B.IA.LEGAL

SCP 0322/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
19 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50640-2022-102-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida a la salud y el debido proceso, en razón a que la autoridad demandada, en su calidad de Agente Zonal de la Caja Petrolera de Salud Trinidad, rechazó su solicitud de renovación del contrato de seguro voluntario suscrito el 11 de julio de 2019, arguyendo su extemporaneidad, al considerar que la misma fue realizada después de nueve días de fenecido el contrato -11 de julio de 2021-, sin tomar en cuenta la pandemia del COVID 19, y su delicado estado por efecto de la cirrosis hepática, diabetes tipo II, hipertensión y otras patologías, no podía salir de su domicilio, motivo por el cual demoró en realizar la renovación del contrato; su condición de persona de la tercera edad con setenta y tres años, y pertenecer a un grupo vulnerable. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización; 2) Sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad en acciones de defensa vinculadas a la protección de los derechos del adulto mayor; 3) Derecho a la vida, a la salud y a la seguridad social; 4) El debido proceso en su triple dimensión; 5) Sobre la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional; y, 6) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primer; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 064/2022 de 27 de junio, cursante de fs. 242 a 246 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento del Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la Caja Petrolera de Salud proceda a la renovación inmediata del Seguro Voluntario de Salud de Peregrina Carmen Gutiérrez Monasterio.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización
  2. III.2. Sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad en acciones de defensa vinculadas a la protección de los derechos del adulto mayor
  3. III.3. Derecho a la vida, a la salud y a la seguridad social
  4. III.4. El debido proceso en su triple dimensión
  5. III.5. Sobre la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0322/2024-S1 Sucre, 19 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 50640-2022-102-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 064/2022 de 27 de junio, cursante de fs. 242 a 246 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Peregrina Carmen Gutiérrez Monasterio contra Alejandro Molina Córdova, Agente Zonal de la Caja Petrolera de Salud Trinidad y Sub Zonales Riberalta, Guayaramerin y Cobija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 1 y 6 de junio de 2022, cursantes de fs. 55 a 62 vta. y a 66, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por la documentación que anexa demuestra que es afiliada al Seguro voluntario que brinda la Caja Petrolera de Salud del Beni, desde hace más de quince años, de manera continua, seguro que solicitó por precaución para cualquier contingencia o emergencia que requiera pronta atención de su salud, que desde aquella fecha realizó un sin número de ampliaciones, su último Contrato de Afiliación al Seguro Voluntario 01/2019 de 11 de julio sin cláusula de reconducción tácita, data de 11 de julio del referido año, encontrándose al día el pago de su prima de cotización en la suma de Bs800.- (ochocientos bolivianos) mensual, con una vigencia de dos años, es decir hasta el 11 de julio de 2021 conforme expresa la cláusula quinta. En fecha próxima al vencimiento de su contrato de seguro de enfermedad en Trinidad se atravesaba un colapso hospitalario y de salud por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), su persona como adulta mayor y con enfermedades básicas y crónicas como Cirrosis Hepática, Diabetes avanzada, e hipertensión arterial, no podía salir de su casa, al encontrarse en cama con su salud descompensada y atendida en su domicilio por la enfermera Heidy Ingrid Rivero Muiba. Cuando se sintió mejor, acudió al seguro pero no fue atendida, debido a que el contrato había vencido con nueve días y ante la necesidad de utilizar el servicio de salud, el 19 de julio de 2021 solicitó la renovación del contrato de seguro voluntario, el cual es necesario para sobrevivir y soportar el dolor; empero, después de veintidós días se le hizo conocer a través de la Nota Cite: ATD-052/2021 de 11 de agosto el rechazó a su solicitud por haber sido presentado de manera extemporánea con nueve días de demora al plazo establecido en el contrato, respaldándose en un Informe Legal “05/2021” sin fundamento jurídico alguno. Que antepuso una formalidad de presentar la solicitud del nuevo contrato antes del vencimiento del contrato vigente. Sin tomar en cuenta que es una persona de la tercera edad, con enfermedades crónicas de salud. En razón al escueto rechazo emitido por el Agente Zonal de la Caja Petrolera de Salud de Trinidad, el 24 de agosto de 2021 interpuso Recurso Administrativo de Revocatoria, que mereció respuesta negativa a través de la Nota Cite: ATD-055/2021 de 27 de agosto que confirmó la negativa a su solicitud de renovación de contrato de seguro voluntario, por haber sido presentado extemporáneamente con nueve días de retraso, sustentándose en el Criterio Legal 06/2021 de la misma fecha, que reiteró lo señalado en el contrato, que tendrá duración de dos años, que no procede la reconducción tácita, que está vigente la Ley 1152 de 20 febrero de 2019 de prestación de servicios de salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia a través del cual puede ser atendida de manera universal y gratuita; sin embargo, no tomó en cuenta los puntos eximentes de responsabilidad “por imposibilidad sobreviniente o caso fortuito por pandemia”, así como su condición de persona de la tercera edad, su estado de salud crónica, su derecho a la vida y salud y a recibir una resolución con motivación. Por lo cual interpuso el Recurso Jerárquico ante David Silvestre Martínez Flores, Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud, quien mediante Informe Cite: OFN/DGE/DNAL-INF-0241/2021 de 1 de octubre desestimó el Recurso Jerárquico por no estar dentro de su competencia nacional y remitió ante la Comisión de Prestaciones de la Caja Petrolera de Salud Zonal Trinidad, conforme dispone el art. 349 del Reglamento del Código de Seguridad Social, y arts. 67, 68 y 69 del Reglamento Único de Prestaciones de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), pese a dicha remisión no hubo ningún movimiento o pronunciamiento a dicho recurso. Ante dicha omisión presentó nuevamente el Recurso Jerárquico ante la Comisión de Prestaciones Trinidad, autoridad que rechazó la solicitud de renovación del contrato de seguro voluntario, con el mismo argumento de haberse presentado extemporáneamente la renovación del contrato, sin atender su excepción o eximente de responsabilidad, “por imposibilidad sobreviniente o caso fortuito por pandemia”

puntos que la Comisión Regional de prestaciones se niega a tocar, anteponiendo un reglamento o una formalidad antes que las leyes e instrumentos internacionales que protegen el derecho a la vida y la salud de los adultos mayores pertenecientes a grupos vulnerables.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión a sus derechos a la vida, la salud y el debido proceso, citó al efecto los arts. 8, 9, 13.I, II, III y IV, 14.III, 15.I, 18.I y II, 39.I y II, 45, 67 y 68. I de la Constitución Política del Estado (CPE); 4.1) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); 2, 6 y 14 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se ordene que la Comisión Zonal de Prestaciones Regional Trinidad, en la persona del Presidente Alejandro Molina Córdova, en mérito a sus competencias previstas en el art. 349 del Código de Seguridad Social art. 67 del Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS, art. 56 del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, y Valorando que la accionante es persona, mujer, adulta mayor y de la tercera edad, con enfermedades crónicas de salud que ponen en riesgo su vida, proceda a la renovación del Contrato de Afiliación al Seguro Voluntario de Enfermedad a Corto Plazo en su favor y sea dentro de las veinticuatro horas de su legal notificación; y, b) Se condene al pago de costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 27 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 234 a 241 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante en audiencia por intermedio de su abogado se ratificó íntegramente en los términos de su memorial de acción de defensa.

I.2.2. Informe de la Autoridad demandada

Alejandro Molina Córdova, Agente Zonal de la Caja Petrolera de Salud Trinidad y Sub Zonales Riberalta, Guayaramerin y Cobija, mediante informe escrito de 14 de junio de 2022 , cursante de fs. 201 a 205 vta., señaló lo siguiente: 1) Resulta una flagrante mentira que la Caja Petrolera de Salud tenga a la fecha la obligación de reincorporar a la accionante Peregrina Carmen Gutiérrez Monasterio al Seguro Voluntario de Salud; cuando en los hechos en el Contrato de Afiliación de Seguro Voluntario 01/2019, claramente se establece: un plazo de vigencia de dos años es decir hasta el 11 de julio de 2021, que de ninguna manera procederá la tácita reconducción, para que se produzca renovación de contrato la Asegurada con quince días de anticipación al vencimiento del plazo solicitará a la Caja Petrolera de Salud, proceda a suscribir un nuevo contrato, la accionante recién el 20 de julio del señalado año solicitó de manera extemporánea la renovación de su contrato de seguro voluntario, es decir nueve días después de su vencimiento; 2) De acuerdo al “Instructivo FN/DGE-INST-0003/2021 de 5 de febrero” emitido por la MAE de la Caja Petrolera de Salud con referencia a la suspensión de seguros voluntarios se instruye a esta Zonal la no SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONTRATOS VOLUNTARIOS, asimismo, se manifiesta que se debe dar continuidad a solicitudes renovación de contratos antiguos con los que se tenga relación contractual, y como se puede apreciar no es el presente caso toda vez que la solicitud de Peregrina Carmen Gutiérrez Monasterio fue presentada extemporáneamente y su relación contractual fue concluida en 11 de julio de 2021; 3); Ante esa situación la accionante interpuso Recurso de Revocatoria contra la Nota Cite: ATD-052/2021, que fue confirmado mediante el Criterio Legal 06/2021, el rechazo de renovación del Contrato de Seguro Voluntario; 4) Presentado el Recurso Jerárquico fue remitido ante la Máxima Autoridad de la Caja Petrolera de Salud, que Desestimó el Recurso Jerárquico y emitió el Informe Cite: OFN/DGE/DNAL-INF-0241/2021 invocando la cláusula tercera del contrato que determina “La asegurada se obliga a cumplir todas las previsiones establecidas en el Código de Seguridad Social; Disposiciones conexas, instructivos Internos y Reglamentos del Seguro Voluntario, citó el Decreto Supremo 27113 de 23 de julio de 2003 Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo, art. 349 del Código de Seguridad Social, art. 67 del Reglamento Único de Prestaciones del Seguro Social de corto plazo de la ASUSS, art. 349 del Reglamento del Código de Seguridad Social y art. 56 del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud; 5) Arguyendo que la materia del recurso, no está dentro del ámbito de su competencia, debiendo remitirse los antecedentes ante la Comisión de Prestaciones de la Caja Petrolera de Salud Zonal Trinidad conforme dispone el art. 349 del Reglamento del Código de Seguridad Social y art. 68 y 69 del Reglamento Único de Prestaciones-ASUSS y se tome en cuenta la SC 0903/2013-L de 19 de agosto; 6) La Comisión Regional de Prestaciones emitió la Resolución CZP-19/2021, por la que rechazó la solicitud de renovación del contrato de seguro voluntario por haber sido presentado de manera extemporánea (nueve días después del vencimiento), notificada a la accionante el 24 de noviembre de 2021 y que ahora es recurrida en la acción de amparo; sin tomar en cuenta que dicha Resolución emerge de un Tribunal de primera instancia, la misma que puede ser recurrida ante la Comisión Nacional de Prestaciones, en un plazo no mayor a cinco días computable a partir de su notificación, y las Resoluciones emitidas por la Comisión del Consejo Nacional de Prestaciones, podrán a su vez ser recurridas ante el Honorable Directorio del Ente Gestor de Salud, en el plazo no mayor a cinco días hábiles y finalmente como última instancia administrativa se establece la ASUSS quien emitirá la Resolución expresa resolviendo el caso; 7) Como se puede ver el trámite de renovación del seguro voluntario no ha terminado, no tiene calidad de cosa juzgada, o sea no está ejecutoriado; no obstante a que el 24 de noviembre de 2021 se notificó a Peregrina Carmen Gutiérrez Monasterio con la Resolución CZP-19/2021, no habiendo hecho valer los recursos que la Ley le franquea, como establece el art. 69 inc. e) inc. d) del Reglamento Único de Prestaciones aprobado por Resolución Administrativa 064 de 20 de noviembre de 2018; razón por la cual, en el presente caso tendría que aplicarse el principio de subsidiariedad, previsto en el art. 54 de la Ley 254, debiendo en consecuencia denegarla; 8) Para el hipotético caso que la Resolución impugnada no tuviera recurso ulterior, la presentación de la acción de amparo fue realizada por la accionante a los seis meses con seis días, el 30 de mayo de 2022, es decir fuera del plazo de los seis meses; y, 9) La conclusión de la relación contractual del seguro voluntario, de ninguna manera implica que se esté vulnerando los derechos a la vida y salud de la accionante; toda vez que, existen normas que protegen a este tipo de población, como ser: la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia -Ley 475 de 30 de diciembre de 2013-, Ley Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y gratuito -Ley 1152 de 20 de febrero de 2019 modificada por la Ley 1069 de 28 de mayo de 2018-en su art. 1 que modificó la Ley 475, asimismo el Reglamento del Seguro Social Voluntario de la Autoridad de la ASUSS aprobado por el art. 14 de la Resolución Administrativa 103/2019 de 9 de julio tiene por objeto normar la cobertura de salud para personas individuales y colectivas sin seguro obligatorio; por lo que, corresponde denegar la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento del Beni, a través de la Resolución 064/2022 de 27 de junio, cursante de fs. 242 a 246 vta., concedió la tutela; y dispuso que la Caja Petrolera de Salud proceda a la renovación inmediata del seguro voluntario de salud de la accionante, sin costas; en base a los siguientes fundamentos: i) Es evidente que el motivo por el cual la Caja Petrolera de Salud determinó no renovar el contrato de seguro voluntario con la ahora peticionante de tutela, es por el incumplimiento de lo pactado en la cláusula quinta del último contrato suscrito entre ambas partes, es decir por haber realizado su solicitud de renovación de contrato de manera extemporánea; ahora bien, es evidente que toda aquella persona que busque afiliarse a un seguro de salud debe cumplir con los requisitos exigidos por éste, empero no es menos cierto que los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social, al estar contemplados como derechos fundamentales y garantizados en su protección por la Norma Suprema, su cumplimiento es de carácter primordial y obligatorio, en virtud al principio de jerarquía normativa y primacía constitucional establecido en el art. 410 de la CPE; ii) Consecuentemente, la prestación de todo servicio de salud debe basarse en el principio de continuidad, resultando totalmente inadmisible que una entidad que presta servicios de salud, rechace una solicitud de renovación de contrato de seguro voluntario bajo el sustento de haber sido solicitada de manera extemporánea, más aún cuando quien lo solicita es una persona de setenta y tres años de edad, que se encuentra dentro de los grupos vulnerables que requieren atención inmediata; y, iii) Las personas adultas mayores, tienen una protección específica establecida en los arts. 67, 68 y 69 de la CPE, en la obligación que tiene el Estado de velar por este sector de la población, que demanda una especial atención, debido a su situación de desventaja frente al común de la población, en razón a que, por circunstancias de la vida en algunos casos padecen de limitaciones y deficiencias en sus funciones físicas, psíquicas, intelectuales, lo que les imposibilita estar en igualdad de condiciones frente a los demás aspectos que obliga a todos los niveles del Estado, a tomar medidas, para su protección y brindarles la seguridad necesaria para una vida digna, permitiendo una plena inclusión a la sociedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato de Afiliación al Seguro Voluntario 01/2019 de 11 de julio, suscrito entre la Caja Petrolera de Salud Zonal Trinidad y Peregrina Carmen Gutiérrez Monasterio -ahora accionante-, a objeto de tener derecho y ser acreedora de las prestaciones y servicios de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo, obligándose la asegurada a cancelar la suma de Bs800.- de Prima de Cotización, durante el plazo de vigencia de dos años del contrato computables del 11 de julio de 2019 a 11 de julio de 2021, estableciéndose que no se permite la tácita reconducción de contrato y que la renovación debía ser realizada quince días antes del vencimiento (fs. 86 a 88). II.2. Por Nota presentada el 20 de julio de 2021, la ahora impetrante de tutela solicitó a Alejandro Molina Córdova, Agente Zonal de la Caja Petrolera de Salud Trinidad, la renovación del Contrato de Seguro Voluntario, refiriendo que padece hipertensión arterial, diabetes, cirrosis hepática y que sufrió un ACV y una pancreatitis; por lo que, necesita del seguro de salud (fs. 85). II.3. Mediante Nota Cite: ATD-052/2021 Fernando Leite Vaca, Agente Zonal a.i.

de la Caja Petrolera de Salud Zonal Trinidad, rechazó la solicitud de renovación de contrato de Seguro Voluntario presentado por la solicitante de tutela arguyendo su presentación extemporánea (fs. 91). II.4. A través del escrito de 24 de agosto de 2021 la ahora accionante presentó recurso de revocatoria, pidiendo se deje sin efecto la Nota Cite: ATD-052/2021 (fs. 4 a 5 vta.). II.5. Por Cite: ATD-055/2021 de 27 de agosto, Alejandro Molina Córdova, Agente Zonal de la Caja Petrolera de Salud Trinidad, resolvió el referido recurso de revocatoria, confirmando el rechazo de la renovación del contrato de Seguro Voluntario interpuesto por la ahora peticionante de tutela (fs. 97); decisión que se basó en el Informe de Criterio Legal 06/2021 de 27 de agosto que señala que la impetrante de forma voluntaria dejó fenecer su contrato de seguro voluntario suscrito con la entidad; por lo que, no procede la renovación y/o tácita reconducción;

haciéndole saber que, para la población que no se encuentra cubierta por la seguridad social a corto plazo, la ley 1152 Ley de “20 de febrero de 2019 ”Ley Modificatoria a la Ley N° 475” de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia” (sic), amplía la población beneficiaria que no se encuentra cubierta por la seguridad social de corto plazo, con atención Universal y Gratuita; por lo que, en ningún momento se le estaría vulnerando su derecho a la salud (fs. 12 a 16). II.6. Mediante memorial de 13 de septiembre de 2021, la ahora impetrante de tutela, interpuso recurso jerárquico contra el Cite: ATD-055/2021 ante el Agente Zonal Trinidad de la Caja Petrolera de Salud, pidiendo su remisión ante el Director Ejecutivo Nacional de la Caja Petrolera de Salud (fs. 98 a 100). II.7. A través de la Nota Cite: AZT-N-062/2021 presentada el 17 de septiembre de 2021, por Alejandro Molina Córdova, Agente Zonal de la Caja Petrolera de Salud Trinidad, remitió los antecedentes del Recurso Jerárquico interpuesto por la ahora solicitante de tutela ante David Silvestre Martínez Flores, Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud (fs. 101). II.8. Por Nota Interna OFN/DGE/DNAL-NI-0686/2021 de 12 de octubre, el Jefe del Departamento Nacional de Asesoría Legal de la Caja Petrolera de Salud, remitió la documentación del recurso jerárquico ante Alejandro Molina Córdova, Agente Zonal Caja Petrolera de Salud Trinidad, señalando que debe ser la Comisión de Prestaciones quien se pronuncie sobre la renovación del Seguro Voluntario, en mérito al art. 349 del Reglamento al Código de Seguridad Social y los arts. 67, 68, y 69 del Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS (fs. 102).); sobre la base del Informe Cite: OFN/DGE/DNAL-INF-0241/2021 de 1 de octubre, que señaló que el recurso jerárquico no se encuentra dentro del ámbito de la competencia del Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud; por lo cual, sugirió se remita antecedentes ante la Comisión de Prestaciones de la Caja Petrolera de Salud Zonal Trinidad (fs. 103 a 107). II.9. A través de la Resolución CZP-19/2021 de 26 de octubre, la Comisión Regional de Prestaciones de Trinidad rechazó la solicitud de renovación del contrato de seguro voluntario suscrito el 11 de julio de 2019, por haber sido presentada de forma extemporánea es decir después de nueve días del vencimiento del contrato (fs. 108 a 110). II.10. Mediante Declaración Voluntaria Notariada inserta en el Instrumento Público 68/2022 de 19 de mayo de 2022 por el que Heidy Ingrid Rivero Muiba, señala que en calidad de enfermera atendió a Peregrina Carmen Gutiérrez Monasterio, inyectándole sueros, Albúmina, vitamina k, complejo b, vitamina c, y otros medicamentos en su domicilio particular, debido a las patologías que padece cirrosis hepática, diabetes e hipertensión, que le pusieron en estado de vulnerabilidad, ante el COVID-19, debido a que es consideraba como paciente de alto riesgo (fs. 26 a 27). II.11. Cursa Certificado Médico expedido por Eduardo Triveño Saravia, Médico Cirujano con Mat. Prof. T-1560, a través del cual refiere que la ahora accionante padece Cirrosis Hepática crónica, Hipertensión portal, Anemia Crónica, Hipertensión arterial Esencial y Diabetes Mellitus tipo II (fs. 208). Cursa igualmente documental de (fs. 134 a 200) por la que se demuestra que la misma fue atendida en la Caja Petrolera de Salud, por diversas patologías entre otras, las que se encuentran descritas en el certificado médico.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida a la salud y el debido proceso, en razón a que la autoridad demandada, en su calidad de Agente Zonal de la Caja Petrolera de Salud Trinidad, rechazó su solicitud de renovación del contrato de seguro voluntario suscrito el 11 de julio de 2019, arguyendo su extemporaneidad, al considerar que la misma fue realizada después de nueve días de fenecido el contrato -11 de julio de 2021-, sin tomar en cuenta la pandemia del COVID 19, y su delicado estado por efecto de la cirrosis hepática, diabetes tipo II, hipertensión y otras patologías, no podía salir de su domicilio, motivo por el cual demoró en realizar la renovación del contrato; su condición de persona de la tercera edad con setenta y tres años, y pertenecer a un grupo vulnerable. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización; 2) Sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad en acciones de defensa vinculadas a la protección de los derechos del adulto mayor; 3) Derecho a la vida, a la salud y a la seguridad social; 4) El debido proceso en su triple dimensión; 5) Sobre la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional; y, 6) Análisis del caso concreto.

III.1. Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su flexibilización

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0537/2019-S2 de 15 de julio, asumió el siguiente razonamiento:

El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el Auto Constitucional 112/99-R de 7 de septiembre de 1999, posteriormente, la SC 0544/2002-R de 13 de mayo, precisó en seis meses el plazo de caducidad y para la formulación del entonces recurso de amparo constitucional y este criterio fue asumido de manera uniforme por las SSCC 0703/2002-R, 0720/2002-R, 0632/2003-R y 0560/2003-R, entre otras. La jurisprudencia constitucional también estableció en la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del recurso constitucional y luego se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional. El art. 129.II de la CPE, con relación a la inmediatez establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. Por otra parte, este Tribunal como máximo controlador de derechos fundamentales desarrolló supuestos en los cuales a la luz de los principios de favorabilidad y pro actione, entre otros, flexibilizó el plazo de caducidad, de la siguiente manera: i) La SC 0762/2003-R de 6 de junio, 1El Considerando Segundo, numeral cuarto, indica: “Que, la censura y destitución del recurrente se ha producido en fecha 4 de junio de 1998 a través de la Resolución Municipal No. 019/98, pretendiendo dejarla sin efecto a través de este recurso de amparo constitucional presentado recién en fecha 26 de marzo de 1999, habiendo dejado transcurrir 9 meses y 22 días, al margen de los cinco meses que ha durado su tramitación, por lo que el presente recurso no cumple con uno de los requisitos fundamentales que son inherentes a su naturaleza y procedencia que es la inmediatez, lo que hace presumir la existencia de libre y expreso consentimiento, resultando improcedente el recurso de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 96 inc. 2) de la Ley del Tribunal Constitucional”. 2El Considerando Cuarto, señala que: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna - referida al rechazo del recurso de apelación formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate-desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha cumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado”. 3El FJ III.1, establece: “Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado”. 4El FJ III.5, dispone: "...resulta necesario establecer que el cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional, se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el derecho vulnerado; empero, en los casos en que como el presente, se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo, -como la presente Sentencia Constitucional”. 5El FJ III.1, señala: “si bien es cierto que, a través de su jurisprudencia, este Tribunal ha establecido que el recurso de amparo constitucional, adoptado en Bolivia como una acción tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene por naturaleza jurídica el de ser un recurso regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez, debiendo en atención a este último principio, el recurrente solicitar su tutela en forma inmediata, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y agote las vías legales ordinarias, a cuyo efecto se ha establecido como un plazo razonable el de seis meses para que la persona señaló que si bien el Tribunal Constitucional estableció un plazo de seis meses para la activación de este recurso, el mismo no es rígido ni cerrado, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume; ii) La SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, estableció que en el marco del principio de inmediatez, el plazo es de seis meses para la interposición del recurso de amparo constitucional, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas; iii) La SC 0474/2004-R de 31 de marzo, estableció que el plazo de caducidad debe flexibilizarse en supuestos de demora atribuible a la parte demandada, tales como la falta de respuesta al petitorio que hace que el término de los seis meses establecido por la jurisprudencia no corra, ya que la negligencia no es atribuible al accionante sino al demandado, que no tomó en cuenta que por determinación de la citada norma fundamental, toda petición debe ser oportunamente atendida; iv) La SCP 0450/2012 de 29 de junio señaló que cuando la notificación con el afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume. En el caso objeto del presente recurso, el último reclamo escrito formulado por la recurrente data del 22 de julio de 2002, lo que significa que al 8 de febrero, fecha en que presentó el amparo constitucional, han transcurrido 6 meses y 13 días, lo que, inicialmente, daría lugar a que se declare improcedente el recurso; empero, es importante considerar los siguientes elementos de juicio para no optar por esa vía; a) el exceso del tiempo es de apenas 13 días al plazo fijado en la jurisprudencia; b) la lesión denunciada es evidente, toda vez que los recurridos no han dado una respuesta debidamente motivada a la petición de la recurrente, no obstante que los reclamos fueron permanentes y, según la versión de la recurrente no desmentida por los recurridos, después de haber presentado su última nota el 22 de julio del 2002, siguió presentando su reclamación verbal al Concejo sin obtener una respuesta. En consecuencia, aplicando el principio de favorabilidad, este Tribunal ingresa a la consideración del fondo de la problemática planteada en el recurso”. 6El FJ III.1.2, establece: “Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado.”. 7El FJ III.3, regula: “III.3. Por otra parte la autoridad recurrida al no haber dado una oportuna respuesta al memorial presentado por el recurrente en el que expuso los motivos y solicitó su reincorporación, infringió el derecho a la petición previsto en el art. 7 inc. k) de la CPE, pues el recurrente en espera de esa respuesta ha dejado transcurrir más de nueve meses para interponer el recurso de amparo, sin embargo, ello no determina que el término para interponer el recurso hubiese caducado, dado que la falta de respuesta al petitorio hace que el término de los seis meses establecido por nuestra jurisprudencia no corra, por lo que esa negligencia no es atribuible a la persona del recurrente sino al recurrido, que no tomó en cuenta que por determinación de la citada norma fundamental toda petición debe ser oportunamente atendida, por lo que no es evidente la falta de inmediatez en la presentación del recurso, por el contrario, es ineludible la protección oportuna y extraordinaria del mismo, toda vez que los derechos fundamentales vulnerados, son de tal magnitud que ponen en riesgo la vida del recurrente, caso contrario quedaría en total estado de indefensión, por lo que es necesario brindar la tutela inmediata del recurso de amparo constitucional, frente a la amenaza de un daño inminente e irreparable que pretende privarle de su derecho a la jubilación por los años trabajados.”.

8El FJ III.2, señala: “Esta jurisdicción constitucional, en su función específica de proteger los derechos fundamentales de las personas, se encuentra impregnada de los principios informadores de la teoría de los derechos fundamentales, lo que implica, entre otros, aplicar los principios de prevalencia del derecho material o sustantivo sobre las formalidades, así como los de indubio pro homine, favorabilidad y pro actione; en virtud de los cuales, en casos de dudas respecto a la aplicación de una norma restrictiva de la acción tutelar, no se la debe obviar, dando preeminencia en todos los casos, al derecho sustantivo, es decir, a la acción y a la vigencia de los derechos fundamentales de las personas.

En caso de aplicar un razonamiento contrario en la especie, esto es, no tutelando el derecho de acceso a la justicia de la accionante, con el argumento que la notificación realizada a su persona debe computarse a partir de horas 18:00, en la práctica supondría consentir una indebida sustracción de derechos fundamentales, porque, como se explicó, la notificación efectuada a Milvia Gabriel Flores no se realizó en ese preciso momento, sino recién al día siguiente, por ello, la potestad de accionar el amparo constitucional se activó a partir del instante en que pudo materialmente asumir conocimiento efectivo de la Resolución que le causó agravio.

actuado judicial o administrativo se efectúa a última hora del día, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que el inicio del plazo para activar la acción de amparo constitucional, debe ser asumido desde el primer momento del día siguiente hábil; v) La SCP 0975/2012 de 22 de agosto, señaló que el término de seis meses establecido por el art. 129.II de la CPE, se constituye en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la demanda de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, la interpretación pro homine del texto constitucional, dicho plazo no puede ser automáticamente aplicable, sino debe ser lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso concreto; vi) La SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, respecto a la vulneraciones del derecho de jubilación que persiste en el tiempo estableció que en estos supuestos, deberá realizarse un análisis de los motivos de la demora y en cada caso deberá establecerse la existencia de desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en cuanto al reclamo de sus derechos; o, si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, similares criterios fueron expresados en las SSCC 2695/2010-R y SCP 0055/2013; y, vii) El Auto Constitucional 0029/2012-RCA-SL de 17 de agosto, señaló que la presentación de la acción de amparo constitucional antes del vencimiento del plazo de seis meses, computable desde el conocimiento real del acto u omisión denunciado como lesivo a derechos En consecuencia, en la especie, por las características de la acción y los argumentos explicados precedentemente, en cumplimiento del objeto y finalidad del citado mecanismo de defensa, como es la restitución o restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales y garantías constitucionales conculcados, teniendo presente que además de los derechos demandados como vulnerados, se encuentran en juego varios otros que guardan estrecha relación, como son, el interés superior de la minoridad, la paternidad y la asistencia familiar; resulta por demás razonable iniciar el cómputo del plazo de caducidad a partir del 29 de septiembre de 2011; fecha en la que recién la ahora accionante pudo tener acceso real al tenor íntegro del “Auto de Vista REG/S.CII/ZGC/AINT.185/06.09.11” que supuestamente le causó agravio, por lo que la interposición de la presente acción se encuentra dentro del plazo de caducidad establecido por la Constitución Política del Estado, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la jurisprudencia, y determina la apertura de la vía constitucional a efectos del análisis de los presupuestos demandados. 9El FJ III.2. puntualiza: “Entonces lo referido provoca que el término de seis meses referido por el art. 129.II de la CPE, se constituya en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la demanda de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, la interpretación pro homine del texto constitucional dicha consideración no puede ser automática sino lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso en concreto.”. 10El FJ III.2, señala: “Comprobándose que en el caso de autos, es posible efectuar dicha excepción en cuanto al petitorio solicitado, por la naturaleza de los derechos invocados y no existiendo motivo alguno para no ingresar al análisis de fondo de esta acción de defensa conforme a lo expuesto en el presente Fundamento Jurídico, corresponde referirse en los siguientes, al problema jurídico central denunciado por el accionante.”. 11El FJ III.2, señala: “En el contexto expuesto, la presentación de la acción de amparo constitucional antes del vencimiento del plazo de seis meses, computable desde el conocimiento real del acto u omisión denunciado como lesivo a derechos fundamentales, inequívocamente constituye un requisito a ser verificado en la etapa de admisibilidad, cuyo incumplimiento constituye una causal reglada de improcedencia, por lo que la observancia del principio de inmediatez vinculado con el plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional, debe ser resguardada en etapa de admisibilidad como regla general aplicable a todos los casos, salvo el supuesto en el cual, en esta etapa, ya sea ante instancias del juez o tribunal de garantías o en conocimiento de la causa por la Comisión de Admisión en fase de admisibilidad, se genere una duda razonable sobre una lesión manifiesta y “grosera” a derechos fundamentales que en un análisis de fondo de la problemática, podría implicar la aplicación del principio de justicia material a la luz de la pauta de interpretación denominada pro-actione.”.

fundamentales; inequívocamente constituye un requisito a ser verificado en la etapa de admisibilidad, cuyo cumplimiento es una causal reglada de improcedencia y debe ser observado en esta fase, salvo el supuesto en el cual, en esta etapa, ya sea ante instancias del juez o tribunal de garantías o en conocimiento de la causa por la Comisión de Admisión en fase de admisibilidad, se genera una duda razonable sobre una lesión manifiesta grosera a derechos fundamentes que en una análisis de fondo de la problemática, podría implicar la aplicación del principio de justicia material a la luz de la pauta de interpretación denominada pro actione, entendimiento que posteriormente fue asumido por la SCP 0030/2013.

III.2. Sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad en acciones de defensa vinculadas a la protección de los derechos del adulto mayor

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 059/2019-S2 de 12 de julio, asumió el siguiente razonamiento: De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar se rige por el principio de subsidiariedad; debiendo acudirse previamente a los mecanismos de protección que franquea la ley para solicitar la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados. No obstante, la acción de amparo constitucional, puede ser activada sin necesidad de agotarse previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, en circunstancias en las que se diluciden derechos de sectores vulnerables, como es el caso de adultos mayores; así, la SCP 0507/2016 de 9 de mayo, asumiendo el entendimiento de la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.2.1, reiteró:

Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, están recogidos en instrumentos internacionales, concretamente: en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 2, 22, y 25 de 10 de diciembre de 1948; en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, arts. 2, 7, 10, y 17, en el que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener ‘acceso a los servicios sociales y jurídicos, que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado especial’, así como ‘a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato físico o mental…”

Nuestro orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas, proclamando una protección especial a los adultos mayores de la tercera edad, en el art. 67 que señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales.

Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional en armonía con la Constitución Política del Estado, en la SC 0989/2011-R de 22 de junio, señaló:

“Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante 'acciones afirmativas' busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos… con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado. Reforzando dicho entendimiento de manera específica se tiene resguardado los derechos de los adultos mayores por la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 mayo de 2013- que para el presente se tiene:

Artículo 1. (OBJETO).

La presente Ley tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección. Artículo 2. (TITULARES DE DERECHOS).

Son titulares de los derechos las personas adultas mayores de sesenta (60) o más años de edad, en el territorio boliviano. (…)

Artículo 4. (CARÁCTER DE LOS DERECHOS).

Los derechos de las personas adultas mayores son inviolables, interdependientes, intransferibles, indivisibles y progresivos.

III.3. Derecho a la vida, a la salud y a la seguridad social

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0971/2019-S1 de 4 de octubre, asumió el siguiente razonamiento: Respecto al derecho a la vida SCP 1857/2014 de 25 de septiembre, remitiéndose a otro entendimiento jurisprudencial, señaló: “En torno al derecho a la vida, la SCP 0864/2014, de 8 de mayo, indica que se lo ha definido como aquel derecho primario que tiene todo ser humano para gozar de su existencia, derecho reconocido en el art. 15.I de la CPE, que señala que toda persona tiene derecho a la vida, entendido como un derecho fundamental del cual emergen los demás derechos. En este sentido, la SC 0653/2010-R de 19 de julio, citado a la SC 1294/2004-R de 12 de agosto, señala que: ‘…el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento…’”. Por su parte la SC 0026/2003-R de 8 de enero, sobre este derecho precisó: “…el derecho a la vida es el origen de donde emergen los demás derechos, por lo que su ejercicio no puede ser obstaculizado por procedimientos burocráticos ni sujeto a recursos previos, más aún cuando su titular se encuentra en grave riesgo de muerte. Por ello, además de proclamarlo, la Ley Fundamental instituye mecanismos de protección para el ejercicio real y efectivo del derecho a la vida, cuando, en su art. 158, obliga al Estado a defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas, obligando también al Estado a establecer un ‘régimen de seguridad social’ inspirado en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia” (las negrillas son añadidas). Así, la misma Sentencia Constitucional en cuanto al derecho a la salud y su relación con la seguridad social, estableció: “El derecho a la salud es aquel derecho por virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la salud es un derecho fundamental, que debe ser resguardad con mayor razón cuando se encuentra en conexidad con el primigenio derecho a la vida o a la dignidad humana, especialmente en el caso de personas vulnerables de la población, como son los niños, las personas con discapacidad, de la tercera edad y los enfermos terminales. El derecho a la seguridad social, como derecho constitucional, adquiere su esencia de fundamental cuando atañe a las personas cuya debilidad es manifiesta, es decir, que requieren de la misma para seguir con vida, tal el caso de los pacientes con enfermedades crónicas o incurables. De esta manera cuando una entidad pública o particular, tiene a su cargo la prestación de la seguridad social en salud a persona en estas situaciones, su incumplimiento acarrea un grave perjuicio. Es como consecuencia de esa protección especial que dichas personas requieren, que el derecho a la seguridad social adquiere su esencial condición de derecho fundamental, pues con su inobservancia, se colocan en peligro otros derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, la integridad física” (las negrillas son nuestras).

III.4. El debido proceso en su triple dimensión

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0761/2018-S2 de 8 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento El debido proceso se manifiesta en una triple dimensión, pues, por una parte, se encuentra reconocido como un derecho en el art. 115.II de la CPE, así como por instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -art. 8-; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) -art. 14-, que conforme al art. 410.II de la Norma Suprema, forman parte del bloque de constitucionalidad; por otra, como garantía jurisdiccional; finalmente, el debido proceso también se configura como un principio que emerge del Estado de Derecho y del principio de legalidad en su vertiente procesal, que está expresamente previsto -como principio procesal de la jurisdicción ordinaria- por el art. 180.I de la Ley Fundamental; empero, al derivar de otro principio, cual es el de legalidad en su vertiente procesal como ya se refirió, no solo debe ser observado en instancias jurisdiccionales, sino también en administrativas; de lo que se extrae que la Constitución Política del Estado del país, persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de las garantías de naturaleza procesal contenidos en la misma y las leyes. Así también en cuanto a la importancia del debido proceso, la jurisprudencia precisó que está ligada a la búsqueda del orden justo.

El Tribunal Constitucional a través de la SC 1748/2003-R de 1 de diciembre, en el Fundamento Jurídico III.4, expresó:

(…) este Tribunal Constitucional ha entendido, en su uniforme jurisprudencia, como "el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”… En este mismo sentido y en cuanto a la obligatoriedad de su respeto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0119/2003-R de 28 de enero, en el Fundamento Jurídico III.2, sostuvo: “…el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…” (las negrillas fueron añadidas).

De la precedente línea jurisprudencial se puede inferir que el debido proceso es una garantía constitucional que asegura a toda persona un proceso en el que se observe y se cumpla correctamente todas las normas adjetivas y sustantivas aplicables al caso; llega a ser una garantía que asegura una certidumbre respecto al desarrollo de una causa administrativa o judicial.

III.5. Sobre la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0921/2022-S1 de 9 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento:

La SCP 0992/2019-S2 de 21 de octubre, seleccionó la jurisprudencia constitucional relativa a la legitimación pasiva y señaló que: El art. 129.I de la CPE, prevé: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. Por su parte, el art. 52.1 del CPCo, establece que esta acción de defensa, podrá ser interpuesta por: “Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente”; correspondiendo identificar como requisito regulado en el art. 33.2 del Código Procesal anotado, para el planteamiento de esta garantía constitucional el: “Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda ser notificada o notificado”. Respecto a los sujetos de la acción de amparo constitucional, la SC 0400/2006-R de 25 de abril, estableció que: “Para hacer referencia a los sujetos activos es necesario partir de una premisa fundamental: así como no existe acción sin sujeto titular y sin sujeto pasivo concretos, tampoco hay acción sin legitimación activa y pasiva. La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal -legitimación activa-, o de resistirse a ella eficazmente -legitimación pasiva-”. En ese orden, respecto a la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional, destaca que la misma exige la coincidencia entre la persona o autoridad que presuntamente cometió la trasgresión de derechos fundamentales y garantías constitucionales y aquella contra quién se dirige la acción de defensa. Sobre el particular, la abundante jurisprudencia constitucional determinó que debe identificarse indubitablemente a la persona particular o autoridad que presuntamente ocasionó las transgresiones a derechos fundamentales y garantías constitucionales; a efectos de poder responder por las acusaciones efectuadas en su contra.

(…) la SCP 0149/2012 de 14 de mayo, expresa que:

…la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional, es la capacidad jurídica que se otorga a la autoridad, funcionario público o particular para comparecer o presentar su informe ante un Tribunal de garantías y de esta forma, responder por los hechos ilegales o indebidos que restringen o lesionen derechos y garantías fundamentales; por lo que es imprescindible individualizar correctamente a la autoridad o persona demandada que presuntamente restrinja, suprima o amenace restringir o suprimir derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado…(las negrillas y el subrayado nos corresponden).

Resaltando el fallo constitucional plurinacional antes anotado (SCP 0149/2012), que en cuanto a la legitimación pasiva de entes colegiados:

“…este Tribunal en la SC 0059/2004-R de 14 de enero, estableció: ‘«…cuando una resolución ha sido pronunciada por un Tribunal Colegiado, el recurso debe ser interpuesto, contra todos quienes intervinieron en ella…». Precisando lo señalado, la SC 0711/2005-R de 28 de junio, determinó: «...para que sea viable el recurso de amparo, cuando es planteado contra decisiones judiciales o administrativas pronunciadas por tribunales u órganos colegiados, públicos o particulares, sea como emergencia de procesos, o de cualesquier tipo de decisiones o actos, es de inexcusable cumplimiento que esta acción tutelar esté dirigida contra todos los miembros que asumieron dichas decisiones y, por lo mismo, se constituyan en agraviantes de los supuestos actos lesivos denunciados; sin que el señalamiento del sujeto pasivo de la tutela resulte de la libre elección del actor, el que necesariamente debe estar determinado por los hechos que le sirven de causa a su acción, debiendo preguntarse, en cada caso, quienes son los que asumieron efectivamente la decisión lesiva a sus derechos, no siendo suficiente identificar sólo a los que firmaron dichos actos o resoluciones; cuyo fundamento jurídico se sustenta en el hecho de permitirle al juez constitucional verificar si los derechos afectados, lo son por todos los miembros de la entidad pública o particular a quienes se demanda, sobre los cuales, en caso de que la Resolución conceda el amparo, se establecerá la existencia o no de responsabilidad civil y penal (art. 102.II de la LTC), para cuyo efecto el recurrido de amparo debe ejercer el derecho a la defensa en forma irrestricta»’ (SC 2849/2010-R de 10 de diciembre).

(…)

En consecuencia, se colige que la legitimación pasiva de un ente o tribunal colegiado, responde a la posibilidad que se otorgue la tutela solicitada al verificarse primeramente que esté dirigida contra todos sus miembros o titulares, de lo contrario carecería de eficacia, pues quienes no fueron demandados no tendrían la obligación de pronunciar nueva resolución, provocando una imposibilidad material de restituir el derecho o garantía vulnerado, además -claro está- que por un principio de igualdad, la responsabilidad civil y penal que pudiese surgir debe recaer sobre todos los que incurrieron en el acto ilegal y omisión indebida (entendimiento asumido por la SC 0529/2010-R de 12 de julio)” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

Jurisprudencia constitucional que aplicada a la problemática resuelta en la SCP 0149/2012, motivó la denegatoria de la acción de amparo constitucional entonces deducida, considerando que, si bien los accionantes solicitaron en dicha oportunidad:

…la nulidad del Auto de Vista de 6 de diciembre de 2008 y Auto complementario de 9 de enero de 2009, emitidos por los Vocales de la Sala Civil Primera, ahora demandados; sin embargo, en obrados se evidencia que el citado Tribunal, estuvo constituido a tiempo de emitir dichas Resoluciones por Raúl Pablo Brañez Galindo, Virginia Rocabado Ayaviri y Ángel Montero Montecinos; empero, los accionantes sólo dirigieron la presente acción de amparo constitucional contra Raúl Pablo Brañez Galindo y Virginia Rocabado Ayaviri; y no así, contra todos los miembros de la citada Sala Civil Primera que asumieron la decisión de confirmar los Autos de 6 de diciembre de 2008; de 16 de julio de 2004; de 2 de junio de 2005 y de 23 de junio de 2009, lo que implica que todos los miembros de la Sala Civil Primera son responsables por la emergencia de tal decisión; en consecuencia, la acción tutelar, debió dirigirse también contra Ángel Montero Montecinos, omisión que determina la falta del requisito de la legitimación pasiva de entes colegiados, respecto al Tribunal de segunda instancia, circunstancia que impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debiéndose denegar la tutela solicitada…(las negrillas y el subrayado fueron agregados).

Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo. Una de ellas está 12La SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, sistematizó en el FJ III.1, subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo, que se desarrollaran a continuación: “1) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 0945/2004-R de 17 de junio, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: “…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante”; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva; 2) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; 3) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre-, al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era contenida en la SCP 2027/2013 de 13 de noviembre, que establece la posibilidad de ingresar de manera excepcional al análisis fondo de una acción de libertad, pese a no haber sido dirigida contra la persona o autoridad que ostenta dicha legitimación, en los supuestos en los que los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, constate la evidente vulneración de los derechos del accionante; si bien dicho entendimiento fue desarrollado en una acción de libertad, es también aplicable a la acción de amparo constitucional, análisis efectuado dentro de la SCP 0320/2020-S1 (las negrillas fueron añadidas).

III.6. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y el debido proceso, en razón a que la autoridad demandada, en su calidad de Agente Zonal de la Caja Petrolera de Salud Trinidad, rechazó su solicitud de renovación del contrato de seguro voluntario suscrito el 11 de necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; 4) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; 5) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre-; excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; 6) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio-; y, 7) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras. 13El FJ III.1. señala: “En armonía con las consideraciones anteriores, debe hacerse hincapié que, a la luz del art. 3.5 del CPCo, la justicia constitucional se rige principalmente por el principio de informalismo; por lo tanto, la jurisdicción constitucional en su rol de proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene toda la potestad de examinar el fondo de la problemática planteada, para luego constatar si efectivamente fueron conculcados los derechos del accionante, no obstante de que el verdadero responsable o autor de la lesión no hubiese sido demandado, considerando que, pese al incumplimiento de los formalismos de orden procesal, resulta ser de mayor interés para este Tribunal, la vigencia, el goce y el ejercicio pleno de los derechos objeto de protección de la acción de libertad. El presente razonamiento, ya tiene su antecedente en el entonces Tribunal Constitucional; así, en la SC 0499/2007-R de 19 de junio, se dilucidó la problemática donde el agraviado demandó al representante del Ministerio Público, por considerar autor de la transgresión de su derecho a la libertad; sin embargo, luego de haberse realizado la correspondiente compulsa de los antecedentes del proceso, el máximo protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vio por conveniente conceder la tutela, no precisamente contra la autoridad demandada, sino contra el verdadero responsable, que en el caso de referencia recaía en la autoridad jurisdiccional; no obstante de lo anterior, en tales circunstancias, al autor de la transgresión, no será posible condenar a ningún tipo de responsabilidades emergentes de la vulneración, porque como consecuencia de que la acción no fue dirigida contra él, este no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, haciendo prevalecer su versión ante la autoridad competente; por lo tanto, en función a los entendimientos anteriores, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pese que la acción no hubiese sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos, únicamente en los supuestos en que los jueces de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional constate la evidente vulneración de los derechos del accionante” (las negrillas son nuestras). 14SCP 0320/2020-S1; FJ III.1. De la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional y su flexibilización ante la flagrante vulneración de derechos y garantías constitucionales julio de 2019, arguyendo su extemporaneidad, al considerar que la misma fue realizada después de nueve días de fenecido el contrato -11 de julio de 2021-, sin tomar en cuenta la pandemia del COVID-19, y su delicado estado por efecto de la cirrosis hepática, diabetes tipo II, hipertensión y otras patologías, no podía salir de su domicilio, motivo por el cual demoró en realizar la renovación del contrato; su condición de persona de la tercera edad con setenta y tres años, y pertenecer a un grupo vulnerable.

Legitimación pasiva Previamente, es preciso señalar que la Jurisprudencia Constitucional, referida en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que en los casos de acciones de amparo contra Tribunales colegiados se debe recurrir contra todos los miembros del mismo; sin embargo, en casos en los que el juzgador advierte vulneración evidente a derechos fundamentales como la vida y salud, es posible la flexibilización a dicho entendimiento, cuando como en el caso de autos únicamente se ha activado la acción de amparo contra uno de sus miembros (Alejandro Molina Córdova Presidente de la Comisión Regional de Prestaciones Trinidad), en aplicación del principio de inmediatez y en resguardo de los derechos amenazados de ser vulnerados; tomando en cuenta que la autoridad demandada en calidad de Presidente de la Comisión, suscribió la Resolución CZP-19/2021 junto a otras personas, por la cual se rechazó la solicitud de renovación del seguro voluntario y puede hacer cumplir la Resolución que emerja de la acción de amparo, sin responsabilidad para quienes no fueron demandados.

Principio de inmediatez Del mismo modo es necesario recordar que conforme señala la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se flexibilizó el principio de inmediatez en cuanto al plazo de los seis meses para interponer la acción de amparo, cuando se hubiera excedido en algunos días, siempre y cuando la lesión del derecho fundamental sea evidente con el fin de evitar que el acto vulneratorio se consuma; como ocurre en el caso de autos, en el cual la accionante como persona de la tercera edad, denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida y la salud. Principio de Subsidiariedad Asimismo, la Jurisprudencia Constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2, expresa que el principio de subsidiariedad que caracteriza a la acción de amparo constitucional, fue flexibilizado en armonía con la Constitución Política del Estado para la protección de los derechos fundamentales de determinados grupos vulnerables, entre los que se encuentran las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial a los adultos mayores conforme señala el art. 67 de la CPE, “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejes digna, con calidad y calidez humana”, consiguientemente la acción de amparo en tales circunstancias, puede ser presentada de manera directa, no obstante a existir medios de defensa en la vía ordinaria o administrativa en atención a que este grupo de personas requiere una atención inmediata y reforzada, por su edad y estado de salud. En ese entendido, en el caso presente corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, no obstante a que el demandado alega que la accionante hubiera presentado el recurso con algunos días fuera del plazo de los seis meses previsto para hacerlo; y no obstante a que no hubiera agotado los recursos o medios de defensa, debido a que tanto el principio de inmediatez como el de subsidiariedad han sido flexibilizados para el resguardo de los derechos de los adultos mayores con el fin de proporcionarles una vejes digna con calidad y calidez humana, como manda la Constitución Política del Estado, cuando se encuentran en riesgo de ser vulnerados sus derechos fundamentales; por lo que corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Análisis de fondo Del análisis de los antecedentes descritos en Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que Peregrina Carmen Gutiérrez Monasterio de setenta y tres años de edad, ahora accionante, suscribió el Contrato de Afiliación al Seguro Voluntario 01/2019 con la Caja Petrolera de Salud, Zonal Trinidad, con dos años de vigencia por la suma de Bs800.- con fenecimiento al 11 de julio de 2021, señalando que no se permite la tácita reconducción de contrato y que la renovación debía ser realizada quince días antes del vencimiento. El 20 del mismo mes y año, solicitó renovación de contrato de Seguro Voluntario, arguyendo que padece hipertensión arterial, diabetes, cirrosis hepática y que sufrió un ACV y una pancreatitis, por lo que necesita del seguro de salud, petitorio que fue rechazado por el Agente Zonal a.i de la Caja Petrolera de Salud arguyendo presentación extemporánea, que la misma debió ser presentada quince días ante del vencimiento del plazo y que la solicitante lo hizo nueve días después. Presentado el Recurso de Revocatoria, Alejandro Molina Córdova, Agente Zonal de la Caja Petrolera de Salud Trinidad, mediante Cite: ATD-055/2021, confirmó el rechazo de renovación del contrato de Seguro Voluntario interpuesto por Peregrina Carmen Gutiérrez Monasterio, sobre la base del Criterio Legal 06/2021 que señala que la impetrante de forma voluntaria dejó fenecer su contrato de seguro voluntario suscrito con la entidad.

Interpuesto el Recurso Jerárquico por Peregrina Carmen Gutiérrez Monasterio el referido Agente Zonal de la Caja Petrolera de Salud, Alejandro Molina Córdova, remitió los antecedentes del mismo ante el Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud David Silvestre Martínez Flores. El Jefe del Departamento Nacional de Asesoría Legal de la Caja Petrolera de Salud, devolvió la documentación ante Alejandro Molina Córdova, Agente Zonal Caja Petrolera de Salud Trinidad, señalando que debe ser la Comisión de Prestaciones de la Caja Petrolera de Salud Zonal Trinidad, quien se pronuncie sobre la renovación del Seguro Voluntario, conforme el art. 349 del Reglamento al Código de Seguridad Social y los arts. 67, 68, y 69 del Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS en base al Informe Cite: OFN/DGE/DNAL-INF-0241/2021 que señala que el Recurso Jerárquico no se encuentra dentro del ámbito de la competencia del Director General Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud. La Comisión Regional de Prestaciones de Trinidad, por Resolución CZP-19/2021 rechazó la solicitud de renovación del contrato de seguro voluntario por haber sido presentada de forma extemporánea después de nueve días del vencimiento del contrato. De los antecedentes descritos se evidencia que la accionante es una persona de setenta y tres años, que pertenece a un grupo vulnerable de la tercera edad, padece cirrosis hepática, diabetes mellitus, hipertensión arterial y otras enfermedades, que ponen en riesgo su salud y vida; por lo cual, resulta entendible que la misma no podía exponerse en una época de pandemia por el COVID-19, para acudir a la Caja Petrolera de Salud a tramitar la renovación de su contrato de seguro voluntario, dado que se trata de una persona adulta mayor con diversas patologías de riesgo; por lo cual, solicitó dicha renovación con nueve días de retraso, motivo por el que la Caja Petrolera de Salud, rechazó su reingreso sin considerar su estado de salud. Si bien es innegable que el Contrato suscrito por la accionante y la Caja Petrolera de Salud, dispuso que la renovación debía ser realizada con quince días de anticipación y que no se operaba la tácita reconducción del contrato; sin embargo, en situaciones como las denunciadas en el caso concreto, donde la vida y la salud de la accionante se encuentran en riesgo evidente, debido a las enfermedades que padece y sobre todo por la edad, no se puede negar el reingreso al seguro de salud, por formalismos que ponen en riesgo la salud y la vida de una persona, menos someterla a recursos innecesarios, cuando la Constitución Política del Estado en el art. 38.II establece que: “Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida”; y si bien es cierto que la accionante puede acudir al seguro universal de salud, sin embargo, la misma recibe un tratamiento específico en el seguro voluntario, que de ser interrumpido y sustituido por otros profesionales médicos correría el riesgo de sufrir un desfase en su tratamiento que afectaría más su salud. Tomando en cuenta que el derecho a la salud, comprende e incluye un conjunto amplio de factores que pueden contribuir a una vida sana, o a un deterioro de la misma; por lo cual, es preciso realizar una ponderación de los derechos a la salud y la vida y hacerlos prevalecer frente a otros derechos, tomando en cuenta que la salud no sólo implica ausencia de enfermedades, sino el bienestar físico mental y social, que lleve a una vejes digna con calidad y calidez humana, en consideración a que por mandato Constitucional -art. 18.III-, “El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna”, mandatos que la Caja Petrolera de Salud Zonal Trinidad, pasó por alto. Igualmente, la Caja Petrolera de Salud, no consideró el derecho a la vida, derecho humano fundamental que implica que ninguna persona puede ser privada de su vida, ni directa ni indirectamente, en consideración a que el derecho a la vida, está relacionado con todos los derechos, como son el derecho a la salud, a la seguridad social, seguridad alimentaria y personal, entre otros. En ese entendido la Jurisprudencia Constitucional, citada en el Fundamento Jurídico III. 3 Relacionando el derecho a la vida y la salud, señaló que estos derechos fundamentales deben ser resguardados cuando se encuentran en conexitud, especialmente en caso de personas vulnerables como la población de personas de la tercera edad, niños, personas con discapacidad y enfermos terminales entre muchas otras. Dicha jurisprudencia, enfatizó el derecho a la seguridad social, como un derecho constitucional, debido a que las personas con enfermedades crónicas, cuya salud es manifiestamente delicada, requieren de dicho servicio para seguir con vida, así el caso de la ahora accionante que es una paciente con enfermedades crónicas, requiere de la seguridad social voluntaria solicitada para seguir con vida; de ahí que cuando una institución pública o particular, tiene a su cargo la prestación del servicio a la seguridad social en salud, e incumple o rechaza el reingreso al seguro por meras formalidades, genera un grave perjuicio en la salud de la persona afectada y pone en peligro su vida y otros derechos fundamentales colaterales como la dignidad humana e integridad física. En cuanto al debido proceso, se evidencia que la Caja Petrolera de Salud, no se adecuó a la normativa vigente, al rechazar inicialmente el petitorio mediante notas y no resoluciones, así como al conceder el recurso jerárquico, incurriendo en retardación para resolver el caso que requiere de una atención inmediata y oportuna, al estar en peligro la salud y la vida de una persona, en ese sentido se alejó de la jurisprudencia invocada en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, que señala que el debido proceso es un derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en situación similar, así como el cumplimiento de los requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin que puedan defenderse adecuadamente. Si bien la Caja Petrolera de Salud Zonal Trinidad alega que recibió instrucciones para no recibir nuevos afiliados al seguro voluntario, no tomó en cuenta que en el caso se trata de una solicitud de renovación, lo que no implica que se aleje del mandato de la Ley 1152, pues lo que correspondía es flexibilizar el plazo de los nueve días de retraso, para dar continuidad al contrato existente, tomando en cuenta y valorando la pandemia por COVID-19, la edad de la solicitante, las enfermedades crónicas que padece, en resguardo de los derechos a la salud y a la vida; al no haber tomado en cuenta tales aspectos, vulneró los derechos a la salud, a la vida y el debido proceso; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primer; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 064/2022 de 27 de junio, cursante de fs. 242 a 246 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento del Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que la Caja Petrolera de Salud proceda a la renovación inmediata del Seguro Voluntario de Salud de Peregrina Carmen Gutiérrez Monasterio. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0322_2024-S1.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): e29dc9a4932895c78c0767cc1419ada59d0152ed8f3d40c4e542e8f4ec6f193b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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