo la obligación de brindar una respuesta precisa y concreta sobre todos los reclamos expuestos, expresando sus propios criterios jurídicos y exponiendo sus propias argumentaciones sobre las problemáticas puestas en su conocimiento; además, de fundamentar y motivar su fallo, labor que en coherencia con el razonamiento citado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, conlleva la exposición de la justificación normativa y los razonamientos que sustentan la decisión asumida; aspectos que no se evidencian en los argumentos segundo y tercero del Auto de Vista 218, los cuales tan solo contienen una copia in extensa de los argumentos del recurso de apelación sin contar con la exposición del respectivo fundamento legal ni un criterio argumentativo propio y particular. Por lo expuesto, al ser evidente la vulneración del derecho al debido proceso respecto a lo antes examinado, se debe conceder la tutela solicitada, debiendo los actuales Vocales ahora accionados resolver todos los reclamos de las partes procesales con un criterio propio y razonado; así como, con la debida fundamentación y motivación. En ese marco, las ex Vocales hoy accionadas en el cuarto argumento del Auto de Vista 218, refirieron que el Juez de la causa no dio cumplimiento a lo establecido por los arts. 145 y 211 del CPC, al no valorar las pruebas que demuestran la verdad de las pretensiones demandadas; sin embargo, tampoco especificaron a qué pruebas se referían y con cuál de ellas se lograrían respaldar las pretensiones de la entidad ahora tercera interesada. Esa falta de claridad y precisión en la identificación de las pruebas que, según las apreciaciones de las ex Vocales ahora accionadas, demostrarían los extremos expuestos y pretendidos por la entidad hoy tercera interesada apelante, impide dilucidar si en el caso concreto, en efecto el Juez de la causa no valoró las pruebas conforme con lo determinado por el art. 145 del CPC y por consiguiente si merecía que el Auto 138 sea revocado. Esa omisión en la individualización de las pruebas que se consideran relevantes para demostrar el alcance de las pretensiones de la mencionada entidad ahora tercera interesada, conlleva además, a que el Auto de Vista 218 -hoy impugnado- no se encuentre debidamente sustentado y respaldado en cuanto a la decisión de declarar improbada la tercería de derecho preferente al pago interpuesta por la accionante. Así también, al indicar las ex Vocales ahora accionadas que no se dio estricto cumplimiento a lo establecido por el art. 211 del CPC, al no valorarse las pruebas; no queda clara la trascendencia de sus alegaciones; ya que, el contenido normativo de ese artículo relativo a los autos definitivos, no guarda ninguna relación de conformidad con la prelación o preferencia en el pago buscado por los acreedores, tampoco resulta relevante en cuanto a la valoración de las pruebas, como un acto de obligatorio cumplimiento de las autoridades jurisdiccionales que resuelven los casos sometidos a su conocimiento. En ese sentido, la referencia del art. 211 del CPC, no guarda ni tiene ninguna relación con las pretensiones buscadas por las partes procesales, como extrañamente alegan las ex Vocales hoy accionadas; siendo en consecuencia, su mención irrelevante e intrascendente en el presente caso, al no compatibilizar con lo pretendido por la accionante en su tercería de derecho preferente al pago, ni con lo buscado por la entidad ahora tercera interesada al interponer su recurso de apelación; aspecto que debe ser corregido y enmendado por los actuales Vocales ahora accionados. Por todo lo expuesto, respecto a este cuarto argumento identificado en el Auto de Vista 218, corresponde conceder la tutela solicitada, al ser evidente la vulneración del derecho al debido proceso, por no contener la debida fundamentación y motivación que respalde la determinación asumida de revocar el Auto 138 y declarar improbada la tercería de derecho preferente al pago presentada por la accionante, debiendo quedar sin efecto el Auto de Vista 218 y emitirse otro en su lugar que cumpla con los presupuestos extrañados. Finalmente, debido al análisis precedente que derivó en la decisión de dejar sin efecto el Auto de Vista 218, no corresponde emitir un pronunciamiento respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia y valoración razonable de la prueba; debiendo denegarse la tutela solicitada sobre los mismos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 115/2024 de 4 de junio, cursante de fs. 185 vta. a 188 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, el principio de verdad material, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 218 de 16 de julio de 2020, emitido por las ex Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; asimismo, se pronuncie un nuevo auto de vista por los actuales Vocales de la referida Sala Civil, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que, por el transcurso del tiempo ya se hubiese pronunciado. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia y valoración razonable de la prueba. Regístrese, notifíquese y/publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0323_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5295909784103a1ca575999437acdc4432a62a3e9462d4a427d27b297a42430d
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