B.IA.LEGAL

SCP 0320/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 23 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
54219-2023-109-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La solicitante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral y a una maternidad segura; toda vez que, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija a través del Memorándum ALDT/OM/RRHH/018/2022-2023 de 15 de agosto de 2022, procedió a desvincularla de su fuente laboral, cuando se encontraba en estado de gestación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán el siguiente tema: a) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 101 a 109, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0320/2025-S1 Sucre, 23 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54219-2023-109-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 30/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 101 a 109, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Shirley Dayana Sardina Machuca contra José Luis Ferreira Corema, Presidente; e, Hísela Anahí Romero Rojas, Oficial Mayor; ambos de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 3 y 10 de marzo de 2023, cursantes de fs. 40 a 46 vta.; y, 56 a 57 vta., la impetrante de tutela expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que el 30 de junio de 2021, ingresó a trabajar a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Tarija, según Memorándum ALDT/OM/RRHH/049/2021-2022, a través del cual se le asignó el ítem correspondiente a la Categoría Operativo, clase siete, nivel trece, de acuerdo a la escala salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, para desempeñar funciones de Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental Técnico I, con un haber básico de Bs2 449.-(dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve 00/100 bolivianos) El 15 de agosto de 2022, se le comunicó a través del memorándum ALDT/OM/RRHH/018/2022-2023 que por instrucciones superiores de esa Asamblea se resolvió prescindir de sus servicios, señalándole respecto a sus vacaciones pendientes de uso y vacación de días por duodécimas a esa fecha, le correspondían dieciséis días hábiles, los cuales se le otorgarían a partir del 16 de ese mes y año, hasta el 6 de septiembre de igual gestión, fecha a partir de la cual quedaría desvinculada de esa institución. Según la prueba de embarazo realizada el 6 de septiembre de 2022, a tiempo de su desvinculación, contaba con dos meses de embarazo, extremo corroborado por la ecografía obstétrica de 8 de octubre de igual año, acreditando que se encontraba con quince semanas y cuatro días de embarazo, estudio que volvió a realizarse el 4 de enero de 2023, oportunidad en la que contaba con veinticuatro semanas de embarazo; por lo que, verbalmente puso a conocimiento de la oficina de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija su estado de embarazo, indicándole que el caso seria analizado y que ellos se comunicarían con su persona; sin embargo, como no lo hicieron, después de un mes y medio aproximadamente volvió a la institución para conocer si existía alguna determinación, señalándole que no le correspondía nada porque el cargo que ocupaba era de libre determinación de los Asambleístas Departamentales; por lo que solicitó su reincorporación a su fuente laboral de manera escrita el 1 de febrero de 2023. En ese sentido, el 9 de febrero de 2023, se emitió el Informe ALDT/DIR.RRHH/01/2023 suscrito por el Director de Recursos Humanos de la mencionada Asamblea Legislativa, indicando que gozaba de la condición de funcionaria pública de libre nombramiento o provisional, con todos los beneficios que le otorgaba la ley a través del art. 7 num. I de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (LEFP) -Ley 2027 de octubre de 1999-, por lo que en uso de sus facultades legítimas y al amparo de la legislación nacional vigente, el Oficial Mayor de esa Asamblea emitió el memorándum de agradecimiento, sin que curse en esa oficina alguna carta, solicitud, informe médico u otro documento que haga fe de la situación de su embarazo; sin embargo, de ser evidente debería ser la vía constitucional u ordinaria la que determine su situación laboral, al haber sido desvinculada correctamente en desconocimiento de su embarazo al haberse perdido la confianza del funcionario electo que la solicitaba; constituyéndose en ese sentido, la configuración de actos ilegales y lesivos de sus derechos y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La demandante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral y a una maternidad segura; citando al efecto los arts. 45, 46 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se anule y se deje sin efecto el Memorándum ALDT/OM/RRHH/018/2022-2023 de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija y se ordene su reincorporación a su puesto de trabajo; b) Se cancelen sus sueldos devengados hasta el momento de su reincorporación, más el pago de subsidios no otorgados hasta la fecha; y, c) Se condene a los demandados al pago de costas judiciales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Efectuada la audiencia de manera virtual de la presente acción tutelar el 15 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 98 a 100 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela, a través de su abogada, se ratificó de manera íntegra en los términos de su memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: 1) La parte demandada el día que se le notificó con el memorándum de agradecimiento de servicios tuvo conocimiento de su estado de gravidez, y de manera verbal se les indicó ese extremo, situación que fue obviada, todo con el objeto de ganar tiempo; 2) De esa manera se desconoció sus derechos y garantías como mujer en estado de gestación, cuando el Estado debe brindar protección a ese grupo debiéndole dar una atención prioritaria; 3) Los demandados pretenden hacer creer a sus autoridades que el puesto que ocupaba ahora no existe; sin embargo, lo único que cambio fue la escala salarial; 4) Respecto al formulario que señala la parte demandada, cabe referir que es un requisito para el pago de su último salario, por lo que debía firmarlo de manera obligatoria; y, 5) El memorándum que se le otorgó a la ahora tercera interesada es reciente, lo que demuestra que lo único que hicieron fue darle falsas esperanzas de una nueva contratación.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

José Luis Ferreira Corema, Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, a través de su representante legal, mediante el informe cursante a fs. 90 a 96 vta., manifestó que: i) Evidentemente la ahora impetrante de tutela ingresó a trabajar a esa institución el 30 de junio de 2021, según memorándum ALDT/OM/RRHH/049/2021-2022 con ítem correspondiente a categoría operador, clase siete, nivel trece, de acuerdo a la escala salarial de ese Gobierno Autónomo Departamental, para desempeñar funciones de Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea como Técnico I, con un haber básico de Bs2 449.- (dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve 00/100 bolivianos); ii) La Ley Departamental de Nueva Estructura de Cargos y Escala Salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija -Ley 422 de 10 de febrero de 2021-, que establecía la estructura de cargos y escala salarial de los trabajadores de la Asamblea fue derogada por la Ley Departamental 458 de 22 de diciembre de 2022, por lo que todos los cargos desaparecieron para dar paso a otros nuevos previstos en esa última norma referida; iii) El 15 de agosto de 2022, a través del memorándum ALDT/OM/RRHH/018/2022-2023, se puso a conocimiento de la ahora demandante de tutela el agradecimiento de sus servicios, por lo que computándose a partir de esa fecha el plazo establecido en el art. 55 del CPCo., la nombrada presentó esta acción de amparo constitucional el 2 de marzo de 2023, seis meses y quince días a partir del conocimiento del hecho supuestamente vulnerador, consecuentemente, corresponde rechazar la acción por extemporánea; iv) La solicitante de tutela menciona que se hizo la prueba de embarazo el 6 de septiembre de 2022; es decir, el mismo día de culminación de sus vacaciones, por lo que, se tendría que ese día recién tuvo conocimiento de su embarazo, lo cual es contradictorio con su aseveración de que no se hubiera considerado su estado de gravidez, debiéndose considerar que su memorándum de agradecimiento de servicios fue recepcionado el 15 de agosto de igual año, cuando con mucha probabilidad ni ella conocía de su estado de gravidez; v) La nombrada mal puede aseverar que se le desconocieron los derechos a una maternidad segura, vulnerando su inamovilidad laboral y estabilidad laboral, toda vez que, como se puede advertir del Informe ALDT/DIR.RRHH/01/2023 de 9 de febrero, se perdió confianza en la nombrada y que la misma tenía la condición de funcionaria provisoria o de libre nombramiento; además, de las actuaciones realizadas tanto en el Ministerio del Trabajo como en la Asamblea Legislativa, denotan la dejadez de la nombrada, demostrando así que su solicitud de reincorporación no es determinante para garantizar su subsistencia o la de su hijo advientre, toda vez que, se recepcionó el primer documento solicitando su reincorporación recién el 1 de febrero de 2023, casi después de seis meses de su desvinculación; vi) La impetrante de tutela pretende el cobro de los salarios devengados como lo expresa en el petitorio de la presente acción de amparo, lo cual es un exceso, toda vez que de acuerdo con el art. 52 de la Ley General del Trabajo (LGT) el salario es proporcional al trabajo; además que, se tiene una persona trabajando en las funciones de Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, ya que el personal contratado en la Asamblea Legislativa es personal de confianza, de libre nombramiento y libre remoción, como es de conocimiento público, las Comisiones de esa Asamblea fueron reconformadas, por lo que cada presidente de Comisión eligió al personal idóneo y de confianza para el desempeño de sus funciones dentro de las comisiones, habiéndose readecuado al personal por la Ley Departamental 458 a la nueva escala salarial y se prescindió de muchos trabajadores porque no cumplían con las nuevas exigencias para cada cargo, por lo que pretende ser restituida a ese cargo es imposible, toda vez que el mismo ya no existe por imperio de la citada norma; vii) Abigail Belén Cruz Mendoza, ocupa las funciones de Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, también es cierto que tiene el cargo de Auxiliar, cargo diferente al que ocupaba la demandante de tutela, que además tiene otros requisitos para poder ser desempeñado; empero, el cargo que ocupaba la solicitante de tutela desapareció y si bien existe uno nuevo con idéntico nombre, éste es diferente en su naturaleza y requisitos, además que ya se encuentran, todos los ítems dispuestos por ley, ocupados para ese cargo; viii) Ante la única solicitud de reincorporación efectuada por la nombrada, esa Asamblea Legislativa generó un informe sobre la procedencia o improcedencia de otorgar inamovilidad a una persona efectivamente desvinculada, por lo que, a través del Informe ALDT/DIR.RRHH/01/2023 de 9 de febrero, se concluyó que la ahora accionante gozaba la condición de funcionaria pública de libre nombramiento o provisional, por lo que el Oficial Mayor de la Asamblea en uso de sus facultades emitió el memorándum de agradecimiento al haberse perdido la confianza de la nombrada funcionaria; ix) El Ministerio del Trabajo mediante Auto de 27 de febrero de 2023, a través de la Jefatura Departamental de Trabajo, declinó competencia, por lo que la peticionante de tutela actuó con negligencia al solicitar de manera tardía la tutela de sus derechos supuestamente vulnerados; el citado Auto, señaló que la denuncia ingresada a esa cartera de Estado fue presentada el 1 de ese mes y año, desde el momento de la emisión del memorándum de agradecimiento de servicios de 15 de agosto de 2022, habiendo transcurrido más de tres meses establecidos en la SCP 0135/2013-L de 20 de marzo; y, x) Por lo expuesto solicitó se “niegue” la tutela. Hísela Anahí Romero Rojas, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, en audiencia a través de su abogado, señaló que existe un formulario de solvencia en el cual la ahora impetrante de tutela expresó su voluntad de desvincularse, requisito para ser desvinculado efectivamente, lo cual de una u otra manera demostraría la predisposición de la nombrada a ser desvinculada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Abigail Belén Cruz Mendoza, en su calidad de tercera interesada, en audiencia solicitó que se considere su memorándum de 1 de marzo de 2023, y en consecuencia se proteja su derecho al trabajo.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Fabiola Karina Soria Peña, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: a) Conforme al art. 48 de la CPE y la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 analizados por la SCP 1468/2022-S4 de 7 de noviembre, toda mujer en gestación, hasta el año de nacimiento del hijo, gozará la inamovilidad de su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas, normas que resultaran aplicables en todo, en ambos sectores como protección de derechos y garantías constitucionales de una mujer en gestación; así como el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, en cuanto a la inamovilidad de la madre o el progenitor hasta que el hijo cumpla un año de edad, garantizando a la madre la inamovilidad y la protección haciendo énfasis en la afectación de su nivel salarial; b) En ese sentido, se debe tomar en cuenta la respuesta de la parte demandada, sorprendiendo los motivos por los cuales indicaron que no se reincorporó a la ahora solicitante de tutela bajo argumentos sin sentido, siendo un derecho propio de una mujer en gestación; tampoco tiene fundamento el formulario que se mencionó; y, c) Solicitó se conceda la tutela precautelando los derechos y garantías constitucionales que son protegidos por el bloque de constitucionalidad.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija, mediante Resolución 30/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 101 a 109, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Memorándum ALDT/OM/RRHH/018/2022-2023, ordenando su reincorporación “Pero tomando en cuenta que, de acuerdo a los fundamentos vertidos y a la prueba producida en audiencia por la autoridad accionada Lic. Hisela Anahí Romero Rojas Oficial Mayor de la ALDT y José Luis Ferreira Corema Presidente de la ALDT, hubo un cambio de la estructura orgánica funcional en la Asamblea y hay una nueva persona que ocupa el cargo (que dicen que no es el mismo pero que lleva el mismo nombre), no podemos ordenar que la reincorporación sea a un cargo que probablemente ahora no existe, sin embargo, deberá reincorporársela a un cargo donde le otorguen el mismo sueldo que ella tenía al momento de ser desvinculada, respetando su dignidad de mujer. Reincorporación que se hará efectiva hasta que el hijo por nacer, cumpla un año de edad. Se concede el plazo de tres días hábiles para el cumplimiento de la Sentencia, computables a partir de la fecha, en lo pertinente a la ordenada reincorporación” (sic). Así también se ordenó el pago de salarios devengados no pagados durante el periodo que duro la desvinculación, más el correspondiente pago de las asignaciones familiares, que por su estado de gravidez y maternidad le corresponden. Sin costas ya que al momento de desvincular la entidad no tenía conocimiento del embarazo; con base en los siguientes fundamentos: 1) Si bien el derecho al trabajo es un derecho constitucional, la norma que rige la actividad de los servidores públicos, como en el caso de la ahora peticionante de tutela, es el Estatuto del Funcionario Público en vinculación con la Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, que regula los Sistemas de Administración del Estado, entre los que se encuentran, no solamente el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, sino también, el Sistema de Administración de Personal. En ese sentido, el Estatuto del Funcionario Público, dice que los funcionarios de carrera, que son aquellos que ingresaron a la entidad pública a través de un examen de méritos, un examen de competencia, han cumplido ciertos requisitos específicos que los hacen merecedores de gozar de la estabilidad laboral, son los que no pueden ser removidos de la entidad sin un previo proceso en el que se demuestre su legítima desvinculación; contrario sensu, los funcionarios provisorios que son todos aquellos que no son funcionarios de carrera, si pueden ser removidos sin necesidad de un debido proceso, es más, se da cierta discrecionalidad a la entidad pública en el entendido de que puede retirarlos de su fuente de empleo, cuando de acuerdo al interés que impere en ese momento en la entidad así convenga, y no necesitan ni siquiera justificar la causal por la que se los desvincula; 2) En el caso en análisis, la ahora impetrante de tutela no era una funcionaria de carrera, por lo que aparentemente podría haber sido desvinculada de la manera en que fue removida; sin embargo, estamos frente a una realidad que es una situación especial, pues la nombrada a tiempo de la desvinculación laboral se encontraba embarazada y esa situación incluso, en el caso de las servidoras públicas provisorias mereció una modulación especial por el Tribunal Constitucional a través de la SCP 1424/2015-S1 de 23 de diciembre, teniéndose establecido que si bien los funcionarios provisorios no gozan de estabilidad laboral y pueden ser removidos de su fuente de empleo sin causal, incluso sin la necesidad de justificar la razón, debe hacerse una interpretación mas favorable cuando una funcionaria, en el caso provisoria, se encuentre embarazada, es decir, el derecho de una mujer embarazada que merece la protección del Estado y de las autoridades porque necesita una fuente de sustento para su desarrollo saludable y del ser que lleva en su vientre, hace que esa interpretación restrictiva en principio, en la que excluye a los funcionarios provisorios del régimen de la protección laboral y estabilidad se amplíe bajo el paraguas de protección del interés superior de toda niña, niño o adolescente, tal como lo prevé el art. 60 de la CPE, en el entendido de que debe prevalecer siempre la protección del hijo concebido o menor de edad y una atención prioritaria en sus derechos y garantías constitucionales; 3) En cuanto a lo referido por la parte demandada, en el sentido de que el presente amparo fue presentado después del plazo establecido de seis meses, sosteniendo que dicho computo debe realizarse desde la emisión del memorándum de desvinculación; sin embargo, tomando en cuenta que la relación fenece efectivamente, no cuando se emite el memorándum propiamente sino cuando se opera la efectiva desvinculación laboral, la cual se produce al terminar la vacación concedida, es decir que, conforme al razonamiento se hizo la interposición de la presente demanda dentro del plazo mencionado; 4) De lo referido por la propia demandante de tutela se tiene que al momento de recibir su memorándum de agradecimiento de servicios no tenia conocimiento de su estado de gravidez, habiéndose realizado la prueba después de haber recibido el mismo, por lo que el actuar de la Asamblea a tiempo de desvincularla no fue irresponsable, ya que no tenia conocimiento del embarazo de la nombrada; empero, el embarazo existe y es un hecho real, existiendo documentación que la acredita cursante de “fs. 23 a 35” (sic); 5) De acuerdo con la SCP 2557/2012 de 21 de diciembre, a pesar de que la madre no haya dado aviso oportuno a la entidad empleadora sobre su embarazo, ello no priva ni a la madre ni a su hijo que esta en su vientre, al derecho de ser asistido por la manutención que se otorga al hijo de la fuente de ingreso de la madre y de las asignaciones familiares que le corresponden conforme a ley, porque ese derecho primigenio cede frente a una formalidad, ya que esa situación no puede ir en perjuicio del hijo en vientre, quien necesita un desarrollo sano y saludable con todas la protecciones que le debe brindar el Estado, por lo que pese a que no hubo el aviso oportuno de la ahora solicitante de tutela, debe considerarse y precautelarse su situación de embarazo, conforme a los entendimientos y lineamientos que son vertidos en esa Resolución; y, 6) Conforme se refirió en la audiencia en cuanto a que la estructura orgánica funcional de la ALD de Tarija cambió, por lo que algunos cargos variaron en nombres y escala salarial; si bien es una facultad de cada entidad pública hacer su reorganización organizativa, económica y administrativa conforme a sus intereses, para su mejor funcionamiento, estas no pueden ir en desmedro de los derechos fundamentales de las personas, como el derecho al trabajo y del hijo concebido de la servidora pública; sin que la jurisdicción constitucional pueda ingresar al análisis de dicha reestructura, ya que no le compete, debiendo la entidad ver la forma de restituir los derechos que se demandaron como vulnerados. La peticionante de tutela en audiencia solicitó en vía de complementación que se pronuncia sobre el plazo del pago de sueldos y sobre el nivel de escala salarial. Dando respuesta, la Sala Constitucional complementó indicando que, se otorga el plazo de quince días hábiles para el pago de sueldos devengados, computables a partir de la fecha. Habiéndose dispuesto que la reincorporación sea en un cargo dentro de la ALD de Tarija, que tenga el mismo sueldo que tenía antes de la desvinculación, que es lo que le permitirá la manutención de su hijo o un ingreso equivalente al que tenía y la Asamblea de acuerdo a las necesidades institucionales, debía ubicarla en un puesto de trabajo respetando el derecho a la dignidad que la ahora accionante tiene como mujer. El abogado de la parte demandada en vía de complementación solicitó se pronuncien referente al plazo, toda vez que el informe emitido por el Ministerio de Trabajo se toma en cuenta el computo del plazo desde el 15 de agosto de 2022, empero, de acuerdo a lo ordenado por la Sala, si tomarían en cuenta ese plazo desde el 15 de agosto o desde el 6 de septiembre de aquella gestión. La Sala Constitucional señaló que el plazo en el que feneció efectivamente la relación laboral es cuando concluyó la vacación, siendo desde esa fecha que se computaba el plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorándum de designación ALDT/OM/RRHH/049/2021-2022 de 30 de junio de 2021, suscrito por Nolberto Gallardo Suruguay, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, dirigido a Shirley Dayana Sardina Machuca -ahora impetrante de tutela-, designándole al cargo de Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos (Técnico I) indicándole que sus actividades estarán sujetas a las disposiciones contenidas en la Ley 1178 y su Decreto Reglamentario, la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010- y Reglamento General de esa Asamblea, con el ítem correspondiente a la categoría Operativo, “Clase 7 y Nivel 13 (Técnico I)” (sic [fs. 1]). II.2. Mediante Memorándum ALDT/OM/RRHH/018/2022-2023 de 15 de agosto de 2022, Roger Bravo Cuellar, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, agradeció a la ahora demandante de tutela sus servicios, aclarando que le correspondían dieciséis días hábiles de vacación pendiente de uso, mismas que se le otorgarían desde el 16 de agosto de 2022 hasta el 6 de septiembre del mismo año (fs. 2). II.3. Consta una prueba de embarazo en sangre, realizada el 6 de septiembre de 2022, por el Laboratorio “Tarija”, correspondiente a la ahora solicitante de tutela, con una interpretación “positivo” (fs. 23).

II.4. El 28 de octubre de 2022, la ahora peticionante de tutela se realizó un examen ecográfico obstétrico en “ECOFETAL”, el cual concluyó en un “embarazo único de 15.4 semanas +/- 5 días por ultrasonografía” (sic), el cual fue suscrito por Aldrin Fillol Choque Tejerina, Médico Ginecólogo (fs. 28 a 31). II.5. Cursa ecografía obstétrica estructural realizada el 4 de enero de 2023, en “ECOFETAL”, suscrito por Aldrin Fillol Choque Tejerina, Médico Ginecólogo, concluyendo que la ahora accionante tiene un “embarazo único de 25.3 semanas +/- 7 días por ultrasonografía” (sic [fs. 33 a 35]). II.6. El 1 de febrero de 2023, la ahora impetrante de tutela, solicitó su reincorporación a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, comunicando que al momento de su memorándum de desvinculación laboral se encontraba en etapa de gestación, adjuntando para ello la prueba de embarazo de 6 de septiembre de 2022, entre otros, por lo que solicitó su reincorporación inmediata a su fuente de trabajo (fs. 4 a 5). II.7. Mediante nota dirigida al “Oficial Mayor” de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, la demandante de tutela solicitó su reincorporación inmediata indicando que el momento de la comunicación con el memorándum de desvinculación laboral se encontraba en etapa de gestación, contando a la fecha con veintiocho semanas y nueve días de gestación (fs. 6). II.8. El 14 y 15 de febrero de 2023, la ahora solicitante de tutela, reiteró su solicitud de reincorporación inmediata a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (fs. 8 a 9 y 10 a 11). II.9. El 15 de febrero de 2023 a través del CITE ALDT/OF.MAYOR/HARR/340/2022-2023, Hísela Anahí Romero Rojas, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, ahora codemandada, dio respuesta a la solicitud de reincorporación de trabajo efectuada por la peticionante de tutela, adjuntando el Informe Circunstancial ALDT/DIR.RRHH/01/2023 de 9 de febrero, el cual concluyó que la nombrada gozaba la condición de funcionaria pública de libre nombramiento o provisional, con todos los beneficios que le otorga la ley a través del Estatuto del Funcionario Público art. 7 núm. I, designada a través del memorándum ALDT/OM/RRHH/049/2021-2022, habiéndosele agradecido sus servicios mediante el memorándum ALDT/OM/RRHH/018/2022-2023; que concluye, no cursa documento alguno que haga fe de la situación de embarazo de la ahora accionante, por lo que se procedió a agradecer sus servicios al haber perdido la confianza del funcionario electo (fs. 12 a 18). II.10. A través del Informe 007/2023 MTEPS-JDTT-GMMD 007/2022 de 27 de febrero de 2023, el Inspector del Trabajo, recomendó rechazar la denuncia presentada por la impetrante de tutela el 1 de ese mes y año, contra la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, indicando que fue desvinculada el 15 de agosto de 2022, pese a que se encontraba en estado de gestación; ello en razón a que, dicha denuncia hubiera sido presentada fuera del plazo de tres meses establecido para acudir a la Jefatura Departamental de Trabajo (fs. 74 y vta.). II.11. Mediante la Resolución de 27 de febrero de 2023, la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, declino competencia administrativa, dentro de la denuncia por inamovilidad laboral por ser madre progenitora, interpuesto por la ahora demandante de tutela contra la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (fs. 76 a 77).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La solicitante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral y a una maternidad segura; toda vez que, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija a través del Memorándum ALDT/OM/RRHH/018/2022-2023 de 15 de agosto de 2022, procedió a desvincularla de su fuente laboral, cuando se encontraba en estado de gestación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán el siguiente tema: a) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0862/2019-S2 de 25 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento: El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios.

En este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad (art. 62 de la CPE). Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento, recuperación y la lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado, a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”. Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, se encuentra la SC 1497/2011-R de 11 de octubre. Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y a la salud, el otrora Tribunal Constitucional a través de la SC 130/2005-R de 10 de febrero, hizo referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, ha establecido que la garantía de inamovilidad laboral:

…es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores.

Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la Ley Fundamental, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la CPE), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Norma Suprema, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección y resguardo de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal. VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que ha sido reiterada en numerosas Sentencias como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia que:

…todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad. Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional precisó que la protección que brinda la Constitución Política del Estado está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, así como los cargos electivos. La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que:

…se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE... Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril, efectuó pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, determinando que la condición de servidora o servidor público provisorio no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE, por cuanto si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores. Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, entendió que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos.

Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria de madre o padre progenitores, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo que no admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales desarrolladas para el efecto.

III.2. Análisis del caso concreto

La peticionante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral y a una maternidad segura; toda vez que, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija a través del Memorándum ALDT/OM/RRHH/018/2022-2023 de 15 de agosto de 2022, procedió a desvincularla de su fuente laboral, cuando se encontraba en estado de gestación. Habiendo establecido la problemática jurídica del caso de autos, corresponde remitirnos a la documental cursante en obrados; de ello, se tiene a través del memorándum ALDT/OM/RRHH/049/2021-2022 de 30 de junio de 2021, suscrito por Nolberto Gallardo Suruguay, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, dirigido a Shirley Dayana Sardina Machuca, ahora accionante, designándole al cargo de Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos (Técnico I) indicándole que sus actividades estarán sujetas a las disposiciones contenidas en la Ley 1178 y su Decreto Reglamentario, la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, la Ley 004 y Reglamento General de esa Asamblea, con el ítem correspondiente a la categoría Operativo, “Clase 7 y Nivel 13 (Técnico I)” (sic [Conclusión II.1.)]. Posteriormente, mediante Memorándum ALDT/OM/RRHH/018/2022-2023 de 15 de agosto de 2022, Roger Bravo Cuellar, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, agradeció a la ahora impetrante de tutela sus servicios, aclarando que le correspondían dieciséis días hábiles de vacación pendiente de uso, mismas que se le otorgarían desde el 16 de agosto de 2022 hasta el 6 de septiembre del mismo año (Conclusión II.2.). Por otro lado, consta una prueba de embarazo en sangre, realizada el 6 de septiembre de 2022, por el Laboratorio “Tarija”, correspondiente a la demandante de tutela, con una interpretación “positivo” (Conclusión II.3.); así también, el 28 de octubre de ese año, la nombrada se realizó un examen ecográfico obstétrico en “ECOFETAL”, el cual concluyó en un “embarazo único de 15.4 semanas +/- 5 días por ultrasonografía”

(sic), el cual fue suscrito por Aldrin Fillol Choque Tejerina, Médico Ginecólogo (Conclusión II.4.); y, una ecografía obstétrica estructural realizada el 4 de enero de 2023, en “ECOFETAL”, suscrito por Aldrin Fillol Choque Tejerina, Médico Ginecólogo, concluyendo que la solicitante de tutela tiene un “embarazo único de 25.3 semanas +/- 7 días por ultrasonografía” (sic [Conclusión II.5.]). En ese sentido, el 1 de febrero de 2023, la ahora peticionante de tutela, solicitó su reincorporación a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, comunicando que al momento de su memorándum de desvinculación laboral se encontraba en etapa de gestación, adjuntando para ello la prueba de embarazo de 6 de septiembre de 2022, entre otros, por lo que solicitó su reincorporación inmediata a su fuente de trabajo (Conclusión II.6.); como también, mediante nota dirigida al “Oficial Mayor” de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, la ahora accionante solicitó su reincorporación inmediata indicando que el momento de la comunicación con el memorándum de desvinculación laboral se encontraba en etapa de gestación, contando a la fecha con veintiocho semanas y nueve días de gestación (Conclusión II.7.); notas que fueron reiteradas el 14 y 15 de febrero de 2023 (Conclusión II.8.). Consecuentemente, el 15 de febrero de 2023, a través del CITE ALDT/OF.MAYOR/HARR/340/2022-2023, Hísela Anahí Romero Rojas, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, ahora codemandada, dio respuesta a la solicitud de reincorporación de trabajo efectuada por la ahora impetrante de tutela, adjuntando el Informe Circunstancias ALDT/DIR.RRHH/01/2023 de 9 de febrero, el cual concluyó que la nombrada gozaba la condición de funcionaria pública de libre nombramiento o provisional, con todos los beneficios que le otorga la ley a través del Estatuto del Funcionario Público art. 7 núm. I, designada a través del memorándum ALDT/OM/RRHH/049/2021-2022, habiéndosele agradecido sus servicios mediante el memorándum ALDT/OM/RRHH/018/2022-2023; no cursa documento alguno que haga fe de la situación de embarazo de la ahora impetrante de tutela, por lo que se procedió a agradecer sus servicios al haber perdido la confianza del funcionario electo (Conclusión II.9.). Finalmente, a través del Informe 007/2023 MTEPS-JDTT-GMMD 007/2022 de 27 de febrero de 2023, el Inspector del Trabajo, recomendó rechazar la denuncia presentada por la ahora demandante de tutela el 1 de ese mes y año, contra la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, indicando que fue desvinculada el 15 de agosto de 2022, pese a que se encontraba en estado de gestación; ello en razón a que dicha denuncia hubiera sido presentada fuera del plazo de tres meses establecido para acudir a la Jefatura Departamental de Trabajo (Conclusión II.10); por lo que mediante la Resolución de 27 de febrero de 2023, la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, declino competencia administrativa, dentro de la denuncia por inamovilidad laboral por ser madre progenitora interpuesto por la solicitante de tutela contra la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (Conclusión II.11.). Ahora bien, antes de ingresar al fondo de la problemática planteada a través de la presente acción tutelar, corresponde hacer referencia a lo indicado por la parte demandada en el sentido de que el presente amparo fue presentado después del plazo establecido de seis meses, sosteniendo que dicho computo debería realizarse desde la emisión del memorándum de desvinculación -15 de agosto de 2022-; sin embargo, tomando en cuenta que la relación efectivamente fenece, no cuando se emite el memorándum de desvinculación propiamente sino cuando se opera la misma; es decir, al terminar la vacación pendiente concedida, en el caso concreto a partir del 6 de septiembre de igual año, tal cual lo refiere el memorándum de agradecimiento de servicios, por cuanto hasta esa fecha la ahora peticionante de tutela se encontraba haciendo uso de sus días de vacación pendiente, constando en dicho memorándum que a partir de la fecha mencionada quedaba desvinculada de esa institución (fs. 2); por lo cual, la interposición de la presente demanda realizada el 3 de marzo de 2023, fue dentro del término establecido en el art. 55.I de la CPCo. Ahora bien, de la revisión del Memorándum ALDT/OM/RRHH/049/2021-2022 de 30 de junio de 2021, se advierte que la impetrante de tutela tenía el carácter provisional o de libre nombramiento en su designación como Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos (Técnico I); respecto a los cuales la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció que sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público, entre los que se encuentran los de libre nombramiento, provisorios, y los de cargos electivos, debiéndose entender a la inamovilidad laboral como “estabilidad laboral” hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, que -a diferencia de la inamovilidad- implica la posibilidad que pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial; al efecto señala que se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en etapa de gestación y de los progenitores desde la concepción de la niña o niño hasta que el mismo cumpla un año de edad. Bajo ese contexto, de la revisión de antecedentes se establece que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, si bien retiró a la solicitante de tutela sin conocer de su estado de gravidez al momento de su desvinculación, extremo referido por la propia peticionante de tutela al señalar que recién ella tuvo conocimiento de su embarazo el 6 de septiembre de 2022, a través de un examen de sangre, oportunidad en la que fenecía su vacación pendiente; no obstante, a partir del informe ecográfico de 28 de octubre de ese año, realizado en “ECOFETAL” a la nombrada, se tiene que en esa fecha tenía un “embarazo único de 15.4 semanas +/- 5 días por ultrasonografía” (sic), el cual fue suscrito por Aldrin Fillol Choque Tejerina, Médico Ginecólogo; por lo que, realizando los cálculos se tiene que a la fecha de hacerse efectivo su despido -6 de septiembre de 2022-, la nombrada ya se encontraba en etapa de gestación, contando con aproximadamente siete semanas; por lo que en mérito al art. 48.IV de la CPE y la referida jurisprudencia constitucional gozaba del referido derecho por mujer en gestación; y por consiguiente, ante la comunicación de dicho estado mediante la nota de 1 de febrero de 2023, correspondía a la autoridad demandada considerar dicho extremo en resguardo del ser en gestación; sin embargo, no lo hizo, al contrario la parte demandada señaló que no le correspondía su reincorporación por cuanto ella gozaba de la calidad de funcionaria provisoria o de libre nombramiento y que además al momento de su desvinculación no se tenía conocimiento de dicho extremo; sin embargo, la impetrante de tutela refirió que el mismo 6 de septiembre de 2022, oportunidad en la que culminó su vacación de manera verbal comunicó dicho extremo, lo cual no fue refutado por la parte demandada; lo cual, permite concluir que no consideraron ese aspecto, indicando que después de varios meses recién se comunicó el estado de gestación de la madre ahora demandante de tutela; apartándose de esa manera de la línea jurisprudencial, por cuanto los derechos del niño, de la madre y el progenitor de un niño menor a un año, conforme la aludida jurisprudencia están protegidos desde su concepción hasta que el menor cumpla un año de edad, debiéndose considerar que la obligación que tiene el trabajador (a) de poner a conocimiento del empleador respecto al estado de gestación o nacimiento de hijo (a) del que emerge el beneficio de inamovilidad, la misma fue superada por ser un mero formalismo que a la postre no impedirá que el beneficiario (a) acceda a dicho beneficio; consecuentemente, corresponde conceder la tutela solicitada, ante la evidente vulneración del derecho a la inamovilidad laboral. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 101 a 109, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0320_2025-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 950cac0aded960b13e88b2fc51c4eb99f19ab23fb981b36349a49ca9e63f6072

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →