B.IA.LEGAL

SCP 0321/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candía
Expediente
51636-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Eddy Guillermo Huanca Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, convocó a audiencia de medidas cautelares, misma que fue suspendida por inasistencia del Fiscal de Materia; no obstante, el Juez demandado señaló nueva fecha de audiencia presencial -en plena pandemia por el Covid-19- en base en la SCP 0740/2021-S2, pese a existir acusación formal; asimismo, dispuso la remisión del cuaderno de control jurisdiccional en fotocopias al juzgado o tribunal de sentencia de turno, reteniendo los originales para realizar la audiencia, actuación que excedió su competencia, reflejando una posible restricción arbitraria a su libertad personal; por lo que, promovió acción de libertad en su modalidad traslativa a fin de que se haga efectiva la remisión del expediente y se restablezcan sus derechos fundamentales conculcados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución AL-31/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la competencia de la autoridad judicial en la tramitación de una solicitud de cesación de la detención preventiva cuando existe presentación de acusación
  2. III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0321/2025-S3 Sucre, 30 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candía Acción de libertad Expediente: 51636-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución AL-31/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lucio Carlitos Huanca Gutiérrez contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, cursante de fs. 13 a 14 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Eddy Guillermo Huanca Gutiérrez, por la presunta comisión del delito violencia familiar o doméstica, se instaló audiencia de medidas cautelares ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; empero, dicha audiencia fue suspendida por inasistencia del Fiscal de Materia; sin embargo, en vía de complementación, el Juez demandado fundamentó el acto procesal en la SCP 0740/2021-S2 de 3 de noviembre, determinando que a pesar de existir acusación formal, procedía la realización de la audiencia. Asimismo, el Juez demandado dispuso la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al juzgado o tribunal de sentencia competente, remitiendo únicamente copias simples, quedándose con los originales para llevar a cabo la audiencia, actuación que excedió los márgenes de competencia y jurisdicción de la autoridad demandada; por ello, al no encontrarse en trámite una cesación a la detención preventiva, supuesto contemplado en la ratio decidendi de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, no resultaría aplicable dicho entendimiento jurisprudencial. Por otro lado, la autoridad jurisdiccional demandada fijó una nueva fecha para la audiencia de medidas cautelares de forma presencial, a pesar de estar vigente la modalidad virtual por medidas de bioseguridad, hecho que evidenciaría una posible intención de “restringir arbitrariamente” su libertad personal; por lo que, ante el agotamiento de la vía intraprocesal y la existencia de una actuación judicial lesiva a su derecho a la libertad personal, interpuso la acción de libertad en su modalidad traslativa a fin de restablecer sus derechos constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Que se remita el expediente a cargo del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, al juzgado sorteado; y, b) Dejar sin efecto el señalamiento de audiencia de medidas cautelares fijada para el 8 de noviembre de 2022 a horas 11:30; toda vez que, la autoridad demandada perdió jurisdicción y competencia al momento de disponer la remisión de su causa al juzgado o tribunal competente para resolver la acusación fiscal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 19 a 21, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliándolo, manifestó que: 1) El 3 de noviembre de 2022, se instaló audiencia de medidas cautelares, que fue suspendida por inasistencia del Ministerio Público; sin embargo, con anterioridad a dicha audiencia, el 20 de octubre del mismo año, el Fiscal de Materia presento la acusación fiscal, solicitando la remisión del proceso al juzgado o tribunal competente; 2) Con cuarenta y ocho horas de antelación a la audiencia, presentaron memorial solicitando que el juzgado proceda a la remisión del expediente a la autoridad jurisdiccional correspondiente; empero, dicho memorial no fue proveído ni remitido; 3) Pese a la existencia de acusación formal y solicitud expresa de remisión, el Juez demandado resolvió señalar nueva audiencia y ordenó únicamente la remisión de fotocopias del expediente, reteniendo ilegalmente los actuados originales en sede judicial, bajo el fundamento de una Sentencia Constitucional Plurinacional que fue interpretada erróneamente; 4) Esa actuación constituye una vulneración a la jurisdicción y competencia establecida en el art. 54.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al haber extendido indebidamente su competencia y retenido documentación original que debía ser remitida; 5) La referida retención documental lo dejó en completa indefensión jurídica, al no haberse derivado el proceso al tribunal de sentencia competente, limitando así el ejercicio del derecho a la defensa técnica y material, el derecho a la impugnación, y el acceso a una justicia pronta, oportuna y efectiva; 6) Cuestionaron la actuación judicial por generar una percepción anticipada del peligro de fuga, sin sustento ni fundamentación, vulnerando el principio de presunción de inocencia y afectando el derecho al debido proceso; 7) Se lesionaron los arts. 43, 46 y 54 del CPP, al no haberse declarado la incompetencia por razón de materia, ni remitido el expediente original desde el 20 de octubre de 2022, pese a la existencia de acusación formal; y, 8) No existía incidente o solicitud pendiente que justificara la retención del expediente por parte de la autoridad demandada, correspondiendo por tanto su inmediata remisión ante la autoridad jurisdiccional competente.

I.2.2. Informe del demandado

René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia virtual de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 17.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución AL-31/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 22 a 24 vta., denegó la tutela, en base a los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad, prevista en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), en relación con el art. 46 y siguientes del Código Procesal Constitucional (CPCo), constituye una garantía constitucional para la protección inmediata del derecho a la libertad personal, circulación, vida e integridad física frente a aprehensiones, procesamientos o amenazas ilegales; ii) El abogado de la parte accionante modificó la acción tutelar por supuesto procesamiento indebido, atribuyendo a la autoridad demandada la decisión de haber señalado audiencia cautelar para el 8 de noviembre de 2022, pese a que el 20 de octubre de ese año, se habría presentado acusación formal, cuya remisión al juzgado de sentencia debió efectuarse dentro de veinticuatro horas; iii) Cuestiona que, en lugar de remitir los actuados originales, la autoridad demandada solo envío fotocopias legalizadas, con base en la SCP 740/2021-S2, la cual según criterio del accionante solo sería aplicable en casos de cesación a la detención preventiva; iv) El señalamiento de audiencia presencial en contexto de pandemia -a criterio del accionante-, contraviene las “Circulares” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, afectando el debido proceso, la legitimidad y la seguridad jurídica; v) De la documentación presentada, solo consta la SCP 0740/2021-S2, sin prueba que acredite la remisión de la causa al juzgado de sentencia ni su radicatoria, como tampoco constancia documental de la acusación formal referida; vi) No se demostró que la autoridad demandada haya puesto en riesgo la vida del accionante al disponer audiencia presencial, siendo que, aunque persisten algunas medidas de bioseguridad, el referido Tribunal Departamental de Justicia permite la realización de audiencias tanto presenciales como virtuales; vii) Del análisis integral de los fundamentos, se desprende que el eje del reclamo se refiere a la competencia del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del mencionado departamento, para realizar la audiencia de consideración de medidas cautelares, y no a una vulneración directa al derecho a la libertad personal, aspecto que no corresponde ser tutelado mediante esta acción de defensa; y, viii) El art. 325.I del CPP, establece que, presentada la acusación, el juez de instrucción debe remitir la causa dentro de veinticuatro horas al juez o tribunal de sentencia, ello procede únicamente cuando el proceso esté debidamente saneado, sin incidentes ni audiencias pendientes, conforme a la línea jurisprudencial aplicable, lo cual debe ser verificado por la autoridad jurisdiccional bajo responsabilidad.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa SCP 0740/2021-S2 de 3 de noviembre, emitida dentro de la acción de libertad interpuesta por Rafael César Rodríguez Gómez y otro en representación sin mandato de Joan Elías Nina Peñaloza y otros contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de Montero del departamento de Santa Cruz, que confirmó la Resolución de la Jueza de garantías y se concedió la tutela disponiendo se llame a audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva -jurisprudencia que a criterio del accionante no aplica al caso de concreto- (fs. 2 a 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Eddy Guillermo Huanca Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, convocó a audiencia de medidas cautelares, misma que fue suspendida por inasistencia del Fiscal de Materia; no obstante, el Juez demandado señaló nueva fecha de audiencia presencial -en plena pandemia por el Covid-19- en base en la SCP 0740/2021-S2, pese a existir acusación formal; asimismo, dispuso la remisión del cuaderno de control jurisdiccional en fotocopias al juzgado o tribunal de sentencia de turno, reteniendo los originales para realizar la audiencia, actuación que excedió su competencia, reflejando una posible restricción arbitraria a su libertad personal; por lo que, promovió acción de libertad en su modalidad traslativa a fin de que se haga efectiva la remisión del expediente y se restablezcan sus derechos fundamentales conculcados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la competencia de la autoridad judicial en la tramitación de una solicitud de cesación de la detención preventiva cuando existe presentación de acusación

Sobre el intitulado la citada SCP 0627/2018-S2 de 8 de octubre, refiere que: “La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004, precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el Tribunal de Sentencia Penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando, no haya radicado la causa en un determinado Tribunal de Sentencia Penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras. Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero. Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto, entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-R, a lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala: …cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…). Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. Cabe señalar que esta reconducción ya fue realizada de manera tácita a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; sin embargo, es importante hacerlo de manera expresa en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente. En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: i) los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, ii) presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del cpp, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.

Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, entre otras” (las negrillas nos corresponden). Concluyéndose de ello, que el juez de instrucción es competente para tramitar y resolver una audiencia de consideración de medidas cautelares solicitada, antes de la radicatoria de la acusación ante el juez o tribunal de sentencia penal, o en los casos que se halla programada audiencia con anterioridad a la interposición de la acusación formal por parte del Ministerio Público.

III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Sobre el tema, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señala que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilatación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio indicado y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilataciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de la vía constitucional, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Eddy Guillermo Huanca Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, celebró audiencia de consideración de medidas cautelares el 3 de noviembre de 2022, misma que fue suspendida por inasistencia del representante del Ministerio Público; no obstante, dicha autoridad señaló nueva fecha de audiencia presencial -en plena pandemia por el Covid-19-, bajo los fundamentos de la SCP 0740/2021-S2 (Conclusión II.1); empero, -según su criterio-, dicha jurisprudencia no sería aplicable al caso concreto; debido a que, no se trata de una audiencia de cesación de detención preventiva. Asimismo, pese a existir acusación formal, el Juez demandado dispuso la remisión del cuaderno de control jurisdiccional en fotocopias al juzgado de sentencia de turno, reteniendo los originales para llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares, actuación que, según el accionante, excedió y vulneró la jurisdicción y competencia establecidas en el art. 54.2 del CPP, lo que desencadenó en una restricción arbitraria a su “libertad personal”. Por ello, promovió acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el objeto de que se remita el expediente original al juzgado de sentencia competente y se deje sin efecto la audiencia de medidas cautelares señalada. De lo alegado en la ampliación de la audiencia de garantías constitucionales por la defensa técnica del impetrante de tutela, se tiene que solicitaron mediante memorial a la autoridad demandada la remisión del expediente a la autoridad jurisdiccional de turno; empero, dicho memorial no fue proveído ni remitido el expediente. Por otro lado, la autoridad jurisdiccional demandada, al no haber desvirtuado los agravios inferidos por el accionante mediante informe o en audiencia, se aplica el principio de veracidad de los extremos referidos por el solicitante de tutela, conforme a la línea sentada por este Tribunal mediante la SC 0038/2011-R de 7 de febrero.

Ahora bien, de lo precedentemente manifestado, la problemática central radica en el hecho de que no se remitió el cuaderno de control jurisdiccional -en originales- al tribunal de sentencia de turno, puesto que, al existir una acusación formal presentada por el Ministerio Público, a criterio de solicitante de tutela, la autoridad demandada perdió competencia y debió remitir el expediente en el término de veinticuatro horas conforme al Código Adjetivo Penal. Bajo esos extremos, corresponde aplicar el entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el cual precisó que el juez de instrucción es competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, aunque se hubiera presentado la acusación formal por parte del Ministerio Público; siempre y cuando no se haya radicado la causa en un determinado tribunal o juez de sentencia penal. Asimismo, dicha jurisprudencia señala que: “...presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente”.

En ese sentido, se puede establecer que la actuación de la autoridad judicial demandada no transgrede ni excede su competencia; puesto que, obró dentro de los márgenes legales al fijar fecha de reprogramación de audiencia a fin de no dejar en indefensión a las partes procesales dentro de la causa penal. Al evidenciarse la remisión del expediente en fotocopias simples y ante la inexistencia de la radicatoria, se entiende que aún tiene competencia para llevar a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares, para posteriormente remitir los actuados al juez o tribunal de sentencia que corresponda, a objeto que se acumulen al expediente principal; y aún haya remitido solo fotocopias y no así originales, contrariando lo instituido por la jurisprudencia constitucional, no se advierte que dicho procedimiento haya lesionado el derecho a la libertad del impetrante de tutela; toda vez que, de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no se advierte la vulneración al principio de celeridad o dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica del accionante; ya que el legajo del expediente ya fue remitido, quedando pendiente la celebración de la audiencia de consideración de medidas cautelares, a fin de posteriormente remitir los antecedentes al tribunal de sentencia competente. Finalmente, con respecto a la ampliación vertida en la audiencia por parte del accionante, en relación a la lesión al derecho al debido proceso, a la defensa técnica y material, a la impugnación, al acceso a una justicia pronta, oportuna y efectiva; y al principio de presunción de inocencia, será necesario tener presente que, para otorgar protección a los mismos, se debe establecer si realmente se está ante una lesión o peligro directo y que sea tutelable a través de la acción de libertad, con acervo probatorio suficiente. En ese contexto, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, sostuvo que: "...debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción". En el presente caso, el impetrante de tutela, únicamente enunció la transgresión, mas no presentó ni aportó prueba que demuestre la efectiva lesión a los referidos derechos; por lo que, con relación a estos, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución AL-31/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0321_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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