B.IA.LEGAL

SCP 0322/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 17 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
50484-2022-101-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante en su calidad de víctima por la presunta comisión del delito de abuso sexual, alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de indebida y arbitraria fundamentación, legalidad procesal y taxatividad procesal vinculado al derecho a la vida, a la integridad, física, psicológica y sexual, derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica; y, vulneración a la garantía a la tutela judicial efectiva; en virtud a que, dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de abuso sexual incoado contra el imputado Oscar Ernesto Varas Ortíz, al haber este último apelado la resolución que determina la detención preventiva, la autoridad demandada en esta acción de amparo constitucional mediante Auto de Vista 323/2022, determinó revocar la detención preventiva impuesta al imputado pese a reconocer que existía la probabilidad de autoría, el riesgo procesal de no sometimiento al proceso por intento de fuga y el peligro efectivo para la víctima establecidos por el Juez ad quo; por lo que, dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva.

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 119/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 169 a 172, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, únicamente respecto al derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación de las resoluciones, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 323/2022 de 11 de agosto y el Auto Complementario 331/2022 de 18 del mismo mes, debiendo el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunciar un nuevo Auto de Vista de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0322/2024-S4 Sucre, 17 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 50484-2022-101-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 119/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 169 a 172 pronunciado dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gabriela Leonor Coronado Porcel contra Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 1; y, 87 a 102 vta., la accionante, expuso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de víctima presentó una denuncia penal contra Oscar Ernesto Varas Ortiz por la presunta comisión del delito de abuso sexual previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), activando los mecanismos legales y procesales del ius puniendi en consecuencia el Ministerio Publico procedió a iniciar la investigación, producto de dicha labor en fecha 23 de julio de 2022 se emitio la correspondiente imputación formal contra el imputado; por lo que, la autoridad a cargo de la dirección funcional de la investigación solicitó la aplicación de la detención preventiva como medida cautelar al considerarse que concurrían riesgos procesales que podrían generar trabas al proceso investigativo; más aun, tomando en cuenta que el entonces denunciado se fugó de manera violenta mientras se encontraba en custodia en las celdas policiales, liberándose por la fuerza y dañando las manillas que le fueron colocadas, también generando daños materiales a su paso en las puertas y demás elementos materiales que fue destruyendo en su escape violento. La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de Chuquisaca, la autoridad a cargo de dicha repartición jurisdiccional, mediante Auto 35/22 de 24 de julio de 2022, dispuso la aplicación de la detención preventiva en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre del imputado Oscar Ernesto Varas Ortiz –ahora tercero interesado–, por el lapso de dos meses, contra esta decisión la defensa de dicho sujeto procesal planteó recurso de apelación de forma escrita. La apelación incidental, fue resuelta por Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista 323/2022 de 11 de agosto; por el que, ordenó la revocatoria de la medida cautelar y dispuso se apliquen medidas sustitutivas a la detención preventiva, esto en un fallo totalmente arbitrario que contiene los siguientes agravios: a) No contempló la perspectiva de género para fundamentar su decisión; b) Se dio a la tarea de desvirtuar la probabilidad de autoría del imputado; c) Dio relevancia a la tesis planteada por la defensa del imputado, también polemizó sobre aspectos que generan una revictimización cuestionando porque la víctima no gritó, tampoco se defendió, además sugirió que ella mantiene una relación extramarital con su agresor, lo que genera elementos que mellan la dignidad; d) No tomó en cuenta para el resultado de su análisis y valoración la verdad material que demuestra la fuga de celdas policiales del imputado; e) La autoridad demandada no fundamentó ni motivó porque determina que la detención preventiva no es aplicable al caso concreto; de igual manera, no especifica porque determinó aplicar otras medidas alternas a la antes mencionada; y, f) Al haberse revertido la detención preventiva el imputado va a recuperar su libertad lo que le genera como víctima temor y miedo por los riesgos que pueden generarse para ella y su familia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela, alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de indebida y arbitraria fundamentación, legalidad procesal y taxatividad procesal vinculado al derecho a la vida, a la integridad, física, psicológica y sexual, derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica; y, vulneración a la garantía a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 15 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 323/2022 y su auto complementario, ordenando que la autoridad demandada emita una nueva resolución respetando las normas y estándares que conforman el bloque de constitucionalidad aplicando una perspectiva de género.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual, el 11 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 155 a 168 vta., presentes la solicitante de tutela, y el tercero interesado, ambos asistidos por sus abogados; así como, el representante del Ministerio Público; y, ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su memorial de demanda de esta acción de defensa interpuesta.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 11 de octubre de 2022, cursante a fs. 154 y vta., expresó que: 1) El Auto de Vista 323/2022, es una resolución que, no ha determinado si el imputado es el responsable o no del hecho atribuido, únicamente se abocó a realizar las actuaciones invocadas y a consecuencia determinó estimar parcialmente el reclamo; y, 2) Se ratificó la probabilidad de autoría, también se tomó en cuenta el peligro para la víctima y se determinó la aplicación de medidas cautelares menos lesivas a los derechos del imputado, buscando que se asegure la presencia del mismo en la tramitación del proceso.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Oscar Ernesto Varas Ortíz, en audiencia pública de la presente acción tutelar, manifestó lo siguiente: i) No es posible que se conceda la tutela solicitada por la impetrante de tutela, por el hecho de que la autoridad demandada no habría presentado su informe; así como, tampoco se habría hecho presente en la audiencia de esta acción de amparo constitucional; ii) La solicitante de tutela incurrió en actos consentidos a través de su abogado; pues, participó de una audiencia de consideración de los garantes del imputado y en dicho acto procesal la defensa de la víctima intervino y participo exponiendo su criterio; por lo que, no se puede ingresar al fondo de la problemática; y, iii) La autoridad demandada tomó la decisión de estimar parcialmente el reclamo, porque existe la duda razonable respecto a la probabilidad de autoría sobre los hechos que sirven de base en el proceso penal, para que una resolución sea incongruente, falta de motivación y con ausencia de fundamentación debe cumplirse lo establecido en la Sentencia Constitucional (SC) 0386/2006-R de 21 de abril.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

El Fiscal de Materia, Roberto Maidana en representación del Ministerio Público, expresó en audiencia, que se plegaba a los argumentos expuestos por la accionante, remarcando que se debe tomar en cuenta la relevancia del caso por tratarse de un delito sexual; por lo que, se debe tomar en cuenta la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 394/2018-S2; pues, dicha jurisprudencia establece que las situaciones similares a la presente causa, deben ser tratadas desde el ámbito de la perspectiva de género; tomando en cuenta, la situación de la víctima y los elementos que la afecta, evitando así revictimizarla, la autoridad demandada no ha realizado un análisis con dichos componentes, además de poner en tela de juicio el testimonio vivencial de la víctima, al haber sufrido la agresión sexual profundizando la vulnerabilidad; extraño la ausencia del informe de la autoridad demandada, culminó solicitando se conceda la tutela impetrada.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 119/2022 de 11 de octubre cursante de fs. 169 a 172; concedió parcialmente la tutela impetrada, debiendo emitirse una nueva resolución en el marco de los estándares del debido proceso en su componente de debida fundamentación y motivación; y, denegó con relación a la legalidad y taxatividad procesal vinculado con el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual a no sufrir violencia y el derecho a la tutela judicial efectiva; ello con base en los siguientes fundamentos: a) Se debe tomar en cuenta que la SCP 0638/2021- S4 de 5 de octubre citando a la SC 0700/2003-R de 22 de mayo, estableció que:”…frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona que tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal , planteando las acciones pertinentes o en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad que afecta su derecho, por considerar que esa afección no es grave y no justifica la iniciación de acciones legales correspondientes” (sic.); los actos consentidos se encuentran regulados por el art. 53.II del Código Procesal Constitucional (CPCo) y de lo alegado por el tercero interesado no se puede asumir que la accionante habría incurrido en actos consentidos; por lo que, no hay sustento para estimar la solicitud de improcedencia; b) El debido proceso en todas sus dimensiones tiene por meta proteger a los justiciables de los posibles actos de abuso de poder que el Estado pueda ejercer contra ellos, garantiza el cabal y estricto cumplimiento de las normas en los procesos judiciales; para lo cual, se debe aplicar sus ámbitos sustantivo y adjetivo en cuanto a la aplicación de la norma y su razonabilidad como resultado en una decisión justa; c) En cuanto a la debida fundamentación y motivación, se puede advertir que, el Auto de Vista cuestionado, se puede verificar que no tomó en cuenta los lineamientos normativos para el tratamiento de los casos que involucren a la violencia contra la mujer, lo que genera la falta de fundamentación; d) En lo que concierne a la motivación vinculada con el enfoque de género; se puede advertir que, el Auto de Vista 323/2022, efectivamente no contiene una exposición de los parámetros ni estándares desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Sistema Interamericano respecto al análisis y resolución con perspectiva de género; contexto en el cual, la motivación expuesta en el caso examinado resulta ser insuficiente porque se refiere únicamente a aspectos de la edad de la víctima, una supuesta relación amorosa entre la víctima y el denunciado sin establecer cual la conexitud de dichas premisas con la decisión asumida; e) La resolución cuestionada confirmo la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en los “arts. 232.4 y 7” del Código Procesal Penal (CPP), pero determinó otorgar medidas sustitutivas y disponer la detención domiciliaria sin explicar porque las medidas cautelares menos gravosas garantizan la seguridad de la víctima.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por Gabriela Leonor Coronado Porcel –ahora impetrante de tutela– en contra de Oscar Ernesto Varas Ortíz –hoy tercero interesado–, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en fecha 24 de julio de 2022 se desarrolló la audiencia cautelar en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de Chuquisaca, al haberse demostrado la probabilidad de autoría, peligro de fuga y el peligro efectivo para la víctima, la autoridad judicial dispuso la detención preventiva del imputado en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre por el lapso de dos meses (fs. 63 a 69). II.2. De acuerdo a la providencia de 8 de agosto de 2022 y al Auto de Vista 323/2022, el imputado mediante memorial planteó su impugnación en vía de apelación incidental; misma que, fue de conocimiento de Jaime René Conde Andrade Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, –ahora demandado– quien al resolver dicho reclamo, emitió el Auto de Vista 323/2022 de 11 de agosto; por el que, determinó declarar la procedencia parcial del recurso de apelación; por lo cual, al revocar la medida extrema de la detención preventiva, ordenó se apliquen medidas personales consistentes en la presentación de dos fiadores personales, prohibición de acercamiento, obligación de presentarse ante el Ministerio Público, prohibición de concurrir a la fuente laboral de la víctima y arraigo nacional. (fs. 70 a 82). II.3. La ahora solicitante de tutela al tomar conocimiento del Auto de Vista 323/2022, mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2022, planteó solicitud de explicación complementación y enmienda, pidiendo que la autoridad ahora demandada, explique porque: 1) La supuesta relación anterior de amantes o enamorados, o que la víctima habría convocado al agresor tiene relación directa con la decisión de aplicarse o no la detención preventiva; 2) Explique porque no tomó en cuenta la fundamentación del Juez de instancia respecto a los actos investigativos que se deben realizar; y, 3) Porque no se tomó en cuenta el hecho de que el imputado se fugó de celdas policiales para analizar la pertinencia de la detención preventiva (fs. 83). II.4. Mediante Auto 331/2022 de 18 de agosto el Vocal demandado, en respuesta a la petición descrita en el acápite anterior, respondió “NO HA LUGAR” a la solicitud realizada, aduciendo que su resolución fue clara y concreta ( fs. 84 a 86).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante en su calidad de víctima por la presunta comisión del delito de abuso sexual, alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de indebida y arbitraria fundamentación, legalidad procesal y taxatividad procesal vinculado al derecho a la vida, a la integridad, física, psicológica y sexual, derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica; y, vulneración a la garantía a la tutela judicial efectiva; en virtud a que, dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de abuso sexual incoado contra el imputado Oscar Ernesto Varas Ortíz, al haber este último apelado la resolución que determina la detención preventiva, la autoridad demandada en esta acción de amparo constitucional mediante Auto de Vista 323/2022, determinó revocar la detención preventiva impuesta al imputado pese a reconocer que existía la probabilidad de autoría, el riesgo procesal de no sometimiento al proceso por intento de fuga y el peligro efectivo para la víctima establecidos por el Juez ad quo; por lo que, dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva.

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0068/2021-S4 de 30 de abril, señaló que: “En el marco del debido proceso, la fundamentación y motivación de la decisiones judiciales es un elemento insoslayable que deben contener las resoluciones de las autoridades que administran justicia, requerimiento de especial cumplimiento cuando se trata de medidas cautelares que afectan la libertad de las personas; así, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, expresó que : ʽ…la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidasʼ.

Asimismo, en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, el Tribunal Constitucional estableció la vinculación entre la valoración de la prueba con la fundamentación y motivación de las decisiones jurisdiccionales, indicando lo siguiente: ‘Finalmente, en coherencia con la argumentación desarrollada (…) y en cuanto al segundo supuesto descrito supra; es decir, en lo relativo a la conducta omisiva de la autoridad jurisdiccional o administrativa en lo referente a su facultad de valoración probatoria, debe señalarse que existe una estricta vinculación entre la omisión valorativa de la prueba y la violación al derecho a la motivación de toda resolución jurisdiccional o administrativa, ya que tal como se señaló, entre los requisitos que debe tener toda decisión para garantizar el derecho a la motivación, se encuentra la descripción individualizada de todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, la valoración de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, la asignación de un valor probatorio específico y la determinación del nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado, en consecuencia, queda claro que la omisión valorativa de prueba, vulnera de manera directa el derecho de motivación como elemento configurativo del debido proceso’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

A través de la presente acción de amparo constitucional, la accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de indebida y arbitraria fundamentación, legalidad procesal y taxatividad procesal vinculado al derecho a la vida, a la integridad, física, psicológica y sexual, derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica; y, vulneración a la garantía a la tutela judicial efectiva; en virtud a que, dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de abuso sexual incoado contra el imputado Oscar Ernesto Varas Ortíz al haber este último apelado la resolución que determina la detención preventiva, la autoridad demandada en esta acción de defensa, mediante Auto de Vista 323/2022, determinó revocar la detención preventiva que le fue impuesta al imputado, la autoridad demandada pese a reconocer que existía la probabilidad de autoría, el riesgo procesal de no sometimiento al proceso por intento de fuga y el peligro efectivo para la victima establecidos por el Juez ad quo; por lo que, dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva. Alega que, el cuestionado fallo fue emitido sin una debida fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto: i) En su proyección no se contempló el enfoque de género, siendo que en los casos de violencia contra la mujer, debe aplicarse una ponderación de derechos entre las partes, adoptando una perspectiva de género para determinar la preferencia condicionada de unos derechos frente a otros; pues, la postura garantista frente al imputado no es lógica al existir derechos contrapuestos que deben ser ponderados; más aún, cuando la norma contenida en el art. 7 de la Convención Belem do Pará exige el deber de actuar con la debida diligencia para sancionar y reparar los casos de violencia en razón de género contra las mujeres; ii) No se tomó en cuenta los fundamentos esgrimidos por el Juez Ad quo al determinar la existencia de tres riesgos procesales que no fueron desvirtuados y que merced a la motivación arbitraria del demandado éste no realizó una aplicación preferente de los Pactos y Convenios Internacionales sobre los Derechos Humanos; en consecuencia, era obligación analizar los estándares establecidos sobre detención preventiva tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derecho humanos y la jurisprudencia interna; más bien, la autoridad demandada sometió a la víctima a un escenario hostil cuestionando su postura tratando de imponer la duda razonable promovida por la defensa del imputado; y, iii) Carece de lógica interna, ya que se expresó como fundamento de la revocatoria de la detención preventiva, que existen medidas menos gravosas, sin analizar los riesgos procesales, pese a admitir la subsistencia de la probabilidad de autoría y el peligro efectivo para la víctima. En ese entendido, de acuerdo a lo descrito en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por Gabriela Leonor Coronado Porcel –ahora solicitante de tutela– en contra de Oscar Ernesto Varas Ortíz –hoy tercero interesado–, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, Emilio Colque Bautista Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de Chuquisaca, luego de la tramitación de la audiencia cautelar emitió el Auto de 24 de julio de 2022 al determinar la probabilidad de autoría del imputado (art. 233.1 del CPP) y concurren los riesgos procesales de peligro de fuga (234.4 del CPP) y peligro para la victima (234.7 del CPP); razones por las cuales, fundamentó la pertinencia de la aplicación de la medida extrema de la detención preventiva (Conclusiones II.1.). El imputado –ahora tercero interesado–, interpuso mediante memorial su recurso de apelación incidental, contra el Auto de 24 de julio de 2022; pretensión jurídica que fue resuelta por Jaime René Conde Andrade en su calidad de Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, habiendo dictado el Auto de Vista 323/2022, que determinó la procedencia parcial del recurso de apelación y en consecuencia dispuso se revoque la detención preventiva al considerarla muy gravosa e interpretar que de los datos del proceso el imputado podría defenderse en libertad debiendo aplicársele medidas sustitutivas; para lo cual, ordenó que: a) Se presenten dos fiadores personales; b) Prohibición de cualquier tipo de comunicación con la víctima; c) Obligación de presentación ante el Ministerio Público; d) Prohibición de concurrir al domicilio laboral de la víctima; y, e) Arraigo nacional, con prohibición de abandono de la ciudad (Conclusiones II.2). La impetrante de tutela mediante memorial planteado el 17 de agosto de 2022 solicitó explicación, complementación y enmienda, pero dicha solicitud fue rechazada mediante el Auto 331/2022 (Conclusiones II.3. y II.4.). Ante tal circunstancia, la accionante interpuso la presente acción tutelar, en contra del Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quien emitió el Auto de Vista 323/2022; fallo que, ahora considera lesivo a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo la nulidad del indicado Auto de Vista, debiendo emitirse una nueva resolución respetando las normas y estándares que conforman el bloque de constitucionalidad aplicando una perspectiva de género. Establecidos los antecedentes procesales y en consideración al argumento respecto a la improcedencia de la acción de amparo constitucional por existencia de actos consentidos expuesto por el tercero interesado en audiencia pública de consideración de esta acción tutelar, con carácter previo a resolver el fondo de la problemática planteada por la solicitante de tutela, corresponde referirse al citado principio con relación a la presentación de esta acción de defensa, por tratarse de un requisito de procedencia. En ese sentido, se tiene que, considerando lo dispuesto en el art. 58.3 del CPCo, la acción de amparo constitucional no procederá cuando se evidencie la existencia de actos consentidos libre y expresamente, eso significa la existencia de una verdad material que demuestre que el acto denunciado como arbitrario o agraviante ha cesado en sus efectos o que el titular del bien jurídico supuestamente lesionado, se ha sometido al mandato de dicho y por lo tanto ha incurrido en una obediencia que neutraliza los efectos de un reclamo posterior. En ese contexto, en el presente caso, de la revisión de la literal de fs. 130 se verifica que al desarrollarse la audiencia de presentación de garantes, se evidencia la presencia del abogado y apoderado (Sergio Vildozo Zambrana) de la hoy impetrante de tutela; empero, se puede colegir que dicho causídico manifestó que no intervendría como sujeto procesal en dicha audiencia por estar pendiente la tramitación de la presente acción tutelar. En consecuencia, al no haberse sometido al objeto y resultas de la audiencia antes referida, no se evidencia la concurrencia de la causal de improcedencia establecida en el art. 58.3 del CPCo; correspondiendo de tal forma, ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Con el objetivo de poder comprobar si en efecto existe falta de fundamentación y motivación denunciada, siendo que la accionante denuncia en su memorial de esta acción de defensa, la lesión a su derecho a una resolución fundamentada y motivada, teniéndose que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene como sus componentes esenciales y transversales la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones que resuelven cualquier conflicto jurídico o administrativo, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, mencionando las razones de hecho y derecho, que constituyen la base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados con los reclamos y también realice la subsunción de los hechos al Derecho, esto con la finalidad de permitir a los justiciables la cabal comprensión de la resolución, sea judicial o administrativa. El Auto de Vista 323/2022 cuestionado, mediante la presente acción de amparo constitucional, contiene los siguientes fundamentos: 1) El recurrente acusa vulneración a sus derechos mediante tres agravios incurridos por el Juez ad quo, a decir: i) Error en la valoración probatoria y vulneración del sistema de la sana crítica y las sub reglas de la lógica de la experiencia; ii) Irrespeto al principio de legalidad como parte del debido proceso; y, iii) Violación del principio de favorabilidad. De acuerdo a la relación de hechos y la prueba cursante, su defensa no hubiera podido desvirtuar la probabilidad de autoría por eso la aplicación de las medidas cautelares tal y como prevé el art. 231 bis del CPP, entonces el primer agravio no puede ser estimado en alzada. 2) Por otro lado, y respecto a la peligrosidad para la víctima, establece que estuvo a punto de fundamentar su decisión sustentando el veredicto de la misma en la duda razonable que fue expuesta de manera “formidable” por el abogado defensor del imputado; empero, no pudo materializar aquello porque no se le adjuntó prueba que demuestre la pretensión, porque los lineamientos de la norma adjetiva penal establece que si se evidencia que es posible la autoría material se debe ingresar al análisis de aplicación de los riesgos procesales; pero continuando con lo argüido por la defensa del imputado se propusieron como siete elementos que habrían sembrado la duda razonable pero reitera que no se acompañó prueba idónea; por lo que, ratifica la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP (peligro efectivo para la victima). 3) El riesgo procesal contenido en el art. 234.4 del CPP sobre el riesgo de fuga e intención de no someterse al proceso, tampoco fue desvirtuado por el imputado; ya que, no se pronunció sobre lo informado por los funcionarios policiales respecto al hecho de haberse escapado de manera violenta de las celdas policiales mientras permanencia en custodia, y ahí realiza el demandado un relato de un caso que fue conocido por su persona en calidad de funcionario subalterno jurisdiccional y dichos antecedentes habrían propiciado un proceso en la jurisdicción internacional, concluye ratificando la existencia de dicho riesgo procesal y el episodio de fuga tampoco fue negado por la defensa del imputado; y, 4) Si se consideraría los siete puntos de la duda razonable planteada por la defensa del imputado la lógica podría llevar a pensar que la víctima y el imputado eran enamorados o amantes y ello puede llevar a una resolución de la justicia absolutoria y toda vez que la defensa del imputado está de acuerdo en que se le imponga cualquier otra medida alternativa a la detención preventiva, corresponde acoger parcialmente el agravio denunciado de imposición de medidas cautelares menos gravosas. De lo antes relacionado, se puede comprender que la autoridad ahora demandada, al emitir el Auto de Vista 323/2022, se limitó a analizar únicamente la situación formal y jurídica del imputado, desde la perspectiva de las garantías procesales que lo coberturan como justiciable con una visión legocentrista, habiendo omitido explicar las causas o razones de su determinación e inclusive ignorado el enfoque de género establecido en el art. 86.13 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 –Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia– que no fue instrumentalizado para tomar su decisión, porque dicha autoridad admite que la probabilidad de autoría del imputado es un hecho concreto y palpable; así como, los riesgos de fuga y peligro para la victima continúan y que en su relación de hechos ha determinado que persisten, abocándose únicamente a manifestar posibles resultados del proceso, relatar un caso similar extraído de su experiencia personal sin establecer cual la vinculación con la causa; empero, determina la detención domiciliaria acogiendo el agravio expuesto por el imputado por el acceso a la favorabilidad y a una medida cautelar menos gravosa sin tomar en cuenta sin fundamentar o desvirtuar el riesgo considerado por el Juez a quo respecto de la víctima; fundamentación que resulta insuficiente pues no consideró en sus fundamentos explicar claramente los motivos que le llevan a tomar la decisión de modificar la detención preventiva por la detención domiciliaria pese a la existencia de los riesgos procesales que la misma autoridad ha reconocido que persisten y también no tuvo en cuenta la obligación de juzgar con perspectiva de género, en desmedro de la protección reforzada que debe brindar todas las instancias del Estado a las víctimas de violencia de género; ya que, en los casos en que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, como ocurre en el presente caso, es necesario efectuar un análisis integral del problema jurídico, analizando los derechos de los sujetos procesales y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; así, deberá realizarse una ponderación entre los derechos al debido proceso y a la defensa y los derechos de la víctima de violación. Se debe tener en cuenta el deber estatal protectivo hacia las víctimas de violencia; más aún, si son mujeres máxime cuando el bien jurídico protegido es la vida o la integridad física y psicológica de las mujeres, el Estado tiene la obligación de garantizar que la investigación debe seguirse incluso de oficio; aspectos que nos llevan a colegir que el ejercicio de la acción penal pública –ius puniendi estatal– encargada al Ministerio Público, no puede ser perturbada a ningún título; sin embargo, en el presente caso, la fundamentación y motivación de las razones jurídicas por las que asume determinada decisión; no contiene una exposición de los parámetros ni estándares desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en cuanto al deber de motivación y fundamentación; más aún, cuando se va a modificar una medida cautelar, teniendo en cuenta que se trata de resolver un aspecto procesal esencial para el resultado del proceso, cual es el de asegurar la presencia del imputado para lograr la averiguación histórica de los hechos y también el de garantizar la protección a la víctima garantizándole un ámbito de certeza y seguridad sobre su vida y demás bienes jurídicos. En ese entendido, se evidencia que el Vocal demandado, efectivamente al revocar la medida cautelar de la detención preventiva y aplicar medidas sustitutivas so pretexto de la favorabilidad no tomó en cuenta en su fundamentación los arts. 86.13 de la Ley 348, 15; y, 115.II de la CPE, en lo que respecta a su deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que deben prever la aplicación preferente los Pactos y Convenios Internacionales sobre los Derechos Humanos; porque en su labor judicial está obligada a expresar de manera clara y puntual la razón de sus decisiones y en consecuencia, no consideró los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de la víctima, siendo que al tratarse de un proceso penal por un delito relacionado a la libertad sexual de la mujer, debe considerarse los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a mujeres víctimas de delitos de violencia; además, sin enmarcarlo al sistema jurídico normativo vigente orientado en el presente caso a la prevención, protección y sanción de los delitos de violencia de género y generacional en el marco del estándar de la debida diligencia; así como, la aplicación de la Ley 348 ante el Código de Procedimiento Penal a tiempo de resolver la apelación incidental planteada, generando un estado de indefensión a la víctima de violencia a que además pertenece a un grupo vulnerable en función a su género. En ese entendido, por lo expuesto precedentemente, corresponde en el presente caso, conceder en parte la tutela impetrada al advertir la lesión del debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación de las resoluciones. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 119/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 169 a 172, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, únicamente respecto al derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación de las resoluciones, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 323/2022 de 11 de agosto y el Auto Complementario 331/2022 de 18 del mismo mes, debiendo el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunciar un nuevo Auto de Vista de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0322_2024-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): a74b55906abad7c05db30494174374de3ccef1e8892a1acb56a157696c267ed2

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